La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, entre en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses de cárcel que ha impuesto el Tribunal Supremo tras ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). También ha solicitado que ingresen inmediatamente en un centro penitenciario otros ocho condenados cuyas penas son mayores a seis años de cárcel.

El Ministerio Público ha realizado esta solicitud este martes alegando riesgo de fuga de estos condenados tras conocer la sentencia firme del alto tribunal, pese a que éste ha rebajado las penas impuestas por la Audiencia Nacional en 2018 por la primera época de actividades de la Gürtel (1999-2005).

Así, ha solicitado que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como tribunal sentenciador, ejecute la condena para la exmujer del líder de la Gürtel y exjefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (17 años y ocho meses de prisión); el exconcejal de dicho ayuntamiento Juan José Moreno (17 años y dos meses); el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); la que fuera administradora de las empresas del Grupo Correa Isabel Jordán (14 años y 11 meses); y el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (13 años y 10 meses).

También para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias (12 años y 11 meses); el abogado Luis de Miguel (nueve años y un mes); el exconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (siete años y nueve meses); y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses).

La Fiscalía Anticorrupción ya solicitó prisión provisional para estos condenados en mayo de 2018, pero la Sección Segunda de la Sala de lo Penal acordó dejarles en libertad con medidas cautelares mientras el Supremo revisaba los recursos contra su sentencia.

IGLESIAS Y SEPÚLVEDA PAGARON UNA FIANZA PARA ELUDIR LA PRISIÓN

En el caso de Iglesias y de Sepúlveda (exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, considerada partícipe a título lucrativo por Gürtel), sí que llegaron a entrar en la cárcel, pero tan solo estuvieron algo más de un día al consignar las fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente, que les impuso el tribunal para eludir la prisión.

Quienes sí se encuentran cumpliendo condena desde entonces son el extesorero del PP (condenado a 29 años y 1 mes de prisión); el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses) y el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo (27 años y 10 meses). El tribunal de 'Gürtel' sí estimó la petición de Anticorrupción de entrada inmediata en prisión al considerar que existía riesgo de fuga.

Este mismo lunes trascendió la noticia de que Bárcenas había iniciado los trámites para solicitar el traslado desde la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentra desde entonces, a la prisión de Alcalá Meco donde previsiblemente ingresaría en los próximos días su mujer.

En cuanto a los líderes de la Gürtel, Francisco Correa (condenado a 51 años de cárcel) y el que fuera su 'número dos', Pablo Crespo (36 años y 8 meses), ya estaban en prisión en ese momento, pues entraron en febrero de 2017 --cuando aún se estaba celebrando el juicio por los primeros años de la trama corrupta-- tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las irregularidades en el montaje del 'stand' institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

OTROS CONDENADOS PARA LOS QUE NO SE HA PEDIDO LA ENTRADA EN PRISIÓN

Así las cosas, Anticorrupción no ha solicitado que ingresen en prisión el resto de condenados, en total 15, debido a que sus condenas son más bajas al límite de 6 años que ha establecido para hacer tal petición. Por tanto, la solicitud no iría dirigida contra el denunciante de la Gürtel y exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas (4 años y nueve meses); el abogado Antonio Villaverde (para quien esta vez no solicitan esta medida, ya que el Supremo ha rebajado la pena de ocho años y dos meses a tres años y 11 meses); el exdiputado Jesús Merino (tres años y siete meses); el que fuera asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez (tres años); o los trabajadores de las empresas de Correa Alicia Mínguez y Javier Nombela (dos años, un mes y 15 días).

También se librarían el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez (1 años y 10 meses); la mujer de López Viejo, Teresa Gabarra (1 año y seis meses); el extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales (1 año); su hijo Ángel Sanchís Herrero (9 meses); el empleado de las empresas de Correa Ignacio Gallo Alcántara (9 meses); el exalto cargo de la Comunidad de Madrid Jesús Calvo (seis meses); los empresarios Jacobo Gordon (5 meses) y Alfonso García Pozuelo (dos años sustituible por multa); y el exconcejal de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández (11 meses, dos sustituibles por multa).

La consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que el Ejecutivo catalán decidirá qué conseller asistirá a la Conferencia de Presidentes del lunes 26, que se celebrará de manera telemática para abordar el reparto de los fondos de recuperación europeos junto a la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, en función del orden del día.

"Cuando tengamos el orden del día decidiremos quién asiste", ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu al ser preguntado por si tienen decidido si irá el vicepresidente, Pere Aragonès, u otro conseller.

Budó ha asegurado que la Generalitat participará en el encuentro porque quiere "que se pueda escuchar la voz de Cataluña y para expresar la voz de Cataluña" en este debate, pero ha insistido en que todavía no han decidido quién asistirá.

Al no haber presidente tras la inhabilitación de Quim Torra, las funciones de presidente recaen en Aragonès, de manera que en principio le correspondería también la función de representar a la Generalitat en la Conferencia de Presidentes, pero Budó no ha aclarado si participará él u otro conseller.

Tampoco ha concretado qué mecanismo jurídico se utilizaría para delegar la representación de la Generalitat en algún conseller que no fuera Aragonès, que ejerce las atribuciones del presidente tal y como establece el decreto que aprobó el Govern después del cese de Torra.

Budó ha recalcado que, si Torra no hubiese sido inhabilitado, no habría dudas de quién asistiría a la reunión: "Tenemos que recordar que no tenemos presidente. Lo tenemos que hacer visible".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado este martes que la moción de censura impulsada por Vox "de forma unilateral" no tiene como objetivo "cambiar el Gobierno" que dirige el socialista Pedro Sánchez sino que, dentro de la oposición, la formación de Santiago Abascal recupere un "protagonismo" que "está perdiendo".

"Esta moción no es para cambiar el Gobierno, sino para intentar replantear el protagonismo de la alternativa al Gobierno. Es lo contrario a cambiar el Gobierno, lo que se pretende es tratar de modificar el protagonismo de los grupos que conforman la oposición. Eso es una moción de censura más hacia la oposición que hacia el Gobierno", ha esgrimido.

Así lo ha trasladado Feijóo en una intervención ante los medios tras reunirse con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. En ella, ha sido cuestionado acerca de si ve que este es el mejor momento para impulsar una iniciativa censora de este tipo contra el Ejecutivo estatal.

El también jefe de filas del PPdeG ha instado a formular esta pregunta "a quién ha interpuesto" la moción (Vox) y ha recalcado que dicho partido la impulsó "sin hablar con nadie" porque "probablemente le viene bien" aunque, bajo su punto de vista, "al conjunto de los españoles ya no le viene tan bien".

"Hay muchísimos motivos para hacer una moción de censura al Gobierno, pero si queremos ser serios y hacer una propuesta alternativa no podemos hacer lo de este partido que, de forma unilateral, para tener un protagonismo que está perdiendo, busca unos minutos de gloria en el Congreso", ha esgrimido, antes de recordar que España vive una situación de pandemia.

POSTURA DEL PP

"Hay partidos en la oposición mucho más responsables", ha contrapuesto y, preguntado por qué postura debería tomar el PP (abstenerse o votar en contra), ha replicado que es "una cuestión perfectamente diseñada por el grupo en el Congreso", que decidirá cuál es la posición "definitiva" de los populares.

A juicio de Feijóo, el Grupo Popular "tomará la decisión que considere oportuno" ante una moción en la que "no se censura al Gobierno sino a la alternativa del Gobierno".

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid ha criticado la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en plena pandemia y ha subrayado que "internar a personas en esas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y degradante".

Así lo indica en sendas cartas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y al defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán.

La Mesa de la Hospitalidad muestra su "perplejidad" por la decisión del Ministerio del Interior "en unas circunstancias que no son mejores que cuando se cerraron, con un futuro tan incierto y un umbral de incertidumbre tan alto para todos".

También advierte de que los CIE, "como reconoce la Administración, ni siquiera cuentan con la superficie mínima útil para desarrollar ninguna actividad grupal o relacional sin quebrantar la distancia de seguridad", unas condiciones que ponen "en altísimo riesgo la salud de todas las personas internadas, funcionarias, empleadas en diferentes tareas o voluntarias.

En el texto, enviado este lunes 19 de octubre, la Mesa por la Hospitalidad denuncia que el Gobierno ha hecho "oídos sordos a ese clamor" y pide alternativas.

¿Tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas?", se pregunta la Iglesia de Madrid.

La carta termina mostrando "la esperanza de que el Gobierno de España revoque esta decisión" que consideran "tan profundamente contraria a la dignidad humana".

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid está integrada por la Comunidad de Sant'Egidio, Justicia y Paz, Cáritas, Confer Migraciones, Pueblos Unidos, Sercade y la Delegación de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El magistrado Antonio del Moral, que instruye la causa en el Tribunal Supremo contra el secretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha movido ficha tras la incomparecencia este martes del también diputado ante el alto tribunal, donde había sido citado para una declaración voluntaria como investigado en un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad durante una protesta en 2014.

El magistrado ha preguntado a la Fiscalía si ve necesario instar o no el suplicatorio al Congreso para poder investigarle.

El parlamentario anunció ayer, desde el "respeto a los procesos judiciales establecidos" no acogerse al ofrecimiento cursado por el instructor del alto tribunal. "En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica", según explicó ayer Rodríguez a través del partido.

Esta respuesta y la constatación de la incomparecencia del diputado en la sede del Supremo, donde había sido llamado este martes a las 11.00, han motivado que el magistrado haya resuelto solicitar a la Fiscalía que se posicione sobre la conveniencia o no de instar formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputados.

La Sala de lo Penal de este órgano acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

Ahora, el Supremo podría emprender un procedimiento de imputación formal del diputado solicitando al Congreso un suplicatorio para poder investigarle. En la misma situación podría verse el líder del partido, Pablo Iglesias, en el caso de que la Sala de lo Penal del alto tribunal acoja la exposición razonada que ha elevado contra él el juez de la pieza 'Dina', que investigó el robo de datos del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.

Sobre los hechos atribuidos a Rodríguez el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

PROTESTA POR LA LEY WERT

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Según los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

La Fiscalía de Málaga ha acusado a seis trabajadores de una residencia de personas con discapacidad de Málaga capital por el presunto maltrato y coacciones a usuarios supuestamente cometidos en el centro en 2017. Solicita cinco años de prisión para cada uno y acusa a un séptimo empleado por un delito leve de malos tratos.

Los usuarios de la residencia eran personas "con graves discapacidades intelectivas y totalmente dependientes para las tareas de la vida diaria", según dice la fiscal en su escrito de acusación inicial, indicando que los acusados aprovecharon este "especial desvalimiento".

A principios de marzo de 2017, "y ante las sospechas de que los acusados, cuidadores del turno de noche, no estuvieran cumpliendo con sus obligaciones laborales", la dirección de la residencia contrató a una empresa de detectives para comprobar esas sospechas; para lo que colocaron cámaras de video vigilancia.

Tras una primera visualización de las imágenes, la empresa informó a la directora, comprobando ella misma "como los acusados, durante la noche, y guiados por el ánimo de menoscabar la integridad física de los usuarios de la residencia, le infligían un trato denigrante y humillante", dice la acusación pública.

Esto consistía, supuestamente, en "ejercer una violencia física de carácter leve, que no llegaba a causarles lesiones y que se materializaba en propinarles múltiples patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa", indica el escrito de la Fiscalía, adelantado por diario 'SUR', apuntando que se centra en siete internos que fueron víctimas.

Esta situación daba lugar a que en ocasiones los usuarios agredidos "cayesen al suelo, donde eran nuevamente agredidos, sin que, debido a la discapacidad que presentaban, pudieran defenderse o pedir auxilio", añadiendo, presuntamente, "expresiones despectivas tales como 'perro, asqueroso'".

Asimismo, supuestamente, los acusados bloqueaban las puertas emergencia, las de los baños, así como las de algunos dormitorios, "impidiendo que los usuarios que allí dormían pudieran salir", dice el ministerio fiscal, que relata los supuestos actos llevados a cabo por cada uno de los acusados.

La fiscal acusa a seis de los trabajadores por un delito de trato degradante, por el que solicita dos años de prisión para cada uno; por otro coacciones, por el que pide tres años de cárcel; y por cinco de maltrato de obra, por el que solicita el pago de una multa de 9.000 euros. Todos los delitos son con carácter continuado.

Al séptimo de los procesados le acusa únicamente por un delito leve maltrato de obra y pide una multa de 1.800 euros. Además, el ministerio público insta a que se imponga a los acusados el alejamiento de las víctimas y a que las indemnicen en la cantidad que se determine.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la reforma legislativa impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la necesidad de que el Congreso ayude a superar el "bloqueo" con el que el Partido Popular impide la renovación de este órgano.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa este martes tras la reunión del Consejo de Ministros, Montero ha subrayado que la renovación del órgano de gobierno de los jueces "es un mandato constitucional" y el PP "no puede elegir qué leyes cumple y qué leyes incumple".

"Es imprescindible que todos y cada uno asumamos nuestra tarea", también "el principal partido de la oposición", ha añadido al lamentar su actitud "obstruccionista".

Según la ministra, para el Ejecutivo de Pedro Sánchez "es prioritario el diálogo" y sigue abierto a él con el fin de llegar a un acuerdo sobre los nombramientos pendientes en el CGPJ, que deben ser aprobados por el Congreso y el Senado.

IMPULSAR MEDIDAS PARA HACER POSIBLE LA RENOVACIÓN

Pero si la otra parte "no quiere mantener" ese diálogo, "es evidente que es responsabilidad del Gobierno y del legislativo impulsar las medidas correspondientes" para "dar vía libre a la renovación", ha argumentado, indicando que la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos es consecuencia del "bloqueo provocado por el PP".

Así ha respondido la ministra cuando se le ha preguntado por la decisión de las salas de gobierno de tres tribunales superiores de justicia, el de Madrid, Extremadura y Castilla y León, de unirse a las críticas que ha suscitado en el ámbito de la Justicia la anunciada modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de esos dos partidos.

El planteamiento de los dos socios del Gobierno de coalición es que las Cámaras puedan designar a doce de los veinte vocales del CGPJ --los de procedencia judicial-- por mayoría absoluta 48 horas después de una primera votación donde no se alcance la mayoría de tres quintos que exige la ley vigente. Este cambio permitiría que las Cortes aprobaran los nombramientos sin contar con el PP.

Montero ha afirmado que el Ejecutivo siempre ha estado "con la mano tendida" al partido de Pablo Casado para pactar la renovación de ese órgano y seguirán dispuestos a un acuerdo si cambia de actitud.

Ha reprochado al PP que, pese a haber estado "a punto de conseguirlo", en verano decidiera "levantarse de la mesa" al rechazar la presencia de Podemos. "Su premisa era que se rompiera este Gobierno de coalición porque sigue sin reconocer la legitimidad que viene de las urnas", ha manifestado.

LLAMAMIENTO A LOS DEMÁS PARTIDOS

La portavoz ha recalcado la importancia de que las instituciones se renueven para evitar su "deterioro". A su juicio, es necesario que el CGPJ funcione "a pleno rendimiento y con todas sus competencias intactas", algo que ve complicado en un órgano que lleva casi dos años con su mandato caducado.

Es urgente salir de esta situación de bloqueo que dura demasiado y hacerlo de la mejor manera posible", ha defendido, advirtiendo de que, si el pacto con el PP no es posible, las demás fuerzas parlamentarias "tendrán que cumplir con la obligación" de contribuir a "una situación de desbloqueo.

A la pregunta de si Sánchez ha ofrecido directamente a Casado la posibilidad de llegar a un acuerdo si PSOE y Unidas Podemos retiran su reforma, Montero ha contestado que quien lleva los contactos con las formaciones políticas sobre este asunto es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

"Las llamadas y los contactos se producen en esa discreción. Seguimos trabajando para hacer posible el diálogo y, si no es posible, soluciones alternativas para salir de situación de obstrucción", ha explicado.

Un hombre acusado de liderar una supuesta red de narcotráfico en Mallorca ha negado este martes la versión de la Fiscalía y ha asegurado que sus ingresos procedían de la intermediación inmobiliaria.

El hombre se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel y el pago de medio millón de euros de multa por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía le señala como el cabecilla en Mallorca de una trama de internacional de narcotráfico, que presuntamente se nutría de cocaína transportada desde Sudamérica hasta la Península y posteriormente era introducida en la Isla.

La Audiencia Provincial de Baleares juzga desde este lunes y hasta finales de mes a 29 acusados de distintas ramas de la organización, con conexiones en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid. La Fiscalía pide penas que suman 265 años y medio de cárcel y multas por valor de 8,5 millones.

Con todo, en la primera sesión, 14 acusados -entre ellos, el supuesto hombre de confianza del jefe del grupo en Mallorca- reconocieron su implicación en el narcotráfico para obtener rebajas en las condenas.

EL SUPUESTO LÍDER EN MALLORCA NIEGA EL TRÁFICO DE DROGAS

El hombre señalado por la Fiscalía como el presunto líder del grupo en Palma ha negado totalmente cualquier vínculo con redes de tráfico de drogas. El hombre ha asegurado que se dedicaba a la intermediación inmobiliaria, y que en particular se dedicaba fundamentalmente a la venta de hoteles.

Con este argumento ha justificado sus importantes ingresos, puesto que los precios de venta alcanzaban millones y él recibía comisiones de entre el 3 y el 5 por ciento.

Al margen de esta actividad, ha mencionado que "periódicamente bajaba algún coche de Alemania para venderlo aquí [en Mallorca]", y también "subía camiones grúa a Suiza".

El hombre ha afirmado que su relación con otros acusados era profesional y motivada por la actividad inmobiliaria, a la que también ha vinculado sus viajes por la Península.

Por otro lado, ha asegurado que los 15.700 euros que se intervinieron en su domicilio procedían de la venta de un solar y se los habían prestado sus hermanas para "coger una churrería".

Finalmente, el hombre -que sólo ha contestado a las preguntas de su letrado, David Salvà- ha reconocido que consumía cocaína "casi todos los días", así como MDMA y "algún tranquilizante para dormir". En este sentido, ha afirmado que la droga que la Guardia Civil encontró en su casa era "para consumo propio.

'OPERACIÓN TITANUM'

La presunta banda de narcotraficantes fue desarticulada en la 'Operación Titanum' de la Guardia Civil en 2018. Al margen de los acusados que reconocieron este lunes su participación, el resto de procesados han negado la versión de la Fiscalía. La mayoría sólo ha contestado a las preguntas de su propio abogado.

Varios de los procesados han reconocido ser consumidores de droga declarando así que la sustancia incautada en sus casas era para su propio consumo. Algunos de ellos han afirmado tener también actividad en el sector inmobiliario y han indicado que se conocían por este motivo. El resto también ha dado explicaciones de sus ingresos por su actividad laboral.

Uno de los acusados ha mantenido que hacía de chófer para otro y que éste le había pedido transportar unas cajas, dándole indicaciones para que antes llevara el coche a revisar a un taller de confianza. Fue sorprendido en un peaje por la Guardia Civil con varios paquetes de droga ocultos en un doble fondo del vehículo, pero sostiene que no sabía que los llevaba.

Por su parte, el mecánico que revisó el coche ha negado que preparase los compartimentos ocultos en los vehículos del grupo, como sostiene la Fiscalía.

Una mujer con antecedentes ha afirmado no haber tenido nunca vinculación con el tráfico de drogas, pero ha sostenido que fue condenada al acogerse a un acuerdo con Fiscalía en otro procedimiento. Según su versión, renunció a defender su inocencia para evitar que su pareja entrase en prisión.

MACROJUICIO CON DIFICULTADES POR EL COVID

El número de acusados ha dificultado la celebración del juicio puesto que la Audiencia no dispone de una Sala del tamaño suficiente para dar cabida a los procesados y abogados garantizando el cumplimiento de las medidas frente al COVID-19.

El juicio se está llevando a cabo con el uso simultáneo de varias salas, con los abogados sentados en sillas separadas y sin mesa y en una sala diferente a la de sus defendidos. Esto ha suscitado quejas entre varios de los letrados.

Uno de los acusados, al finalizar su declaración, ha aprovechado para dirigirse al Tribunal para pedir mejoras en la prisión ante la situación por el COVID-19.

UN GRUPO INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICANTES

La Fiscalía sostiene en su escrito que los acusados formaban una banda estructurada dedicada al narcotráfico a gran escala, que introducía importantes cantidades de cocaína y hachís en Mallorca. Cabe señalar que ocho de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.

Según el fiscal, la agrupación "tenía una gran estabilidad personal y logística" y habría actuado al menos desde septiembre de 2017 hasta noviembre de 2018, año en el que fue desmantelada por una operación policial.

Siguiendo con la versión del Ministerio Público, la banda se dividía en dos ramas: una asentada en la Península -fundamentalmente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valladolid- y otra en Mallorca.

Presuntamente, la rama de la Península se encargaba de traer a España grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica. Esta droga se distribuía en Madrid y Barcelona a menor escala y también se hacía llegar a Mallorca mediante coches con doble fondo o compartimentos ocultos.

La rama de la Península, estaría a su vez dividida en dos sectores que colaboraban entre sí, uno dirigido desde Sevilla y otro desde Barcelona, con una persona encargada de la coordinación entre ambos. Presuntamente, la droga se traía desde Sudamérica mediante 'mulas' u ocultas en contenedores comerciales en buques de carga.

UNA 'SOCIEDAD PANTALLA' EN PERÚ

El fiscal detalla episodios relacionados con una 'sociedad pantalla' en Perú, que supuestamente se dedicaba al transporte de mercancías del sector primario -como madera, pescado o marisco-, pero sin actividad real. Según el fiscal, era una tapadera para el transporte de droga.

En una de sus operaciones planearon introducir la droga a través de un puerto holandés, para lo que uno de los presuntos miembros de la organización se desplazó a Países Bajos para entrevistarse con personal de confianza. La operación fue frustrada cuando se intervino un alijo que iba a ser embarcado en un contenedor desde Perú, en el marco de la 'Operación Empresarios'.

Presuntamente, el grupo intentó llevar a cabo la importación de droga con hasta 15 contenedores con cocaína oculta. La Fiscalía relata que realizaron una prueba enviando un contenedor sin droga para comprobar que no hubiera fallos de diseño en la operación y que el contenedor no llamaba la atención de las autoridades. En 2019 la policía colombiana detectó un envío de la empresa con destino a Bélgica, con 150 kilos de cocaína.

La presidenta de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Maite Araluce, ha defendido que la verdad de las víctimas del terrorismo es "la única que vale para construir el relato" de lo acontecido.

Araluce se ha referido en estos términos en las sextas jornadas de la AVT, celebradas este martes en un hotel de San Sebastián bajo el epígrafe 'La evolución del terrorismo: de ETA al yihadismo'. El encuentro ha comenzado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del terrorismo.

Posteriormente, han tomado la palabra el presidente de APAVT, Miguel Folguera, y el secretario de Igualdad, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz.

En su intervención, Araluce ha afirmado que "en estos tiempos, en los que se quiere tergiversar el relato de una forma cada vez más evidente", resulta "imprescindible" contar "la verdad". "La verdad de las víctimas del terrorismo, la única que vale para construir ese relato", ha señalado. Además, ha advertido de que "el terrorismo no es algo del pasado".

En este sentido, Folguera ha lamentado "ETA sigue matando conciencias". "Hacen manifestaciones, homenajes y a las víctimas cada vez les cuesta más sensibilizar a la sociedad", ha denunciado.

A su juicio, el relato de las víctimas del terrorismo es "esencial" para que las nuevas generaciones "conozcan la verdad sobre la historia del terrorismo en nuestro país". "Los jóvenes deben conocer de primera mano la realidad del terrorismo para que no se vuelva a producir algo similar", ha insistido.

Rodríguez Ranz, por su parte, ha mostrado su "compromiso", como responsable de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, en "hacer camino" con las víctimas del terrorismo, en su primer acto desde que ocupa este cargo, "sin falsas equidistancias, pero sin cerrar los ojos a todas y cada una de las vulneraciones de derechos y siendo firmes en la defensa del principio de todos los derechos para todas las personas".

Además, ha recordado que este martes se cumplen nueve años desde el anuncio por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada, señalando que "el principio del fin" de la banda terrorista, en realidad data "de años antes", cuando "una gran mayoría de la sociedad vasca, que no había ni justificado, ni comprendido, ni había estado de acuerdo con ETA, rompe su silencio y se enfrenta democráticamente a la sinrazón violenta de ETA".

Rodríguez Ranz también ha lamentado no haber sido "más firme" en la defensa del derecho a la vida y ha considerado que se ha "avanzado mucho a la hora de hacer justicia a las víctimas", entendida ésta como "reconocimiento, memoria, verdad y reparación". Además, ha subrayado que ese camino se ha recorrido "entre todos y todas, instituciones, organizaciones, asociaciones y, muy especialmente, las víctimas".

"DÉFICITS"

Posteriormente se ha llevado a cabo el panel titulado 'Atención integral a las víctimas del terrorismo desde el Gobierno Vasco', en el que la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha reconocido que "en los 60 y 70 hubo déficits en las políticas de víctimas del terrorismo, y por eso se hizo una autocrítica necesaria".

También ha recalcado que en materia de víctimas del terrorismo en el País Vasco "aún queda mucho trabajo por hacer". En el encuentro también se ha hablado sobre 'Momento y contexto social del atentado: consecuencias psicológicas en las víctimas', sobre lo cual la directora gerente de la AVT y doctora en Psicología, Natalia Moreno, ha abordado "las consecuencias psicológicas en las víctimas del terrorismo derivadas del atentado".

"Un porcentaje importante de personas que sufre un atentado terrorista, principalmente víctimas y familiares, sufrirán un trastorno psicológico a largo plazo, siendo el más prevalente el trastorno de estrés postraumático", ha señalado.

LEGISLACIÓN

Asimismo, bajo el título 'La evolución en la asistencia jurídica a las víctimas del terrorismo' la abogada de la AVT, Carmen Ladrón, ha señalado que "las especificidades de las víctimas del terrorismo, tanto desde un punto de vista asistencial como de su simbolismo, requieren una legislación específica tanto procesal como extra procesal".

También se ha referido a los últimos acercamientos de presos de ETA, señalando que "desde el comienzo de los traslados a presos con delitos de sangre, desde la AVT se han realizado 43 contactos con víctimas para informarlas" y de ellas "33 se han mostrado expresamente agradecidas de recibir esa información directamente de la asociación".

Según ha indicado, la AVT se ha personado "en nombre de las víctimas en once expedientes penitenciarios ante el juzgado de vigilancia penitenciaria". Finalmente, se ha presentado la guía 'Buenas Prácticas para la Asistencia Jurídica a las víctimas del terrorismo'.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, de escudarse ahora en el aforamiento que la formación morada "tanto criticaba" y calificaba de "privilegio". Así, ha recalcado que aquello de lo que "tanto renegaba" el partido morado "es lo que hoy está utilizando para protegerse de la acción de la Justicia".

Así se ha pronunciado después de que Rodríguez no haya acudido a la citación cursada por el Tribunal Supremo para que declare, de forma voluntaria, en calidad de investigado por un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad. El diputado sostiene que fue a la manifestación de forma pacífica y que prueba de ello es que no fue detenido ni identificado.

La Sala de lo Penal del Supremo acordó abrir causa al diputado de Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

RECUERDA CÓMO CRITICABA PODEMOS LOS AFORAMIENTOS EN EL PASADO

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha señalado que esa actitud del número tres de Podemos de no acudir a declarar voluntariamente lleva a tramitar un suplicatorio para llevar a cabo esa declaración.

"Podemos siempre ha hecho bandera de que los aforamientos eran un privilegio y si algo está permitiendo que se acoja a no ir voluntariamente a declarar es justo el aforamiento que tanto criticaban y cuestionaban", ha manifestado.

Gamarra ha señalado que se trata del mismo aforamiento que "hoy está permitiendo que el vicepresidente del Gobierno de España", Pablo Iglesias, que está "señalado por la Justicia", no esté "todavía imputado por cuatro delitos como establece la resolución del juez de la Audiencia Nacional".

Es más, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha subrayado que este mismo martes la Comisión Constitucional de la Cámara ha acogido un debate sobre aforamientos en relación con un Estatuto de Autonomía pero Podemos no ha asistido. "¿Y por qué no asiste? Debe dar una explicación porque aquello de lo que tanto renegaba es lo que hoy está utilizando para protegerse de la acción de la Justicia", ha concluido.

La Mesa del Congreso ha decidido finalmente no subir el sueldo de los diputados en 2021, un incremento que estaba previsto en el Presupuesto de la Cámara aprobado este martes, pero que al final ha quedado descartado tras haber sido cuestionado públicamente por el PP y Vox y después de que la Mesa del Senado haya decidido congelar las retribuciones de los senadores.

Según han informado fuentes parlamentarias, en una primera reunión, el órgano de gobierno de la Cámara Baja aprobó sus cuentas para el año que viene, que inicialmente preveían una subida del 0,9% en las retribuciones del personal de la Cámara, aplicable también a los diputados. El Presupuesto fue aprobado con los votos de PSOE, Unidas Podemos y el PP y el único voto en contra de Vox.

Eso sí, en esa primera reunión, el PP y Vox se mostraron contrarios a incrementar el sueldo de sus señorías --aunque sí avalaron subírselo al personal de la Cámara--. Unidas Podemos asegura que también manifestó verbalmente su oposición en la reunión del órgano de gobierno de la cámara.

UNA SEGUNDA REUNIÓN PARA RECTIFICAR

Pero, tras conocerse también que el incremento salarial para los senadores no había salido adelante en la Mesa del Senado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió reunir de nuevo a sus compañeros de Mesa para que las dos instituciones llevaran una posición consensuada en la reunión conjunta para aprobar los presupuestos de las Cortes Generales.

Y ha sido en esa segunda reunión donde, ya por unanimidad de PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, se ha decidido mantener congelado para el año que viene el sueldo de los diputados.

El Congreso viene prorrogando sus presupuestos desde 2018, obligado por la prórroga que desde entonces se ha aplicado también a los Presupuestos Generales del Estado, pero eso hasta ahora no era obstáculo para aplicar a sus señorías la subida salarial pacatada para los funcionarios.

En enero de 2019, entonces con Ana Pastor al frente de la Cámara Baja y mayoría de PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso acordó aplicar a los diputados la subida salarial del 2,25% prevista para los funcionarios, sin esperar a que hubiera Presupuestos Generales de 2019. De hecho, al final ese proyecto fue derrotado provocando la convocatoria de elecciones y en cambio el sueldo de los parlamentarios se subió.

Y el pasado mes de febrero, justo antes del estallido de la pandemia de coronavirus, el Congreso ya con Meritxell Batet de presidenta trasladó a su personal y a los diputados la subida salarial del 2% acordada para los empleados públicos de la Administración General del Estado, un incremento que el Gobierno también se aplicó mediante decreto ley.

CRUCE DE TUITS

En el periodo de tiempo que ha mediado entre las dos reuniones que ha celebrado este martes la Mesa del Congreso, diputados de PP, Vox y Unidas Podemos han utilizado sus cuentas de Twitter para marcar posición sobre esta cuestión.

Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha escrito el siguiente mensaje: "Hoy el PP ha votado en contra de subir el sueldo a los diputados. En el Senado hemos conseguido sumar una mayoría para evitarlo. En el Congreso, PSOE y Podemos han votado a favor de la subida. Suben la cuota a los autónomos y aún quieren subirse ellos el sueldo. Indignante".

Pero el secretario tercero de la Mesa, Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, le ha acusado de mentir: "Teodoro miente. Unidas Podemos se ha manifestado contra la subida de las retribuciones a las diputadas y diputados. Finalmente, y tras el debate pertinente, la Mesa del Congreso no aprobará dicha subida. Que alguien informe bien a Teo", ha escrito también en Twitter.

Y en términos similares se ha pronunciado en la misma red social el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, incidiendo en que su grupo "desde el principio" se había manifestado en contra de la subida para los diputados y anunciando que acababa de "acordar" con el Grupo Socialista no aplicarla.

Según ha detallado después en rueda de prensa, ha aprovechado la reunión de la Junta de Portavoces --que ha tenido lugar entre las dos reuniones de la Mesa-- para trasladar al secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, que Unidas Podemos era partidaria de congelar las retribuciones de sus señorías. "Él estuvo de acuerdo y, a partir de ahí, se tomó la decisión definitiva en la Mesa", ha relatado Echenique.

Y también ha terciado, primero en Twitter y después en comparecencia pública, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, cuyo partido no tiene asiento en la Mesa. A su juicio, "es una vergüenza", un "bochorno" y un "despropósito" que se haya siquiera planteado la subida "en medio de una crisis sin precedentes que está machacando a autónomos, trabajadores y familias". Este tipo de actuaciones, ha avisado, explica la creciente desafección ciudadana hacia la política.

Esta cuestión también ha provocado un cruce de tuits entre la secretaria general de Vox, Macarena Olona, y la diputada del PP Ana Beltrán. La dirigente de Vox ha puesto de relieve, como también ha hecho luego Iván Espinosa de los Monteros en rueda de prensa, que su grupo había sido el único que había votado en contra del Presupuesto que incluía la subida para los diputados y una partida adicional de dos millones para retribuciones de los miembros de las nuevas comisiones creadas en la Cámara.

"Señora Olona, la mentira es mala en la vida y en la política. El PP ha votado en el Senado y en el Congreso en contra de subir el sueldo a los diputados. Ustedes siempre igual. Infórmese y rectifique", le ha replicado Ana Beltrán

Andalucía suma este martes 20 de octubre 42 muertos en 24 horas, récord en la segunda ola tras el dato del 13 de octubre (41 fallecimientos), según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 2.412 positivos de coronavirus (Covid-19) confirmados por PCR y test de antígenos, cuarta mayor cifra de contagios diarios y la peor en un martes.

Nuevamente, Granada y Sevilla suman casi la mitad de los contagios de la jornada, la primera con 685 y la segunda con 653. Les siguen Málaga con 311, Córdoba con 248, Cádiz con 223, Jaén con 170, Almería con 71 y Huelva con 51. Destaca respecto del lunes que Málaga desbanca a Jaén como la tercera provincia con más contagios diarios.

Los 2.412 positivos de este martes es la cuarta cifra más alta tras los 2.577 del día 18, los 2.725 del día 17 y los 2.928 del día 16.

De las 42 muertes que se han contabilizado, Jaén ha sido la que más concentra con 15, seguida de Sevilla con siete y Granada con seis. Detrás van Cádiz con cinco, Málaga y Córdoba con cuatro cada una, y Almería con una, mientras que Huelva no registra.

Por otro lado, los hospitales andaluces han aumentado este martes 20 de octubre su presión asistencial con 1.506 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), 108 más en 24 horas y 354 más que hace una semana, y de los que 193 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), cinco más que la víspera y 33 más que hace siete días.

Sevilla repite como la provincia con más hospitalizados con 473, de los que 53 están en UCI, seguida de Granada con 306, 35 en UCI; Málaga con 172, 29 en UCI; Cádiz con 154, 21 en UCI; Jaén con 150, 20 en UCI; Córdoba con 147, 17 en UCI; Almería con 58, 13 en UCI; y Huelva con 46, cinco en UCI.

DOS MUERTOS EN RESIDENCIAS Y UNO EN UN CONVENTO

La situación más preocupante sigue concentrada en las residencias de mayores, donde este martes la Consejería de Salud notifica dos fallecimientos, uno en la Residencia Miramar de Algeciras (Cádiz), que acumula así dos fallecimientos y 56 casos confirmados, y otro en la Residencia Los Olivares de La Carolina (Jaén), centro que afronta su primer brote y donde hay 36 casos.

Por otro lado, el Convento de Santa Ángela de Sevilla se mantiene con 95 casos confirmados y se ha notificado la primera muerte de una monja por coronavirus en las últimas 24 horas.

Además, se han declarado otros tres nuevos brotes en la Residencia Jesús Nazareno de Córdoba, con 18 casos (15 residentes y tres trabajadores); en la Residencia Entreálamos de Atarfe (Granada), con 26 positivos (siete residentes y 19 trabajadores); y en la Residencia La Torre de Caniles (Granada), con 12 afectados (once residentes y un trabajador).

Asimismo, en la Residencia NS Misericordia de Loja (Granada) aumentan a 49 los casos (36 residentes y 13 trabajadores); en la Residencia Alicante de Peligros (Granada), a 24 (15 residentes y nueve trabajadores); y en la Residencia Sanitas de Linares (Jaén), a 14 casos (once residentes y tres trabajadores).

Por otro lado, se ha declarado un brote en el Hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera (Cádiz) con 19 casos confirmados, el brote declarado en la residencia de estudiantes Les Roches de Marbella (Málaga) sube a 29 casos confirmados y en el Centro de Discapacitados Zaytum de Linares (Jaén) hay 16 casos confirmados.

PEOR CIFRA EN MARTES

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 97.793 casos confirmados por PCR, 2.412 en 24 horas, y ha alcanzado las 2.211 muertes tras sumar 42 en 24 horas.

El número de casos supone la peor cifra un martes, por encima de los 879 del día 13, los 1.788 del día 6, los 1.236 del 29 de septiembre, los 1.536 del día 22 y del resto de martes en la segunda ola.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 11.675, hasta 162 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.174, tras sumar seis en 24 horas, y el número de curados alcanza los 42.696 --801 más en 24 horas--.

HASTA 15 MUERTOS EN JAÉN

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.211 muertes desde el inicio de la pandemia --42 más en 24 horas--, Sevilla con 454 --siete más-- y Málaga con 450 --cuatro más-- se sitúan como las provincias con más fallecidos, seguidas de Granada con 386 --seis más--, Cádiz con 255 --cinco más--, Jaén con 251 --15 más--, Córdoba con 219 --cuatro más--, Almería con 130 --una más-- y Huelva con 66.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 97.793 desde el inicio de la pandemia --2.412 más en 24 horas--, liderados por Sevilla, que alcanza los 21.793 casos --653 más--, seguida de Málaga con 19.691 positivos --311 más--, Granada con 15.412 --685 más--, Córdoba con 10.481 --248 más--, Almería con 9.543 --71 más--, Cádiz con 9.654 --233 más--, Jaén con 8.777 --170 más-- y Huelva con 2.451 --51 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 11.675 --162 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 2.577 --22 más--, seguida por Sevilla con 2.599 --27 más--, Granada con 1.853 --34 más--, Jaén con 1.237 --35 más--, Córdoba con 1.174 --16 más--, Cádiz con 1.103 --14 más--, Almería con 805 --siete más-- y Huelva con 327 --siete más--.

De ellos, 1.168 han pasado por la UCI en Andalucía, cuatro más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 245 --uno más--, seguida de Sevilla con 228 --dos más--, Granada con 165, Córdoba con 139, Cádiz y Jaén con 124, Almería con 107 y Huelva con 36.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 42.696 en toda la región tras sumar 801 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 11.069 --297 más--, seguida de Almería con 7.205 --193 más--, Sevilla con 6.906 --46 más--, Granada con 4.693 --65 más--, Cádiz con 4.406 --103 más--, Córdoba con 3.922 --26 más--, Jaén con 3.642 --64 más-- y Huelva con 853 --siete más--.

La Conselleria de Calidad Democrática sancionará a las personas que exhibieron banderas franquistas o símbolos nazis en la manifestación de ultraderecha del pasado 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, en el barrio de Benimaclet en València.

"Las vulneraciones a la Ley de Memoria son punibles y serán sancionadas", ha garantizado la consellera, Rosa Pérez Garijo, en declaraciones a los medios tras analizar el uso de simbología preconstitucional en esta marcha con la delegada de Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero.

Delegación del Gobierno facilitará toda la información sobre los manifestantes que exhibieron banderas franquistas y otros elementos de simbología nazi, lo que supone una clara vulneración de la ley valenciana de 2017 de memoria democrática y para la convivencia.

Cuando tenga las identificaciones, la Generalitat procederá al cumplimiento de la ley, en base al proceso que inició el día siguiente de la marcha. Hay sanciones leves, graves y muy graves, con lo que "hay que ver hasta dónde pueden llegar, pero los técnicos dicen que sí es punible", ha remarcado la consellera.

Por su parte, la delegada ha defendido que salga adelante la nueva ley española de memoria histórica para que "cualquier hecho sea punible desde todas las administraciones y no sea objeto de interpretación por parte de nadie". Aunque la normativa estatal actual no permite sanciones para estos manifestantes, ha remarcado que hay "resquicios" en las leyes autonómicas como la valenciana.

DELEGADA DE GOBIERNO: "LA DEMOCRACIA NO EXCLUYE A NADIE"

Ante las críticas por permitir la marcha de ultraderecha, la representante del Gobierno ha recordado que manifestarse es un derecho fundamental: "La democracia nos ampara a todos, no excluye a nadie".

Es más, ha puntualizado que Delegación solo puede prohibir este tipo de marchas si hay un informe sanitario o de seguridad en contra. "La Policía se aseguró de que no hubiera altercados mayores, y al final no hubo ninguno", ha recalcado, con "más de 400 agentes velando por el derecho fundamental a manifestarse".

Calero ha sostenido que estos policías estaban "más pendientes de la seguridad de todos que de las banderas que podían llevar". Tanto ella como la consellera han coincidido en la necesidad de formar a los efectivos de seguridad en memoria democrática al igual que se hizo en igualdad de género.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho no entender los "titubeos" que, a su juicio, está mostrando el PP ante la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha avanzado que sería "una gran noticia" que Esquerra Republicana (ERC) o Bildu acabaran abandonando el hemiciclo para no participar en el debate de la moción. "Si nos dejan más sitio, mejor para nosotros", ha dicho.

En rueda de prensa en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha cuestionado que el PP se dedique a "contemplar" la situación a la que está llevando el país el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos en lugar de adoptar una postura "proactiva".

Por eso, ha cuestionado que no aclaren qué votarán el jueves en la moción de censura, ante la que se debaten entre el 'no' y la abstención. "Esos titubeos se comprenden poco ante una cuestión troncal, como es quién lidera España", ha aseverado.

Frente a las críticas de Pablo Casado a una moción que, según el líder del PP, no vale "nada", el dirigente de Vox ha reiterado que ésta está más justificada que nunca porque España tiene la "maldición" de estar gobernada por quien peor ha gestionado la pandemia del coronavirus y también la crisis económica y social derivada de la misma.

Pero es que Espinosa de los Monteros ha censurado también al Gobierno por sus "ataques" a las instituciones como la Jefatura del Estado, por sus "interferencias" en el Poder Judicial y por el "serio" riesgo de descarrilamiento al que está llevando a la economía, lo que podría traer consigo en 2021 la insolvencia del país.

URGE UN CAMBIO DE GOBIERNO

Éstas son algunas de las cuestiones que expondrán este miércoles en el Pleno del Congreso el diputado de Vox y candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga, para justificar la presentación de esta moción de censura, que lo que persigue es un cambio de gobierno "cuanto antes" porque "nunca" ha estado el país ante una situación sanitaria, económica, social e institucional "tan delicada".

Tras la intervención de Garriga, llegará el turno del candidato de la moción y líder de Vox, Santiago Abascal, que presentará su alternativa para "cambiar el rumbo" del país y evitar "el choque con el iceberg".

En este punto, Espinosa de los Monteros ha avanzado que Abascal va a ser "novedoso" en las propuestas que ponga encima de la mesa y que su intervención será "sorprendente" para aquellas personas que no hayan tenido ocasión de escucharle hablar de los temas más variados.

"NINGÚN INTERÉS" EN DIALOGAR CON ERC O BILDU

Preguntado sobre la posibilidad de que ERC o Bildu hayan intentado boicotear el debate la moción sugiriendo la posibilidad de no intervenir en el mismo, Espinosa de los Monteros ha respondido que sería "una gran noticia" que así fuera porque su partido ni tiene "ningún interés" en dialogar con quienes quieren romper la unidad de España o imponer la "dictadura del proletariado".

En este punto, y en relación con la idea de Bildu de exportar al Congreso el cordón sanitario a Vox que se ha impuesto ya en el Parlamento vasco, Espinosa de los Monteros ha dicho que lo que le parece de "una enorme gravedad" es que el PSOE, que ya apoyado esa idea en la Cámara autonómica, se sienta más cercano de "los herederos de los terroristas" que de un partido constitucionalista como Vox.

Navarra registró este lunes 578 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 4.156 pruebas por PCR y por test de antígenos, con un 13,9% de positivos.

En la jornada de ayer, en los hospitales navarros, se produjeron 34 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, ninguno de ellos en la UCI. También se registraron cinco fallecimientos por COVID-19, tres hombres de 82, 85 y 86 años y dos mujeres de 96 y 102 años, respectivamente, por lo que el número total de muertes por esta causa se sitúa en 656.

Según ha informado el Gobierno, Navarra continúa siendo, una semana más, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de COVID-19 realiza en relación a su población: 480,39 por cada mil habitantes. La media estatal se sitúa en las 247,05 por cada mil habitantes.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 61% de los positivos, el área de Tudela tiene el 23%, y a la de Estella pertenecen el 4% de los casos. El resto de positivos (12%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años, con el 25%, y el de 30 a 44 años, con el 22% del total. A continuación, está el grupo de 15 a 29 años, con un 21%; luego, el grupo de menores de 15 años, con un 14%; le sigue el grupo de 60 a 75 años, con un 12%; y, finalmente, el de mayores de 75 años, con el 6%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en 40,6 años.

Respecto al género, los casos se reparten por igual entre hombres y mujeres, con el 50% cada grupo.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 309 personas ingresadas con COVID-19 (13 más que ayer), 38 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una más que ayer) y otras 46 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 225 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario y ocupan espacios COVID-19.

Respecto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, si se suman los casos de ayer, a día de hoy, se sitúa en 25.981.

Ante la alta incidencia de casos positivos, el Gobierno de Navarra adelantó este lunes una serie de medidas extraordinarias que se pondrán en marcha a partir de las 00 horas del jueves, 22 de octubre, y que han sido recogidas en una Orden Foral que saldrá publicada mañana en el BON.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a 20 años de prisión por un delito de asesinato al acusado de matar a golpes a una mujer de 85 años en la localidad cacereña de Cabezabellosa.

El condenado, que fue declarado culpable por el Tribunal de Jurado, entró a la fuerza en la vivienda de la anciana para buscar una posible droga que pudiera tener allí el hijo de ésta, apunta en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Asimismo, tendrá que cumplir la medida de seguridad de libertad vigilada durante diez años una vez haya cumplido la privativa de libertad.

El juez, en la sentencia, le aplica la atenuante analógica de alteración psíquica y de confesión.

Además, le condena por el delito de allanamiento de morada a la pena de seis meses de prisión, así como el pago de una indemnización de 20.000 euros para cada uno de los hijos y a los herederos una suma de 30.000 euros.

Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando a las 2 de la madrugada el acusado se dirigió a la vivienda de la mujer y al no abrir la puerta la golpeó con un bloque de hormigón.

Cuando la anciana se acercó a la puerta el hombre la golpeó cayéndola de espaldas. Acto seguido entró en la vivienda para dirigirse a la habitación de un hijo de esta a buscar droga que pudiera tener allí guardada, señala el TSJEx.

El acusado bajó las escaleras y comenzó a golpear a la mujer causándole politraumatismo craneal, facial y fractura de la base del cráneo y hemotórax izquierdo severo, lesiones que le causaron la muerte.

La sentencia indica que el acusado se encontraba en el momento de los hechos afectado por un trastorno psicótico inducido por el consumo de sustancias (cannabis y speed), a las que era adicto desde hacía años, teniendo disminuidas por tal motivo de modo leve sus facultades intelectivas y volitivas.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La confederación Plena inclusión ha exigido al Ministerio de Educación y FP medidas de apoyo para paliar el efecto negativo generado por la pandemia en el desarrollo educativo de los alrededor de 722.000 estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) que cursan educación obligatoria en España.

Según denuncian, el alumnado con necesidades especiales debe enfrentarse, en mayor grado que la mayoría de sus compañeros, a la brecha económica, social y tecnológica y, además, carece de los suficientes apoyos de accesibilidad cognitiva y apoyos personales para ser compensada.

"Se trata de un grupo extremadamente vulnerable cuando las clases no son presenciales", advierten desde Plena Inclusión.

FALTA DE SEGUIMIENTO

En un documento que han entregado al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, señalan que hay "constancia que la inmensa mayoría del alumnado con NEE ha sufrido una falta de seguimiento y continuidad en tratamientos específicos de logopedia, fisioterapia, psicología, psiquiatría que son esenciales para mantener la evolución y el equilibrio en su proceso educativo".

También destacan que el 83% del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo, más de 183.200 menores, está escolarizado en escuelas ordinarias, y el 17% está matriculado en alguno de los 473 centros educativos específicos donde estudian más de 37.000 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

"La situación del Covid19 ha puesto de manifiesto las enormes dificultades que tiene el sistema educativo para asegurar que los 8 millones de estudiantes que cursos educación obligatoria en España disfruten de las mismas oportunidades, independientemente de sus necesidades y situación", ha señalado el presidente de Plena Inclusión España, Santiago López.

Vox ha asegurado que acudirá al Tribunal Constitucional si el Congreso rechaza el suplicatorio que previsiblemente cursará el Tribunal Supremo al Congreso para poder interrogar al diputado de Unidas Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Alberto Rodríguez, en calidad de investigado por un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.

Así lo ha trasladado la secretaria general de Vox en la Cámara, Macarena Olona, durante la reunión de la Junta de Portavoces y así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros.

El Supremo acordó abrir causa a Rodríguez después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

Y este martes lo había citado a las once de la mañana, pese a que el propio Rodríguez ya manifestó este lunes su decisión de no acudir ante el Alto Tribunal "desde el respeto a los procesos judiciales" y tras negar haber cometido los hechos por los que se le va a investigar.

Ante la posibilidad de que el magistrado que lleva su caso solicite el correspondiente suplicatorio al Congreso para poder interrogarle, Olona ha aprovechado la Junta de Portavoces para advertir de que si el Pleno del Congreso lo acaba rechazando, Vox sí llevaría el asunto ante el Tribunal Constitucional.

"Lo correcto es que (Rodríguez) acuda al Supremo y si no lo hace voluntariamente y esta casa (Congreso) no atiende el suplicatorio, Vox irá al Constitucional para que se cumpla el procedimiento legalmente establecido", ha apostillado Espinosa de los Monteros, quien no ha querido entrar en si son o no ciertos los hechos por los que se le pretende investigar.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha tomado conocimiento este martes de la propuesta de ley presentada el 13 de octubre de 2020 por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, en la que se articula, junto a otras medidas, una "profunda reforma" del sistema de elección de los miembros de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la que se ha mostrado en contra.

Junto a ello, el alto tribunal andaluz ha instado a los responsables políticos a alcanzar los oportunos acuerdos, "apartándose de soluciones que mermen aún más la independencia del CGPJ y las garantías inherentes al principio de separación de poderes".

Así lo señala el TSJA en un comunicado en el que indica que "aceptando la premisa de que al legislador le compete determinar el modo de elección de los vocales de extracción judicial", la propia sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de agosto de 1986 a la que aluden los proponentes "fija criterios mínimos que amparan la designación parlamentaria, destacando de modo expreso en su fundamento decimotercero la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos de cada cámara para tal elección".

"Es claro que en estas condiciones la pretensión de que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por una simple mayoría absoluta se aleja de modo radical de la doctrina constitucional, quebranta los presupuestos que legitiman la elección parlamentaria de estos vocales, compromete la independencia del consejo general del poder judicial y lesiona de modo inadmisible la imagen de independencia del poder judicial", agregan desde el alto tribunal andaluz.

Así, y aunque la Sala de Gobierno del TSJA se muestra consciente de que "resulta preciso desbloquear la renovación de todos los vocales que integran el CGPJ, no sólo los de extracción judicial, y que es inexcusable apartar este órgano de cualquier confrontación política", mantiene que "la respuesta a esta necesidad no puede darse con medidas que le hacen más vulnerable a la politización al CGPJ e inciden negativamente en el desempeño de las funciones constitucionales a las que viene llamado".

Por todo ello muestra su rechazo a la propuesta de reforma presentada, en lo relativo al modo de elección de vocales, al tiempo que insta a los responsables políticos a alcanzar los oportunos acuerdos, apartándose de soluciones que mermen aún más la independencia del CGPJ y las garantías inherentes al principio de separación de poderes.

El periodista Esteban Hernández publica 'Así empieza todo' (Ariel), un análisis de algunos de los principales acontecimientos ocurridos en el siglo XXI que, a su entender, han contribuido en convertir a la clase media en "la gran perdedora de estos tiempos".

"La clase media es la gran perdedora de estos tiempos. La situación de hace unos años daba cierta estabilidad en la vida de las personas, en el sentido de que podían trazar proyectos vitales. Todo eso desaparece y no se trata de que se tenga más o menos dinero o la vida guste más o menos, sino de que se ha perdido la posibilidad de diseñar tu propia vida. Y eso tiene consecuencias graves", ha explicado en una entrevista con Europa Press el analista.

Hernández cree que es una situación que viene produciéndose desde hace cerca de media década. "Si nos fijamos en las diferentes crisis que hemos venido sufriendo desde hace 40-45 años, cada una de ellas ha profundizado en los males que nos aquejaban", ha lamentado, poniendo como ejemplo la más reciente.

"La crisis de 2008 deterioró a clases medias trabajadoras y favoreció a ámbitos como el financiero, a pesar de que había sido causada por una mala crisis. En esta, la reacción está siendo prácticamente la misma en Occidente, lo cual nos lleva a pensar en una horrible identificación de problemas", ha indicado.

'Así empieza todo' lleva como subtítulo 'La guerra oculta del siglo XXI', algo que remite a esas luchas por la hegemonía mundial que hoy más que nunca está enfocada en dos grandes potencias: Estados Unidos y China. No creo que vaya a haber un cambio ahora de la hegemonía a favor de China, pero está bien recordar que los periodos hegemónicos dejan de serlo cuando los líderes sucumben a sus debilidades internas", ha afirmado el jefe de opinión del diario 'El Confidencial.

Estados Unidos tiene una situación interna bastante débil y eso puede tener consecuencias, pero es verdad que China no tiene suficiente músculo ahora para enfrentarse a este país y salir ganando. Dentro de 10 o 15 años, veremos", ha alertado, poniendo el foco en la actual política del país estadounidense. "Ha dado un paso atrás para fortalecerse y ha obligado a restablecer la relación con sus socios para que sea más positiva para ellos", ha añadido.

La crisis del coronavirus ha alterado todo el ecosistema mundial y Hernández no evita analizar en su libro la irrupción de este nuevo agente, que ha traído además un aumento de la polarización política. "Eso no me interesa porque es un elemento enormemente banal, que nos impide ver los problemas de fondo", ha defendido.

"Es la excusa que se pone y también una demostración de que la articulación política se basa en una oferta de los males de los contrarios. Ahora ganar las elecciones no es tanto por generar un programa que haga ilusión, sino porque tu campaña se basa en lo malos que son los otros e impedir que suba al poder", ha explicado Hernández.

Preguntado respecto al futuro de España a la conclusión de esta crisis, el periodista cree que el sur de Europa --y "especialmente" España-- va a salir con "un lugar muy subordinado" en el contexto mundial. "Somos un país de servicio y turismo, con poca presencia internacional y lo lógico sería tener un plan para fortalecer el país. Pero no lo hay y vamos a salir más dañados de la crisis", ha concluido.

Un total de 117 docentes y 1.125 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 475 personas --33 docentes y 442 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 188 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone ocho nuevos positivos --tres docentes y cinco alumnos--, con respecto al último balance aportado por la Comunidad este lunes.

La Consejería recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 117 docentes aislados representan el 0,43% del total, y los 1.125 alumnos, el 0,40%.

En concreto, un total de 2.351 estudiantes y 252 profesores aislados han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, el Colegio concertado Cristo Crucificado (Santo Ángel-Murcia) ha registrado un docente positivo y un total de 7 aislados: el positivo y 6 alumnos (Aula de Infantil); mientras que el Colegio público San Antonio (Torre Pacheco) ha sumado 1 docente positivo y un total de 20 aislados: el positivo, 18 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil).

El IES Antonio Hellín Costa (Puerto de Mazarrón) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 6 aislados: el positivo y 5 alumnos; mientras que el Colegio público Federico de Arce (Murcia) ha registrado 1 docente positivo y un total de 11 aislados: el positivo, 7 alumnos y 3 docentes (Aula Abierta).

El Colegio público Gloria Fuertes (El Palmar-Murcia) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 3 aislados: el positivo y 2 alumnos; mientras que el Colegio concertado San Buenaventura (Murcia) cuenta con 1 alumno positivo y un total de 16 aislados: el positivo, 14 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil).

Finalmente, el Colegio público Ciudad del Mar (Águilas) ha registrado 1 alumno positivo y un total de 26 aislados: el positivo, 24 alumnos y 1 docente (Aula de Infantil); y el Colegio público El Molinico (La Alberca-Murcia) cuenta con 1 alumno positivo y un total de 27 aislados: el positivo, 24 alumnos y 2 docentes (Aula de Infantil).

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 24 años acusada de haber fingido dos episodios de abuso sexual mediante tocamientos y el robo violento de 13.000 euros, si bien acabó reconociendo la falsedad de su relato inventado "para llamar la atención de su novio y justificar la falta de devolución de un dinero que le debía".

La detenida, de nacionalidad española, realizó dos denuncias falsas por agresiones sexuales mediante tocamientos, lesiones de carácter leve provocadas con un destornillador así como el robo mediante violencia e intimidación de dos teléfonos móviles y más de 13.000 euros en efectivo que, tras la investigación policial, resultaron ser falsas.

La primera de ellas la presentó el pasado 8 de septiembre, cuando manifestó que días antes, por la mañana, cuando corría por la vía pública por la zona del Serrallo fue atacada por la espalda por un varón que le pasó una cuerda por el cuello, le oprimió durante varios minutos mientras también la agredía sexualmente con tocamientos y le sustrajo su teléfono móvil.

Varias semanas después, mientras los policías se encontraban llevando a cabo las gestiones de investigación, la mujer se personó nuevamente en comisaría, para denunciar un nuevo ataque violento.

En esta ocasión relató cómo el mismo desconocido se le acercó por la espalda cuando caminaba por otra calle próxima al lugar del primer suceso, la sujetó contra la pared donde utilizó un destornillador para romperle varias prendas de ropa y producirle diversos arañazos por varias partes de su cuerpo.

Afirmó que le había realizado nuevamente tocamientos de carácter sexual y le sustrajo su cartera con diversos efectos, otro teléfono móvil y una cantidad de dinero que superaba los 13.000 euros que decía haber sacado de su entidad bancaria.

La mujer se personó las dos veces en los servicios hospitalarios de urgencias de la ciudad donde fue atendida y explorada por facultativos médicos quienes le expidieron sendos partes de asistencia por heridas leves y un cuadro de ansiedad.

En ambas ocasiones los agentes siguieron el protocolo de actuación respecto de las víctimas de delitos violentos y sexuales y le informaron de los derechos, ayudas públicas y asistencias a su disposición como víctima de los episodios denunciados.

En este tiempo los policías recibieron nuevas denuncias por parte del novio de la víctima por recibir mensajes en su teléfono móvil desde uno de los teléfonos sustraídos a la mujer que insultaban y amenazaban gravemente con atentar nuevamente contra la vida e integridad física de ambos. El denunciante manifestó estar padeciendo una gran inseguridad y dijo que la situación era insostenible para ambos.

MINTIÓ

Según se desprende de la investigación, la denunciante habría mentido en todas sus denuncias. Al parecer perdió su teléfono móvil y dijo que se lo habían robado durante una agresión sexual.

La joven formuló la denuncia ante los agentes de la Policía Nacional por indicación de su novio quien desconocía la falsedad del testimonio. La segunda denuncia la realizó para justificar la falta de devolución de un dinero que le debía a éste.

También fue la fémina quien envió los mensajes de contenido insultante y amenazante a su novio, al parecer con la intención de dar credibilidad a su historia y para desviar la atención del chico sobre el asunto del dinero y conseguir su atención.

La arrestada mostró su arrepentimiento por sus actos ante los policías quienes ya han comunicado el resultado de las investigaciones a la autoridad judicial.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantenido este viernes que es "hora de pasar a la acción" y apostar "por la ciencia, por la investigación y por el emprendimiento innovador" porque, ha advertido, "en ello nos va la vida".

Puig, en su discurso en el acto de proclamación de los ganadores de los galardones Jaume I, ha admitido que "las instituciones en su conjunto hemos fallado" porque "no atendimos suficientemente la obligación de dar una respuesta científica, como llevaban estos Premios tres décadas avisándonos, para tener un futuro más justo, avanzado y sostenible".

"Todos debimos oírles más, oírles mejor, pero no es hora de lamentos sino que hay que pasar a la acción y ahora, 32 años después, necesitamos prestigiar a la ciencia y a la investigación desde una visión colectiva para salir mejores y más fuertes de esta difícil coyuntura", ha constatado.

Así, Puig ha señalado que "hemos comprobado a golpe de fuerza" la "descarnada urgencia del presente", de encontrar una vacuna que "nos proteja la salud y nos permita recuperar el bienestar", lo que necesita "mucho esfuerzo, financiación y apoyo" para salvar nuestro sistema que se ha caído "como un castillo naipes por un efecto mariposa: en el otro confín alguien ingiere un animal infectado y desencadena un millón de muertes y consecuencias económicas incalculables.

Por ello, ha defendido que "la única respuesta válida" a la pregunta que se formulan la Fundación Jaume I de si habrá vacuna para nuestra ciencia, es que "debe haberla", debe haber esa vacuna en forma de "retener el talento de nuestros científicos, llegar a un 2% del PIB real para ciencia y eliminar las trabas burocráticas y facilitar el emprendimiento.

"Se han acabado las excusas por decencia y por inteligencia", ha recalcado Puig, que ha advertido: "en la ciencia debemos sembrar ya para poder recoger cuando sea perentorio. De lo contrario, la cosecha no llegará a tiempo".

En ese sentido, ha señalado que la ciencia y la innovación deben ser la otra pata "fundamental" del Estado del bienestar junto a la educación, sanidad, dependencia y las pensiones, porque, ha argumentado, "la ciencia salva vidas, familias, empleos y sociedades".

PROGRESO SIN ATAJOS

Puig ha reclamado no caer en el "derrotismo ni en la resignación", y ha recordado que Marie Curie ya avisó de que "el camino del progreso no es rápido ni fácil". "Es cierto --ha constatado el president-- no será rápido ni fácil levantarnos de este golpe recibido. Pero no hay atajos al progreso".

En ese sentido, ha recordado que la Comunitat Valenciana ha aumentado su número de investigadores un 11% en tres años, más de 1.200 investigadores nuevos de refuerzo, y que en 2018, último dato oficial, se destinó el 1,05% de nuestro PIB en I+D+i. "Hemos avanzado, pero todavía queda mucho camino por recorrer", ha evidenciado.

Además, ha recordado que se implantarán medidas pioneras como la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial o como el Plan GenT, con el que se ha atraído a 51 investigadores de excelencia a la Comunitat, se creará una institución valenciana de excelencia internacional con sede en Castelló, que se extenderá por todo el sistema científico para atraer talento de investigadores, y la Agència Valenciana de la Innovación, con 27,1 millones de presupuesto, seguirá creciendo para convertirse en un faro de nuestra economía post-pandemia.

"Ahora, sin duda, es el tiempo de la ciencia: de la transformación digital, energética y empresarial", ha corroborado. Por ello, ha subrayado que "si los recortes no son una salida a esta nueva crisis, menos aún pueden serlo los recortes en ciencia, investigación e innovación". "No hay atajos al desarrollo", ha insistido.

De hecho, ha recalcado que en esta pandemia, la innovación está siendo una herramienta "fundamental para minimizar daños y protegernos" frente al virus con la inteligencia artificial, que rastrea el cumplimiento del confinamiento, con el análisis pionero de aguas residuales, que indica la presencia del covid o con la reconversión innovadora de muchas industrias, que fabrica los equipos de protección necesarios.

"La innovación nos ha salvado y nos está salvando vidas, por tanto, no era el futuro, era el presente lo que nos jugábamos con nuestro desarrollo científico y nuestra capacidad innovadora", ha recalcado Puig, que ha remarcado que sería de "necios no caminar hacia el Pacto por la Ciencia nos sigue aguardando".

La Reina Letizia ha presidido este martes la IV Jornada sobre Tratamiento Informativo de la Discapacidad en los Medios, organizado por la Fundación 'A la Par', junto a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Según ha informado la Casa Real, a su llegada a la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), doña Letizia ha sido recibida por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo; el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez; la presidenta de la Fundación 'A la Par', Almudena Martorell; y el presidente de la APM, Juan Caño.

En este acto, Pablo Iglesias ha sido ministro de jornada por segunda vez con la Reina, a la que ya acompañó el pasado mes de febrero a A Coruña para proclamar el Premio Fundación Princesa de Girona en la categoría Social 2020.

Tras los saludos institucionales, doña Letizia, ya en el interior fue saludada por el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, y el director de la Fundación 'A la Par', José Luis Castro.

Además, han saludado a la Reina el consultor de comunicación y ponente Jordi Ballera; la directora general de la Fundación Telefónica y ponente Carmen Morenés; el trabajador con discapacidad intelectual de la Fundación 'A la Par' y ponente Diego Fernández. El periodista y presentador de Informativos Antena 3 Vicente Vallés ha sido el moderador.

Seguidamente, según ha detallado la Casa del Rey, se ha realizado la fotografía de grupo, tras la que Su Majestad se ha dirigido, por las escaleras, al salón de actos y ha ocupado su lugar en la primera fila de asientos.

La directora de Marketing y Comunicación de la Fundación 'A la Par', María Satrústegui, quien ha actuado como maestra de ceremonias, ha dado la bienvenida y ha anunciado las intervenciones del presidente de la FAPE, la presidenta de la Fundación 'A la Par', y el consultor de comunicación quien ha presentado el informe 'Acceso a la información y los medios de comunicación en personas con discapacidad intelectual'.

Finalmente, Vallés ha moderado la mesa redonda 'Reflexiones de accesibilidad informativa en tiempos de pandemia', en la que han intervenido la directora general de la Fundación Telefónica, un trabajador con discapacidad intelectual de la Fundación y Fernando Trujillo, asesor tecnológico y experto en innovación educativa.

La Comunidad de Madrid se aproxima "de forma desigual" a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y le queda "bastante recorrido por delante" para alcanzarlos, según el informe 17x17, un análisis de la sostenibilidad en España en las 17 comunidades autónomas realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad y la consultora AIS Group.

El informe se basa en casi 200 indicadores que tratan de dilucidar la aproximación a las metas de cada ODS y evalúa su desempeño comparativo por comunidades. Las principales conclusiones apuntan una falta de homogeneidad en el cumplimiento y un gran desequilibrio territorial. Según señalan, ninguna de las regiones es "totalmente sostenible y no todas avanzan a un mismo ritmo para lograr los objetivos marcados por la Agenda 2030".

En el caso de la Comunidad de Madrid, tiene una alineación desigual con los distintos ODS y bastante recorrido por delante, según el informe.

El grado mayor de avance en la región madrileña está en lo concerniente a la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y el fomento de la innovación (ODS 9). De hecho, es la comunidad con los mejores resultados en este apartado, seguida por el País Vasco.

Madrid también está bien posicionada en el ODS 8, el relativo al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y al trabajo decente. Si bien, dentro de este Objetivo tiene puntos a mejorar como la tasa de desempleo juvenil, algo común a la mayoría de regiones españolas, continúa el informe.

La Comunidad de Madrid es también la tercera con mejor desempeño en igualdad de género (ODS 5), y cuarta en el tocante a la educación (ODS4) y garantizar que sea inclusiva, equitativa y de calidad. En cuanto al primer objetivo que marca la ONU, la erradicación de la pobreza (ODS 1), aunque Madrid está en un nivel de cumplimiento considerado aceptable de acuerdo a los indicadores que conforman el estudio, hay 8 comunidades con mejores resultados.

Por otro lado, su alineación está más alejada en lo relativo a clima, protección de ecosistemas y gestión de la energía. Lo mismo ocurre en la lucha contra la desigualdad social (ODS 10). Solo obtiene valores medios en temas sociales, siendo una de las regiones con mayor PIB de España, según el informe.

La borrasca 'Bárbara' dejará vientos muy fuertes estos días en la Península, especialmente en el entorno de los Pirineos y Sistema Central, con rachas huracanadas que podrán llegar a los 140 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica durante la medianoche del martes al miércoles, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado a Europa Press que el temporal se ha situado este martes frente a las costas del sur de Portugal y rápidamente se irá desplazando por el interior de la Península hacia el Golfo de Vizcaya. La situación adversa por el viento continuará hasta mañana miércoles que seguirán soplando con gran intensidad pero ya irán amainando tras desplazarse hasta las Islas Británicas.

El portavoz ha señalado que todavía no se han sentido los efectos de 'Bárbara' pero sí que se han registrado vientos de 132 km/h en Cabrales (Asturias) o 125 km/h en Tresviso (Cantabria) durante la noche del lunes. Además, hasta esta mañana del martes se han recogido 72 litros por metro cuadrado en Nuñomoral y Las Hurdes (Cáceres) y 70 litros por metro cuadrado en Alosno (Huelva).

En cuanto a las precipitaciones, 'Bárbara' tiene asociado un sistema frontal muy activo, alimentado por los vientos húmedos del sur, cargados de humedad procedentes de latitudes subtropicales y denominados en España vientos ábregos.* Estos vientos estarán acompañados de chubascos fuertes o muy fuertes en Andalucía Occidental, donde se podrá registrar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora. También podrá llover con persistencia en amplias zonas de la mitad occidental de la Península, en el entorno del Sistema Central, sur de Ávila, Salamanca y norte de Cáceres, donde se puede cosechar hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Del Campo recomienda extremar la precaución a causa de posibles desbordamientos y balsas de agua. Respecto al miércoles, las precipitaciones disminuirán, aunque seguirá lloviendo en amplias zonas de la mitad occidental y entorno de los Pirineos pero las lluvias serán menos abundantes que el martes. Aun así, en zonas de los extremos norte y sur de Castilla y León y del norte de Extremadura, las precipitaciones serán persistentes y se podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

De cara al jueves, la intensidad y la expansión de las precipitaciones disminuirá pero aún continuarán las lluvias en amplias zonas de la Península , a la espera de un nuevo frente que a partir del domingo volverá a dejar precipitaciones intensas en el noroeste y extremo norte peninsular.

Por último, Del Campo ha destacado que las temperaturas continuarán en descenso aunque todavía este martes serán altas, como los 30ºC que se pueden superar en el valle del Guadalquivir.

El Gobierno ha autorizado a Adif a poner a la venta, mediante subasta pública, dos parcelas urbanas y de uso residencial ubicadas en la zona de Méndez Álvaro, en Madrid, por un importe mínimo conjunto de 75,9 millones de euros.

Así lo ha acordado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes, en el marco del plan del gestor público ferroviario de racionalización de activos, que busca mejorar la eficiencia en la gestión, generar ingresos y reducir costes.

Adif destinará los importes que se obtengan con esta licitación a financiar la ejecución de actuaciones de inversión en infraestructuras ferroviarias de la red convencional o a su déficit de explotación, en función de sus necesidades.

En concreto, el plan de racionalización de activos Adif incluye tres tipos de medidas, que pasan por la puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la entidad que no forma parte sustancial e imprescindible para el desarrollo de su actividad, por ofrecer a los actuales inquilinos de viviendas de titularidad de Adif pasar a ser propietarios y por optimizar el uso de los espacios y dependencias de carácter interno.

En este caso, El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al que está adscrito Adif, asegura que las parcelas se encuentran en un entorno "consolidado y excelentemente comunicadas", al estar cercanas a la estación ferroviaria de Atocha, a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, al Metro y a la calle 30.

Además, en la zona coexisten promociones de viviendas de obra nueva y edificios de oficinas en los que se han asentado numerosas empresas. La primera tiene 5.459 metros cuadrados, con una edificabilidad de 24.793 metros y un precio de salida de 54,4 millones, mientras que la segunda es de 2.484 metros y tiene una edificabilidad de 9.736 metros cuadrados, con un precio de salida de 21,5 millones.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha augurado que la moción de censura será una "batalla campal" entre PP, Cs y Vox para luchar por los votos de su espectro político y ha defendido, frente a la postura de ERC, la conveniencia de intervenir en el hemiciclo para exponer sus argumentos y "hacer frente a la extrema derecha".

También ha confirmado que, por parte de su grupo confederal, subirán a la tribuna solo mujeres durante esa sesión. Concretamente, tomarán la palabra la portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón, y la diputada Lucía Muñoz (en representación de Podemos), Roser Maestro (por IU) y una representante de En Comú Podem aún por definir.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en el Congreso en referencia al debate que arrancará este miércoles, Echenique ha asegurado que se convertirá en un "combate de la extrema derecha y la extrema derecha", lamentando que con ello Vox "secuestre" la Cámara Baja durante dos días "con la que está cayendo".

El parlamentario de la formación morada ha vaticinado que los ciudadanos verán seguramente a los "tres partidos de la Plaza de Colón seguramente votar distinto pero decir lo mismo, con los mismos ataques al Gobierno".

Preguntado por las palabras de su homólogo de ERC, Gabriel Rufían, quien ha revelado que planteó sin éxito que nadie participara en la moción, Echenique ha dicho que a él nadie le propuso nada pero, en todo caso, la postura de Unidas Podemos es que "hay que hacer frente a la extrema derecha" en España.

Una posición que se sustenta sobre todo en su discurso "enormemente peligroso para la democracia" que tiene efectos en la sociedad. "Hemos visto cosas graves y queremos que en nuestro país la cosa no se deteriore y vayamos a una convivencia violenta en España", ha remachado.

LA MOCIÓN ES LA "ANTIPOLÍTICA"

En esta línea, el representante en Galicia en Común del grupo confederal, Antón Gómez-Reino, ha desdeñado esta moción de censura que representa a la "antipolítica" y que, ante el "ruido y el odio" que promulga la "derecha y la extrema derecha", toca "firmeza democrática", "calma", "feminismo" y "derechos".

Además, ha subrayado que el PP se está "mimetizando" con Vox y que su proyecto político está "vinculado a la extrema derecha", con quien lleva demasiado tiempo desplegando una alianza estratégica.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado en contra de España al entender que cuatro etarras vieron vulnerado su derecho a tener acceso a un tribunal después de que el Constitucional (TC) calificara de inadmisibles los recursos de amparo que presentaron por no haber agotado los recursos legales previos disponibles.

El TEDH apunta en su sentencia, en la que hace referencia a anteriores resoluciones como la concerniente al miembro de ETA Santiago Arrospide Sarasola 'Santi Potros', que los demandantes "adolecían al menos de una falta de seguridad jurídica en cuanto a su derecho de acceso al recurso de amparo".

Por eso, concluye que ha habido una violación del artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que reza que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial".

El recurso ante el TEDH partía del etarra Gorka Martínez Ahedo y otros tres que iniciaron acciones en Europa en virtud del artículo 34 de ese convenio. Incidían en que no habían podido tener acceso al TC, y que se había producido una presunta aplicación retroactiva de nueva jurisprudencia del Supremo que habría extendido la duración efectiva de sus penas de prisión.

EL CAMINO HASTA EL TEDH

Los etarras fueron condenados entre 1998 y 2009 por diferentes tribunales franceses a penas de prisión por delitos relacionados con la organización terrorista ETA y con actos cometidos en Francia entre 1989 y 1993. Tras cumplir esas condenas allí, fueron extraditados a España donde fueron condenados de nuevo a prisión por la Audiencia Nacional esta vez por actos cometidos en España.

Entre 2014 y 2015 los etarras solicitaron que la duración de las condenas dictadas en Francia y España se acumularan y se tuvieran en cuenta a los efectos del cálculo de la duración máxima de la pena de prisión. Pero esta petición fue desestimada por la Audiencia Nacional por lo que los condenados recurrieron al Supremo, que entre 2015 y 2017 resolvió en diversas sentencias que no era necesaria esa acumulación cuando ya se había cumplido en el extranjero.

El TEDH recuerda que esa decisión del Supremo fue notificada señalando que era firme y que estaba sujeta a recurso de amparo ante el TC. Atendiendo a esto, los condenados interpusieron ese recurso basándose en los artículos 17 (derecho a la libertad), 24 (protección judicial efectiva) y 25 (principio de legalidad) de la Constitución Española.

Pero el TC entre 2016 y 2017 en varias sentencias declaró improcedente el recurso de amparo. Además declaró improcedente la denuncia basada en el artículo 24 por falta de agotamiento de los recursos legales existentes porque quedaba el recurso de nulidad. El resto fueron declaradas inadmisibles por falta de violación de derechos fundamentales.

EL TEDH entiende ahora que la denuncia de los etarras "no es manifiestamente infundada" y decide por tanto admitirla. Y apunta que si los demandantes hubieran esperado la notificación sobre posibles recursos de nulidad para preparar y presentar sus recursos de amparo "nada hubiera impedido al Tribunal Constitucional declarar posteriormente inadmisibles sus recursos fuera de plazo, por la irrelevancia de los recursos de nulidad".

LA QUEJA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD: "MANIFIESTAMENTE INFUNDADA"

En relación a la queja de los etarras de que se aplicó reatroactivamente una nueva interpretación por parte del Supremo que habría conllevado que se extendiera la duración efectiva de las penas de cárcel, el TEDH no ve motivo para tal y desestima la misma. "Esta denuncia debe ser desestimada por manifiesta falta de mérito, de conformidad con el artículo 35.3 y 35.4 de la Convención.

En cuanto a la queja de que habían sido privados de su libertad más allá del plazo máximo de condena, el tribunal no ve motivo alguno para apartarse de la jurisprudencia asentada en el caso Arróspide Sarasola y de la aplicación que se hace de ella en el caso y "considera que esta denuncia debe ser desestimada por manifiestamente infundada".

Además, el TEDH señala que puesto que los demandantes no presentaron ninguna pretensión de ser indemnizados por estas denuncias, "no es necesario otorgar una suma en el presente caso".