El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, relacionó este sábado el uso de las mascarillas defectuosas, que retiró ayer el Gobierno con el gran número de sanitarios contagiados porque las mascarillas llegaron a algunas comunidades el 7 de abril y se han usado durante diez dias.
Pérez Raya razóno que el uso de estas mascarillas «puede ser una de las principales razones por la que los contagios de los profesionales se siguen disparando, tal y como ponen de manifiesto los datos del Ministerio de Sanidad que reconocen 29.467 profesionales infectados, lo que supone ya el 15,67% de los casos confirmados».
Además también destacó que según informaciones internas, las mascarillas que no cumplían con los estándares de la UE llegaron el 7 de abril a centros hospitalarios de Castilla La Mancha y «los profesionales han estado diez días usándolas, confiando en que estaban protegidos cuando realmente no era así. Estos hechos también han sido confirmados por enfermeras y enfermeros del Servicio Madrileño de Salud. Los profesionales nos siguen trasladando que no tienen material de protección suficiente y que lo que hay lo tienen que reutilizar durante tres y cinco días y que se siguen fabricando batas con bolsas de basura».
Por todo esto, el presidente del Consejo General de Enfermería considera que «la gestión que está llevando a cabo el Gobierno es caótica y absolutamente descoordinada. Después de tener que esperar semanas para empezar a recibir material de seguridad ahora resulta que parte del que ha llegado es defectuoso y no cumple con las garantías necesarias. Los profesionales se están jugando la vida mientras que los responsables políticos no son capaces de garantizar la eficacia y seguridad de los materiales que compran, como estas mascarillas o los miles de tests defectuosos».
Pérez Raya pidió al Ministerio de Sanidad que «profesionalice de una vez por todas la gestión de la pandemia, impulsando una coordinación real entre todas las Comunidades Autónomas y contando con los representantes de profesionales sanitarios para que, uniendo fuerzas, se puedan adoptar las decisiones necesarias en base a la realidad existente en los hospitales y centros sanitarios. Hace falta una coordinación científica e independiente que tome las decisiones sin condicionamiento político o ideológico alguno, motivado solo por la salud pública».
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