La pandemia del coronavirus Covid-19 hará que España no vea aprobarse unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 y encadene dos ejercicios consecutivos de prórrogas que mantienen vigentes los de 2018, elaborados por el entonces ministro de Hacienda en el Gobierno del PP, Cristóbal Montoro.
El cambio en los planes del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez fue hecho público el pasado jueves en rueda de prensa por la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien reconoció que la crisis generada por el coronavirus ha provocado que el proyecto de Presupuestos de 2020 en el que trabajaba su departamento antes de la pandemia haya quedado «totalmente desactualizado”, al cambiar por completo las previsiones macroeconómicas en las que se basaba.
Así, Montero indicó que en estos momentos “no tenemos suficiente conocimiento para saber cómo se va a comportar la caída del PIB en 2020 o cómo se va a comportar para 2021” y que habrá que esperar a “una vez que tengamos claro cuáles son las perspectivas macroeconómicas, volver a montar el esqueleto del Presupuesto; pero ya será para 2021”.
Además, la ministra explicó que la intención del Gobierno de coalición es que dicho proyecto de Presupuestos incorpore los acuerdos a los que llegue con el resto de formaciones políticas, agentes sociales y comunidades autónomas en las mesas de negociación que quiere impulsar para una “reconstrucción económica y social” tras la crisis del coronavirus.
Ahora, una vez descartado el plan inicial de la aprobación a lo largo del verano de unas cuentas públicas para 2020 que estuvieran en vigor al menos la segunda mitad del año, el objetivo del Gobierno es volver “a las fechas habituales de tramitación de los Presupuestos” y “seguir año tras año presentándolos en tiempo y en forma”.
PRÓRROGA Y ANTECEDENTES
De esta forma, 2020 será el segundo año consecutivo que España completa con unas cuentas prorrogadas, después de que en 2019 el Gobierno del PSOE presentara un proyecto presupuestario pactado con Unidas Podemos que fue tumbado por el Congreso en un contexto marcado entonces por el conflicto catalán, que llevó a las formaciones independentistas a rechazarlo, al igual que el PP y Ciudadanos, provocando la convocatoria de elecciones y el fin de la legislatura.
Dicha convocatoria electoral, celebrada en abril de 2019, no se tradujo, sin embargo, en la formación de un nuevo Gobierno, sino que mantuvo al equipo de Sánchez en funciones y sin capacidad de presentar unos Presupuestos hasta que la repetición electoral de noviembre desembocó en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ya en el último mes del año.
Así, 2019 y 2020 son los dos únicos ejercicios desde la restauración de la democracia en 1978 en los que no se aprueban unos Presupuestos nuevos, manteniendo en vigor los que elaboró el PP en 2018, los únicos que han llegado a estar en vigor en tres años distintos.
De forma anecdótica, la singularidad de los Presupuestos de 2018 también reside en que fueron unas cuentas que iniciaron su tramitación con un Gobierno, el presidido por Mariano Rajoy, y la culminaron con otro, ya que fueron aprobados definitivamente apenas unas semanas después de que saliera adelante la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez, pero sin oportunidad de introducir cambios.
En total, con 2020 son ocho los años que han comenzado sin unos Presupuestos nuevos y teniendo que prorrogar los del ejercicio anterior, pero, mientras que en 1979, 1983, 1990, 2012, 2017 y 2018 se aprobaron unas cuentas a lo largo del año, no es el caso de 2019 y 2020, huérfanos de cuentas públicas.
En concreto, mientras que entre 1978 y 2016 se dieron cuatro prórrogas de Presupuestos, todas ellas ocasionadas por la coincidencia de elecciones generales con el tramo final del año, desde 2017 a 2020 se han producido otras cuatro prórrogas, pero en su caso como consecuencia de las dificultades para conseguir mayorías parlamentarias que garantizasen la aprobación de las cuentas e incluso la formación de Gobierno.
El artículo 134 de la Constitución establece que el proyecto presupuestario debe presentarse al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, por lo que, para cumplir con los plazos, el Gobierno deberá iniciar la tramitación parlamentaria antes de finales de septiembre. Por ello, teniendo en cuenta que el trámite presupuestario suele conllevar unos tres meses, en caso de que la elaboración de las cuentas públicas se retrase, los Presupuestos de 2018 podrían llegar a entrar en vigor en un cuarto ejercicio.
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