Suecia ha nominado este martes a la excomisaria europea Cecilia Malmström para el puesto de secretaria general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La decisión la ha dado a conocer la ministra sueca de Comercio, Anna Hallberg, quien ha destacado su experiencia y compromiso con la cooperación internacional. "Malmström garantizará que la OCDE continúa trabajando eficazmente en favor de la agenda multilateral", ha subrayado en un comentario en Twitter.

En otro apunte en la red social, Malmström ha agradecido la nominación y ha lanzado su campaña pública. La política escandinava cuenta con una dilatada carrera internacional, sin ir más lejos ha estado en dos Ejecutivo comunitarios. Ocupó la cartera de Comercio durante la etapa de Jean Claude Juncker y fue responsable de Interior con el Ejecutivo de José Manuel Durao Barroso.

Anteriormente, la liberal sueca fue ministra de Asuntos Europeos desde 2006 a 2010 bajo el Gobierno de coalición de centro derecha liderado por Fredrik Reinfeldt. Su nombre también salió a la palestra para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuya jefatura ha quedado vacante tras expirar el mandato del brasileño Roberto Azevedo.

Para el puesto al frente de la OCDE los países miembro pueden presentar sus candidaturas hasta finales de octubre y el proceso formal se lanzará en febrero con una serie de consultas y entrevistas. El próximo dirigente no comenzará su mandato hasta junio de 2021, cuando se retire el político mexicano José Ángel Gurría, en el cargo desde 2006.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha solicitado este martes al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que "ejerza de presidente de los alcaldes y no de aliado de Gobierno" y organice ya una reunión entre los alcaldes contrarios al real decreto sobre financiación municipal y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Nos vamos a sentar con Pedro Sánchez, con María Jesús Montero o quien nos diga el Gobierno de Nación. No tenemos preferencia en con quién sentarnos, pero sí la urgencia de llegar a una acuerdo para que podamos disponer de los recursos, de nuestros recursos, y suficientes para atender la situación económica y social", ha añadido Almeida preguntado por los periodistas esta mañana tras la reunión telemática que han mantenido regidores de diferentes ciudades críticos con el sistema de reparto de fondos municipales que propone el Ejecutivo central.

"En tiempos en los que se apela a la unidad es reconfortante que esta mañana 30 alcaldes que representamos a 13 partidos distintos de ideologías tan diferentes como el PDCat, ERC, BNG, Cs y demás se hayan reunido. No nos unía la tentación u objetivo de conseguir la derrota del Gobierno de la Nación, simplemente el municipalismo que nos guía a los alcaldes", ha señalado el primer edil madrileño.

De hecho ha afirmado que todos piensan que el real decreto ley es "una imposición unilateral e inaceptable" en estos momentos y que "no vale para solucionar los problemas de los ayuntamientos".

Almeida ha recordado que el alcalde de Zaragoza, organizador de este encuentro virtual, envió una carta a la ministra de Hacienda para reunirse y ella dijo que solo se reunía con el presidente de la FEMP. Por eso, ve lógico que ahora se implique Abel Caballero en lograr esta reunión a pesar de que apoyara el acuerdo "y que con su voto de calidad rompiera 40 años de unidad de municipalismo".

"Se tiene que poner de parte de los alcaldes y si alcaldes con distinta adscripción política y que representan a 11 millones de ciudadanos le piden que se gestione una reunión con Montero, Caballero debería gestionarla. Si aquí no nos sentamos no es porque los alcaldes no queramos. Aquí el que no quiere es el Gobierno de la Nación y nos parece inconcebible que esto pase. Tendrá que haber cesiones por las dos partes, pero hay que sentarnos y buscar esos puntos de acuerdo. Pero el presidente de la FEMP ha decidido que no quiere ejercer de presidente de los alcaldes, sino de aliado del Gobierno", ha esgrimido el regidor matritense.

Según ha indicado también, durante la reunión telemática de esta mañana han concluido que el real decreto no pude ser convalido en el Congreso porque no cuenta con la mayoría parlamentaria y por "el rechazo de una gran mayoría de alcaldes". "Queremos fijar un nuevo real decreto con tramitación rápida y urgente para dar una resolución rápida a los intereses de los ayuntamientos. Hemos perdido demasiado tiempo y no podemos perder ni un minuto más", considera Almeida.

Ahora, considera que toca reflexionar a los presidentes del Gobierno y de la FEMP. "Todos hemos hablado en positivo, en la defensa de los ciudadanos. Queremos negociar y llegar a un acuerdo provechoso para todos, asumir la situación económica y social a la que nos enfrentamos. Sánchez prometió negociar pero ayer la ministra de Hacienda dijo que son lentejas, que las tomas o las demás, que no hay otra opción, que es la única posibilidad que plantean encima de la mesa. ¿A quién tenemos que creer, a quien aceptamos la mano tendida del presidente o a la ministra de Hacienda que dice que no hay margen de negociación", se pregunta el alcalde de la capital.

Y es que se queja que mientras el Estado va a recibir 140.000 millones de Europa y las comunidades 16.000 millones del Gobierno central, los ayuntamientos no pueden tener la ayuda que requieren. "Nosotros en realidad le decimos al Gobierno que queremos utilizar nuestros remanentes de tesorería. Es cierto que luego hay otras partidas, como la relativa al transporte público. Pero lo que le pedimos al Gobierno de la Nación es usar los remanentes", ha dicho.

Y respecto a los municipios que no cuentan con remanentes de tesorería, José Luis Martínez apuesta por ayudarles. "No puede ser que el acuerdo de la FEMP se refiera a los ayuntamientos que tienen remanente. ¿o que los zaragozanos no tienen las mismas necesidades que los madrileños y se tienen que quedar en peor situación que los primeros?. Nosotros consideramos que no. No es una reivindicación en exclusiva de Madrid, sino de todos", ha concluido.

Navarra registró este lunes 158 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar 1.415 pruebas PCR.

En la jornada de este lunes, se registró en la Comunidad foral un fallecido por COVID-19, un varón de 91 años, lo que sitúa el número total de muertes por esta causa desde el comienzo de la pandemia en 535. En los hospitales navarros se produjeron ayer 4 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, ninguno de los cuales fue en UCI.

Como en semanas precedentes, Navarra sigue siendo la segunda comunidad que realiza más PCR en relación a su población (235,17 por cada 1.000 habitantes).

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 44% de los positivos, se mantiene alta la incidencia en el área de Tudela con un 25% de los casos y hay un aumento en el área de Estella, que acumula el 15% de los casos.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 15 a 29, con el 28% del total de los casos, seguido de los grupos de 30 a 44 años y de 45 a 59, con un 24% cada uno. A continuación, está la franja de 0 a 14 años, con el 12% de los nuevos casos, luego el grupo de entre 60 y 75 años, con el 7% y finalmente el de los mayores de 75, con el 5%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 37,3 años. En cuanto al género, el 54% son hombres y un 46% mujeres.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 84 personas ingresadas con COVID-19, 8 de las cuales se encuentran en puestos UCI y otras 9 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 67 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario y ocupan espacios COVID-19.

Respecto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, si sumamos los casos de ayer, a día de hoy, se sitúa en 10.166, según ha informado el Gobierno.

REUNIÓN DE SALUD CON REPRESENTANTES MUNICIPALES DE LA RIBERA

La Dirección General de Salud ha mostrado su "satisfacción" por los resultados de la reunión mantenida en la tarde de ayer con los alcaldes de los municipios de la Ribera Baja de Navarra y otros ayuntamientos con casos relacionados con el cribado especial de la empresa Uvesa.

Al encuentro, en el que se abordó la situación en estas localidades en relación a la significativa incidencia del COVID-19 debido al repunte de casos positivos registrados, fueron convocados los alcaldes de los siguientes ayuntamientos: Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Marcilla, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tulebras y Valtierra. Junto con el director general de Salud, Carlos Artundo, estuvieron presentes la gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Beamonte; el jefe de Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del AST, Luis Serrano; el responsable de Atención al Paciente y Trabajo Social de la AST, Santiago Urmeneta; y el jefe de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Aurelio Barricarte.

Además de analizar la incidencia del coronavirus correspondiente de cada una de las localidades citadas, las autoridades sanitarias encabezadas por el director general de Salud, Carlos Artundo, explicaron el plan de trabajo e intervención social llevado a cabo, de forma coordinada, por los Servicios Sociales de base municipales; el Departamento de Derechos Sociales; el Servicio de Mediación Intercultural del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia; Protección Civil y los Servicios Sociales del SNS.

Esta intervención, puesta en marcha el pasado sábado, consiste en el seguimiento y valoración de las necesidades sociales de todos los casos positivos relacionados con el brote de la empresa Uvesa.

Asimismo, las autoridades sanitarias compartieron con alcaldes la estrategia de actuación frente a la pandemia y recabaron sus aportaciones y solicitudes. También incidieron en la importancia de la implicación de todo el tejido social de las localidades afectadas para apelar a la responsabilidad de la ciudadanía y responder así ante la situación actual generada por el COVID-19 y dar pasos para aplanar la curva de la incidencia, ha expuesto el Gobierno.

El Consejo General del Trabajo Social se ha puesto a disposición de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de su titular, Ignacio Álvarez Peralta, para que se contemple la inclusión delos profesionales del Trabajo Social en los equipos de rastreadores Covid-19 en todas las comunidades autónomas.

El Consejo General del Trabajo Social recuerda que realizó la pasada semana un conjunto de charlas 'online' donde ahondaba en el conocimiento y la experiencia de la profesión a la hora de intervenir en la detección temprana, rastreo y abordaje de diferentes patologías de importante dimensión social ya que, desde el CGTS, resaltan el valor de los profesionales como recursos idóneos en este abordaje multidimensional de la atención de personas en esta crisis sanitaria, económica y social por Covid-19.

Así, durante tres días, más de 1.800 personas de todas las comunidades autónomas y de otros países --como Italia, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Puerto Rico-- ahondaron en los conocimientos y experiencias que desde el Trabajo Social se están aportando para el rastreo de posibles contagios.

Dividida en tres módulos, la formación ofrecida contó con la participación de expertos que han aportado una visión más concreta sobre esta pandemia, las tareas y acciones que desde el Trabajo Social se vienen llevando a cabo: desde las características de la enfermedad,la valoración del contexto social de pacientes, las habilidades en la comunicación a la hora de entrevistar a la persona que ha dado positivo, la entrevista con los contactos, la coordinación sociosanitaria en este contexto, así como buenas prácticas desde la profesión. Han completado la visión las buenas prácticas responsables de Aragón, Asturias y País Vasco.

Con esta actividad, el Consejo General responde a la demanda de los trabajadores sociales para hacer frente a la situación de pandemia global que se vive por la expansión del coronavirus, además de completar la formación previa de los profesionales para que puedan aportar su visión y colaborar para frenar la crisis sanitaria.

PROFESIONALES CON EXPERIENCIA PREVIA Y REMUNERADOS

También está dentro del llamamiento lanzado en julio para que el perfil del Trabajo Social sea tenido en cuenta por las comunidades autónomas a la hora de contratar rastreadores y componer equipos multidisciplinares. El CGTS considera que deben ser profesionales con experiencia previa, que se sitúen dentro de las ciencias sociales y de la salud, además de que siempre sea un trabajo remunerado.

Como recuerda la institución, los trabajadores sociales conocen a la población de referencia del centro sanitario y sus problemas de salud prevalentes, así como la distribución de la etiología clínica por barrios y entornos concretos, el funcionamiento de la estructura sociológica de los barrios y por ello, su capacidad socioeconómica, entre otros factores.

También conocen las variables antropológicas de los colectivos vulnerables, cuáles son los determinantes de salud en cada barrio y como interaccionan en función de las variables estructurales y antropológicas y tienen la competencia profesional y las herramientas profesionales para activar un acercamiento colaborativo con las personas y su familia, garantizando las medidas de prevención y/o confinamiento, especialmente en los colectivos vulnerables.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al Gobierno un nuevo decreto "exprés" para los ayuntamientos que conserve el fondo de 5.000 millones de euros y la aportación de 1.000 millones para el transporte público, pero desvinculándolo de los préstamos del Estado.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa tras reunirse este martes de forma telemática con una treintena de alcaldes de toda España y constatar el rechazo de los ayuntamientos al Decreto Ley de remanentes municipales.

"Proponemos un nuevo decreto exprés, que se podría tramitar en un mes, y que mantenga la parte buena del decreto inicial y mantenga la idea de un fondo de 5.000 millones y lo desvincule de la idea de los préstamos, que es lo que no genera consenso", ha expresado.

La propuesta actual de Hacienda plantea que los consistorios puedan acceder a un fondo de 5.000 millones pero lo condiciona a un sistema de préstamos, y los alcaldes han insistido al Ejecutivo central que se desvinculen las ayudas del superávit de los ayuntamientos.

Asimismo, ha solicitado que se constituya una mesa de trabajo que permita modificar la legislación para que los ayuntamientos puedan hacer uso de todo su superávit e, incluso, endeudarse "en situaciones de crisis económica como la actual".

Ha asegurado que los alcaldes quieren un "fondo extraordinario para los ayuntamientos, igual que se ha hecho con las comunidades autónomas, que recibirán un total de 16.000 millones de euros" en ayudas directas.

Colau ha subrayado que los ayuntamientos están respondiendo a la pandemia del Covid-19 igual que el resto de administraciones y son las únicas que no han podido aumentar sus capacidades económicas durante la crisis.

En el encuentro han participado los alcaldes de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Madrid, Màlaga, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha destacado que el acuerdo alcanzado con el PNV dota a Euskadi de un Gobierno "fuerte y estable" para una legislatura "crucial" por la situación de crisis creada por la pandemia y ha señalado que será un Ejecutivo "de mayoría absoluta pero de mano tendida". "Es la primera vez en 22 años que Euskadi va a tener un gobierno con mayoría absoluta, lo que da mucho sosiego y mucha tranquilidad", ha indicado.

Mendia ha firmado junto al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE-EE para la "reactivación económica y el empleo desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales, sobre la base de más y mejor autogobierno".

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Mendia ha destacado que este es "un acuerdo para la esperanza" porque nos encontramos en un momento terriblemente duro para la sociedad vasca, para las familias y para las empresas" y cree que, "para hacer frente a esta crisis económica, social y sanitaria, es necesario contar con un acuerdo que haga un gobierno fuerte pero que dé esperanza a las personas".

"Hace cuatro años apostamos por un acuerdo que dotara de estabilidad a las instituciones con un acuerdo entre diferentes. Ahora, lo que toca, con este acuerdo es reconstruir Euskadi, preparar a Euskadi para los retos y las grandes transformaciones que tenemos que encarar en este siglo XXI y que la pandemia nos ha acelerado muchas de ellas", ha indicado.

Por ello, ha reiterado que se trata de un acuerdo "de bases sólidas" y que principalmente quiere "trasladar esperanza a la ciudadanía". "Estamos ante la mayor crisis que afrontamos en los últimos 100 años y ambos partidos lo hacemos con responsabilidad pero también conscientes del mayor respaldo electoral que hemos recibido ambos partidos que conformamos el gobierno saliente", ha destacado.

Asimismo, ha destacado que PNV y PSE comparten la necesidad de que el gobierno tenga una hoja de ruta "clara" para los próximos cuatro años y también que no servía "reeditar" el acuerdo anterior sino que era necesario "un acuerdo nuevo, sobre unos pilares nuevos, porque la crisis nos ha cambiado las prioridades".

Mendia ha agradecido a los "miles de vascos que con su voto han hecho posible que hoy estemos aquí firmando este acuerdo, dotando a Euskadi de un Gobierno fuerte y estable para una legislatura crucial para las próximas generaciones".

Tras recordar que ambos partidos han compartido "experiencias de gobierno" en el ámbito local y autonómico, ha destacado que "es la primera vez en 22 años que Euskadi va a tener un gobierno con mayoría absoluta, lo que da mucho sosiego y mucha tranquilidad".

"Creo que en esta época se necesitaba un gobierno fuerte y que pudiera tomar las decisiones con tranquilidad. Tiene, además, una hoja de ruta clara, una vocación de trabajar colaborando con todos los gobierno, ayuntamientos, diputaciones, con el Gobierno de España y con la Unión Europea porque hoy más que nunca es importante la colaboración ente todos, aunar esfuerzos porque los retos de Euskadi, en gran medida, son los retos de Europa", ha subrayado.

Además, ha destacado que han trabajado sin saber cuál va a ser la estructura del gobierno ni qué departamentos va a llevar cada uno de los partidos. "Lo hemos trabajado con absoluta honestidad y compromiso en cada una de las áreas; metiéndonos a fondo, hasta el último detalle", ha destacado.

En este sentido, ha explicado que será el lehendakari quien anuncie la composición del Ejecutivo y que ella comunicará a Urkullu las personas que la dirección del PSE decida que ocupen los departamentos.

No obstante, ha hecho referencia a su decisión de entrar a formar parte del Ejecutivo, ya que supone "dar un paso al frente" para "arrimar el hombro y trabajar por sacar adelante a Euskadi" de la crisis. "No entro en el gobierno por una aspiración personal sino por un compromiso personal", ha señalado.

Mendia ha destacado que no se trata de un acuerdo que se "agote" entre los dos partidos firmantes, sino que se trata de una propuesta "abierta" al conjunto de la sociedad, al conjunto de los agentes sociales y económicos. Además, ha dicho que le gustaría que los grupos del Parlamento pudieran "leer con atención" el acuerdo porque "recoge compromisos de la legislatura pasada".

"Espero que, en unas circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando hoy en Euskadi, tengamos todos altura de miras y sepamos estar a las circunstancias que nos exige la ciudadanía", ha subrayado antes de afirmar que se trata de un acuerdo para un gobierno "de mayoría absoluta pero de mano tendida".

También ha querido realizar un reconocimiento al proceso negociador que han llevado a cabo los dos partidos en el que han apostado por "dar una orientación progresista al pacto de gobierno o al de legislatura porque ha señalado que no han trabajado con "una idea preconcebida pero sí clara: dar un gobierno fuerte al país, con una hoja de ruta clara y hacerlo sin perder un minuto porque necesitamos un gobierno cuanto antes".

Mendia ha explicado que "desde el primer momento" ambos partidos se pusieron a trabajar desde una visión compartida para dotar al gobierno de un acuerdo claro". "Ha sido un agosto muy intenso, de muchísimos trabajo e intercambio de documentos entre ambos partidos y de una trabajo discreto", ha resaltado.

Según ha recordado, la comisión política negociadora del PSE ha estado formada por el presidente del PSE-EE, Iñaki Arriola, por la secretaria de política institucional, Begoña Gil, y por el secretario de política institucional de la ejecutiva de Bizkaia, Ekain Rico.

La secretaria general del PSE ha querido hacer un reconocimiento expreso al trabajo "intenso" de estos "negociadores" que han hecho "una labor magnífica" a lo largo de este mes y en los equipos que se han apoyado porque "es un programa de dos partidos al que se han sumado los compromisos alcanzados en el Parlamento Vasco durante la última legislatura".

"Es un programa de gobierno que no parte de cero; es el sumatorio de los dos programas de los partidos que conforman este acuerdo pero también recoge expresamente compromisos del parlamento en los últimos cuatro años", ha señalado.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha trasladado este martes la solidaridad del Ejecutivo a las personas que están trabajando en la extinción de incendios, así como a las personas evacuadas.

"El Ejecutivo quiere mandar un mensaje de solidaridad a todas las personas que han estado luchando contra el fuego en algunos rincones de nuestro país, especialmente los que han afectado un volumen importante de hectáreas, como ha sido el caso del fuego en la provincia de Huelva", ha comenzado diciendo Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A pesar de que todos los incendios están en estos momentos estabilizados, según ha resaltado la ministra y portavoz también ha trasladado la solidaridad del Gobierno a aquellas personas que han sido desalojadas de sus casas como consecuencia del fuego.

"Nuestra solidaridad y compromiso para seguir luchando contra uno de los problemas que en verano siempre tenemos el miedo de que azote, como son los incendios, en el conjunto de nuestra geografía", ha afirmado.

A su juicio, es "evidente" que los incendios forestales evidencian la necesidad de trabajar en una "agenda verde, ecológica", que permita la transformación en las actuaciones relativas al medio ambiente, actuaciones que, según ha comentado, están incluidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático.

"Estamos convencidos de que previniendo y caminando hacia un mayor respeto al medio ambiente, seremos capaces de combatir esos fuegos", confía Montero, que ha asegurado que durante el Consejo se ha puesto sobre la mesa este tema.

El Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad ha registrado este martes a través de pruebas PCR dos nuevos positivos de coronavirus en Ceuta que han elevado por primera vez desde el inicio de la pandemia a cien el número de casos activos de la Covid-19 en la ciudad autónoma.

La Dirección Territorial ha explicado que todos los pacientes infectados permanecen en aislamiento domiciliario con "sintomatología leve" salvo cuatro que están internados en el Hospital Universitario, tres en planta y uno en el área de Urgencias.

El Ejecutivo regional que preside Juan Vivas (PP) ha encargado un informe jurídico sobre si con su rango institucional podría solicitar la declaración de un estado de alarma limitado a su territorio pese a no ser Comunidad Autónoma, aunque solo se planteará hacerlo si la enfermedad evoluciona "peor" que a nivel nacional.

Desde el pasado 15 de marzo en la localidad española norteafricana se han confirmado 351 positivos y cinco contagiados han fallecido. Todos ellos serán distinguidos este miércoles con la Medalla de la Autonomía a título póstumo, según han acordado todos los grupos con representación institucional en la Asamblea (PP, PSOE, Vox, MdyC y Caballas).

Fuentes del Gobierno de Ceuta han explicado este martes a Europa Press que la Consejería de Sanidad ya ha formalizado ante el Ministerio de Defensa una solicitud para contar con parte de los 2.000 soldados formados como rastreadores que Pedro Sánchez ha ofrecido a las Autonomías para reforzar la labor que prestan los diez profesionales con los que ya cuenta dedicados a esa tarea, contingente que a su vez se prevé incrementar también con estudiantes de último curso de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR del Campus local.

El Ejecutivo autonómico también ha pedido ayuda a la Comandancia General de Ceuta para llevar a cabo un "plan de choque" de desinfección de los centros escolares de la ciudad antes del restablecimiento de la actividad lectiva presencial, cuyo reinicio está previsto para el jueves de la próxima semana, 10 de septiembre.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) se ha comprometido a desdoblar todos los grupos para que en ningún aula llegue a haber más de 15 estudiantes, pero todavía no ha cerrado con los equipos directivos si la organización de los horarios de clases en Infantil y Primaria será en un doble turno de 8.00 a 11.00 y de 12.00 a 15.00 horas o en jornadas alternas (lunes y miércoles y martes y jueves) para intentar aliviar los "problemas" que para conciliar sus horarios laborales prevé tener más del 80% de las familias con hijos en esos niveles, según un estudio realizado por investigadores de la UGR en la ciudad.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Gobierno y los agentes sociales están cerca de cerrar el acuerdo para cerrar una Ley que regule el teletrabajo.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha apostillado que para el Gobierno este acuerdo es "imprescindible".

Gobierno, sindicatos y empresarios han retomado esta mañana las negociaciones de cara a la regulación del trabajo a distancia y lo han hecho con un nuevo texto que se remitió a los agentes sociales hace unos días.

La ministra ha resaltado que el teletrabajo "se ha desvelado fundamental en estos meses de confinamiento y ha permitido avanzar por encima de las previsiones que el Gobierno tenía al inicio de la legislatura".

"La necesidad muchas veces es virtud y las empresas y las administraciones públicas han dado pasos de gigante, pero hay que contar con un marco regulatorio que permita garantizar a empresarios y sindicatos que se dan las condiciones adecuadas y que los intereses de ambas partes están preservados", ha apostillado.

PRORROGAR LOS ERTE MÁS ALLÁ DE SEPTIEMBRE

Por otro lado, también en el marco del diálogo social, Montero ha recordado que este viernes se abordará la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre.

Respecto a esta cuestión, ha puesto en valor que los ERTE han sido una pieza "imprescindible y clave" para que miles de españoles pudieran mantener su empleo en el confinamiento, pero también durante la pandemia.

"Creo que la cifra que conocemos lo corrobora", ha apostillado, tras recordar que el 30 de abril había más de tres millones de trabajadores acogidos a ERTE y ahora hay 620.000 bajo este supuesto.

La ministra ha puesto en valor que ha habido épocas en las que más de 10.000 personas diarias salían de un ERTE, ritmo que ahora ha bajado a 5.000 salidas diarias y aquellos que permanecen bajo esta situación pertenecen "a los sectores más duramente afectados por la pandemia".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la reunión mantenida con una treintena de regidores españoles en la que se abordó el acuerdo sobre uso del superávit de los ayuntamientos y diputaciones, asegurando que ha sido un encuentro "muy satisfactoria". De igual modo, ha insistido en que el Ejecutivo central debe mostrar "más claramente sensibilidad" con el nivel local.

Así, De la Torre ha explicado lo abordado en la reunión y ha aludido al desacuerdo sobre el uso del superávit municipal, insistiendo, como se ha hecho en el encuentro, en que "no se pueden dejar fuera a ayuntamientos que tienen déficit o dejar mal atendido a aquellos que tienen poco superávit".

"Se entiende que debe haber un reparto objetivo, en base a población, de la cantidad", ha abundado. De igual modo, ha dicho que se hablado de un decreto ley "rápido", porque "urge" para que los temas que no crean desacuerdo puedan ser tramitados con rapidez.

No obstante, ha dicho que el caso de los remanentes, "y si es necesario que se preste al Gobierno o no, eso necesita una negociación profunda, seria, que lógicamente no podría ir en ese decreto 'express'".

Por otro lado, ha dicho que el Gobierno debe mostrar "más claramente" sensibilidad con el nivel local, "esencial en la vida pública española", volviendo a lamentar que los consistorio españoles son "los más débiles de Europa".

De igual modo, ha aludido a los fondos europeos aprobados en reuniones recientes y al hecho de que los ayuntamientos "podamos opinar, participar y gestionar".

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado, a instancias de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, sancionar al propietario de la finca de Totalán (Málaga), en la que falleció Julen tras caer a un pozo en enero de 2019, con una multa propuesta de 300.001 euros por la comisión de una infracción de carácter muy grave en materia de seguridad minera.

Así lo ha informado este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, apuntando que "evidentemente nuestra voluntad es que si se pone una sanción, que se ejecute, sin ninguna duda".

El 15 de enero del año pasado, el niño, de dos años, se precipitó por un foso excavado en el paraje denominado Cerro de la Corona, en el término municipal de Totalán, lugar en el que los técnicos de la Junta de Andalucía constataron la existencia de un sondeo de aprovechamiento de aguas que "no se encuentra tapado ni entubado".

Días después, el 26 de enero, gracias a la participación de los equipos de rescate, se localizó el cadáver del menor en el interior del citado pozo.

El 8 de febrero de 2019, la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga comunicó a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía que el titular catastral de la parcela donde se halla el pozo no contaba con la autorización previa de las obras de captación de aguas subterráneas ni con una solicitud para ello, "ni había presentado el proyecto técnico de las obras", ha apuntado Bendodo.

Un mes después, el 12 de marzo, y basándose en un informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga comunicó que existen "dos prospecciones para el alumbramiento de aguas superficiales realizados a percusión"; el primero tapado o sellado y el segundo "sin entubar y sin protección alguna, siendo este último en el que cae el menor".

El informe de la Guardia Civil señalaba que las obras realizadas "carecen de las autorizaciones administrativas exigibles para su ejecución", y ponía de manifiesto que no se tomaron las medidas de seguridad establecidas para evitar un accidente, principalmente en el pozo al que cayó el niño.

Por esto, la Secretaría General de Industria, Energía y Minas acordó el inicio de un procedimiento sancionador contra el propietario de los terrenos el 18 de junio de 2019. El procedimiento se tramita en la Delegación del Gobierno en Málaga, nombrándose un instructor, que, una vez finalizada su labor, emite propuesta de resolución.

Contra ésta, que propone una multa de 300.001 euros por la comisión de una infracción de carácter muy grave en materia de seguridad minera, la defensa del sancionado no ha presentado alegaciones.

De igual forma, el pasado 13 de febrero el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación de la Junta en Málaga recibió copia de la sentencia firme dictada el 23 de enero por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, que establece como hechos probados que el dueño de la finca "contrató verbalmente" la ejecución de unas perforaciones para captación de aguas subterráneas.

También se recoge como probado que, aunque en un primer momento el propietario tapó el pozo con "dos bloques de hormigón", posteriormente el acusado los movió y, "faltando a sus deberes de diligencia, dejó al descubierto el pozo".

Por otro lado, la Delegación de la Junta en Málaga ha tramitado un expediente sancionador contra la empresa que realizó las perforaciones por la comisión de una infracción de carácter grave en materia de seguridad minera, recogida en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, por actividades reguladas en dicha ley sin la dirección facultativa exigida.

Además, también por omitir la aprobación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto correspondiente. La propuesta de resolución plantea sancionar a la entidad responsable con una multa por importe de 30.001 euros.

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes una nueva batería de medidas ante las actuales circunstancias epidemiológicas y con el objetivo de reducir los riesgos de contagio y transmisión del Covid-19, entre las que figuran una reducción del aforo máximo para bodas y eventos similares, así como que no se celebre la barra libre, y que los ayuntamientos de municipios del litoral cierren las playas al público entre las 21,30 horas de la noche y las 7,00 horas de la mañana.

Así lo ha avanzado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, en la que ha comparecido junto al titular de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Esta nueva normativa modifica en parte la Orden del 19 de junio de medidas preventivas en materia de salud pública, y se centra en la apertura de playas, gestión en residencias de mayores, centros de día, celebraciones de eventos y actividades de tiempo libre y animación.

Bendodo ha explicado que estas nuevas medidas se toman tras la última autoevaluación de la situación del coronavirus en Andalucía realizada hasta ahora por el comité técnico médico que asesora a la Junta y que se reunió la semana pasada, y con el fin de que "la pandemia evolucione en Andalucía mejor que en el resto de España", como, según ha defendido, está ocurriendo hasta ahora.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA "DENTRO DE LOS MÁRGENES DE CONTROL"

En esa línea, el consejero portavoz ha querido subrayar que "la situación de Andalucía sigue dentro de los márgenes de control", y aunque aumentan los casos de contagio, la comunidad está "muy por debajo de la media española" en lo que a incidencia del virus se refiere.

En ese sentido, ha destacado que, a día de hoy, en Andalucía hay 102 positivos confirmados por PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, casi la mitad que en España, donde se alcanza la cifra de 205, y aunque "han aumentado las hospitalizaciones, se ha liberado el 81% de las camas de hospitalización respecto al pico de la pandemia".

Respecto a las nuevas medidas acordadas, el consejero de la Presidencia ha avanzado que "se ha acordado que los ayuntamientos adopten las medidas necesarias para el cierre de playas al ocio y esparcimiento en horario de 21,30 a 7,00 horas, exceptuando la pesca y otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados en las mismas".

Por otro lado, en la celebración de bodas "o similares" se va a reducir de 300 a 150 el número máximo de personas asistentes cuando se celebren en espacios al aire libre, y de 250 a 100 cuando sean en espacios cerrados. Además, en estas celebraciones no se podrá realizar barra libre y "todo el mundo tendrá que estar sentado en mesas de hasta diez personas como máximo", así como tendrán que terminar como muy tarde a la 1,00 hora de la madrugada.

De esta manera, la nueva modificación de la orden recoge cambios en el área de hostelería y celebración de eventos, de modo que se establece que los salones de celebraciones tendrán un máximo del 75% del aforo, con celebraciones que no superarán las 150 personas al aire libre y 100 en espacios cerrados y que deben cumplir con los horarios previstos para hostelería.

EVENTOS MASIVOS

De igual modo, podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos sin superar el 75% del aforo y manteniendo la distancia interpersonal establecida, el uso de mascarilla y la estricta higiene de manos. Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1,00 hora de la madrugada, y la ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas.

En los eventos multitudinarios que se celebren en espacios cerrados y concentren a más de 200 personas, o 300 personas si son al aire libre, se deberá realizar previamente una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria, según ha indicado Bendodo, que ha aclarado que esta medida afecta a "cines, teatros, festivales, congresos o eventos deportivos", cuya hora de finalización tampoco podrá pasar de la 1,00 hora de la madrugada.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN

Igualmente, podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil cuando éstas se lleven a cabo al aire libre con un aforo máximo del 75% o 150 participantes. De realizarse en un espacio interior, el aforo no superará el 50% de la capacidad, hasta un máximo de 100 participantes, incluyendo los monitores.

Finalmente, las actividades de animación o clases grupales en alojamientos turísticos tendrán un aforo máximo de 15 personas, respetando distancia de seguridad y uso de mascarilla, y se realizarán preferentemente al aire libre. Las actividades de turismo activo y de naturaleza se podrán realizar en grupos de hasta 30 personas, y en aquellas actividades con guía turístico no se superarán los 20 participantes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes convocar subvenciones por valor de 16,84 millones de euros, a ejecutar en 2020 y 2021, para financiar los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en colaboración con órganos y organismos de la Administración General del Estado.

Estas subvenciones, que irán con cargo a los presupuestos del SEPE, permitirá la realización de 2.700 contratos de trabajo, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social

Las Escuelas Taller y Casas de Oficios y los Talleres de Empleo se configuran como un programa mixto de empleo y formación, cuyo principal objetivo es la mejora de la ocupabilidad de las personas desempleadas, con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral.

El 70% de los alumnos que participaron en anteriores convocatorias se insertaron en el mercado laboral con posterioridad a su participación en el programa, según el Ministerio.

Esta partida se suma a la subvención aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 4 de agosto, por importe de 23 millones de euros, para financiar los planes de empleo de Ceuta y Melilla, y que tiene como objetivo la contratación de, al menos, 1.700 personas en el ámbito de ambas ciudades autónomas.

El Diputado General de Álava, Ramiro González, ha afirmado que son las familias de los usuarios quienes están demandando protocolos "muy estrictos" respecto a "las salidas en las residencias". "Hay que conciliar las restricciones con el derecho a una vida plena y socializada que tienen las personas", ha manifestado

Precisamente, este lunes se detectaron dos nuevos contagios de Covid-19 entre los usuarios de las residencias públicas alavesas, uno en Txagorritxu y otro en el centro Etxebidea, para alcanzar un total de nueve casos activos en estos momentos.

González ha asegurado que "existe un plan" y una "reflexión continuada" sobre la mejora de las residencias forales. El representante público ha explicado que desde la Diputación se están "esforzando en un doble sentido", para frenar la expansión del virus y garantizar los derechos de los usuarios, según ha expuesto en una rueda de prensa.

PCR QUE NO TERMINAN

"Estamos haciendo pruebas a la totalidad de trabajadores de las residencias y, cuando acabemos, volveremos a hacerlas. Son pruebas que no terminan", ha dicho, para añadir: "Estamos haciendo pruebas de control a los usuarios y usuarias, se están aplicando los protocolos de las residencias para evitar la propagación del virus y, por otra parte, nos preocupa muchísimo la calidad de vida de las personas mayores".

En esta línea, el Diputado General ha afirmado que, para garantizar los derechos de los usuarios, están pidiendo ayuda a la Comisión de Ética Sociosanitaria. Sin embargo, ha subrayado que "gran parte de los contagios" se están detectando "en reuniones familiares, por lo que el comportamiento de las familias no afecta solo a su familiar, si no al resto de residentes".

González también ha indicado que el "fortalecimiento de todo el sistema sociosanitario" es el "primer reto" para el nuevo curso político y ha valorado el sistema alavés como "pionero y modelo" para otros territorios."Mejorar el sistema era ya un reto importante antes de esta pandemia y ahora lo es más si cabe. Ha sido modelo para otras comunidades, pero también creo que tiene margen de mejora", ha aseverado.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado de Asturias ha notificado hoy al Ministerio de Sanidad 29 positivos por coronavirus diagnosticados en el día de ayer; de ellos, cinco están relacionados con el área de Oriente. Todos los afectados presentan síntomas leves y están en aislamiento en sus domicilios, excepto uno que ha precisado ingreso hospitalario.

Por otra parte, la Consejería de Salud ha confirmado un brote, que declarará este miércoles al ministerio, en el Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores de Arriondas con tres residentes positivos.

Las autoridades han realizado un cribado tras diagnosticar el primer positivo, que ha permitido detectar los otros dos afectados. De ellos, uno está hospitalizado y los otros dos están en aislamiento en el Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas de Langreo (Credine). Ningún trabajador del centro está afectado por el brote.

Asimismo se han adoptado, por protocolo, medidas de prevención como la suspensión de visitas y paseos para proteger a los mayores de la residencia.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que "todos los escenarios están abiertos" ante una convocatoria electoral, aunque ha recordado que le corresponde al presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidir cuando convocar elecciones.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha recordado que Torra anunció que habría elecciones cuando se aprobaran los Presupuestos: "Cuando lo dijo no teníamos la pandemia. La pandemia lo ha cambiado todo. En estos momentos estamos centrados en la gestión de la crisis sanitaria, que no ha acabado".

Budó ha defendido que el Govern está centrado en gestionar la crisis del coronavirus, y que será Torra el que decida el mejor momento para convocar elecciones: "No se trata de una decisión colegiada del Govern, corresponde al presidente decidir cuándo se convocan, cómo explicarlo y con quién quiere compartirlo".

Asimismo, ha subrayado que la pandemia ha provocado que todos los gobiernos cambien sus planes: "La gente en la calle no nos pide elecciones, nos pide soluciones", y ha añadido que este otoño deberán trabajar en aprobar un anteproyecto de Presupuestos que pueda hacer frente a los escenarios de 2021.

En relación a la posibilidad de que Cataluña pida decretar el estado de alarma para hacer frente al aumento de casos de covid-19, no lo ha descartado: "Si es necesario que se declare el estado de alarma, lo solicitaremos. Ahora no estamos en este escenario, pero no nos cerramos a ello", ha afirmado.

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Budó también ha explicado que el Govern ha pedido posponer el debate de política general, previsto inicialmente para el día 9 de septiembre, para los días 16 y 18 de este mismo mes, en previsión de que el 17 de septiembre se celebre la vista en el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Torra.

En lugar del debate de política general, se espera que el 9 de septiembre se celebre un pleno ordinario.

El conseller de Movilidad e Infraestructuras de Mallorca, Iván Sevillano, se ha desplazado este martes a Banyalbufar para evaluar los daños de la tormenta del pasado sábado, y ha manifestado que confía en que el Estado conceda la declaración de zona gravemente afectada por fenómenos meteorológicos adversos.

"Aunque todavía no han llegado las ayudas por el temporal Gloria, confío que el Gobierno conceda pronto la declaración de zona catastrófica, porque motivos hay", ha declarado Sevillano, según recoge el Consell en una nota de prensa.

Este martes los servicios de emergencia en carreteras y Bomberos de Mallorca continúan trabajando para restablecer la normalidad en las vías afectadas y para retirar árboles y vegetación.

El temporal obligó a cerrar durante más de 24 horas el tramo de la Ma-10 que atraviesa el municipio. Quedó cortada al tráfico desde el sábado hasta el lunes a mediodía, entre los kilómetros 75 y 80. También quedó interrumpida la circulación de la Ma-1100, entre el kilómetro 0,16 y el 1,4, al altura del cruce de la granja de Esporles, que conecta el tramo afectado con la Ma-10.

Las fuertes rachas de viento y la lluvia intensa afectaron también a la carretera que une Palma con Valldemossa (Ma-1110), que quedó cerrada al tráfico durante una hora y media por la caída de un pino. Carreteras actuó también en la zona de sa Pedrissa por el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones que dificultaba la circulación.

Igualmente, los equipos intervinieron en algunos tramos inundados por el desbordamiento de torrentes o la formación de grandes charcos. En concreto, en la carretera entre Muro e Inca (Ma-3500), a la altura del enlace con Consell (Ma-13); en la carretera Ma-1022, que une la autopista de Ponent (Ma-1) con el Puerto de Andratx, o al ramal de salida de Cala Figuera (Ma-1).

En cuanto a los Bomberos de Mallorca, hoy continúa movilizado personal del parque de Sóller, con dos efectivos (sargento y suboficial) que trabajan en el Port des Canonge para reabrir, junto con el Ibanat, un camino de acceso a una vivienda. Si no surgen nuevas necesidades, será el último día de intervenciones.

El Consell ha querido dar las gracias "a las brigadas de emergencias de carreteras, así como a las empresas de mantenimiento, por la agilidad en el trabajo y la implicación enorme para restituir la normalidad en las vías lo antes posible".

El alcalde de Banyalbufar, Mateu Ferrà, ha acompañado al conseller insular durante el recorrido.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que la Generalitat garantizará el derecho a manifestación en la Diada de este año, pero ha pedido "evitar aglomeraciones" para no propagar el coronavirus.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha sostenido que los datos epidemiológicos indican que hay que rebajar la actividad social y las concentraciones de personas, por lo que "hace recomendable que este año la Diada se tenga que abordar de una manera diferente".

Ha afirmado que la Conselleria de Salud está en contacto con la ANC para ver de qué manera se podrá desarrollar la Diada garantizando las medidas sanitarias necesarias y a la vez garantizar el derecho a manifestarse, y ha añadido que en función de cómo evolucione la pandemia se irán "ajustando" estas medidas.

Tres usuarios de la red de residencias de personas mayores de Bizkaia han fallecido durante las últimas horas afectadas por la Covid-19. La cifra de residentes con positivos confirmados se eleva actualmente a 194, de los que 17 permanecen hospitalizados, mientras que los casos confirmados entre trabajadores de estos centros se sitúa en 95, según los datos aportados por la Diputación vizcaína este martes.

En función de los datos recopilados por Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social, al cierre de la jornada de este pasado lunes, 31 de agosto, nueve de las 155 residencias autorizadas en Bizkaia tienen residentes afectados, las de Truiuondo-Zamudio (11), IMQ Igurco Zorrozgoiti-Bilbao (27), Elorduy-Barrika (30), Ballesol-Bilbao (7), IFAS Elorrio (21), Albiz Santiago Llanos-Sestao (11), DomusVI Miraflores-Bilbao (5), Fundación Miranda (1) y Avellaneda-Sopuerta (1).

En conjunto, hay actualmente 114 personas usuarias en residencia con positivo confirmado, seis más que en el último recuento hecho público al cierre del día 29 de agosto. Además, 17 usuarios están hospitalizados, uno más que en esa fecha.

Por su parte, la cifra de personas usuarias en residencia curadas, y que han dado negativo en los test covid-19, se elevan a 1.646 residentes, con lo que se suman 15 personas más.

Entre los trabajadores de los centros residenciales, 95 empleados se encuentran afectados por covid-19 (nueve más) y otros 88 permanecen en aislamiento, aunque sin confirmación de padecer esta enfermedad (diez más).

Adicionalmente, la unidad especializada de carácter sociosanitario de Birjinetxe, para atender casos de infección por coronavirus, acoge a 88 personas. De ellas, 63 son personas usuarias de la red de centros residenciales y las 25 restantes, que se encuentran en situación de fragilidad, están realizando la cuarentena tras su ingreso hospitalario.

Finalmente, la Diputación de Bizkaia ha informado de que, en las últimas horas, han fallecido tres personas usuarias de residencias con Covid-19, lo que eleva a 17 el número de residente que ha perdido la vida desde que se iniciara la segunda ola de la pandemia.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado de que se está produciendo una "aceleración" de los contagios de coronavirus en España, si bien ha asegurado que la pandemia actual "no tiene nada que ver" con la que había en marzo, mayo o junio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y al igual que lo han señalado tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la evolución de los casos "no es homogénea" en toda España, si bien no ha nombrado a ninguna comunidad autónoma en concreto.

"Los datos que suministran diariamente las comunidades autónomas nos siguen preocupando. Se está acelerando la evolución de los contagios, pero esta situación no es homogénea en el conjunto de España", ha recalcado la también ministra de Hacienda.

Dicho esto, Montero ha insistido en que las características actuales de la pandemia son "distintas" a las que había hace unos meses dado que, en la actualidad, la mitad de los casos son asintomáticos, por lo que no suponen una presión a los sistemas sanitarios.

Además, ha proseguido recordando que la edad media de las personas que se contagian del coronavirus es "mucho más baja" que la que había en los primeros momentos de la pandemia, lo que está también repercutiendo en una baja mortalidad por Covid-19.

Al mismo tiempo, Montero ha recordado que el porcentaje de camas Covid-19 ocupadas se sitúa en el seis por ciento, lo que evidencia que la reserva estratégicas de camas está siendo "suficiente". Todos estos datos la ministra ha esperado que se puedan mantener hasta tener una vacuna que permita "acabar con el virus".

No obstante, la portavoz del Gobierno ha destacado la necesidad de "extremar" las precauciones con los jóvenes y adolescentes, ya que son el grupo poblacional que tiene una mayor frecuencia de salidas, de ocio nocturno y de sensación de "no vulnerabilidad".

"Queremos mandar un mensaje de alerta todos los ciudadanos, pero también un mensaje de que esta pandemia que ahora vivimos no tiene nada que ver con la de marzo, mayo y junio, especialmente en lo referido a la gravedad de las personas que tienen una PCR positiva. Sin embargo, es necesario seguir estando vigilantes porque las medidas preventivas son las que permiten salvar vidas, reducir el número de contagios y mantener a raya al virus", ha zanjado.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, abrirá este miércoles con el líder del PP, Pablo Casado, y con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, su ronda de reuniones con las fuerzas de oposición de para sondear posibles apoyos para la negociación de los Presupuestos Generales y la renovación pendiente de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta ronda de reuniones fue anunciada por Sánchez la pasada semana, en su primera rueda de prensa tras el paréntesis estival, con el propósito de "desterrar la lucha partidista" de la lucha contra el coronavirus.

Según alegó, la estabilidad que se necesita para la recuperación del país tras la pandemia exige empezar a hablar de los Presupuestos Generales y fortalecer instituciones que siguen pendientes de renovar como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Corporación de RTVE.

EL PP NO CONTEMPLA PACTOS, PERO CS QUIERE NEGOCIAR

El líder del PP, Pablo Casado, fue el primero en ser citado en la Moncloa, a las diez de la mañana de este miércoles. Ambos no se reunían presencialmente desde el pasado 18 de febrero y no tienen comunicación desde el pasado 4 de mayo, hace ya más de tres meses, según recalcan en Génova.

En todo caso, el líder del PP ya dejó claro desde el primer momento que el hecho de que Unidas Podemos sea "socio preferente" y que vaya a continuar en el Gobierno "hace incompatible cualquier acuerdo" con Pedro Sánchez, habida cuenta de que la formación 'morada' "pide la abdicación del Rey", busca "blanquear la historia criminal de ETA" y reconoce "un derecho supuesto de autodeterminación en Cataluña".

Desde Génova ya avisan que Casado se centrará en ofrecer acuerdos puntuales y concretos para sacar adelante medidas relacionadas con la lucha contra el coronavirus, como lo que definen como su 'plan b' al estado de alarma y el llamado 'pacto cajal' en materia sanitaria.

Y la segunda fuerza en ser citada a la Moncloa ha sido Ciudadanos, pese a que sólo tiene diez escaños. Y es que este partido sí ha anunciado su disposición a empezar a hablar de los Presupuestos, que considera urgentes, para tratar de acordar un proyecto 'centrado' que deja de lado medidas 'populistas'. Su presidenta, Inés Arrimadas, ha sido citada este miércoles por la tarde.

RECELOS DE PODEMOS, ERC Y BILDU POR EL 'SOCIO NARANJA'

Ese gesto de primar al partido naranja fue cuestionado por ERC y por Bildu, que instan a Sánchez a elegir entre Ciudadanos o las fuerzas que permitieron su investidura, e incluso levantó los recelos de Unidas Podemos, el socio de Gobierno del PSOE, que amagó con no apoyar unas cuentas pactadas con Ciudadano.

Al final, el presidente Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron este lunes para encauzar las diferencias y acordaron que los dos partidos del Gobierno pactaron los ejes de los Presupuestos antes de empezar a negociar con las demás formaciones.

Las reuniones de Sánchez continuarán el jueves, día 3, con sendas reuniones presenciales con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y con el del PNV, Aitor Esteban, así como con encuentros telemáticos con el Grupo Plural que comparten Junts, Más País-Equo, Compromís y el BNG.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha condicionado este martes la reanudación de la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno a que se pueda hablar del derecho a la autodeterminación y la amnistía de los presos del 1-O.

Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que está dispuesto a reunir este mes de septiembre la mesa de diálogo con la Generalitat.

Budó ha defendido que, si no es para hablar de autodeterminación y amnistía, la mesa de diálogo "no tiene sentido", y ha emplazado al Gobierno central a decir si está dispuesto a incluir estas cuestiones en el orden del día.

La diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha anunciado este martes que la formación se retira como acusación popular del caso de presunta financiación irregular de CDC, el caso del 3%, después de tres años de instrucción, porque ya han cumplido "con todos los objetivos".

En rueda de prensa en el Parlament, Sirvent ha señalado que la CUP pasa el relevo al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para que se presente como acusación popular y "como administración perjudicada" por los posibles delitos cometidos.

Ha destacado que desde la CUP su "lucha contra la corrupción es incuestionable" y que tras tres años como acusación popular han conseguido dar voz a las administraciones perjudicadas y estar presentes en la fase judicial para el esclarecimiento de los hechos.

En nombre del equipo municipal de la CUP de Sant Cugat, la teniente de alcalde Lourdes Llorente ha sostenido que como administración pública tienen "la obligación de presentar no solo lemas en campañas, sino de participar activamente en estos procedimientos" contra la corrupción.

"Para ayudar a la investigación de estos delitos, tenemos que tener actitud activa en el ejercicio de los derechos penales y civiles, y no dejar solo en manos de terceros el resto del procedimiento", ha añadido.

INHABILITACIÓN DE TORRA

Preguntada por el escenario de las elecciones catalanas ante una posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Sirvent ha emplazado al máximo número de actores políticos y sociales para llegar a un consenso sobre "cómo culminar esta legislatura".

Para ella, una nueva investidura implicaría acatar esta inhabilitación: "Tenemos que hacer que este hecho represivo concreto no vuelva a ser otro vodevil como lo que nos hemos encontrado en otras ocasiones, cuando ha habido la suspensión de determinados representantes represaliados".

BAJAS EN EL PDECAT

Sobre las bajas que se están produciendo en los últimos días en el PDeCAT a favor del JxCat liderado por Puigdemont, Sirvent ha apelado a que no se produzca una situación similar a la que señala el juez de instrucción en un auto del caso del 3%, sobre "un mero cambio de apariencia pero no un cambio real entre CiU y el PDeCAT".

"Ya veremos cómo acaba este cambio de siglas pero si realmente es un viraje ideológico, se tendrá que demostrar con acciones políticas concretas", ha zanjado.

La asociación Circos Reunidos ha alertado de que un total de 10.000 artistas del sector están sin trabajo y por ello ha pedido ayudas "inmediatas" al Gobierno, al que pide que "deje la pantomima y de engañar a la gente".

"Pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que deje la pantomima, que para clowns ya estamos nosotros. Que dejen de engañar a la gente y que de verdad se pongan a ayudar a los que lo necesitan, que cumplan y den todas las ayudas que prometieron en abril y que a día de hoy no han llegado", ha criticado en un comunicado.

Según sus estimaciones, un total de 2.500 familias viven del circo en España y la mayoría "lleva desde marzo sin recibir un solo ingreso, pero los gastos se mantienen". Así, de los 40 circos que hay en España, sólo tres han mantenido su actividad de manera intermitente en algunos pueblos españoles.

"El circo se ha adaptado a las circunstancias actuales, se han adoptado todas las medidas de seguridad requeridas por sanidad. Pero no es suficiente, ningún ayuntamiento quiere dar autorización a un espectáculo de este tipo y eso que incluso se han adaptado de tal manera que lo hacen al aire libre sin carpa", ha lamentado la asociación.

Estas medidas incluyen reducción de aforo al 50%, separación de asientos, puntos de desinfección, toma de temperatura al entrar al espectáculo, uso de mascarilla obligatorio, distancia de seguridad y la contratación de vigilantes de seguridad para garantizar que se cumplen estas normas.

No entendemos como están los centros comerciales, cines, teatros, bares, parques de ocio y un largo etcétera abiertos y con mucha afluencia de gente, y a nosotros que cumplimos con todos los requisitos no se nos da autorización", han criticado, para luego avisar de que muchos artistas y empresas "están comiendo gracias a Caritas, Cruz Roja o Protección Civil.

"Exigimos respeto para un sector que fue de los primeros en cerrar, de los últimos en abrir, que se ha adaptado escrupulosamente a la nueva normalidad y del que no se ha podido ver ninguna noticia ni video donde se salten las medidas de seguridad", ha concluido.