El Ministerio de Sanidad informó este viernes de sólo dos muertes por Covid-19 durante la jornada de ayer y de 187 nuevos contagios. De este modo, el total de víctimas mortales por la pandemia de coronavirus asciende a 27.121 personas.

Según el parte oficial diario de la evolución de la enfermedad en España, los casos confirmados mediante pruebas PCR ascienden a 238.564 tras haber reportado 187 infecciones, la mayoría en Madrid (61) y Cataluña (47), que son las comunidades autónomas donde, actualmente, existe una mayor transmisión del virus.

En la última semana también se han registrado 286 ingresos hospitalarios, de los cuales 89 pertenecen a la Comunidad de Madrid y 68, a Cataluña. En este mismo tiempo, hay 12 pacientes que han tenido que ser ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) por su gravedad.

El dato que más controversia genera es el de fallecidos, especialmente desde que el Gobierno suprimió el lunes 1.968 decesos que hasta ese momento figuraban en el parte oficial de víctimas.

La razón que esgrimió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, es que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas habían incluido fallecimientos de personas a las que no se les llegó a realizar una prueba de confirmación del coronavirus, y todos esos casos debían retirarse.

Desde el martes, cuando se incorporaron de golpe 283 muertes, la cifra de fallecidos había crecido únicamente en una persona el miércoles, otra el jueves y dos este viernes. En la rueda de prensa ofrecida esta tarde en el Palacio de la Moncloa, Simón ratificó que los óbitos registrados y notificados ayer mismo son únicamente dos.

Pero eso no significa que no hubiera más. De hecho, comentó que el promedio de fallecimientos de los últimos días es de 5 personas pero las comunidades suelen notificarlos con retraso. Cada jornada notifican más víctimas pero Simón subrayó que el Ministerio de Sanidad de momento sólo incluye en el total de fallecidos los que pierden la vida y se comunican en el mismo día. En el caso de este viernes, dos. Los demás quedan apartados sin agregarse a la suma general mientras el Ejecutivo revisa la serie histórica.

Simón anunció que la semana que viene espera tener concluido ese trabajo y entonces podrá actualizarse la cifra de muertes. Cuando Servimedia le preguntó en la rueda de prensa si eso supondrá que en próximos días se incorporarán de golpe los fallecidos que ahora quedan en el limbo, el doctor respondió claramente: «Exacto».

DATOS POR REGIONES

Cataluña es la región donde más transmisión del virus hay por población y también es donde más número de contagios se han registrado. Sólo en la última semana ha notificado 1.384 nuevas infecciones, mientras que la Comunidad de Madrid, la segunda con mayor transmisión, registra 594.

Los datos de este viernes confirman también un aumento de contagios en Ceuta, donde en los últimos 14 días se han detectado 28 contagios nuevos pero que, teniendo en cuenta la poca población que tiene, eleva sobremanera su tasa de transmisión del virus.

En los últimos siete días, Cataluña ha notificado ocho muertes por coronavirus y ya son 5.584 las defunciones por Covid-19 en esta región. Tiene 58.427 casos positivos tras detectar ayer 39 contagios nuevos. Tiene la mayor tasa de transmisión de toda España con 39,39 contagios por cien mil habitantes en las últimas dos semanas.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha tenido seis fallecidos en los últimos siete días y cuenta con 8.691 defunciones por coronavirus, mientras que el total de personas que han tenido o tienen coronavirus es de 68.451 tras registrar 67 nuevos contagios. Tiene una tasa de transmisión de 24,01 infecciones por cada cien mil habitantes en las dos últimas semanas.

La tercera comunidad autónoma con mayor transmisión del virus es Castilla y León, que en las últimas 24 horas ha notificado siete nuevos contagios que elevan a 18.747 el total de infecciones. En la última semana ha registrado cuatro muertes y ya son 1.922 las víctimas mortales de coronavirus en la región. Tiene una tasa de contagios de 23,71 infectados por cien mil habitantes en las últimas dos semanas.

En la última semana, España ha identificado 2.951 contagios, la mayoría de ellos en Cataluña (1.384) y en Madrid (594). Esto quiere decir que el 67% de los nuevos contagios se producen en estas dos comunidades autónomas.

SERVIMEDIA

El déficit del Estado se situó en el 1,78% hasta abril, lo que representa un aumento de 1,16 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda del déficit consolidado de las administraciones que reflejan ya el impacto de la crisis sanitaria y económica del Covid-19.

Según indicó el Ministerio de Hacienda el aumento del déficit se debe, por un lado, a la reducción de los ingresos por la caída de la actividad empresarial y el menor consumo, pero también por las medidas adoptadas por el Gobierno para dotar de liquidez a las empresas mediante, por ejemplo, la exoneración de cotizaciones en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, lo que ha supuesto una minoración de ingresos. Por otra parte, las medidas aprobadas para mitigar el impacto social como la prestación por cese de actividad para los autónomos han provocado un aumento de los gastos.

En concreto, en los cuatro primeros meses del año el déficit del Estado asciende a 19.929 millones. Esta evolución se explica por una caída de los recursos del 6,7%, frente a un incremento de los gastos del 11,75%.

Sólo en el cuarto mes del año los ingresos cayeron un 29,2% y los gastos aumentaron un 48,7%, consecuencia de los aplazamientos de impuestos, moratorias, mayores ayudas y demás iniciativas adoptadas para paliar los efectos derivados de la crisis. Asimismo, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) por importe de 1.745 millones, sin correspondencia en 2020 que afectará al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, aunque sin incidencia en el déficit.

INGRESOS

Por el lado de los recursos no financieros del Estado, en los cuatro primeros meses del año ascendieron a 57.335 millones, lo que supone un descenso del 6,7% respecto a 2019. Los recursos impositivos, que representan el 81,4% del total, se situaron en 46.648 millones, lo que supone un descenso del 11%, al caer prácticamente todas las figuras tributarias.

En este sentido, destaca, por un lado, el descenso del 6,1% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA retrocedió un 9,6%, hasta los 23.428 millones. Respecto a los Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que descendieron un 19,8%, el Impuesto sobre Sociedades retrocedió un 9,1%. En el caso del IRPF, la caída fue del 26,5%. Los impuestos sobre el capital cayeron un 20% y las cotizaciones sociales descendieron un 1,7%, fundamentalmente, por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas, por otros con Régimen de Seguridad Social.

Respecto al resto de recursos, que siguen la misma tendencia descendente, destacan las rentas de la propiedad, que cayeron un 17,7%, dentro de los cuales los intereses disminuyeron un 15,7%.

GASTO

En el lado de los gastos, hasta abril ascendían a 77.264 millones, cifra superior en un 11,8% a la de 2019, afectada por el incremento de los consumos intermedios, así como por el aumento de las transferencias corrientes a otras administraciones públicas, que crecen en 6.126 millones, fundamentalmente por el sistema de financiación, incluyendo anticipos de la liquidación de 2018. Este apartado incluye también la transferencia a las comunidades autónomas por importe de 303 millones, del Fondo Extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales para hacer frente al Covid-19 y de 206 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia.

Las transferencias de capital también aumentaron, destacando las transferencias a comunidades autónomas por 369 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda. Los consumos intermedios crecieron un 35,4% más, como consecuencia de los 891 millones del programa presupuestario prestaciones sanitarias y farmacia del SNS relacionadas con el Covid-19, sin correspondencia en 2019.

Por su parte, la remuneración de asalariados aumentó un 1,3% debido a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y a la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno Sindicatos alcanzado en marzo de 2019, para la mejora del empleo público; y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2%, frente al 2,25% de 2019.

Estos incrementos se vieron compensados, en parte, por el descenso de un 8% de los intereses, de un 22,6% de la cooperación internacional corriente y de un 7,4% de los recursos propios de la UE. Por último, también descendieron las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.

DÉFICIT CONJUNTO HASTA MARZO

Hasta finales de marzo de 2020, el déficit conjunto de la administración central, los fondos de la Seguridad Social y la administración regional, excluida la ayuda financiera, era de 8.636 millones, equivalente al 0,77% del PIB, frente al 0,31% del PIB registrado hasta marzo de 2019. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras (172 millones en 2019 y -38 millones en 2020), el déficit sería de 8.674 millones de euros, equivalente al 0,78% del PIB.

En concreto, en el primer trimestre la administración central registró un déficit del 0,58% del PIB excluida la ayuda financiera; mientras que el de las comunidades autónomas se situó en 1.703 millones, el 0,15% del PIB, al incrementarse sus ingresos en un 5,1% y sus gastos en un 5,2%.

Las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y Valencia registraron hasta marzo un peor resultado presupuestario que el registrado en el mismo mes de 2019.

SEGURIDAD SOCIAL

En cuando a los fondos de la Seguridad Social, registraron un déficit del 0,04% del PIB, debido al impacto ocasionado por la crisis derivada del Covid-19 tanto sobre las cotizaciones sociales como sobre las prestaciones, con una reducción del 4,9% en sus ingresos, frente al aumento del 6,57% en los gastos. El Sistema de Seguridad Social registró un déficit de 657 millones, lo que representa un 0,06% del PIB. Este deterioro se debe a un descenso de las transferencias del Estado en 2.656 millones, mientras que las prestaciones sociales crecieron hasta marzo un 5,8%, frente al 2,8% registrado el mes anterior, y los ingresos por cotizaciones sociales aumentaron un 1,8%, con una tendencia decreciente desde el mes de enero.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presentó un superávit de 175 millones, con un crecimiento del 2,7% en las cotizaciones sociales y un aumento del 14,2% en prestaciones por desempleo.

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo aumentó en marzo un 15,2% en comparación con el mismo mes del año anterior y la tasa que se situó casi 10 puntos por encima del aumento registrado en febrero.

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La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, comparecerá el próximo 11 de junio ante la Comisión del Estatuto del Diputado para exponer oralmente sus alegaciones ante el suplicatorio que el Tribunal Supremo cursó a la Cámara para poder juzgarla por presuntos delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental cuando ejercía de directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Así lo comunicaron a Servimedia fuentes de la citada comisión tras reunirse este viernes para estudiar el suplicatorio que el presidente del Tribunal Supremo remitió al Congreso el pasado lunes. La Mesa de la Cámara lo calificó el martes y lo trasladó a la Comisión del Estatuto del Diputado dentro del plazo de cinco días.

El Reglamento del Congreso prevé que, en estos casos, la comisión tiene un plazo máximo de 30 días para concluir sus trabajos, dentro de los cuales se incluye la audiencia del diputado interesado, en este caso Laura Borràs. Además, contempla la posibilidad de que la audiencia pueda ser presencial o por escrito, según lo disponga la comisión, que ha optado por la comparecencia presencial

Concluido ese trabajo, dice el Reglamento, el suplicatorio se somete al primer Pleno ordinario de la Cámara. Pero se da la circunstancia de que el periodo ordinario de sesiones concluye, por mandato constitucional, a finales de junio, de modo que la decisión podría demorarse hasta comenzar el periodo ordinario siguiente, en septiembre.

Una vez concedido el suplicatorio, la presidenta deberá trasladar la decisión a la autoridad judicial que lo solicitó para proseguir con el procedimiento penal.

Según precisa el Reglamento del Congreso, las sesiones de la Comisión de Estatuto de los Diputados son secretas y el debate y votación en Pleno de la concesión de suplicatorio es una de las excepciones a la regla general de que las sesiones plenarias son públicas. En consecuencia, ni el público ni los medios de comunicación pueden tener acceso, lo que no impedirá tener conocimiento después del resultado, ya que no son públicas, pero no hay deber de reserva de lo tratado en esa sesión.

El suplicatorio se entiende denegado si la Cámara no se pronuncia en el plazo de 60 días naturales, pero computados durante el periodo de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio, de forma que el cómputo se interrumpe al finalizar el periodo de sesiones y se reanuda al comenzar el siguiente.

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El último Consejo de Ministros de mayo dio luz verde hoy al Ingreso Mínimo Vital que entrará en vigor el próximo 1 de junio y beneficiará a unos 850.000 hogares y a más de dos millones de personas.

El Ejecutivo cumple así su compromiso de sacar adelante la nueva ayuda en mayo y de empezar a implantarla en junio. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto al de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha ocupado de su diseño y se encargará de su gestión, a través de la Seguridad Social.

En rueda de prensa, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, calificó el ingreso mínimo de «conquista social y democrática» que «permitirá a millones de compatriotas afrontar su vida con un mínimo de dignidad».

Según explicó, se trata de una prestación no contributiva de la Seguridad Social que beneficiará a unos 850.000 hogares y a cerca de 2,3 millones de personas. De estos, el 30% son menores. Es decir, 690.000 niños resultarán beneficiados.

Sin embargo, no es en absoluto una Renta Mínima Universal, puesto que exige una serie de requisitos para acceder a ella.

DERECHO SUBJETIVO

Iglesias destacó que el IMV «se constituye como derecho subjetivo de la ciudadanía», ya que todo aquel que cumpla los requisitos «puede disfrutar» de dicha ayuda.

Parte del concepto de ‘renta garantizada’, que se ha estimado en 462 euros para un adulto solo y que se elevará hasta los 1.015 euros como máximo, en función de los miembros del hogar. La ayuda contempla un aumento de 139 euros por cada conviviente, así como un suplemento de 100 euros al año para las familias monoparentales.

La Seguridad Social abonará al beneficiario la diferencia entre dicha ‘renta garantizada’ y sus ingresos efectivos, puesto que esta prestación sí será compatible con sueldos bajos y otras prestaciones sociales.

De este modo, «se evita el efecto ‘trampa de la pobreza», por el que «la gente se ve forzada a elegir entre cobrar un sueldo muy bajo o una ayuda social», subrayó Iglesias.

A modo de ejemplo, el vicepresidente expuso el caso de una persona que vive sola que tiene unos ingresos precarios de 200 euros, a la que «se compensaría hasta alcanzar los 462 euros establecidos como Ingreso Mínimo Vital». Si no ganase nada, se le abonarían los 462 euros.

En el caso de una pareja con dos hijos, indicó que les correspondería 887 euros y si, por ejemplo, ya estuvieran cobrando 300, cobrarían otros 587.

La prestación podrá solicitarse desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre con carácter retroactivo, aplicable desde el 1 de junio, que es cuando entra en vigor.

Podrán optar a ella todas las personas entre 23 y 65 años, o desde los 18 si tienen menores a cargo que residan en España desde hace más de un año. Se regirá por “el nivel de ingresos y de patrimonio exclusivamente” descontando la vivienda habitual, y se concederá de oficio para todos los que ya están cobrando prestaciones por hijo a cargo. De este modo, unas 100.000 familias pueden empezar a percibirla de inmediato.

ROMPER LA POBREZA

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se refirió a la nueva ayuda como «un instrumento muy poderoso y eficaz» para combatir la pobreza, sobre todo la pobreza infantil.

Según sus estimaciones, el IMV permitirá salir de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas, mientras que 700.000 abandonarán situaciones de pobreza alta y moderada. Calculó también que la renta mínima garantizada al año para una persona rondará los 10.600 euros, por lo que la prestación asociada a esta ayuda supondrá, de media, 4.400 euros al año. En total, el IMV representará un gasto de 3.000 millones de euros anuales cuando esté a pleno rendimiento.

País Vasco y Navarra se ocuparán de su gestión, ya que recaudan sus propios impuestos, mientras que en el resto del territorio dependerá de la Seguridad Social y se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La intención del Gobierno es que los servicios sociales, ayuntamientos y organizaciones del Tercer Sector participen en la gestión de estas ayudas, a fin de «llegar al máximo número de familias posible». Por su parte, las comunidades autónomas pueden decidir complementar las cuantías o bien aumentar el número de beneficiarios.

SOLICITUD Y SEGUIMIENTO

El ministro Escrivá destacó el esfuerzo realizado para «simplificar al máximo el proceso de solicitud» de la nueva ayuda, al que se podrá acceder desde la web de la Seguridad Social de forma electrónica, «mediante un asistente personal».

En principio, a la nueva prestación podrán acceder las personas que en su Declaración de la Renta de 2019 acrediten no llegar a la Renta Mínima Garantizada. Sin embargo, aquellas que hayan visto caer sus ingresos más de un 50% en 2020, podrán solicitarla aportando una Declaraciónn Responsable, explicó Escrivá.

La ayuda requiere acreditar un año mínimo de permanencia en España, aunque existen excepciones para las víctimas de trata, de violencia de género y para los solicitantes de asilo.

Finalmente, Escrivá destacó que «evaluaremos su éxito en función de la mejora social que logren los hogares beneficiados». Como, a veces, será en forma de inserción laboral, el IMV incluye itinerarios especiales, pero otras tendrá que ver con el éxito educativo de los hijos o con aspectos sanitarios. «Habrá todo un sistema de rastreo y seguimiento», avanzó.

La portavoz del ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró que «hemos creado un nuevo derecho de ciudadanía” porque con este ingreso mínimo hay “un antes y un después en la lucha contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil”.

Dijo que, de esta forma, todas las personas podrán desarrollar su proyecto vital “con la dignidad que todo ser humano merece”. “Sabemos lo que el país necesita, que es dar respuesta inmediata a los problemas que surgen, a los endémicos» y a aquellas iniciativas que teníamos previsto desarrollar en esta legislatura», indicó Montero.

Iglesias destacó el «avance democrático» que supone, porque «no hay libertad si no se puede llegar a fin de mes».

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RTVE ha decidido donar a cuatro fundaciones sociales que trabajan en la educación de menores en situación de riesgo equipos informáticos de su propiedad que han sido desafectados en sus sedes de Madrid, pero que se encuentran operativos.

Según informó RTVE, esta entrega de material pretende ayudar a paliar la situación que atraviesan muchas familias en las que sus hijos no pueden seguir la formación a distancia y “online” por carecer de los dispositivos informáticos necesarios.

El reparto de los 150 ordenadores ha comenzado este viernes en Prado del Rey (Madrid), donde la directora de Comunicación, María Escario, ha recibido a las responsables de la Fundación Adelias, Samira Brigüech y Mercedes Criado, y de la Fundación Secretariado Gitano, Rocío García y Ana Sequí.

Secretariado Gitano ha recogido 56 equipos, que repartirá en hogares con menores y jóvenes para su formación, y Fundación Adelias, otras 56 unidades, que llevará a siete colegios para su posterior reparto.

En una segunda entrega, que se hará el 1 de junio, Fundación Amigó recogerá 6 equipos, que instalará en pisos de acogida de jóvenes en riesgo de exclusión, y Fundación Voces recibirá otras 32 unidades, destinadas a familias de la zona más marginada de Cañada Real (Madrid).

Las asociaciones que reciben este material son entidades sin ánimo de lucro, con una trayectoria social destacada y que han presentado un proyecto para poder atender las necesidades derivadas de la situación de emergencia general provocada por el Covid-19, en la que la suspensión de la educación presencial produce efectos especialmente negativos en alumnos sin recursos.

Al carecer de dispositivos electrónicos en sus casas, estos niños se quedan rezagados y, al igual que muchos jóvenes, se desconectan de sus itinerarios de formación y empleabilidad.

El proceso de donación se activó desde el área de Responsabilidad Social Corporativa de RTVE, que se puso en contacto con las ONG que han hecho un llamamiento público solicitando equipos informáticos.

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La Fundación KPMG ha puesto en marcha la iniciativa ‘Súmate, Operación Solidaria’ (S.O.S), que busca sumar los esfuerzos de empresas privadas, administraciones públicas y el Tercer Sector para multiplicar la distribución de alimentos y productos de primera necesidad a personas sin recursos, a través de Banco de Alimentos de Madrid, Cáritas Diocesana de Madrid y Cruz Roja.

Estas entidades señalaron este viernes que la crisis del Covid-19 está teniendo un grave impacto económico y social, especialmente entre colectivos con dificultades para acceder a productos básicos de alimentación e higiene.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ejército de Tierra, en el marco de la ‘Operación Balmis. Con el objetivo de mejorar la eficacia de las ayudas y facilitar un flujo continuo de contribuciones empresariales, un equipo de profesionales de KPMG ha diseñado ‘pro bono’, un sistema de colaboración con tres modalidades a las que las empresas se pueden sumar.

En sólo un mes de funcionamiento, ya se han entregado o comprometido más de 170.000 kilos de alimentos, gracias a las aportaciones de empresas como Adam Foods-Cuetara, GBfoods, Applus, Corporación Financiera Alba, El Pozo, Incarlopsa, Cerealto Siro y Tendam, entre otras.

Las empresas y entidades pueden realizar contribuciones con productos de primera necesidad, donaciones dinerarias o aportando su capacidad logística para transportar los alimentos hasta las entidades sociales que los distribuyen a los beneficiarios finales.

Aceites, arroz, azúcar, cereales, alimentos infantiles, legumbres o conservas son algunos de los artículos que las entidades sociales han identificado como más necesarios.

Para Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, “la iniciativa está aportando un efecto multiplicador del volumen donado, al tiempo que permite una mayor visibilidad y programar un esfuerzo solidario de mayor duración y recurrencia temporal, lo que supone una mejora de eficiencia para las entidades sociales, que tendrán que hacer frente a necesidades crecientes en los próximos meses”.

«La colaboración estratégica con la Fundación KPMG y las empresas que se suman a esta iniciativa es un proyecto a largo plazo y crucial para nuestra institución. Esta alianza, nos permite poder atender a más personas, ya que a raíz del Covid-19 la demanda de ayuda alimentaria ha incrementado exponencialmente, y también poder dar una dieta más equilibrada a las 190.000 personas que actualmente estamos atendiendo en la Comunidad de Madrid», indico Francisco García González, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.

Gabriel Sánchez Parodi, secretario autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, manifestó que «desde Cruz Roja estamos poniendo al alcance de muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, todos nuestros recursos materiales y humanos posibles para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Gracias al esfuerzo y colaboración de muchas entidades e instituciones como KPMG, estamos consiguiendo poder dar una respuesta más eficaz e integral a todas esas familias y personas que ahora mismo se encuentran con fuertes necesidades».

Para Javier Hernando, secretario general de Cáritas Diocesana de Madrid, “la crisis social generada por el Covid-19 ha llevado a muchas personas y familias a una situación de vulnerabilidad de la que Cáritas Diocesana de Madrid estamos siendo testigo directo. En este tiempo hemos hecho un esfuerzo para reorientar nuestra actividad y movilizar nuestros recursos para intentar dar respuesta a las necesidades sociales generadas por la pandemia».

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La presidencia española del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo constató el papel clave de las empresas de Economía Social en los planes de recuperadción económica y social de Europa, según un comunicado de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).

Las patronales europea (´Social Economy Europe’) y española (Cepes) participaron en la primera reunión de la presidencia española del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, mantenida ayer con representantes de 14 Gobiernos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social Europeo, de la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó que la presidencia española 2020 quiere visibilizar y difundir el modelo empresarial de Economía Social como un modelo de futuro. Además, añadió que “uno de los objetivos de la presidencia española es que se unan el mayor número de Estados posibles a este Comité de Monitoreo, así como que la Economía Social adquiera un papel relevante en el desarrollo de las agendas y de las economía europeas y mundiales”.

La ministra afirmó que este acuerdo para potenciar la Economía Social “va a facilitar una salida de la crisis con valores, por lo que está llamada a desempeñar un papel clave en la recuperación” tras la crisis sanitaria por el Covid-19. Añadió que “la Economía Social lleva en su ADN las claves de la recuperación».

El presidente de Cepes y ‘Social Economy Europe’, Juan Antonio Pedreño, destacó “la importancia de esta reunión y de la constatación internacional de que la Economía Social sea una prioridad estratégica para todos los Gobiernos participantes, para salir de la crisis de manera sostenible, con empresas comprometidas por sus valores con las personas y el territorio, que crean empleos estables y de calidad, que no se deslocalizan y demuestran que es posible aunar riqueza económica y social”.

En la reunión participaron altos representantes gubernamentales de 14 países de la UE: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Malta, República Checa y Rumanía. Estaba prevista también la participación de los Gobiernos de Polonia y Finlandia, que no pudieron estar presentes a finalmente en la reunión, que se desarrolló de manera telemática.

Además, acudieron representantes de organismos internacionales como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por parte del Gobierno de España también acudieron el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez; y la Directora General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín.

La Comisión Europea ratificó que se está trabajando en el Plan de Acción Europeo para la Economía Social y añadió que en este momento es más consciente que nunca de que hay que apostar por la Economía Social.

PROPUESTAS RECUPERACION

El presidente de SEE y Cepes trasladó una serie de propuestas para contribuir a la recuperación económica y social de Europa, como fomentar el emprendimiento colectivo como motor para la reindustrialización de Europa. “Apostemos por nuestro capital humano, acompañemos y animemos a los más jóvenes a desarrollar proyectos estratégicos emprendiendo de forma colectiva. Una forma mucho más resiliente que el individual”, subrayó Pedreño.

Por ello, pidió “favorecer una mayor utilización de instrumentos como la transferencia de empresas a los trabajadores, para salvar empresas y puestos de trabajo en toda Europa, como ocurrió en la anterior crisis”. Este instrumento empleado con éxito en España, Italia o Francia, no existe en la gran mayoría de países de Europa.

Además, Pedreño destacó el papel de la Economía Social como vector de una Economía Verde. “Desde Europa”, afirmó, “debemos de seguir promoviendo iniciativas fundamentales para la transición ecológica como las cooperativas de energías renovables o fomentar el papel de la Economía Social en la Economía Circular, principalmente a través de empresas de inserción dedicadas a la reutilización, la reparación y el reciclaje. Sin olvidarnos de elementos clave como la vivienda o la agricultura sostenible”.

‘Social Economy Europe’ y Cepes también solicitaron fomentar e impulsar la digitalización de las empresas y entidades de la Economía Social. “No hay ninguna duda de que el futuro es digital, esta crisis además nos lo ha anticipado aún más, pero también debe ser justo, inclusivo, democrático y con empleo de calidad”, precisó Pedreño.

«Para financiar esta transición hacia una Economía al servicio de las personas y el planeta y movilizar todo el potencial de la Economía Social necesitamos fondos e inversiones”, afirmó Pedreño. Por ello, pidió movilizar instrumentos financieros europeos, medidas de capacitación para apoyar a las empresas, regular los mercados de capitales y a través de fondos europeos.

“En definitiva, lo que hemos logrado en este importante acuerdo es que 14 países de Europa actúen de manera coordinada para promover la Economía Social como vector de desarrollo sostenible en el mundo”, indicó el presidente de Cepes y Social Economy Europe.

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La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 ONG, calificó este viernes de hito histórico la aprobación del nuevo Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal y ha aplaudido que España esté ahora más cerca de los países de la Unión Europea (UE) en cuanto a niveles de protección social.

Así lo hmanifestó el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, tras conocer que el Consejo de Ministros extraordinario de hoy ha dado luz verde a la medida, que las ONG llevan reclamando más de tres lustros.

Poyato aseguró que este instrumento tiene un impacto de carácter social sin precedentes y que beneficiará a las personas más vulnerables, pero también al conjunto de la sociedad, ya que favorecerá la inclusión y la cohesión social.

En relación a esto, dijo que el Ingreso Mínimo Vital es “fundamental” para abordar la pobreza severa, en un momento de crisis en el que se están detectando nuevas demandas sociales y en el que los niveles de pobreza están aumentando de manera exponencial. Precisamente, ligado a este punto, el presidente de la PTS reclamó el máximo nivel de cobertura posible para que en la reconstrucción social nadie quede atrás.

De la misma manera, mostró su preocupación por si esta renta mínima no llega a todos los colectivos que lo necesitan y, por tanto, pueden quedar excluidos de protección social. Asimismo, puso sobre la mesa la necesidad de coordinar la medida con las comunidades autónomas para que se pueda aplicar de una manera correcta en todo el territorio.

Por último, la Plataforma del Tercer Sector se ofreció a colaborar con las administraciones públicas en el desarrollo de políticas sociales de este calado y reivindicó el papel de las organizaciones de Acción Social en un momento de crisis como el que se está viviendo y en el que se necesitan más que nunca redes solidarias.

Así, insistió en la necesidad de dotar al sector de una financiación a corto y largo plazo que permita seguir atendiendo a los más de 6 millones de personas con la misma solvencia y garantías que hasta ahora.

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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) reivindicó este viernes una mayor presencia de fisioterapeutas en las consultas de deshabituación tabáquica en Atención Primaria porque “existen todavía muy pocas y, a día de hoy, prácticamente ninguna cuenta con la presencia de estos profesionales”.

Así lo puso de manifiesto la decana del Cpfcm, Aurora Araujo, en un comunicado enviado con motivo de la conmemoración, el próximo domingo, 31 de mayo, del Día Mundial sin Tabaco, que la institución colegial ha aprovechado también para poner en valor la figura del fisioterapeuta en los tratamientos de abandono del tabaco.

En esta línea, Araujo subrayó la importancia del papel del fisioterapeuta que, dirigido a apoyar la intervención de otros profesionales en los equipos multidisciplinares, “ayuda con los primeros síntomas que suelen aparecer como consecuencia del proceso de abandonar esta adicción”.

Y es que, aunque la labor del fisioterapeuta es importante durante todo el proceso de abandono del hábito, “al comenzar a activarse el movimiento ciliar aparece un aumento molesto de las secreciones, lo que provoca una falsa sensación de empeoramiento y es ahí donde el fisioterapeuta puede entrar a reeducar la tos productiva, la automovilización y manejo eficaz”, indicó.

En este sentido, los fisioterapeutas advierten de que hay secuelas que pueden iniciarse una vez abandonado el hábito porque “aparece una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias y secreciones abundantes, así como consecuencias a nivel sistémico como una peor calidad de la pared vascular que puede incluso predisponer a las amputaciones, sobre todo, en diabéticos». «En cualquier caso, se prioriza siempre el manejo de secreciones, la reducación de la tos o la mejora de la dinámica respiratoria en función de los síntomas”, afirmó.

Además, los fisioterapeutas recuerdan el importante papel de los fisioterapeutas como profesionales sanitarios implicados en este proceso y que consideran “todavía desconocido” en la mayoría de los casos ya que, según explicó Araujo, “la sociedad aún asocia el proceso de dejar de fumar a otras disciplinas que tratan secuelas como la ansiedad, entre otros. «Por este motivo, desde la fisioterapia tenemos que seguir trabajando para dar a conocer nuestra intervención en estos equipos, como refuerzo y como herramienta para mejorar la respuesta fisiológica al proceso de dejar el tabaco”, concluyó.

PREVENCIÓN

En relación con este objetivo de acercar a la población la figura del fisioterapeuta como agente implicado en el proceso de abandono del hábito del tabaco, el Cpfcm mantiene activas distintas colaboraciones con la Fundación Lovexair, con la que ofrecen distintos talleres orientados a la prevención y concienciación de los peligros del tabaco en distintas edades y ámbitos. Así, imparten talleres en centros escolares e institutos, a fin de concienciarles de los peligros del tabaco.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha lamentado el “doble confinamiento” que han sufrido las personas con discapacidad en entornos rurales durante los peores momentos de la pandemia de Covid-19 y ha reclamado que se refuercen servicios de atención a personas mayores o con discapacidad en estas zonas.

La plataforma representativa de la discapacidad en España aborda ampliamente esta cuestión en un reportaje en la última edición de su boletín ‘Cermi.es semanal’, publicada este viernes.

“Durante la pandemia, en las zonas rurales el apoyo a domicilio y la asistencia personal se han desasistido, aunque no al 100%, por motivos diversos, como que la gente que presta estos servicios estuviera de baja, por miedo al contagio o, incluso, por problemas de transporte”, asegura el presidente del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural Inclusivo del Cermi Estatal y gerente de Asprodes, Juan Antonio Recio.

Con el objetivo de combatir este “doble aislamiento”, Recio considera necesario solucionar la falta de “recursos humanos, profesionales, cada vez menos numerosos en los pueblos, y dignificar el trabajo en el ámbito rural, especialmente ahora que se incrementa el paro, con lo cual surge una nueva y buena ocasión para generar oportunidades laborales en el ámbito rural”.

Por su parte, el secretario de Organización de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y presidente de la Confederación Estatal de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Feacem), Daniel Aníbal García Diego, advierte que “no podemos hacer un modelo a base de superhéroes, sino de personas normales. En el ámbito rural hay gente que ha hecho un gran esfuerzo durante la pandemia, y debemos aprender”.

El reportaje incluye testimonios en primera persona, pone un ejemplo de buenas prácticas por parte de Cermi Castilla-La Mancha con la administración regional para atender a personas con discapacidad en el medio rural y alaba la labor realizada por el tejido asociativo de la discapacidad, así como por la empresa pública Correos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

MÁS NECESIDADES Y MENOS RECURSOS

La publicación semanal del Cermi repasa toda la actualidad sobre discapacidad de los últimos siete días y se hace eco, entre otros contenidos, de una entrevista del presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en ‘Tododisca’, donde aborda la situación de la discapacidad en España y el modo en que la pandemia ha afectado a esta parte de la ciudadanía.

En ella, el presidente del Cermi elogia la labor de las organizaciones de la discapacidad y de las familias y alerta de los efectos de la pandemia en el sector de la discapacidad: “Habrá muchas más demandas, necesidades que atender y menos recursos. Hemos de estar de lleno en el centro de las decisiones sobre la reconstrucción social y económica que se tomen en adelante”.

“Pareciera que hay una Ley física, universal, un hecho fatal que obligase a que cuando a la sociedad le va mal, a las personas con discapacidad les va peor, mucho peor; y cuando a la sociedad, le va bien, económicamente hablando, a las personas con discapacidad apenas llega esa bonanza. Pero esto no es la Ley de la gravedad, inquebrantable, categórica, puede y debe ser cambiado. Cabe un rostro social en nuestra articulación y expresión colectivas”, reflexiona Pérez Bueno.

‘NO ESTÁS SOLA’

Por otro lado, ‘Cermi.es semanal’ repasa la acogida que está teniendo ‘No estás sola’, un ciclo de webinarios impulsados por la Fundación Cermi Mujeres (FCM) que, cada miércoles a las 16.00 horas, “tratan de acompañar, pero sobre todo de dar voz, espacio y empoderar a cientos de mujeres con discapacidad confinadas en sus hogares”.

Desde Cermi Mujeres coinciden en que “quizá el tema más preocupante en este confinamiento es la violencia de género”, agravándose y mostrando cambios actitudinales en los agresores durante la crisis actual por la COVID-19, tal y como se ha puesto de relieve en el último encuentro online.

Además de la mayor exposición a la violencia y abusos, también se ha ahondado en estos encuentros telemáticos en las dificultades añadidas de la población femenina con discapacidad en el acceso a los servicios sanitarios o la pérdida del empleo durante la situación actual. “Vivimos no solo una crisis sanitaria, sino social, que, como siempre, sufren de manera más intensa las personas con más factores de riesgo de exclusión”, denuncia la secretaria del Patronato de la FCM, Pilar Villarino.

Otro de los contenidos que incluye el boletín es una entrevista con el psicólogo y activista Javier Tamarit, donde se repasa su trayectoria profesional y sus principales logros, como la creación del Centro de Psicología y Rehabilitación Infantil (CEPRI) o el desarrollo de los centros de día para personas con grandes necesidades de apoyo.

Tamarit defiende la idea de “asegurar la desinstitucionalización” y apostar por la vida en comunidad con apoyos, aunque aclara que, para ello, es necesario invertir en conocimiento, generar alianzas y promover la transformación social. “¿De qué nos sirve pensar en la inclusión si se tiene que dar en una sociedad que es excluyente, basada en la competitividad y no en la cooperación?”, se cuestiona.

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La Reina se reunió este viernes por videoconferencia con cuatro representantes de la Fundación Cermi Mujeres, quienes le han trasladado su «gran preocupación» por la emergencia, no solo sanitaria sino también social, que ha producido la crisis de Covid-19 y que afecta a mujeres y niñas con discapacidad de manera desmedida, pues tienen que afrontar el confinamiento sin apenas apoyos, con dificultades derivadas de la falta de suministros de diferentes servicios o falta de ayudas en el seguimiento escolar de sus hijas e hijos, entre otras cuestiones.

Participaron en la videoconferencia la presidenta de la Fundación Cermi Mujeres, Concepción Díaz Robledo, y las miembros del patronato de la fundación: Amelia Diéguez, presidenta de la Federación Nacional de Daño Cerebral Adquirido, Fedace; Patricia Sanz, vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social ONCE, Cristina Paredero, del Grupo Gadir, el colectivo de apoyo a la dirección de Plena Inclusión España y Ana Caneda, que actuó como intérprete de lengua de signos.

Las representantes de Fundación Cermi Mujeres expusieron a la Reina no solo la grave situación que han tenido que vivir las mujeres con discapacidad, durante la pandemia, sino que incidieron en las víctimas de violencia doméstica y sexual de este colectivo, como consecuencia del aumento de las tensiones en el hogar surgidas por el aislamiento de la población, segun informaron fuentes de La Zarzuela.

También mencionaron las portavoces de Cermi Mujeres el papel desempeñado por las mujeres cuidadoras de familiares dependientes, muchas de ellas madres, confinadas en sus casas con cuadros de ansiedad por la sobrecarga de tareas tras el cese de servicios de apoyo durante la cuarentena, y el las mujeres mayores con discapacidades agravadas por el deterioro de los años, que se encuentran institucionalizadas en residencias o centros de asilo, ámbitos éstos en los que más duramente ha golpeado la pandemia. No se olvidaron tampoco de las mujeres con discapacidad incapacitadas judicialmente.

La atención sanitaria también ha estado en el foco de análisis de las organizaciones sociales de la discapacidad alertadas por ciertos casos en los que se ha negado el acceso a la atención sanitaria intensiva precisamente por presentar una discapacidad.

Estas mujeres han abordado también con la Reina el impacto negativo de la pandemia en la actividad económica, que tiene un efecto ampliado para las mujeres con discapacidad, con una tasa de inactividad laboral que ronda el 65%.

Las dificultades de inserción en el mercado laboral ordinario existentes hasta la fecha se han visto seriamente agravadas en el actual contexto de pandemia, dejando en el umbral de la pobreza a muchas mujeres de este sector de población, destacaron las interlocutoras.

En el encuentro con la Reina las representantes de Cermi Mujeres dejaron claro su pretensión de que no se olvide a las mujeres con discapacidad, que forman parte del «núcleo duro de la exclusión socioeconómica en España», reclamando la autonomía económica y la inclusión efectiva de las mujeres con discapacidad.

Durante el estado de alarma decretado en España, la Fundación Cermi Mujeres ha continuado desarrollando su tarea para lograr ciertas reformas legislativas que antes del inicio de la pandemia estaban abordándose ya en sede parlamentaria.

Entre ellas, una proposición de ley de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente y el anteproyecto de Ley Orgánica para la Garantía de la Libertad Sexual, al que se le han realizado además alegaciones desde el doble enfoque del género y la discapacidad.

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El Grupo Iberia, Vueling y Aena se han unido para rendir un homenaje a las personas que están trabajando en hospitales, centros sanitarios y residencias de mayores durante la crisis del Covid-19, a los que regalarán 100.000 billetes aéreos para sus vacaciones de este año.

Según informan las aerolíneas de IAG, tanto Iberia como Vueling donarán 50.000 billetes (25.000 trayectos de ida y vuelta), mientras que Aena se hará cargo de las tasas aéreas.

Todo el abanico de destinos de las distintas aerolíneas en España y resto de Europa, unos 70, estarán a su entera disposición. Podrán viajar entre el 22 de junio y el 30 de septiembre, y hacerlo acompañados de la persona que elijan.

La inscripción para beneficiarse de estos billetes se realizará en www.iberia.com o en www.vueling.com, a partir del 1 de junio por la mañana y hasta que se agoten, o el 15 de junio como máximo.

En las páginas web de Iberia, Vueling, Iberia Express y Aena se encuentra toda la información sobre la solicitud y cómo acreditarse para recibir estos billetes.

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El director de Programas de la Fundación Anar, Benjamín Ballesteros, alertó este viernes del «alarmante» incremento de la violencia física contra los niños y adolescentes durante el confinamiento.

Lo hizo durante su comparecencia ante el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social tras la Covid-19 creada en el Congreso de los Diputados.

Según explicó, su entidad ha gestionado 3.803 consultas o peticiones de ayuda, sobre todo a través de su chat, durane el confinamiento. Una de cada dos tenían que ver con violencia física contra niños y adolescentes.

«Esto supone un rápido incremento, mucho mayor del que ya preveíamos. La curva no ha parado de subir con los días», indicó Ballesteros, que alertó de que la desescalada no ha aliviado el problema.

También se refirió al aumento de las «ideaciones» suicidas por parte, sobre todo, de adolescentes. Expuso que en la actualidad suponen el 8% de las consultas, cuando el año pasado representaron el 1,8 %.

«Los problemas de relación familiar, la falta de espacio vital, el miedo, la tristeza, la muerte de seres queridos o la preocupación por ellos, el aislameinto y la obligación de convivir con sus agresores» son, según Ballesteros, los principales motivos que les llevan a esas ideas.

Más allá de este tipo de pensamientos, «muchos nos hablan de miedo, tristez y soledad». Agregó que «otro problema que nos plantean los niños y adolescentes tiene que ver con el maltrato psicológico por parte de su familia, agravado además porque no hay tiempo de descanso», y con los abusos sexuales.

«Pese a lo que pueda parecer, el abandono y las neglicencias en el cuidado no se han reducido durante este tiempo, aclaró.

Además, Ballesteros advirtió de que «la violencia extrafamiliar no ha cesado con el confinamiento», ya que «los casos de ciberacoso, ciberbullying, frooming y sextíng continúan a través de las redes sociales y de los medios telemáticos».

En cuanto a las consultas por parte de los adultos, apuntó que muchas tenían que ver con temas relativos a la conciliación, la educación de los hijos (sobre todo de aquellos que tienen problemas de conducta) o la gestión de las visitas en los casos de divorcio o separación.

Hay padres que han denunciado intento de agresiones a sus hijos por parte de los vecinos y destacó «la saturación» de muchas familias que «deben conciliar el teletrabajo y la educación de sus hijos», a veces sin los medios y sin los conocimientos suficientes.

MEDIDAS

Por todo ello, Ballesteros reclamó la aprobación inmediata del anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia rente a la Violencia y agilizar la tramitación de todos los procesos judiciales que tengan como víctima a un menor.

Asimismo, pidió dar prioridad a estos niños en la atención psicológica, reforzar el número de profesionales de salud mental infantil de los servicios públicos y facilitar, si es preciso, la derivación de estas niñas a hospitales privados.

Finalmente, propuso facilitar la conciliación familiar «porque los padres están saturados y no pueden teletrabajar ocho horas y al mismo tiempo cuidar de niños pequeños», permitir la apertura de campamentos urbanos y de guarderías en cuanto sea posible y proporcionar un refuerzo educativo adecuado.

Opinó que con el cierre de escuelas y de la Atención Primaria «se ha producido un apagón informativo», pues eran los principales canales para detectar malos tratos. Por ello, exigió la puesta en marcha de vías de denuncia accesibles para los niños que garanticen su anonimato.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) llamó este viernes a la prudencia a los motoristas para que adopten todas las precauciones en la conducción, puesto que este colectivo representa el mayor incremento de la mortalidad en carretera en los últimos días ante el avance de la desescalada del coronavirus, con un 41% más desde el pasado 18 de mayo.

Por ello, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil presetará este fin de semana una especial atención a los motoristas con el fin de evitar accidentes de tráfico. No en vano, siete de los 12 fallecidos en los últimos tres fines de semana viajaban en moto.

Además, éste es el primer fin de semana en el que la totalidad de los ciudadanos pueden circular por su provincia, isla o unidad territorial desde que se decretó el estado de alarma para frenar la expansión del Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, al encontrarse toda España en la fase 1, 2 o 3 de la desescalada, lo que puede generar un mayor número de desplazamientos por carretera en comparación con fines de semana anteriores.

Para evitar desplazamientos fuera de la provincia, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil seguirán realizando controles en carretera.

DATOS EN CONTEXTO

La DGT indicó que el año pasado murieron 264 motoristas en las carreteras (con datos contabilizados a un máximo de 24 horas después de los accidentes), lo que supone la cifra más alta desde 2010.

La media de los motoristas fallecidos en los últimos cuatro años en las vías interurbanas representaba un 19% del total de las víctimas mortales en las carreteras, pero ese porcentaje subió al 24% en 2019.

Entre el 1 de enero y el 14 de marzo de este año (es decir, antes de que se declarara el estado de alarma) murieron 34 motoristas, dos más que en el mismo periodo del año anterior. Y desde el 15 de marzo hasta el 17 de mayo perdieron la vida seis motoristas, frente a los 57 de esos mismos días de 2019.

El pasado lunes 18 de mayo, cuando parte de España avanzó hacia la fase 1 de la desescalada del coronavirus, cambió la tendencia. Entonces, cerca del 70% de la población española (32 millones de personas) pasó a la fase 1 y un 30% (14 millones) se quedó en la fase 0, mientras 45.000 ciudadanos de las islas de Formentera, La Graciosa, El Hierro y La Gomera entró en la fase 2.

Desde el 18 de mayo hasta este martes, 26 de mayo (es decir, durante nueve días) fallecieron siete motoristas, los mismos que en ese mismo periodo del año anterior, cuando los desplazamientos de largo recorrido sólo se han recuperado un 32% respecto a la movilidad previa al estado de alarma.

“Estas cifras nos preocupan y ponen de manifiesto que la desescalada parece que va pareja a una tendencia alcista de la siniestralidad de los motoristas. De ahí que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil preste especial atención a este colectivo y a su comportamiento en carretera, más si cabe cuando la mitad de esos accidentes mortales han sido por salida de vía, un tipo de accidente asociado directamente a las distracciones y a los excesos de velocidad», precisó Álvaro Gómez, director del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT.

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La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (Fpsomc), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal, destinó durante el ejercicio 2019 un total de 11.673.729 euros en ayudas a médicos y sus familias, repartidos en más de 2.600 prestaciones.

Así lo ha dado a conocer la fundación en una nota enviada tras publicarse su memoria de actividad anual, en la que se detallan las ayudas y prestaciones ofrecidas en 2019 para dar respuesta a las necesidades más básicas de carácter social de los médicos y sus familias.

En total, la entidad gestionó 2.624 ayudas para médicos socios protectores y sus familias relativas a atención social; prestaciones asistenciales; de tipo educacional; sobre conciliación; autonomía personal; en materia de salud, y para defensa jurídica de los profesionales.

En concreto, el 55% del total de ayudas concedidas (1.455) fueron de tipo educacional, con becas para contribuir a sufragar los gastos del sustento y educación de los hijos e hijas huérfanos de socios protectores.

En el caso de las ayudas asistenciales, que representan algo más de un 30% de las concedidas en 2019 (797), 424 fueron destinadas a huérfanos con discapacidad, 232 a médicos (136 a jubilados y 96 a médicos con discapacidad), 91 a viudedad, 23 a huérfanos mayores de sesenta años, 22 para tratamientos especiales hasta los 21 años y 5 a atención temprana hasta los 6 años.

La Fpsomc también gestionó un total de 224 (8,5%) ayudas a la conciliación de la vida profesional y personal, de las que 191estuvieron destinadas a sufragar residencias de mayores (167 a ordinarias y 24 a la residencia Siglo XXI), 23 a atención en el domicilio, 4 a teleasistencia domiciliaria y 2 a centros especiales.

Dentro del grupo de prestaciones de atención social, ayudas encaminadas a proporcionar información, valoración y orientación social de distinta índole a los médicos y sus familias, en 2019 se atendieron un total de 103 solicitudes (78 mediante asesoramiento telefónico, 17 de atención, valoración y orientación presencial y 8 gestiones directas de casos).

En relación a las prestaciones para la prevención, protección y promoción de la salud del médico, se gestionaron en 2019 un total de 21 ayudas, todas ellas dentro del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime). En lo relativo a la defensa jurídica contra agresiones en el ejercicio profesional, la Fpsomc gestionó un total de 19 solicitudes.

Tal y como indicó el presidente de la Fpsomc, Serafín Romero, “un año más, estas ayudas muestran la magnitud de la solidaridad del colectivo médico y nos motivan, quizás ahora más que nunca, a continuar aportando nuestro granito de arena para devolver un poco de ayuda a los médicos y sus familias que, por distintas circunstancias, puedan necesitarlo a lo largo de su vida”.

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La Reina mantuvo este viernes una videoconferencia con cinco representantes de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) que trasladaron a doña Letizia los efectos de la pandemia sobre este colectivo.

Doña Letizia dialogó con cinco máximos responsables de Cocemfe, que reúne a 89 entidades estatales, autonómicas y provinciales que aglutinan a más de 1.600 asociaciones y representan a 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica.

Participaron en la conversación el presidente de la entidad, Anxo Queiruga; el vicepresidente; Daniel Gallego; los secretarios, Daniel-Aníbal Garcia Diego y Eva Pérez Bech y la directora gerente Elena Antelo, según informaron fuentes de La Zarzuela.

Los portavoces explicaron a la Reina que durante el estado de alarma la mayoría de sus entidades cerraron sus puertas, adaptando sus servicios mediante teletrabajo y tratando de dar cobertura a los servicios y centros que no son posibles realizar mediante teletrabajo.

Resaltaron que los centros residenciales sí han permanecido abiertos, así como la mayoría de servicios de ayuda en el hogar y asistencia personal, pero que se han suspendido las actividades de centro de día y otros servicios sociales especializados como atención temprana, fisioterapia, rehabilitación y recuperación funcional, logopedia, terapia ocupacional y todos aquellos que requieren de una atención de proximidad.

Asimismo, relataron los responsables de Cocemfe que desde las asociaciones se desarrollan programas y servicios en el medio rural, que a pesar de que el nivel de incidencia del virus ha sido menor, el esfuerzo por acercar los servicios a lugares con población más dispersa ha sido doblemente complicado.

A esto se añade la situación de las personas con discapacidad orgánica y/o enfermedades crónicas que han visto paralizados sus tratamientos, muchos de ellos prestados en centros hospitalarios, por evitar contagios lo que supone un riesgo para su situación médica de base.

Sólo dentro del colectivo de pacientes renales se han infectado en torno a 1.700 personas, falleciendo en este período más de 400.

Los representantes de Cocemfe destacaron que los primeros momentos de la crisis fueron especialmente duros, debido a la inexistencia de material de protección, desinformación, situaciones de baja por parte de la plantilla e imposibilidad de cubrirlas y cierto abandono por parte de las administraciones, en lo que se refiere a usuarios/as y plantillas de centros residenciales especialmente.

Esta situación, destacaron, ha supuesto un gran esfuerzo tanto económico, como por parte de los profesionales que han duplicado esfuerzos por continuar con la labor de las organizaciones, teniendo que hacer frente por parte de Cocemfe a compras centralizadas de materiales para hacer frente al coronavirus y distribuirlo a todas las entidades de la confederación, por todo el territorio nacional.

Asimismo, también se refirieron a la situación de los centros especiales de empleo, que se han visto afectados en mayor o menor medida según el tipo de actividad y las características de los trabajadores, muchos de los cuales están dentro del grupo de riesgo.

Los planes de futuro de Cocemfe son: reapertura presencial de los servicios no residenciales; implementar nuevo modelo de atención residencial, basado en la vida independiente; implantación de protocolos de actuación y garantía en la atención, en igualdad de

condiciones; coordinación sociosanitaria real y efectiva; mantener los importes de los conciertos para poder continuar prestando atención una vez superado el estado de alarma y dotar de financiación para desarrollar servicios que antes no existían o se desarrollaban de manera diferente: iniciativas de apoyo a personas vulnerables, ampliación de los servicios de transporte adaptado para cumplir con normas de seguridad y ampliación de servicios de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

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El corredor aéreo sanitario de Iberia, iniciativa impulsada por la aerolínea, Fenin y el Grupo Oesía; ha cumplido dos meses de operaciones en los que ha trasladado a España 101,75 millones de equipos sanitarios de protección (EPI), con un peso superior a las 700 toneladas.

Según informan los impulsores de la iniciativa, en estos dos meses, las tres entidades han logrado completar un promedio de una operación cada dos días de aprovisionamiento, transporte aéreo y distribución nacional.

Esta iniciativa, enmarcada en la responsabilidad social corporativa de las tres empresas, cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad; del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; del Ministerio de Hacienda, y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Así, En sus respectivos ámbitos de competencia, los cuatro ministerios han ayudado a realizar y facilitar los complejos trámites que requiere una operativa de gran envergadura, especialmente en la actual etapa de crisis sanitaria internacional.

También ha sido importante la colaboración de Aena, como gestor del aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez, donde aterrizan los vuelos del Corredor facilitando las numerosas gestiones necesarias.

Para conmemorar los hitos conseguidos (dos meses de actividad continuada y más de 100 millones de equipos), la carga de material de esta mañana ha sido recibida por la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, el presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, y el director de ventas de Iberia, Guillermo González.

El Corredor Aéreo Sanitario también ha sido el instrumento utilizado por diversas empresas e iniciativas privadas para canalizar sus donaciones a la sanidad pública española. Este es el caso de Novartis España, Gestamp y un micromecenazgo de exalumnos de la escuela de negocios INSEAD.

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En marzo de 2020 la economía española registró un déficit de 1.100 millones de euros en el saldo de la balanza por cuenta corriente, frente a los 1.100 millones positivos de marzo de 2019, según los datos de la balanza de pagos publicados este viernes por el Banco de España, que reflejan una necesidad de financiación de 800 millones de euros, frente a la capacidad de financiación de 1.500 millones registrada en el mismo mes del año anterior.

Por componentes, el saldo de bienes y servicios fue de 300 millones en negativo, frente a los 1.500 millones en positivo registrados en el mismo mes del año anterior. La caída del saldo de la cuenta corriente (que disminuye en 2.200 millones) reflejó fundamentalmente la caída del saldo de turismo y viajes, que pasó de los 3.000 millones registrados en marzo de 2019 a 800 millones en marzo de 2020. Tanto los ingresos como los pagos por turismo registraron en marzo de 2020 los mayores descensos en tasa de variación interanual de la serie histórica: -63,3% los ingresos y -44,3% los pagos.

Además, la cifra de ingresos del mes de marzo de 2020, 1.700 millones, es la más baja registrada en un mes de marzo desde 1982. El saldo de las rentas primaria y secundaria fue de -800 millones, frente a los -400 millones de marzo de 2019. Por su parte, la cuenta de capital mostró un superávit de 200 millones.

ACUMULADO

En términos acumulados de los últimos doce meses, en el mes de marzo de 2020, el saldo de la capacidad de financiación, alcanzó 29.400 millones, por encima de los 26.000 acumulados en marzo de 2019.

En los mismos términos, el saldo de la cuenta corriente fue de 25.400 millones, superior a los 20.000 de un año antes. El saldo acumulado de bienes y servicios alcanzó los 35.500 millones, por encima del registrado en el mismo mes del año anterior (30.400 millones).

En marzo de 2020, el saldo de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España mostró una salida neta de fondos de 26.300 millones. La mayor aportación a este saldo fue la de la otra inversión, que incluye, fundamentalmente, préstamos y depósitos, que presentó un saldo de 22.200 millones, debido a un aumento de los activos de 32.6 millones, superior al de los pasivos, de 10.400 millones.

La inversión de cartera presentó un saldo positivo de 3.600 millones, resultado de que las desinversiones de los no residentes en valores emitidos por residentes en España fueron superiores a las desinversiones de los residentes en España en valores emitidos en el exterior. La cuenta financiera del Banco de España frente al exterior registró un saldo neto negativo de 29.300 millones en marzo de 2020.

En términos acumulados de 12 meses, en marzo de 2020, el saldo neto de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España fue de 24.100 millones, frente a los 41.300 millones registrados en marzo de 2019. La mayor aportación a este saldo fue la de la otra inversión, con una contribución de 64.600 millones, destacando las inversiones netas en el extranjero de los residentes en España, que alcanzaron en el periodo los 67.700 millones, frente a los 71.400 millones a marzo de 2019.

El saldo positivo de la otra inversión se vio en buena parte contrarrestado por el de la inversión de cartera, que registró una aportación negativa de 42.000 millones, debido a un aumento de las inversiones en España por parte de no residentes, muy superior al de las inversiones en el exterior de los residentes, 91.100 millones frente a 49.100 millones. El saldo de la cuenta financiera del Banco de España frente al exterior se situó en 100 millones con signo negativo.

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