El que fuera consejero director general de Iberdrola hasta junio de 2014, José Luis San Pedro, ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza 'Iberdrola' de la causa 'Tándem' en calidad de investigado, y ha señalado que desconocía que la eléctrica hubiese contratado los servicios del comisario José Manuel Villarejo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, investiga en esta pieza los hasta 17 trabajos que Villarejo habría realizado para Iberdrola desde 2004 hasta 2017. Se da la circunstancia de que en 2004 San Pedro era director de control en la compañía y su departamento visaba facturas de proveedores.

Esos encargos al comisario jubilado que permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017 irían desde presuntas labores de espionaje a intentos de desacreditar tanto a grupos ecologistas como a otras empresas. Y dado el puesto de San Pedro, ha sido preguntado por si conocía que la eléctrica española contratara con Villarejo, algo que ha negado, señalando que en todo caso las facturas emitidas por proveedores eran formalmente correctas, según han explicado fuentes jurídicas que han asistido a la declaración.

Sobre el informe que redactó el exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo, y que fue público en diciembre de 2019, en el que se implicaba a la dirección de la compañía en la contratación del excomisario para trabajos de espionaje, San Pedro, según estas mismas fuentes, ha apuntado que desde su punto de vista, el movimiento que hizo Del Olmo fue para protegerse en la guerra abierta entre Antonio Asenjo, el que fuera responsable de Seguridad de la compañía, y Marcos Peña, su antecesor en la dirección de Seguridad durante la presidencia de Íñigo Oriol.

UN TOTAL DE 17 SERVICIOS

Esta pieza, la número 17 de la macrocausa 'Tándem', se abrió en octubre de 2019 a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo 'moncloa.com' y 'El Confidencial.

La propia eléctrica anunció en octubre del años pasado que abría una investigación exhaustiva en forma de informe 'forensic' para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones con Cenyt, la mercantil vinculada a Villarejo mediante la que se habrían ejecutado y facturado los contratos.

El informe fue encomendado a PwC, y se presentó ante el juez en febrero de 2020. Se sumaba a las indagaciones internas ya acometidas en noviembre de 2018 y el pasado mes de julio de 2019 a raíz de la difusión de informaciones que vinculaban a la compañía con la empresa del comisario.

En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los años 2004 y 2017, y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la propia compañía.

Andalucía suma este martes 10 de noviembre 95 muertes por coronavirus Covid 19 en 24 horas, récord de fallecimientos en un día desde el inicio de la pandemia y 66 muertes más que la víspera, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 2.845 positivos confirmados por PCR y test de antígenos.

Hasta el momento la mayor cifra de fallecidos en un solo día se registró el pasado 8 de abril con 77, mientras que el 12 del mismo mes se contabilizaron 62 muertes y el 1 de abril, 60. En la jornada de este martes, la provincia de Sevilla con 28 y la de Granada con 22 centran la mayoría de los decesos, seguida de Málaga con 13, Jaén con 12, Cádiz con nueve, Córdoba con ocho, Huelva con dos y Almería con uno.

Los casos diagnosticados este martes son los más bajos desde el miércoles pasado, cuando se contabilizaron 2.363, con 4.993 positivos el sábado 7 de noviembre, cifra más alta de la última semana. En cuanto a los casos diagnosticados, Sevilla vuelve a ser la provincia con más casos diarios con 852, seguida de Cádiz con 503, Málaga con 401, Jaén con 344, Granada con 253, Córdoba con 227, Almería con 172 y Huelva con 93.

Por su parte, los hospitales andaluces vuelven a registrar este martes un nuevo incremento de su presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y suma 143 ingresados más en 24 horas hasta los 3.478, 542 más que hace una semana, de los que 460 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), tres más que la víspera, 60 más que hace una semana y 22 más que los registrados en el pico máximo del pasado 30 de marzo

Sevilla continúa como la provincia con más pacientes e ingresos en UCI, con 889 hospitalizados y 112 de ellos en UCI, seguida de Granada con 888 y 116 en UCI, Málaga con 380 y 55 en UCI, Jaén con 349 y 42 en UCI, Cádiz con 338 y 42 en UCI, Córdoba con 341 y 46 en UCI, Huelva con 163 y 18 en UCI, y Almería con 130 y 29 en UCI.

En relación con la actualización diaria de brotes en residencias de mayores, la Consejería de Salud y Familias vuelve a contabilizar ocho fallecimientos este martes --la misma cifra que este lunes-- en centros de las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Huelva.

Esto se localizan en la Residencia Santo Cristo del Bosque de Bacares (Almería), donde se mantienen 28 casos confirmados y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas --4 entotal--; en la Residencia Camino de Santiago de Alhendín (Granada), con 30 casos --23 residentes y 7 trabajadores-- y un fallecimiento en las últimas 24 horas; en la Residencia Orpea Andújar (Jaén), con 95 casos --72 residentes y 23 trabajadores-- y cuatro muertes en las últimas 24 horas --6 en total--.

También hay ancianos fallecidos en la Residencia Parra Grossi de Ronda (Málaga), donde se mantienen 31 casos y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas y en la Residencia El Pinar de la Fuente de Hinojos (Huelva), 16 casos confirmados y un fallecimiento notificado en las últimas 24 horas.

Además, en la Residencia Jesús Nazareno de Hinojosa del Duque (Córdoba) hay 45 casos --35 residentes y 10 trabajadores--; en la Residencia Santa Teresa de Linares (Jaén), 30 casos --12residentes y 18 trabajadores--; en la Residencia Purísima Concepción de Baeza (Jaén) hay 24 casos --14 residentes y 10 trabajadores--; en la Residencia de Peal de Becerro (Jaén) hay 15 casos --13 residentes y 2 trabajadores--; y en la Residencia Virgen de las Angustias de Alcalá del Río (Sevilla) hay 53 casos --39 residentes y 14 trabajadores--;

Por otro lado, se ha declarado un brote en la Residencia Serranilla de Mágina de Huelma (Jaén) con 29 casos confirmados --20 residentes y 9 trabajadores--; uno en la Residencia Doctor Gregorio Medina Blanco de Espartinas (Sevilla) con diez casos confirmados; y otro en la Residencia Nuestra Señora de Gracia de La Pueblade Cazalla (Sevilla) con 24 casos --20 residentes y 4 trabajadores--.

ANDALUCÍA SUPERA LAS 3.000 MUERTES DESDE MARZO

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 176.929 casos confirmados --2.845 de ellos en las últimas 24 horas-- y ha alcanzado las 3.010 muertes tras sumar 95. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 15.646, hasta 329 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.425, tras sumar 19 en 24 horas, y el número de curados alcanza los 69.627, después de sumar 1.931 en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 3.010 muertes desde el inicio de la pandemia --95 más en 24 horas--, Sevilla con 638 se mantiene como la provincia con más fallecidos seguida por Granada con 587 --22 más--, Málaga con 525 --13 más--, Jaén con 375 --12 más--, Cádiz con 318 --nueve más--, Córdoba con 318 --ocho más--, Almería con 167 --uno más- y Huelva con 82 --dos más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 176.929 desde el inicio de la pandemia --2.845 más en 24 horas--, liderados por Sevilla con 42.691 casos --852 más--, seguida de Granada con 34.027 casos --253 más--, Málaga con 27.298 --401 más--, Córdoba con 18.793 --227 más--, Jaén con 17.417 --344 más--, Cádiz con 16.719 --503 más--, Almería con 13.762 --172 más-- y Huelva con 6.222 --93 más--.

MÁS DE 300 HOSPITALIZADOS EN 24 HORAS

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 15.646 --329 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 3.690 --107 más--, seguida por Málaga con 3.069 --34 más--, Granada con 2.618 --62 más--, Córdoba con 1.718 --27 más--, Jaén con 1.708 --37 más--, Cádiz con 1.368 --18 más--, Almería con 993 --30 más-- y Huelva con 482 --14 más--.

De ellos, 1.425 han pasado por la UCI en Andalucía, 19 más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 302 --cuatro más--, seguida de Málaga con 274 --tres más--, Granada con 200 --cuatro más--, Córdoba con 180 --uno menos--, Jaén con 154 --dos más--, Cádiz con 143 --uno más--, Almería con 133 --cinco más-- y Huelva con 378 --uno más--.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 69.627 en toda la región, 1.931 más en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 17.208 --436 más--, seguida de Sevilla con 12.188 --273 más--, Almería con 9.169 --100 más--, Córdoba con 8.635 --412 más--, Granada con 7.682 --284 más--, Cádiz con 7.525 --142 más--, Jaén con 5.543 --165 más-- y Huelva con 1.677 --119 más--.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que había citado de nuevo este miércoles al exgerente de CDC Germà Gordó para que declare como investigado por el presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades en la formación, aplaza el interrogatorio al viernes a las 13.45 horas.

Su comparecencia ya había sido aplazada en dos ocasiones. La última vez fue el pasado martes, debido a que el exgerente 'convergente' comunicó que se encontraba en aislamiento preventivo al haber tenido contacto estrecho con una persona con coronavirus, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Gordó, que deberá comparecer por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona, está imputado en la pieza separada denominada 'Donaciones Blanqueo' del caso que investiga la presunta financiación irregular de CDC, causa conocida como '3 por ciento', después de que el extesorero del partido Daniel Osàcar le señalara como el presunto responsable que controlaba el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades en el partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tuvo en cuenta la declaración de Osàcar, quien afirmó que Gordó era "la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación", según recoge el escrito del juez.

LISTA DE POSIBLES DONANTES

El magistrado explica en su auto la operativa para llevar el blanqueo de capitales y detalla que Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010) una lista de potenciales "donantes" de entre miembros y simpatizantes de CDC y encomendó a Osàcar que les llamara personalmente para proponerles que efectuaran una donación de 3.000 euros al partido mediante cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que les entregaría en mano el propio tesorero.

Para llevar a cabo la maniobra, se facilitó a Osàcar, por una persona del Departamento de Contabilidad y Finanzas de CDC, que no ha sido por el momento identificada, una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a 3.000 mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista, prosigue el juez.

Una vez recibida esta cantidad, el tesorero procedió conforme a lo ordenado por Gordó a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques nominativos por el importe de 3.000 euros de aquellas que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, la misma cantidad en efectivo.

Se extendieron y firmaron recibos por la entrega del cheque nominativo y no se hizo lo mismo con la entrega de la cantidad en metálico, que no se documentó en forma alguna, indica el auto. Seguidamente, Osàcar entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó.

La Junta de Andalucía ha insistido este martes en demandar al Gobierno central una "estrategia común" para todo el país en la lucha contra la pandemia del coronavirus, como están haciendo otras naciones europeas, ya que no puede haber "17 estrategias diferentes" desarrolladas por las distintas comunidades autónomas cuando estamos ante una situación de "emergencia nacional".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, así se ha pronunciado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que ha manifestado que la Junta dará "un paso al frente" a la hora de adoptar medidas de rescate para afrontar las consecuencias sobre sectores económicos de las nuevas restricciones que se han tenido que adoptar para frenar los contagios de coronavirus en la comunidad.

"Este Gobierno no lo puede hacer todo solo, y vamos a pedir que el Gobierno central tiene también que dar un paso al frente, porque estamos en una emergencia nacional y en una crisis sanitaria, económica y social", según ha señalado Bendodo, para quien el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trata de pasar "las competencias a otros para no quemarse".

Ha recalcado que , ante un problema de estado, "tiene que haber una respuesta de estado", como está ocurriendo en países vecinos como Francia, Alemania, Italia o Portugal, cuyos gobiernos están liderando de acuerdo con los distintos territorios de sus naciones las medidas.

A la Junta no le va a temblar el pulso y va a seguir tomando medidas con el único objetivo de salvar vidas y la economía, pero como país damos un mal mensaje y mala imagen de que estemos tomando 17 estrategias distintas para luchar contra el coronavirus", según ha recalcado Elías Bendodo, quien ha insistido en que debería haber una estrategia común que debería liderar el Gobierno de España.

Asimismo, el consejero ha señalado que la gravedad del momento "nos obliga más que nunca a ir todos a una"., sobre todo, los gobernantes y los partidos políticos, que tienen que aparcar las "diferencias" y la ideología tiene que ser "residual", para anteponer por intereses de Andalucía.

En este sentido, ha insistido en que la Junta tiende la mano para hablar con todos los partidos, sobre todo, con el fin de sacar adelante los Presupuestos de la comunidad para 2021, que son una herramienta para la lucha contra el Covid y paliar sus consecuencias en los ámbitos económico y social.

Bendodo ha indicado que entiende que las unanimidades son complicadas, pero sería positivo lazar a la ciudadanía el mensaje de que el Presupuesto de Andalucía para 2021 se ha aprobado sin votos en contra.

Ha indicado que para ello tienden la mano a todos los grupos parlamentarios, aunque la "intención es seguir contando con el principal apoyo del socio parlamentario de Vox" para poder aprobar estas cuentas.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este martes a los grupos políticos que han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que "reconsideren" si sitúan las prioridades del país por encima de las suyas.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se ha referido a esta semana "clave" para los Presupuestos de 2021, con el inicio del debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de PGE este miércoles.

"Emplazamos a todos los grupos políticos que han presentado una enmienda a la totalidad a que reconsideren si están situando las prioridades del país en un momento tan excepcional por encima de la suya particular", ha subrayado.

Montero ha reiterado que los PGE son "imprescindibles" para que España "pueda salir cuanto antes de la crisis" y dotan de mayores recursos a la Sanidad para fortalecer la atención primaria o combatir la actual pandemia del Covid-19.

El debate de totalidad de los Presupuestos de 2021 arrancará a las doce del mediodía de este miércoles con la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo el proyecto del Gobierno de coalición.

En concreto, han presentado enmienda a la totalidad ocho partidos: el PP, Vox, Junts, Foro Asturias, la CUP, Coalición Canaria y el BNG, a los que se sumará UPN, que no presenta enmienda propia, pero sí ha avanzado su intención de apoyar la retirada del proyecto y sumarse a la petición de devolución de los Presupuestos. Montero debatirá con cada uno de ellos y escuchará la posición del resto de grupos.

La votación será ya el jueves, 12 de noviembre, y en este trámite el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas, que se votan de una tacada ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

En cualquier caso, el PSOE y Unidas Podemos, con sus 155 diputados, ya suman más votos que los partidarios de devolver los Presupuestos al Gobierno (151), pero es que además para esta votación cuenta con la complicidad de las demás formaciones, favorables a continuar la tramitación del proyecto para negociar su contenido.

Al bloque que permitió la investidura y reelección del presidente, ya fuera por voto a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe) o por su abstención (Esquerra Republicana y EH-Bildu), se han sumado los cuatro diputados del PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que en enero votaron en contra, al igual que Ciudadanos, si bien la formación naranja exige que se retire de la reforma educativa la enmienda que establece que el español deja de ser lengua vehicular. Además, BNG se ha mostrado dispuesto a retirar la enmienda a la totalidad para alcanzar un acuerdo y se atienden sus demandas.

Una vez que supere la votación de totalidad, el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación en ponencia y en la comisión para debatir las enmiendas parciales presentadas por los grupos. La fase definitiva tendrá lugar en el Pleno del Congreso la semana del 30 de noviembre, donde se votarán las cuentas de cada ministerio.

El sector crítico a la dirección de IU, por medio del precandidato a liderar el partido José Antonio García Rubio, ha rechazado la decisión del "mero aplazamiento" de la fecha de finalización de la asamblea federal de IU y cree que se va a "desincentivar" la participación de la militancia en el proceso.

Así lo ha trasladado tras conocer la decisión de la Comisión Colegiada de retrasar de nuevo la culminación de su asamblea federal, que estaba prevista para enero, al menos dos meses más por la segunda ola de coronavirus y las restricciones decretadas en diferentes autonomías para reducir su incidencia.

Frente a este criterio, García Rubio ha trasladado una carta a este órgano directivo de IU que ese horizonte previsto coincide también dentro del periodo del estado de alarma "sin que quede definido cómo se va a garantizar un debate simultáneo entre cientos de personas".

No obstante, ha expuesto en la misiva que "lo más preocupante" es la "imposibilidad" de asegurar la participación de una parte importante de la afiliación que, a su juicio, quedaría "excluida en un insuficiente debate democrático".

Asimismo, García Rubio pone en evidencia el hecho de que "no se arbitran alternativas reales para resolver ese inconveniente respetando las medidas de confinamiento y restricción de las reuniones sociales, que previsiblemente se harán más estrictas".

El precandidato alternativo al actual líder de IU, Alberto Garzón, ha lamentado que exista un "problema de enfoque de la realidad" por parte de la actual dirección y ha mostrado dudas sobre la herramienta telemática que permita debatir a 523 personas acreditadas a la asamblea y asegurar sin presencialidad tareas complementarias.

PRONOSTICA ESCASA PARTICIPACIÓN

Por ello, ha opinado que las soluciones propuestas "son tan exóticas", en relación a las medidas restrictivas contra el Covid-19 en las CCAA, que "en la práctica parecen cortinas de humo, conscientes o inconscientes, para justificar la previsible escasa participación". "No podemos aceptar un clima para cada reunión en el que, en la práctica, se desincentive la participación como si esta fuera voluntaria", ha apostillado.

Finalmente, García Rubio ha vuelto a manifestar la disposición para "llegar a acuerdos consensuados concretos que permitan un proceso asambleario coherente con la tradición democrática de IU".

La líder de Anticapitalistas, diputada de Adelante Andalucía y excoordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado que con Pablo Iglesias "ahora mismo la relación no es la mejor", ya que, tras ser expulsada de Adelante Andalucía, preguntó por qué fue del acuerdo entre ambos y no le respondió. Por ello, ha dicho que tiene "sensación de traición a un acuerdo". Además, ha adelantado que, si la Mesa del Parlamento la expulsa, irá a los tribunales en todas las instancias: penal, civil y constitucional.

En una entrevista con Europa Press Televisión, Rodríguez ha explicado que el pasado mes de febrero grabó un vídeo junto a Pablo Iglesias donde explicaban que habían llegado a "un acuerdo de coexistencia, de cooperación, de separación porque teníamos ideas distintas respecto a la necesidad de lo que había que hacer en el gobierno de coalición con el PSOE y a la necesidad de un sujeto propio en Andalucía".

"Acordábamos una separación amistosa en la que reconocíamos las posiciones institucionales de cada uno", ha explicado antes de señalar que "pocos meses después la portavoz de Unidas Podemos más que de Adelante Andalucía, presenta en la Mesa del Parlamento un escrito en el cual se nos expulsa del Grupo Parlamentario, sin mediar palabra entre una y otra circunstancia y sabiendo que la dirección estatal de Podemos tenía conocimiento de esta operación".

Por ello, después de preguntar a Pablo Iglesias sobre el acuerdo y no obtener respuesta, "la relación no es la mejor ahora mismo" y tiene una "sensación de traición", porque "van a pasando los días, no hay una respuesta por su parte, no hay una explicación que se ponga sobre la mesa y hay una agresión de Irene Montero, que forma parte de esa dirección". "Evidentemente la sensación que tengo es de traición a un acuerdo, a la palabra dada", ha añadido.

En este sentido, en cuanto a su rifirrafe con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las redes sociales, Teresa Rodríguez ha afirmado que "es importante dejar claro algunos consensos que ya están claro, como que el permiso de maternidad o de paternidad deben respetarse escrupulosamente".

"No es de recibo que a nadie le echen de su trabajo mientras está de permiso, que lo degraden, y tampoco es de recibo que se diga que la política no para", ha manifestado Rodríguez, que ha añadido que "la vida para, la política para y el trabajo para, y eso es un consenso social que nadie se puede cuestionar, y mucho menos la ministra de Igualdad".

A su juicio, "es evidente que si no hubiera estado de baja no lo habrían hecho". Supongo que esperaban que no fuera a defenderme, que no fuera a salir a los medios de comunicación a decir lo que había ocurrido. Evidentemente me han obligado a salir de mi permiso de maternidad para defenderme, entre otras cosas porque las acusaciones son muy graves, hablan de transfuguismo y de habernos quedado con dinero de IU y es absolutamente falso y no tiene ninguna base jurídica ni real.

En cuanto a la resolución final de la Mesa del Parlamente, Teresa Rodríguez ha señalado que espera "que primen los criterios jurídicos". "El letrado de la Cámara, del Parlamento, no ha dejado de poner sobre la mesa argumentos jurídicos sobre la vulneración que hemos sufrido" ha añadido.

A juicio de la líder de Anticapitalistas, "se debe evitar judicializar el conflicto, que es un conflicto político sobre la necesidad o no de un sujeto andaluz con voz propia en Madrid. No obstante, ha advertido que si la Mesa del Parlamento los "deja fuera y vulnera el derecho de representación y de participación política", irán a los tribunales en todas las instancias.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado a propuesta del Ministerio del Interior aumentar de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil y elevar de 3 a 4 los que se detraen por no usar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección.

Además, incorpora explícitamente como causa de sanción el mal uso de estos elementos (por ejemplo, llevar el casco de protección o el cinturón de seguridad sin abrochar).

Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, se trata una de las medidas incluidas en un paquete de reformas legales. En concreto, se recogen en el anteproyecto de ley que reforma el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial respecto carnet por puntos.

Así, se tipifica como infracción grave "llevar en el vehículo" mecanismos de detección de radares o cinemómetros, lo que supondrá la sanción de 500 euros y la pérdida de 3 puntos; y se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 kilómetros por hora (km/h) los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

En otro orden de cosas, se incluye la posibilidad de recuperar 2 puntos por la realización de los cursos de conducción segura certificados por la Dirección General de Tráfico. "Una orden ministerial desarrollará los requisitos necesarios y las condiciones que deben cumplir", ha detallado la DGT.

Además, la reforma unifica en dos años el plazo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de puntos, periodo que ahora varía en función de la gravedad de la infracción cometida.

Respecto a los exámenes de conducir, se incluye una nueva infracción muy grave, cometer fraude utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados. La sanción será de 500 euros y penalización de 6 meses sin poder presentarse al examen.

Al mismo tiempo, se prevé el acceso 'online' al registro de Conductores a las empresas de transporte de personas y de mercancías para que puedan conocer si el permiso de conducir de sus trabajadores está vigente o no. Solo se informará en rojo o verde según si está vigente o no.

El Gobierno ha indicado que el anteproyecto, que ya ha superado el trámite de consulta e información pública, ha sido también informado por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible; la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa; la Agencia Española de Protección de Datos, y el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tras su aprobación en primera vuelta por el Consejo de Ministros, el anteproyecto deberá ahora ser informado por los Ministerios de Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Trabajo y Economía Social y Política Territorial y Función Pública.

NUEVOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN VÍAS URBANAS

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica tanto el Reglamento General Circulación como el Reglamento General de Vehículos en materia de tráfico urbano.

De esta forma se redefinen los límites generales de velocidad en vías urbanas (artículo 50) en función de su distinta clasificación: en las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, el límite será de 20 km/h; en las vías de un único carril por sentido de circulación, 30 km/h; y en las vías de dos o más carriles por sentido de circulación, seguirá siendo de 50 km/h.

El Ejecutivo ha informado de que estos límites no se aplicarán hasta pasados seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que los ciudadanos los conozcan de forma adecuada y para que las administraciones públicas dispongan de un plazo suficiente para adaptar la señalización.

SE REGULAN LOS PATINETES

El Real Decreto regula además los vehículos de movilidad personal (patinetes), definidos como vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h.

Esta definición excluye a los vehículos para personas con movilidad reducida, y conlleva que queda prohibida su circulación por aceras y zonas peatonales. Tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos --someterse a pruebas de alcoholemia, no utilizar auriculares, etc.-- y queda también vedada su circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías que transcurran dentro de poblado ni en túneles urbanos.

Para poder circular, deberán disponer del correspondiente certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos técnicos contemplados en el manual de características que se aprobará mediante resolución del Director General de Tráfico.

ACCESO AL PERMISO DE CONDUCCIÓN

En último lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que reforma el Reglamento General de Conductores para incorporar, de manera parcial, la Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, y la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, sobre el permiso de conducción.

En este caso, se reduce de 21 a 18 años la edad mínima exigible para conducir camiones habiendo aprobado el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de 280 horas de duración; y la edad mínima para conducir autocares a 18 años, pero solo sin pasajeros y en un radio máximo de 50 km. Solo será a partir de los 21 años y con el CAP de 280 horas cuando podrán llevar pasajeros.

Al mismo tiempo, se amplía de 3.500 kg a 4.250 kg el peso de las furgonetas que se pueden conducir en territorio nacional con el permiso B para el transporte de mercancías, solamente cuando el incremento de la masa se deba a los nuevos sistemas de propulsión.

En relación con las pruebas de capacitación para obtener el permiso de conducción, se especifican los equipos de protección obligatorios que tienen que llevar los aspirantes en las pruebas de destreza y de circulación para la obtención de los permisos de moto, y se establece la posibilidad de que, en determinados casos y previa valoración médica y mecánica individualizada, se puedan autorizar el acceso a los permisos de conducción de camiones y autobuses de personas con problemas asociados al sistema locomotor.

ENTRADAS EN VIGOR

El Gobierno ha detallado que los cambios en el Reglamento de Circulación y Vehículos entrarán en vigor el 2 de enero de 2021. No obstante, la modificación de las velocidades en zonas urbanas entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE.

La obligación de disponer de certificado para la circulación y su identificación, conforme a lo establecido en el Manual de características de los vehículos de movilidad personal, será de aplicación a los 24 meses de la publicación del manual de características de los vehículos de movilidad personal en el "Boletín Oficial del Estado", tal y como se establece en la disposición transitoria única.

Por último, las modificaciones relativas al Reglamento de Conductores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del Real Decreto en el BOE.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a cinco años de prisión por un delito de agresión sexual con la concurrencia de la eximente incompleta de embriaguez a un hombre de 61 años que violó a una amiga suya en Pamplona.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el acusado, natural de Ecuador, deberá indemnizar con 12.000 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con ella durante 8 años.

Además, el tribunal ha impuesto al procesado la medida de 5 años de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

En el juicio, celebrado el pasado 20 de octubre, el Ministerio Fiscal solicitó una condena de 9 años de prisión, una petición a la que se adhirió la acusación particular. La defensa, por su parte, reclamó por la absolución y, subsidiariamente, abogó por la estimación de la eximente de embriaguez.

Según la sentencia, el procesado y la víctima tenían amistad desde hacía algunos años y, en ocasiones, habían mantenido relaciones sexuales de común acuerdo. El 11 de agosto de 2018, quedaron para verse en un bar de la capital navarra.

Los dos, más una amiga de la denunciante, se fueron a cenar a un local próximo y, a la conclusión, se quedaron solos. Sobre las 00.30 horas, se dirigieron a la vivienda que el inculpado compartía con otras personas que en ese momento no estaban en el inmueble. Estuvieron bebiendo "numerosas cervezas" y de charla.

En un momento dado, cuando ella regresó del baño a la habitación, el encausado "la agarró del pelo y la tiró boca arriba sobre la cama, donde le pegó en la cara". Tras sujetarla de los brazos, la violó a pesar de la oposición de ella, "que llegó a pegar en el labio al procesado".

En el transcurso de la agresión sexual la mujer gritó solicitando "ayuda" y golpeó la pared para que lo oyeran los vecinos. En un momento determinado logró salir de la vivienda y llamó a SOS Navarra.

Paralelamente, una patrulla de la Policía Foral llegó al lugar alertada por la llamada al 112 de un vecino que había oído los gritos de auxilio.

Los magistrados consideran probado que "el procesado y la denunciante habían ingerido numerosas bebidas alcohólicas con anterioridad al momento de los hechos", motivo por el cual el autor de la agresión sexual se encontraba "en estado de embriaguez" y presentaba "una afectación muy importante de su capacidad".

Como consecuencia de los hechos declarados probados, la víctima sufrió lesiones consistentes en dos erosiones superficiales y ligera tumefacción en sien izquierda y rama mandibular derecha. Asimismo, presenta un trastorno de estrés postraumático, por lo que requiere de tratamiento psiquiátrico.

El tribunal rechaza la existencia de motivo alguno para dudar de la versión de la denunciante al no apreciar ni resentimiento, ni enemistad, ni venganza ni interés económico. Para la sala, su testimonio "resulta ser inicialmente creíble y coherente".

Su acusación, añaden los jueces, fue firme y clara en lo fundamental. Esta versión se vio, además, complementada por otros datos, como la declaración del vecino que alertó a la policía. Este dijo que escuchó unos gritos de auxilio y socorro "desgarradores", así como unos golpes propinados contra la pared.

Además, escuchó que "la persona que pedía auxilio decía a otra persona que no la tocara y la dejara en paz". Cuando llegó la policía, este vecino observó a una mujer que salía del portal con "ansiedad y pánico", unas apreciaciones corroboradas también por los dos policías forales que llegaron al lugar.

El médico forense que atendió a la denunciante señaló que presentaba "arañazos en el labio y posible tumefacción en la mandíbula derecha y sien, lo que, según indicó la doctora, "sería compatible con un forcejeo como el que ella narró".

En la ejecución del delito, los jueces aprecian la eximente incompleta de embriaguez, que lleva implícita una reducción en la condena, al resultar "innegable" que el inculpado ingirió una "muy importante" cantidad de bebidas alcohólicas.

Al respecto, el tribunal destaca que la propia denunciante refirió que él había ingerido mayor número de bebidas -ella arrojó una tasa de 1,86 g/l de alcohol en sangre-, "lo que pone de manifiesto que el estado de embriaguez del procesado aun debería ser superior al suyo y, por consiguiente, de considerable intensidad".

El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes los éxitos de la ONU en su 75 aniversario y ha remarcado que la organización "sigue siendo tan indispensable hoy como lo ha sido con cada uno de estos hitos que jalonan su historia".

"El secretario general señalaba hace unos días las amenazas existentes, y advertía de que sólo tiene sentido y es posible el éxito si las abordamos juntos", ha dicho en un acto celebrado en el Palacio de El Pardo.

El jefe de Estado ha sido el encargado de clausurar un acto institucional organizado por la Presidencia del Gobierno con motivo de esta efeméride -que la propia organización ya celebró en septiembre al inaugurar su Asamblea- y en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a reforzar el multilateralismo.

Sánchez ha incidido en que "la lucha contra la pandemia no puede desembocar en una normalidad idéntica a la de la era pre-Covid", sino que es "el momento de construir un mundo mejor y reconstruir una unión debilitada en los últimos años".

El aniversario ha congregado a todos los poderes del Estado a un acto que ha comenzado con el himno nacional y en él han intervenido de manera telemática el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven y el de Costa Rica, Carlos Alvarado. También, con un vídeo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha agradecido a los gobernantes que "se aparten de las presiones inmediatas y pongan la mirada en el futuro".

En su intervención, el Rey ha recalcado que el acto es "de homenaje, pero sobre todo de futuro, de compromiso y de esperanza". Según ha dicho, la celebración de este acto en España es prueba de la voluntad de España de "hacer frente a la pandemia de la única manera posible: desde el multilateralismo".

Felipe VI, que ya participó de manera telemática en el acto de 75 aniversario en Nueva York, ha expresado su "gratitud" hacia la organización por unos éxitos que, con frecuencia, se dan por descontados.

"Ya sea por el deseo lógico de una permanente mejora de su funcionamiento, ya sea por una excesiva exigencia de resultados, no siempre somos conscientes de los logros", ha señalado el Rey, recalcando que, sin esos logros, el mundo no sería el que hoy es.

Así, ha destacado la creación de las operaciones de mantenimiento de la paz, los "cascos azules", reconocidos con el Premio Nobel de la Paz; o el Programa Mundial de Alimentos, que acaba de recibir el mismo galardón; junto a la mediación en conflictos, la conversión de los derechos humanos en normas de Derecho internacional exigibles legalmente, igual que los derechos de las mujeres y los niños.

También, ha señalado, el haber fraguado conceptos como "crecimiento sostenible" o "responsabilidad de proteger", la creación una Corte Penal Internacional, la erradicación de enfermedades como la viruela o la codificación del Derecho del Mar.

La ONU, ha apuntado el Rey, es la organización que ha concitado consenso universal para establecer una hoja de ruta para un mundo mejor: los Objetivos del Milenio en el año 2000 y, actualmente, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015.

A esta Agenda, así como al Acuerdo de París contra el cambio climático, se ha referido también Sánchez, en su llamamiento a trabajar por un mundo "más verde", sostenible y justo que asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos "que en muchas partes se ponen en cuestión".

SÁNCHEZ: "NO ES MOMENTO DE CUESTIONAR EL MULTILATERALISMO

"Todo ello nos demuestra lo lejos que podemos llegar cuando trabajamos juntos, no es momento de cuestionar el multilateralismo, sino de su renacimiento", ha dicho. Es más, ha afirmado que las generaciones futuras juzgarán a los actuales líderes por su capacidad de reforzar y consolidar el avance de la cooperación global.

Así, ha llamado a "adoptar compromisos concretos sobre la base de los acuerdos alcanzados" y también a "promover algunos nuevos". A su modo de ver, igual que los "terribles sucesos" de la primera mitad del siglo XX fueron un "revulsivo" para crear la Organización de las Naciones Unidas, ahora, con la mayor crisis en un siglo, la historia exige a los gobernantes estar a la altura de las circunstancias.

"DECENAS DE MILES" DE VÍCTIMAS EN ESPAÑA

La pandemia, ha dicho, se ha cobrado la vida de más de 1,2 millones de personas, entre ellas "decenas de miles" de españoles y ha generado la mayor emergencia económica y social en un siglo pero, al mismo tiempo, nunca antes la comunidad internacional había tenido tantas herramientas a su alcance para actuar conjuntamente.

Según ha dicho, su iniciativa 'Juntos por un mutilateralismo reforzado', copatrocinada junto a Suecia, pretende "identificar propuestas concretas para marcar la diferencia" y hacer avanzar la concertación global.

La iniciativa parte de considerar que España es "un país con vocación global" y cuya visión del mundo es que los grandes retos no pueden encararse "desde el aislamiento sino desde sociedades abiertas en progreso permanente". Sociedades, ha añadido, que "demandan avanzar en derechos y libertades" y que piden "más transparencia, más rendición de cuentas, más regeneración democrática y más participación ciudadana en la toma de decisiones".

Sánchez ha finalizado sus palabras con una cita de José Ortega y Gasset, llamando a "mirar lejos y pensar en grande", "el mismo espíritu que inspiró a la ONU", para elevar el "umbral de ambición" y trabajar por un mundo mejor.

PODERES DEL ESTADO Y EMBAJADORES

Al llegar al Palacio de El Pardo, el Rey ha recibido el saludo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, así como de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.

Después, el Rey y el presidente del Gobierno han saludado a los embajadores de los países asociados a la iniciativa 'Juntos por un multilateralismo reforzado' y de los representantes de órganos de la ONU en España: la OMT, Acnur, la OIT, la OIM, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, el centro de las Naciones Unidas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

Han recibido el saludo de ambos, igualmente, los embajadores de Bangladesh, Jordania, Corea, Costa Rica, Senegal, Nueva Zelanda y Suecia, los encargados de negocios de Túnez y Canadá y el agregado de Defensa de Sudáfrica.

Después, en el Patio de los Austrias del Palacio de El Pardo, el acto ha comenzado, tras una foto de familia de todos los asistentes, con el himno nacional, interpretado por un cuarteto de cuerda formado por cuatro músicas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Los asistentes, separados por las medidas sanitarias con motivo del Covid, han ocupado todo el patio.

El evento ha incluido vídeos con intervenciones de la primera ministra de Bangladesh; Sheikh Hasina Wazed; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; el viceprimer ministro jordano, Ayman safadi; la ministra de Asuntos Exteriores de Senegal, Aissata Tall Sall; el de Túnez, Othman Jarandi y el viceministro coreano Taeho Lee.

Según ha informado el Palacio de la Moncloa, los países participantes se han comprometido, en una declaración conjunta, a impulsar y transformar en realidad la Declaración aprobada el pasado 21 de septiembre en Nueva York.

En el texto se apuesta por mejorar el sistema de salud global, proteger el planeta, reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás, construir la paz, la seguridad y la justicia; defender los derechos humanos y la igualdad de género, aprovechar la revolución digital y asegurar una financiación sostenible.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que este miércoles el Gobierno volverá a reunirse en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) con las comunidades autónomas para monitorizar las medidas que se han tomado desde los gobierno autonómicos.

"Como siempre el ministerio de Sanidad está permanentemente moritorizando y en contacto con las CCAA. En el día de mañana se celebrará un nuevo Consejo Interterritorial en el que se pondrán en común las medidas que los gobierno autonómicos están desarrollando", ha señalado en la rueda de prensa postetior al Consejo de Ministros.

Asimismo, ha continuado, "habrá que observar en los próximos días con mucho detalle cómo se comportan y qué incidencia tiene sobre los indicadores de esta pandemia". "Es importante esperar este tiempo prudente para ver efecto de estas medidas, que como saben, llevan un decalaje de una semana desde que se toman o desde que se decretan", ha añadido.

El coordinador de las UCIs de Castilla y León, el doctor Jesús Blanco Varela, ha advertido este martes de que se avecinan 15-20 días "muy difíciles, complicados" en las unidades de cuidados intensivos y de críticos por el incremento de pacientes y ha apelado a la responsabilidad individual para evitar contagios por Covid-19 ya que, tal y como ha aseverado, el 35 por ciento de los ingresados en cuidados intensivos fallece.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en la rueda de prensa que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido este martes para informar de la evolución epidemiológica del coronavirus en la Comunidad.

El doctor Blanco Varela ha explicado que en esta segunda ola de la pandemia por Covid-19 hay hospitales donde no ha sido necesario habilitar lo que se conoce como UCIs extendidas, como es el caso de Ponferrada, Zamora, Soria, Segovia o Ávila, mientras que en otros, donde el "impacto" del coronavirus ha sido mayor y la capaciad de las UCIs estructurales se ha visto sobrepasada, ha obligado a extender las camas de críticos, como en Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca y León.

Asimismo, Blanco Varela ha augurado que la previsión de las UCIs es que vienen dos semanas "muy difíciles" porque se espera un incremento de los ingresos en las Unidades extendidas, tras lo que vendrán otras dos semanas "de estabilización" y tres semanas después, es decir, dentro de mes y medio, la tendencia será de descenso.

A pesar de ello, el coordinador de UCIs se ha mostrado convencido de que las unidades extendidas no llegarán a colapsar y a tener problemas. "No me parece un escenario probable en absoluto que puedan colapsar las UCIs extendidas" ha insistido el doctor Blanco Varela.

Sobre el perfil de los ingresados en unidades de críticos, el coordinador de las UCIs se ha referido a que la edad de los afectados es menor que en la primera ola y así se ha referido al caso de una joven de 29 años afectada por coronavirus que se encuentra "extremadamente grave" aunque la mayor parte de pacientes tiene entre 60 y 70 años

No obstante, Jesús Blanco Varela ha dejado claro que este virus "no respeta a ninguna edad" y lo "importante" es evitar el contagio, porque se pueda acabar ingresado en la UCI, y según los datos que ha aportado, un tercio de los ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos fallece, mientras que en el caso de las personas mayores de 80 años, ese porcentaje crece hasta el 80-85 por ciento.

"Los que sobreviven", ha relatado el doctor, muchos de ellos "tiene secuelas importantes" que afectan a muchos órganos, no solamente al sistema respiratorio, ya que el virus también provoca secuelas en el sistema nervioso, con problemas para poder caminar, o puede generar un deterioro cognitivo prolongado y enfermedades pulmonares.

El PSPV ha asegurado que "no se van a subir los sueldos" a los cargos públicos y ha acusado al PP de hacer "demagogia, cinismo e hipocresía" con esta cuestión, mientras que Unidas Podemos ha considerado que en este momento de crisis por la pandemia "no se debería producir la actualización automática de sueldos" y ha afirmado que planteará una enmienda a los presupuestos para impedirlo "si es necesario".

Así se han manifestado la portavoz adjunta de los socialistas, Carmen Martínez, y la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, en declaraciones a los medios previas a la Junta de Síndics en Les Corts. Davó ha manifestado que, de producirse esta actualización, los miembros de Unides Podem no se la aplicarían, mientras que Martínez ha considerado que esta cuestión "no está encima de la mesa" y que "ya veremos si se aprueba".

En el mismo sentido se ha expresado también el síndic socialista, Manolo Mata, en la rueda de prensa posterior a la Junta, en la que ha asegurado que en la memoria del presupuesto de 2021 se "manifiesta con claridad" que no se va a aplicar la subida del 0,9% prevista por el Gobierno de España para 2021 para los altos cargos, y ha apuntado que espera que esta decisión no les haga "seguir perdiendo altos cargos" debido a la diferencia de salario entre funcionarios de alto rango y altos cargos.

"El año pasado 6.000 funcionarios cobraban más que el president Puig, este año igual serán 8.000", ha agregado, al tiempo que ha defendido que el Consell está entre los cinco gobiernos autonómicos con los sueldos más bajos, y ha destacado que la actualización de sueldo de los empleados de las administraciones públicas que preveía el gobierno en 2020 (del 2%) "no se ha podido trasladar hasta la fecha", y que los funcionarios "no han recibido ese 2%".

Por su parte, Davó ha defendido que en esta situación debido a la pandemia "no se debería producir la actualización automática de sueldos" y ha afirmado que planteará una enmienda a los presupuestos para impedirlo "si es necesario". Además, ha adelantado que, de aprobarse, los altos cargos de su formación no se la aplicarían.

COMPROMÍS QUIERE "VINCULAR" LA ACTUALIZACIÓN

Por parte de Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha considerado "positivo" que se vincule el sueldo de las personas que trabajan en la adminitración pública a "alguna cosa concreta", y que estas subidas "no sean algo decididas por el gobernante de turno".

Tras la Junta, Ferri ha apostado porque haya "consenso político" sobre "de qué manera se actualizan los salarios" de los representantes públicos para que no sea "una decisión que tengan que tomar los representantes públicos".

Por ello, ha abogado por un "acuerdo" que "dejara fuera del debate político el tema de las actualizaciones" y por un "consenso general" ya que "igual que las personas trabajadoras pierden poder adquisitivo, también lo pierden aquellas que se dedican a trabajar en la administración pública".

OPOSICIÓN: "INAPROPIADO", "VERGONZOSO" E "INDECENCIA"

Por parte de la oposición, el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha considerado "cuanto menos inapropiado" que se aplique esta "subida del 2% a los sueldos de los altos cargos" ya que "en momentos de grave crisis, no es una medida ética, política y no desde luego para la ciudadanía".

Desde Ciudadanos, el síndic Toni Cantó ha considerado "vergonzoso" que se plantee esta actualización, y ha criticado que "después del bochornoso espectáculo que está ofreciendo el Botànic estas semanas solo se pongan de acuerdo para subir impuestos y para subirse el sueldo". Así, ha indicado que en los lugares donde gobierna Ciudadanos han "renunciado" a este incremento.

Por parte del PP, la portavoz adjunta, Elena Bastidas, ha aseverado que en un momento de crisis sanitaria, económica y social es una "doble indecencia" plantear esta subida y la de los impuestos. También ha apuntado que en otras comunidades "ese dos por ciento no se va a aplicar" y que "no se le puede estar pidiendo sacrificios a la gente" cuando "sus propios responsables no están a la altura.

SUBIDA EN CORTS

Respecto a la aplicación de esta subida en el salario de Les Corts, la representante del PP ha explicado que "no renunciaron porque técnicamente no se podía renunciar", pero que sí "donó a las entidades que cada uno de los diputados considerase" ese "exceso que no les correspondía".

Preguntada respecto a hasta qué momento renunciarán a este tipo de acutalizaciones salariales, Bastidas ha dicho: "No sé lo que puede pasar el día de mañana, eso es política ficción, pero no parece coherente estar pidiendo sacrificios a la gente que está pasando estrecheces mientras se suben el sueldo". "Mientras esa situación no se corrija, no estaremos en condiciones de subirnos el sueldo, no es el momento ni muchísimo menos", ha agregado.

Al respecto se ha pronunciado también la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, que ha indicado que sí se aplicó la subida del 2% prevista para 2020 a principios de año, pero que se ha rechazado incluir la de 2021, del 0,9%.

Davó ha contradicho a Bastidas, y ha indicado que "cada persona puede hacer una renuncia" aunque el aumento "técnicamente tenía que aparecer n la nómina", y ha defendido que los grupos del Botànic devolvieron a las actas publicas "ciertos conceptos que no se podían quitar del salario". "Otra cosa es la revalorización, ahí í que se puede pedir la paralización y de hecho, se hizo por unanimidad" en la comisión de Gobierno Interior.

Por otro lado, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha afirmado que Bastidas "no se entera muy bien de lo que está haciendo su grupo", y ha considerado que se refería a la renuncia de parte del salario que hicieron los grupos durante el confinamiento, cuando se renunció a los plus por desplazamiento".

En términos similares se ha manifestado Mata, que ha indicado que "durante 2020 todos los diputados han cobrado el 2%", y ha apuntado que el grupo socialista "donó 25.000 euros" por razón de la Covid. También ha considerado "miserable" plantear esta cuestión por parte de grupos "con asesores en ayuntamientos y diputaciones que ganan más que el president Puig".

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) identifica al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, como apoderado de una de las cuentas bancarias que la formación morada usó para pagar a Neurona, consultora política a la que contrató para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en lo que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid sospecha que sirvió para desviar dinero de las cuentas del partido.

Según el informe de la UDEF, al que ha tenido acceso Europa Press, Echenique, Daniel de Frutos ---uno de los administradores de la coalición electoral Unidas Podemos-- y Carolina Alonso --diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid-- figuran como apoderados de una cuenta en Triodos Bank de la que es titular Podemos y desde la que Alonso ordenó transferir 2.420 euros a Neurona el pasado 28 de enero.

La UDEF refleja otras transferencias de dinero, entre las que destaca una efectuada desde una cuenta en Caixa Credit Enginyers, de la que es titular Unidas Podemos y constan De Frutos y el otro administrador electoral, Carlos García Ramos, como apoderados. Desde ahí se ingresaron 363.000 euros a Neurona, el valor total del contrato por los servicios electorales, en tres tandas: dos envíos de 100.000 euros cada uno realizados el 9 y el 23 de abril de 2019 y un tercero del 9 de mayo de ese año por 163.000 euros.

Desde otras tres cuentas de esa misma entidad se hicieron más ingresos a Neurona: uno de 38.720 euros el 21 de mayo de 2019 desde una de la que es titular Unidas Podemos y apoderados Jorge Antonio del Rey y Miguel Montero; otro de 4.000 euros el 20 de noviembre de ese año desde una de Unidas Podemos en la que son apoderados De Frutos y García Ramos; y dos por un total de 17.303 euros ordenados el 9 de octubre y el 18 de diciembre del año pasado desde una de Podemos en la que figuran De Frutos y Denis Thomas Maguire.

EL CONTRATO CON NEURONA

En estos momentos, la cuestión electoral constituye el núcleo de la investigación que desarrolla el juez Juan José Escalonilla, quien ve "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

La Fiscalía aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados por Unidas Podemos con Neurona, a la que describe como "una empresa creada 'ad hoc'" cuyo objeto real sería "la propia financiación del partido desde la cuenta electoral".

El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos --fraude electoral y falsedad en documento mercantil-- en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor. No obstante, la Fiscalía ha aclarado que "ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por persona jurídica, más aún en el supuesto del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales".

Está previsto que este viernes declaren como investigados García Ramos, así como Elías Castejón Hernández y Eduardo López Hernández, administrador y persona de contacto de Neurona, respectivamente, y varios testigos.

La ronda de comparecencias continuará el 20 de noviembre, cuando están citados como investigados De Frutos; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato.

LA DENUNCIA DE CALVENTE

La causa parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras 'moradas' --la abogada Marta Flor--; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

El juez ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa en lo relativo a la presunta 'Caja B' de Podemos, descartando el delito de administración desleal, al considerar que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político".

Así, la investigación continúa para los otros tres hechos denunciados, aunque el Ministerio Público ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos para las elecciones generales, por considerar que las demás cuestiones indicadas por Calvente son meros "rumores, sospechas o suspicacias".

Además, la Fiscalía ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque "resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias".

El movimiento ciudadano 'Teruel Existe' ha hecho un balance positivo de su presencia en el Congreso y en el Senado como agrupación electoral, después de que hace un año, en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, obtuviera un diputado y dos senadores por la provincia, y ha afirmado que el acuerdo de investidura suscrito con el PSOE "se está cumpliendo".

Así lo ha afirmado el representante de la plataforma Amado Goded, que ha ofrecido una rueda de prensa junto con Guada Caulin y Antonio Saz. Según ha dicho, ese 10 de noviembre fue una "fecha importantísima en la historia de Teruel y para el movimiento ciudadano", que en este primer año de legislatura ha apoyado a la agrupación, pero también ha desarrollado otras acciones.

Goded ha sostenido que el PSOE "está cumpliendo con su palabra" y con el acuerdo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. "Quedan flecos, se puede hacer más esfuerzo, pero deberíamos analizar el contexto en el que nos estamos movimiento de pandemia", ha esgrimido.

Ha añadido que a sus representantes se les trata "con respeto" y "nos escuchan y nos dan la razón". "No hemos detectado falta de voluntad, hay negociaciones, pero cuesta mucho mover la maquinaría" y también hay otras necesidades pendientes, para estimar que sino fuera por la pandemia del coronavirus habría actuaciones que se estarían adjudicando.

Goded ha comentado que su objetivo es avanzar en todas las infraestructuras pendientes, así como en la mejora de la conectividad y en la recepción de fondos europeos, tanto los que van a llegar para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, como los que se están negociando para el periodo 2021-2027, después de que "se nos haya discriminado durante años en cantidades inmensas, que el Fondo de Inversiones de Teruel jamás compensará".

Por otra parte, este representante de 'Teruel Existe' ha contado que se está trabajando en un pacto de estado por el equilibrio territorial y la vertebración, que ha sido puesto sobre la mesa por su movimiento ciudadano y en cuya elaboración se agrupa a "todas la voces en España", además de que han de estar todos los partidos políticos.

CONFIANZA

Goded ha esgrimido que si hace un año la ciudadanía turolense respaldó con sus votos a la agrupación electoral para "tener presencia en los lugares donde se deciden las cosas", ahora mantienen la "confianza" como movimiento ciudadano como se ha constatado tras el "éxito" de las dos movilizaciones celebradas en octubre para reivindicar la construcción de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz.

Ha agregado que también perciben interés cuando reparten una revista que han editado donde parece su trabajo. Ha explicado que su objetivo como agrupación electoral fue "tener una voz para transmitir todos los problemas de la provincia", entre ellos, la despoblación y como solución el equilibrio territorial y para eso lograr representación y "facilitar la gobernabilidad de quien tuviera suficientes apoyos, sin ideologías de por medio".

"Nadie puede cuestionar que ha sido 'Teruel Existe' quien ha puesto sobre la mesa en el ámbito nacional e incluso europeo el reto demográfico y la lucha contra el desequilibrio", y, junto con las plataformas de otras provincias, como Soria, han logrado que sea un "asunto de Estado".

Goded ha contado que en su trabajo de apoyo a la agrupación electoral han comprobado "el respeto que se le tiene a los representantes de 'Teruel Existe'" en las Cortes Generales, que hace que "haya puertas abiertas para hablar en ministerios y secretarías de Estado, de forma que está siendo escuchada la voz en directo, al menos atendida".

Este representante de 'Teruel Existe' ha querido expresar su agradecimiento a los representantes electos porque están desarrollando un "esfuerzo personal y familiar enorme", en concreto, ha mencionado el diputado Tomás Guitarte, que "es el que más peso está teniendo" y que "está atendiendo tantos temas sin casi estructura detrás".

Goded ha estimado que tanto Guitarte, como el movimiento en su conjunto cumplen con la "ética, explicabilidad y ejemplaridad" para lograr la confianza de los turolenses y ha afirmado rotundo que volvería a propiciar la agrupación electoral tras observar los resultados obtenidos. "Rotundamente sí", ha dicho.

TENSIONES

Amado Goded ha reconocido, no obstante, que "nos hemos dejado algún pelo en la gatera" y si bien éste ha sido un movimiento que "siempre ha sido visto por instituciones y partidos que gobiernan de manera incómoda porque, además de tener mucha repercusión social tiene gran capacidad de movilización y plantea retos", desde que se decidió participar en las elecciones generales esa relación ha sido "más tensa" en algunos aspectos.

Nos entristece que habiendo conseguido en Teruel un conglomerado único en España, con organizaciones empresariales, sindicales, partidos políticos y medios de comunicación para hacer frente común y conseguir unos objetivos" se haya producido "ese distanciamiento porque no se tiene claro cuál es el trabajo que se está desarrollando", ha expresado Goded.

Sin embargo, ha enfatizado, "somos los mismos y hacemos lo mismo, trabajar por la provincia y sumar a cualquiera que quiera hacerlo", para opinar que "si decir lo que uno piensa o tener distinto criterio tensa las cosas, se puede resolver hablando" porque "nuestras puertas están abiertas y la mano tendida".

Este miembro de 'Teruel Existe' ha sostenido que en un proceso electoral "evidentemente hay una competición porque solo hay unos puestos, pero una vez que el ciudadano decide, hay que trabajar conjuntamente", para aclarar que "hemos venido a sumar, no competimos con los partidos políticos, aunque siga sin entenderse".

En este punto, otro de los representantes de la plataforma, Antonio Saz, ha deseado que cualquier iniciativa que presenten para la provincia sea apoyada por cuantos más partidos mejor "porque demostraría que son las cosas importantes para Teruel y los que vivimos aquí".

FORMA DE HACER

Saz ha estimado que 'Teruel Existe' ha aportado una "forma de hacer", "sin sentimientos agrios", sino reclamando para construir, que ha producido "un antes y un después", igual que haberse presentado a las elecciones generales y haber logrado representación.

Ha aclarado que desde el movimiento ciudadano han impulsado, al margen de las Cortes Generales, otras acciones, como el Pacto por Teruel, a causa de la pandemia, en el que trabajaron más de 180 personas en mayo por vía telemática.

Asimismo, ha precisado que cuando la plataforma acude a alguna zona de la provincia "siempre se acerca alguien para contarte problemas e ideas" y por eso quieren "ir recogiendo todas las inquietudes" con el objetivo final de "implementar el desarrollo en Teruel" y "conseguir mejor calidad de vida, mejores oportunidades de trabajo" para que "nuestros hijos tengan la posibilidad de decidir quedarse aquí".

Saz ha manifestado que 'Teruel Existe' sirve de guía para muchas plataformas y su forma de hacer "quieren imitarla muchas provincias", además de ser "referente" en la propuesta de modelo de desarrollo.

RELEVO

Otra miembro de la plataforma, Guada Caudí, ha explicado que varios jóvenes de la provincia están "arrimando el hombro, hablando y luchando por nuestro futuro aquí" a través de 'Teruel Existe' "porque vemos ese posible cambio" y por eso "podemos hablar de un relevo generacional" en el movimiento ciudadano.

Además, ha indicado que hay personas "que están mirando hacia la plataforma con ilusión, por un posible retorno, que es lo que más nos están haciendo llegar", turolenses que "tuvieron que irse por motivos personales o laborales y ahora ven con ilusión poder retornar en un futuro próximo", ha relatado.

El portavoz del Comité Ejecutivo de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha puesto en duda las previsiones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la disposición de vacunas contra el coronavirus en España, pues le considera "un mentiroso compulsivo", y en todo caso ha hecho hincapié en la exigencia de que se faciliten mascarillas gratis a todos los españoles.

Preguntado por las palabras de Illa pronosticando que habrá 20 millones de vacunas la próxima primavera, Buxadé ha recordado declaraciones del ministro en los primeros tiempos de la pandemia, cuando no se preveía tanta incidencia. "Es un mentiroso compulsivo -ha sentenciado, cuestionando las previsiones-. Este hombre no es creíble".

En rueda de prensa, Buxadé ha dicho que "está muy bien" que el anuncio del éxito de las pruebas de la vacuna haya provocado una subida del IBEX, pero espera que sigan los procedimientos y los controles para administrarla a la población.

A su juicio, lo que más preocupa es el cierre de negocios y de ello culpa directamente al ministro Illa por no haber tomado medidas para evitar que la única solución frente al virus sea el confinamiento.

EL IVA, PARA CUANDO NO SEA OBLIGATORIO

Mientras tanto, Vox ha emprendido una campaña para presentar iniciativas en ayuntamientos y parlamentos autonómicos pidiendo no ya la bajada del IVA para las mascarillas, que lo considera insuficiente, sino el reparto gratuito de mascarillas a todos los españoles mientras su uso sea obligatorio.

"No nos conformamos con la bajada del IVA, sino que hay que proporcionar mascarillas a todos los españoles y que se den de forma gratuita -ha asegurado-. Si el Gobierno impone esa obligación, debe proporcionar las mascarillas, y ya después, cuando ya no sea obligatorio, bajamos el IVA. Quien no vote a favor de esto, está votando en contra de los españoles".

Ifema ha decidido celebrar en 2021 la edición número 24 del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo de Madrid, dada la inestabilidad generada por la Covid-19, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

El Salón ya había trasladado sus fechas al mes diciembre de este año en previsión de las circunstancias mejorasen. Finalmente, se desarrollará del 31 de mayo al 6 de junio, en su emplazamiento habitual de la Feria de Madrid.

Con esta medida, tanto Ifema como la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), coorganizadora del certamen, quieren asegurar a expositores y visitantes todas las garantías sanitarias, así como el mejor escenario para sus intercambios comerciales.

Una patrulla de la Guardia Civil custodia el patrimonio del Pazo de Meirás, supervisando las entradas y salidas al inmueble, a la espera de que lleve a cabo el inventario ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, tras la petición planteada a este respecto por la Abogacía del Estado.

Para garantizar el cumplimiento de la resolución, el Juzgado requirió este lunes a la Guardia Civil que estableciese un dispositivo de vigilancia en el inmueble. El mismo ya se dispuso hace unos días, según informó antes de conocerse la decisión judicial la Delegación del Gobierno, tras hacer público los Franco su intención de trasladar bienes del pazo.

La jueza acordó, a instancias del Estado este lunes, la realización de un inventario de los bienes existentes, tanto en el interior como en el exterior del inmueble también conocido como Torres de Meirás.

Mientras que no esté finalizado y la jueza no lo autorice expresamente, la familia Franco no puede trasladar o retirar ningún tipo de bien de la finca.

El inventario, que se elaborará con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta, comenzará a realizarse este miércoles, día 11, a las 10,30 horas, bajo supervisión de la comitiva judicial.

EL BNG PIDE AL GOBIERNO MEDIOS

Por otra parte, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha instado al Gobierno a destinar "los medios humanos y materiales necesarios para vigilar el cumplimiento de la medida cautelar impuesta por el juzgado".

Lo hace de cara a asegurar "que no se sustraen bienes del interior del Pazo de Meirás antes de la realización del inventario que catalogue los bienes que contiene".

"Y evitar que la familia Franco retire sin control objetos que ellos consideran de su propieda, pero que pertenecen al pueblo gallego", cita aludiendo al hecho de que en Meirás esté parte de la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán o las estatutas de Isaac y Abraham del Pórtico de la Gloria.

La Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado este martes, con competencia legislativa plena, el Proyecto de Ley que regula el Comercio de Derechos de Gases de Efecto Invernadero para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes en el perido 2021-2030.

La nueva ley ha contado con el voto favorable de todos los miembros de la Comisión legislativa excepto el del grupo parlamentario VOX, que se ha abstenido. El texto que sale del Congreso ratifica el informe de la Ponencia, puesto que todas las enmiendas presentadas por todos los grupos han sido rechazadas tras ser votadas una a una.

Durante la comisión, la diputada de CS, cuyo grupo presentaba tres enmiendas, solicitó al resto de los grupos que miraran y trataran de aprobar las enmienda de otros grupos, porque "muchas de ellas" estaban encaminadas a "mejorar conceptos que la harían mejor".

"Todos debemos aportar y mejorar", ha defendido la diputada que, en concreto pidió a PSOE y a Unidas Podemos "amplitud de miras" e "intención de llegar al consenso y al diálogo" porque las leyes de la Comisión para la Transición Ecológica son "importantes" para los ciudadanos, el medio ambiente y las empresas. No obstante, las enmiendas de CS fueron rechazadas, igual que las del resto de grupos parlamentarios.

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal defendió las enmiendas de su grupo, que también fueron rechazadas, mientras que la diputada de Más País Inés Sabanés, defendió las enmiendas de Junts per Cat del Grupo Plural que no estaba en la comisión. También sus enmiendas fueron rechazadas, con la curiosidad de que una de ellas no gozó siquiera con el voto a favor de la representante del grupo plural.

Para Sabanés, el proyecto de ley se ajusta a la trasposición de la Directiva Europea e incluye todas las regulaciones que se incorporan también en algunos contenidos de los Presupuestos generales del Estado que "responden a una lógica y una urgencia" tras años de retraso para adaptarse a la situación de emergencia climática.

Desde el PP, el diputado José Ángel Alonso, ha dicho que su grupo considera que se llega "un poco tarde" con este proyecto de ley que afecta al 45 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de España y confió en que la trasposición constituyera una "nueva oportunidad" de contribuir al proceso de descarbonización de la economía y, al mismo tiempo impulsar la competitividad de la industria.

"España es especialmente vulnerable al cambio climático y con un gran desempleo y no puede dejar pasar la oportunidad de este proyecto de ley", concluyó. En esa línea, también defendió de manera pormenorizada sus enmiendas que, igual que las demás, fueron rechazadas.

NUEVA LEY, NUEVA ETAPA SIN TRUMP

En su intervención, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, cuyo grupo no había planteado enmiendas, ha defendido que empieza una "nueva etapa" sin Donald Trump en la Casa Blanca y en la que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado ya la vuelta del país norteamericano al Acuerdo de París.

"Esto es una gran noticia", según el diputado porque se va a poner de nuevo en marcha el segundo mayor emisor de GEI del mundo. "Esto debe darnos fuerza en el proceso climático que iniciamos hoy con la aprobación de esta ley", ha valorado, al tiempo que ha señalado que la aprobación de este texto legal debe ser la "rampa de salida" para aprobar con máximo consenso la ley de cambio climático.

Por su parte, la diputada de Vox Mireia Borrás, ha negado que su partido sea negacionista del cambio climático, sino que que su postura de "ofrecer matices" no supone "negarlo, minusvalorarlo o rechazarlo", aunque desafía el "pensamiento único" que "muchos" han adoptado "de forma sectaria". No obstante, el grupo no ha apoyado el proyecto de Ley pero se ha abstenido.

Por último, el diputado socialista Germán Renau ha explicado que el proyecto de ley finalmente aprobado permitirá consolidar el régimen de comercio de derechos de GEI aumentando su ritmo, mantendrá la asignación gratuita a los sectores más expuestos y ayudará a la industria y a la energía a afrontar mecanismos de financiación. Asimismo, ha destacado que la ley incorpora mayor colaboración entre la administración general y las comunidades autónomas y que añade también mecanismos de participación de las organizaciones sindicales y empresariales.

Finalmente, los 34 diputados presentes han aprobado el proyecto de ley por 29 votos a favor, 5 abstenciones (las de VOX) y ningún voto en contra.

El proyecto de ley aprobado transpone la Directiva Europea sobre la IV fase del comercio de emisiones de CO2 para el periodo 2021-2030, que es uno de los instrumentos principales de la Unión Europea para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones a 2030, en línea con los compromisos climáticos anunciados por los Veintisiete.

Entre las novedades para este periodo destacan el incremento del factor de reducción lineal del 1,74 por ciento en la fase III (2013-2020) al 2,2 por ciento para el próximo periodo a partir de 2021.

Durante la fase IV se dividirán a efectos de asignación gratuita de derechos de emisión y en relación a las instalaciones fijas en dos periodos, de 2021 a 2025 y de 2026 a 2030. Se mantiene también la subasta como método principal de asignación de derechos de emisión, continúan las asignaciones gratuitas pero con una mejora de las disposiciones sobre fugas de carbono y se crean varios fondos destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono.

El presidente de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juan López de Uralde, de Unidas Podemos, ha destacado en declaraciones a Europa Press que la aprobación de esta ley supone la "puesta al día" de la legislación española en una materia "clave" como es el comercio de derechos de emisión.

A su juicio, su aprobación este martes llega "en un momento muy oportuno", justo a los pocos días del cambio en la Casa Blanca y espera que ahora comience "una nueva era" en la lucha contra el cambio climático tras la "desaparición de Trump" y con la entrada de Biden.

Finalmente, ha subrayado que desde un punto de vista político, la ley se aprueba justo un año después de las elecciones generales en noviembre de 2019 y que esta es la primera de otras leyes que también se aprobarán como la ley de cambio climático y transición ecológica en la que ya está trabajando el Parlamento. "En definitiva, estamos dando pasos desde el legislativo pra avanzar en esa lucha contra el cambio climático tan necesaria y tan urgente", ha concluido.

La Fiscalía de Madrid solicita un año de prisión para Ana Isabel Q.D. y otros seis meses para su madre Ascensión D. B. por no respetar el perímetro de seguridad que la Guardia Civil había colocado entorno a la vivienda de Galapagar donde residen el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha informado la Fiscalía en un comunicado.

El representante del Ministerio Público imputa a la madre un delito de desobediencia y a la hija un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro leve de maltrato de obra. El juicio se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid.

Las dos acusadas, según el relato de la Fiscalía, acudieron sobre las 17.30 horas del pasado 30 de octubre de 2020 a las inmediaciones de la zona donde tienen su residencia Iglesias y Montero.

Así, cuando agentes de la Guardia Civil, "uniformados y debidamente identificados", se disponían a establecer el perímetro de seguridad ambas mujeres "mantuvieron una actitud de absoluto desprecio a la labor de los agentes, impidiéndoles el cumplimiento de la función encomendada, desobedeciendo de forma reiterada las indicaciones claras que los mismos les daban, en relación a que retrocedieran en la vía pública y despejaran el perímetro de seguridad".

Pese a las advertencias, la Fiscalía argumenta que, "lejos de deponer su actitud", madre e hija persistieron en su comportamiento "haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos que los agentes les realizaban".

De hecho, se aproximaron a los agentes gritándoles a escasos centímetros de sus rostros, "prescindiendo del uso de la preceptivas mascarillas" e incluso les propinaron golpes con las manos en el pecho "motivo por el cual, los agentes, tras informarles de las consecuencias legales de su comportamiento, comenzaron a avanzar con los brazos extendidos, empleando la mínima fuerza indispensable para desplazarlas y conseguir finalmente que despejaran la zona".

Sin embargo, en un momento dado, Ana Isabel Quiroga trató de acceder de nuevo a la zona de seguridad "con la intención de aproximarse a la vivienda".

Allí fue interceptada por un agente "quien le cortó el paso, cayendo ésta al suelo, momento en que la misma, al tiempo que le decía "hijo de puta", intentó agredir con el bolso al Agente en el rostro, golpe que este esquivó, tras lo cual, la acusada le lanzó patadas que impactaron en las botas y tibias del citado agente, sin causar lesión alguna".

El Ministerio de Defensa espera que las relaciones con Estados Unidos sean "más fáciles" a partir del próximo 20 de enero, fecha prevista para que el demócrata Joe Biden tome posesión como presidente del país en sustitución de Donald Trump.

Así lo ha deslizado este martes la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, durante una comparecencia en el Senado. "Confiamos en que a partir del 20 de enero las cosas sean más fáciles y consigamos estabilizar la situación", ha asegurado respecto a la cooperación en materia de defensa.

Entre los asuntos más inmediatos, Estados Unidos y España tienen sobre la mesa la renovación del convenio para el uso de las bases de Morón y Rota, en Andalucía, el posible aumento de las capacidades estadounidenses en España o el previsible traslado del Mando África de Estados Unidos desde Alemania a otra ubicación.

En cuanto al convenio bilateral en defensa, Casteleiro ha explicado que el próximo mes de mayo expiran los ocho años de vigencia pero que su propio articulado contempla una prórroga automática por un año si ninguna de las partes dice lo contrario, lo que no ha sucedido y por tanto seguirá vigente.

Además, ha asegurado a la senadora de Adelante Andalucía Pilar González Modino que el propósito del Ministerio de Defensa es contribuir al fomento del empleo en las zonas próximas a estas bases, en concreto a la instalación en Morón (Sevilla), pudiendo incluso ampliar la carga de trabajo asignada.

SIN NEGOCIACIONES SOBRE EL AFRICOM

En cuanto al traslado del Mando África, actualmente localizado en Stuttgart (Alemania), la 'número dos' de Margarita Robles ha afirmado que el Gobierno no ha recibido ninguna comunicación por la que Estados Unidos haya manifestado su interés para que se ubique en España y por tanto no hay "negociaciones ni contactos al respecto".

Frente a esta postura, la senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero ha pedido al Ejecutivo que tenga una actitud "proactiva" e inicie los contactos diplomáticos "antes de que se adelanten otros países". Además, ha trasladado el apoyo del PP a esta instalación ante las suspicacias que el proyecto pudiera despertar en Unidas Podemos, socio de Gobierno.

El 99% de las familias numerosas consideran que el Gobierno debe asumir parte del coste de las mascarillas, al tratarse de un producto de uso obligatorio en España para todas las personas, incluidos los niños a partir de 6 años, debido a la pandemia de la Covid-19.

Así se desprende de una encuesta elaborada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en la que han participado 1.800 familias numerosas.

En concreto, el 57% de las familias reclama la rebaja del IVA por ser un producto obligatorio y 4 de cada 10 apuesta por dar algunas unidades gratis cada mes a través de las farmacias o hacer una especie de copago farmacéutico.

"Es totalmente abusivo que se pague un 21% de IVA en un producto de tipo sanitario y que además es obligatorio en España, el único país, donde se ha impuesto su uso para adultos y niños y donde, curiosamente, las mascarillas tienen el IVA más alto, el de los artículos de lujo, como pasa con los pañales, que también están gravados con el 21%", ha denunciado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

El 46,4% de las familias numerosas encuestadas gasta entre 50 y 100 euros al mes en mascarillas. Este gasto, extraído de la encuesta con datos generales de toda España, se dispara en muchas situaciones y en función de las Comunidades Autónomas, ya que algunas tienen normativas más estrictas en el uso de mascarillas, como obligar a usar desechables en algunos espacios, como en los colegios, donde para una jornada escolar normal hacen falta, como mínimo, dos mascarillas de ese tipo, según precisa la Federación.

Además, según la encuesta, un 17% de familias invierte entre 100 y 150 euros cada mes y un 6,6% llega a los 200 euros, mientras que un 26,4% asegura que no supera los 50 euros en compra de mascarillas. Las diferencias de gasto se explican por el tipo de mascarilla elegido por las familias, que depende de diferentes factores, principalmente, económicos, según la FEFN.

Así, el coste es la primera razón para comprar una u otra mascarilla, según afirma un 46,3% de las familias, que asegura que elige cierto tipo de mascarilla "para que el gasto sea menor". La segunda cuestión que más influye en la elección es la seguridad: el 37% afirma que usa cierto tipo de mascarillas porque se sienten "más protegidos". En tercer lugar, está la cuestión práctica, que apunta el 21% de las familias, afirmando que en casa son muchos y tienen que optar por algo "más cómodo".

Por último, un 14,9% de las familias numerosas basa su elección en el respeto al medio ambiente, en concreto, para no generar tantos residuos. La mayoría de las familias numerosas (51%) usa de los dos tipos, desechables y reutilizables, la primera para los adultos y la segunda para los niños, con los que es más difícil de controlar el buen uso de las desechables.

"Hay muchas familias que por temas económicos puede que no se protejan adecuadamente, ya que recurren a mascarillas que no son las adecuadas o las usan durante más tiempo del debido porque no pueden gastar más dinero. Por ello, es fundamental que se reduzca el impacto económico de este artículo, bien bajando el IVA, bien dando unidades gratuitas al mes, ya que es un producto sanitario, de uso obligatorio y que afecta a toda la sociedad", ha zanjado el presidente de la FEFN.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales de la comunidad de Madrid han impuesto en las últimas semanas casi 25.000 propuestas de sanción por incumplir las diferentes normativas antiCovid, han informado a Europa Press fuentes oficiales.

Desde principios de octubre hasta el viernes pasado, en poco más de un mes los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid han tramitado más de 15.000 propuestas de sanción por no respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

A estos datos hay que sumar los de este puente de La Almudena, en los que se han desmantelado más fiestas ilegales que el pasado puente de Todos los Santos. Así, solo en la capital, la Policía Municipal ha intervenido en unas 400 fiestas, ha informado hoy la concejal delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Desde principios de octubre hasta hoy han sido casi 1.300 fiestas desmanteladas, en donde no se respetaban las distancias de seguridad, no se usaban mascarillas y en algunas había drogas.

Precisamente por no llevar mascarilla o no usarla bien, los policías municipales han interpuesto en los últimos 40 días más de 8.000 propuestas de sanción por no llevar la mascarilla. Solo en este puente de La Almudena han puesto 935 en Madrid.

230 MULTAS DIARIAS EN LOS MUNICIPIOS FUERA DE LA CAPITAL

Por otro lado, en las localidades de la región excluyendo la capital, las diferentes Policías Locales han gestionado desde el 21 de septiembre, cuando entró en vigor el primer confinamiento perimetral en 37 áreas de salida, hasta finales de octubre, han tramitado un total 9.497 propuestas de sanción, según han confirmado a Europa Press fuentes regionales.

De ellas, una de cada tres multas se han interpuesto por no llevar mascarilla y una de cada cuatro por reuniones superiores a las seis personas. Además, otro 16 por ciento se deben a la celebración de botellones en la vía pública, un 12 por ciento por salir o entrar de manera injustificada en zona confinada, un 7 por ciento por no cumplir con la prohibición de salir a la calle entre medianoche y las 6 de la madrugada y solo un 4 por ciento de las denuncias se han impuesto por incumplimiento de horarios, aforos y otras limitaciones en bares y restaurantes.

Asimismo, los agentes locales de fuera de la capital han efectuado 470 controles para comprobar el cumplimiento de cuarentenas por parte de positivos en coronavirus o contactos estrechos de infectados, un total de 103 acabaron en denuncias.

Por localidades, de las casi 9.500 propuestas de sanción impuestas en este periodo, 933 se dieron en Parla, 767 en Móstoles, 567 en Las Rozas, 552 en Getafe, 550 en Boadilla del Monte, 516 en Majadahonda, 445 en Alcobendas, 435 en Pozuelo de Alarcón y 433 en Alcorcón. En el resto de municipios las sanciones fueron menores a estas cantidades.

El productor de televisión Josep Maria Mainat ha asegurado al regresar a su casa en el barrio de Horta de Barcelona, después de que el pasado miércoles desalojaran a su esposa Angela Dobrowolski, que el interior de la vivienda ha sido "totalmente saqueado".

En declaraciones a Telecinco, Mainat ha recalcado que está "muy cabreado" ya que le han roto la caja fuerte con herramientas profesionales, donde guardaba joyas de la familia que tenían mucho valor sentimental para él.

El fundador de Gestmusic tiene intención de denunciar el saqueo "y que miren quién estaba dentro de la casa en ese momento", y ha indicado que podría denunciar a Angela Dobrowolski en el caso de que ella también estuviera implicada.

Mainat ha afirmado que no va a marcharse de la vivienda familiar, ya que es una casa donde ha pasado momentos muy importantes de su vida: "Esta casa la compramos a medias Rosa Maria Sardà y yo, vivimos, nació Pol, viví un tiempo solo, viví con Angela durante muchos años y bastante buenos muchos de ellos", y ahora pretende vivir allí con sus hijos.

La idea de Josep Maria Mainat es reformar la casa para tener la sensación "de una casa nueva, tranquila, donde se pueda vivir", renovar todo el contenido de la casa con el mobiliario que falte, pintarla por dentro y por fuera, y poner muebles nuevos.

DESALOJO

Una comitiva judicial por orden del Juzgado de Primera Instancia 16 de Barcelona desalojó el pasado miércoles a Angela Dobrowolski, en proceso de separación de Mainat.

La jueza ordenó el desalojo tras acordar que Dobrowolski, investigada por presuntamente intentar asesinar a Mainat, debía abandonar la casa en la que ha vivido el matrimonio durante 11 años, y a Mainat le otorgó el uso de la residencia y la custodia de sus hijos.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha señalado que espera que se pueda cambiar el número de personas que pueden reunirse en la región, ahora mismo establecido en seis, de cara a la Navidad pero pide "arrimar el hombro".

En una entrevista en 'Telemadrid', ha censurado las fiestas ilegales que se han producido en la autonomía en los puentes de noviembre. "Hay que ser conscientes de la gravedad de la situación en la que estamos y eso es clave. Si no somos conscientes de que o bajamos la curva o se va a complicar la situación pues tenemos un problema", ha declarado.

Para Aguado, es una "minoría" la que celebra este tipo de reuniones pero ha reconocido que "llama la atención" y les "preocupa". El vicepresidente ha apelado a la "solidaridad" y ha subrayado que no se está para tomar la situación "a la ligera".

"Tenemos que arrimar el hombro todos; los políticos, poniendo sobre la mesa las medidas, pero también los ciudadanos, cumpliendo las cuarentenas y evitando ese tipo de fiestas", ha manifestado.

El dirigente autonómico ha sostenido que trabajan "para que pueda cambiar" el límite de personas que pueden reunirse de cara a la Navidad. En este punto, ha recordado que él lleva más de un mes hablando de "salvar" estas fiestas.

"BAJAR LA CURVA DE FORMA RADICAL"

Aguado quiere llegar "en las mejores condiciones posibles" a esas fechas por una cuestión de salud de las personas pero también por la economía. Así, ha incidido en que desde el 'Black Friday' hasta Reyes se firman uno de cada cuatro contratos en la Comunidad y que tanto el sector juguetero como el de la perfumería facturan en torno al 50 y 60 por ciento de todo el año.

Según ha expuesto, para llegar a Navidad bien había que "bajar la curva de forma radical", algo que, a su parecer, se está haciendo. El dirigente ha puesto en valor las medidas impulsadas desde el Ejecutivo autonómico, como el toque de queda o el cierre perimetral de la Comunidad.

Por otra parte, Aguado ha insistido en que no es partidario del confinamiento total ni del cierre de la hostelería, que está haciendo un "trabajo formidable" para adaptarse a la nueva situación.

El abogado que defiende a uno de los presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 ha asegurado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos que abandonará la sala de vistas si le mantienen sentado detrás de la Fiscalía y las acusaciones.

"Este letrado renuncia a la defensa", ha afirmado el abogado Luis Álvarez Collado, que defiende a Driss Oukabir, nada más comenzar la primera sesión del juicio. "Estamos detrás de la Fiscalía, perdemos las perspectivas de las reacciones de la Fiscalía. No tenemos medios materiales, ni enchufes como las acusaciones y Ministerio Fiscal", ha explicado al presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara.

Según ha indicado el abogado de Oukabir, para quien la Fiscalía solicita 36 años de prisión de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas, las defensas "como mínimo deberían estar frente a la Fiscalía y acusaciones como es habitual".

Sin embargo, aunque el presidente del tribunal, visiblemente enfadado, ha dado la posibilidad de que dos defensas se sitúen al lado de las acusaciones, ha espetado que "precisamente se le ha elegido ese sitio porque es el más cercano al acusado y tener visión directa de su patrocinado". "Lo que hay que ver es la reacción del testigo, no la cara que ponga el fiscal", ha añadido.

Tras esta discusión, el magistrado Guevara ha dado paso al interrogatorio del primero de los acusados, Mohamed Houli Chemlal, miembro de la célula que resultó herido por la explosión de Alcanar, no aceptando las peticiones de algunas acusaciones de presentar cuestiones previas. "No hay cuestiones previas, es sumario ordinario", ha concluido el presidente del tribunal.