Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Mundial de Telecomunicaciones (UIT) han desarrollado un nuevo estándar para el diseño de los auriculares.

Han contado con la participación de expertos médicos, de la industria y asociaciones de consumidores, y se presentará el próximo 3 de marzo, en coincidencia con el Día Mundial de la Audición.

Según la OMS, en torno al 5% de la población mundial (unos 466 millones de personas) tiene alguna discapacidad auditiva, lo que afecta a su calidad de vida. De ellos, 432 millones son adultos y 32 millones niños, y la gran mayoría viven en países de ingresos bajos o medios.

Además, las estimaciones indican que en 2050 habrá 950 millones de personas con alguna discapacidad debido a las pérdidas de audición, una de cada diez. Todo ello supondrá un impacto de 750 millones de dólares en las arcas de los Estados, advierte a OMS, aunque "el 50% de estos casos podrían evitarse con políticas públicas".

Este es el motivo por el que la OMS y la UIT han diseñado su nuevo estándar para los dispositivos de audición personal, cuya adopción recomiendan a todos los países y a la industria. Entre otros puntos, proponen incorporar un software que evalúe el volumen del sonido y el tiempo de exposición por parte de los usuarios en comparación con niveles de referencia básicos; la implantación de perfiles personalizados de escucha, que informen a los usuarios sobre la seguridad de sus prácticas de escucha en función de sus propios hábitos y características personales; opciones para reducir el volumen, incluida la rebaja automática (no gradual) y la posibilidad de control parental; e información general sobre buenas prácticas a la hora de escuchar música o películas en dispositivos electrónicos.

“A la hora de decidir si canjear o no un bono, tenemos la obligación de evaluar el precio y equilibrar los intereses de todos los inversores. Continuaremos monitorizando el mercado para canjear las emisiones cuando se den las condiciones adecuadas”, indicaron en la entidad.

Se trata de una colocación efectuada en el año 2014 a un cupón o con una rentabilidad del 6,25%. La expectativa era que procediese a recomprar los títulos para abaratar su coste como han hecho anteriormente todas las entidades con emisiones de este tipo de deuda.

Sin embargo, las condiciones actuales del mercado desaconsejaban tal ejecución ya que el banco hubiese tenido que ofrecer un cupón incluso superior al 7% para emitir un tipo de títulos similares, indican fuentes del mercado.

El mercado de CoCos nació hace ahora cinco años para enriquecer el catálogo de deuda a disposición de las entidades financieras a la hora de construir los colchones de solvencia que los reguladores exigen acumular con umbrales cada vez más ambiciosos tanto en calidad de los activos como en cantidad.

Se trata de un tipo de deuda perpetua sin que exista obligación alguna de amortizar, pero donde a las entidades se les abría la primera ocasión de amortización a los cinco años y, a partir de ahí, contarán con ventanas posteriores cada tres meses.

En el caso del Santander la primera oportunidad llegará en marzo aunque ahora debía decidir si daba el paso ante la exigencia de comunicar con un mes de antelación su amortización al Banco Central Europeo (BCE) al tratarse de deuda computable para el capital.

Hasta ahora todos los bancos europeos habían aprovechado esta primera ventana para sustituir en su cartera una deuda cara aprovechando mejores oportunidades de financiación en el mercado, algo que no ha acompañado al Santander.

Sin embargo, el banco podrá tomar tal decisión en cualquiera de las nuevas ventanas que se abrirán cada tres meses, siendo la próxima en junio, indican en el mercado.

El grupo cántabro emitió hace una semana precisamente deuda por valor de 1.200 millones de dólares, asumiendo ya un cupón superior puesto que la operación se cerró al 7,5%. La captación de esos recursos dan precisamente margen y recursos a la entidad si decide encarar la recompra de la emisión de deuda.

En su intervención en el debate de totalidad de los Presupuestos, Oramas justificó la enmienda de su grupo señalando que el Gobierno ha “despreciado” en su proyecto los requerimientos de su Estatuto y su Régimen Económico y Fiscal y ha dejado a los canarios "pisoteados”.

“El Gobierno trata igual a los desiguales. Es muy débil con los fuertes y muy fuerte con los débiles”, le recriminó, añadiendo que Canarias no exige una comisión bilateral, ni un mediador, ni va a practicar la deslealtad institucional, pero que “el Gobierno está sembrando la semilla de la confrontación” y “quien siembra vientos, acaba recogiendo tempestades”.

“Los canarios son pacientes pero no tontos”, avisó, denunciando que el Gobierno haya dicho que son unos privilegiados porque se les paga una parte de los pasajes a la Península por el problema de la insularidad, “como si fuera una limosna”. Por eso, acusó a Sánchez de tener “la sensibilidad de una piedra”.

Bel defendió en la tribuna del Congreso la enmienda de totalidad presentada por su partido, en un debate cargado de reflexiones sobre las elecciones mientras el mismo día comienza en el Tribunal Supremo un juicio a quienes quisieron "poner urnas" en Cataluña, "nueve presos políticos" cuya situación supone "una vergüenza para todos nosotros".

Recordó a Sánchez que llegó a la Presidencia del Gobierno "con nuestros votos" en una moción de censura en la que no pidieron nada salvo "iniciar una nueva etapa" para la que "le hemos dado tiempo". Sin embargo, explicó, el plazo para presentar esa enmienda de totalidad expiró cuando aún "no se habían cerrado algunas negociaciones que estaban en marcha".

"Habían estado cerca", dijo, pero "algo pasó" el jueves por la tarde, por lo que le pidió retornar al momento interior, al jueves por la mañana. "Estamos a tiempo", dijo a Sánchez, antes de la votación de las enmiendas, para "cerrar lo porquito que hacía falta".

Bel se dirigió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dejar claro que lo que el PDECat plantea "no es un chantaje, es una negociación", porque "el diálogo nunca es un chantaje", pero "si no se puede hablar de todo no es un diálogo franco". Hay que hablar dentro de la ley, de acuerdo, pero ¿se puede hablar de cambiar la ley?", preguntó al Gobierno.

Alertó de que quizá Sánchez aceptó el chantaje de quienes le piden "abortar el diálogo con Cataluña", que son los mismos que en el primer semestre de 2016 "le pedían que invistieran a Rajoy", y sin embargo "no escucha a los que le hicimos presidente". Están cediendo a presiones, dijo, pero no de los independentistas "sino a otras", porque "no estaban cediendo nada, estaban posibilitando el diálogo" para encauzar una "salida política al problema de Cataluña".

Bel pidió al Gobierno que no responsabilice a los independentistas del rechazo a los Presupuestos, porque "depende exclusivamente de ustedes". "Si vuelven donde estaban y cerramos poder hablar de todo, no les pido el acuerdo sino poder hablar de todo, esto será muy fácil", aseguró, y si las cuentas no salen adelante será porque los socialistas quieren elecciones "tanto" como Pablo Casado o Albert Rivera.

Así lo deslizaron desde la cúpula del partido de Pablo Casado en pleno debate de los vetos a los PGE elaborados por el Gobierno socialista, que también han defendido el PDECat y ERC desde la tribuna del Congreso de los Diputados al considerar que el diálogo político no se está encauzando.

Diferentes voces próximas a Casado lanzaron en pleno debate presupuestario el mensaje de que los independentistas están en “un juego” que puede implicar recular y retirar en el último momento, antes de la votación que se producirá mañana, sus enmiendas a la totalidad. Así, los PGE se seguirán debatiendo y se dará “aire” al gabinete de Pedro Sánchez.

Las citadas fuentes señalaron que este escenario es “muy probable” y atribuyeron las posiciones iniciales a la estrategia de las formaciones secesionistas para “mantener la tensión” ante el inicio del juicio del Tribunal Supremo contra doce dirigentes independentistas por el 1-O.

Así, desde Génova pusieron en duda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realmente esté pensando en convocar elecciones próximamente, aunque recalcaron que “están preparados” para afrontarlas en el caso de que llame a las urnas si no saca los PGE.

En este punto, según las fuentes consultadas por Servimedia, hay división de opiniones en la bancada popular sobre el momento en el que se producirían los comicios. El ‘superdomingo’, piensan algunos, sería complicado por el rechazo de los barones socialistas.

Otros dirigentes populares piensan que hay que mirar a más largo plazo y, con o sin PGE, la legislatura podría seguir hasta septiembre u octubre. No obstante, en otros diputados ha calado la idea de que el 28 de abril podría ser el escenario más beneficioso para Sánchez.

El PP ya ha hecho su propio análisis sobre el momento que más le favorece, aunque guarda con celo su estrategia para “no ayudar al adversario”. La campaña electoral perpetua está instalada y “la maquinaria engrasada” para responder a la llamada de Sánchez, trasladan.

Tampoco se descarta por completo impulsar una moción de censura, a pesar de que “no da la suma” en este momento. No hay que renunciar a ello porque es un mecanismo “de presión” al Ejecutivo en un momento en el que está “en apuros”, dicen las fuentes consultadas.

Lo dijo durante la primera jornada del juicio por el proceso independentista de Cataluña que tiene lugar en el Tribunal Supremo. El abogado de la exconsejera de Trabajo manifestó que “violencia es violencia, y no es otra cosa”. En este sentido, Bergés señaló que delito de rebelión fue lo sucedido durante el 23-F, “esto está muy lejos de lo que ha ocurrido en Cataluña”, indicó, pues “no es rebelión perseguir la sedición, ni es rebelión concentrarse o manifestarse contra el sistema constitucional”.

Asimismo, sobre la situación procesal de su defendida, en prisión provisional, Bergés manifestó que el tribunal basó su fundamento de ingreso en “la alta penalidad de la rebelión y el soporte internacional”, con el que contaba la exconsejera.

Sobre el delito de rebelión, el abogado recordó al Alto Tribunal que el “Tribunal Constitucional y el TEDH prohíben que la prisión provisional se puedan justificar en la gravedad del delito”. Respecto al “supuesto soporte internacional”, Bergés afirmó que “no tiene justificación” porque “la conducta de terceros no puede justificar su prisión. Atenta contra el derecho de responsabilidad por el hecho propio”, subrayó. Por tanto, continuó, Bassa “ingresó en prisión por sospechas, porque la realidad y los datos objetivos es que cumplió mientras estuvo en libertad provisional con todas las condiciones impuestas y en ningún caso intentó huir atendiendo a todos los llamamientos”.

Por otro lado, el defensor de Bassa criticó que la acusación se haya fundamentado "casi en su totalidad" en las diligencias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona y por las de la Guardia Civil. "La mayoría de las prubeas que configuran la carga probatoria en este procedimiento se han obtenido a espaldas de los acusados", indicó, "lo que afecta al derecho de defensa, pues que al no ser parte del procimiento que se tramite en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona no hemos podido intevenir en esa práctica que hoy es prueba en este procedimiento". En cambio, agregó, el "Ministerio Fiscal sí que ha tenido esa visión de conjunto, sacrificando el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas".

"Esta manera de instruir -continuó- no nos permite cuestionar el control de garantías llevado a cabo fuera de este proceidmiento para obtener lo que hoy es prueba", así como "tampoco hemos podido cuestionar el juicio de pertinencia", ya que, según el defensor de Bassa "el instrucitor lo que hizo fue delegar la decisión sobre las diligencias pertinentes a practicar en la Guardia Civil, y sosbre eso nosotros como defensa no hemos podido decir nada". Esta circunstancia, agregó, "excede las funciones de la policía, ya que debe limitarse exclusivamente al acopio de pruebas".

Además, Bergés reiteró la petición de dos documentos, que calificó como "clave respecto al delito de malversación por el que es acusada Bassa". El primero de ellos, el informe de la intervención general del Estado fechado el 28 de octubre de 2018 y el informe del departamento de Economía de la Generalitat que "aclara que ningún departamento asumió coste alguno por la celebración del referéndum del 1-O.

La Aemps recordó que el pasado 11 de julio Aurovitas Spain, S.A.U. notificó problemas de suministro con dicho medicamento por problemas en la fabricación del mismo.

Posteriormente, debido al aumento de la demanda y a problemas en la fabricación también Accord Healthcare S.L.U., Teva Pharma, S.L.U. y Sanofi Aventis, S.A comunicaron problemas de suministro con varios medicamentos a base de fludarabina.

Este fármaco resulta "esencial" para el tratamiento de síndromes linfoproliferativos indolentes, en especial leucemia linfoide crónica; leucemia aguda resistente o en recaída y condicionamiento de trasplante alogénico en distintas modalidades.

Aunque la Aemps ha buscado unidades de medicamentos extranjeros, la falta “generalizada” de fludarabina intravenosa dentro y fuera de Europa obligará a la distribución controlada y por paciente de las unidades actualmente disponibles por medicación extranjera hasta que sea posible localizar más unidades.

En tanto se restablece el suministro con la fludarabina intravenosa nacional y tras consultar con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia con apoyo del Grupo Español de Trasplantes Hematopoyético, Sanidad recomendó usar alternativas en pacientes con Leucemia Linfoide Crónica, en concreto Bendamustina y Rituximab, Ibrutinib, y evitar el uso de fludarabina intravenosa.

Junto a ello, también aconsejó utilizar esquemas terapéuticos alternativos que no utilicen fludarabina intravenosa en pacientes con Leucemia Mieloblástica Aguda y Síndrome Mielodisplásico de alto riesgo y reservar la fludarabina intravenosa para su empleo en el acondicionamiento del trasplante alogénico y de terapia génica con células modificadas.

En el debate sobre las enmiendas de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, Rivera explicó que su madre cumple hoy sesenta años trabajando diez horas diarias, y que en su negocio tiene un cubo de pintura porque cada dos semanas le pintan lazos amarillos en la puerta, como sucedía con los judíos en la Alemania nazi. "Eso es lo que hacen con nuestras familias", denunció.

Rivera preguntó a los socialistas si consideran que Alfonso Guerra es "un facha, un fascista o de extrema derecha" por preguntar si en su partido hay alguien que no negocie condiciones "inasumibles" para los demócratas. De ser un partido "fundamental" en España, les dijo, el PSOE ha pasado a "rodear con autobuses el Parlamento andaluz como si fuera Podemos porque no acepta el resultado" de las urnas.

Después, en su respuesta, la ministra le dijo que no puede restringir el apelativo de constitucionalista a quienes piensan como él, y le acusó de fomentar el independentismo. Expresó a continuación su deseo de que "en vez de hacerse usted la víctima hubiera reconocido la totalidad" de actos violentos o agresiones en Cataluña.

La ministra dejó claro que lamenta "profundamente" lo que le pasa a su familia, pero le pidió que lamente también la de otras personas, entre ellas concejales socialistas, y que condene cualquier acto de ese tipo "venga de donde venga".

La prueba de que Ciudadanos está "contribuyendo a alimentar la crispación" en Cataluña, dijo Montero, es que convocó una concentración el pasado Domingo bajo la premisa falsa de que el Gobierno hacía aceptado las condiciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando "nunca, en ningún caso, bajo ningún concepto se había aceptado. Es más, ni siquiera se había tenido en consideración, y siguen erre que erre instalados en esa mentira".

Acusó por ello a Ciudadanos de hacer política "a partir" de la confrontación territorial, no solo con Cataluña sino también con el País Vasco. La Constitución no es una margarita de la que se tiran las hojas que no gustan, alertó, y aceptarla implica aceptar que un presidente elegido en una moción de censura es plenamente legítimo y que Euskadi tiene un concierto económico.

Le pidió, finalmente, que no dé lecciones al PSOE sobre el diálogo ni sobre ETA después de lo que los socialistas sufrieron "en su propia carne" hasta que la banda dejó las armas debido "al empuje de toda la sociedad" pero durante un gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo señaló en su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, en el que la ministra comenzó criticando que el líder de la formación naranja no hubiera hablado apenas de las cuentas públicas en su intervención y señalando que a Rivera “no se le distingue mucho” de Pablo Casado, líder del PP.

Montero denunció que Ciudadanos “está permanentemente anunciando noticias falsas que nunca se cumplen”, como las referencias de los últimos meses a “acuerdos secretos” con las formaciones catalanas para aprobar los Presupuestos, para vivir “a lomos de la crispación y la confrontación”.

“No ha planteado ningún elemento para el diálogo y Arrimadas (líder de Cs en Cataluña) no ha planteado ninguna solución para Cataluña”, afirmó Montero, para añadir que Ciudadanos “sólo apoya un 155 ‘sine die’” y que “una intervención de la autonomía sin final es ir en contra del espíritu constitucional”. Además, la titular de Hacienda afirmó que es plenamente conocido el grado de crispación existente en Cataluña y que por ello “este Gobierno está pretendiendo el diálogo”, pero que “el problema es que algunas formaciones políticas creen que van a subir el número de votos a lomos de la confrontación” y que “esas actitudes sólo alimentan y hacen crecer el número de personas que quieren la independencia”.

Por ello, denunció el “discurso monocolor” de Ciudadanos sobre Cataluña y que “no le escucho hablar sobre las mejoras para los ciudadanos ni sobre las partidas sociales, sólo le escucho sobre Cataluña”. “No tienen ninguna solución viable y solo les inteesa azuzar el discurso anti independentista”, afirmó Montero, para a continuación preguntar “¿cuál es la solución, el 155 perpetuo? ¿Quitarles la autonomía? No les he escuchado qué pasa después de la aplicación del 155”. En este sentido, también se preguntó “cómo la fuerza mayoritaria en las últimas elecciones en Cataluña dice que no a unos Presupuestos que son buenos para Cataluña; cómo le dice que no a la subida del SMI; o cómo no quiere más recursos para Cataluña”.

Asimismo, Montero advirtió a Rivera que “no es más patriota por gritar más alto ‘viva España’ o por usar una bandera más grande” y que “no es usted quien reparte el carnet de españolidad”, y le acusó de “negar la realidad plural que tenemos en este país entre sus nacionalidades y sus regiones”, además de defender la “trayectoria constitucionalista del PSOE, demostrada a lo largo de los últimos 40 años”, al tiempo que defendió que el Gobierno “no acepta chantajes de nadie”, en referencia a las formaciones independentistas.

También criticó que las continuas exigencias de Rivera sobre la convocatoria de elecciones y sus afirmaciones sobre la ilegitimidad de Sánchez como presidente responden a la “ansiedad” del líder de Ciudadanos “por ser presidente y llegar a la Moncloa”, para lo que no duda en “torpedear” al Gobierno y “manosear la Constitución y utilizarla cuando le interesa”.

Sobre este punto, afeó a Rivera la “foto de la vergüenza” del pasado domingo en la manifestación de Colón con Vox y que “se dejan abrazar por la ultraderecha”, además de que usaran “un manifiesto que era mentira”. “La gente está harta de tanta confrontación, la gente quiere que hablemos de las pensiones, de dependencia”, agregó.

Por otra parte, Montero recordó que en su etapa como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía negoció y aprobó tres presupuestos autonómicos junto a Ciudadanos, y que entonces la formación naranja “no planteaban que éramos unos irresponsables”.

Por último, la ministra aseguró que “los mercados creen en España”, poniendo como muestra de ello el nivel de la prima de riesgo, y desmintió la afirmación de Rivera de que los Presupuestos aprobados en 2018 por PP y Ciudadanos cumplieran el objetivo de déficit, ya que éste era del 2,2% y se cerró en el 2,7%, con críticas de la Airef, la Comisión Europea y otros organismos sobre su verosimilitud.

Tan solo nueve valores acabaron la jornada con descensos en la cotización con IAG en cabeza (-2,12%), seguido por Cellnex (-1,09%), Inmobiliaria Colonial (-0,69%) y Merlin Properties (-0,44%).

En el otro lado de la balanza, las mayores revalorizaciones se las anotaron las acciones de Meliá Hoteles (+4,02%), Cie Automotive (+3,15%), Inditex (+1,71%), BBVA (+1,68%), Ence (+1,49%) y Sabadell (+1,41%).

Entre las compañías de mayor capitalización también destacaron las alzas de Bankia (+1,12%), Naturgy (+0,96%), Repsol (+0,84%), Endesa (+0,84%), Iberdrola (+0,39%) y Telefónica (+0,04%)

Por su parte, la prima de riesgo se situaba en el entorno de los 111 puntos.

La representante legal de la que fuera presidenta del Parlament que tramitó las leyes de desconexión para Cataluña, defendió que ha existido vulneración del principio de legalidad al “imputar tipos penales (rebelión y sedición) que no se deben imputar a estos hechos”. En concreto, indicó que en 2005 “se destipificó el delito de convocar un referéndum” y en 1995 “se introdujo la violencia expresamente en el delito de rebelión” añadiendo que, de suceder, “llevará la aplicación del estado de sitio”.

Pero más allá de la esta regulación, la letrada insistió en que “mi cliente no organizó el referéndum” y se mostró convencida de que en este proceso se está ejerciendo el Derecho penal del enemigo: "Se considera que los acusados han pateado la Constitución, por lo que no se respeta el principio de legalidad y se produce la quiebra de garantías".

En ese sentido, denunció la “mutilación” de los tuits publicados por Forcadell y que son recogidos en diversos atestados de la Guardia Civil que obran en la causa del Tribunal Supremo y que han sido "copiados literalmente" por las acusaciones. Arderiu insistió en que en esos informes hay "tuits y declaraciones mutilados” y cuando, por ejemplo, “aparece la palabra 'pacífico', no se considera relevante para introducirla en el atestado".

Además, la letrada argumentó la “inviolabilidad” de sus funciones como parlamentaria bajo cuyo paraguas protector se encuentran los debates y votaciones que como miembro de la Mesa propició o en aquellos que participó.

Por tanto, considera que la causa del `procés´ vulnera el principio de "inviolabilidad parlamentaria", y la atribuye una responsabilidad penal cuando Forcadell se limitó a dar trámite a propuestas de los grupos independentistas en la Cámara.

La abogada también se quejó de que hay documentos en catalán que no se han traducido al castellano. En ese sentido, aseveró que "o bien el tribunal los entiende perfectamente o existe indefensión".

Arderiu, en suma, cree que su cliente es víctima de un "derecho penal de autor" que la va a juzgar “por quien es o por sus supuestas convicciones políticas", a la vista que por conductas idénticas del resto de miembros de la Mesa del Parlament, todos ellos van a ser juzgados únicamente por desobediencia, mientras que a ella la Fiscalía le imputa un delito de rebelión.

Rivera defendió la enmienda de totalidad de Ciudadanos al proyecto del Gobierno, por considerar que los Presupuestos son "malos" para la economía española y para el bolsillo de la clase media trabajadora, a la que da un "sablazo" en forma de subida de impuestos. Con una situación macroeconómica que "no es buena" y los peores datos de paro en un mes de enero desde hace cinco años, esas cuentas "frenan la creación" de empleo y ponen en riesgo la recuperación.

Los Presupuestos tienen "un warning" de Europa, alertó, y la Comisión Europea, el Banco de España y la Airef consideran que son un "engaño" a los ciudadanos. "Carecen de credibilidad", aseguró, y por ello la segunda partida más voluminosa es para afrontar el coste financiero de la deuda. Con ese escenario, además, es "mala idea" subir los impuestos y los costes de contratación.

Denunció que la "batuta" de la política económica está en manos de Podemos y la política nacional depende de los independentistas, a los que Ciudadanos no quiere dar "aire ni flotador". Aseguró, en ese punto, que Sánchez solo busca "gasolina" para aguntar unos meses más en La Moncloa, y le recordó sus propias palabras sobre que gobernar "no consiste solo en vivir en La Moncloa". "No es ir en avión o en helicóptero", le dijo, sino tejer mayorías y consensos para hacer reformas con un proyecto de España.

Rivera acusó a Sánchez de cometer un "fraude" al no convocar elecciones, como prometió cuando presentó la moción de censura. Usted tiene el manual de resistencia", dijo, en referencia al libro del presidente del Gobierno, "pero los españoles tienen el manual de paciencia. Si el Congreso tumba los Presupuestos, aseguró, será "el testamento político" de Sánchez, el último documento del sanchismo y de su "gobierno Frankenstein".

Justo el día que ha comenzado en el Tribunal Supremo el juicio a los líderes independentistas catalanes, Rivera quiso expresar su "apoyo inquebrantable" a los jueces y fiscales que sufren "el acoso y derribo de los nacionalistas", y aseguró que si él llega a ser presidente del Gobierno "no concederemos indultos si hay condena a los golpistas", porque es una "estafa" a la Justicia y a los españoles.

"¿QUÉ ESTÓMAGO TIENE?"

Le preguntó a continuación a Sánchez "qué estómago tiene" y si tiene sangre u horchata en las venas, para seguir negociando con los independentistas después de que le presentaran el documento de "los 21 puntos de la vergüenza, de la infamia".

Reprochó a continuación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de asumir "el marco mental" de los separatistas y de asumir un conflicto cuando "conflicto es tener que ir escoltado para defender la Constitución y que te pinten las persianas de tu casa como a los judíos". "No vale equidistancia entre quienes dieron un golpe de Estado y los demócratas", alertó, y si siguen "llamando facha a todo el que lleva una bandera de su país" seguirán repitiendo los resultados electorales de Andalucía.

"Se están equivocando de socios y lo van a pagar en las urnas", dijo Rivera al Gobierno, para dirigirse después a Sánchez para espetarle: "Usted no tiene lo que hay que tener para convocar elecciones: dignidad".

Rivera se mostró convencido de que en la votación de este miércoles en el Congreso no están en juego solo los Presupuestos sino el intento de Sánchez de fraguar una "mayoría futura" junto a populistas y nacionalistas, y por ello llamó a "seguir presionando" para la convocatoria de elecciones.

Hay que superar el 'sanchismo', dijo, pero también el bipartidismo que siguen encarnando el PSOE y el PP, cuya confrontación es una "ficción" porque siguen negociando para "pastelear" y hablando del pasado, de cuestiones como Franco o el aborto. "Son muy cansinos", aseguró, y hay muchos ciudadanos que desean elecciones no para construir una nueva trinchera a la izquierda o a la derecha sino para "disolverlas definitivamente".

El letrado denunció la vulneración del derecho fundamental de reunión y de la libertad de expresión y contrapuso la defensa de estos derechos fundamentales, reconocidos por todas las legislaciones democráticas, a la preservación de la unidad territorial que, dijo, en ningún caso es un derecho fundamental. “No existe ningún derecho a la integridad territorial”, sentenció antes de preguntarse si “hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales por la unidad territorial”.

El abogado insistió en que los hechos por los que se acusa a Jordi Cuixart se derivan del “ejercicio de derechos fundamentales” y en ese sentido ha preguntado: "¿Buscar la adhesión a una demanda de referéndum puede ser un hecho delictivo? Nosotros creemos que no".

No lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional. (...) Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a convocar manifestaciones pacíficas", dijo Salellas, mientras que "50 páginas del escrito de acusación del fiscal se dedican a hablar de actos de manifestaciones pacíficas".

Por todo ello, el abogado solicitó "expulsar de los escritos de acusación elementos vulneradores de derechos fundamentales" porque "empezar un juicio en el que el único debate es el ejercicio de derechos fundamentales puede constituir un juicio sobre los derechos fundamentales o contra los derechos fundamentales”. Con esas actitudes, señaló, “se desincentiva a la ciudadanía a ejercerlos y se vacía el sistema democrático".

Además, el letrado que representa al presidente de Òmnium Cultural impugnó la acusación de la Abogacía del Estado contra su cliente, que no está acusado de malversación, y pidió expresamente al tribunal que restrinja esa acusación "estrictamente a los delitos por los que es perjudicada o víctima", es decir, la malversación y no se extienda al delito de sedición que también imputa a Cuixart.

El abogado destacó asimismo el perjuicio que puede producir a su defendido el ser juzgado en el Tribunal Supremo sin haber sido nunca aforado y, por tanto, dejar cercenado su derecho a una segunda instancia.

Como otros abogados, que se han dirigido al tribunal antes que él, resaltó la importancia de disponer de la prueba documental antes del inicio de las declaraciones para no incurrir en indefensión. El letrado aseguró que no está interesado en que se suspenda o aplace el juicio, por lo que sugirió una “solución” consistente en reservar la posibilidad de incorporar nueva prueba cuando se conozcan todos los documentos o la de pedir la suspensión de una prueba testifical si no hubiera llegado la documental completa.

El defensor de Cuixart concluyó que "este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española y no debe empezar. Si empieza entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos".

Lo dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para responder al líder del PP, a quien acusó de estar “paralizando las instituciones y poniendo palos en las ruedas”, porque “lo que quiere es agitar a España y vivir a lomos de la confrontación por el interés electoral”, además de advertirle que “cuanto más se arrima a Vox, más votos le arrima a Vox”.

“Sólo ha habido que dejarlo hablar durante 30 minutos sobre qué idea tiene de país y qué opina sobre estos Presupuestos para que tengamos razones de más para que continúen su tramitación”, inició la ministra en su réplica a Casado, sobre quien indicó que “gran parte de lo que ha dicho es mentira”.

En este sentido, acusó al PP de montar “un relato sobre este país que se basa en la crispación, en la mentira y en cuanto peor mejor” y aseguró que Casado “ha intentado utilizar este debate para ajustar cuentas con el Gobierno y con todos los que no piensan como él”. Por ello, Montero mostró su preocupación por “el cariz autoritario” de Casado cuando habla “de golpismo, de ilegitimidad y permanentemente de que solo los que piensan como usted están en la Constitución”. “Al señor Casado sólo hay que dejarle hablar para que a uno le dé susto por el lenguaje que usa y el tono en el que se expresa”, agregó.

“Están mirando todos los días a los balcones y a las banderas, mientras este Gobierno intenta hacerse cargo del estado de ánimo de los hogares y resolver sus problemas”, afirmó Montero desde la tribuna, añadiendo que el PP “dice no a la subida del SMI, a la subida de las pensiones, a la flexibilización del objetivo de déficit porque creen que el gasto público es un despilfarro, a revertir los recortes en educación y a la subida de las becas, a la retirada del copago farmacéutico, a la subida del Impuesto de Sociedades y la bajada a las pyme y a la bajada del IVA en productos de higiene femenina”. Además, en respuesta a la referencia realizada por Casado al “milagro económico” que en su opinión consiguió el PP, la ministra espetó a Casado que “el milagro económico del PP está en la cárcel”, en referencia al ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato.

CATALUÑA

Asimismo, criticó el bloqueo del PP y Ciudadanos a distintas medidas que cuentan con el apoyo de la mayoría parlamentaria como la reforma de la Ley de Estabilidad o del Estatuto de Trabajadores, y preguntó al líder del PP si “merece la pena enfrentar a España con Cataluña por un puñado de votos”. En este sentido, preguntó a Casado cuál es su alternativa para Cataluña, al apuntar que el líder del PP no había dicho “ni una palabra” constructiva sobre esta cuestión, añadiendo que “la propuesta del PP para Cataluña se resume en una palabra: nada”.

En la misma línea, Montero denunció que al PP “no le interesa defender la ley, sino la confrontación y la mentira para llegar la Moncloa”, y señaló a Casado que “quien no defiende el Estado de las Autonomías y el Estado del bienestar no puede defender España, porque España se rompe cuando se enfrenta a las autonomías, no cuando se dialoga”.

Montero también acusó a los populares de “aprovechar el desafío independentista para trasladar una serie de mentiras”, para a continuación preguntar “quién gobernaba en Moncloa cuando se produjo el referéndum del 1 de octubre, cuando se declaró la declaración unilateral de independencia o cuando Puigdemont huyó”. “¿Se imaginan la que hubiera montado el señor Casado si hubiera estado el PSOE en el Gobierno?”, apuntó la ministra, para concluir que “la única salida al desafío independentista es el diálogo y este es imposible si tanto el PP se niega a dialogar como si los independentistas piden cosas imposibles”.

Por último, la titular de Hacienda afirmó que “cuando un Gobierno llega al poder tiene la obligación de resolver los problemas de la gente” y que esto “es lo único que intenta el Gobierno”, por lo que “de un partido de gobierno como el PP se espera un mínimo de lealtad, no con el Gobierno, sino con el Estado y el Estado de Derecho”.

Las enfermedades vinculadas a la inseguridad alimentaria sobrecargan los sistemas sanitarios y perjudican a las economías, el comercio y el turismo, destacó la OMS, quien también calculó que el impacto de los alimentos inseguros cuesta a las economías de ingresos bajos y medianos alrededor de 95.000 millones de dólares en pérdida de productividad cada año.

Por ello, las organizaciones participantes en la Conferencia fijaron como objetivo principal conseguir que los alimentos sean inocuos "en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución, la preparación y el consumo". "Sin alimentos seguros, no es posible lograr la seguridad alimentaria", destacó Moussa Faki Mahamat, presidenta de la Comisión de la Unión Africana.

"La comida debe ser una fuente de nutrición y disfrute, no una causa de enfermedad o muerte", subrayó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. “Los alimentos inseguros son responsables de cientos de miles de muertes cada año, pero no han recibido la atención política que merecen. Asegurar que las personas tengan acceso a alimentos seguros requiere una inversión sostenida en regulaciones, laboratorios, vigilancia y monitoreo más estrictos. En nuestro mundo globalizado, la seguridad alimentaria es un problema de todos".

“Esta conferencia es una gran oportunidad para que la comunidad internacional fortalezca los compromisos políticos y participe en acciones clave. Salvaguardar nuestra comida es una responsabilidad compartida. Todos debemos jugar nuestro papel. Debemos trabajar juntos para ampliar la seguridad alimentaria en las agendas políticas nacionales e internacionales", manifestó el director general de la FAO, José Graziano da Silva.

Así lo manifestó Riba cuando estaba interviniendo Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart. Riba solicitó al Tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena permiso para que Mundó pudiese salir de la sala de vistas durante unos minutos para acudir al servicio.

Marchena concedió la petición, indicando que no era necesario parar la intervención de Salellas. Es la primera vez, desde que empezara la sesión este martes a las diez de la mañana que uno de los procesados solicita permiso para ausentarse de la sala.

Argumentó su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, con la presentación de enmienda a la totalidad, diciendo que son “nefastos” para el futuro económico del país y el interés general de los españoles.

Defendió que “hoy el Poder Judicial actúa” en España, ante el inicio del juicio a los líderes secesionistas catalanes, y señaló que lo que falta en España es “un buen Gobierno”. Por ello, recomendó a Sánchez “no alargar más su energía” y convocar “cuanto antes” comicios.

En el caso de que el Congreso de los Diputados rechace mañana el proyecto presupuestario del PSOE, dijo que le estará lanzando la “reclamación una vez más” de elecciones generales de manera anticipada. “España se le queda demasiado grande”, señaló.

Según fuentes del Alto Tribunal, se produjeron “algunas incidencias al inicio de la sesión” a causa del envío de peticiones “maliciosas”, que llegaron a saturar puntualmente la infraestructura. El problema quedó solucionado antes de las 11.00 horas y la transmisión se desarrolla desde ese momento con normalidad.

Este tipo de incidentes se basan en el uso de programas de software diseñados para generar de forma automática virus, troyanos u otro tipo de 'malware' para llevar a cabo ataques de denegación de servicio. De esta manera, los programas envían numerosas solicitudes al ordenador de la víctima y, si el ordenador no dispone de recursos suficientes para procesarlas, se produce una denegación de servicio.

Pina insistió en la falta de imparcialidad de un tribunal que, por momentos, se ha presentado ante la opinión pública como garante de la unidad de España. "Mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales".

Para ilustrar sus sospechas sobre el tribunal, el abogado trajo a colación los mensajes de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que se felicitaba de la elección del presidente de la Sala, Manuel Marchena, para presidir el CGPJ y el Supremo, lo que facilitaría controlar por “la puerta de atrás” la sala que debía juzgar a los políticos independentistas

Al inicio de su intervención, Pina consideró que la celebración de este juicio en el Tribunal Supremo supone una vulneración del “derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia penal", que queda cercenada al ser tribunal de casación el que está juzgando la causa. "Pido al tribunal que reconsidere la decisión de no aceptar que el TSJC sea la instancia de juzgue el ' procés'", solicitó de nuevo el abogado aunque esa posibilidad fue desechada en la vista de previo pronunciamiento celebrada en el Supremo.

El abogado rememoró también una expresión de juez instructor de la causa, Pablo Llarena, en un auto en el que aseguraba sentirse víctima del proceso. En concreto, el magistrado se refirió a “la estrategia que sufrimos”. "Cuando un magistrado utiliza la primera persona del plural es razonable que aquellos que reciben esa manifestación duden de su imparcialidad, de que esté en condiciones de poder instruir con la necesaria objetividad el asunto", explicó el abogado.

Pina planteó a lo largo de su intervención como hilo conductor lo que considera una "vulneración del derecho a un juez imparcial". En este sentido, dijo hablar con “pena” y siempre “desde el respeto más profundo a todos y cada uno de los señores y señoras de la sala y del resto de magistrados que han actuado en el procedimiento”.

Pese a ello, insistió, "es mi obligación denunciar aquello que objetivamente creo que se ha producido, no se lo tomen como una ofensa, es necesario que reflexionemos todos sobre las circunstancias que hacen que los acusados puedan temer respecto a la necesaria imparcialidad" del tribunal.

En concreto, el letrado glosó la actuación del magistrado del Supremo Francisco Monterde, vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y miembro del tribunal que decidió sobre la libertad de sus clientes. Recordó que "la APM ha escrito tuits en la cuenta oficial de Cataluña y Nacional contra los acusados y con comentarios diversos sobre el procedimiento (...) lo único que he conseguido denunciando esto es que me hayan bloqueado" en la red social y ya no pueda ver lo que en ella se comenta sobre sus defendidos.

Pina se refirió a la posible denegación por parte del tribunal de la traducción simultánea del catalán, en favor de una tradución sucesiva, es decir, que cada frase pronunciada por los acusados sería traducida a continuación y no al mismo tiempo, invocando su derecho a expresarse en una de las leguas cooficiales del Estado.

“Mis defendidos hacen esta petición sin ninguna intención perturbadora”, simplemente, dijo, se expresan mejor en su lengua materna. “A mí me pasa también, pero yo voy a hacer un esfuerzo, lo estoy haciendo, lo voy a hacer, pero es que a mí no me piden 16 años de prisión”.

Contrario a la traducción sucesiva, Pina dijo que con este tipo de traducción “se pierde la espontaneidad” y advirtió al tribunal que de no ser tenida en cuenta su solicitud “dejaré denunciado el derecho vulnerado y su discriminación”. Un argumento que podría ser esgrimido en un hipotético recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El abogado de Rull, Turull y Sánchez pidió, además, la “suspensión del juicio por unos días” por no tener a disposición todo el acerbo probatorio admitido por la sala. Se refería a una serie de documentos solicitados a distintas administraciones que, por el momento, no han sido remitidas al tribunal. “No parece razonable empezar el juico sin tener las pruebas documentales. No estoy pidiendo nada del otro jueves”.

“Ellos (los acusados) preferirían un juicio lo más rápido posible, pero lo importante es respetar los derechos”, por lo que abogó por no sacrificar ninguno de esos derechos: “No nos tiene que importar si el día 26 de mayo hay una elecciones o la final de la Champion”, remachó.

Además, el abogado propuso al tribunal la aceptación de una nueva prueba que consiste en incorporar las estadísticas de los servicios de emergencia de la Generalitat que recogen las personas que fueron tratadas como consecuencia de las protestas y las intervenciones policiales.

Además, durante su intervención, reiteró la petición de que el rey Felipe VI y el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont acudan al Supremo a declarar. El abogado dijo que el Rey está exento de declarar pero que eso no quiere decir que "la ley lo prohíba". Sobre Puigdemont, solicitó la declaración del expresidente por viodeoconferencia, "aunque entiendo la incomodidad para el procedimiento". Al finalizar la intervención del letrado, el presidente de la sala acordó un receso de 45 minutos.

En los pasillos del Congreso de los Diputados y al hilo del comienzo del juicio contra los líderes del proceso independentista catalán de octubre de 2017, Rivera lo justificó como el enjuiciamiento de “aquellos que intentaron romper España” y dividieron familias y la sociedad catalana y deseó “que se haga justicia”, precisando que “justicia no es impunidad: es que no se indulta”.

“En vez de lamentarse, lo que tenían que hacer es haberlo pensado antes”, espetó sobre los procesados, antes de añadir: “Me comprometo a que, si soy presidente del Gobierno, no haya indultos ni impunidad para amigos del Gobierno o a cambio de escaños”. El líder de Cs llamó a respetar a los jueces y denunció que “algunos han intentado condicionar, meter presión a los jueces, acosarlos”, por haber instruido la causa en Cataluña.

Sobre el posible adelanto electoral, Rivera dijo que espera que el presidente del Gobierno “convoque elecciones cuanto antes”, porque “lo mejor es acabar con esta agonía”. En su opinión, los Presupuestos “pactados en la cárcel”, según los describió atribuyéndolos a la visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al de ERC, Oriol Junqueras, a la cárcel de Lledoners, “ya son malos”, pero empeoran aún más “si eso hace que la legislatura agonice”. Por ello, concluyó, prefiere que “un nuevo Gobierno salido de las urnas haga los Presupuestos”.