La secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu, reclamó este jueves en el Congreso “una fiscalidad justa” -que ayude a aumentar la capacidad de recaudación a la vez que resulta “progresiva” pero donde “no paguen más los autónomos que las grandes empresas”- y atajar la morosidad.

"No puede ser que las grandes empresas tengan todo tipo de desgravaciones. No es posible que un taxista tribute más que Uber", sostuvo durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de la Cámara Baja, donde denunció que el colectivo de autónomos adolece de una “desprotección estructural” agravada por la anterior crisis.

De manera específica criticó la situación de los comerciantes frente a algunas grandes empresas de distribución. "Mientras que Amazon se forraba con las cuotas de ‘delivery’ que pusieron a los comercios por el 50% del precio por cada comida, los comerciantes han seguido ahí por mantenerse. Es totalmente imposible vivir así. Han hecho su agosto", se quejó.

Durante su intervención abogó además por “caminar” de manera progresiva hacia un sistema de cotización “por ingresos reales” por una cuestión de justicia, que haga “que pague más quien más ingresa” y porque ayudaría a mejorar la sostenibilidad de la protección social con prestaciones sociales, bajas laborales, pensiones o cese de actividad “dignas”.

Asimismo, pidió a los diputados “combatir” el uso fraudulento de los falsos autónomos porque "no puede ser que el empleo autónomo se instrumentalice para esclavizar" y urgió a “hacer realidad” la posibilidad de una segunda oportunidad para que los emprendedores puedan levantarse cuando fracasan en sus apuestas.

Entre las medidas a articular abogó también por adoptar un plan integral para el acceso de las mujeres al trabajo por cuenta propia, señalando que apenas suponen un tercio del colectivo, con tareas en sectores muy específicos, destacando que además se lleva 30 así sin avanzar.

Landaburu reconoció que se han adoptado mecanismos de protección “muy potentes” para sostener las rentas y “amortiguar el golpe” a familias, empresas y autónomos a diferencia, pero relató que otras no han funcionado con la eficiencia deseable.

Concretamente se refirió a los avales del ICO, donde afirmó que no están llegando al ritmo deseable a los autónomos por "prácticas bancarias que debemos vigilar", ya que se trata de garantías públicas del Estado "donde no es su voluntad" -la de los bancos- la que debe de primar.

La responsable de Uatae animó a los diputados a pensar en las condiciones laborales además del colectivo. "Me gustaría que le preguntaran a un ‘rider’ sobre la seguridad en el trabajo o al taxista sobre su descanso", indicó, afirmando que el colectivo "merece" esos derechos laborales que se predican.

Entre sus peticiones incluyó además "poder negociar" convenios y elegir a sus representantes y que estos derechos no descansen en otros actores. "Constituye un déficit democrático que tenemos, entre todos, que resolver", pidió.

Por último, reclamó poner coto a la morosidad indicando que la deuda alcanza los 130.000 millones de euros: 120.000 millones por retrasos en los pagos a sus proveedores, muchos de ellos autónomos, por parte de empresas cotizadas y otros 10.000 millones por las administraciones públicas.

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El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, sostuvo este jueves en el Congreso de los Diputados que es “imprescindible que en las próximas semanas se apruebe la ampliación de la duración del cese de actividad extraordinario” para los trabajadores autónomos, al menos en aquellas actividades en las que no será posible ser viable en el conjunto de 2020.

Así se expresó UPTA en su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de la Cámara Baja, donde destacó que esta medida “ha supuesto un auténtico balón de oxígeno” para más de 1,4 millones de autónomos.

Por ello, advirtió de que esta medida no puede quedar empañada por la falta de seguridad jurídica que actualmente soporta por la posibilidad de poder compatibilizar su cobro con el ejercicio de la actividad profesional.

A este respecto, explicó que aquellos que están percibiendo esta prestación pueden ser sometidos a un procedimiento de revisión de cuatro años y no existe norma jurídica alguna que establezca la compatibilidad de su cobro con el ejercicio de la actividad por cuenta propia.

Además, pidió cambios en medidas como las moratorias de pago de alquileres de viviendas y de locales afectos a una actividad de negocio o de las moratorias de los préstamos con garantía hipotecaria y de los créditos sin garantía hipotecaria o del bono social para que puedan ser realmente efectivas para los autónomos.

Según explicó, estas tres iniciativas que podrían ser válidas para aliviar la presión económica del colectivo, no se pueden desarrollar por las condiciones impuestas a los solicitantes para la acreditación de los requisitos, especialmente por el certificado de cese de actividad emitido por la AEAT.

Por último, denunció que la gestión de los sistemas de avales de los préstamos ICO, que gestionan las entidades de crédito, “está resultando un auténtico despropósito, tanto en las formas utilizadas como en la tardanza para conseguir la liquidez necesaria una vez se ha concedido el préstamo”.

“Lo más duro está por llegar, ahora es necesario tomar las decisiones adecuadas y preparar el sistema para una pérdida de empleo sin precedentes, incluyendo un descenso muy significativo del trabajo por cuenta propia. Debemos anticiparnos a la catástrofe económica que se avecina”, concluyó.

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Las entidades especializadas en la atención a personas con discapacidad -ONCE, Cocemfe, Plena Inclusión y la Red Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familiares (Riadis)- incidieron este jueves en la importancia de la cooperación para impulsar una 'nueva normalidad' que sea “inclusiva” y no discrimine a las personas con discapacidad y para responder a los nuevos desafíos en Europa y América Latina.

Así se puso de manifiesto en el transcurso de un seminario web sobre ‘Cooperación en acción ante la Covid-19’ moderado por la técnica de ONCE Natalia Guala y organizado por Grupo Social ONCE para abordar cómo trabajan estas organizaciones en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia tanto en España como en Latinoamérica.

En este acto participaron el vicepresidente Ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), Alberto Durán; el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga; el presidente de Plena Inclusión, Santiago López, y la presidenta de la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) y de la Red Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familiares (Riadis), Ana Lucía Arellano.

Durante su intervención, Durán llamó a “poner la discapacidad en la agenda transversal que afecta a todos los países” y defendió que la crisis sanitaria ha generado “retos importantes”, pero también “oportunidades” para “reformular” la estrategia de ayuda a las personas con discapacidad que se han visto más afectadas por la pandemia que la población general.

En este punto subrayó que, a pesar de la merma de sus ingresos por el impacto que ha tenido la crisis, la ONCE está realizando “esfuerzos para asumir esos importantes retos en la cooperación con Latinoamérica” y continuar prestando su apoyo a la región en esta situación “tan complicada que no diferencia entre uno y otro margen del Atlántico”.

Entre los “objetivos claros” de la organización en el marco de esta crisis, mencionó la urgencia de “mitigar” el impacto de la crisis económica, social y sanitaria en las personas ciegas y de baja visión en la región, adaptando sus acciones al contexto de cada país y ciudad en la que colabora y reorientando sus recursos humanos y económicos a las nuevas realidades para “atender realmente las necesidades básicas”.

Junto a ello, entre los desafíos, hizo referencia a la importancia de garantizar la educación a distancia en igualdad de condiciones para estas personas, así como asegurar el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad visual y baja visión, incluidos los autónomos, además de establecer redes de apoyo de emergencia para que las personas ciegas que viven solas o tienen familias a cargo puedan acceder a servicios esenciales.

Entre las múltiples acciones de cooperación puestas en marcha por ONCE en diversas áreas, también se refirió a la creación de un fondo de emergencia para atender demandas específicas surgidas en esta crisis y puntualizó que la organización ya ha prestado colaboración en 11 países al tiempo que mostró la disposición de la ONCE para “canalizar” ayuda de otros socios que no dispongan de los medios necesarios para distribuirla y para lo que pueden “confiar” en ella.

Durán puntualizó que la cooperación que realiza FOAL con las personas ciegas y baja visión es “acompañada” de la presencia y articulación internacional de Grupo Social ONCE a través de diferentes iniciativas internacionales.

“Es muy importante no segregar ni discriminar también en la cooperación y en los programas de acompañamiento para la población que lo necesita”, advirtió, para sentenciar que resulta “necesario hacer cooperación en el mundo de la discapacidad”.

En la misma línea, el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, instó a estas organizaciones a “ser ágiles” en su trabajo en el ámbito de la cooperación y puntualizó que la entidad está “reorientando” su actividad y ejecutando siete programas para atender a las nuevas necesidades de las personas con discapacidad derivadas de la pandemia.

“No sé cuál será la nueva normalidad, lo que sí sé es que las organizaciones de las personas con discapacidad llevamos 30 años trabajando para alcanzar la antigua normalidad y todavía no la hemos alcanzado”, lamentó, al tiempo que auguró que a partir de ahora se van a dar “un montón de situaciones de exclusión y tenemos que velar para que las personas con discapacidad no nos quedemos descolgadas y atrás”.

Por su parte, el presidente de Plena Inclusión España, Santiago López, valoró el “apoyo imprescindible” de Fundación ONCE” en este tránsito hacia la “normalidad”, al tiempo que defendió que la cooperación forma parte del “ADN” de la organización.

“Nuestra propia misión nos obliga a trabajar por todas y cada una de las personas con discapacidad más allá de nuestras propias entidades y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras”. “Estamos obligados a defender a las personas con discapacidad donde haya que hacerlo”, abundó, para destacar que, en los últimos tres años, Plena Inclusión ha desarrollado proyectos con 11 países latinoamericanos y siempre “de manera colaborativa”.

Finalmente, la presidenta de IDA y Riadis, afirmó que el movimiento asociativo mundial “debe agradecer esa colaboración y compromiso ferviente de la ONCE" para "activar esos esfuerzos por que la voz de las personas con discapacidad sea escuchada y ellas sean protagonistas del cambio”.

Al mismo tiempo, valoró los “esfuerzos de hermandad” con FOAL para extender acciones conjuntas en esta región que, a su entender, “se ha quedado atrás” en la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Agenda 2030, convencida de que, tras la pandemia, "tenemos la oportunidad de capitalizar estos esfuerzos de cooperación mutua para repensar en el rediseño de este mundo”.

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El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, destacó este jueves que las líneas de avales lanzadas hasta ahora apenas van a llegar a cubrir la demanda de ayuda que necesitan los autónomos por lo que pidió aumentarlas en 50.000 millones más y prolongarlas después del 31 de octubre.

Así se expresó Amor en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, donde señaló que sería también conveniente destinar una línea de 20.000 millones a microfinanciación exclusiva para autónomos y con una garantía del 90% o 95% de aval.

Asimismo, trasladó a los diputados que sería necesario prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de causa mayor con origen en el Covid-19 hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta no sólo sectores, sino también los negocios que han sufrido caídas de ingresos. Según Amor, prorrogar los ERTE de forma automática hasta el 31 de diciembre salvaría en 2020 500.000 empleos y 200.000 empleadores.

Además, demandó prorrogar ya la prestación por cese de actividad extraordinario para todos aquellos autónomos que su actividad estuviera afectada por cualquier tipo de restricción sanitaria, o que haya puesto en marcha cualquier administración. O bien para todos aquellos autónomos beneficiarios de la prestación que su actividad pierda importantes ingresos en el tercer y cuarto trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior para salvar a 250.000 profesionales.

Paralelamente, para aquellos autónomos que han sido beneficiarios en algún momento de la prestación por cese de actividad extraordinaria y en el momento en que ya no lo sean, propuso que puedan tener una tarifa plana de cotización a la Seguridad Social de 100 euros durante seis meses para amortiguar los daños de la crisis en sus negocios.

A este respecto, destacó que “la puesta en marcha de la prestación extraordinaria de cese de actividad está ayudando a que muchos autónomos no estén peor de lo que ya están”, aunque lamentó que “muchos autónomos se han quedado fuera de esta prestación” porque no tenían caídas del 75% en los ingresos.

En concreto, señaló que casi 800.000 autónomos que han tenido una caída de ingresos del 50% se han quedado sin esta ayuda. “Cuando alguien en su casa ingresa la mitad de sus ingresos y soporta los mismos gastos, se le viene encima un grave problema”, alertó.

En su intervención y para activar el consumo y ayudar a muchos autónomos y pequeños empresarios, incluyó la demanda de acometer de forma coyuntural una reducción del IVA en determinados servicios y productos como hostelería, gimnasios, actividades deportivas, peluquería o negocios de estética.

MEDIDAS FISCALES

En materia tributaria consideró "necesario implementar medidas fiscales que alivien de cargas innecesarias a los autónomos e incrementen su seguridad jurídica". Entre otras iniciativas abogó por introducir un IVA franquiciado o, lo que es lo mismo, que exonere de su pago a aquellos autónomos cuya facturación no supere los 30.000 euros.

Denunció que España es el único país de la UE donde no se ha implantado tras su adopción por parte de Holanda e indicó que es una herramienta "fundamental para aflorar la economía sumergida.

De forma adicional pidió "incentivos fiscales" para aquellos autónomos que "han aguantado a sus plantillas a pulmón", sin despidos ni ERTE y que, según cifró, han sido "uno de cada cuatro" y reclamó además que el IVA se cobre cuando se ingrese.

Tras considerar como "buena medida" el Ingreso Mínimo Vital, afirmó no entender que se deje fuera a los autónomos societarios cuando también sufren y "cierran negocios". "Hay muchas empresas que van a quebrar y se van a quedar fuera", auguró, indicando que en la pasada crisis un 30% de los autónomos hicieron uso de los comedores sociales y ayudas de Cáritas.

Pese a las medidas, estimó que algunos clausurarán sus negocios. "Calculamos que podrían ser unos 300.000 este año. Ya sólo en el primer trimestre, 168.000 empleos generados por los autónomos se han perdido, 41.000 por cuenta propia y más de 126.000 por cuenta ajena", denunció.

Para ayudar al colectivo demandó además una ley de segunda oportunidad que permita quitas en cotizaciones a la Seguridad Social, y que "te permitan respirar, que no lleves el cartel colgado de arruinado para siempre". En este punto reclamó también para la administración las mismas sanciones que para el sector privado cuando incumplen los plazos de pago de facturas. "No puede ser que un autónomo tenga que esperar 414 días para cobrar", denunció.

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, destacó este jueves que la reforma laboral de 2012 fue “el elemento de más valor para afrontar con éxito la salida de la crisis” anterior y reclamó facilidades para las empresas en el descuelgue de las condiciones del convenio colectivo o en la distribución irregular de la jornada.

Así lo dijo Garamendi durante su intervención en la comisión de reconstrucción que se celebra en el Congreso de los Diputados.

El máximo responsable de las empresas incidió en que “diálogo social y flexibilidad son las herramientas imprescindibles” para la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo en condiciones de seguridad y señaló la importancia de “dotar a las empresas en estos momentos de mecanismos flexibles para adaptar las condiciones de trabajo” en cuanto a los turnos, la jornada o los horarios, “desde el equilibrio” de los trabajadores y “la gestión” de las compañías.

En este sentido, afirmó que “la mejora de la capacidad organizativa de las empresas resulta imprescindible a la hora de conjugar las dificultades económicas” y para ello reclamó “incrementar las alternativas de organización empresarial como la movilidad geográfica y funcional, el descuelgue de las condiciones del convenio y la distribución irregular de jornada”.

Garamendi reiteró la propuesta de los empresarios de prolongar la vigencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) “de forma automática, al menos, hasta diciembre, y dotarlos de mayor adaptabilidad, dentro de la necesaria seguridad jurídica y certidumbre” para empresarios y trabajadores.

Señaló que las propuestas de los empresarios y de los sindicatos al respecto están sobre la mesa, pero no la del Gobierno. “Deberíamos haber tenido más papeles hace tiempo, no es bueno llegar a los ERTE el último día”, consideró.

REFORMA LABORAL

El presidente de CEOE destacó que la flexibilidad es “un factor decisivo” a la hora de dar competitividad a las empresas y mantener el empleo, “como ya demostró en su día la reforma laboral de 2012, que constituyó el elemento de más valor para afrontar con éxito la salida de la crisis”.

En este sentido, quiso incidir en que dicha reforma la defienden organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional y que desde CEOE “en ningún caso hemos planteado que no se pueda mejorar, pero sí hemos dicho que hacerlo en estado de alarma, sinceramente, no es el momento”. Garamendi advirtió de que “si no se hace bien, igual hay más paro todavía”.

“Cuando se hacen anuncios de desestabilizar un sistema, también generan falta de confianza; las ideologías no generan confianza en el mundo de la economía, son legítimas, pero no generan confianza en los inversores”, puntualizó.

En esta misma línea se pronunció el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, quien rechazó las “reformas integrales y contrarreformas que generan incertidumbre e inseguridad, máxime si son al margen del diálogo social", en una referencia sin explicitarlo al pacto entre PSOE, Bildu y Unidas Podemos para la derogación íntegra de la reforma laboral.

Cuerva consideró que no se puede construir una economía fuerte si el empresario es visto “con recelo” e invitó a los parlamentarios a no crear la “duda” de que la empresa “está empujando a que haya una inseguridad sanitaria que provoque muertes”. “Conviertan en el centro de sus políticas a la empresa, no la pongan en la diana”, recomendó. Además, indicó que durante esta crisis se han perdido 133.000 empresas.

PROPUESTAS

En cuanto a las medidas propuestas, desde la parte empresarial se pidió evitar la morosidad por parte de las administraciones públicas con las empresas, medidas fiscales como exenciones para tener liquidez, reforzar la industria, normalizar las importaciones y exportaciones, reactivar las licitaciones para construcción y los fondos a obras públicas, programas de incentivos a la inversión, agilización de los trámites administrativos o una mejora del sistema educativo y de formación para adaptarlo a las necesidades de las empresas.

Garamendi hizo mención al turismo para solicitar “medidas laborales, fiscales y financieras diferenciadas” y medidas sanitarias que garanticen que sea seguro.

En cuanto a los fondos europeos, Cuerva pidió no “caer en la tentación” de usarlos para gastar más, sino invertirlos en lo que genere valor a futuro, y Garamendi insistió en “ser muy firmes” y seguir la “ortodoxia económica para poner el país en marcha en una economía moderna”.

Por último, desde CEOE se afirmó que “influye en la confianza” el ambiente en la política. “A veces uno cuando ve la televisión se sonroja, cuando en estos momentos se debiera de ver a toda España unida, trabajando en una línea común, hay veces donde realmente echamos de menos un poco el que fuéramos en una misma línea”, afirmó.

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El Ministerio de Sanidad informó este jueves de que no ha habido ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 27.136. Asimismo, ayer se detectaron 156 nuevos contagios que elevan el total de casos positivos a 242.707.

Es el cuarto día con cero fallecidos, según el informe diario que publica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) que dirige el doctor Fernando Simón. Sin embargo, estos mismos datos indican que en la última semana han fallecido 32 personas por Covid-19, que corresponderían al jueves y al viernes de la semana pasada.

Aun así, los datos no cuadran porque el jueves pasado Sanidad informó de que había 27.133, tres menos que hoy, pero el Ministerio asegura que las defunciones en los últimos siete días son 32. Esto se debe, según el informe, a que se está realizando una “validación” de los casos de fallecidos.

En la última semana han sido ingresados 151 pacientes infectados en los hospitales españoles, la mayoría en Madrid (43), Cataluña (31) y Castilla y León (19), que son, junto a Castilla-La Mancha, las regiones con mayor transmisión del virus actualmente.

En concreto, las tasas más altas de transmisión del virus, que se calcula con el número de contagios por cien mil habitantes en los últimos 14 días, se dan en Castilla-La Mancha (22,14), Madrid (21,84), Castilla y León (20,88) y Cataluña (20,05).

Del pasado jueves a hoy se han diagnosticado 2.016 contagios, en su gran mayoría en Madrid (625) y Cataluña (631).

En la Comunidad de Madrid ya se han detectado 70.051 casos positivos de coronavirus tras diagnosticar 72 contagios en las últimas 24 horas. En la última semana han muerto diez personas, por lo que las defunciones ya alcanzan las 8.691.

En Cataluña hay 59.423 infectados después de detectar 27 nuevos contagios. Tiene 5.587 fallecidos por coronavirus tras registrar tres muertes en la última semana.

En Castilla y León, la comunidad que presenta mayor transmisión del virus actualmente, hay 19.254 contagios detectados tras diagnosticar cinco nuevos positivos. En esta región han muerto 1.928 personas, cuatro de ellas en la última semana.

En Castilla-La Mancha, otra de las regiones con mayor transmisión, se han identificado 13 nuevos contagios que elevan a 17.702 el total de casos positivos. Las muertes ya alcanzan las 2.945 tras contabilizar tres fallecimientos en la última semana.

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La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) apoya la candidatura de la ciudad de Madrid como sede de la final de la Champions League, promovida desde el Ayuntamiento de la ciudad y el Atlético de Madrid, cuyo estadio acogería el evento. En este sentido, la Asociación se puso a disposición de las instituciones implicadas, tanto públicas como privadas, para ofrecer sus infraestructuras, así como toda su capacidad comunicativa y de promoción.

La AEHM considera como “una noticia muy positiva la propuesta, pues enfatiza el mensaje de que Madrid, como destino turístico, ya está en marcha y funcionando a pleno rendimiento con todas las garantías de seguridad tras la pandemia del coronavirus”. Máxime teniendo en cuenta que el evento, con toda probabilidad, se celebrará a partir del mes de julio, cuando ya se habrá reactivado la movilidad entre países, lo que permitiría la llegada de seguidores internacionales.

Tal y como recalca Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación, “este evento deportivo, sin duda, impulsaría la visibilidad de nuestra oferta cultural, gastronómica, de compras y de ocio madrileña y fomentaría la llegada de visitantes a nuestra ciudad y con ello la recuperación de la actividad hotelera y de la actividad económica en general”.

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, animó este jueves a la comisión tripartita que estudia la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá de junio a lograr un acuerdo “lo antes posible, esto es antes del martes que viene”.

Díaz hizo esta apelación en la comisión para la reconstrucción en el Congreso de los Diputados en la que compareció.

La titular de Trabajo aprovechó para “desde la discreción que conviene, animar esa comisión -tripartita- para que lo antes posible, esto ha de ser, como saben, antes del martes que viene, alcancemos un acuerdo próspero para nuestro país”. Señaló que la “vocación” de su departamento “es toda” y los equipos de las distintas partes “estamos trabajando para que esto salga adelante”.

La comisión tiene el cometido de definir los sectores y los criterios para extender los ERTE más allá del 30 de junio y evitar con ello la pérdida de empleo.

Díaz admitió que “los empresarios necesitan certezas” y por ello pidió a los agentes sociales “que apuren en esa negociación”. “La vocación de este Ministerio es acompañar a las empresas y a los trabajadores porque no tendría mucho sentido que hubiéramos desplegado este esfuerzo de todos para al final dejarlo caer todo”, subrayó.

Destacó que casi 800.000 personas ya han salido de los ERTE y se han reincorporado a sus puestos de trabajo. “Vamos con tranquilidad, con prudencia, pero es positivo”, consideró.

Díaz valoró que los agentes sociales “han estado a la altura” durante la pandemia y han sido “ejemplares” con sus acuerdos para considerar que “todo el mundo debe asumir su responsabilidad, todo el mundo ha de arrimar el hombro” para un pacto en la comisión parlamentaria. La ministra conminó a los parlamentarios a ofrecer “soluciones y esperanza” a la ciudadanía y “no furia ni ruido”.

La ministra expuso las propuestas de su departamento para dicha “reconstrucción” del país ante la pandemia por Covid-19 partiendo de que “reeditar la precariedad no puede ser una opción”.

Díaz planteó que el modelo de relaciones laborales “podemos mejorarlo”, tras practicarse en la anterior crisis “una no-política laboral” y una “política anti-laboral” para “desmantelar, desregular y desproteger” a los trabajadores, según dijo.

El primer punto al que hizo referencia fue proponer un acuerdo social para extender los ERTE en el seno del diálogo social, después de señalar que han permitido que 3,4 millones de personas mantengan su empleo y numerosas empresas “se mantengan vivas”.

"RECONSTRUIR EL DERECHO LABORAL"

A continuación, pidió un acuerdo para dar estabilidad al empleo y “contra la precariedad”. En esta línea, afirmó que “hemos de reconstruir el derecho laboral” y citó la norma que está en consulta pública para “recuperar la laboralidad y los derechos asociados” de los repartidores empleados en plataformas digitales o ‘riders’. En este sentido, señaló que será un proyecto de ley y no un decreto.

También señaló que, además del subsidio extraordinario para trabajadoras del hogar que se ha aprobado con motivo de la pandemia, “hay que ratificar el Convenio 189” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre una protección específica para este colectivo.

Del mismo modo, apeló a “reconstruir una negociación colectiva equilibrada, recuperar el diálogo social en términos de igualdad en los diferentes niveles”.

Por otra parte, se refirió a las políticas activas de empleo para incidir en la promoción de los contratos indefinidos, y en esta línea, “generar acciones de formación para el empleo que les otorguen prioridad”; incentivar mecanismos de segunda oportunidad para los proyectos que fracasen por el Covid y “ayudas de rescate” a proyectos empresariales, situando a los jóvenes “en la espina dorsal de nuestra estructura productiva”.

También, afirmó que “la reconstrucción no puede ser posible sin colocar en el centro los cuidados” y que “hay que mejorar” lo relativo al trabajo a distancia para evitar los riesgos que conlleva. Cabe recordar que el Ministerio ha puesto en consulta pública un borrador para una futura norma, de la que la ministra dijo que también será un proyecto de ley y no un decreto.

Por último, hizo referencia al sistema de protección por desempleo para señalar que “en la actual situación hay que actuar de forma inmediata, con medidas de protección que nacen con un carácter extraordinario pero que anticipan el primer paso del cambio necesario en el sistema de protección a las personas desempleadas”. La ministra apuntó que "además de implementar una protección extraordinaria de carácter inmediato, nos proponemos reformular el sistema de protección en su fase asistencial” para simplificarlo y que llegue a más personas.

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, animó este jueves a la comisión tripartita que estudia la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá de junio a lograr un acuerdo “lo antes posible, esto es antes del martes que viene”.

Díaz hizo esta apelación en la comisión para la reconstrucción social y económica en el Congreso de los Diputados en la que compareció.

La titular de Trabajo aprovechó para “desde la discreción que conviene, animar esa comisión -tripartita- para que lo antes posible, esto ha de ser, como saben, antes del martes que viene, alcancemos un acuerdo próspero para nuestro país”. Señaló que la “vocación” de su departamento “es toda” y los equipos de las distintas partes “estamos trabajando para que esto salga adelante”.

La comisión tiene el cometido de definir los sectores y los criterios para extender los ERTE más allá del 30 de junio y evitar con ello la pérdida de empleo.

Díaz valoró que los agentes sociales “han estado a la altura” durante la pandemia y han sido “ejemplares” con sus acuerdos para considerar que “todo el mundo debe asumir su responsabilidad, todo el mundo ha de arrimar el hombro” para un pacto en la comisión parlamentaria. La ministra conminó a los parlamentarios a ofrecer “soluciones y esperanza” a la ciudadanía y “no furia ni ruido”.

La ministra expuso las propuestas de su departamento para dicha “reconstrucción” del país ante la pandemia por Covid-19 partiendo de que “reeditar la precariedad no puede ser una opción”.

Díaz planteó que el modelo de relaciones laborales “podemos mejorarlo”, tras practicarse en la anterior crisis “una no-política laboral” y una “política anti-laboral” para “desmantelar, desregular y desproteger” a los trabajadores, según dijo.

El primer punto al que hizo referencia fue proponer un acuerdo social para extender los ERTE en el seno del diálogo social, después de señalar que han permitido que 3,4 millones de personas mantengan su empleo y numerosas empresas “se mantengan vivas”.

A continuación, pidió un acuerdo para dar estabilidad al empleo y “contra la precariedad”. En esta línea, afirmó que “hemos de reconstruir el derecho laboral” y citó la norma que está en consulta pública para “recuperar la laboralidad y los derechos asociados” de los repartidores empleados en plataformas digitales o ‘riders’.

También señaló que, además del subsidio extraordinario para trabajadoras del hogar que se ha aprobado con motivo de la pandemia, “hay que ratificar el Convenio 189” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre una protección específica para este colectivo.

Del mismo modo, apeló a “reconstruir una negociación colectiva equilibrada, recuperar el diálogo social en términos de igualdad en los diferentes niveles”.

Por otra parte, se refirió a las políticas activas de empleo para incidir en la promoción de los contratos indefinidos, y en esta línea, “generar acciones de formación para el empleo que les otorguen prioridad”; incentivar mecanismos de segunda oportunidad para los proyectos que fracasen por el Covid y “ayudas de rescate” a proyectos empresariales, situando a los jóvenes “en la espina dorsal de nuestra estructura productiva”.

También, afirmó que “la reconstrucción no puede ser posible sin colocar en el centro los cuidados” y que “hay que mejorar” lo relativo al trabajo a distancia para evitar los riesgos que conlleva. Cabe recordar que el Ministerio ha puesto en consulta pública un borrador para una futura norma.

Por último, hizo referencia al sistema de protección por desempleo para señalar que “en la actual situación hay que actuar de forma inmediata, con medidas de protección que nacen con un carácter extraordinario pero que anticipan el primer paso del cambio necesario en el sistema de protección a las personas desempleadas”. La ministra apuntó que "además de implementar una protección extraordinaria de carácter inmediato, nos proponemos reformular el sistema de protección en su fase asistencial” para simplificarlo y que llegue a más personas.

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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró este jueves que “España ha jugado un papel clave” en los avances del Eurogrupo ante la crisis del coronavirus y que “ha sido reconocido en las instituciones y los distintos países”, por lo que “es positivo” que se esté hablando “de un candidato español”.

Así lo señaló durante una rueda de prensa telemática posterior a la reunión sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y previa a la reunión del Eurogrupo, al ser preguntada sobre si se postulará como candidata a presidir esta institución comunitaria una vez deje el cargo el actual presidente, Mário Centeno.

“El papel de España ha sido reconocido en las instituciones y este reconocimiento puede explicar que se esté hablando de un candidato español”, afirmó la ministra, para acto seguido añadir que ello “da una clara señal de confianza en nuestro país”.

En la misma línea, la ministra indicó que "no sólo medios nacionales sino todos los medios internacionales a la hora de hablar sobre las alternativas, hablan de España como uno de los candidatos a este puesto y eso demuestra un reconocimiento y una confianza en nuestro país".

En cualquier caso, indicó que en la reunión del Eurogrupo de esta tarde Centeno explicará el proceso para la elección de su sucesor y que “España no ha adoptado una decisión al respecto”. En este sentido, apuntó que "la decisión sobre esta cuestión compete a Pedro Sánchez y es él quien en los próximos días tendrá que definir cuál es la posición de España teniendo en cuenta el interés general que debe guiar la actuación de España en las instituciones europeas y el ámbito internacional.

Asimismo, Calviño destacó “el excelente trabajo” de Centeno al frente del Eurogrupo y su “capacidad para lograr consensos” y “articular una respuesta” a la crisis del coronavirus “en tiempo récord”.

MEDE

Por otro lado, en lo que respecta a las negociaciones del Eurogrupo sobre la propuesta de la Comisión Europea para el MEDE, Calviño destacó que se trata de una “buena propuesta” y que en “las próximas semanas las negociaciones serán tremendamente intensas”.

Sobre este punto, explicó que en junio tendrá lugar una primera reunión al respecto de los líderes de los Estados miembro pero que, “previsiblemente” será necesaria un segunda reunión en juio. “España va a trabajar de una forma constructiva para tratar de lograr un acuerdo lo antes posible”, agregó sobre este punto.

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Las comunidades autónomas de Madrid y el País Vasco se desmarcaron este jueves de las propuestas presentadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la 'vuelta al cole' en septiembre, que incluyen el impulso de dos programas de cooperación territorial para equipamiento tecnológico y para refuerzo del alumnado más vulnerables.

Así lo aseguró la ministra Isabel Celaá en la rueda de prensa que celebró tras la reunión telemática de la Conferencia Sectorial con representantes de las comunidades autónomas, en la que repasó los 14 puntos de la propuesta que ha trasladado a las autoridades educativas regionales.

También recordó el anuncio que hizo el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 2.000 millones de euros a las autonomías para educación. No obstante, Celaá se excusó de que la distribución de ese fondo que no habrá que devolver a la Administración no corresponde a Educación, sino que “se está trabajando en los ministerios de Economía y Hacienda los criterios de distribución y la distribución final para cada comunidad.

La ministra matizó una de las propuestas que ha trasladado a las autonomías y que su ministerio adelantó este miércoles tras trabajarlo con Sanidad, de impulsar “agrupaciones flexibles convivenciales que funcionen a modo de familia” de 15 o 20 alumnos “no son la ratio” de alumnos por clase, pues “la ratio es la ratio legal”. Esos grupos “burbuja” permitiría, por ejemplo, que los menores de 10 años (cuarto curso de Primaria) no llevasen mascarilla ni respetasen la distancia de seguridad con sus compañeros y profesores habituales.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, explicó que esa medida para los menores de 10 años “no es el número de alumnos que están juntos, sino la burbuja en la que se mantienen” y para los demás estudiantes se deberán respetar los 1,5 metros de distancia. No cumplir esa distancia sería “ilegal”, indicó Celaá, en referencia a la petición de la Comunidad de Madrid de reducir esa distancia entre los alumnos.

Para lograrlo, dijo, se trabajará “optimizando los espacios”. Cuando no fuera posible, añadió, “ese centro educativo será atendido por su comunidad autónoma” para que se le facilite “otro espacio”.

CRITERIOS

Celaá insistió en que esta y otras consideraciones sanitarias para la vuelta a las aulas responden a las recomendaciones sanitarias, y que sus criterios han cambiado porque lo han hecho las medidas de los expertos. “Vamos avanzando en lo que aportan los científicos y conocemos de la pandemia” y, lo último que se sabe, dijo que es que “cuanto menor es el niño menor es la capacidad de transmisión que este virus parece tener”.

Celaá también aseguró que las autonomías pueden trasladar sus aportaciones para detallar las medidas con las que finalmente se inicie el curso y recalcó que en el curso 2020-2021 se pondrá “el énfasis en la presencialidad, sin abandonar la digitalización, uno de los principios rectores de la Lomloe”, su reforma educativa que se está tramitando en el Congreso.

“Abrir un colegio es infinitamente más complejo que hacerlo en un comercio u otro negocio”, remarcó la ministra, que recordó que los niños no han podido regresar a las aulas hasta que las comunidades autónomas hayan alcanzado la fase 2, aunque dejó a la “autonomía” de los centros organizar actividades, por ejemplo, como el juego con pelota, porque los colegios “observarán precauciones adecuadas para la mayor seguridad”.

Celaá reconoció durante su intervención que “la educación no presencial ha generado brechas de desigualdad” y que durante el confinamiento “hemos perdido en términos de interacción y socialización” de los alumnos, que sin embargo han ganado en otras competencias. “Hoy sabemos más del virus y de su comportamiento”, dijo también, a la par que subrayó que “la declaración del estado de alarma no suspende las competencias de las comunidades autónomas”, lo que “no quiere decir que el Ministerio no deba ejercer las suyas” en materia de coordinación.

ACUERDO

En la reunión de este jueves, el Ministerio ha presentado 14 puntos “para un acuerdo educativo” a los que se han adherido todas las comunidades menos Madrid y País Vasco. Entre ellos, destacan que “el curso comenzará en las fechas habituales y seguirá pautas temporales similares a otros cursos académicos” (con un mínimo de 175 jornadas lectivas); que la presencialidad será “principio general” y que los centros “adaptarán en todas las etapas sus programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes no alcanzados”.

Celaá también enumeró otras cuestiones del acuerdo, como los planes de seguimiento para los alumnos con más dificultades por la crisis del Covid-19, el fomento del trabajo colaborativo entre docentes y que “en el inicio y desarrollo del curso” se seguirán las indicaciones de Sanidad y las CCAA.

Los otros puntos de la propuesta del Gobierno pasan por cuestiones de riesgos laborales para medidas sanitarias, formación a docentes y personal para cumplir los requisitos sanitarios, planes de inicio de curso que habrán de elaborar los centros y planes de contingencia “frente a eventualidades” que tendrán que trazar las administraciones educativas.

La ministra también se refirió a impulsar “medidas necesarias” para que los centros ofrezcan servicios complementarios “habituales” de forma segura, punto del que subrayó especialmente el comedor y el transporte.

El documento del acuerdo contempla asimismo medidas contra la brecha tecnológica, recursos desde el Ministerio y las regiones para refuerzo digital dese ministerio y los citados programas de cooperación territorial.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) aprobó este jueves la incorporación formal a su Patronato de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, reforzando así su trabajo en la lucha contra la discriminación interseccional que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.

Esta ha sido una de las decisiones adoptadas por el Patronato de la FCM, durante su XV reunión ordinaria, en la que también se aprobó la incorporación al Patronato de la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital del Consejo General de la ONCE, Patricia Sánz, y de la secretaria general de la Junta Directiva de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), Mercedes Ramón.

La presidenta de la FCM, Concha Díaz; la vicepresidenta ejecutiva, Ana Peláez, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que es miembro del Patronato, felicitaron a las nuevas integrantes. En este sentido, Zapatero elogió la trayectoria “de alto nivel” de Rebeca Grynspan en la defensa de la igualdad de derechos de las mujeres.

Precisamente, la Secretaría General Iberoamericana ha comenzado a desplegar un programa de discapacidad cooperativo, decidido en la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias, Colombia, al que hasta ahora se han sumado un nutrido grupo de países de esta comunidad de naciones, entre ellas España.

Por otro lado, en el encuentro telemático, se repasaron las acciones desplegadas por la FCM durante los últimos meses en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y las cuidadoras. En este punto, Ana Peláez destacó los webinarios del ciclo ‘No estás sola’, que cada miércoles durante la pandemia, a las 16.00 horas, aborda un tema concreto e impulsa la participación en primera persona de las mujeres con discapacidad y sus cuidadoras.

Además, Concha Díaz expresó su preocupación por la violencia machista contra mujeres con discapacidad y exigió que los recursos de atención y de información sean accesibles. En esta línea, resaltó la guía ‘No estás sola’, de Cermi Mujeres, publicada durante los peores momentos de la pandemia para aglutinar todos los recursos de atención a víctimas, tanto a nivel general, como específicos para mujeres con discapacidad.

Igualmente, se analizaron los avances legislativos de los últimos meses en materia de género y discapacidad, como la toma en consideración de la reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas; las aportaciones del Cermi y de Cermi Mujeres a la Ley de Libertad Sexual, y la contribución de dichas organizaciones para que la Estrategia Europea de Igualdad de Género tuviera en cuenta en mayor medida la variable de discapacidad, entre otras cuestiones.

También se aprobó en el encuentro telemático por unanimidad la modificación de los Estatutos de la FCM, de forma que se garantice explícitamente que la composición femenina del Patronato será siempre igual o superior al 60%.

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El Ayuntamiento de Madrid reabrirá los campamentos de verano a partir del 15 de julio y estarán controlados por un responsable de seguridad e higiene para evitar contagios y rebrotes del Covid-19.

Así lo informó la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno donde comentó que se ofertarán más de 1.500 plazas y otras 430 irán destinadas para niños con algún tipo de discapacidad.

La vicealcaldesa explicó que en cada actividad habrá un responsable que se encargará de vigilar que se cumplan todas las medidas de seguridad e higiene requeridas, que controlará que los niños se laven las manos constantemente y también la temperatura y posibles síntomas relacionados con el coronavirus.

En este sentido, Villacís señaló que para los campamentos de verano habrá un monitor por cada cinco niños de entre tres y cinco años, y un monitor por cada nueve niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.

Además, de la vigilancia de los monitores y responsables de seguridad e higiene, la vicealcaldesa confió en la responsabilidad de los menores durante su estancia en el campamento de verano, ya que, durante el confinamiento “se han portado de manera genial”.

ESCUELAS INFANTILES EN JULIO

Además, Villacís indicó que las escuelas infantiles municipales volverán a abrir sus puertas a los alumnos de 0 a 3 años a partir del 1 de julio.

La vicealcaldesa remarcó que el objetivo del Consistorio es apoyar la conciliación de las familias tras el periodo de confinamiento al tiempo que se ofrecen las garantías de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

Para el acceso de los menores, tanto a las escuelas infantiles como a los campamentos urbanos, será preciso que los padres o tutores acrediten que tienen trabajos presenciales que les impiden hacer compatible sus obligaciones laborales con el cuidado de los niños.

Según explicó Villacís, la conciliación ha adquirido una “importancia especial” a raíz de la crisis social que ha seguido a la crisis sanitaria. Una reciente encuesta elaborada por el área social del Ayuntamiento “demostraba que la posibilidad de teletrabajar caía drásticamente en las familias con menores ingresos, que son las que más están sufriendo las consecuencias económicas del confinamiento”.

Por tanto, “dar a estas familias la posibilidad de conciliar supone un apoyo básico para que puedan acceder a un empleo y superar situaciones que en algunos casos son críticas”, concluyó.

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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) celebró este jueves de forma telemática su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, con la participación de más de 100 delegados de toda España, en la que Anxo Queiruga fue reelegido como presidente para los próximos cuatro años tras contar con el apoyo unánime de las 91 entidades que forman parte de Cocemfe.

El equipo liderado por Queiruga estará formado en esta nueva etapa por Eva Pérez Bech, vicepresidenta de la entidad; Marta Valencia, al frente de la Secretaría de Organización; Daniel-Aníbal García, como nuevo secretario de Finanzas; Daniel Gallego, que ocupará la nueva Secretaría de Impacto Social y Agenda 2030; Encarnación Rodríguez se encargará de la Secretaría de Mujer e Igualdad; Mar Arruti hará lo propio con la Secretaría de Cronicidad, Pacientes y Coordinación Sanitaría; Mónica Oviedo liderará la Secretaría de Innovación Asociativa; Ramón Salas será el secretario de Accesibilidad y Vida Independiente, y, por último, Valentín Sola se encargará de la Secretaría de Desarrollo Educativo y Profesional.

Tras su nombramiento, Anxo Queiruga afirmó que “en los próximos cuatro años nos volcaremos en todas las cuestiones que como movimiento asociativo reclamamos y todavía no hemos conseguido, en paliar los enormes efectos negativos que la pandemia de Covid-19 está ocasionando sobre las personas con discapacidad física y orgánica y en que no se produzca ningún tipo de retroceso en el ejercicio de sus derechos”.

“Con el esfuerzo, el compromiso y la ilusión de todas las personas que conformamos Cocemfe conseguiremos mantenernos y decir alto y claro al conjunto de la sociedad, que esta confederación no permitirá que la discapacidad física y orgánica dé un paso atrás”, aseveró Queiruga.

Además, agradeció la confianza a las personas representantes del movimiento asociativo de Cocemfe e indicó que él y su equipo seguirán trabajando en favor de la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica, guiados por una visión de Derechos Humanos y, por lo tanto, de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Las principales líneas de actuación que plantea la nueva directiva son mejorar la autonomía de las personas con discapacidad física y orgánica en todo su ciclo vital; impulsar su empleabilidad; conseguir la no-discriminación de las mujeres con discapacidad física y orgánica; garantizar que la infancia con discapacidad física y orgánica disponga de igualdad de oportunidades; especialmente en lo que respecta a la educación inclusiva, y alcanzar una mejor coordinación entre el ámbito social y el sanitario.

CUENTAS

Por otro lado, durante la Asamblea se aprobó el Plan de Actuación del año 2020 y las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de 2019, año en que más de 980.000 personas se beneficiaron de las actividades desarrolladas por Cocemfe en áreas como desarrollo educativo y profesional, coordinación sociosanitaria, accesibilidad y vida independiente, turismo accesible, proyectos e innovación social, voluntariado, cohesión asociativa, comunicación, igualdad y cooperación.

Además, se aprobó la adhesión de dos entidades más: la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Antinflamatorios (Stop FMF) y la Asociación Española de Esclerodermia (AEE), por lo que el Movimiento Asociativo de Cocemfe pasa a estar formado por 91 entidades estatales, autonómicas y provinciales que representan a más de 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica, siendo así organización más representativa de este grupo social.

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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, calificó este jueves de "miserable“ la actuación del vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, respecto a las residencias, dado que era "responsable a nivel nacional" pero "se borró de lo que pasaba en los centros para luego criminalizar un día sí y otro tambien a este Gobierno y a sus profesionales“.

El consejero hizo estas declaraciones en el Parlamento regional, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Pilar Sánchez Acera sobre la coordinación entre la consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales durante la crisis del Covid-19, donde hizo referencia a la colaboración entre la Comunidad y el Estado.

Afimó que "nos dejaron sin materiales de protección en los momentos más cruciales de la pandemia, durante más de nueve días, con el pretexto de una compra centralizada que nunca se produjo. Nos enviaron unos test que no habían probado y que, si esta Consejería no hubiera comprobado su calidad, hubieran puesto en peligro a pacientes y profesionales. Se remitió a las comunidades material defectuoso y faltaron a la verdad diciendo que se han entregado determinadas cantidades de material cuando no han aportado ni una quinta parte lo que necesitaban nuestros profesionales“.

Todo lo que han hecho ha sido atacar a Madrid para tapar su nefasta gestión", aseguró el consejero, quien consideró que el Gobierno central "siempre ha ido al rebufo de las actuaciones de la Comuniad de Madrid“.

"No querían actuar, y lo hicieron porque Madrid apretó el acelerador. A mi no tiene que contármelo nadie, porque lo he vivido en primera persona“, añadió.

Dijo que "mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha dejado la piel por salvar el mayor número de vidas“, desde el Gobierno central "no han hecho otra cosa que atacar a nuestros profesionales y discriminar a sus ciudadanos. Estoy seguro que no lo van a olvidar“.

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La Fundación Inocente, Inocente inicia una campaña urgente de captación de fondos y donaciones que ayuden a las familias, con menos recursos y menores a su cargo, a mantenerse conectadas con la educación, el desarrollo personal y la integración.

Con #NoTeDejoAtrás esta fundación pretende concienciar a toda la población sobre los efectos de la crisis sanitaria en los menores con menos recursos y "sobre la gran diferencia respecto al acceso a la educación virtual entre los menores españoles, agravada en aquellos niños con necesidades especiales", destacó la entidad.

Personalidades del mundo artístico, periodistas y empresas como Jota Abril, Roberto Álvarez, Ismael Beiro, Carolina Casado, Juan Echanove, Goyo González, Anne Igartiburu, Juanma Iturriaga, Leonor Lavado, Tania Llasera, Juan y Medio, Pepón Nieto o Irene Villa, entre otros, han confirmado su apoyo a la campaña.

Además, la fundación ha hecho algo histórico, separar su logo por primera vez en 25 años. Esta división representa el riesgo de dejar desamparados a los pequeños con menos recursos, el peligro de dejarlos atrás, sin acceso a la tecnología necesaria para su educación y adaptación en una situación tan complicada como la que estamos viviendo como sociedad.

Las formas de colaborar en la campaña es haciendo "una aportación económica de 30 euros a través del enlace de la campaña 'https://www.fundacioninocente.org/notedejoatras' o un Bizum al 33379 desde el apartado ONG" o sumarte a la misma "compartiendo post y videos en tus redes sociales con el hashtag #NoTeDejoAtrás".

La Fundación Inocente, Inocente realiza cada año una Gala Benéfica en TVE y lleva ayudando a la infancia en España desde hace un cuarto de siglo.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó este jueves la nueva Directiva Nacional 2020 que tiene entre sus objetivos la protección de los ciudadanos españoles ante acontecimientos como la pandemia del coronavirus o las fluctuaciones en el orden geopolítico mundial, en general, y en el entorno de España, en particular.

El jefe del Ejecutivo firmó esta directiva en un acto en el Palacio de la Moncloa al que también asistieron la ministra de Defensa; el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya; el secretario de Defensa, Ángel Olivares; el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre; el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), general Francisco Javier Varela; el jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante Teodoro López Calderón; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (Jema), general Javier Salto, y el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez.

La Directiva de Defensa Nacional 2020 supone una profunda actualización del último documento de esta categoría, publicado en 2012. Se trata, también, de la primera Directiva de Defensa derivada de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y recoge tanto la visión reflejada en este documento como las implicaciones para la defensa, la seguridad y la protección de los ciudadanos ante acontecimientos como la pandemia del coronavirus o las fluctuaciones en el orden geopolítico mundial, en general, y en el entorno de España, en particular.

No obstante, la directiva precisa que el desarrollo de sus directrices precisará de la “financiación que resulte necesaria para abordar” los compromisos internacionales, la renovación y el sostenimiento de las capacidades, y en particular una “atención especial” a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas.

La actualización de la directiva ofrece una “apuesta decisiva” por la aportación de las mujeres a la transformación en la resolución de conflictos y promoción de la estabilidad y prioriza la atención a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas, establece bases industriales y tecnológicas, a nivel nacional y europeo, sitúa la ciberseguridad en aras del beneficio social y de la creación de empleo cualificado.

La directiva establece que la última década ha presenciado “cambios sustanciales” en la arquitectura internacional de seguridad, lo que se ha traducido en una “erosión notable” del orden internacional y en un “protagonismo inusitado del recurso a la fuerza”.

Ello se traduce en el cambio que se ha producido en la “relación de los gobiernos con los gobernados” y el hecho de que los retos de seguridad de actores estatales, “entre los que existe una intensa competición estratégica”, y no estatales (terrorismo y crimen organizado), que se pone de manifiesto en las acciones de desinfomación y las agresiones en el ciberespacio.

También incide en que el cambio climático y las pandemias demuestran que los desafíos no siempre son “consecuencia de un acto hostil ni deliberado, aunque supongan un reto de enorme envergadura”.

Señala que las consecuencias de la crisis financiera de 2008 han redefinido el papel de las organizaciones internacionales, las relaciones económicas entre los estados y la de éstos con las grandes empresas.

Dichas consecuencias han provocado, dice el texto, frustración entre la sociedad, que, en ocasiones, se ha traducido en manifestaciones de rechazo a los sistemas establecidos, en el auge de proteccionismos económicos y, por ende, en un retroceso del multilateralismo, un hito ante el que la UE debe aprovechar para “asumir mayores responsabilidades” complementando y reforzando las capacidades de la OTAN.

El documento establece que el objetivo de la defensa es proteger a la sociedad española, su Constitución y los valores, principios e instituciones que ésta consagra y contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacional; encuadra la actuación de las Fuerzas Armadas en misiones en territorio nacional y operaciones internacionales, y también aboga por una completa red de relaciones bilaterales.

Además, redobla las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia, la actuación en el ciberespacio y la gestión responsable de la información pública; frente a las consecuencias del cambio climático se integrarán capacidades esfuerzos como los de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y civiles, en sintonía con los objetivos y principios de la Agenda 2030; indica que la “empatía” con la población civil será la clave del éxito de los militares en las misiones en el exterior; y se mantendrá un “nivel tecnológico avanzado”, se fomentará la cultura y conciencia de la defensa y mejorar la calidad de vida y mejores oportunidades de formación en las Fuerzas Armadas.

La estrategia establece una línea de actuación marcada por la “búsqueda constante de la paz, la estabilidad y el fomento de la Seguridad Humana”, con la “práctica del multilateralismo y de la acción concertada con socio y aliados” como “principales método de gestión de nuestra defensa en el exterior”.

Para ello, se impulsará la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y la adquisición de capacidades que permitan la colaboración y el apoyo con autoridades civiles para casos de crisis y emergencias.

Dentro de un marco donde la “calidad de vida y unas condiciones de trabajo seguras y dignas” del personal militar, incluyendo la conciliación, serán “una de las principales prioridades” del Ministerio de Defensa.

Por otra parte, en la Directiva se recuerda la actuación de España en el seno de la OTAN donde la contribución se “materializará mediante una aportación solidaria de capacidades y fuerzas a sus estructuras y operaciones”.

En el debate “político” de la OTAN se defenderá una “combinación de disuasión y diálogo, apostarán por soluciones que favorezcan la distensión y el establecimiento de foros y medidas de confianza.”

Aunque se buscará un “equilibrio apropiado” en a contribución a las misiones de la UE, OTAN y ONU, habrá “especial atención al entorno europeo cercano al Mediterráneo, al Sahel Occidental y al océano Atlántico”. En dichas misiones, se hará especial hincapié a colectivos “vulnerables” como menores y mujeres.

“Para todo ello, las Fuerzas Armadas deberán ser capaces de sostener el despliegue permanente del número de efectivos que, con aprobación del Gobierno, establece la Directiva de Política de Defensa, y de realizar cuando la situación lo quiere, un esfuerzo suplementario al menos un 50% superior por un periodo máximo de un año”.

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Bankia entregará un total de 10.000 libros infantiles y juveniles a los bancos de alimentos de nueve provincias españolas, en el marco del proyecto ‘Libro Solidario’ de Plataforma Editorial, que se repartirán entre familias con hijos en edad escolar.

Según informaron conjuntamente Bankia, Plataforma Editorial y la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), los libros se entregarán a los bancos de alimentos de Ávila, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Valencia, Castellón, Murcia y Alicante, con el objetivo de promover la lectura contra la exclusión social, así como paliar la falta de carga lectiva y estimulación lectora de niños y jóvenes durante el confinamiento.

El reparto se realizará en proporción al número de familias beneficiarias con hijos en cada banco de alimentos de las nueve provincias en las que Bankia tiene una presencia significativa.

El director de Gestión Responsable de Bankia, David Menéndez, destacó que con esta iniciativa “pretendemos contribuir a eliminar las diferencias que afectan a los más vulnerables, especialmente los niños, también en materia de desigualdad cultural”.

Por su parte, el director general de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, apuntó que “según el Informe PISA, existe una relación directa entre el número de libros en el hogar y los resultados de los estudiantes en su rendimiento escolar; una de las diferencias más notables se da entre los alumnos que tienen menos de 20 libros y los que tienen más de 200 en casa”. “Esto es tremendo. No nos conviene ignorarlo”, consideró.

Desde Fesbal, su director general, Miguel Fernández, valoró el “largo apoyo” de Bankia, desde hace siete años, a la labor social de la federación.

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El Sabadell ha invertido en la empresa biotecnológica Oxolife, creada para desarrollar un nuevo tratamiento para mejorar la tasa de fertilidad femenina, aprovechando una ronda de financiación lanzada por la compañía por valor de 5 millones de euros.

Según detalló el banco este jueves, participa en la compañía a través de BStartup tras seleccionar a la compañía como una de las tres ganadoras de la ‘II Edición de BStartup Health’.

La ronda está liderada por la gestora de capital riesgo Inveready y el organismo público CDTI a través de su programa Innvierte, y participan también HighStick2019 e inversores privados a través de la plataforma Capital Cell.

Fundada en Barcelona en 2013, Oxolife está liderada por Agnès Arbat, médico especializado en farmacología clínica, e Ignasi Canals, doctor en bioquímica. La firma desarrolla una molécula –la OXO-001-, que actúa específicamente sobre la implantación del embrión para aumentar la tasa de éxito de embarazo, y ya obtuvo resultados alentadores en modelos animales representativos.

Según ha explicado el banco, se trata de un “gran avance”, al carecer actualmente de alternativa terapéutica en el mercado para preparar el endometrio y mejorar las condiciones de implantación embrionaria. La mayoría de fármacos existentes se centran en el incremento y mejora de la ovulación, así como en las técnicas fertilización de ovocitos y desarrollo de los embriones.

Con los recursos levantados la empresa ampliará el estudio y realizará en clínicas de España y centros europeos un ensayo clínico para evaluar la eficacia del fármaco en pacientes que recurren a técnicas de reproducción asistida. El siguiente paso sería alcanzar un acuerdo con una farmacéutica para finalizar el desarrollo clínico y proceder a la comercialización del fármaco, algo que prevé para el 2023.

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Samsung logró en 2019 en España un beneficio después de impuestos de 28 millones de euros, lo que supone un 8% más que el año anterior, según el informe anual publicado hoy por el gigante surcoreano.

La cifra de negocio creció un 1,7% y se situó en 1.735 millones de euros, y el resultado de explotación alcanzó los 33,4 millones de euros.

La contribución total de Samsung al PIB español en 2019 ascendió a 771 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior.

Esta cifra incluye la contribución directa de la compañía de 67,9 millones de euros, la contribución adicional indirecta de 165,9 millones destinados a gastos en proveedores nacionales y 372,5 millones por la contribución tractora al PIB derivada de la venta de productos Samsung, destacando un aumento del 79% en el impacto en el comercio minorista especializado en electrónica.

Los 164,7 millones restantes fueron generados a través de la contribución inducida al PIB: los impactos directos, indirectos y tractores originaron en 2019 un total de 324,2 millones de euros en salarios, lo que ha propiciado un incremento del consumo.

Samsung España destaca en el informe el mantenimiento de su compromiso con el empleo estable y de calidad, como demuestra el hecho de que el 100% de sus contratos laborales durante 2019 fueron de carácter indefinido. El impacto total generado por Samsung se eleva hasta los 17.004 empleos. En 2019, su equipo humano ascendía a 348 personas mientras que los empleos indirectos generados llegaron a 3.599, destacando los sectores de publicidad y marketing (40% empleos) y el de reparación de equipos electrónicos (21% empleos). De igual modo, en términos del impacto tractor sobre el empleo, en 2019 se generaron más de 10.569 puestos de trabajo, mientras que los generados a través del impacto inducido alcanzaron la cifra de 2.288.

Por último, el impacto fiscal total generado por Samsung en 2019 asciende a 657,9 millones de euros. La aportación directa a las arcas del Estado en 2019 ascendió a 30,7 millones de euros. El impacto fiscal indirecto ascendió a 391,3 millones, lo que supone un 61,3% del impacto fiscal total. La venta de los productos en los establecimientos comerciales, originan, a su vez, un impacto fiscal tractor de 184 millones de euros. Por último, el impacto fiscal inducido supuso 51,9 millones de euros adicionales que corresponden a la actividad y el empleo generado por Samsung de forma inducida, destacando el impacto en los impuestos asociados al empleo que supuso el 46% del total.

ONCE Y ACCESIBILIDAD

El Informe Socioeconómico y Fiscal de Samsung en España en 2019 ha sido realizado por la consultora PWC a partir de la información financiera y fiscal aportada por la compañía, así como otros datos macroeconómicos y sectoriales extraídos de fuentes públicas como el INE, Agencia Tributaria y Ministerio de Hacienda.

En materia de responsabilidad social, la tecnológica asiática está presente en áreas como la educación y cultura, la accesibilidad y el bienestar o el emprendimiento y empleabilidad, siempre buscando alianzas con las Administraciones Públicas e instituciones culturales para conseguir un mayor impacto y beneficiar al mayor número de personas.

Entre las diferentes iniciativas realizadas a lo largo del año pasado, la compañía ha seguido trabajando para favorecer el uso de la tecnología en la enseñanza a través de Samsung Smart School, programa desarrollado en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Conserjerías de Educación de las comunidades autónomas, cuyo objetivo consiste en incorporar la tecnología en las aulas como elemento integrador y canalizador del cambio metodológico. Desde su puesta en marcha hace seis años, la iniciativa se ha centrado en colegios públicos en áreas de riesgo de brecha digital, zonas aisladas y/o con alto índice de inmigración o desempleo. En total se ha implementado en 108 aulas, con más de 4.000 alumnos participantes.

También ha impulsado el empleo juvenil y el talento a través de su programa de formación Samsung Tech Institute, que persigue mejorar la empleabilidad de los jóvenes, así como adaptar sus conocimientos a los requerimientos de los perfiles profesionales más demandados en la actualidad. Durante los últimos seis años, ha formado a más 2.000 estudiantes con un 45% de ratio de empleabilidad. Dentro de este programa destaca la iniciativa Samsung DesArrolladoras, que pretende paliar la escasez de mujeres en el campo de las profesiones STEM y favorecer su incorporación en las diferentes especialidades profesionales relacionadas con la ingería y el desarrollo de software. En 2019 puso en marcha la segunda edición que ha hecho posible que más de 1.000 mujeres se formen gratuitamente, sin necesidad de conocimientos previos en programación.

El apoyo a la cultura y su contribución para seguir impulsando su desarrollo y el enriquecimiento de la sociedad es una constante de la compañía desde 2013. Este compromiso se materializa durante estos años con una inversión de más de siete millones de euros destinados a múltiples iniciativas.

Destacan las colaboraciones con algunas de las instituciones culturales más prestigiosas del país, como el Museo Nacional del Prado, el Teatro Real o el Museo Arqueológico Nacional, desarrollando aplicaciones, contenidos digitales o experiencias de realidad virtual. Uno de los ejemplos es la integración del Teatro Real y del Museo del Prado en su bicentenario en Bixby, el asistente de inteligencia artificial de Samsung, ofreciendo a los usuarios información acerca de horarios, precios y tipos de entradas, abonos o itinerarios personalizados según el tiempo disponible.

En el área cultural y educativa, otro de los hitos destacados en 2019 fue la presentación de la app ‘MAN Aula Virtual’ con el Museo Arqueológico Nacional, una herramienta pedagógica para profesores y alumnos que permite acceder desde las aulas a contenidos exclusivos, junto a información adicional inédita preparada por el museo.

Por otro lado, con objeto de contribuir al desarrollo sostenible y en línea con su compromiso empresarial y social, Samsung ha identificado aquellos ODS especialmente vinculados con su actividad. En este aspecto destaca su aportación al objetivo 4 que persigue garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Además, Samsung España ha fomentado en 2019 alianzas entre diferentes entidades para promover la inclusión y el avance tecnológico, con importantes acuerdos con Fundación Atresmedia, Fundación ONCE, Fundación Luzón, Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), Cruz Roja o Aldeas Infantiles, entre otros.

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El expresidente del Gobierno Felipe González comparó este jueves en 'NEF online' al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que lidera Pedro Sánchez con el camarote de los hermanos Marx.

Durante este encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, el expresidente sostuvo que las propuestas económicas de la formación que lidera el vicepresidente Pablo Iglesias “no son precisas” y, por tanto, “no se saben cuáles son los propósitos concretos” de las mismas, en respuesta a una pregunta sobre la aceptación de algunos planteamientos de Unidas Podemos en el seno de la Unión Europea.

“Vivo algunas veces la tensión entre unos y otros, a veces sufro de esta dinámica en la que entramos y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo, dice yo dos huevos duros más o yo quería más (…) y eso no me gusta”, compartió González sobre las diferencias en el Ejecutivo de Sánchez.

Además, el expresidente recordó que existe la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que es una “pieza esencial” de gobierno, que establece un “procedimiento de toma de decisiones que hay que respetar todos los días”. “Hay que respetar las decisiones del Consejo de Ministros” que es un “órgano colegiado”, donde “el presidente arbitra esas decisiones”, pero no es un foro de decisiones de votaciones permanentes”.

En este sentido, ahondó en que “la ley obliga a todos a preservar los debates que siguen siendo secreto y solo públicos los acuerdos”, recordó, en clara alusión a los debates que se han radiado en el seno del Ejecutivo de coalición.

Por otra parte, el expresidente reconoció que le “preocupa” que se preserve el “buen funcionamiento” del estado de derecho. Así, comentó la preocupación porque en un estado de alarma se legisle “fundamentalmente” por real decreto, pero sostuvo que estos “deberían caer” una vez concluya el periodo excepcional y, aquellas decisiones que “deben tener una vocación de permanente, vayan por trámite ordinario”.

INDEPENDENTISTAS

El expresidente no se mostró partidario de acordar con los independentistas. “Creo que yo no me hubiera puesto en ese lugar”, dijo, pero acto seguido admitió que “vistas las circunstancias -tras la repetición electoral- ya veríamos".

“Pero lo que es cierto", defendió, "es que no se le puede pedir a alguien que cree en la independencia de una parte del territorio que se comprometa con un proyecto de reconstrucción o de recuperación de España como país. Un proyecto de España no creo que le interesa a ERC ni a los herederos de Convergencia” porque “no están eso”, concluyó.

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