Tal y se recoge en las conclusiones del informe, la economía canaria ya venía mostrando claros síntomas de desaceleración antes de la pandemia, que la llevaban a registrar tasas de crecimiento que, aunque positivas, iban a ser cada vez más moderadas e inferiores a la media nacional. El impacto de la crisis del COVID-19 no hará más que ahondar en un mayor estancamiento de la economía por restricciones de la oferta y la demanda, y sus efectos se verán reflejados en los indicadores que se hagan públicos a partir del próximo mes.
Las ligeras señales de estabilización del crecimiento que comenzaba a mostrar la economía internacional al inicio de 2020, tras más de un año inmersa en un proceso de desaceleración, se han diluido con el impacto económico que está teniendo la crisis sanitaria que ha generado el brote del coronavirus en, prácticamente, todo el planeta.
Las medidas de contención adoptadas por diferentes países en las últimas semanas han tenido un claro impacto en el ámbito social y personal, pero también han repercutido de manera brusca en el ámbito económico.
Los principales índices bursátiles en los mercados financieros internacionales ya habían comenzado a mostrar una tendencia negativa a mediados del mes de febrero, anticipando un empeoramiento que terminó trasladándose a la economía real en las primeras semanas del mes de marzo.
En esta tesitura, la Reserva Federal (FED) ha reducido hasta en dos ocasiones los tipos de interés de referencia, situándolos en la horquilla del 0,00-0,25%, por primera vez desde la crisis en 2008; además de anunciar la compra de activos por valor de 700.000 millones de dólares; y de coordinarse, finalmente, con los principales bancos centrales del mundo parar abordar una estrategia de acción que permita facilitar la inyección de liquidez en el sistema, con la intención de garantizar la liquidez del mercado y la estabilidad de la actividad económica.
Por su parte, el Banco Central Europeo, tras las medidas adoptadas ya el pasado 10 de marzo, que, entre otras, contemplaban la compra de activos por valor de 120.000 millones de euros adicionales, en la noche del pasado día 18 de marzo, y tras una reunión de urgencia, anunció la puesta a disposición de los mercados financieros europeos de un programa de compra de activos de 750.000 millones de euros, tanto públicos como corporativos, y de las entidades financieras, hasta finales de este año, aunque se apresuró a indicar que podrá ser prorrogado más allá de esta fecha si la situación así lo requiriera.
El BCE daba un primer paso para evitar que los efectos negativos de la pandemia tuvieran impacto sobre la deuda soberana de los países especialmente más vulnerables, y garantizar que todos los sectores de la economía puedan beneficiarse de unas condiciones financieras favorables.
Resulta clave que la compra de activos dentro de este nuevo programa tenga un carácter flexible, tanto en la clase de activos que se pueden adquirir, como la cantidad de estos entre las diferentes jurisdicciones.
Asimismo, el BCE comunicó la ampliación del programa actual de compras de deuda corporativa a pagarés de entidades no financieras, y la flexibilización del tipo colateral con el que las entidades financieras pueden acudir a las subastas de liquidez, para favorecer que esta tenga un mayor traslado sobre la economía real.
Los mercados de materias primas también han acusado un fuerte impacto, habida cuenta de la paralización de la actividad industrial, especialmente en China, que ha provocado una caída rápida de la demanda y ello ha repercutido sobre los precios, especialmente en el caso del petróleo.
No en vano, en las últimas semanas se han registrado caídas históricas en el precio del Brent, que tras cerrar el mes de febrero en el entorno de los 55 dólares, ha llegado a alcanzar incluso los 23 dólares por barril durante los últimos días.
En Estados Unidos, los principales indicadores de actividad y confianza ya comienzan a dar muestra del impacto del coronavirus. A corto y medio plazo, la evolución de la actividad económica dependerá de cómo se gestione la alerta sanitaria, aún por determinar, en un contexto afectado también por la incertidumbre en torno a la prohibición de los vuelos desde varios lugares del mundo, incluyendo la Unión Europea, hacia el país norteamericano, y las próximas elecciones presidenciales previstas para finales del presente año.
En lo que respecta a las economías emergentes, la salida de capitales en busca de refugio en valores con mayor seguridad ha afectado de forma determinante, lo que unido al comportamiento de los precios de materias primas y del crudo, condiciona en gran medida el crecimiento de estos países.
En el caso de China, origen del brote vírico, la paralización parcial de la economía -con la consiguiente caída de las exportaciones-, y la caída de las ventas minoristas tendrán reflejo en un aumento del ritmo de desaceleración que se preveía más gradual, aunque comienza ya a vislumbrarse la salida de la crisis sanitaria.
En la Zona del Euro, la actividad económica también se verá afectada por la expansión del coronavirus, y aunque inicialmente preocupaba el impacto sobre las economías de Italia y España, los datos de contagio y medidas de alarma que ya han comenzado a adoptar otras economías como Francia o Alemania, presagian un escenario negativo para los próximos meses en el conjunto de países que conforman la Unión monetaria.
La crisis sanitaria está obligando a los países europeos a reformular nuevas estrategias de gasto con las que combatir sus efectos sobre la producción y el empleo, y todo ello se ha sucedido en un momento en el que la Unión Europea ya estaba negociando el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.
La Comisión Europea ha comunicado que flexibilizará las reglas de estabilidad presupuestaria, al tiempo que han propuesto destinar 37.000 millones de euros procedentes de los Fondos Estructurales y de Cohesión a paliar los efectos de la crisis sanitaria.
En lo que se refiere a España, el avance del COVID-19 llevó al Ejecutivo a decretar oficialmente el estado de alarma el día 14 de marzo, y con ello se han establecido limitaciones a la movilidad, restricciones a la actividad productiva y controles fronterizos, que se traducen en la paralización de gran parte de la actividad económica.
Las características de esta crisis tienen un impacto demoledor sobre sectores especialmente expuestos como son el turismo, el transporte y el comercio, aunque sus efectos se extienden a todo el entramado productivo del país.
En este escenario, el Gobierno del Estado ha anunciado un paquete de medidas sociales, laborales, económicas y de investigación científica, por un montante de unos 200.000 millones de euros.
La economía canaria ya venía mostrando claros síntomas de desaceleración antes de la pandemia, que la llevaban a registrar tasas de crecimiento que, aunque positivas, iban a ser cada vez más moderadas e inferiores a la media nacional.
El impacto de la crisis del COVID-19 no hará más que ahondar en un mayor estancamiento de la economía por restricciones de la oferta y la demanda, por lo que conviene, además de tomar medidas específicas para mitigar el impacto, diseñar un Plan de actuación a medio y largo plazo que incorpore un impulso de la inversión productiva en la medida que están haciendo otros países de nuestro entorno como Alemania, Italia y Francia.
Un primer paso debe ser la adopción de medidas que permitan la supervivencia del tejido productivo con el objeto de mitigar en lo posible su impacto y garantizar la recuperación de la producción y del empleo una vez finalice la situación actual.
El Real Decreto-ley 8/2020, que aprobó el Gobierno el 17 de marzo, contempla una serie de medidas urgentes y de carácter extraordinario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, entre ellas el establecimiento de una líneas de avales y financiación dirigidas a mantener la liquidez de nuestras empresas, y otras orientadas a flexibilizar la tramitación de Expedientes de Regulación Temporales de Empleo.
Este tipo de medidas resultan clave para la economía canaria, donde debemos recordar que la actividad turística representa el 23,2% del PIB regional y el 29,1% del empleo, solo en actividades directas como son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, transporte de pasajeros, y ocio complementario.
Si incorporamos los efectos indirectos de otras actividades que también están vinculadas al turismo, los porcentajes anteriores se elevan hasta el 35% del PIB y el 40,4% del empleo total generado en Canarias.
Si retomamos la situación que afrontaba el Archipiélago hasta el mes de febrero, se puede apreciar que el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ya venía dando muestras de desaceleración.
En los dos primeros meses del año, el número afiliados en las Islas acumulaba una caída de 5.653 efectivos, tras registrar un importante descenso en el mes de enero que supuso la caída de 15.390 empleos.
En estos dos primeros meses, el empleo se había resentido especialmente en actividades clave para la economía regional como el comercio (-4.310 trabajadores) o la hostelería (-963 afiliados).
En cambio, y mientras la actividad privada perdía empleo, otras ramas relacionadas con la Administración Pública aumentaban la afiliación, como era el caso de “Educación” o “Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria”, que, en conjunto, lograban sumar 2.177 empleos durante los dos primeros meses del año.
Otros indicadores también acusaban la desaceleración y arrojaban datos de variación negativa como era el caso de la llegada de turistas extranjeros a las Islas, que experimentó un descenso del 1,5% en el mes de febrero, o la matriculación de vehículos que acusó una caída del 4,9 por ciento.
Por otro lado, la evolución de los precios en las Islas durante febrero ya advertía de un estancamiento del consumo, al registrar un tímido aumento del 0,1% en términos mensuales.
Cabe reseñar, en este sentido, que los precios del “Transporte” cerraron ese mes de febrero con un incremento del 0,3%, a diferencia de lo sucedido en el ámbito del Estado, donde este grupo anotó una caída mensual del 0,7%, en un contexto en el que el precio de los carburantes descendió con una mayor intensidad en el conjunto del país (-2,0%) que en las Islas (-0,6%).
Las limitaciones a la actividad que impone el estado de alarma profundizará en una mayor contracción de la demanda, y sus efectos se verán reflejados en los indicadores que se hagan públicos a partir del próximo mes.
La situación actual precisa de la aplicación de medidas efectivas que garanticen, en primer lugar, la fortaleza del sistema sanitario, pero también deben facilitar el acceso a la liquidez de las empresas y asegurar la supervivencia de nuestro tejido productivo para recuperar el empleo y la senda de crecimiento.
Si bien es cierto que esta crisis sanitaria repercutirá de manera irremediable sobre nuestra economía, y su intensidad dependerá del tiempo en que se prolongue, la capacidad de recuperación de nuestro sistema productivo dependerá de la eficacia y rapidez con la que se adopten medidas de contención del impacto y reactivación económicas.
* Puede acceder al texto íntegro del Informe a través del siguiente enlace Informe Febrero 2020
“Contamos con un espacio físico-sanitario propio, en el que el paciente tiene mayor intimidad, y en él atendemos también a la familia, puesto que no debemos olvidar que con el cuidado al ser querido, muchas veces los músculos del familiar cuidador se sobrecargan, repercutiendo directamente en su salud”, afirma.
En la edición de 2020, seis nuevos proyectos , como éste o los de Kids Ucrania, una terapia de ocio para niños con afectación por lesión cerebral o el “Servicio de acogida a las familias de niños con parálisis cerebral”, se han beneficiado de esta filosofía de microdonaciones en equipo, a través del cual las personas que lo desean aportan un euro de su nómina mensual, que se destina a un proyecto concreto y tangible elegido por los mismos trabajadores y en el que la empresa también puede colaborar, como apoyo a los ‘teamers’, duplicando la cantidad reunida por estos.
