Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Real Patronato sobre Discapacidad han editado la publicación ’11 claves para una nueva normalidad accesible’, en la que se hacen recomendaciones teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en la adecuación de los espacios y edificios públicos a esta nueva realidad.

La publicación aborda, de manera fácil y sencilla, once elementos como son las ‘Pautas de conducta’, ‘Información en diferentes formatos’, ‘Adecuación de Equipos de Protección’, ‘Dispensadores de Gel Hidroalcohólico’, ‘Espacio de separación mínima’, ‘Mamparas separadores de protección’, ‘Terrazas y veladores’, ‘Sistemas de activación de elementos’, ‘Espacios higiénicos de uso público’, ‘Transporte colectivo’ y ‘Reducción de aforo de espacios públicos’.

Cada uno de estos elementos ha sido analizado y dentro de ellos se proponen consejos que reflejan aspectos relacionados con los grandes colectivos de personas con discapacidad como son discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva y discapacidad psicosocial, de manera que el nuevo cumplimiento normativo en los entornos públicos y laborales no se convierta en una barrera para la libre circulación y desarrollo de actividades por parte de las personas con discapacidad.

De esta forma, en lo que respecta a la información se recomienda el uso de pictogramas y la lectura fácil, así como que los mensajes que se ofrezcan en formato sonoro en espacios públicos incorporen alternativas en formato escrito o en lengua de signos.

Respecto a las mascarillas, se afirma que pueden provocar desconfianza por parte de personas con discapacidad cognitiva o psicosocial al dejar oculto parte del rostro. Además, disminuyen la vocalización y volumen entre los interlocutores, lo que incide negativamente en la comunicación con personas con discapacidad auditiva.

En cuanto al gel hidroalcohólico, se considera necesario plantear un criterio de cara a normalizar su ubicación y facilitar su localización por parte de las personas con dificultad visual y asegurar su cómoda manipulación a quienes tengan problemas de destreza en los miembros superiores.

Esta publicación se enmarca dentro de la iniciativa #BarrerismoCovid cuyo objetivo es sensibilizar sobre las barreras a las que pueden enfrentarse las personas con discapacidad. Irá acompañada de videos protagonizados por los personajes de la serie animada ‘ON Fologüers’.

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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha querido visibilizar las vivencias de distintas personas sordas durante el confinamiento por la crisis del Covid-19 con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se celebra el próximo 14 de junio.

A través de un reportaje, todas ellas coinciden en destacar el papel determinante que ha desempeñado la lengua de signos para poder acceder a la información y a la comunicación en condiciones de igualdad durante este tiempo de pandemia y ver así garantizados sus derechos.

Es el caso de Encarna Marcos, que durante once días estuvo ingresada en un hospital cántabro aquejada de coronavirus, y según manifiesta “preocupada por cómo iba a entenderme con el personal sanitario”. Encarna explica que dada la situación no permitían el acceso al hospital de los intérpretes” y confiesa que en muchos momentos tuvo que comunicarse con su médico escribiendo en un papel. “Como era obligatorio el uso de mascarilla, nos resultaba imposible entendernos”, comenta. “En ocasiones, y por iniciativa propia, tuve que recurrir a las videollamadas o al servicio de videointerpretación SVIsual, que permite la comunicación a distancia y en tiempo real con personas oyentes, pero a veces me encontraba tan cansada y sin fuerzas, que la única alternativa era el lápiz y el papel”.

Para esta cántabra, la falta de accesibilidad y de procedimientos adecuados en el ámbito sanitario que no hagan recaer el peso de una comunicación eficaz en el paciente sordo, son motivo de angustia e incertidumbre. Como posible solución, Encarna urge a asegurar la presencia de la lengua de signos “no sólo en los centros de salud o en los hospitales, sino en todos los ámbitos de nuestra vida”.

Otro de los testimonios lo aportan los hermanos Alfaro desde la Comunidad Valenciana. Para ellos, su máxima preocupación durante el confinamiento fue el bienestar de sus padres sordos. “Los primeros días estaban desconcertados. Se preguntaban por qué no íbamos a verlos”, cuentan. En su caso, ambos estuvieron conectados con el servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas que prestan la CNSE y toda de su red de federaciones y asociaciones de personas sordas, y que posibilita el contacto con sus familias a través de videoconferencia. “Es un servicio realmente necesario para evitar el aislamiento de la población mayor sorda, ya que es muy visual y la comunicación es directamente en lengua de signos” explican.” Mis padres estarían horas y horas signando”.

En el vídeo también participa una estudiante sorda madrileña, María José López. La joven asegura que, aunque ella ha contado con intérpretes de lengua de signos para continuar su grado de Trabajo Social desde casa, para muchos otras alumnas y alumnos sordos de secundaria y estudios universitarios, la situación ha sido muy distinta. “Durante los últimos meses no han podido seguir las clases en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros porque no contaban con intérpretes”, aclara. En este sentido, denuncia que, en el caso de los más pequeños, niñas y niños sordos de Infantil y Primaria, la falta de asesores sordos especialistas en lengua de signos ha obligado a poner en marcha una red improvisada de voluntarios para apoyarles en sus estudios. “No nos pueden abandonar a nuestra suerte”, se queja María José, que confía que el curso que viene no se repitan situaciones discriminatorias de este tipo.

A su experiencia se suman, asimismo, la de Conchi Sanles, trabajadora de la limpieza en un hospital gallego que reclama formación e información accesible en lengua de signos para las personas sordas en el ámbito laboral; Tamara Hoyos, enfermera sorda madrileña, que incide en la necesidad de que los pacientes sordos reciban una atención sanitaria adaptada a sus necesidades comunicativas “para sentirse más seguros”, y la familia Piñeiro de la Anpanxoga (Asociación de padres y madres de niños sordos de Galicia), precursores de distintas actividades de ocio en lengua de signos para compartir en el ámbito familiar.

El reportaje se estrenará en las redes sociales de la CNSE el domingo 14 de junio, Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, con el título “La lengua de signos no deja a nadie atrás”, y con el hashtag #YoconlaLS.

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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, firmó este martes un convenio sobre reducción de cargas administrativas con representantes de empresarios (CEOE, Cepyme y Cámara de Comercio de España), personas con discapacidad (Cermi) y autónomos (ATA) con el objetivo de facilitar la labor de emprendedores, eliminar barreras burocráticas e impedimentos en las relaciones con la Administración General del Estado.

Durante el acto de firma del acuerdo, la ministra Darias resaltó que el objetivo principal de estos convenios es “eliminar obligaciones innecesarias, reducir la frecuencia de petición de datos, acilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos” ya que, agregó, “existen trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que pueden suprimirse, reducirse o simplificarse”.

EMPRESARIOS

En concreto, Darias firmó sendos convenios con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representada por su secretario general, José Alberto González-Ruíz, y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), representada por su secretario general, Pedro Fernández Alén.

En su intervención en el acto, González-Ruiz destacó que, en los once años de vida del convenio, su organización ha realizado cerca de 500 propuestas de las que unas 70 han llegado a materializarse, aportando un ahorro de más de 600 millones de euros. Así, el representante de CEOE destacó el papel desempeñado por los empresarios para informar sobre “dónde se producen las trabas”, por lo que aseguró que el convenio es “un instrumento muy eficaz”.

Por su parte, el representante de Cepyme señaló que las empresas requieren “liquidez, aplazamientos administrativos y flexibilidad” y que en “en esta tercera pata es a lo que estamos ayudando” con este convenio, para concluir que es necesario “ser creativos” para “hacer simple lo complicado”.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sobre el convenio firmado por Función Pública con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que supone “una colaboración útil” y subrayó la necesidad de “hacer una administración más amable y productiva y con un mayor acento social y humano”.

Respecto al contenido del convenio, Pérez Bueno puso como ejemplo que gracias al mismo los más de 100.000 conductores con discapacidad o movilidad reducida que hay en España ya no tendrán la “carga añadida” de ser obligados a desplazarse a la sede física de la DGT en la capital de provincia correspondiente para comprobar que las adaptaciones de sus vehículos son adecuadas, suponiendo una carga, desplazamiento y gastos.

“En vez de ayudar a las personas con discapacidad se les sometía a cargas añadidas”, indicó el presidente del Cermi, para concluir que “este es el último ejemplo de las cosas positivas de este convenio” y que “viendo los resultdos, anima a seguir trabajando en la misma línea”.

AUTÓNOMOS

En cuanto al convenio con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, apuntó que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 “nos ha enseñado muchas cosas”, como que “gran parte del tejido empresarial no estábamos preparados” ya que “faltaban muchas firmas digitales y certificados” para hacer trámites administrativos.

“Tenemos muchas cosas que mejorar todos”, declaró, para a continuación pedir una administración “amable y ágil” para ciudadanos y emprendedores, mediante la eliminación de “trabas y trámites”. Así, indicó que el convenio firmado se centra en la administración general del estado, por lo que reclamó “unificar criterios” entre el resto de administraciones. “Para un emprendedor, una empresa o un ciudadano, ser productivo es perder el menor tiempo posible en tratar con la administración”, concluyó.

Por parte de la Cámara de Comercio de España, su secretario general, Adolfo Díaz-Ambrona, puso en valor la colaboración público-privada y que mediante este tipo de convenios “organizaciones representativas trasladamos preocupaciones de los empresarios para mejorar”.

En este sentido, apuntó que “a día de hoy las empresas demandan agilizar toda la tramitación administrativa” y enfatizó que las empresas “tienen que tener un lugar central” en la reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

CONTENIDO CONVENIOS

Según destacó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el desarrollo de estos convenios supone “la recopilación por las organizaciones de propuestas de simplificación de procedimientos que lleven aparejadas reducción de cargas administrativas y que afecten principalmente, pero no necesariamente, al colectivo al que representan”.

Las propuestas que reciba el Ministerio de Política Territorial y Función Pública serán distribuidas entre los todos los ministerios en función de sus competencias para su valoración y posible puesta en práctica.

Durante 2019, mediante estos convenios se analizaron un total de 148 propuestas, que afectaban a los distintos ministerios, destacando el mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, entre 2018 y 2019 se celebraron 16 encuentros con empresarios y colectivos, en Santander, Madrid, Gijón, Valencia, Sevilla Las Palmas, Elche, Granada y Pamplona.

En 2020 los convenios se centrarán principalmente en los procedimientos que afectan al sector energético, en el ámbito de la economía circular y lucha contra el cambio climático, fomento del trabajo autónomo, procedimiento administrativo común, así como las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.

En concreto, permitirán acciones para mejorar el funcionamiento de la administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, mejorar la interconexión entre diferentes departamentos (interoperabilidad), mejorar la información disponible en las webs de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios, o la puesta en marcha de campañas informativas sobre temas de interés general, para empresas y ciudadanos.

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Una vez concluidas las labores de tasación de los daños que generó el incendio que sufrió Gran Canaria el pasado verano, el pago de Mapfre alcanzó los 7,3 millones de euros en concepto de indemnización por los daños producidos en los bienes e infraestructuras aseguradas, titularidad del Cabildo de Gran Canaria.

Además del incendio del pasado verano, la aseguradora española atendió los incendios forestales que se produjeron en 2007 y 2017 en la isla, y que también provocaron daños millonarios.

“Son muestras del compromiso y vinculación que Mapfre tiene con esta tierra, en cuyo mercado asegurador opera desde hace más de 40 años”, aseguró la aseguradora en un comunicado.

El incendio se originó el 10 de agosto de 2019 en el Paraje de las Peñas, solapándose posteriormente con el incendio forestal que se declaró el 17 de agosto en el municipio de Valleseco, convirtiéndose globalmente en un incendio forestal de gran envergadura. Se vieron afectadas más de 11.000 hectáreas en un perímetro de 100 kilómetros, y no fue extinguido definitivamente hasta el 26 de septiembre.

Mapfre es la aseguradora del Cabildo Insular de Gran Canaria desde hace más de 15 años. En este incendio la compañía atendió también a otros 32 asegurados que sufrieron daños de diversa consideración por este suceso.

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La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por entender que no existen indicios de actuación delictiva.

En un auto de 51 páginas, la jueza desgrana los argumentos para adoptar esta decisión después de tomar declaración a Franco y a una veintena de testigos esta semana. Concluye que "no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos" a Franco por el presunto delito de prevaricación administrativa.

Según dice su escrito, el imputado "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" y señala que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario.

Rodríguez Medel investiga la denuncia de un particular que responsabilizaba de la extensión del contagio por coronavirus al delegado del Gobierno por no prohibir concentraciones multitudinarias, entre ellas la del 8-M, entre los días 5 y 14 de marzo. En el auto, la jueza asegura no haber encontrado evidencias de que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada" instara a Franco a que "prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones" por la pandemia.

La magistrada ha practicado numerosas diligencias en la instrucción de esta causa, recabó los informes de la Guardia Civil, del forense y tomó declaración al imputado y a testigos, tras lo cual concluye que, no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos Franco, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esta decisión de la jueza puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal de Audiencia Provincial de Madrid, razón por la cual deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado. Con probabilidad la acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional presentará recurso.

La Fiscalía había pedido el archivo de las actuaciones argumentando que no es competencia de la Delegación del Gobierno autorizar manifestaciones, sino sólo recibir la comunicación de su convocatoria. Defendía también que este organismo no tenía ningún tipo de competencia en materia sanitaria y que dependía de las comunicaciones oficiales de las autoridades sanitarias. “Si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias no es objeto de este procedimiento, donde lo relevante es si lo tenía el señor Franco”, concluye.

El auto confirma que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19”. La jueza repasa las manifestaciones que celebraron en los nueve días previos a la declaración de estado de alarma.

De ese análisis deduce que el delegado del Gobierno actuó igual en todos los casos de concentraciones comunicadas: “Acertadas o no a la luz del estado de la ciencia hoy día, evidencian que el delegado velaba por la salud pública de los ciudadanos y ejercitaba su competencia legal en protección de la misma”.

En ese sentido, Rodríguez Medel indica que “el contagio puede producirse por el mero hecho de coincidir en el ascensor o por ir en trasporte público, también por ir a la manifestación”. En definitiva, “no puede acreditarse cuándo tuvo lugar el contagio”.

Admite que “es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio”, lo que “no es óbice para afirmar que no puede acreditarse que con ocasión de las citadas concentraciones (exclusivamente por haber acudido) se produjera un concreto contagio”.

En su declaración ante la jueza, el delegado del Gobierno insistió en que actuó de acuerdo a la ley y a los datos que se tenía en ese momento sobre la difusión de la pandemia y destacó que él mismo acudió a la manifestación del 8-M acompañado de su mujer y de su hija, médico de profesión.

En ese sentido, insiste la jueza en que Franco debía haber conocido el riesgo para haber incurrido en un tipo delictivo y que ese conocimiento no podía ser “popular, sino un conocimiento técnico sólido y suficiente como para restringir un derecho fundamental”.

Además, admite que “ni la Guardia Civil ni esta instructora han encontrado documento alguno en los que alguien instara al delegado que prohibiera la concentración o manifestación por razones sanitarias o que adoptara alguna medida de precaución”.

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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha montado a contrarreloj una megacumbre empresarial con los principales líderes empresariales del país de todos los sectores para analizar la situación creada por el Covid-19.

Tendrá lugar entre los días 15 y 25 de junio con el objetivo de proponer medidas para reactivar la economía y asentar las bases de futuro, que elevará a la Asamblea General de la patronal y compartirá con el Gobierno.

“Creo es muy importante que se oigan las opiniones de las personas que trabajan en directo en cada uno de los sectores y que son los que tienen la llave”, explicó este viernes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tras confesar que la idea le surgió el viernes de la semana pasada y en tiempo récord reclutó a más de 130 primeros espadas de todos los sectores para las jornadas que celebrará en abierto.

Bajo el eslogan ‘Empresas españolas liderando el futuro’, la megasesión de debate y análisis arrancará el lunes con Garamendi, el presidente de Inditex (Pablo Isla), el presidente de Mercadona (Juan Roig) y los presidentes del Santander (Ana Botín), BBVA (Carlos Torres), Caixabank (Jordi Gual), Bankia (José Ignacio Goirigolzarri), Sabadell (Josep Oliú), Ibercaja (José Luis Aguirre) en un primer bloque financiero.

Seguirá el energético y de sostenibilidad con los primeros espadas de Iberdrola (José Ignacio Sánchez-Galán), Endesa (José Bogas), Naturgy (Francisco Reynés), Repsol (Antonio Brufau), Acciona (José Manuel Entrecanales), Viesgo y Club Español de la Energía (Miguel Antoñanzas), REE (Beatriz Corredor), Enagás (Antonio Llardén) o CLH (José Luis López de Silanes).

En el macro foro, de una representación empresarial nunca vista y con una agenda apretada y medida al milímetro, se darán cita en los días siguientes los primeros ejecutivos de las mayores compañías y empresas “marca España” en sectores tan dispares como seguros, turismo, transporte, industria, automóvil, sector agroalimentario, infraestructuras, construcción e inmobilliario, servicios, fundaciones y RSC, cultura y deporte, emprendedores, pymes y autónomos.

Garamendi justificó la inédita movilización en que “es el momento”, ya que “en el Congreso se está hablando de la reconstrucción” y se ha abierto una gran oportunidad con los distintos fondos y herramientas habilitadas por Europa que los países podrán demandar proponiendo proyectos específicos para su recepción. “Es el momento en el que hay que hablar de esto, y de hecho se está hablando de los fondos que van a venir o no venir. Por eso es tan importante tener un plan estratégico de lo que se debería hacer”, indicó.

“Esos fondos van a llegar a las empresas y si somos capaces de los utilizamos bien serán muy importantes para el país y si se utilizan mal tendremos un problema”, alertó, deslizando que en otros países se han creado grupos de trabajo para diseñar las medidas con empresarios.

“Otros países han llamado a empresarios para que cuenten sus experiencias. Nosotros no queremos quitar en absoluto el espacio político ni la responsabilidad política, pero lo que si creemos es que pueda contar con nosotros”, manifestó a preguntas directas de los medios de si el empresariado quiere “forzar” que se le escuche al diseñar la estrategia futura del país.

Garamendi abogó por que “pongamos a las empresas en el centro y no en la diana” haciéndose eco de las palabras pronunciadas ayer por el presidente de Cepyme Gerardo Cuerva en el Congreso. “La iniciativa privada es clave. Somos los que creamos el empleo, somos los que creamos los bienes y servicios, los que creamos la riqueza y somos los contribuyentes”, reivindicó y afirmó que la intención “es sumar, por supuesto con independencia y con sentido de Estado” proponiendo las iniciativas que estimen “mejor para el país”.

La propia CEOE ya presentó un documento con propuestas al Gobierno hace mes y medio y ayer volvió a defender la posición del tejido productivo en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, pero ahora busca que “la sociedad visualice que los empresarios y empresarias están ahí”. “Son marca España y los que están vendiendo nuestro país fuera. Cuando los mercados nos están mirando y cuando los empresarios de otros países también nos están mirando uno de los mensajes es: aquí estamos, existimos y estamos unidos para sumar”, explicó. “Queremos que se nos oiga porque la riqueza de este país viene de las empresas”, insistió.

En cuando a la temática de fondo reconoció que es muy importante que se hable de la fase coyuntural, de lo que pase de aquí a fin de año con la reactivación y la desescalada, “pero es más importante qué hacemos los próximos años para posicionar al país en el sitio que merece”. Bajo esta esfera indicó que, además de tratar la situación sector a sector, se dará especial relevancia a la necesaria digitalización, a la transformación ecológica y la economía verde y a la formación para que se acomode a las nuevas necesidades digitales y de empleabilidad y responda a las necesidades reales que demandan las compañías.

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Santander lanzó este viernes la Campaña del Cereal 2020 para apoyar a empresas, Cooperativas Agroalimentarias y productores españoles, cuya previsión es superar los 25 millones de toneladas de cosecha.

En un comunicado, Santander explicó que, para dicha campaña, los agricultores contarán con el Agroconfirming y el Seguro Agrario de Herbáceos “como principales novedades que el banco pone a disposición de los empresarios para reforzar su negocio”.

Desde la entidad financiera señalaron que Agroconfirming “responde a la necesidad de mayor financiación de estas empresas, debido a la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que les obliga a que el cereal entregado esté previamente amparado por contrato, a que se conozca el precio y a que sea liquidado a los 60 días de la última entrega”.

De la misma forma, el banco anunció que “apoyará a los productores de cereal mediante el Anticipo Cosecha, por el que Santander anticipa los fondos esperados procedentes de la cosecha que los agricultores entreguen en su Cooperativa”.

Productos como el leasing, el renting o el Seguro Agrario son algunos de los productos más demandados por los clientes de Santander, “por lo que un total de 1.000 especialistas repartidos por las 1.100 oficinas agro del banco atienden a los más de 400.000 clientes con los que Santander cuenta en el sector agro”, señalaron desde el banco.

Además, Santander aseguró que va a respaldar al sector agroalimentario “mediante la tramitación de las Líneas de Financiación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con aval de Saeca”. “Esta financiación, de hasta 40.000 euros y con un plazo de hasta cinco años, está destinada a los titulares de explotaciones agrarias, ya sean personas físicas o jurídicas, que suscriban dichos avales”, añadió.

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La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha defendido que la reforma del artículo 49 de la Constitución, para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y modificar la terminología con la que se hace alusión a esta parte de la ciudadanía, “es una cuestión de dignidad y respeto a la diversidad”.

“Una democracia no es plena si no trata de la misma manera a todas las personas que la componen”, asegura Llop en una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’, en la que hace hincapié en la necesidad de que la Constitución se adapte a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respecto de la paralización temporal a consecuencia de la pandemia de la tramitación de esta reforma constitucional, la presidenta del Senado declara que ya se ha reactivado la actividad parlamentaria, por lo que se va a “intensificar la tarea para tratar de abordar cuanto antes todas aquellas cuestiones que la crisis sanitaria ha obligado a aplazar”.

En cuanto a la reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, práctica que sufren fundamentalmente las adolescentes y mujeres, Llop destaca que la toma en consideración de esta modificación legal fue aprobada por “una amplia mayoría” en la Cámara Alta. “Es una cuestión muy grave. Se trata de una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hay que velar por su protección y no utilizar sistemas que lo que persigan es situarlas en una posición de mayor vulnerabilidad frente a los delitos contra su libertad sexual. El respeto a la plena libertad sexual como un bien jurídico protegido es el mismo para cualquier mujer”, asevera.

Pilar Llop, que fue la anterior delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, señala también que “la violencia machista ataca en mayor proporción a las mujeres con discapacidad y con formas específicas de violencia que tenemos que detectar para poder combatirlas y erradicarlas. Por eso, es prioritario que tanto las víctimas como sus entornos sepan reconocer desde el primer momento estos comportamientos”.

Asimismo, indica que es “clave” que los recursos de atención a víctimas sean accesibles, al tiempo que manifiesta su preocupación por el incremento de la violencia de género durante el confinamiento: “Han sido muchas semanas de encierro y en muchos casos de aislamiento, con mujeres a merced de sus maltratadores y en situaciones límite. Creo que tenemos mucho trabajo por delante para atender el después de esta crisis y que los entornos sepan dónde están las señales de alerta; hay que estar muy atentos porque es una obligación cívica y humana”.

FONDO EXTRAORDINARIO

Preguntada por la eliminación por parte del Gobierno central de la partida de 1.000 millones de euros para gasto social dentro del fondo extraordinario no reembolsable para que las comunidades y ciudades autónomas puedan hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19, Llop afirma que “ahora se abre un tiempo nuevo en el que tendremos que diseñar cómo queremos salir, y donde sin duda se tendrá en cuenta toda esa capacidad que despliega la sociedad civil, que en muchas ocasiones son los brazos de la propia administración y llegan allí donde la estructura pública no alcanza”.

Por otro lado, la presidenta del Senado aborda la desigualdad territorial en el acceso a servicios sociales y sanitarios, indicando que “cohesión territorial y cohesión social van de la mano. No se entiende la una sin la otra”.

Además, pone en valor la función que desempeñan las instituciones, como es el caso de la Cámara Alta, que representa la pluralidad territorial. “La ciudadanía espera que las instituciones, a través de quienes las representamos, hablemos de lo importante. Cuando los debates y las decisiones no van por ese camino, nos alejamos de nuestra verdadera labor. Y cuando la crispación se convierte en lo normal, la ciudadanía se aleja de las instituciones”, abunda Pilar Llop.

SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

Entre los contenidos de la edición 395 de ‘Cermi.es semanal’ destaca una entrevista con la Directora de la Fundación Solidaridad Carrefour, María Cid, en la que subraya la “firme intención” de marcar, un año más, la ‘X Solidaria’ del Impuesto de Sociedades, como muestra del compromiso que tiene la Fundación y todo el Grupo Carrefour con el Tercer Sector.

Tal y como indica Cid, esta no es la única línea de colaboración, puesto que se trabaja en la inclusión social y la integración laboral, efectiva y real de personas en situación de vulnerabilidad desde el inicio de su actividad. Con el estado de alarma, además, según detalla, la Fundación ha facilitado artículos de limpieza y desinfección a entidades para evitar la expansión del Covid-19 y asistido a más de 10.000 personas en situación de urgente necesidad.

“A todos les diría, y me diría, que hay muchas maneras de salir de esto, pero “solo hay una buena manera” de hacerlo: juntos sin dejar a nadie atrás. Es el momento de apostar y demostrar la calidad humana que define a nuestra sociedad”, defiende Cid.

A su vez, el boletín también repasa la trayectoria personal y profesional de Cristina de Diego, artista ciega que ha dedicado su última obra a las víctimas de la Covid-19. Licenciada en Derecho y doble grado de Bellas Artes y Turismo, de Diego reclama una mayor accesibilidad en los museos. “De qué sirve un edificio accesible si una persona ciega no tiene un solo cuadro adaptado”, se cuestiona.

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El presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Salud (IDIS) y presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, aseguró este viernes en 'NEF online' que "no hemos recibido ninguna orden" de la Comunidad de Madrid para rechazar pacientes con Covid-19 y "hemos aceptado en los hospitales privados tanto enfermos de la sanidad pública como de las residencias de mayores".

Así lo afirmó en este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum ante la polémica de las residencias de mayores, sobre la que el doctor Abarca afirmó que en España hay más de 5.000 de estos centros que "no son hospitales". La crisis sanitaria provocó un grave problema "en poco más de cien residencias".

En la Comunidad de Madrid, "nosotros no hemos recibido órdenes de nadie y hemos aceptado pacientes de la sanidad pública y de estas residencias.

Por el contrario, señaló que rechazaron, al no tener camas suficientes, a más de 60 pacientes que venían de las aseguradoras, "pero no de la sanidad pública". Durante la pandemia recordó que durante esta crisis "estábamos bajo el mando único y pusimos nuestras camas a disposición de la Comunidad de Madrid".

Durante los peores momentos de la epidemia por el coronavirus, el presidente de IDIS recordó que en Madrid se atendían 3.000 ingresos diarios, por lo que "la Comunidad de Madrid no podía hacer más desde el punto de vista de la gestión".

A este respecto, destacó la labor de la Consejería de Sanidad de Madrid para coordinar el trabajo entre la sanidad privada y la pública. En cuanto a los pacientes, este experto subrayó que se tuvieron que tomar decisiones dolorosas por parte del personal médico, ya que con esta enfermedad del Covid-19 "no es cuestión de poner un respirador, sino que hay que salir del respirador.

"Todo lo que se ha hecho ha sido bajo indicación de los profesionales, que son los que priorizan y deciden qué pacientes tienen posibilidades de sobrevivir a una entubación durante tres semanas y cuales no la tienen", explicó.

Ante ello insistió en que esta pandemia "ha sido espantosa" y "hay que hacer una reflexión para sacar lo bueno de esto". "Espero que no haya un rebrote en octubre y espero que, si lo hay, sea muy leve".

Ante esta posibilidad, opinó que habría que construir el sistema "para que funcione lo mejor posible y que haya el mínimo número de fallecidos".

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El economista y profesor universitario Enrique Lluch defiende en el libro 'Una economía para la esperanza' que es necesario un nuevo modelo económico que “se ponga al servicio de todas las personas que viven ahora y que vivirán en el futuro”. A su juicio, la crisis del coronavirus confirma que hay “una sociedad estancada y excluida” que se ha visto especialmente afectada.

“Durante este periodo de confinamiento se ha hecho más evidente que una economía basada en el crecimiento como la nuestra se viene abajo rápidamente”, afirmó el profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y miembro de la Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética (Funderética). “Por eso llevamos mucho tiempo planteando una economía sustentada en bases distintas, con las que se habría afrontado mejor este escenario de crisis”.

Además, Lluch aleja este debate de las luchas clásicas entre modelos económicos, como la que se da entre el capitalismo y el comunismo: “Nos empeñamos en debatir sobre economía de mercado, capitalista o socialista; sobre si queremos una mayor o menor intervención del sector público o del mercado… Pero lo hacemos sin cuestionar el paradigma economicista en que vivimos, en el que la economía se pone por encima de todo”.

“LA ECONOMÍA NOS EXIGE SERVIDUMBRE”

Por ello, en el libro “Una economía para la esperanza”, editado por PPC, Lluch propone medidas concretas para reemplazar el paradigma. El economista considera que la finalidad del sistema no puede ser el mero crecimiento económico, sino que todas las personas tengan lo suficiente para vivir dignamente: “Debemos realizar una transición. La economía actual ha dejado de estar a nuestro servicio para exigirnos servidumbre”.

Como ejemplo de medida económica útil que hubiera sido fundamental a la hora de luchar contra la Covid-19, el autor argumenta que “una producción más repartida y cercana a los lugares de consumo habría evitado ‘cuellos de botella’ en la distribución, como los que se han producido con el material sanitario”.

Finalmente, durante la presentación del libro, celebrada de forma virtual, Lluch se mostró esperanzado por la recuperación del medio ambiente durante el confinamiento. “En solo dos meses de parada, el medio ambiente se ha regenerado rápidamente”. “Con un modelo productivo distinto, efectos como el aumento de las desigualdades no habrían sido tan graves”, concluyó.

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El presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, aseguró este viernes sobre la propuesta del ministro de Universidades, Manuel Castells, de crear turnos para que los universitarios se alternen en las clases presenciales y online que no pueden renunciar a la presencialidad en la docencia práctica.

Así lo dijo en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, en la que indicó que “en caso de no poder mantener la distancia se utilizarán las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la máxima presencialidad desde la seguridad” y que “es muy distinto el ámbito escolar del universitario", por lo que "no se pueden tener las mismas normativas”.

El también rector de la Universidad de Córdoba concretó que “no podemos renunciar a la presencialidad en la docencia práctica. Todo eso es fundamental que sea presencial. No podemos renunciar a ello”.

“Todo depende del espacio y las instalaciones que haya en la universidad. Queremos garantizar que todos los alumnos tengan contacto directo con el profesor, sobre todo los alumnos de primero, no se puede hacer que su primer encuentro con la universidad sea telemático”, dijo.

Asimismo, recalcó que las universidades deben tener "una atención especial al alumno de primero, y a partir de ahí escalando en el resto de los cursos”.

Finalmente, reclamó que parte de la inversión anunciada por el Ejecutivo de reforzar la educación con 2.000 millones, en parte vaya también a las universidades. “Todo lo que se ha gastado hasta ahora ha salido de las universidades y del Banco Santander, pero todo tiene un límite y creo que aquí a las universidades se les preste la atención debida”, aseveró.

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La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconoció este viernes que las administraciones educativas tienen que seguir estudiando con el Ministerio de Sanidad los protocolos para el nuevo curso académico, como cuántos niños formarán finalmente los denominados "grupos burbuja", planteados inicialmente para que las etapas inferiores a cuarto de Primaria (diez años) arranquen el curso con los mismos 15 o 20 compañeros, sin usar mascarilla ni mantener distancia.

"Con el Ministerio de Sanidad podran estudiar esta cuestión. Porque si ponemos el grupo de 25, o de 23 o de 24, porque no necesariamente llegan al máximo de la ratio todos los grupos que hay en los centros educativos, automáticamente flexibiliza y automáticamente resuelve el problema. Pero bien, esto es lo que queda por trabajar", dijo en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia.

"Hacer grupos flexibles a modo de burbuja tiene dos características: que sea grupo y que estén reunidos con uno o dos profesionales", concretó la responsable de Educación, que hace semanas planteó que las clases tendrían que tener unos 15 alumnos de forma presencial y con el paso de los días ha aumentado la propuesta hasta 20-25, aunque Educación negó este jueves que esos grupos equivalgan a la ratio, que según las etapas rondan los 25 o 30 alumnos.

Celaá matizó que esos grupos de convivientes "es la alternativa a la distancia legal, que es la que está incorporada a los 14 acuerdos que ayer respaldaron la mayoría de las comunidades autónomas con la excepción de dos" (Madrid y País Vasco).

Precisamente, sobre Madrid, que considera imposible que los escolares respeten el 1,5 metros de distancia entre sus compañeros, la ministra volvió a insistir que "hay que cumplir la ley" y que, para ello, "hay que utilizar otros espacios". Si los centros no disponen de ellos, apuntó nuevamente a que serán otras administraciones las que deban habilitarlos.

"Vamos a seguir trabajando con el protocolo sanitario", avanzó, al tiempo que dijo que "hoy por hoy el protocolo es de 1,5 metros y ha de cumplirse en todas las comunidades". En este sentido, en la rueda de prensa que protagonizó este jueves tras reunirse con las comunidades, Celaá aseguró que aún quedan más de dos meses para el inicio de curso, y que en una crisis epidemiológica es un tiempo bastante amplio para tomar decisiones en firme, porque las circunstancias pueden cambiar mucho.

Finalmente, la responsable de las políticas educativas dijo también que "en la anterior crisis, la receta fue el recorte. En esta, el Gobierno está respondiendo de la manera opuesta, aumentando la inversión", algo que, según Celaá, "no es un gasto público" sino "bienenestar social y económico para mañana.

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La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, achacó este viernes a la “falta de cribado” por parte de las comunidades autónomas en los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) el retraso en los abonos a los ciudadanos.

Así lo trasladó Calvo, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Servimedia, cuando se le preguntó por la demora por parte de la Administración del Estado en el pago de los ERTE acogidas a la excepción por la pandemia de Covid-19.

Calvo recordó que los expedientes los “derivan” las comunidades autónomas al Ministerio de Trabajo y se ha producido una “avalancha tremenda”, máxime después de que algunos gobiernos regionales “han mandado todo sin ningún tipo de discriminación”.

Señaló que si las comunidades autónomas hubieran realizado ese filtrado se habría hecho “mucho más rápido” y habría sido mejor el abono de las nóminas a los empleados que se han beneficiado de esta medida “muy importante”.

“El volumen de ERTE ha sido", dijo Calvo, “absolutamente de récord para la Administración, y algunas comunidades autónomas no han hecho su parte para discriminar los ERTE y de los que no son”.

Preguntada por la prolongación de los ERTE hasta final de año, Calvo se limitó a decir que se está “ahora trabajando” con los agentes económicos y sociales, con el objetivo de que los “ERTE se queden en ERTE y no pases a ERE” porque uno de los dramas de España ante las crisis es la gran bolsa de paro que se genera y apostó por evitarlo.

RÁPIDA SALIDA

Sobre el futuro económico del país, Calvo indició en que “hay que seguir mirando con prudencia la salud, las vidas y, por tanto, la respuesta sanitaria”. Pero sostuvo que los ciudadanos han “entendido” que esta crisis económica se produce por un virus y es distinta a las demás.

Así, consideró que esta crisis tiene unas “características psicológicas diferentes a otras” y se ve en el “ánimo y la energía” de las personas por poner en marcha negocios, trabajo, etc; lo que le llevó a la vicepresidenta a señalar que se podrá “salir con cierta rapidez”.

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La secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu, reclamó este jueves en el Congreso “una fiscalidad justa” -que ayude a aumentar la capacidad de recaudación a la vez que resulta “progresiva” pero donde “no paguen más los autónomos que las grandes empresas”- y atajar la morosidad.

"No puede ser que las grandes empresas tengan todo tipo de desgravaciones. No es posible que un taxista tribute más que Uber", sostuvo durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de la Cámara Baja, donde denunció que el colectivo de autónomos adolece de una “desprotección estructural” agravada por la anterior crisis.

De manera específica criticó la situación de los comerciantes frente a algunas grandes empresas de distribución. "Mientras que Amazon se forraba con las cuotas de ‘delivery’ que pusieron a los comercios por el 50% del precio por cada comida, los comerciantes han seguido ahí por mantenerse. Es totalmente imposible vivir así. Han hecho su agosto", se quejó.

Durante su intervención abogó además por “caminar” de manera progresiva hacia un sistema de cotización “por ingresos reales” por una cuestión de justicia, que haga “que pague más quien más ingresa” y porque ayudaría a mejorar la sostenibilidad de la protección social con prestaciones sociales, bajas laborales, pensiones o cese de actividad “dignas”.

Asimismo, pidió a los diputados “combatir” el uso fraudulento de los falsos autónomos porque "no puede ser que el empleo autónomo se instrumentalice para esclavizar" y urgió a “hacer realidad” la posibilidad de una segunda oportunidad para que los emprendedores puedan levantarse cuando fracasan en sus apuestas.

Entre las medidas a articular abogó también por adoptar un plan integral para el acceso de las mujeres al trabajo por cuenta propia, señalando que apenas suponen un tercio del colectivo, con tareas en sectores muy específicos, destacando que además se lleva 30 así sin avanzar.

Landaburu reconoció que se han adoptado mecanismos de protección “muy potentes” para sostener las rentas y “amortiguar el golpe” a familias, empresas y autónomos a diferencia, pero relató que otras no han funcionado con la eficiencia deseable.

Concretamente se refirió a los avales del ICO, donde afirmó que no están llegando al ritmo deseable a los autónomos por "prácticas bancarias que debemos vigilar", ya que se trata de garantías públicas del Estado "donde no es su voluntad" -la de los bancos- la que debe de primar.

La responsable de Uatae animó a los diputados a pensar en las condiciones laborales además del colectivo. "Me gustaría que le preguntaran a un ‘rider’ sobre la seguridad en el trabajo o al taxista sobre su descanso", indicó, afirmando que el colectivo "merece" esos derechos laborales que se predican.

Entre sus peticiones incluyó además "poder negociar" convenios y elegir a sus representantes y que estos derechos no descansen en otros actores. "Constituye un déficit democrático que tenemos, entre todos, que resolver", pidió.

Por último, reclamó poner coto a la morosidad indicando que la deuda alcanza los 130.000 millones de euros: 120.000 millones por retrasos en los pagos a sus proveedores, muchos de ellos autónomos, por parte de empresas cotizadas y otros 10.000 millones por las administraciones públicas.

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El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, sostuvo este jueves en el Congreso de los Diputados que es “imprescindible que en las próximas semanas se apruebe la ampliación de la duración del cese de actividad extraordinario” para los trabajadores autónomos, al menos en aquellas actividades en las que no será posible ser viable en el conjunto de 2020.

Así se expresó UPTA en su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de la Cámara Baja, donde destacó que esta medida “ha supuesto un auténtico balón de oxígeno” para más de 1,4 millones de autónomos.

Por ello, advirtió de que esta medida no puede quedar empañada por la falta de seguridad jurídica que actualmente soporta por la posibilidad de poder compatibilizar su cobro con el ejercicio de la actividad profesional.

A este respecto, explicó que aquellos que están percibiendo esta prestación pueden ser sometidos a un procedimiento de revisión de cuatro años y no existe norma jurídica alguna que establezca la compatibilidad de su cobro con el ejercicio de la actividad por cuenta propia.

Además, pidió cambios en medidas como las moratorias de pago de alquileres de viviendas y de locales afectos a una actividad de negocio o de las moratorias de los préstamos con garantía hipotecaria y de los créditos sin garantía hipotecaria o del bono social para que puedan ser realmente efectivas para los autónomos.

Según explicó, estas tres iniciativas que podrían ser válidas para aliviar la presión económica del colectivo, no se pueden desarrollar por las condiciones impuestas a los solicitantes para la acreditación de los requisitos, especialmente por el certificado de cese de actividad emitido por la AEAT.

Por último, denunció que la gestión de los sistemas de avales de los préstamos ICO, que gestionan las entidades de crédito, “está resultando un auténtico despropósito, tanto en las formas utilizadas como en la tardanza para conseguir la liquidez necesaria una vez se ha concedido el préstamo”.

“Lo más duro está por llegar, ahora es necesario tomar las decisiones adecuadas y preparar el sistema para una pérdida de empleo sin precedentes, incluyendo un descenso muy significativo del trabajo por cuenta propia. Debemos anticiparnos a la catástrofe económica que se avecina”, concluyó.

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