Unidos Podemos defendió una proposición no de ley que plantea vincular el otorgamiento de esas ayudas a “un compromiso de no iniciar un proceso de deslocalización en los siguientes 20 años a la concesión de la ayuda”, según el texto presentado por el diputado Josep Vendrell.

La proposición también insta al Gobierno a impulsar la aplicación de medidas legales para que, en caso de deslocalización, las empresas afectadas reintegren al Estado los beneficios económicos que hayan recibido., así como revertir la reforma laboral del año 2012 para volver al sistema anterior de autorización previa administrativa en caso de despido colectivo.

Por el PSOE, Herick Campos dijo que 20 años de obligatoriedad de permanecer en España es “excesivo” y si se quiere atraer inversión a España hay que ser ambiciosos y no proteccionistas. “A ver si vamos a conseguir el efecto contrario y ponemos condiciones con las que no viene ni el Tato”, afirmó.

Desde Ciudadanos, José Luis Martínez criticó a la formación morada que opte “por medidas coercitivas para frenar la deslocalización”, y Jordi Roca, del PP, dijo que la proposición no de ley es “un batiburrillo de medidas izquierdistas” que “no han funcionado en ningún sitio”.

Bassa entendía en cualquier caso que “el referéndum no era delito porque había sido destipificado expresamente en el año 2005. Había leyes y normativas jurídicas que amparaban nuestra demanda. También había informes y estudios de legislaturas anteriores” que, a su juicio, avalaba la convocatoria incluso aunque la Constitución no lo permitiera.

“Siempre he entendido que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, pero la Constitución tiene miradas más amplias”, aseguró en respuesta a las preguntas del fiscal Fidel Cadena, quien la interrogó por su conocimiento de la hoja de ruta independentista: “Yo lo único que había leído era el programa electoral, no las hojas de ruta”, respondió.

La exconsejera insistió en justificar que se siguiera adelante con el referéndum: "Creo que si estábamos en un conflicto íbamos a resolverlo, nunca pensé que era un delito y continuamos avanzando con esta idea. Tampoco hice nada para no cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Sí que me las notificaron, pero ahí se quedaron. A partir de la suspensión de la ley no hicimos ninguna acción, no hacemos nada más, incluso acatamos la desautorización de la Sindicatura Electoral".

El fiscal Cadena preguntó entonces a Bassa si nadie sugirió que la firma del decreto de convocatoria del referéndum iría en contra de las resoluciones anteriores del Constitucional que iban orientadas a paralizar el `procés´. "La ley del referéndum no estaba suspendida ese día. No lo hablamos, ni sabíamos que se suspendería al día siguiente", se justificó la exconsejera.

El día 6 de septiembre la ley estaba en vigor, según Bassa, quien afirmó que “a partir del 7 de septiembre, en que la ley (del referéndum) es suspendida, no se materializa ningún otro acto que tenga que ver con el referéndum, lo acatamos todo". A diferencia de ésta norma, la Ley de Transitoriedad, que se aprobó al día siguiente, emanaba del programa electoral que nunca fua invalidado ni impugnado.

Bassa explicó que la consejería que tenía bajo su dirección asumió las competencias de los directores de los centros cívicos que actuaron como centros de votación ante la “inquietud” que demostraron por la posible “responsabilidad civil” en la que podrían incurrir “si alguien se hace daño durante las actividades en los centros cívicos”. Así, su departamento asume esas competencias el día 29 tras recibir la petición de los directores generales del departamento.

La decisión se hizo ejecutiva, “pero no se firmó ningún decreto, ni se cesó a nadie. La avocación de competencias era para los centros cívicos, para que los directores tuvieran esa tranquilidad", sin que la decisión estuviera conectada "en ningún momento con el 1 de octubre”, aunque “lo cierto es que el 1-O la ciudadanía estaba haciendo actividades".

De hecho, señaló, el fin de semana del referéndum fue "como todos los fines de semana en que hay actividades, sólo que este fin de semana había muchas más actividades de lo que era normal".

Preguntada por si la Generalitat desvió dinero público para organizar el referéndum del 1-O, la exconsejera aseguró que "no se hizo ningún gasto a partir del día en que se suspende la ley". El fiscal mostró entonces una supuesta factura del Departamento de Trabajo por valor de algo más de 194.000 euros pagados a Unipost. "Yo no veo factura, para mí esto no es una factura, no la entiendo como una factura. Me extraña que sea una factura, yo las facturas de la Generalitat siempre las he visto muy distintas", aseguró la acusada.

A diferencia de los cinco exmiembros del Gobierno catalán que ya han declarado, Dolors Bassa ha reconocido que el referéndum no se imaginó como un “acto concluyente” para alcanzar la independencia, sino que “fue un acto más de legislatura para poder llegar a una negociación”.

La exconsejera fue taxativa al afirmar que “teníamos claro que si iba mucha gente a votar eso nos ayudaba en la negociación”, pero insistió en que el referéndum no iba a ir seguido por una declaración de independencia, pese a que la ley que lo regulaba preveía la declaración de independencia dos días después en caso de que el resultado fuera favorable. Para Bassa, “la prueba” de la fidelidad de su declaración “es que estamos aquí y no hay independencia”.

Sobre los hechos violentos que se registraron a lo largo del 1-O al Bassa afirma que no podía imaginar que hubiera violencia policial del 1-O a tenor de la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que mandó impedir el referéndum sin alterar la convivencia ciudadana.

En su opinión, no se debió utilizar métodos violentos contra los votantes y llegó a decir que se le “ocurren mil maneras de impedir el referéndum sin atacar a la gente que estaba allí. Podrían haber desnaturalizado el resultado, podrían haberse llevado las urnas cuando la gente hubiera acabado de votar. Se me ocurren mil maneras de acabar con el referéndum", sentenció.

Según indicó la aerolínea irlandesa en un comunicado estas nuevas rutas formarán parte del calendario de invierto 2019 que la compañía anunciará próximamente.

En la actualidad los clientes de Ryanair en Alicante pueden reservar sus vacaciones hasta marzo de 2020 y, para celebrar el lanzamiento de las nuevas conexiones a Toulouse y Marsella, ha lanzado una oferta de asientos desde 19,99 euros para viajar en octubre. La promoción estará disponible hasta la medianoche del viernes 22 de febrero en la página web de la aerolínea.

La iniciativa fue aprobada con 222 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. El texto estuvo presidido por un alto grado de consenso a su paso por el Senado, puesto que solamente Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó 10 enmiendas, que fueron rechazadas.

Los senadores agilizaron la tramitación sin cambiar nada el texto recibido desde el Congreso, puesto que en caso contrario se corría el riesgo de que la reforma del Código Penal no viera la luz debido a que el próximo 5 de marzo se disolverán las Cortes Generales por el adelanto de las elecciones generales.

La iniciativa aprobada parte de una proposición de ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados en junio de 2017 a partir de la campaña ‘Por una ley justa’, abanderada por Anna González, que perdió a su marido tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta por el arcén y cuyo conductor se marchó del lugar de los hechos y se dio a la fuga, aunque luego fue detenido y posteriormente puesto en libertad. El camionero nunca llegó a cumplir condena porque el ciclista falleció en el acto y la ley no contempla esta situación como omisión de socorro.

González, que ha logrado recoger más de 326.000 firmas, señaló en una rueda de prensa en Madrid pocas horas antes de que se aprobara la reforma penal en el Senado que “hoy es un gran día” porque los ciudadanos se sentirán más protegidos cuando sufran un accidente de tráfico, ya sean conductores, peatones, motoristas, ciclistas o cualquier usuario de las vías.

“MALDAD INTRÍNSECA”

El texto incluye como novedad la creación del delito de abandono del lugar del accidente, que estará penado con entre seis meses y cuatro años de prisión, y de uno a cuatro años sin conducir si el conductor huye tras causar un accidente mortal o con lesionados. Esa pena baja a de tres a seis meses de cárcel y de seis meses a dos años sin conducir si la fuga es fortuita.

“Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico”, indica el texto, recogido por Servimedia.

Además, redefine los supuestos de imprudencia grave e imprudencia menos grave al volante. En el primero de ellos se incluye la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas o con exceso de velocidad y las penas podrían elevarse uno o dos grados más si el conductor causa la muerte o lesiona a varias personas, de manera que el máximo serían nueve años de cárcel si el número de fallecidos fuera “muy elevado”.

Y se considera imprudencia menos grave si el juez estipula que el accidente se produjo por una infracción grave de las normas de tráfico. Los conductores que causen lesiones que requieran de tratamiento médico o quirúrgico serán castigados con una multa de tres a 12 meses.

La tramitación parlamentaria comenzó con un alto grado de consenso en el Congreso de los Diputados, donde comparecieron numerosos expertos en la materia. Sin embargo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votó en contra en la Cámara Baja durante un Pleno celebrado el pasado 22 de noviembre que presenciaron en la tribuna de invitados exciclistas como Perico Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988, y Roberto Alcaide, campeón paralímpico en Atenas 2004.

PODEMOS DISCREPA

Una vez en el Senado, el texto ha vuelto a suscitar inicialmente un consenso mayoritario. La reforma del Código Penal superó esta pasada semana la fase de ponencia y comisión con el deseo mayoritario de los senadores de mantener el documento recibido del Congreso.

Solamente Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado enmiendas, en concreto 10, que mantienen el hilo argumental del rechazo que mostró la formación morada en el Congreso.

Las enmiendas iban en la línea de que no crear el delito de abandono del lugar del accidente, sino que esos supuestos se juzguen por la vía administrativa, no la penal, además de proponer reformas de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y la Ley de Contrato de Seguros para beneficiar a los accidentados frente a las aseguradoras.

Celia Cánovas, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aclaró desde la tribuna de oradores del Senado que su grupo parlamentario no se oponía a la “filosofía” de la reforma penal, sino que las enmiendas mejorarían la técnica legislativa del texto. “Estamos de acuerdo en el fondo, pero no estamos de acuerdo en la forma”, apuntó.

Juan Ramón Represa, del PP, indicó que la proposición de ley inicialmente presentada por los populares en el Congreso surgió de una “generalizada demanda social” de víctimas y ciclistas para adaptar al Código Penal los criterios de la Fiscalía General del Estado en casos de comportamiento imprudente de conductores que causen víctimas. “Es malvado abandonar un lugar del accidente sabiendo que dejas detrás a un herido o un muerto”, añadió.

Juan Luis Soto, del PSOE, consideró “necesaria” la reforma aprobada porque “viene a proteger a los más débiles, en este caso peatones y ciclistas”, frente a los conductores de vehículos que causen accidentes por circular de manera imprudente.

Tomás Marcos, de Ciudadanos, destacó que el texto aprobado surgió de “una justa demanda social” que trata de “mandar un mensaje muy claro a la sociedad”, en el sentido de que “el alcohol y las drogas deben quedar definitivamente fueras de nuestras carreteras”. “Quien abandona a una víctima, finalmente lo paga”, apostilló.

Por último, Jokin Bildarratz, del PNV, comentó que la reforma del Código Penal muestra una “cercanía con las víctimas” e intenta evitar que comportamientos imprudentes al volante salgan “gratis”.

Según informó este miércoles el Ministerio de Justicia, Etxeberria expuso estos datos durante la reunión de la comisión sectorial de memoria histórica, que tuvo lugar esta jornada con presencia de representantes de las comunidades autónomas. El encuentro fue presidido por el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López.

Justicia indicó que el forense Etxeberria expuso a los asistentes las conclusiones de un estudio encargado por el departamento de Dolores Delgado sobre la situación actual del proceso de exhumación de fosas.

El experto resumió que entre 1978 y 2000 se produjeron exhumaciones masivas sin ningún control ni rigor científico sobre las que no hay datos concluyentes. En el 2000 comienzan las intervenciones en enterramientos que respetan algún tipo de protocolo facultativo; desde entonces, y hasta 2018, se han desenterrado unas 740 fosas comunes y recuperados más de 9.000 cuerpos.

“PLAN DE CHOQUE”

El Ministerio señaló que “hasta que no se actualice el mapa es imposible evaluar el trabajo que queda pendiente por hacer ni abordar la elaboración de un plan de choque para 2019, que incluirá aquellas exhumaciones que las propias comunidades autónomas consideren prioritarias”.

Justicia también indicó que la actualización del mapa de fosas es “imprescindible” también para poder acometer uno de los objetivos que se fijó la comisión sectorial en su primera reunión, que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2018, que es confeccionar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.

Al mismo tiempo, en la comisión sectorial de memoria histórica de este miércoles el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas acordaron este miércoles acelerar la actualización del mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

En su exposición, Martínez López recordó a las autonomías que es objetivo prioritario del Ministerio elaborar un plan estatal de exhumaciones, pero para ello es necesario actualizar el mapa de fosas e incluir en el actual, que no se ha modificado desde 2011, todas las novedades que se han producido desde entonces, y que en su mayoría se deben a la labor de localización realizada por las administraciones autonómicas.

La acusación popular, representada por Vox a través de los letrados Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, todavía no ha intervenido durante las sesiones que están teniendo lugar esta segunda semana en el juicio contra el ‘procés’ independentista de Cataluña en el Tribunal Supremo.

Este silencio se debe al rechazo de los exconsejeros Turull, Romeva, Rull y Bassa, amparados en su derecho a no declarar y guardar silencio, a responder a sus preguntas en la fase del interrogatorio, tal y como ya lo hicieron durante la primera semana el exvicepresidente Junqueras y el exconsejero Forn. A diferencia de entonces, en esta ocasión Vox no ha comparecido ante los medios de comunicación en las inmediaciones del Alto Tribunal para valorar lo sucedido en la sala de vistas.

Desde esta manera, los letrados no se han pronunciado sobre el transcurso de las sesiones en esta segunda semana, ni en la sala de vistas ni ante los periodistas en las inmediaciones del Alto Tribunal. Tampoco en los pasillos, donde la acusación popular mantiene un perfil discreto, apartada del resto de letrados y periodistas que cubren el juicio, a quienes se les puede observar conversando en corrillos durante los recesos de las sesiones.

Durante la primera jornada del juicio, el día 12, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado del secretario general y letrado de la acusación popular en este juicio, Javier Ortega Smith, atendieron a los periodistas para trasladar sus objetivos como acusación contra el ‘procés’ independentista.

La siguiente intervención tuvo lugar el pasado jueves cuando el presidente de la sala, Manuel Marchena, denegó a Vox la posibilidad de formular las preguntas que tenía previsto hacer a Junqueras, aunque no iban a recibir respuesta. Ortega Smith lamentó esta decisión, ante los medios de comunicación, y cuestionó que el tribunal permitiese llevar lazos amarillos a los procesados basándose en la legislación internacional.

Así lo anunció en los pasillos del Congreso de los Diputados la portavoz del PSOE en esa comisión, Mercè Perea, después de una reunión de la Mesa de la comisión en la que la presidenta, Celia Villalobos, rechazó convocar una sesión extraordinaria, como pedían varios grupos, para someter a votación las recomendaciones.

Perea denunció que todo lo que Podemos ha planteado ante los medios de comunicación como argumentos para levantarse de ese Pacto por entender que los demás grupos pretenden introducir recortes que no reconocen, y pidió por ello a ese grupo que enseñe a la ciudadanía sus votos particulares.

Insistió en la necesidad de ser "prudentes" en cualquier reforma para garantizar la suficiencia del sistema, y con esa premisa explicó que el PSOE ya ha enviado a los demás grupos una propuesta de acuerdo a la que no podrán decir que no porque reconoce la actualización con el IPC, medidas sobre ingresos, y revisiones periódicas y comenzar a trabajar sobre las sugerencias de la Airef.

Perea precisó, además, que Podemos no puede decir que votó a favor de la sesión extraordinaria de la comisión porque no se votó, ya que esa convocatoria es prerrogativa de la presidenta, que ya había anunciado su negativa a esa petición al no haber consenso. Lo que sí se puede hacer, añadió, es pedir una reunión de la Mesa y los portavoces de la comisión para que se valore la propuesta del PSOE.

Las diputadas de Unidos Podemos Yolanda Díaz y Meri Pita habían negado antes ser responsables de la ruptura de ese pacto por el hecho de presentar votos particulares contra los puntos que rechaza: la ampliación de la edad de jubilación, que el cálculo de la pensión se realice en función de toda la vida laboral y que las viudas perciban o no la suya en función de su renta.

"Cuando hay discrepancias se emiten votos particulares, en este pacto y en cualquiera”, reivindicó Yolanda Díaz, que rechazó "el consenso por el consenso, el pacto por el pacto", cuando "lo que importa son los derechos, y no los vamos a traicionar, quedemos en minoría o no". Según Pita, Unidos Podemos siempre anunció que emitiría votos particulares contra estas recomendaciones pactadas por el resto de grupos, que a su modo de ver abaratan de hecho las pensiones. "No hemos engañado a nadie. No vamos a votar una bajada real de las pensiones", se reafirmó.

Sergio del Campo, de Ciudadanos, coincidió con el PSOE en que no se sometió a votación la convocatoria de una sesión extraordinaria sino si se afrontaba o no la votación sobre las recomendaciones. Acusó además a Podemos de "hacer un mitin" con un problema serio porque el sistema de pensiones atraviesa una situación "muy delicada" que requiere soluciones.

El Pacto de Toledo se ha dinamitado, insistió, y ha quedado claro que la responsabilidad es de Podemos por plantear cuestiones que no había avanzado previamente y hacerlo cuando el acuerdo parecía inminente. "Por una cuestión electoralista", sentenció, no habrá acuerdo a corto ni a medio plazo.

Además, los datos ofrecidos por las administraciones locales también ponen de manifiesto que en toda España a lo largo de 2017 se detectaron 255 incidentes entre agresiones a los agentes (123), fallecimientos (9), quejas por malos tratos (11), intentos de suicidio (20) y autolesiones (92).

En su primera fase, la institución, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles y degradantes (MNP), solicitó información a 2.107 ayuntamientos de toda España con más de 5.000 habitantes, cabeceras de partido judicial o consistorios con indicios de tener cuerpo de policía local.

El proyecto ‘Ábaco’ pretende obtener un mapa con todos los lugares de privación de libertad que existen en España y su situación actual. Por primera vez se pueden ofrecer datos globales del número de detenciones y custodias realizadas por la Policía Local. Tras esta primera campaña, en la siguiente fase del proyecto, el Defensor solicitará datos al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil.

Hasta el momento han contestado 1.805 municipios, lo que supone una participación del 85% de los ayuntamientos. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, confía en obtener respuesta de todos los municipios consultados ya que en su opinión, “este ejercicio de transparencia de las administraciones locales servirá para poner en valor el trabajo que realizan los miembros de la Policía Local”.

La Institución consideró “imprescindible” iniciar su trabajo con este cuerpo “ya que hasta la fecha no se conocían datos globales sobre las detenciones y custodias que realizan los miembros de la Policía Local”.

En su declaración ante la sala que juzga el `procés´, Rull se quejó de que se le atribuye una frase que no dijo. Con indignación creciente, el acusado llegó a reprochar a la fiscal Consuelo Madrigal que ha incluido en su escrito de acusación frases extraídas de una entrevista que jamás pronunció.

“Ustedes definen la manifestación como `tumulto, turba, muchedumbre, masa´. Para mí es un derecho de manifestación”, dijo en referencia a las concentraciones que se produjeron el 20 de septiembre frente al edificio de la Consellería de Economía, que estaba siendo registrada por orden judicial. A su juicio, esa descripción de lo sucedido se usa “para denigrar a los ciudadanos que cívicamente, amparados en su legítimo derecho de manifestación”, se concentraron en la zona.

También en relación con las movilizaciones ciudadanas, Rull dijo que no estaban contempladas en la llamada hoja de ruta del `procés´. En concreto, la fiscal le preguntó por los cortes de la AP-7 por estudiantes tras el referéndum, como si el control de esa vía fuera competencia de la Generalitat. "Me gustaría a mí que fuera de mi competencia, pero es competencia del Estado y por eso las cosas no van tan bien", ironizó, arrancando sonrisas en la sala. En cualquier caso, el exconseller insistió en que “si hubo comportamientos violentos, los condeno".

Celia Villalobos, que era presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, confirmó su decisión en una entrevista en Antena 3, algo que también comunicó al líder del PP, Pablo Casado, según fuentes populares consultadas por Servimedia.

Estas mismas fuentes explican que la cúpula del PP sabía desde hace tiempo que Villalobos no continuaría en política.

“Me hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo”, manifestó Villalobos esta mañana, y admitió que su carrera política ha finiquitado tras este hecho. “Me parece normal, perdí un congreso y alguien tenía que ser la figura de los que han perdido”.

La iniciativa parte de una proposición de ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados en junio de 2017 a partir de la campaña ‘Por una ley justa’, abanderada por Anna González, que perdió a su marido tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta por el arcén y cuyo conductor se marchó del lugar de los hechos y se dio a la fuga, aunque luego fue detenido y posteriormente puesto en libertad. El camionero nunca llegó a cumplir condena porque el ciclista falleció en el acto y la ley no contempla esta situación como omisión de socorro.

El texto incluye como novedad la creación del delito de abandono del lugar del accidente, que estará penado con entre seis meses y cuatro años de prisión, y de uno a cuatro años sin conducir si el conductor huye tras causar un accidente mortal o con lesionados. Esa pena baja a de tres a seis meses de cárcel y de seis meses a dos años sin conducir si la fuga es fortuita.

“Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico”, indica el texto, recogido por Servimedia.

Además, redefine los supuestos de imprudencia grave e imprudencia menos grave al volante. En el primero de ellos se incluye la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas o con exceso de velocidad y las penas podrían elevarse uno o dos grados más si el conductor causa la muerte o lesiona a varias personas, de manera que el máximo serían nueve años de cárcel si el número de fallecidos fuera “muy elevado”.

Y se considera imprudencia menos grave si el juez estipula que el accidente se produjo por una infracción grave de las normas de tráfico. Los conductores que causen lesiones que requieran de tratamiento médico o quirúrgico serán castigados con una multa de tres a 12 meses.

La tramitación parlamentaria comenzó con un alto grado de consenso en el Congreso de los Diputados, donde comparecieron numerosos expertos en la materia. Sin embargo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votó en contra en la Cámara Baja durante un Pleno celebrado el pasado 22 de noviembre que presenciaron en la tribuna de invitados exciclistas como Perico Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988, y Roberto Alcaide, campeón paralímpico en Atenas 2004.

PODEMOS DISCREPA

Una vez en el Senado, el texto ha vuelto a suscitar inicialmente un consenso mayoritario. La reforma del Código Penal superó esta pasada semana la fase de ponencia y comisión con el deseo mayoritario de los senadores de mantener el documento recibido del Congreso.

Solamente Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado enmiendas, en concreto 10, que mantienen el hilo argumental del rechazo que mostró la formación morada en el Congreso.

Las enmiendas, a las que tuvo acceso Servimedia, van en la línea de que no crear el delito de abandono del lugar del accidente, sino que esos supuestos se juzguen por la vía administrativa, no la penal, además de proponer reformas de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y la Ley de Contrato de Seguros para beneficiar a los accidentados frente a las aseguradoras.