La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este viernes que “cualquier alianza que permita abrir los apoyos parlamentarios" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 "será bien recibida”.

Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre el ofrecimiento de Ciudadanos para apoyar los PGE del próximo año.

“Evidentemente es vocación de cualquier Gobierno concitar los mayores apoyos parlamentarios posibles en relación a iniciativas tan importantes como los Presupuestos”, afirmó la ministra sobre esta cuestión, destacando su importancia "en un momento tan crítico".

“El ánimo del Gobierno va a ser establecer conversación con todos los grupos”, continuó la ministra, que agradeció “la disposición al diálogo que están transmitiendo algunas formaciones”, señalando que dicho ofrecimiento refleja “su compromiso” con una reconstrucción del país que sirva para “sentar unas bases sólidas”.

Así, la portavoz del Gobierno se mostró “segura" de que "hay muchos cimientos que compartimos diferentes fuerzas políticas, que son de sentido común”, por lo que concluyó señalando que “cualquier alianza que permita abrir los apoyos parlamentarios será bien recibida”.

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Plena Inclusión solicitó este viernes a las comunidades autónomas una inyección económica de 300 millones de euros para garantizar que sus 4.000 centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo vuelven a la normalidad en condiciones de seguridad para usuarios y trabajadores.

En nota de prensa, reclamó a las autonomías inversiones que aseguren el funcionamiento de sus servicios residenciales, centros educativos, centros especiales de empleo y centros de atención diurna para las 140.000 personas que a ellos asisten. Así figura en 'La batería de medidas para la desescalada con las que garantizar un retorno seguro a la nueva normalidad' que Plena Inclusión presentó a responsables de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y de los ministerios de Sanidad, Educación, Inclusión y Trabajo.

La confederación expuso hoy estas propuestas, que también compartió con el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en un seminario online.

Se trata de una serie de recomendaciones pensadas para afrontar la nueva normalidad diseñadas por un grupo de veinte expertos en servicios sociales, salud pública y seguridad laboral.

Entre otras medidas, aconsejan el acondicionamiento de locales y edificios a las nuevas circunstancias; aumentar el personal de apoyo y atención a las personas con discapacidad; proporcionar equipos de protección y tests rápidos, y garantizar ayudas a la reactivación de Centros Especiales de Empleo, centros educativos, servicios de apoyo diurno y dispositivos residenciales (pisos tutelados y residencias).

Asimismo, el documento propone una mayor inversión en tecnología para estos servicios y la reconversión de los grandes centros residenciales en servicios más reducidos e inclusivos, fomentando los recursos de apoyo en la comunidad.

En el encuentro, el presidente de Plena Inclusión, Santiago López, pidió a las autoridades autonómicas encargadas de los servicios sociales "un compromiso inequívoco con el sostenimiento económico de una labor imprescindible, que realizan 40.000 profesionales y que afecta a la vida de 273.000 familias”. Según sus estimaciones, financiar estas medidas necesarias en sus centros rondaría un coste de 300 millones de euros. Además, propuso que en todas las comunidades autónomas se creen comisiones de seguimiento del proceso de desescalada, en las que participen las organizaciones sociales.

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La publicación ‘Cermi.es semanal’ ha estrenado este viernes una nueva sección que, bajo el título Derecho de la Discapacidad, divulgará información sobre esta materia, a fin de “contribuir a luchar contra la falta de igualdad de oportunidades y las situaciones de discriminación que todavía sufre esta parte de la ciudadanía”.

El objetivo de este nuevo apartado de la publicación semanal del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) será la de divulgar la legislación existente que afecta a las personas con discapacidad, sus familias y al tejido asociativo; informar sobre las nuevas normas que se vayan aprobando a nivel nacional e internacional en este ámbito, además de denunciar las lagunas en el ordenamiento jurídico y situaciones de discriminación; analizar sentencias judiciales, y exponer soluciones a problemas que se hayan puesto en marcha y que sea útil conocerlas para que sirvan como referencia.

Esta sección ha sido impulsada por el secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Rafael de Lorenzo, con la colaboración de un equipo de abogados, altos funcionarios, profesores de universidad, gestores de entidades sociales y documentalistas como Miguel Ángel Cabra de Luna, Patricia Cuenca, Antonio Galiano, Óscar Moral, Alejandro Moledo, José Miguel Morales, Elva Rodríguez y Mariana Samaniego.

“Es preciso que haya más y mejores normas, y que éstas sean más conocidas y que se cumplan y se disfruten. Nuestra máxima es que hay que pasar de los derechos a los hechos. Es decir, que se produzca el disfrute real y efectivo de los mismos”, expone Rafael de Lorenzo en la presentación de la nueva sección.

ARMA POTENTÍSIMA DE INCLUSIÓN

Por otra parte, la edición 390 de ‘Cermi.es semanal’ incluye una entrevista con Sonia Ruiz, deportista paralímpica y diputada del PP en la Asamblea de la Región de Murcia, quien destaca el deporte como “un arma potentísima para la inclusión”. Por ello, defiende que “el deporte inclusivo debe llegar a los colegios ya, debería ser una materia más". "De hecho, una de mis primeras propuestas en la Asamblea fue sobre los recreos inclusivos, con un proyecto espectacular en el que se recuperan los deportes populares y tradicionales en los centros educativos, con niños con y sin discapacidad”.

Ruiz relata que, durante el tiempo que lleva en política, tiene como referencia la frase de que “lo diferente nos hace más ricos”, que trasladaba a la infancia cuando impartía conferencias en colegios. Comenta también que comenzó el pasado año trabajando en cuestiones de educación y deporte, aunque cada vez desempeña también más tareas sobre discapacidad. “En discapacidad no quería entrar para que no se pensase que había sido elegida por una cuestión de marketing, pero al final tengo un potencial importante para trabajar en esto y si resulta que es beneficioso, pues mejor", asegura.

En la entrevista destaca la necesidad de trabajar para acabar con la desigualdad que sufren todavía las mujeres con discapacidad en ámbitos como el empleo; en proporcionar más recursos para las víctimas con discapacidad de la violencia machista, y la relevancia de que concluyan los trabajos parlamentarios en la Asamblea de la Región de Murcia para la puesta en marcha de una comisión específica de discapacidad en la Cámara autonómica.

DESESCALADA Y DERECHOS SOCIALES

Por otro lado, el presidente de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, sostiene en un artículo de opinión que tanto el Gobierno como todas las administraciones deberían dotar de recursos económicos “necesarios” al movimiento asociativo, puesto que “las únicas herramientas que tienen a su alcance las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas son los servicios esenciales que prestarán las organizaciones en los próximos meses”.

Queiruga señala que, con el respaldo de la administración, se adaptarían “los proyectos que desarrollamos y los servicios que prestamos a los nuevos protocolos de actuación". Debemos proteger la salud de nuestras plantillas y personas usuarias”. A su juicio, “lo peor todavía no ha pasado” y, ante “un futuro repleto de incertidumbre”, solicita que las organizaciones formen parte activa de las actuaciones de desescalada y de reconstrucción del país.

Entre otros contenidos, la publicación del Cermi recaba en un reportaje las principales conclusiones del último informe de ‘Odismet’, que radiografía la situación de las personas con discapacidad en lo que al empleo se refiere. “El panorama que ofrece este trabajo corresponde a la antigua normalidad, antes de la pandemia, en la que tan solo tenían un empleo una de cada cuatro personas con discapacidad. Tras el azote del coronavirus, la situación posiblemente empeore mucho más”, advierte el reportaje.

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Endesa es la empresa que mejor información no financiera reporta a través de sus informes anuales de todas las grandes empresas cotizadas españolas, según el último estudio del Observatorio Español de RSC.

Endesa señala que, en ese informe, llamado ‘La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35’, ha obtenido la mejor puntuación del ranking, con 53,49 puntos, frente a la media de 33,6 de las empresas del índice.

Además de liderar el ranking global, Endesa se encuentra entre las mejores empresas en 6 de las 7 dimensiones: Corrupción (7º), Fiscalidad Responsable (4º), Medio Ambiente (3º), Derechos Laborales (líder) y Clientes (6º). La compañía es líder destacado además en la dimensión de Derechos Humanos.

El estudio, publicado desde 2004, analiza 520 indicadores no financieros, incluyendo 194 que corresponden específicamente a los requerimientos de la ley de información no financiera y diversidad.

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Hostelería de España, la asociación empresarial Aecoc y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han presentado al Gobierno su Plan de Desescalada Inteligente, que incluye un paquete de medidas para recuperar la actividad del sector minimizando las pérdidas económicas.

El plan lo han elaborado por las tres organizaciones con el asesoramiento de la firma de servicios profesionales EY (antes Ernst & Young) y expertos en sanidad. Hostelería de España representa a más de 270.000 restaurantes, bares, cafeterías y pub en España; Aecoc es una asociación empresarial que integra a más de 30.000 fabricantes y distribuidores, y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) representa a un sector industrial con más de 30.000 empresas y casi 500.00 trabajadores.

El paquete de medidas que presentaron incide en la importancia de resolver el problema de liquidez al que se enfrentan los establecimientos hosteleros.

Para ello, se plantea el establecimiento de microcréditos, en torno a 25.000 euros de rápida concesión, y la suspensión de los alquileres o rentas de los arrendamientos de los locales de negocio por causas de fuerza mayor desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma y que se adecúe un sistema de pago flexible de rentas al menos hasta diciembre de 2020, en proporción al potencial y expectativas de ventas del propio sector.

Con la finalidad de minimizar la pérdida de empleo en el sector, las tres entidades proponen también flexibilizar los ERTE para todo el sector hostelero y extender su duración y seguridad jurídica por fuerza mayor hasta la normalización de la actividad turística.

Además del paquete de medidas económicas, el informe presentado al Gobierno tiene como objetivo garantizar una demanda segura en hostelería para lo que el documento propone diversas medidas que fomenten la seguridad en el consumo.

Algunas de ellas son la distancia interpersonal de 1,5 metros como ya se hace en Alemania (al contrario que el criterio actual que prima en España, que se fija en el aforo y no en la distancia interpersonal) o la eliminación definitiva de las franjas de edad para la realización de actividades, para que se pueda acompañar la vuelta a la actividad económica con la movilidad de los potenciales clientes.

El informe recoge también el ‘Sistema Integral de medidas para la reapertura segura del sector’, una iniciativa trabajada por Hostelería de España que detalla las medidas para prevenir el contagio por Covid-19 incorporadas en la guía elaborada con el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) con el consenso de sindicatos, comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Este sistema tiene como finalidad ayudar al sector a que la reapertura de los establecimientos sea lo más segura posible en las sucesivas fases y reivindica el concepto de seguridad a través de las medidas sanitarias y de prevención, de tal manera que no se limiten aforos, sino que se consiga un aforo seguro.

La finalidad de todas estas propuestas, recogidas en el Plan de Desescalada Inteligente, es ayudar al Gobierno, desde el conocimiento y la realidad del sector, a poner en marcha un plan de desescalada para la hostelería que, desde una “demanda segura”, permita ir recuperando la actividad con el menor impacto económico en los negocios, según destacan estas entidades.

EMPLEO

El sector de la hostelería en España cuenta con más de 300.000 establecimientos y generaba más de 1,7 millones de puestos de trabajo antes de la crisis. Según datos de un estudio recientemente elaborado por la consultora Bain & Company y la firma de servicios profesionales EY, estos negocios podrían sufrir una pérdida de facturación de hasta el 40% durante este año.

En cuanto a los niveles de liquidez, este mismo estudio apunta a que sin medidas de apoyo para aumentarlos, la necesidad de financiación de las compañías hosteleras para cubrir los gastos fijos operativos durante la crisis fluctuaría entre los 6.000 y los 16.000 millones de euros.

Respecto al empleo, según los datos del Ministerio de Trabajo, el mes de abril registró 243.000 trabajadores menos en hostelería que en el mismo periodo del año pasado. De los 1,4 millones de empleados que mantiene, 932.0000 se acogieron a un ERTE a causa de la crisis ocasionada por la pandemia y 314.000 son autónomos.

Según los datos que maneja el sector de la hostelería, tras la salida de la crisis podría haber una caída de en torno a un 15% del volumen de establecimientos. El sector afirma que ya se puede hablar de 40.000 empresas con serias dificultades de supervivencia tras la crisis.

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La Policía Nacional y Guardia Civil colaboran con las 22.102 farmacias de España para reforzar las labores policiales de protección y auxilio a aquellos colectivos sociales más vulnerables, como las personas mayores, las víctimas de violencia de género o los menores de edad en situaciones de riesgo como los malos tratos o el alcoholismo.

Según informó este viernes el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) han firmado un convenio de colaboración, en virtud del cual la profesión farmacéutica intercambiará información y esfuerzos en el desarrollo de programas preventivos concretos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad orientados a personas vulnerables.

En virtud de ese convenio, firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el presidente del Cgcof, Jesús Aguilar, la Policía y Guardia Civil podrán disponer de la colaboración de la red de farmacias comunitarias para difundir mensajes y material divulgativo con consejos de autoprotección y prevención orientados a estos grupos vulnerables, aprovechando la accesibilidad, cercanía y confianza de los ciudadanos en las farmacias comunitarias.

Los cuerpos policiales designarán un interlocutor que permita canalizar el intercambio de información con los profesionales del sector y coordinar la realización de actividades formativas recíprocas sobre aquellos riesgos que amenazan la seguridad de los grupos de población más vulnerables.

“CAUCES ÁGILES”

Interior destacó que “es precisamente esa vulnerabilidad la que convierte a los miembros de esos grupos sociales en usuarios habituales de las farmacias, cuyos profesionales suelen ser los primeros en detectar síntomas de riesgo en el caso de personas mayores, víctimas de violencia de género, menores víctimas de malos tratos o con problemas de alcoholismo, así como la desaparición de personas que, sin motivo aparente, dejan de acudir al establecimiento”.

Gracias al convenio, los expertos policiales asesorarán a los profesionales “para una mejor detección de esas señales de alarma y se generarán cauces ágiles para que esa información llegue cuanto antes a las unidades policiales adecuadas, de manera que sea posible habilitar cuanto antes medios de prevención o de auxilio”.

La propuesta de colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los profesionales farmacéuticos partió del Consejo General de Farmacéuticos, que en mayo de 2019 propuso a la Secretaría de Estado de Seguridad la colaboración de la red de farmacias en acciones de interés común dirigidos a las personas mayores y las víctimas de violencia machista.

Esta propuesta fue acogida por la Secretaría de Estado de Seguridad, que valoró no solo las posibilidades que ofrecen las farmacias para la difusión de mensajes, sino también para generar esos avisos de situaciones de riesgo, dado su arraigo social en el entorno al que dan servicio, así como extender a otros ámbitos, como el los menores de edad o las desapariciones no voluntarias de personas.

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El exportavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, consideró este viernes que el Gobierno debería buscar el apoyo “más o menos permanente de Ciudadanos” porque la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos “no sirve para afrontar los retos” que plantea la crisis del coronavirus.

En declaraciones a Servimedia, Roldán afirmó que ese escenario de apoyo entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas “supondría un cambio en la relevancia política de Ciudadanos". "Es evidente que no es momento de mirar al pasado, pero un Gobierno de 180 diputados estaría mucho mejor capacitado” para gestionar la pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales.

No obstante, reconoció que para poder llegar a esa situación “es necesario que el Gobierno quiera, y Sánchez no ha demostrado visión para alcanzar acuerdos por el centro”. “Además, aprecio sesgos ideológicos en la coalición de Gobierno, y ahora necesitamos líderes políticos pragmáticos y responsables”, remarcó el director del ‘think tank’ de Esade ‘Centre for Economic Policy & Political Economy’.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

El economista calificó de “extraordinaria noticia” el apoyo de Arrimadas a la prórroga del estado de alarma ya que eso supone “que hay un partido que reniega de la dinámica de bloques” y que antepone el interés general a los propios de la formación.

“Los partidos que no están demostrando altura de miras y que no son capaces de aportar soluciones van a arrepentirse en el futuro”, remachó el exdirigente liberal.

Para Roldán, el Partido Popular “está en una dinámica de confrontación” y argumentó que lo necesario ahora es “hacer críticas de forma constructiva”. Para ello, puso como ejemplo el comportamiento de los líderes políticos de Alemania y Portugal a la vez que manifestó su “poca confianza” en que se puedan alcanzar pactos transversales en la Comisión para la reconstrucción del Congreso de los Diputados.

DESESCALADA EN MADRID

Respecto a la solicitud que realizó la Comunidad de Madrid al Gobierno para pasar a la fase 1 de la desescalada, Roldán señaló como “razonable” que se pondere el factor económico a la hora de tomar decisiones.

“Hay que tener un debate de adultos con argumentos de adultos”, afirmó a Servimedia. “Un país no puede estar eternamente confinado”.

“Los argumentos sanitarios son esenciales, pero hay que tener en cuenta los económicos. Hay que ponderar los costes: el confinamiento no es una solución a nada. El confinamiento ha sido un elemento para frenar la curva de contagios y evitar el colapso de los hospitales, pero no acaba con el virus”, expuso.

“El virus está tan distribuido que hay que prepararse tecnológicamente, con capacidad sanitaria, para hacer frente a futuros rebrotes”, concluyó el economista de Esade.

Roldán abandonó Ciudadanos en junio del año pasado entre críticas a la decisión estratégica del partido de buscar acuerdos con el PP y con Vox, ya que entendía que dichos pactos vulneraban los principios que siempre ha defendido y que el coste para España iba a ser "demasiado alto".

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La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) pidió este viernes al Gobierno que informe sobre la idoneidad de las mascarillas transparentes para ser utilizadas con seguridad, como material higiénico y de protección para la prevención de contagios por la Covid-19.

Fiapas pide esta aclaración ante la proliferación de iniciativas de particulares en relación con la elaboración de mascarillas transparentes indicadas para favorecer la comunicación con personas sordas, que "hace necesaria una clarificación pública de una voz autorizada en la materia acerca de la idoneidad de dichas mascarillas para ser utilizadas con seguridad, como material higiénico y de protección para la prevención de contagios por coronavirus".

Fiapas subraya en un comunicado que, "al generalizarse y ser obligatorio en diversos entornos el uso de mascarillas, de cara a la opinión pública y a la población en general, es fundamental que se conozca que existen unos requerimientos legales y de fabricación que deben cumplir las mascarillas, poniendo de relieve que el diseño y los materiales empleados en su elaboración deben encontrarse entre los autorizados por ser los que cumplen con los criterios de eficacia de filtración bacteriana y respirabilidad, y no irritan la piel por la falta de transpiración".

Por último advierte que "con la mejor voluntad, se pueden generar expectativas en torno a productos que no cumplen las condiciones de protección, seguridad e higiene necesarias y que pueden ser utilizados entre personas oyentes que tengan que comunicar con personas sordas, muchos de ellos profesionales que prestan servicios de rehabilitación y otro tipo de apoyos a niños y adultos con sordera, y también entre las propias personas sordas para comunicar entre sí".

También puntualiza que "con esta apreciación no quiere decir que disponer de mascarillas que permitan visibilizar la boca y la expresión facial del hablante no sea una buena idea y no sea un recurso que debiera existir para facilitar la comunicación de las personas con sordera, con otros oyentes o entre sí, si utilizan la lectura labial como recurso de apoyo en su comunicación y como refuerzo de la escucha que le reportan sus prótesis. Ahora bien, debe tratarse en todo caso de productos que cumplan con los criterios de aceptación establecidos legalmente".

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El Parlamento y la Comisión Europea analizarán las medidas tomadas por los Gobiernos comunitarios para “combatir los bulos y controlar la información” durante la crisis del coronavirus, por lo que se revisarán también las actuaciones al respecto del Gabinete de Pedro Sánchez, asunto que ha provocado un intento debate en España.

El PP informó este viernes de que su eurodiputado Javier Zarzalejos ha logrado que este asunto sea analizado en las próximas semanas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. A esta cita acudirán también representantes de la Comisión Europea y del Servicio de Acción Exterior europeo.

Según los populares, esta propuesta de Zarzalejos fue aprobada en la reunión de los coordinadores de los grupos políticos integrantes de esta comisión parlamentaria “con un amplio respaldo de todas las fuerzas representadas”.

“INDICIOS” DE INJERENCIA

Zarzalejos indicó que “el debate que hemos logrado introducir es importante, porque en estos momentos hay estados de alarma muchos países de la UE y en algunos de ellos hay indicios, como hemos visto en los últimos días en España, de que el Gobierno intenta limitar o controlar la difusión de información online, en particular la que considera negativa para su relato de la situación”.

Este eurodiputado sostuvo que esto “podría suponer limitaciones injustificadas al derecho a la libertad de expresión y de información que tenemos que considerar en España y en los demás países miembros”.

Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, señaló que “la lucha contra el coronavirus no puede ser aprovechada para perseguir de manera camuflada libertades o derechos”. “Un estado de alarma”, afirmó, “no es un estado de suspensión de derechos, por ello el PP ha defendido en la UE que se estudie esta situación y va a seguir haciéndolo con iniciativas como la de la Comisión de Libertades Civiles, además de defender una evaluación global cuando se levanten los estados de alarma”.

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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha denunciado que la ausencia de protocolos de accesibilidad en los centros de salud discrimina a las personas sordas.

Según la entidad, estos centros no cuentan con criterios uniformes ante cuestiones "tan simples como informar de una cita médica a un paciente sordo".

Un funcionamiento que asegura que es desigual en cada comunidad autónoma" y que, según la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, “terminamos pagando las propias personas sordas”.

Díaz señaló que la comunicación telefónica no es una opción para este colectivo, y que, por tanto, cualquier notificación debe realizarse por SMS, por correo electrónico, o a través de servicios de videointerpretación como SVIsual ('www.svisual.org').

“El acceso a la salud es un derecho universal, tanto como acceder a la información y a la comunicación sanitaria”, insistió, y añadió que “las personas sordas no podemos depender de voluntades individuales. Necesitamos respuestas globales”.

Otra cuestión que preocupa a la CNSE es que esta "arbitrariedad" pueda impedir a las personas sordas participar en estudios como el de seroprevalencia frente a la Covid-19 que se inició esta misma semana. Para la entidad, la decisión de reclutar a los participantes telefónicamente excluye a las personas sordas.

“Nos preocupa no poder participar en caso de haber sido seleccionadas”, lamentó Concha Díaz, que manifestó que “al igual que el resto de la población queremos aportar nuestro granito de arena, y, sin embargo, no se nos deja”.

Al respecto, la presidenta de la Confederación urge al sistema de salud a buscar soluciones, e insta a las comunidades autónomas a alcanzar un consenso. En este sentido, alude a la existencia de recursos que “ya permiten una comunicación accesible con estos servicios a través de la lengua de signos, o en la modalidad comunicativa que requiera cada persona sorda”.

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El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, solicitó este viernes a la Consejería de Sanidad que se realicen tests de detección de la Covid-19 a todos los profesionales que trabajan en centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a todos los usuarios de dichos recursos antes de su reapertura.

El objetivo es evitar la aparición de nuevos focos de contagio y velar por la salud de todos de cara a las distintas fases de la desescalada, explicó Casado en una carta dirigida al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

En la misiva, Casado insistió en la conveniencia de "retomar con las máximas garantías la actividad en los distintos centros y recursos de sus entidades, según las pautas establecidas para cada una de las fases".

Para ello es "fundamental la realización previa de los test de detección a los profesionales", señaló, junto con la aplicación de las medidas preventivas y del uso de los equipos de protección individual adecuados. Según recordó, "la atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ha sido considerada una actividad esencial" durante la crisis, "tarea que los trabajadores han desarrollado con total profesionalidad a pesar de las dificultades en ocasiones para conseguir equipos de protección y para prestar atención directa a personas con grandes necesidades de apoyo".

Por ello, consideró "prioritaria la realización de las pruebas de detección del coronavirus a los profesionales que han trabajado en atención directa en residencias y viviendas durante el periodo de confinamiento. También solicitó que el resto de trabajadores se sometan a los test antes de incorporarse a sus puestos, a fin de "dar tranquilidad a las familias y a los profesionales" y de prevenir "la aparición de nuevos brotes que puedan afectar a las plantillas de trabajadores y a los usuarios".

Asimismo, reiteró la necesidad de realizar estos mismos tests a todas las personas atendidas, "para velar por la salud de todos aquellos que van a coincidir en un mismo espacio con el regreso paulatino de la actividad a dichos centros.

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Responsables de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) explicaron este viernes a la Reina por videoconferencia que han tenido que cerrar sus centros, menos las residencias, por la pandemia, una situación que supondrá un retroceso en la calidad de vida de las personas afectadas por esta dolencia.

Participaron en la videoconferencia el presidente de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), Luciano Fernández Pintor; la vicepresidenta, Ana Cabellos Cano, y la directora gerente, Mar Barbero Lázaro, según informaron fuentes de La Zarzuela

Estos responsables resaltaron a doña Letizia la importancia de comenzar cuanto antes las actividades de rehabilitación en pacientes con daño cerebral para no continuar con la pérdida de capacidades y retroceso en la calidad de vida de las personas que necesitan este recurso.

Los representantes de Fedace expusieron a la Reina que la atención a los usuarios con daño cerebral no se ha podido realizar de forma presencial y se ha estado dando atención y tele rehabilitación desde aplicaciones informáticas en diferentes vías: seguimiento telefónico sobre todo a aquellas personas que están solas, actividades de ocio a través de WhatsApp, habilitación de plataformas donde ir subiendo vídeos y documentos con actividades y ejercicios que los usuarios puedan hacer en sus casas, aunque esta propuesta ha conllevado muchas dificultades, ya que muchos usuarios, así como sus familiares cuidadores, no están adaptados a las nuevas tecnologías y, en bastantes casos, están faltos de los equipos informáticos necesarios.

Asimismo, recalcaron en la videoconferencia que habían apreciado un notable descenso de llamadas de familiares desde el hospital por casos de ictus o traumatismos craneoencefálicos -principales causas de daño cerebral-, lo que probablemente se debe al miedo a acercarse a centros médicos por la posibilidad de contagio.

Los portavoces también subrayaron que temen que hayan quedado personas sin atender, fundamentalmente porque no hayan acudido a los centros sanitarios y consideran que se han enviado a pacientes a sus casas antes de que haya finalizado el periodo habitual de rehabilitación tras un ictus, un traumatismo craneoencefálico, un tumor cerebral u otras causas que provocan daño cerebral.

Por último, trasladaron a la Reina que en Fedace están muy preocupadas por su situación económica pues a día de hoy la mayoría de las subvenciones están paradas, e incluso, es posible que algunos financiadores privados reduzcan o cancelen sus aportaciones para la realización de proyectos a favor de las personas con daño cerebral o sus familias. Además, es muy posible que esta crisis afecte a nivel económico a las familias de personas con daño cerebral, con un probable empobrecimiento familiar.

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Amnistía Internacional denunció este viernes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han interpuesto sanciones "de forma arbitraria" contra personas que supuestamente desobedecían el real decreto del estado de alarma "sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales".

Además, alertó de que estas actuaciones coercitivas han perjudicado de forma especial a aquellas personas que pertenecen o tratan "con grupos vulnerables y con necesidades específicas".

Según el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, "la aplicación sin matices del estado de alarma ha provocado que muchas personas, a pesar de tener una razón para poder estar en la calle, tengan miedo a ser sancionadas y no salgan".

Explicó que aunque el Ministerio del Interior autorizó la salida de personas con discapacidad con necesidades especiales durante el confinamiento, se han producido casos como el de una persona a la que se le impuso una multa por salir con su hija discapacitada a la compra en coche.

En su opinión, estas arbitrariedades policiales pueden provocar que algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad eviten o reduzcan los paseos, "teniendo así menos formas de luchar contra las crisis de ansiedad".

Por otro lado, Amnistía ha recogido varios testimonios de personas que han sido denunciadas por realizar una labor de asistencia a colectivos vulnerables. Este fue el caso de Javier González, en Santander, denunciado dos veces el mismo día por llevar agua a un grupo de migrantes que vivían en la calle.

Amnistía Internacional no cuestiona las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia global, ni la legitimidad o necesidad de las actuaciones policiales para asegurar el cumplimiento de las medidas de confinamiento.

Sin embargo, reiteró que "la mera presencia en la calle de algunas personas no constituye obligatoriamente un delito de desobediencia". Beltrán subrayó que "la sanción no debe ser utilizada más que como último recurso, cuando se han agotado otras vías, pero advirtió de que en muchas ocasiones, "los agentes simplemente están usando su propio criterio, arbitrario y desproporcionado, y a veces ni siquiera atienden a los razonamientos legítimos que les dan las personas".

La organización ha recibido testimonios de ciudadanos denunciados sin mediar ningún tipo de advertencia previa, incluso concurriendo circunstancias que podían legitimar su presencia en la calle, y sin tomar en consideración sus necesidades específicas.

También se han documentado situaciones en las que agentes de las fuerzas de seguridad no se han comportado "con la debida profesionalidad", prosiguió, "actuando incluso contra lo dispuesto en las instrucciones emanadas del Ministerio". Ejemplo de ello es el de una persona multada en Barcelona mientras se dirigía a la única farmacia de guardia que tenía disponible un medicamento para la epilepsia que necesitaba. Los agentes consideraron que se encontraba demasiado lejos de su domicilio y ni se molestaron en corroborar la información que esta persona les intentaba proporcionar.

CONTRA LA 'LEY MORDAZA'

Según Amnistía, parte del problema radica en la Ley de Seguridad ciudadana que se utiliza como base jurídica para imponer estas sanciones. A su juicio, esta norma otorga "un amplio margen de poder y de discrecionalidad a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para valorar qué conductas pueden ser susceptibles de considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad".

Esta "discrecionalidad no va acompañada de adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas", prosiguió, lo que "facilita comportamientos abusivos y arbitrarios".

Por todo ello, Amnistía reclamó protocolos claros de actuación policial que contemplen alternativas para mitigar el impacto desproporcionado que las sanciones pueden tener sobre determinadas personas, como vincular la cuantía de la multa a los ingresos de la persona sancionada, o sustituir la sanción por servicios a la comunidad. Además, exigió que se lleve a cabo una evaluación de la actuación policial durante el estado de alarma, y pidió aumentar las garantías contra la arbitrariedad, "a través de instrucciones claras a los agentes para no adoptar un enfoque meramente punitivo", así como la implantación de un mecanismo que permita la recepción de quejas por parte de la ciudadanía sobre posibles abusos.

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La Guardia Civil de Oviedo ha denunciado a 18 personas por compartir en grupos de Whatsapp dónde estaban situados los controles de tráfico que se vienen haciendo para verificar que se cumple el estado de alarma por el Covid-19.

Según informó este viernes el Instituto Armado, desde este mes de abril los agentes de Luarca investigaban la creación en la zona de estos grupos de Whatsapp, para lo cual agentes lograron introducirse en estos chats para hacer un seguimiento de los mismos.

Los investigadores lograron ser incluidos en los grupos 'Verdes por la zona', que tenía 245 usuarios, y 'Social Coaña', con 253, cuya finalidad era la de difundir la posición de los controles y movimientos de los agentes pertenecientes a la Compañía de Luarca, así como de las patrullas de la Agrupación de Tráfico e incluso de la Policía Local de Luarca.

Estos casi 500 usuarios podían a su vez compartir esta información con sus amigos o en otros grupos, por lo que es incalculable el número de personas que podían llegar a saber donde estaban situados los controles de tráfico. En estos chats, además de compartir la ubicación de agentes en las carreteras, se ponían matrículas de vehículos oficiales y fotografías del inicio del servicio de los guardias civiles en los acuartelamientos.

La Benemérita destacó que con este tipo de grupos de difusión “se ejerce un daño que nos afecta a todos, ya que los controles establecidos, además de vigilar los movimientos injustificados para evitar la transmisión de contagios de Covid-19, se realizan para evitar la circulación de conductores en estado de embriaguez, que pueden causar accidentes graves, para interceptar a los posibles autores de robos en establecimientos o segundas residencias, para impedir el tráfico de sustancias estupefacientes, etc”.

Hasta el momento, el Instituto Armado ha formulado 18 denuncias por la creación y uso de estos grupos de Whatsapp. La sanción económica por este incumplimiento del estado de alarma puede oscilar entre los 601 y los 30.000 euros.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres han planteado -coincidiendo con la celebración este sábado, 9 de mayo, del Día de Europa- la necesidad de una “refundación en clave social” de la UE como medio de superar el “estancamiento y la crisis permanente que experimenta el proyecto europeo, sin horizonte ni ambición”.

Con este fin, el movimiento Cermi propone como primer paso elevar a rango de tratado fundacional el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado por la Unión Europea en noviembre de 2017, pero como mera declaración solemne del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, “sin fuerza normativa ni vinculación para los poderes europeos y nacionales, por lo que la ciudadanía no puede exigir su cumplimiento efectivo”.

“El acusado déficit social de la UE es una de las quiebras más perturbadoras del proyecto europeo que ignora que la estabilidad y el bienestar sociales y la inclusión son la base determinante del éxito y continuidad de la construcción europea, y de su consolidación y extensión”, advierte el Cermi.

A su juicio, la Unión Europea “no puede limitarse a gestionar su propio debilitamiento, como ha demostrado ante la pandemia del coronavirus, hasta hacerse cada vez menos relevante en la escena mundial, sino que necesita revulsivos, como el social, que introduzcan tensión productiva que lleve a superar la mediocridad actual y conectar con los anhelos y ambiciones fundacionales, los únicos que suscitarán la adhesión de la ciudadanía europea”.

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Down Madrid ha elaborado, a partir de su espacio de apoyo mutuo entre familiares ‘Escuela de Familias’, una serie de recomendaciones para mejorar el bienestar de los hermanos de personas con discapacidad intelectual durante el confinamiento derivado de la pandmemia del Covid-19 porque “son una pieza clave en la convivencia en el hogar”.

Explicar de forma sencilla la situación actual, dejar claras las nuevas normas de convivencia o potenciar la comunicación son algunas de las pautas que la entidad aconseja y que resume en una infografía disponible en su página web y en los diferentes canales sociales. Desde la 'Escuela de Familias' se indica que, en un momento donde se pasa más tiempo en el hogar, “queremos seguir ayudando a las familias a pesar del distanciamiento social”.

Así, tal y como explica la Fundación, este recurso responde a una necesidad prolongada y detectada en las familias. “A menudo, el hijo sin discapacidad puede llegar a sentirse desplazado, celoso o tender a sobreproteger a su hermano, llegando a tener un rol en la familia por encima de su edad y responsabilidad”, analiza. Por ello, los profesionales inciden en la necesidad de trabajar y gestionar las emociones que se generan en la convivencia con una persona con discapacidad: “Si es fundamental en una situación normal, más todavía con la actual alteración de la rutina”.

Con motivo del Día del Niño en la Comunidad de Madrid, que se celebrará este domingo 10 de mayo, Down Madrid quiere poner de relieve esta realidad que puede pasar inadvertida y que, a su juicio, requiere de atención. “Los hermanos de personas con discapacidad intelectual son una pieza clave, su bienestar nos importa al igual que el conjunto de la familia”, asegura.

Desde hace 20 años, la Escuela de Familias de Down Madrid lleva a cabo talleres con hermanos de personas con discapacidad intelectual para trabajar, a partir de diferentes dinámicas, la empatía y acercar y ampliar su conocimiento sobre la discapacidad con pautas que sirvan para hablar sobre ello a otros niños de su entorno. En este sentido, la gestión de las emociones ocupa un papel central, por lo que los talleres se convierten en un espacio donde compartir sus sentimientos.

Además, se hacen encuentros puntuales de hermanos durante todo el año con distintos grupos: tres encuentros con niños del Centro de Atención Temprana en el que acuden un total de 35 niños, dos en los colegios, donde participan 12 niños, y, por último, tres encuentros de adultos con la asistencia de 80 personas. Debido a la situación actual, estas actividades se han suspendido, aunque la 'Escuela de Familias' sigue apoyando a las familias con reuniones de forma virtual.

CONVIVENCIA EN CONFINAMIENTO

Los familiares coinciden en que el confinamiento ha sido un “desafío” para todos y ha requerido un periodo de adaptación, tanto para los adultos como para los niños, en el que se ha pasado por diferentes estados emocionales. “Mis hijos están aceptando la situación sin pedir más explicaciones, su actitud está siendo increíble”, comenta sorprendida Gema Fernández-Clemente Real, madre de cuatro hijos y uno de ellos con discapacidad intelectual.

Asimismo, los padres consideran que la edad o la personalidad condiciona la atención sobre los más pequeños en este periodo y no en sí mismo la discapacidad de sus hijos. Pamen Marín Romano, madre de cuatro hijos, destaca que “todos reclaman su dosis de atención y que la discapacidad no es el elemento que los diferencia, sino más bien el que los une entre sí”. Por su parte, Fernández-Clemente Real explica: “Nuestra hija mayor trata de no darnos ocupaciones y ser lo más autónoma posible, los dos siguientes demandan de tareas y juegos y Nico, estando con los hermanos, está tranquilo, aunque también busca sus momentos individuales”.

Por último, los familiares resaltan que el confinamiento ha permitido unir, más todavía, a sus hijos. “Ahora, juegan más entre ellos sin dejar de lado a ninguno de los hermanos y adaptándose al juego del más infantil, se defienden entre ellos, como si de una nueva pandilla de amigos se tratara, además de apoyarse en los deberes y en el uso de las nuevas tecnologías para los más pequeños”, detalla Marín Romano.

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La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, pidió al recién elegido presidente de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, Patxi López, que cuente con las entidades sociales para forjar el gran acuerdo de país que hay que conseguir para afrontar los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19.

Así lo explicó el presidente de la PTS, Luciano Poyato, tras enviar una carta a López en la que se subraya que las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social no pueden quedar atrás en este pacto, ya que son las que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. “La crisis económica de los últimos años que padeció nuestro país dejó a muchos colectivos en situaciones extremas y todavía hay muchas que no han logrado superar los efectos”, dicta el escrito.

En este sentido, solicitó la comparecencia de la Plataforma del Tercer Sector, para que las voces y las necesidades de las ONG sean escuchadas, ya que son ellas las que conocen de primera mano la verdadera realidad social y las nuevas demandas que están surgiendo a raíz del Covid-19.

En el escrito, la PTS destacó que el diálogo civil es “parte imprescindible” de la nueva gobernanza y de una democracia avanzada y participativa”, por lo que el Tercer Sector debe tener presencia activa en la gestación de los grandes consensos nacionales de recuperación del país.

En relación a esto, puso sobre la mesa la disposición del Tercer Sector para colaborar estrechamente en beneficio último de las personas por las que trabaja y logar así una sociedad más cohesionada, inclusiva e igualitaria que tenga como pilar fundamental el Estado del Bienestar.

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Unos 180.000 bares y 79.000 restaurantes están listos para reabrir sus locales al público en aquellas provincias que el Gobierno admita en la fase 1 del desconfinamiento. Desde el lunes podrán en esos casos recibir clientes en terrazas al aire libre que respeten las medidas de distanciamiento recomendadas por las autoridades sanitarias. Para mayor seguridad, empresas como Damm están revisando y limpiando los barriles de cerveza.

Este sector de la hostelería representa un porcentaje muy importante de la economía española, pues mueve unos 83.000 millones de euros al año, según los últimos datos publicados el pasado mes de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los restaurantes del país generaron en 2018 una facturación de más de 47.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 36.000 millones de los bares. Además, antes del inicio de la pandemia por Covid-19 sostenían alrededor de 1,7 millones de empleos.

Gran parte de esos negocios ultiman ahora su reapertura con nuevas medidas higiénicas para cumplir las recomendaciones sanitarias marcadas por el Gobierno de España. Entre otras cosas, los trabajadores visten mascarilla y guantes en el regreso a la actividad tras verse obligados a cerrar por el estado de alarma que decretó el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de frenar al coronavirus.

Raúl Cabrera, propietario del restaurante Docamar en Madrid, representa uno de los muchos casos de pequeños negocios que trabajan duro para volver a la normalidad dentro de las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia y de los cuidados sanitarios indicados para evitar contagios.

"Estamos preparando todo para que los clientes puedan disfrutar de la terraza con todas las medidas higiénico sanitarias y puedan beber una cerveza con toda la tranquilidad y la seguridad”, afirma este hostelero a Servimedia.

En su caso, el restaurante ha funcionado en las últimas semanas para repartir menús de comida "a familias desfavorecidas y sin recursos del barrio" madrileño de Quintana, en cuya plaza se ubica este local famoso por sus patatas bravas. En los últimos días ha empezado también a servir a domicilio previo encargo, de acuerdo a las directrices que el Ministerio de Sanidad dictó como inicio de la desescalada del estado de alarma.

Abrir las terrazas en plena primavera, con sol y temperaturas al alza, es un aliciente para los clientes. Al menos eso espera Cabrera, que cuida al detalle las medidas de seguridad y separa las mesas midiendo con metro la distancia que debe existir entre sillas de diferentes clientes.

En este regreso a la actividad, cuenta también con la ayuda de fabricantes como la cervecera Damm, que está reponiendo gratis los barriles que quedaron "pinchados" cuando se decretó el estado de alarma y estos negocios tuvieron que cerrar sus puertas.

Damm está sustituyendo todos esos barriles abiertos a coste cero para los empresarios, lo que representa una entrega de 3,5 millones de litros por toda España y va a permitir vender 18 millones de cañas durante las próximas semanas.

En el caso de los barriles no empezados, los técnicos de la compañía analizan su estado y los cambian gratuitamente si resulta necesario. Damm también está limpiando la instalación de los grifos para garantizar una total salubridad tras semanas sin uso y mejorar el sabor de las bebidas.

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Indra ha donado 7.336 tabletas a menores de todas las comunidades autónomas de España que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social para ayudarles en sus tareas escolares a raíz del cierre de los centros educativos.

Según indicó la compañía este viernes, esta donación, cuyo objetivo es reducir la brecha digital educativa, se ha realizado con la colaboración de 29 instituciones y fundaciones del tercer sector y se ha llevado a cabo a través de Minsait, filial de tecnologías de la información de Indra.

Estas tabletas se suman a otras 1.000 que Indra donó a menores en situación de vulnerabilidad a mediados de abril. La intención es que las tablets entregadas, junto a fundas y mochilas, permitan a los menores acceder a programas de educación a distancia y mantenerse en contacto con sus colegios, tutores, docentes y compañeros durante los próximos meses.

En este sentido, la compañía destacó que la crisis del coronavirus y el cierre de los colegios “ha agravado significativamente las diferencias entre aquellos menores, niños y jóvenes, que tienen la posibilidad de acceder a la educación online y aquellos que carecen de los recursos necesarios”.

Para esta donación, la Asociación Española de Fundaciones (AEF) se encarga de la coordinación de acciones de fundaciones participantes, para identificar a los alumnos y familias que se han desconectado de los centros educativos, estimadas en entre un 15% y un 20% de las familias. Además, una parte de las 5.023 tablets facilitadas por Indra a la AEF serán empleadas en la escolarización de niños con algún tipo de discapacidad o necesidad especial.

Asimismo, Cruz Roja destinará 2.313 tablets donadas por Indra a su programa ‘Promoción del Éxito Escolar’, dirigido a menores entre 6 y 16 años, así como a estudiantes de 17 y 18 años que estén cursando educación no obligatoria.

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La coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, compartirá este viernes en un encuentro europeo ejemplos de buenas prácticas en la elaboración de estudios que contribuyen a reforzar la lucha contra la violencia machista hacia las mujeres y niñas con discapacidad.

Lo hará en un panel de buenas prácticas que se celebrará en el marco de un webminario organizado por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar entre las 14.00 y las 16.00 horas de este viernes, 8 de mayo. La inscripción puede realizarse a través del enlace 'https://zoom.us/webinar/register/WN_JQVoJ1A6TRuZsNyoHQt4UA'.

La representante de Cermi Mujeres estará acompañada en el panel por Luisa Bosisio, del Foro Italiano de la Discapacidad y por Claire Desaint, de la organización francesa ‘Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir’.

Previamente, en el webinario, que será conducido por la vicepresidenta del EDF, Ana Peláez Narváez, se abordará la necesidad de reforzar la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad, en línea con los mandatos del Convenio de Estambul.

Para ello, se impartirán sendas ponencias a cargo de la administradora de la Secretaría del mecanismo de seguimiento del Convenio de Estambul, Christina Olsen, y la miembro del Grupo de Personas Expertas en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa (Grevio, por sus siglas en inglés), Biljana Brankovic.

El webinario se desarrollará en inglés y se dispondrá de interpretación en lengua de signos y subtítulos. Se grabará para su posterior publicación y difusión.

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