La Plataforma 'Cega, el río que nos une' ha denunciado que el pasado viernes, 18 de septiembre, se detectó un episodio de contaminación de las aguas, que procedía del río Pirón, uno de sus afluentes por vertidos de aguas residuales desde el colector de la EDAR de Íscar (Valladolid) y desde un segundo colector, ubicado a 100 metros de la depuradora.

Según un comunicado de la plataforma, recogido por Europa Press, el pasado viernes se comprobó que las aguas del Cega bajaban "turbias, con un fuente hedor y con presencia de sólidos en suspensión similares a los presentes en aguas fecales".

Por ello, se dio aviso a la CHD y al Seprona de la Guardia Civil mientras que miembros de la Plataforma examinaron el río Cega y comprobaron que la contaminación procedía del río Pirón, afluente del Cega, al que se une unos pocos kilómetros aguas arriba de Cogeces de Íscar.

Remontando el curso del Pirón, los miembros de la plantaforma alcanzaron la EDAR de Íscar, donde constataron como el colectorvierte al río pero también advirtieron que la carga contaminante continuaba aguas arriba y descubrieron la existencia de un segundo colector de aguas residuales, situado a escasos cien metros de la depuradora, que también había vertido directamente al río.

Según la plataforma, esto ha provocado que parte de las aguas residuales de Íscar hayan llegado "sin depurar" al río Pirón y consecuentemente al Cega, "generando una elevada turbidez, acompañada de un fuerte olor a lodos, con presencia de sólidos y materia orgánica en suspensión", lo que afecta "negativamente" a la vida acuática y ribereña de este ecosistema fluvial perteneciente a la Red Natura 2000.

Por ello, desde la Plataforma se pide a la CHD, Junta y Ayuntamiento de Íscar que las aguas residuales pasen por su correspondiente tratamiento antes de verter al río.

La Plataforma de Organizaciones por la Abolición de la Prostitución de Burgos ha exigido este lunes al Gobierno central la penalización de toda forma de proxenetismo, a través de un comunicado.

El planteamiento legislativo pasa por garantizar a las mujeres en situación de prostitución que se las reconozca como víctimas de la violencia de género, el desmantelamiento de la industria de explotación sexual y la penalización de la demanda de prostitución.

El colectivo, que ha aprovechado la próxima celebración del Día internacional contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niños este miércoles, 23 de septiembre, ha destacado la necesidad de recuperar tipos penales que penalicen toda forma de proxenetismo, que permitan y favorezcan el desmantelamiento de la industria de explotación sexual.

También ha abogado por otro tipo de medidas que modulen la legislación, como la modificación de aquellas normas permisivas con la explotación sexual, como puede ser la Ley General de Publicidad, la incorporación de la pornografía como una forma de violencia machista o las diversas formas de acreditación de las situaciones prostitución.

La plataforma ha aprovechado la ocasión para defender, asimismo, su "firme convicción" de que el Ejecutivo central "no mire para otro lado, se lave las manos, ni sea tibio con la prostitución, pues hacerlo le convierte en cómplice de la explotación sexual de miles de mujeres y menores en España".

El colectivo burgalés ha señalado que esta reclamación se produce en un momento en el que en las calles, burdeles, pubs, clubes, hoteles, carreteras, casas, pisos y polígonos son forzadas a la prostitución "cientos de miles" de mujeres y menores.

Por todo ello, insiste en que la propuesta legislativa no debe ser solo un planteamiento, sino "una necesidad urgente para poder poner punto final a esta forma de violencia extrema contra las mujeres que sucede cada día".

Un negocio, añaden desde la plataforma, muy lucrativo para mafias y proxeneta pero que destruye la dignidad, la salud física y mental de las víctimas.

Los centros educativos valencianos no tienen suficientes espacios para afrontar la enseñanza en tiempo de pandemia, según las conclusiones obtenidas por CCOO PV a raíz de un cuestionario enviado a los colegios desde la óptica del profesorado, del personal de limpieza y del personal de comedor. En total, tres de cada cuatro centros han tenido que habilitar espacios para adaptar las ratios.

El sindicato ha enviado un cuestionario a los centros educativos con preguntas relacionadas con el inicio del curso, para abordar las dificultades y necesidades detectadas por los propios centros en cuanto a la tarea educativa, su organización y servicios de comedor y limpieza.

Para la habilitación de espacios, los centros han utilizado gimnasios, bibliotecas, aulas de música, de inglés y multiusos, pero también patios, laboratorios y, en algún caso, pasillos. Asimismo, el estudio de CCOO PV refleja que el 94,2% de los centros han visto aumentadas las acciones de limpieza y el 88% comunican que se ajustan a lo marcado a los planes de contingencia; el 55% consideran que la dotación de EPI para el personal del centro ha sido suficiente frente al 45% que cree que no y echa en falta mascarillas y, en menor medida, batas, geles hidroalcohólicos y equipos de protección. Finalmente, el 65% ven insuficiente la información sobre la Covid-19.

Desde la óptica docente, los centros han manifestado que la presencialidad ha sido garantizada en todos los niveles de educación primaria, segundo ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de ESO, con "algunas dificultades" especialmente relacionadas con la falta de espacios.

En niveles superiores, esta carencia de espacios y, en ocasiones, de personal, también han supuesto casos de excesivas ratios, especialmente en grupos de Bachillerato.

De acuerdo con estos datos, en el 65% de los centros faltaba dos o más personas en el centro al iniciar el curso ya que, a pesar de la "importante" contratación hecha en las adjudicaciones del verano, "las adjudicaciones de inicio de curso no han sido eficientes". En especial, no se han cubierto las incapacidades temporales y las jornadas parciales.

CCOO PV ha recordado en un comunicado que en junio y julio pidieron un refuerzo para estas adjudicaciones y también atrasar el inicio del curso, para dar tiempo a hacer todas las contrataciones necesarias antes del comienzo de las clases. Ahora, con el cuestionario, lamenta que se ha comprobado que su petición era "necesaria y tendría que haber sido atendida".

Asimismo, según CCOO PV, muchos tutores y tutoras que cuentan con la habilitación correspondiente han optado para impartir ellas mismas especialidades y muchos especialistas han tenido que asumir tutorías.

El trabajo realizado por el sindicato señala que el esfuerzo que está haciendo el profesorado es "muy importante" y que los centros echan de menos protocolos específicos para el área de Educación Física, así como para las Enseñanzas Artísticas y Plásticas.

Desde la óptica del servicio de comedor, las contrataciones de monitores para el servicio de comedor se ha producido en la enseñanza pública pero no en los centros privados, mientras que en cuanto al personal de cocina, no ha habido contratación de más trabajadores a pesar de que el servicio sí ha sido ampliado por el desdoblamiento de los turnos y el aumento de carga de limpieza y desinfección.

MÁS JORNADA LABORAL

Por otro lado, el sindicato se ha mostrado preocupado porque no se estén aplicando los registros de jornada en este colectivo, de forma que están haciéndose jornadas superiores a las del convenio. Asimismo, el cuestionario refleja que las empresas de restauración colectiva no han suministrado suficiente material para el servicio de comedor como, por ejemplo, carros térmicos o carretas de transporte. El sindicato espera que en octubre, con la incorporación de más comensales, se refuerzan las plantillas.

Respecto a la limpieza, los datos confirman un aumento generalizado de las acciones de limpieza en todos los centros educativos, con un importante aumento de contrataciones, pero reclama que las trabajadoras de limpieza necesitan protocolos para saber como desarrollar su tarea. La carencia de estos protocolos hace que el personal tenga que dirigirse a las direcciones de los centros.

Los usuarios de residencias de mayores gallegas contagiados por COVID-19 han disminuido este lunes hasta los 225, tras la curación de 22 internos de la Orpea Coruña, de Culleredo.

Con ello, según los datos proporcionados por las consellerías de Sanidade y de Política Social, la cifra de usuarios afectados pasa de los 249 del parte del domingo a 225. Además de retirar del cómputo 22 mayores que ya han dado negativo en las pruebas PCR, en la última jornada se registraron dos fallecimientos vinculados a residencias, un usuario de la DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei y otra de la Orpea Coruña.

Por su parte, la última actualización de afectados también resta un positivo entre los trabajadores de residencias de ancianos, el de un empleado de la Orpea Coruña, que pasa a no tener ningún trabajador afectado.

En conjunto, los centros residenciales con más mayores contagiados continúan siendo la DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei, con 133, la residencia de O Incio, con 58, y el hogar residencial El Pinar, de Culleredo, con 21, las tres intervenidas por la Xunta de Galicia.

También tienen usuarios contagiados la residencia Ballesol de Oleiros (6), la DomusVi Lalín (2) y las de Las Salinas de Ourense, Castro Ribeiras de Lea y Arteixo, con un usuario afectado cada una. La residencia Orpea A Coruña, que hasta este domingo era la tercera en número de casos en Galicia, mantiene solo dos casos activos entre sus mayores.

TRABAJADORES DE RESIDENCIAS

Con respecto a los trabajadores de los centros geriátricos, bajan hasta los 97 --uno menos-- los casos de coronavirus activos, tras la negativización del único empleado afectado en la residencia Orpea Coruña.

Así, la plantilla con más casos sigue siendo la de O Incio, con 35 trabajadores contagiados; seguida por DomusVi de Outeiro, con 24 casos; y O Pinar de Culleredo, con siete. En DomusVi Lalín hay tres casos; y en Ballesol Oleiros, Volta do Castro, San Simón, Victoria de Teo, Nosa Señora do Socorro de Arnoia, Doral Residencias de Mos, y CRAPD I de Vigo, hay dos casos en cada una.

A ellos se suma un caso en las plantillas de cada uno de estos centros: Residencia de Oleiros, DomusVi Noia, Porta do Camiño, A Milagrosa (Lugo), San Bartolomeu de Xove, La Saleta de Cea, DomusVi Barra de Miño, Residencia Santiago Apóstol de Vilamarín, Fogar Residencial Vilar de Barrio, residencia de Campolongo, CRAPD II de Vigo, Alvi-Beade de Vigo, Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa y la residencia Santa Marta de Vigo.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de discapacidad, se mantienen en 37 los contagios entre sus usuarios: uno en la Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos (A Coruña) y 37 en la residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros (A Coruña).

También hay 15 trabajadores con COVID en diferentes centros, después de sumar el caso del centro de Aspronaga en Oleiros, que ahora contabiliza 11 positivos. A mayores, hay un empleado con coronavirus en el centro Juan Vidán Torres de Santiago, otro en la residencia para personas con daño cerebral de Castro de Rei y otro en el CAPD de Chapela-Redondela.

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella que interpuso el PSOE contra la diputada de Vox Macarena Olona por acusar al Gobierno de haber practicado la eutanasia a los mayores que han muerto en las residencias durante la epidemia de covid-19.

La Sala de lo Penal no aprecia indicios de delito de injurias, calumnias y coacciones graves contra el Gobierno y las Instituciones del Estado, tal y como expone el PSOE en su querella presentada a finales del pasado mes de abril, por relacionar en un programa de televisión el fallecimiento de ancianos durante la pandemia con los proyectos del Ejecutivo sobre la eutanasia.

EN SINTONÍA CON LA FISCALÍA

En un auto, del que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, explica que, al igual que pone de manifiesto el fiscal en su informe --que coincide con el criterio de la Fiscalía en relación a las denuncias y querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus--, es "comprensible la queja de la parte querellante, pero no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de una entrevista en relación con la gestión de la pandemia".

La Sala añade que "sería deseable que las expresiones y los tonos en el debate público fueran más correctos, pero el exceso (en estos contextos de análisis de un debate relevante de interés general) no es suficiente para cubrir las exigencias del Derecho penal".

El Supremo explica que las declaraciones de la diputada de Vox deben valorarse como una crítica política a una concreta gestión, más que el "dolo de calumniar" que puede suponer el literal de las palabras.

Aún así, la Sala advierte de que "que ello no quiere decir que todo valga en este marco de situaciones por activa y pasiva", pues la condición pública de una persona no supone un "cheque en blanco o una tarjeta abierta para que se puede decir lo que se quiera de los demás, o se esté obligado a recibir todo tipo de manifestaciones o expresiones de terceros" por el hecho de ostentar un cargo público

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad educativa, ha decidido abrir a la totalidad del cuerpo docente la oferta de formación sobre medidas preventivas a seguir en el entorno escolar frente a la COVID, prevista inicialmente en exclusiva para el personal de referencia y coordinación de los centros educativos.

Las enseñanzas destinadas al profesorado responsable COVID se ofrecen desde el pasado 8 de septiembre. Se han matriculado 1.323 docentes de centros educativos comprometidos con esta actividad extraordinaria en los turnos de mañana, tarde y noche. Además, está previsto que se abra una segunda edición para los 1.323 suplentes de cada uno de los turnos.

A continuación y desde el pasado 16 de septiembre, la formación se extendió a la Inspección educativa; y, a día de hoy, están matriculados los 73 inspectores e inspectoras de todas las zonas de Canarias.

A partir de esta semana, la formación se difundirá en abierto, para el acceso de todo el profesorado que lo requiera. La actividad permanecerá a disposición del cuerpo docente para atender la demanda de los profesionales que se incorporen a las aulas en cualquier momento del curso escolar.

La formación COVID se realiza on-line y en el marco de la misma se ofrecen contenidos, recursos y materiales sobre las medidas preventivas y las pautas de gestión de los distintos espacios para reducir el riesgo y reaccionar ante síntomas compatibles con el virus. Además, las personas participantes en esta actividad cuentan con un foro de resolución de dudas atendido por un equipo de Promoción de la Salud, del Servicio Canario de Salud.

El senador del PP David Erguido ha renunciado a su escaño en el Senado tras conocerse que ha sido citado el día 23 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Púnica', según han informado a Europa Press fuentes del partido, que han subrayado que él mismo ha dado el paso de dejar su acta de forma voluntaria.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso le ha citado en calidad de investigado en el marco de la pieza separada número 7 relativa a contratos de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa 'Waiter Music'.

La citación se produce después de que desde el Partido Popular ya se confirmara la pasada semana que David Erguido acudiría voluntariamente a declarar "a pesar de que no estar obligado a hacerlo" por ser aforado ante el Supremo.

"DESEA ACLARARLO TODO" PORQUE NO TIENE "NADA QUE OCULTAR"

Al conocerse esa citación del día 23, fuentes 'populares' ya habían hecho hincapié en que Erguido quería declarar voluntariamente, pese a que estando aforado le asistía la posibilidad de iniciar un procedimiento de suplicatorio ante las Cortes Generales.

"El senador no va a ponerse el escudo del aforamiento. No quiere un escarnio para el partido", habían asegurado este mismo lunes a Europa Press fuentes del partido, que habían añadido que Erguido está "deseando aclararlo todo" ante la Audiencia Nacional cuanto antes porque "no tiene nada que ocultar.

Sin embargo, poco después el PP ha confirmado la renuncia a su escaño en la Cámara Alta. David Erguido Cano, senador por la Comunidad Autónoma de Madrid, por el presente escrito renuncia a su condición de senador con efectos desde el día de la fecha", reza textualmente en el escrito que se ha registrado este lunes.

CASADO Y SU PROMESA DE EJEMPLARIDAD

Aunque los Estatutos del PP no le obligan a dejar en este momento su acta de parlamentario --la regla general es cuando se abre juicio oral--, Erguido ha decidido voluntariamente dar ese paso y renunciar su escaño en el Senado, según las fuentes consultadas.

En las últimas dos semanas, a raíz de otro caso que afecta al PP, la llamada 'operación Kitchen' relativa al presunto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, Pablo Casado ha recordado sus promesas de "ejemplaridad" y "tolerancia cero" contra la corrupción con las que se presentó hace dos años al Congreso del partido.

"A mi Pedro Sánchez no me va a dar ni una lección de honorabilidad porque tiene a tres ministros de los ERE en su gobierno y yo, sin embargo, no tengo a ni un solo investigado y a ni un solo imputado, no solo en las listas electorales, sino tampoco en el equipo del PP", ha proclamado este mismo lunes en una entrevista en Telecinco.

Erguido no formó parte de las listas electorales sino que fue elegido senador por designación autonómica. Mantiene una buena relación con Pablo Casado desde hace muchos años, dado que ambos coincidieron como diputados autonómicos en Madrid cuando era presidenta regional Esperanza Aguirre.

Asimismo, Erguido ha sido concejal del ayuntamiento madrileño de Algete (2007-2011) y después concejal en el Ayuntamiento de Madrid (2011-2015). Actualmente, en el Senado era portavoz adjunto del Grupo Popular, ocupaba la Vicepresidencia Segunda de la Comisión de Asuntos Exteriores y era vocal en otras tres comisiones en la Cámara Alta.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez debe ya tomar "cartas en el asunto" ante la situación epidemiológica por la que atraviesa Madrid y no avalar las medidas de "segregación", a su juicio, "injustas, absurdas e ineficaces" promovidas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso". En su opinión, lo que hacen falta ahora son rastreadores y médicos, no fotos ni "humo".

Así lo ha puesto de manifiesto tras la reunión que los presidentes Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han mantenido este lunes ante el avance de la segunda ola del coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Un encuentro en el que ambos ejecutivos han acordado un "espacio de colaboración" que se reunirá semanalmente para "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia" con el fin de doblegar la curva.

"Tres días para una declaración vacía", ha manifestado Errejón, quien ha criticado en un videocomunicado, que esta cita, prevista desde el pasado viernes, haya servido únicamente para que ambos ejecutivos hayan acordado volver a reunirse.

LOS MADRILEÑOS YA NO TIENEN TIEMPO

Según ha defendido, los madrileños "no tienen tanto tiempo", después de meses de "dejadez", de "malas políticas" y de "inacción" por parte de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo "no necesitan fotos con banderas detrás sino más rastreadores, más médicos, más maestros y mayor frecuencia del transporte público.

Pero ha lamentado que nade de esto se haya escuchado por boca de Sánchez y Ayuso en su rueda de prensa. Y, mientras tanto, ha añadido, en Madrid los barrios y pueblos del sur están sufriendo las medidas "segregadoras" que el Gobierno del PP y Ciudadanos han impuesto a sus vecinos, "a los que no permite ir al parque pero sí a las casas de apuestas y a los que sólo deja salir de su zona para acudir a trabajar".

"La reunión de hoy es poco más que humo. Los madrileños necesitan que el Gobierno tome cartas en el asunto y no avalar las medidas injustas, ineficaces y anticientíficas adoptadas por el Gobierno del PP y Cs en Madrid", ha resumido.

En parecidos términos se ha expresado Errejón en su cuenta personal de Twitter, donde singularmente ha cargado las tintas contra la presidenta madrileña, a la que ha censurado por "perdonar impuestos a los ricos" mientras dice que "no hay dinero para rastreadores y sanitarios, pero después pide a Sánchez al Ejército "para segregar a los barrios del sur".

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, ha creado dos equipos provinciales especializados en la atención y asesoramiento al alumnado que presenta necesidades educativas especiales por Trastornos Graves de Conducta y con determinadas patologías en el ámbito de la salud mental, escolarizado en centros de titularidad pública del archipiélago.

Cada uno de ellos estará formado por dos profesionales del ámbito de la Orientación educativa y dos profesionales del ámbito de la Integración social, que ofrecerán asesoramiento a la comunidad educativa para favorecer interacciones sociales positivas y conseguir que estos alumnos y alumnas desarrollen habilidades y destrezas que les permitan participar plenamente en las actividades propias del entorno educativo.

"Estos estudiantes constituyen un colectivo especialmente vulnerable dentro del sistema educativo y es preciso ofrecerle respuestas que favorezcan su inclusión", señaló el director del área, Gregorio Cabrera.

Entre las funciones de estos nuevos equipos destaca la de asesorar en alternativas de carácter organizativo y curricular (agrupamientos, metodologías y procedimientos de evaluación), en coordinación con los equipos de orientación de zona y específicos. Además, como parte del diseño del plan de actuación, ofrecerán pautas metodológicas y emocionales que faciliten el manejo de posibles conductas desajustadas, tanto desde un punto de vista preventivo, como del de la intervención del profesorado, dentro y fuera del aula.

Asimismo, se potenciará la red de colaboración entre las distintas instituciones implicadas en la atención a este alumnado y se implementarán programas educativos individualizados, que contarán con la participación y colaboración de los profesionales del centro educativo, la familia y el alumno o la alumna, para facilitar los cambios necesarios en la dinámica relacional de la comunidad educativa.

Paralelamente, estos nuevos equipos de atención y asesoramiento al alumnado con alteraciones emocionales y de conducta recibirán formaciones específicas sobre diferentes modelos de atención y asesoramiento desde un punto de vista inclusivo. Además, la administración educativa facilitará su participación en programas de investigación e innovación.

Los pacientes con COVID-19 hospitalizados en Galicia han aumentado ligeramente hasta los 244, de ellos 32 permanecen ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone tres más que este domingo.

Según los datos actualizados este lunes por las áreas sanitarias de Galicia, en la de A Coruña y Cee hay 63 pacientes con COVID hospitalizados, de ellos 50 en planta y siete en UCI del Chuac; en el Modelo otro en UCI y uno en planta y cuatro en planta en el Hospital de Cee.

A ellos se suman otros 1.086 pacientes en seguimiento en su domicilio y hasta la fecha se han registrado 4.975 altas en esta área sanitaria, que suma otras 1.032 PCR realizadas.

En el Área Sanitaria de Vigo hay 19 pacientes con COVID hospitalizados --dos en Fátima, dos en Povisa y 15 en el Hospital Álvaro Cunqueiro--, de ellos cuatro en UCI --todos en el HAC--, mientras 438 se encuentran en seguimiento domiciliario. Hasta la fecha se han curado 2.678 personas.

Mientras, en el área de Santiago y Barbanza las personas con coronavirus hospitalizadas se sitúan en 30, todos ellos en el Hospital Clínico, de los cuales cuatro se encuentran en Unidad de Críticos. Hasta la fecha se han curado 2.765 personas y se han realizado 66.376 PCR.

En el área de Ourense hay 47 pacientes ingresados --35 en el HUO, 11 en Verín y uno en Valdeorras--, cinco de ellos en UCI --todos en el HUO--, mientras que 495 permanecen en seguimiento en domicilio. Hasta la fecha se han curado 2.395 personas y se han realizado 53.777 PCR.

Por su parte, en el área de Lugo, A Mariña y Monforte cuatro pacientes con COVID permanecen en UCI --todos en el HULA-- y 53 en otras unidades de hospitalización --dos en el Hospital Público da Mariña, dos en el de Monforte, 12 en Polusa y el resto en el HULA--. Otros 632 se encuentran en seguimiento en su domicilio y 2.178 se han curado hasta el momento.

En el área de Pontevedra y O Salnés los pacientes ingresados con COVID en planta ascienden a 16 --de ellos 14 en el CHUP y dos en el Domínguez--, mientras que cinco se encuentran en Unidad de Críticos del Hospital Montecelo. Otros 646 evolucionan en seguimiento en domicilio y se registran 1.179 curados desde el inicio del plan de contingencia de la COVID-19 --19 más que este domingo--.

En las últimas 24 horas se han realizado otras 413 PCR, que se añaden a las 36.178 ya efectuadas desde el inicio de la pandemia en esta área sanitaria pontevedresa.

Y en el área de Ferrol siete pacientes con COVID-19 permanecen hospitalizados --dos de ellos en UCI-- y 170 están en seguimiento en su domicilio. Los casos no activos o curados ascienden a 825.

Artadi rechaza que Torra convoque elecciones antes de su posible inhabilitación aunque ERC insista

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha manifestado este lunes que se abren a pactar un calendario electoral y la estrategia a seguir con el independentismo si el Tribunal Supremo (TS) inhabilita al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En rueda de prensa telemática, ha precisado que partidos y entidades independentistas han mantenido diversos contactos, y que esta semana se celebrará una reunión con todos los actores, y que la voluntad de JxCat es pactar el recorrido a seguir porque Torra "no se autoinhabilitará".

Con todo, JxCat sigue rechazando que Torra convoque elecciones antes de su eventual inhabilitación porque consideran que, en plena pandemia de coronavirus, no es momento "de estar en campaña" electoral.

Aunque ERC ha insistido este mismo lunes en que Torra debe convocar elecciones antes de su posible inhabilitación, Artadi ha insistido en que sería "irresponsable" celebrar ahora unos comicios.

Por ello, ha explicado que, en las reuniones con ERC y el resto de actores independentistas, están explorando todas las vías y posibilidades que hay ante una eventual inhabilitación de Torra, dejando claro que el Parlament debe situarse en el "centro" de la respuesta.

Sobre si se plantean investir a un candidato alternativo si Torra es inhabilitado, ha admitido que no es la voluntad de JxCat, aunque ha asegurado que están dispuestos a "hablar de todo" con los partidos y las entidades independentistas.

Así, ha insistido en la importancia de pactar un calendario y los mecanismos que debe impulsar el Parlament, presidido por el republicano Roger Torrent, entre otras cuestiones.

Sobre el papel que jugaría el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (ERC), si inhabilitan a Torra, Artadi ha concretado que están debatiendo cómo se coordinaria el Ejecutivo catalán en este escenario, dado que el dirigente republicano se convertiría en presidente en funciones.

MARCA JXCAT

A la espera de que este viernes se celebre la vista por la decisión del PDeCAT de denunciar el registro de la marca, Artadi ha negado que haya "ningún pacto por escrito" sobre el uso del nombre de JxCat.

Aunque no ha querido explicar la argumentación jurídica que expondrán, ha asegurado que tienen la confianza de que "todo se ha hecho bien", por lo que no cree que la denuncia tenga recorrido.

"Es verdad que, una vez llevas una causa a la justicia, con todo lo que tiene que ver con el presidente Carles Puigdemont, puede pasar cualquier cosa", ha advertido Artadi, pese a añadir que no les preocupa lo que pueda pasar.

La dirección del centro de personas mayores con el que cuenta la empresa Vitalia en Mairena del Aljarafe (Sevilla), que afronta un brote de coronavirus Covid-19 que contabiliza 79 casos de contagio divididos entre 13 trabajadores y 66 residentes, seis de estos últimos fallecidos, ha comunicado a las familias de sus residentes que el traslado a estas instalaciones de ancianos infectados de la residencia Vitalia Home de La Rinconada constituye una orden "unilateral" de las autoridades sanitarias.

En un mensaje remitido a las familias de los residentes de este centro que cuenta con 234 plazas, 180 de ellas concertadas con la Administración andaluza para personas en situación de dependencia, la dirección de Vitalia Mairena del Aljarafe da cuenta de que tras ser medicalizado este geriátrico por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), "todos los aspectos de índole sanitaria de los residentes los gestiona el personal sanitario destinado por la Administración", que "asume la comunicación con las familias en lo relacionado a la situación clínica y evolución, caídas, traslados hospitalarios, atención sanitaria o resultados de pruebas diagnósticas".

En paralelo, y en este mensaje recogido por Europa Press, la dirección del centro Vitalia de Mairena del Aljarafe aclara que "la autoridad sanitaria ha ordenado de forma unilateral el traslado de residentes" infectados del geriátrico de la misma empresa ubicado en La Rinconada hasta las instalaciones del primero de los municipios, donde las dos primeras plantas del recinto estarían específicamente habilitadas para los ancianos contagiados.

QUEJAS DE FAMILIARES

Además, la dirección del centro de Vitalia ubicado en Mairena del Aljarafe, que afronta quejas por parte de un grupo de familiares a cuenta de supuestas incidencias en la administración de los medicamentos, las comunicaciones telefónicas o la asistencia directa a los ancianos, esgrime que a lo largo de los últimos días, "se han producido 17 altas hospitalarias y la mayoría de los residentes ingresados por Covid-19 evolucionan favorablemente", con lo que "se esperan nuevas altas en los próximos días". Ello, eso sí, después de contabilizar seis muertes entre los ancianos contagiados.

"El personal de centro se esfuerza a diario para apoyar al personal sanitario designado por la Administración en la consecución del objetivo común, para que los residentes puedan retomar la normalidad en sus unidades de convivencia y con sus planes terapéuticos lo antes posible", sostiene la dirección del centro de Vitalia de Mairena del Aljarafe.

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 18 años y medio de cárcel impuesta a un monitor de un colegio de Palma por delitos de abusos sexuales a tres alumnos, corrupción de menores en grado de tentativa y elaboración de pornografía infantil.

De esta forma, el Supremo rechaza íntegramente el recurso del acusado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Tsjib).

La sentencia confirmada reconoce indemnizaciones por un total de 11.600 euros a los cuatro niños víctimas de los delitos, estableciendo la responsabilidad civil subsidiaria del colegio.

De acuerdo con el dictamen, el acusado abusó sexualmente de tres alumnos, mientras que cometió un delito de corrupción de menores en grado de tentativa sobre una cuarta víctima.

El hombre, que se encuentra en prisión por esta causa desde junio de 2018, recurrió el pasado mes de marzo la sentencia dictada en octubre de 2019 por la Audiencia Provincial de Baleares.

Según la sentencia, el hombre fue contratado en 2014 por un colegio de Palma y aprovechó "su condición de monitor pastoral, la diferencia de edad y la autoridad derivada de la consideración que como profesor le tenían algunos alumnos, para realizar actos de carácter sexual y con ánimo libidinoso sobre algunos menores".

Asimismo, el escrito señala que el acusado estaba en posesión de archivos en diversos formatos de fotografía y vídeo con contenido pedófilo.

De esta forma, el Supremo confirma la sentencia del Tsjib que condena al acusado como autor responsable de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, un delito de elaboración de pornografía infantil, dos delitos de corrupción de menores en grado de tentativa, dos delitos de abusos sexuales a menores de 16 años y un delito de posesión depornografía infantil.

Podemos ha anunciado que apoyará la huelga educativa convocada por CCOO y STERM al "compartir totalmente las razones que la motivan", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes de STERM-Intersindical, en el que ha trasladado el apoyo de su formación política a la huelga que los sindicatos de enseñanza han convocado para el próximo 23 de septiembre.

Durante la reunión, Marín ha mostrado su preocupación por la situación que están viviendo los docentes, el alumnado y las familias ante un inicio de curso "caótico", producto de la "actitud soberbia y autoritaria de la consejera de Educación, Esperanza Moreno", quien en su opinión "ha quedado invalidada para liderar los retos que la comunidad educativa tiene por delante en un escenario tan complejo y que requiere del entendimiento de todos los actores implicados".

La portavoz de Podemos ha calificado además como "actitud caciquil" el establecimiento por parte de la responsable de Educación de "unos servicios mínimos para la huelga que llegan a ser casi del 100% en algunos centros".

Además, Marín ha puesto en conocimiento de los representantes de STERM-Intersindical que su Grupo Parlamentario ha registrado esta mañana dos preguntas con las que pretende averiguar "cuántos docentes hay de baja a día de hoy", y de estos, "cuántos han sido sustituidos".

Desde los sindicatos y las asociaciones de docentes señalan que desde la consejería no se estarían cubriendo esas bajas, "lo que contribuye a aumentar aún más las ratios en un momento en el que deberían estar siendo reducidas".

Además, la diputada de Podemos ha apuntado que los 1.500 docentes extra anunciados "a bombo y platillo" por el presidente regional, Fernando López Miras, "no resuelven el problema, ya que no se les ha asignado grupos ni tareas docentes, sino solo funciones de vigilancia y apoyo".

Se trata por tanto de "una medida propagandística" que "no reduce las ratios ni garantiza que se cumpla la distancia de seguridad mínima", lo que ha llevado a la portavoz de Podemos a calificarlo como "un mero lavado de cara".

Marín ha lamentado además lo que considera "un juego de trileros" al que se ha prestado el PSOE de Diego Conesa al "conformarse con este anuncio de la contratación de 1.500 docentes extra", un número que considera "totalmente insuficiente", máxime cuando además "no van destinados a tareas docentes ni a sustituciones".

La portavoz de Podemos ha comparado estas cifras con las aprobadas en la Comunidad Valenciana, en cuyo gobierno también está presente Podemos y donde la Conselleria de Educació "ha aumentado la plantilla de los centros educativos en un 15%", mientras que las 1.500 contrataciones anunciadas en la Región de Murcia "no llegan ni al 8%".

Desde Podemos advierten que la sociedad murciana "no debe conformarse con menos que nuestras comunidades vecinas, cuando ya estamos a la cola en la mayoría de índices educativos".

Además, la portavoz en la Asamblea Regional ha asegurado que Podemos comparte con las organizaciones convocantes "la necesidad de acabar con el absentismo escolar impuesto por la Consejería de Educación", ya que la Región de Murcia "es la única comunidad autónoma que despide alumnos un día a la semana en lugar de contratar los docentes necesarios".

Marín ha exigido la "contratación inmediata de los docentes necesarios para revertir un modelo que atenta contra el derecho a la educación y la conciliación, especialmente en las familias trabajadoras".

Por último, Podemos ha denunciado el "doble rasero" con el que se trata a la educación pública y a la privada-concertada. En concreto, la portavoz ha detallado que los 121 colegios concertados de la Región "recibirán hasta seiscientos docentes de refuerzo, casi seis por centro", mientras que "los seiscientos colegios públicos solo van a contar con novecientos profesores extra, uno y medio por centro".

Marín ha considerado que de esta manera "una vez más, el Gobierno Regional discrimina a las familias y al alumnado, tratando a la comunidad educativa de la pública como murcianos y murcianas de segunda".

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en servicio la aplicación móvil gratuita 'Imbric', que permite reservar y pagar el billete de autobús, el taxi, el de aparcamiento y el de los parquímetros de la zona ORA desde el teléfono móvil, con lo que esta ciudad se convierte en la primera del país en disponer de una herramienta que "integra todos los servicios de movilidad".

La aplicación Imbric, descargable para cualquier dispositivo iOS y Adnroid, ha sido presentada este lunes por el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, César Díaz, en el transcurso de las actividades programadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que desde el día 16 hasta este martes se celebra en la ciudad.

Ha explicado que Imbric es "la única aplicación que hasta el momento integra en España todos los sistemas de movilidad existentes en la ciudad", a la vez que "da respuesta a las demandas de los usuarios".

Ha remarcado que la nueva aplicación supone un paso más en la apuesta hacia la movilidad sostenible, dado que "permitirá al usuario del vehículo privado descubrir otras maneras más sostenibles y económicas de desplazamiento, a la vez que, gracias al servicio de reserva de aparcamientos, posibilitará reducir entre el 15 al 30 por ciento la concentración de vehículos en la ciudad buscando estacionamiento".

La nueva aplicación ofrecerá, entre otras funciones, la posibilidad de adquirir "con hasta 40 minutos de antelación" el billete ordinario del autobús urbano, validarlo, "sin necesidad de tener contacto ni con el billete de compra ni con el dinero", a la vez que también "se podrá conocer los tiempos de llegada y reducir el tiempo de espera facilitará el acceso al interior del vehículo".

En relación al servicio del taxi, el concejal ha indicado que el usuario podrá desde el móvil reservar un taxi, tener una estimación del coste de la carrera y pagar el servicio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que la "segunda ola" de COVID-19 que está viviendo España "no es un juego", por lo que ha reclamado a todos los ciudadanos que cumplan con las medidas sanitarias contra el virus para evitar que sigan aumentando los contagios.

"Esto no es un juego. Estamos ante una segunda ola que tiene distintas características a la primera ola, es menos veloz y letal, pero continúa siendo muy peligrosa. Por eso, todos debemos seguir las reglas básicas para ser un vector de contención del virus", ha resaltado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa tras la reunión de este lunes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, ha recordado a los jóvenes su importancia en la lucha contra el COVID-19: "A quienes se sienten seguros por su edad, el virus también puede afectarles. Pueden convertirse en un vector de propagación que afecte a personas queridas que son vulnerables frente al virus".

Sánchez se ha mostrado "convencido" de que España va a conseguir "doblegar esta segunda curva y mantener a raya el virus", tal y como se consiguió en la primera ola. El presidente del Gobierno ha deseado "de corazón" que las medidas puestas en marcha el viernes por el Ejecutivo autonómico, como la restricción de movilidad en hasta 37 zonas, sean "suficientes" para frenar la aceleración de los contagios.

Sobre la necesidad de tomar nuevas medidas, Sánchez ha insistido en que confía en que sean necesarias para doblegar la curva. "Creo que lo que tenemos que hacer es ir evaluando las medidas que vamos tomando, cuál es la incidencia acumulado y el impacto sobre la pandemia y a partir de ahí ir evaluando nuevas medidas. A mí no me queda duda de que vamos a doblegar la curva", ha insistido el presidente, quien ha reiterado que se debe frenar el contagio para que "no llegue a las personas más vulnerables".

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno central ha ofrecido su asistencia a Madrid "para ayudar, no a evaluar", y ha defendido que se intentarán complementar los recursos de la comunidad autónoma desde diferentes niveles.

Así, Sánchez ha ofrecido a Ayuso la colaboración del Gobierno central para aportar "medios de rastreo adicionales, medios de desinfección, medios logísticos, medios sanitarios, refuerzos de la capacidad hospitalaria, apoyo legal, recursos jurídicos, medios policiales también y todo aquello que considere el Gobierno de la Comunidad de Madrid que necesita".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha añadido que "estos medios del Estado deben ser reforzados con medios civiles y medios municipales para reforzar la Atención Primaria", uno de los niveles asistenciales más afectados por la crecida del COVID-19.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido que la situación de crisis sanitaria de la COVID en Baleares es "diferente" a la de Madrid, donde se han empezado a ver manifestaciones frente a las restricciones impulsadas por la Comunidad, porque "el Govern lleva desde 2015 reforzando la sanidad".

Según ha informado la presidenta Armengol en declaraciones a los medios, "creo que cada comunidad autónoma toma lo que considera son las mejores decisiones para doblegar la curva, pero me permitirán que la situación de Baleares no es la de Madrid porque Baleares lleva cinco años reforzando la sanidad, con más de 2.000 profesionales contratados -900 en la época de la pandemia--, se han contratado rastreadores y se cuenta con la ayuda del ejército para su refuerzo por lo que la estructura sanitaria es diferente".

Otra diferencia apuntada por la presidenta con respecto a Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que Baleares lleva algunas semanas operando "de forma integral" en barrios de Palma, en Sant Antoni de Portmany y en Ibiza, ha sido la toma de decisiones, que ha sido "diferente", al hacerlo "cuando la incidencia acumulada era menor y de forma más rápida".

También, ha señalado "la capacidad de rastreo y de hacer pruebas de diagnóstico en Baleares; la colaboración ofrecida por parte de los ayuntamientos desde el principio, lo cual hay que agradecer, así como de los servicios sociales; el poner hoteles puente a disposición de los ciudadanos que no pueden guardar correctamente en sus domicilios la cuarentena sufragados por el Govern y que Baleares es la única comunidad con un protocolo de acción conjunta con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que les permite saber quién es positivo y reforzar así la vigilancia".

En esta línea, la presidenta del Govern ha insistido en que en las Islas "las decisiones de confinamiento se han tomado de acuerdo con criterios sanitarios y en coordinación absoluta con el Estado, a quien he pedido refuerzos de las competencias estatales, eso hay que comprenderlo, pero la competencia sanitaria es de las autonomías y en Baleares esta se ha reforzado desde 2015. Cada uno deberá responder de lo que ha hecho, por tanto, en su comunidad".

INTERVENCIÓN EN LA RESIDENCIA BELL ENTORN DE SÓLLER

Por otro lado, Armengol se ha referido a la intervención el pasado domingo de la residencia Bell Entorn de Sóller, explicando que es en estos centros donde se presta más atención.

Al respecto, ha recordado que desde mediados de la semana pasada un equipo de Salud se desplazó hasta esta residencia privada de gente mayor para ver cómo se estaban llevando a cabo los circuitos y cuál era la situación.

"Al ver este equipo de Salud que la situación no se ha normalizado no ha quedado más remedio que intervenir pues la prioridad del Govern es proteger a las personas, que no se contagien y si lo hacen no sea de forma grave, tratando de evitar así su fallecimiento, ha asegurado Armengol, quien ha concluido que "si es necesario la intervención de una residencia a este Govern no le tiembla el pulso".

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Familias, ha iniciado un estudio de contacto ante el positivo en covid-19 de un trabajador de la residencia Ballesol de Almería, de forma que, a partir de los resultados del rastreo, determinar qué pruebas son necesarias realizar tanto entre el resto de la plantilla como entre residentes.

Así lo han indicado fuentes del Gobierno andaluz tras constatar la existencia de un caso positivo entre los trabajadores de la residencia, que ha sido ya comunicado a los familiares de los usuarios del centro como parte del protocolo ante el coronavirus a lo largo de este pasado fin de semana.

La residencia llegó a estar medicalizada en la fase aguda de la pandemia durante el estado de alarma, en la que se produjeron dos fallecimientos, si bien su situación volvió a estabilizarse a finales de mayo.

Así, el centro ha adaptado su funcionamiento a las nuevas circunstancias, con pruebas PCR para todos los nuevos ingresos, medidas de distanciamiento social para las visitas, comidas individualizadas en habitaciones y otros mecanismos de higiene y protección para mantener la residencia libre de infecciones, entre otras medidas. En este sentido, y tras el aislamiento del trabajador afectado, no se han detectado por el momento nuevos casos.

La Junta de Andalucía mantiene actualmente tres brotes localizados en residencias de Almería: La residencia El Zapillo, con 119 afectados --16 fallecidos-- derivados de 78 positivos en residentes y 41 entre trabajadores; la residencia 'El Manantial' de Terque con 44 afectados --tres fallecidos-- de 34 usuarios y diez trabajadores; y la residencia 'San Antonio' de Vícar, con 19 casos confirmados de 14 residentes, entre ellos un fallecido, y cinco trabajadores.

El Colegio de Abogados de Almería ha demandado un sistema de asistencia letrada a personas migrantes llegados en patera "adecuado" a la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y que permita "conjugar el derecho de defensa y la salud del colectivo" al que representa.

En un comunicado, ha indicado que han realizado 1.200 intervenciones en julio y agosto y ha advertido de que el servicio puede "verse seriamente tensionado si se repiten los parámetros de 2018, cuando se superaron las 12.000 asistencias".

El órgano colegial ha señalado que se ha detectado "un paulatino incremento" en septiembre de las asistencias prestadas por el turno de oficio de Extranjería a migrantes, y ha remarcado la necesidad de "implantar un sistema adecuado a la situación de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de covid-19".

Tras remarcar que este servicio no se suspendió durante los días de confinamiento y que "continúa estando garantizado" por los abogados adscritos al este turno especializado, han urgido un "sistema de asistencia letrada a los migrantes llegados por vía marítima en el puerto de Almería que conjugue derechos".

Debe conjugar el derecho de defensa y a la información que ampara a todas las personas que tan dramáticamente llegan nuestras costas, con el derecho a la prevención y a la salud del colectivo de abogados que presta este servicio dentro del Turno de Oficio y los funcionarios policiales", han remarcado los abogados almerienses, quienes han aludido "a que interactúan directamente" y a que llegan a realizar "más de un centenar de asistencias diarias.

Tras mantener el decano del colegio, José Luis Aynat, una reunión con el Comisario Provincial, Rafael Madrona, los abogados han trasladado, asimismo, "su plena disposición a facilitar los medios materiales necesarios que cristalicen en un acuerdo de colaboración para poder implantar este sistema".

TRÁMITES "SIN LA AGILIDAD DESEADA" EN EXTRANJERÍA

Desde el Colegio de Abogados de Almería han avisado, asimismo, desde que las citas necesarias para los trámites presenciales que deben realizarse en Extranjería "no se están obteniendo con la fluidez y agilidad deseable".

"Ya sea por el sistema informático diseñado o por la insuficiencia del personal disponible, pese al esfuerzo realizado desde la Comisaria, se está desvelando insuficiente para compensar el tremendo atraso acumulado durante la suspensión de las citas por la emergencia sanitaria y canalizar la enorme demanda de estos trámites", han advertido.

Al hilo de esto, desde el órgano colegial han recordado que estos tramites son "necesarios" para evitar "consecuencias indeseadas a los demandantes habida cuenta que la prórroga concedida se circunscribe territorialmente al estado español y que la propia administración española está procediendo a cursar bajas en INSS y TGSS e incluso a decretar extinción de prestaciones por no contemplar de facto la prórroga automática".

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha concluido que España "violó el derecho a la educación inclusiva" de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de la objeción de sus padres.

En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité ha llegado a la conclusión de que España no evaluó los requerimientos específicos del niño y no adoptó medidas "razonables" que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria.

En consecuencia, precisa que el Estado parte no cumplió con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El niño, Rubén, estudiaba en una escuela ordinaria de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta el año 2009, cuando empezó el cuarto curso a la edad de 10 años.

Según la exposición de los hechos, en ese momento su tutor "no le aceptó por su discapacidad, discriminándole y sometiéndole a situaciones de abandono y maltrato". En quinto curso, su nuevo maestro no consideró necesario asignarle un asistente de educación especial y sólo después de que sus padres se quejaran se le permitió tener uno.

Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar se refirió al "comportamiento perturbador", a los "brotes psicóticos" y al "retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down" de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres.

Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales nacionales, pero no se realizó ninguna investigación efectiva. Sus padres también impugnaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron una denuncia penal contra los padres por su negativa a enviar a su hijo a una escuela especializada.

Finalmente, Rubén y su padre presentaron su caso ante el Comité en 2017. Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité ha llegado a la conclusión de que España "violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva".

"No parece que las autoridades del Estado parte hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén y de los ajustes razonables que hubieran sido necesarios para que hubiera continuado en un centro de educación ordinario", ha manifestado el miembro del Comité Markus Schefer.

El Comité ha solicitado a España que garantice que Rubén, quien actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo; que se le conceda una indemnización y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abuso.

Entre otras recomendaciones, el Comité también insta a España a que elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a que garantice que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aplaudido la colaboración del Gobierno central con el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid para hacer efectivos los confinamientos selectivos que han entrado en vigor este lunes y, en concreto, la creación de un 'Grupo Covid' para el seguimiento de la pandemia y coordinar acciones conjuntas.

Hace dos semanas, CSIF solicitó a la Consejería de Sanidad medidas "drásticas" para frenar los contagios por Covid-19, entre las que propuso confinamientos selectivos. "Desde CSIF hemos venido exigiendo estos últimos meses un plan de contingencia para paliar el crecimiento exponencial de contagios, los ingresos en unidades de críticos y el aumento de los fallecidos", ha dicho la organización.

No obstante, el sindicato ha avisado de que, además de la colaboración con el Ejecutivo central, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en concreto, su Consejería de Sanidad, han tenido tiempo "más que suficiente para" contratar rastreadores y personal de refuerzo, tanto para los hospitales del SERMAS como para los centros de salud, para evitar el alto número de contagios que se está registrando en esta segunda oleada de COVID19.

En este sentido, CSIF ha pedido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que "tome cartas en el asunto" respecto a los recursos humanos de los distintos hospitales de la red del SERMAS, ya que "no ofrecen condiciones homogéneas" a sus profesionales en lo relativo al precio al que pagan los doblajes de turno o su compensación con días libres.

"Ahora mismo esa competencia es de la Gerencia de cada hospital y, en virtud de las condiciones que ofrece cada centro, se puede ver reforzado o no el personal para hacer frente a esta segunda ola de Covid, ya que el doblaje de turnos es voluntario y cada profesional valora, según lo que se le ofrece, si hace o no dicho turno extra", ha apostillado CSIF.

Por ello, ha remitido una carta a la Dirección General de Recursos Humanos para que adopte los acuerdos pertinentes para que la compensación por las prolongaciones de jornada sean más atractivas, después de que CSIF haya tenido conocimiento de que algunos hospitales pagan a unos irrisorios 14 euros la hora adicional.

Además, CSIF ha asegurado que es "esencial" que las condiciones que se ofrecen en los nuevos contratos sean lo "suficientemente atractivas" para que los refuerzos opten por Madrid y no por otra comunidad autónoma con mejores condiciones.

"No hay que olvidar que Madrid es una de las autonomías con peores condiciones laborales para sus profesionales de la Sanidad. El origen de la situación actual de Madrid, que lidera el aumento de casos a nivel nacional, está en la falta de rastreadores, como hemos venido denunciando insistentemente en los últimos meses, y en el abandono de la Atención Primaria. En este sentido, denunciamos la falta de planes de contingencia reales en los centros de salud, ya que actualmente se realizan de manera improvisada, atendiendo a la demanda asistencial y a la plantilla de cada centro", ha enfatizado.

Finalmente, el CSIF ha avisado de que sigue habiendo recursos humanos "mermados e insuficientes" ante la campaña de gripe que se adelanta, la atención a los centros escolares con el comienzo del curso, por la actuación de sanitarios como rastreadores y el consiguiente seguimiento de los casos, y por la atención domiciliaria, el refuerzo a las unidades de atención de residencias.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ha firmado los acuerdos con 47 entidades de titularidad privada para la formalización de 2.549 plazas para la atención a personas mayores a través del concierto social en la provincia de Málaga, de las cuales 1.891 son plazas en residencias y 658 en centros de día.

El plazo de ejecución es de 36 meses y el importe máximo total del concierto asciende a 116.069.174,29 euros. El acto de firma de los documentos relativos al concierto social ha estado presidido la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes García Paine.

García Paine ha declarado que "el concierto social supone la ampliación de la red de recursos de atención y va a posibilitar la incorporación de centros que hasta el momento no disponían de plazas concertadas y, en el caso concreto de la provincia de Málaga, ha permitido incorporar 12 nuevos centros a esta red de recursos, ocho de los cuales son centros de día y cuatro centros de atención residencial".

La red de plazas de la Junta de Andalucía para la atención de personas mayores en situación de dependencia en la provincia de Málaga está formada por un total de 3.851 plazas, entre las que se encuentran las 2.549 plazas contempladas en el concierto social con centros de titularidad privada. El resto, son plazas en centros de titularidad pública y en los centros propios de la Junta.

Para distribuir estas plazas por tipología y provincia se ha tenido en cuenta el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, así como una serie de criterios entre ellos la ratio de cobertura en las distintas áreas del territorio, la disponibilidad actual de recursos y la demanda de personas que requieren atención residencial en cada provincia, priorizando la continuidad asistencial de las personas que venían recibiendo los servicios.

"Esto va a permitir una mayor equidad territorial en la distribución de los recursos asistenciales y permite una mayor proximidad al domicilio de las personas dependientes posibilitando, de esta forma, el mantenimiento de los lazos familiares", han recordado desde la Junta a través de un comunicado.

En el caso de Andalucía, la adjudicación del concierto social permitirá cubrir un total de 19.181 plazas, repartidas en 13.889 plazas del servicio de atención residencial; 5.288 del servicio de centro de día; y 4 del servicio de centro de noche, para atender a personas mayores en situación de dependencia. La inversión superará los 849 millones de euros.

CONCIERTO SOCIAL

El concierto social es una nueva figura administrativa especial, de mayor flexibilidad y garantía de calidad. Se basa en la libre elección de la persona usuaria y garantiza la continuidad asistencial de las personas que estén actualmente ocupando las plazas, manteniendo la vinculación afectiva y terapéutica.

El objetivo es mantener a las personas en su propio entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, con el fin de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Unidas Podemos que llama al Gobierno a reformar el régimen de infracciones y sanciones de los vehículos con conductor VTC y garantizar que los cuerpos de inspección y de policía local pueden sancionar adecuadamente los incumplimientos de estos servicios.

Unidas Podemos, que comparte Gobierno con el PSOE, recuerda al titular de Transportes, José Luis Ábalos, que, más de un año y medio después de la entrada en vigor del decreto ley que aprobó en 2018, aún no ha llevado a las Cortes una propuesta legislativa para modificar este régimen, cuando la norma le obligaba a hacerlo en un plazo de seis meses.

Esta norma, aprobada por el hoy ministro de Transportes en septiembre de 2018, delegó a las comunidades autónomas la competencia para modificar las condiciones de explotación previstas en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ante la "competencia desleal" de estos servicios, según critica Unidas Podemos, al sector del taxi.

¿HACEN FALTA SANCIONES MÁS DURAS?

Sin embargo, para Unidas Podemos la ausencia de un régimen sancionador adecuado "ha limitado seriamente las facultades de las administraciones públicas" pues, aseguran, sus cuerpos de inspección "han reiterado en múltiples ocasiones la falta de medios e instrumentos legales para sancionar las malas prácticas y el peligro a la seguridad que suponen las actuaciones de los propietarios de VTC y las plataformas digitales que los auspician".

En este sentido, en el grupo confederal recuerdan que la Audiencia Nacional declaró el pasado mes de enero válida la orden que obliga a llevar a bordo del vehículo VTC su hoja de ruta, habilitando la imposición de sanciones administrativas a aquellos que no dispongan de la misma.

Además, piden analizar las últimas sentencias que derivan de este decreto para elevar la calificación de grave a muy grave de determinadas infracciones y tipificar nuevas ante el incumplimiento de otras condiciones del servicio.

POSIBLE INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO O REVOCAR LA LICENCIA

Asimismo, llama a estudiar la posible inmovilización del vehículo hasta el pago de sanciones muy graves, e incluso revocar la autorización VTC por la comisión de infracciones de naturaleza muy grave en un año.

Por último, Unidas Podemos exige a Transportes garantizar que los cuerpos de inspección y de policía locales de las administraciones competentes "puedan sancionar adecuadamente" posibles incumplimientos de estos vehículos VTC.

Concretamente, citan incumplimientos sobre hoja de ruta, el retorno a la base, la restricción de circulación, su pre-contratación, la captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios, y especificaciones técnicas del vehículo.

El Servicio de Salud de Baleares ha registrado hasta 252 casos positivos por coronavirus entre jóvenes en edad escolar (0-18 años) desde el comienzo de las clases.

Así lo ha explicado la portavoz del Govern, Pilar Costa, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consell de Govern.

Además, según ha explicado, tras un cribado en medio centenar de escuelas a 512 alumnos y 38 profesores se han detectado 14 escolares y un profesor positivo y 331 negativos. El resto, ha añadido, está pendiente de conocer el resultado.

La consellera Costa ha señalado que en los centros educativos la incidencia actual es de unos 25-30 casos diarios "con una tendencia a la baja" sin que se haya detectado ningún brote y sin que se aprecie transmisión en los colegios.

Además, según ha añadido, de los más de 7.000 grupos que hay aproximadamente en los centros educativos en las islas, 49 permanecen actualmente en cuarentena.

La portavoz ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad en los puestos de trabajo y en la calle para que cuando todos los escolares se reincorporen a las aulas se puedan mantener las cifras de contagios.

El Partido Comunista de España (PCE) ha censurado el informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela al sostener que incurre en "una absoluta falta de objetividad" y de "rigor", lo que además es utilizado por países y sectores alineados con la "criminal política exterior de Estados Unidos (EE.UU)" para restar legitimidad a las próximas elecciones legislativas en el país.

En un comunicado, el PCE ha cargado contra este informe que acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a mandos militares del país, "de graves violaciones de los derechos humanos" desde el año 2014.

Al respecto, la formación política ha agregado que el documento se ha elaborado por parte de un grupo de expertos "privados" contratados por el Consejo de "dudosa fiabilidad".

También ha recriminado que la denominada Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU nace al amparo de la Organización de Estados Americanos (OEA), del autodenominado Grupo de Lima y de países "alineados con la política exterior de Washington".

En contraposición, ha incidido en que dicha misión no está reconocida por la cancillería venezolana, que sí ha renovado su colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en septiembre de 2019.

DENUNCIA QUE INCURRE EN "NUMEROSAS FALACIAS"

"El informe, que denota una absoluta falta de objetividad, ha sido elaborado sin que sus autores hayan visitado Venezuela, y se basa en publicaciones aparecidas en redes sociales y en entrevistas realizadas a personas no identificadas, así como a miembros de la extrema derecha venezolana", ha replicado el PCE.

Además, ha ahondado en que la publicación incurre "en numerosas falacias y sus recursos para denunciar las supuestas vulneraciones de derechos humanos denotan una absoluta falta de rigor", algo que es utilizado por los sectores y países "alineados con la criminal política exterior de Estados Unidos para restar legitimidad a las elecciones legislativas venezolanas que tendrán lugar el próximo 6 de diciembre.

También ha denunciado que el informe "omite de forma deliberada" la investigación que lleva a cabo el gobierno venezolano en materia de derechos humanos y que ha comunicado a las Naciones Unidas, "certificando" que bajo las gestiones de las autoridades judiciales de Venezuela actualmente hay 517 funcionarios acusados por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ocurridos entre 2017 y marzo de 2020, de los cuales 167 se encuentran privados de libertad.

Al mismo tiempo, los datos del Gobierno venezolano apuntan también a 731 funcionarios que han sido acusados por delitos de homicidio o violación del derecho a la vida, de los cuales 436 se encuentran en prisión.

"SOLIDARIDAD" CON MADURO

"El Partido Comunista de España denuncia la parcialidad e intencionalidad de ese informe carente de datos fidedignos, así como el acoso a Venezuela y su gobierno que impulsan Estados Unidos, la OEA y el autodenominado Grupo de Lima, mientras callan ante las graves vulneraciones de derechos humanos que ocurren a diario en Colombia o Chile".

Por tanto, ha confiado en que la Unión Europea "no se deje influir por esta nueva operación del imperialismo norteamericano y continúe con su agenda propia de diálogo y trabajo con el gobierno venezolano para que una Misión de Observación Electoral de la Unión acuda a las elecciones del 6 de diciembre". Finalmente, reitera su "solidaridad" con el gobierno de Nicolás Maduro.

El secretario general del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Juan Parejo, ha ofrecido la articulación en la región de un "bloque común" para "de una vez por todas frenar" la expansión del Covid-19 en la comunidad, y ha pedido que ese mismo "ejercicio de responsabilidad" lo aplique el PSOE en otros lugares donde se encuentra en la oposición, como en la Comunidad de Madrid.

Así, tras afirmar que la situación del Covid en Extremadura "es complicada", ha recalcado que el PP en la región va a "ayudar en todo lo que esté" en su "mano", tal y como según ha indicado ha venido haciendo "a lo largo de los últimos meses", porque "evidentemente el interés general debe primar ahora mismo sobre cualquier otro interés".

En esta línea, Juan Parejo también ha pedido al PSOE que el "ejercicio de responsabilidad" que está demostrando, ha dicho, el PP en Extremadura lo desarrollen los socialistas en otros lugares donde son oposición, como en Madrid, donde "Podemos junto con la portavoz del PSOE Lastras, atacaban ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Eso no lo estamos haciendo nosotros aquí. Y si alguna vez hemos hecho alguna crítica ha sido con afán constructivo, pero no hemos querido echarnos a la calle ni movilizar la calle, porque ahora mismo son momentos para estar juntos y buscar soluciones juntos", ha espetado el 'popular' extremeño, quien ha pedido al PSOE que "esa misma responsabilidad que tiene el PP en Extremadura la tengan en otros sitios donde ellos (los socialistas) son oposición", ha subrayado.

MEDIDAS EXCEPCIONALES

Así, en declaraciones a los medios de comunicación, Parejo ha recordado que "las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales", y que Extremadura está viviendo una situación "muy complicada" con respecto a la pandemia.

"Volvemos a registrar contagios por encima de los 200 positivos diarios, volvemos a tener fallecidos, vuelve a haber Covid en las residencias de mayores y la situación es francamente complicada", ha dicho.

Ha defendido, al respecto, que "en estos momentos" los partidos políticos tienen que tratar de hacer un "esfuerzo" para "llegar a acuerdos, para consensuar medidas" porque "la situación es tan crítica que exige que el gobierno articule esas medidas excepcionales".

En este sentido, ha explicado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se puso en contacto con el líder del PP regional, José Antonio Monago, el pasado sábado para explicarle la situación que vive la ciudad de Badajoz y las medidas que se iban a adoptar para frenar la Covid en la misma.

"Y como no puede ser de otra manera, con una actitud responsable que es la que caracteriza al PP de Extremadura, Monago le ofreció en este sentido todo el apoyo" que el PP ya ha mostrado en las distintas comisiones del Covid, en los plenos y en el Debate sobre el Estado de la Región con "propuestas y medidas para tratar de buscar soluciones entre todos", ha añadido.

Al respecto, el 'popular' ha incidido en que "no hay nadie que tenga la receta exacta de cómo atajar este problema del Covid hasta que no haya vacuna, pero vamos aprendiendo día a día", y ha insistido en que el PP en Extremadura "todo lo que podamos poner de nuestra parte lo vamos a hacer", ha espetado.

Finalmente, ha pedido también a la Junta que, ante diversos informes recientes que aluden a que "no es todo lo transparente o no da toda la información que debiera", cumpla con la "labor de información, sobre todo a los principales partidos de la oposición".

El acusado de matar a su pareja tras discutir en el coche y dejar el cuerpo en un paraje entre Herencia y Alcázar de San Juan en febrero de 2019 ha reconocido los hechos pero ha negado que entre la víctima y él hubiera una relación sentimental.

"Éramos amigos", ha insistido este lunes durante la primera sesión del juicio que se está celebrando con jurado popular en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Aunque en un primer momento el acusado ha afirmado que se quería acoger a su derecho a no declarar finalmente ha accedido a contestar a las preguntas de la fiscal y de su abogado, negándose a hablar con la acusación particular que representa los intereses de la familia del fallecido.

Ha reconocido que durante los fines de semana residía en un piso que el fallecido tenía en Miguelturra y que durante la semana trabajaba fuera de la provincia en la construcción. Aunque asegura haber asistido a alguna fiesta familiar de la víctima y que incluso llegaron a viajar juntos en alguna ocasión a Rumanía --país de origen del acusado-- ha insistido que nunca fueron pareja.

Por otro lado ha admitido que el día de los hechos, aunque no era lo habitual, él conducía el vehículo propiedad de la víctima a pesar de no tener permiso de conducir. Ha alegado no recordar muy bien lo que pasó pero que discutieron a causa de un tercer amigo. Punto que nunca había revelado anteriormente según lo manifestado por la fiscal.

Ha afirmado que paró el coche, lo golpeó y que en el olivar le dio varios hachazos aunque tampoco ha precisado el número admitiendo "unos cuatro". Pero ha precisado que lo que pasó no estaba preparado ni planeado.

El arma homicida, ha explicado, la sacó de detrás de los asientos delanteros del vehículo, una herramienta, que según el acusado, el fallecido llevaba habitualmente para sus labores agrícolas y que después de dejar el cuerpo de su amigo en el olivar se fue a confesar a la comisaría de Ciudad Real, a la que acudió "voluntariamente" y solo, les indicó donde había dejado el cuerpo y participó en una reconstrucción de los hechos.

A lo único que se negó, ha añadido, fue a someterse a las pruebas psicológicas y psiquiátricas para determinar su estado mental y finalmente ha negado que el fallecido le hubiese prestado dinero.

"TEMÍ POR SU VIDA"

Una vecina de Herencia, que se encontraba trabajando con un amigo en uno de los terrenos por los que pasa el camino en el que el acusado paró el vehículo para agredir a la víctima, ha manifestado ante la sala que temió por la vida del fallecido y que no se pudo defender. "Estábamos trabajando cuando escuchamos un frenazo muy grande y creímos que era un accidente. Vimos como sacó a la víctima del coche y le golpeo repetidamente".

Ha insistido en la diferencia física entre ambos. "El que golpeaba era más alto que el que los recibía". No ha podido precisar en su declaración, tras biombo por propia petición, si el agredido iba consciente --"Fue todo muy rápido"-- y ha expresado que sintió miedo ante la agresividad de la escena que presenció y como cuando regresó al pueblo para avisar a la Guardia Civil pudo ver un charco "muy grande" de sangre.

"MI HERMANO ERA EL PUENTE DE LA FAMILIA"

También han declarado como testigos dos de los hermanos de la víctima que han querido clarificar la relación entre el acusado y el fallecido.

Mientras que un hermano ha definido la relación como "muy intima" y que su hermano era muy reservado con ese tema, por lo que nunca presentó al acusado como su pareja; la hermana ha dado detalles de que la relación entre ambos era estrecha y que la reserva de su hermano "era por respeto a quien no pudiera entenderla".

Ha declarado que el fallecido era el soporte, entregaba todo, su tiempo, su trabajo. "Era un puente", ha indicado, para añadir que el acusado siempre estaba con él, "pegado".

AGRAVANTE DE PARENTESCO

En esta primera sesión del juicio las partes han modificado sus escritos omitiendo tanto la Fiscalía como la acusación particular el agravante de parentesco tras reconocer el acusado los hechos ante la sala.

Previamente a la declaración del acusado, la fiscal ha manifestado que no le cabe ninguna duda que "a pesar de poder haberlo evitado el acusado acabó con la vida de su pareja".

Esto le había llevado a considerar los hechos constitutivos de un delito de asesinato con el agravante de parentesco y la atenuante de confesión. Además, le imputa un delito contra la seguridad vial. Por el primero de los delitos había solicitado 22 años de prisión, además de 15 meses de multa con cuota diaria de 10 euros por el delito contra la seguridad vial. Cuestiones que ahora podrían variar ante el acuerdo alcanzado en la sala.

También ha solicitado una indemnización de 52.500 euros para el padre de la víctima y de 20.000 euros para cada uno de sus hermanos.

Tras explicarle al jurado las cuestiones claves del caso les ha instado a que si encuentran tras la exposición de la pruebas que los hechos constituyen un asesinato que no duden por "muy dura que les resulte la pena" porque "más dura es la perdida de la vida de una persona".

Por su parte la acusación particular coincide con la Fiscalía en el grueso de su acusación pero eleva la petición de penas a 25 años de prisión por el delito de asesinato al que añade el abuso de superioridad del acusado, ya que para la abogada que representa los intereses de la familia, a la víctima "se le ha dado muerte de una forma que ni es fortuita ni imprudente" y ha calificado de "brutales y escalofriantes" los hechos.

Además de pedir seis meses de prisión por el delito contra la seguridad vial, eleva las indemnizaciones a 100.000 euros para el padre y a 50.000 euros cada uno de los hermanos.

Finalmente la defensa del acusado ha insistido en la colaboración prestada por este desde el primer momento con la Justicia y ha calificado los hechos como un homicidio imprudente con una petición de pena que va de uno a los cuatro años de prisión y por el delito contra la seguridad vial ha coincidido en sus términos con la Fiscalía.

En cambio las indemnizaciones se reducen hasta los 25.000 euros para padre y 6.000 euros cada uno de los hermanos.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, han suscrito este lunes un protocolo de colaboración para garantizar el cumplimiento de cuarentenas por parte de toda la ciudadanía, para lo que se contará con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de coordinar las acciones con las entidades locales.

Ambos dirigentes han asegurado que con este protocolo se facilita que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan garantizar un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria.

Para ello, la Junta se compromete a comunicar, informar y asesorar a la Delegación del Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos establecidos contra la COVID-19. Por su parte, la Delegación del Gobierno apoyará al personal inspector y miembros de las policías locales, así como en la incoación de las denuncias por eventuales infracciones.

En concreto, las medidas se articularán a través del Centro de Coordinación Operativa Integrada Regional (Cecopi), que informarán de cada caso a los centros provinciales, desde donde se organizará el operativo para dar cumplimiento a las cuarentenas.

En su intervención ante los medios de comunicación, Fernández Mañueco ha insistido en que en la lucha contra el virus no deben existir ni fronteras ni colores políticos y que: "todos somos responsables de la salud de todos.

"La inmensa mayoría estamos demostrando un gran ejercicio cívico de responsabilidad, respeto profundo a las normas sanitarias establecidas, pero hay comportamientos irresponsables de una minoría insolidaria que vulneran aislamientos y cuarentenas", ha explicado, tras lo que ha señalado que es precisamente en este colectivo "insolidario" sobre el que actuará el protocolo.

Así, ha detallado que si tras la actuación de inspectores no se cumplen cuarentenas se formulará una denuncia y habrá una orden judicial que garantice el confinamiento.

En este sentido, ha recordado que las comunidades autónomas, como prestadoras de los servicios públicos fundamentales, se sitúan en la primera línea de la lucha contra esta pandemia y que la Junta de Castilla y León lleva desde el principio trabajando "sin descanso", con medidas sanitarias, sociales y también económicas, para atenuar los efectos de esta crisis y propiciar la recuperación.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha incidido en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trabajado "intensamente" en la vigilancia y control del cumplimiento de las normas sanitarias, algo que se ha mantendio tras el Estado de Alarma para garantizar el cumplimiento de las órdenes sanitarias.

El protocolo, ha señalado Izquierdo, avanza y formaliza esa colaboración, reconociendo jurídicamente la toma de decisiones desde el punto de vista útil y estableciendo los cauces a través de los cuales se pone en práctica la labor de los uniformados del Estado en la Comunidad Autónoma.

Como ha destacado Izquierdo el objetivo de este documento es permitir la instrumentalización, en el día a día, de cómo colaborarán la Policía Nacional y la Guardia Civil garantizando que quienes deban estar confinados a consecuencia de pruebas COVID positivas, así como sus contactos, cumplan con el confinamiento, de modo que quienes no lo hagan sean objeto de expediente administrativo y, en última instancia, de orden judicial.

Cáritas Europa y Cáritas África ha pedido a los políticos europeos y africanos que la próxima cumbre entre la Unión Africana y la Unión Europea sirva para llegar a "un compromiso audaz" para "forjar la paz", que ponga "a las personas en el centro" y que no se centre solo en un enfoque de la seguridad a nivel de Estados.

Así lo han reclamado en una nota conjunta difundida este lunes 21 de septiembre con motivo del Día Internacional de la paz, que se celebra bajo el lema 'Forjar la paz juntos' y de cara a la cumbre UE-África, la sexta de esta naturaleza que se celebra entre ambas partes.

La organización de la Iglesia católica pide a los líderes que sea una oportunidad para comprometerse de forma práctica en la construcción de la paz a través de "procesos genuinamente inclusivos".

Solo con un compromiso audaz para forjar la paz juntos, las acciones de la futura asociación UE-África tendrán éxito a la hora de abordar tanto los problemas de seguridad como los retos de una limitada cohesión social y, en última instancia, servirán para reducir el conflicto y la inestabilidad que socavan gravemente los esfuerzos de desarrollo para reconstruir mejor una realidad posterior al Covid-19", ha afirmado la secretaria general de Cáritas Europa, Maria Nyman.

Cáritas muestra su "preocupación" por el riesgo de que esta VI Cumbre UE-África, fijada para finales de octubre, esté marcada por "enfoques de arriba a abajo".

"Poner a las personas en el centro de los esfuerzos de paz y seguridad implica ir más allá de un enfoque centrado en el estado, reconocer las capacidades de las personas y formular estrategias ambiciosas para la inclusión en la construcción de la paz y la resiliencia", ha señalado el secretario ejecutivo de Cáritas África, Albert Mashika.

Según denuncia Cáritas, a pesar del compromiso de la UE con los principios de la Agenda 2030, las declaraciones anteriores tanto de las instituciones de la UE sobre su visión de esta futura asociación como la propuesta realizada por la Comisión Europea (CE) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y las Conclusiones del Consejo sobre África, "se han centrado siempre más en un enfoque de la seguridad a nivel de Estados".

Finalmente, la ONG también pide que las relaciones UE-África se basen en asociaciones entre las diversas partes interesadas, en las que participen la sociedad civil y otros actores, "no solo los gobiernos o las instituciones intergubernamentales". Igualmente, reclaman que se reconozca la importancia del compromiso de la comunidad local y la contribución de los actores religiosos.