El consejero de Educación de Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha destacado que el sistema educativo de Euskadi está "respondiendo de una manera muy positiva" en la actual crisis sanitaria y ha insistido en que el objetivo de su Departamento es mantener "el mayor tiempo posible" el carácter presencial de la enseñanza.

En declaraciones a los medios en Bilbao, tras participar en la presentación 'Informe sobre la Ciencia en Euskadi 2020', el consejero vasco ha remarcado que existe "un acuerdo social unánime --partidos políticos, sindicatos, centros de enseñanza, familias-- de que se tiene que trabajar por la presencialidad" en el sistema educativo y, por tanto, "poner los recursos necesarios y el esfuerzo preciso" para ello. "En eso estamos", ha asegurado.

Bildarratz ha explicado que también se está trabajando "de manera conjunta" con las tres universidades vascas, que han hecho "un plan de respuesta" ante la situación sanitaria que se viviendo porque "es evidente que día a día se está complicando". No obstante, ha subrayado que "también es evidente que los centros de enseñanza se ha visto que son unos de los espacios más seguros en los que pueden estar los alumnos".

En este sentido, ha reconocido que, cuando comenzó el curso, había "una serie de incógnitas de cómo iban a responder los centros escolares y para todos ha sido una sorpresa muy positiva la evolución" que ha habido. Por ello, ha agradecido la labor de toda la comunidad educativa, principalmente directores y profesores, que "nunca se va a agradecer lo suficiente".

Según ha indicado, "con mucho esfuerzo y muchas veces con incertidumbre", ponen "toda la carne en el asador" para que el alumnado pueda estar en los centros. "Se está respondiendo como sistema educativo de una manera muy positiva, estamos consiguiendo dotar a la sociedad de una estabilidad y una tranquilidad que, en estos momentos de incertidumbre, es altamente positivo", ha señalado.

En este marco, ha asegurado que el criterio de su Departamento sigue siendo intentar preservar la presencialidad "adoptando medidas para que eso sea posible" y, en caso de que no fuera posible, también se trabajan "otro tipo de alternativas". "Pero en estos momentos nuestra apuesta es la de la presencialidad", ha insistido.

De este modo, ha incidido en que el objetivo de Educación es, en la medida de sus posibilidades, mantener "el mayor tiempo posible ese carácter de presencialidad", que dota al alumnado de "equidad e igualdad", aporta "posibilidades de conciliación" a las familias y da "un plus más" a la sociedad.

Asimismo, ha destacado la importancia de los cribados que se realizan en los centros educativos, cuando se detectan contagios, en "coordinación absoluta" con el servicio de Salud, ya que dan "mucha tranquilidad. De este modo, ha valorado que el ser capaces de diagnosticar los positivos hace que puedan aislarse en sus casas ellos y sus contactos estrechos y que "el resto pueda seguir" con la enseñanza presencial.

MODELOS

Por otro lado, ha eludido pronunciarse sobre la reforma de la ley de Educación que se negocia en el ámbito estatal. "No me toca valorar", ha afirmado el consejero vasco, que ha opinado que "todo lo que sea un acuerdo siempre es positivo".

Según ha indicado, "a nosotros lo que nos toca es seguir trabajando en lo que me he comprometido en el Parlamento vasco, tanto con los partidos políticos, como con la comunidad educativo, para negociar, pactar o acordar un documento en que hagamos una reflexión sobre los modelos educativos".

En su opinión, "todo lo que nos deje libertad de actuación como país para poder abordar desde nuestra realidad lingüística una mejor y mayor calidad educativa, mejor".

Asimismo, ha recordado que, en Euskadi, los padres y madres "tienen la libertad de elegir el modelo educativo y lingüístico que entienden más adecuado a sus hijos" y la opción de Modelo D, de enseñanza en euskera, representa más del 80% del alumnado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles autorizar la celebración de tres contratos de servicios para el mantenimiento de la gestión de distintos recursos que ofrecen un total de 379 plazas de atención especializada a las personas mayores de la Comunidad de Madrid.

Se tramitarán por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, salen a licitación por un importe conjunto de 24 millones de euros y su plazo de ejecución se prolongará hasta finales de 2023, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El primero de estos acuerdos, dotado con 14.491.205 euros, tiene como objeto la gestión del Complejo Asistencial de Vallecas para personas mayores afectadas de la enfermedad de Alzheimer. Este complejo está integrado por una Residencia, un Centro de Día y un Centro de Formación que suman 196 plazas.

Los usuarios de la Residencia deberán ser mayores de 55 años cuya afección por Alzheimer les impida o limite gravemente su autonomía, mientras que el Centro de Día atiende a mayores de 60 años con invalidez física o intelectual y grandes necesidades de apoyo, una edad que baja hasta los 55 en el caso de afectados por Alzheimer.

Por su parte, el Centro de Formación está abierto a cualquier persona que desee formarse en aspectos relacionados con la atención a enfermos de Alzheimer y otras demencias.

El segundo acuerdo aprobado hoy permitirá mantener 110 plazas en el Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes con Alteraciones de Conducta, ubicado en el municipio del Berrueco, gracias a un gasto de 7.979.322 euros. Este centro es un recurso residencial especializado en la atención a mayores con alteraciones de conducta que requieren una asistencia con alto grado de especialización y cuidados.

Por último, el tercer acuerdo destina 1.532.386 euros a la gestión hasta finales de 2023 del Centro de Día y Pisos Tutelados María Orúe para la atención a personas mayores.

Este recurso ofrece un Centro de Día con 45 plazas para mayores de 60 años afectados por una discapacidad física o intelectual que impide o limita severamente su capacidad de valerse por sí mismos, un límite de edad que baja hasta los 55 años cuando se trata de afectados por la enfermedad de Alzheimer.

El centro, situado en el distrito madrileño de Villaverde, gestiona además 14 pisos tutelados con capacidad para 28 usuarios mayores de 65 años autónomos que carezcan de alojamiento estable o estén en situación de riesgo por vivir solos.

Andalucía registra este miércoles 4 de noviembre 52 muertes por coronavirus Covid-19, tercera mayor cifra diaria de la segunda ola tras los 54 decesos alcanzados el 27 y el 31 de octubre, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 2.363 positivos, cifra significativamente inferior a los 3.937 de la víspera pero superior a los 2.042 del miércoles de la semana pasada.

Los 54 fallecidos de esta jornada son 18 más que la víspera y la mayor cifra desde el pasado sábado, liderados por las provincias de Granada, con 19, y Sevilla, con 14. Por debajo de la decena figuran el resto de provincias con ocho muertes en Jaén, cuatro en Jaén, dos en Almería, Cádiz y Málaga y una en Huelva.

Por su parte, la cifra de 2.363 contagios permite encadenar cuatro días consecutivos de descenso tras los 3.937 del martes, los 4.406 del lunes, los 5.243 del domingo y los 5.622 del sábado --récord de positivos en la segunda ola--, aunque los positivos contabilizados esta jornada son 321 más que el miércoles de la semana anterior.

Sevilla repite como la provincia con más casos diarios confirmados por PCR y test de antígenos, al sumar 638 en 24 horas, seguida de Jaén con 385, Málaga con 334, Granada con 289 --menos de la mitad que los 788 de la víspera--, Córdoba con 285, Cádiz con 213, Huelva con 114 y Almería con 105.

Los hospitales andaluces registran una nueva jornada de aumento de su presión asistencial con 185 pacientes ingresados por Covid-19 más en 24 horas y alcanza la cifra de 3.121, máxima cifra desde el inicio de la pandemia, de los que 408 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), ocho más que la víspera y aún por debajo de los 438 registrados en el pico máximo el pasado 30 de marzo.

Sevilla continúa como la provincia con más pacientes e ingresos en UCI, con 869 hospitalizados y 104 de ellos en UCI, seguida de Granada con 779 y 103 en UCI; Jaén con 327 y 42 en UCI; Córdoba con 321 y 38 en UCI; Málaga con 300 y 43 en UCI; Cádiz con 289 y 42 en UCI; Huelva con 127 y 13 en UCI, y Almería con 109 y 23 en UCI.

15 MUERTES MÁS EN 24 HORAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

La situación más preocupante sigue localizada en las residencias de mayores, que contabilizan 15 muertes esta jornada en centros de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén. En concreto, la residencia La Granja de Jerez de la Frontera (Cádiz) suma dos decesos en 24 horas (ocho en total) y 50 contagios, mientras que la residencia Domusvi Puente Genil (Córdoba) añade tres muertes (21 en total) y la residencia Jesús Nazareno de Córdoba suma un fallecido (cinco en total) y 93 contagios.

En la provincia de Granada, la residencia Nuestra Señora de la Misericordia de Loja suma tres muertes en 24 horas (diez en total) y 92 casos confirmados; la residencia San Jaime de Huéscar añade dos fallecimientos más (seis en total) y 82 positivos (67 residentes y 15 trabajadores) y la residencia Torre de Caniles notifica su primer deceso y 37 contagios (26 residentes y 11 trabajadores), mientras la residencia Serrallo de Granada registra un brote con 10 positivos (cuatro residentes y seis trabajadores) y ha notificado un fallecimiento.

En la provincia de Jaén, la residencia Sanitas de Linares suma un fallecimiento en 24 horas (doce en total) y 72 casos confirmados (50 residentes y 22 trabajadores) y la residencia San Gregorio de Torreperogil notifica su primera muerte con 27 contagios (20 residentes y siete trabajadores).

Otras 11 residencias suman nuevos positivos en las últimas 24 horas: la residencia San Andrés de Córdoba con 35 (32 residentes y tres trabajadores); la residencia San Jaime de Huéscar (Granada), con 82 (67 residentes y 15 trabajadores); la residencia Regina de Churriana de la Vega (Granada) con 25 (18 residentes y siete trabajadores); la residencia San Luis de Motril (Granada) con 14 (nueve residentes y cinco trabajadores); la residencia El Carmen de Marbella (Málaga) con 24 (18 residentes y seis trabajadores); la residencia Ballesol Teatinos de Málaga con 51 (38 residentes y 13 trabajadores); la residencia Parra Grossi de Ronda (Málaga) con 20; la residencia Gerón de Archidona (Málaga) con 30; la residencia La Alegría de Carmona con 20 (16 residentes y cuatro trabajadores); y la residencia Domusvi Alcalá de Guadaira (Sevilla) con 80 casos confirmados.

A todo ello se suman dos nuevos brotes en la residencias de mayores Geis 96 de Priego de Córdoba con 23 casos confirmados (18 residentes y cinco trabajadores) y en el centro de discapacitados Aprosmo de Motril (Granada) con 11 positivos.

BAJA EL RITMO DE CONTAGIOS

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 153.610 casos confirmados, 2.363 de ellos en las últimas 24 horas, lo que supone cuatro días seguidos bajando el ritmo de contagios tras una racha de otras cuatro jornadas por encima de 5.000, y ha alcanzado las 2.691 muertes tras sumar 52 en un día.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 14.196, 258 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.328, tras sumar 19 en 24 horas, y el número de curados alcanza los 60.064, después de sumar 1.565 en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.691 muertes desde el inicio de la pandemia --52 más en 24 horas--, Sevilla con 578 --14 más-- se mantiene como la provincia con más fallecidos y Granada asciende al segundo lugar con 499 --19 más-- por delante de Málaga con 496 --dos más--, Jaén con 314 --cuatro más--, Cádiz con 298 --dos más--, Córdoba con 277 --ocho más--, Almería con 161 --dos más-- y Huelva con 68 --una más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 153.610 desde el inicio de la pandemia --2.363 más en 24 horas--, liderados por Sevilla, con 36.462 casos --638 más--, seguida de Granada con 29.086 casos --289 más--, Málaga con 24.616 --334 más--, Córdoba con 16.609 --285 más--, Jaén con 15.131 --385 más--, Cádiz con 14.275 --213 más--, Almería con 12.303 --105 más--, y Huelva con 5.128 --114 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 14.196 --258 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 3.268 --72 más--, seguida por Málaga con 2.906 --41 más--, Granada con 2.351 --35 más--, Córdoba con 1.545 --33 más--, Jaén con 1.521 --33 más--, Cádiz con 1.295 --13 más--, Almería con 908 --22 más-- y Huelva con 402 --nueve más--.

De ellos, 1.328 han pasado por la UCI en Andalucía, 19 más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 267 --tres más--, seguida de Málaga con 264 --dos más--, Granada con 188 --cuatro más--, Córdoba con 165 --uno más--, Jaén con 146 --uno más--, Cádiz con 138 --uno más--, Almería con 123 --siete más-- y Huelva con 37.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 60.064 en toda la región, 1.565 más en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 15.404 --212 más--, seguida de Sevilla con 9.935 --423 más--, Almería con 8.668 --50 más--, Córdoba con 7.092 --359 más--, Cádiz con 6.438 --111 más--, Granada con 6.408 --150 más--, Jaén con 4.794 --190 más-- y Huelva con 1.325 --70 más--.

El Comité de Seguimiento Covid ha acordado la suspensión de la actividad de hostelería y restauración en toda la Región de Murcia. A partir de este sábado quedará suspendida durante 14 días la actividad en bares y restaurantes, tanto interior como exterior, permitiendo tan solo el servicio para recoger y llevar.

Esta medida se ha adoptado tras el análisis de los datos que aporta el Servicio de Epidemiología, que constatan que la situación "es crítica", ha explicado el portavoz técnico del Comité Covid, Jaime Pérez, "tras uno de los peores fines de semana de esta larga pandemia".

"Aproximadamente, uno de cada cuatro contagios se produce en el ocio, y una parte importante del ocio contempla cenas, comidas y celebraciones de muchos tipos que se han dado a lo largo de la pandemia", según Pérez. A esto hay que sumar que uno de cada dos contagios se producen en el hogar.

Es decir, uno de cada cuatro contagios se producen en el ocio (el 25%) y, a su vez, ese infectado va a contagiar a varias personas en su hogar. Con ello, reduciendo el ocio al máximo, Pérez estima que "conseguiremos reducir el número de casos en aproximadamente un 70% si todo sale como estaba previsto".

El Comité de Seguimiento Covid también ha recomendado a todos los municipios el cierre de parques y jardines a partir de las 19.00 horas para evitar la interacción social. Asimismo, ha instado a fomentar desde todos los sectores el teletrabajo así como la descarga de la aplicación Radar Covid para facilitar el rastreo de casos.

Al ser preguntado por si piensa que el cierre de la hostelería podría ser contraproducente al animar a la población a reunirse en el interior de los hogares, Pérez ha manifestado que las medidas se toman en función de la experiencia cosechada en otros países, en otras comunidades y en la propia Región.

"Nuestra propia experiencia nos ha determinado que, con estas medidas, se ha conseguido, en general, una reducción importante del número de casos", según Pérez. Ha puesto como ejemplo los municipios que la semana pasada cambiaron a la fase 1, en los que se ha registrado un descenso del 8% en el número de casos, mientras que en el resto han aumentado un 13%.

"Son medidas muy duras pero que contribuyen de forma muy importante a disminuir la interacción social", según Pérez, quien ha pedido al mismo tiempo "responsabilidad" por parte de la población, "sabiendo las repercusiones que tiene un cierre de la hostelería". Así, ha pedido a la población que se reúna "lo menos posible" y que permanezca con su núcleo de convivientes exclusivamente.

CONFINAMIENTO DOMICILIARIO

La Consejería de Salud descarta por el momento solicitar al Gobierno central que decrete un confinamiento domiciliario, como se ha hecho en otras comunidades. "Estamos convencidos", ha subrayado Pérez, "de que un confinamiento autonómico unilateral no sirve para nada si no es secundado por el resto de comunidades autónomas".

En cualquier caso, ha recordado que la Comunidad de Murcia no tiene competencias para aplicar esta medida. No obstante, confía en que las medidas aprobadas este miércoles "sean suficientes" si la población las asume con responsabilidad para disminuir "radicalmente" la interacción social. "De ahí a un confinamiento, es una cuestión que ahora mismo no estamos valorando", ha zanjado.

Ha destacado que, con las nuevas medidas aprobadas, la población puede salir a la calle, especialmente si es con su núcleo de convivientes, tanto a trabajar como a la escuela y a hacer compras, pero "no debe reunirse. Si esto no es suficiente, ha advertido que "habrá que plantearse otras medidas", pero cree que surtirán efecto. Pérez también ha descartado, de momento, adelantar la hora del toque de queda.

COLAPSO DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA

Asimismo, cree que las medidas evitarán el colapso hospitalario. "Lo que no podemos asumir son 900 o 1.000 casos diarios constantemente", según Pérez, quien explica que el sistema acabaría colapsando con las tasas de incidencia actuales, aunque tardaría "algunas semanas".

Y es que ha especificado que el número de ingresos aumenta aproximadamente una semana después de producirse los casos, y el número de ingresos en la UCI se incrementa 14 días después. Además, advierte que ha cambiado el perfil de los hospitalizados, ya que antes eran más jóvenes y tardaban muy poco en recibir el alta, y ahora son personas mayores que tardan el doble de días en abandonar el hospital. Además, a veces se tarda "mucho tiempo" en salir de las UCI.

Ante este aumento de casos, la Consejería ha puesto en marcha el Plan de Contingencia que permite incorporar hasta 500 camas hospitalarias más, y triplicar el número de camas UCI, llegando hasta las 350.

En cuanto a la escasez de personal, Pérez ha reconocido que "no hay mucho donde poder contratar" en las bolsas de profesionales. Y, aunque se ha formado a sanitarios específicamente y algunos especialistas de medicina interna han pasado a atender en la UCI, lamenta que la formación de un médico requiere de 10 a 12 años.

Ha recordado que los planes de contingencia contemplan levantar hospitales de campaña, pero ha descartado que esto se vaya a hacer en cada recinto sanitario. "Esperamos no llegar a esa posibilidad", ha señalado Pérez, quien ha avanzado que si un hospital está colapsado, el personal se podrá derivar a otro centro de la Región.

CIERRE DE PARQUES Y JARDINES

En cuanto a la medida del cierre de parques y jardines, ha puntualizado que, a la espera de ver cómo se plasma en la orden, es una recomendación a los ayuntamientos, que serán los que tengan que tomar la decisión. La Consejería de Salud cree que las 19.00 horas y con el cambio de horario, "es un momento prudente para que los padres y los niños estén en casa". Así, estos entornos no se cierran para padres y niños, sino para otros colectivos que "los puedan usar para fines distintos".

Al ser preguntado por la posibilidad de cerrar centros comerciales, gimnasio o centros culturales, Pérez ha manifestado que las medidas intentan ser "lo más precisas posibles" y atacar los escenarios en los que hay más problemas que, son precisamente, aquellos en los que la población se quita la mascarilla y hay una interacción social".

"Afortunadamente, no hemos visto hasta el momento que haya habido brotes en centros comerciales", según Pérez, quien admite que la disminución de aforos es una posibilidad, pero descarta cierres porque "hay que intentar dañar lo menos posible al sector productivo".

Los gimnasios, añade, "tampoco han sido un problema porque ahora mismo tienen que hacer las actividades con mascarilla". No obstante, no descarta tomar medidas en estos ámbitos si en algún momento se producen brotes.

QUEJAS SOBRE EL RASTREO

Al ser preguntado pro las quejas de los médicos de familia sobre retrasos en el rastreo por parte de Salud Pública, Pérez ha admitido que es "hasta cierto punto normal" que, cuando un colectivo deja de hacer una actividad y la deriva a otro grupo, "pierde el control de la actividad y puede tener la sensación de que no se está haciendo".

Sin embargo, ha defendido que el equipo de rastreadores de Salud Pública hizo este martes por la mañana un seguimiento de 500 casos, hizo un estudio de sus contactos y citó a los contactos con su médico para que les pidiera la prueba. Por la tarde rastreó otros 500 casos. "Es decir, se está rastreando y se va a incrementar su capacidad y se mejorará la coordinación con los ayuntamientos y con los centros de salud", ha asegurado.

Finalmente, en cuanto a la escasez de vacunas de la gripe, ha explicado que esta semana están llegando 20.000 dosis, a las que habrá que sumar otras 45.000 la semana que viene, como estaba previsto. "Si hay algún sitio en el que no hay vacunas, esperamos que se pueda ir reponiendo y que se vaya vacunando la población, en primer lugar los que pertenecen a los grupos de riesgo", ha concluido.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha acordado remitir la causa contra Fernando Valdés por un presunto delito de maltrato a su mujer a un juzgado de Majadahonda, al haber renunciado como magistrado del Tribunal Constitucional (TC), perdiendo así su condición de aforado ante el TS.

La Sala II ha declarado su incompetencia sobrevenida sobre dicha causa y ha ordenado enviar las actuaciones al juzgado de procedencia, esto es, el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid).

Los magistrados han explicado que, teniendo en cuenta que "quien era investigado en la presente causa ha perdido la condición de aforado sin que se haya procedido a la apertura del juicio oral" y "no tratándose de un delito cometido en el ejercicio de funciones jurisdiccionales", la Sala ha perdido la competencia para conocer estos hechos.

El pasado 14 de octubre, Valdés presentó su renuncia como magistrado del TC al presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, quien la aceptó y se lo comunicó al instructor del caso en el Supremo, Andrés Martínez Arrieta.

El momento de apertura del juicio oral es el que, conforme al criterio de la Sala de lo Penal del TS, determina que un investigado, pese a perder el fuero, tenga que ser igualmente juzgado en este órgano, lo que no se da en el caso de Valdés, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Martínez Arrieta concluyó el 7 de octubre las diligencias de prueba en relación a este asunto, justo después de tomar declaración a dos testigos, uno de ellos hija de Valdés, quien exculpó a su padre, asegurando que "jamás" se ha producido agresión alguna.

En este relato coincidió con sus padres, ya que tanto Valdés como su mujer señalaron en sendas declaraciones el 1 de octubre que lo ocurrido en su vivienda no fue más que una discusión de pareja que pudo ser "sacada de contexto".

"MOVIMIENTOS BRUSCOS Y GOLPES"

Los hechos se remontan a la tarde del 10 de agosto, cuando --según los autos judiciales-- Valdés mantuvo una discusión con su esposa, y, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda, en Majadahonda, introdujo a la mujer de forma violenta en el interior de la casa, donde siguió la discusión.

"Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer", añade el juez instructor en un auto del 7 de octubre.

Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad del magistrado del TC, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus. Posteriormente, envió el asunto al Supremo, que ahora se lo devuelve.

Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE para un mandato que ya ha caducado, ha sido defensor de la lucha contra la violencia de género a lo largo de diversas sentencias en las que ha participado en el tribunal de garantías.

El vicesecretario de Política Territorial del PP y exalcalde de Boadilla, Antonio González Terol, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es un "absoluto desprecio" al municipalismo y se ha preguntado si algún alcalde del PSOE alzará la voz y "dirá algo" ante esa "venganza" contra los ayuntamientos de la ministra María Jesús Montero.

El PP ya ha exigido una reunión de la Junta extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante el "ninguneo" a los ayuntamientos y diputaciones en las cuentas públicas del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Así lo anunció este martes el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcon, tras mantener una reunión telemática con los alcaldes de las capitales de provincias del PP. La petición ya ha sido trasladada por carta al presidente de la FEMP, Abel Caballero, y exigen una convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta de Gobierno de la institución.

Según el PP, las cuentas del Estado reflejan que el Gobierno "ha mentido" a las entidades locales, ya que el destino de los fondos europeos se ha decantado hacia las CCAA que gestionarán un 54 por ciento (18.793 millones de euros) de los mismos frente al 4,28 por ciento (1.483 millones de euros) que van a recibir los Ayuntamientos, al igual que ocurre con las transferencias del Estado.

Asimismo, el PP sostiene que el Ejecutivo "deja en la estacada a los españoles al haberse esfumado de los PGE los fondos Covid-19 de ayudas incondicionadas prometidos para sus municipios y provincias", en palabras de Azcón, que cree que el municipalismo es tratado por Sánchez como "una administración de segunda".

"VENGANZA DE MONTERO CONTRA LOS AYUNTAMIENTOS"

Siguiendo este mismo argumento, González Terol ha recalcado que los Presupuestos de Sánchez "son un absoluto desprecio al municipalismo". "Los ayuntamientos gestionarán solo el 1% de los fondos europeos, y no hay ningún fondo nuevo para ayuntamientos", ha denunciado.

Así, el responsable de Política Territorial de los 'populares' ha afirmado que el jefe del Ejecutivo ha optado por "dejar solos a todos los alcaldes que dieron la cara en primera línea de batalla contra el Covid-19".

A su entender, los Presupuestos evidencian la "venganza" de la titular de Hacienda contra los ayuntamientos, ya que no recogerán "ni fondo de reconstrucción, ni fondo de transporte, y un ridículo 1% de los 140.000 millones de fondos europeos para que lo gestionen las entidades locales".

Por eso, el vicesecretario de Política Territorial del PP ha emplazado al presidente de la FEMP y a los regidores socialistas a pronunciarse ante esta situación. "¿Algún alcalde de PSOE dirá algo? Abel Caballero?", se ha preguntado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que el Gobierno regional quiere evitar "a toda costa" el confinamiento domiciliario y ha sostenido que el sector de la restauración ya sufre medidas "muy contundentes".

"El camino de la Comunidad es el camino correcto. Se están haciendo las cosas bien", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha puesto en valor las decisiones adoptadas como las restricciones por zonas básicas de salud, el cierre perimetral durante los puentes o el toque de queda. Para el vicepresidente, el confinamiento total tiene que ser "la última opción".

En cuanto a la posibilidad de tomar nuevas medidas como están haciendo otras autonomías con el cierre de establecimientos, el vicepresidente madrileño ha hecho hincapié en que el sector del turismo, y concretamente el de la restauración, está sufriendo de forma "mas agresiva" que otros lo que está sucediendo pero ha puesto en valor que en la "inmensa mayoría" de locales están cumpliendo las medidas.

"Si hay que tomar más decisiones en esta línea tendrá que ser la Consejería de Sanidad la que lo determine pero a día de hoy las medidas son muy duras, muy contundentes", ha dicho, para a renglón seguido indicar que trabajan en que se puedan levantar "lo antes posible".

POCO A POCO SE VEN LOS FRUTOS

Aguado ha incidido, además, en que "después de muchas semanas, meses de sacrificio y de esfuerzo colectivo" se empiezan a ver en la región "poco a poco los frutos". En este sentido, ha agradecido el comportamiento de los madrileños y ha sostenido que entiende "el hartazgo" dadas las restricciones que impiden que se tenga "un día a día normal".

"Gracias a ese sacrificio diario estamos consiguiendo que las cosas cambien en la Comunidad de Madrid. Después de haber alcanzado en esta segunda oleada el pico de contagios allá por finales del mes de septiembre hemos ido poco a poco reduciendo entre todos esta curva", ha declarado. Esto, según ha remarcado, da un poco "de luz" a lo que puede suceder en las próximas semanas o meses.

A pesar de esto, ha remarcado que hace unas semanas se pensaba que el objetivo de 25 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes era impensable alcanzarlo en Navidades pero ha incidido en que cree que se está "más cerca". Aguado ha remarcado que para poder tener unas fiestas que no se celebren "por Skype", hay que "seguir luchando" contra el virus y dejar a un lado la confrontación partidista.

"Queremos llegar en las mejores circunstancias posibles pero somos conscientes que en este momento las restricciones no podemos levantarlas porque la curva sigue siendo alta", ha declarado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este miércoles su "orgullo" por la contribución de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el coronavirus y ha destacado sus valores de "solidaridad, profesionalidad y dedicación", además de respeto a las instituciones y el Estado de las autonomías.

"La ciudadanía está viendo en las Fuerzas Armadas lo mejor de la sociedad española", ha reconocido durante una visita a uno de los centros desde los que militares colaboran con la Comunidad de Madrid en las labores de rastreo a contagiados por Covid-19.

El presidente ha destacado el esfuerzo de los militares en la lucha contra la pandemia, con la Operación Balmis en la primera ola y la misión Baluarte en esta segunda ola, centrada sobre todo en el rastreo y las labores de desinfección.

De este trabajo, Sánchez ha resaltado los valores de "solidaridad" con la ciudadanía, "profesionalidad" para ejercer la labor encomendada, "dedicación" y respeto a las instituciones y al Estado de las autonomías que marca la Constitución, ya que las Fuerzas Armadas responden a peticiones de las autoridades autonómicas y colaboran con ellas en las labores que se les soliciten.

INDICADORES, MEDIDAS Y EVALUACIÓN

En este contexto, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que España será capaz de vencer a esta segunda ola igual que ya hizo antes del verano y gracias a la "moral victoria, disciplina social y espíritu de resistencia"

Para hacerlo posible, ha señalado una estrategia nacional del Gobierno basada en los indicadores sobre la evolución de la pandemia, las acciones a tomar que permite el estado de alarma prorrogado durante 6 meses y la evaluación de esas medidas.

"Esa estrategia nacional sería imposible de implementar sin la contribución fundamental de las Fuerzas Armadas", ha agradecido acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula de las Fuerzas Armadas.

RASTREADORES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica instalada en el Acuartelamiento de Artillería de Fuencarral, en Madrid, forma parte del equipo de más 150 efectivos de las Fuerzas Armadas que colaboran con los servicios sanitarios madrileños para controlar la pandemia.

En una visita de Robles a la misma instalación la pasada semana, la ministra recomendó a las autoridades de la Comunidad de Madrid que aumentaran la petición de colaboración de rastreadores militares para poder integrarse en sus equipos, ya que a su juicio la cifra de 150 es "insuficiente" para una comunidad como Madrid.

Actualmente, más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas están prestando apoyo a los servicios sanitarios de los gobiernos regionales. Pero Robles anunció que más de 5.000 militares del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y de la Armada ya se encuentran formados y disponibles para incorporarse a la operación en el caso de que se les requiera por la evolución de la pandemia.

Tres de cada cuatro familias españolas consideran la asignatura de Religión necesaria para la educación de sus hijos y un 73% rechaza la imagen de adoctrinamiento, según el Informe 2020 Panorama de la Religión en la Escuela, publicado por la Fundación SM.

En cuanto al perfil religioso de estas familias, los resultados revelan que el 85% de padres y el 73% de madres se declaran católicos, aunque en la mitad de los casos, su práctica religiosa es poco (35%) o nada habitual (13%), según el estudio, que se basa en entrevistas a más de 18.800 profesores, estudiantes y familias, así como a antiguos alumnos y futuros profesores de Religión.

"Tras las conclusiones de este informe no parecen sostenibles ya algunos estereotipos sobre la enseñanza religiosa que perviven en algún imaginario y que castigan injustamente la realidad de la enseñanza de la Religión hoy. No parece razonable seguir acusándola de adoctrinamiento y privilegio de la Iglesia, más propio de otro tiempo", ha asegurado el autor del informe y director del Observatorio de la Religión en la Escuela, Carlos Esteban.

Por su parte, la directora de la Fundación SM, Mayte Ortiz, ha destacado la importancia del Observatorio de la Religión en la Escuela, programa de la Fundación SM, porque "desde los inicios, la atención a la clase de Religión y su profesorado ha sido una de las prioridades de esta Fundación".

El estudio también revela que ocho de cada diez alumnos afirman que la asignatura de Religión les ayuda a ser más tolerantes y mejores personas. Además, más del 90% de los antiguos alumnos de Religión guardan un buen recuerdo de su profesor y un 80% destaca la importancia que la asignatura ha tenido en su vida personal.

Asimismo, más del 85% del profesorado encuestado considera que su asignatura ayuda a comprender otras culturas, y contribuye a la formación ética y a la ciudadanía global.

Precisamente, el estudio pone de manifiesto que el 85% del alumnado de Religión se muestra muy preocupado por la justicia y la solidaridad, y el 75% tiene interés por la ecología y la protección de la naturaleza.

LOS PROFESORES NO SE SIENTEN VALORADOS POR LA SOCIEDAD

En cuanto al reconocimiento social del trabajo de profesor de Religión, un 91% de los profesores de esta materia no se considera valorado por la sociedad y el 51% no se siente valorado por la Iglesia.

El perfil del profesorado de Religión actual es laico, no hay sacerdotes ni apenas religiosos, y está implicado en acciones sociales para la promoción de la justicia (71%), según el informe.

La Fiscalía de Valencia atribuye provisionalmente a Jorge Ignacio P.J., el presunto asesino de Marta Calvo, la joven desparecida en noviembre del pasado año en Manuel (Valencia), cinco delitos de homicidio, tres de ellos intentados, y un delito de omisión del deber de socorro.

Este miércoles se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 20 de València una comparecencia, a puerta cerrada, entre las partes de la causa -acusaciones y defensa- para concretar los delitos que se le atribuyen al acusado y solicitar, en caso de estimarse necesario, nuevas diligencias.

El investigado ha sido trasladado desde la prisión de Picassent hasta los juzgados y se ha vuelto a negar a declarar ante el juez y a revelar dónde está el cadáver de Marta Calvo, desaparecida hace ya un año. Entendemos que algo oculta y que tiene intereses espúreos", ha afirmado Pilar Jové, abogada de la madre de la chica, en declaraciones a los medios de comunicación. "Nos sorprende que diga que quiere colaborar cuando no está colaborando absolutamente en nada", ha apostillado.

Pese a su negativa, cuando se ha acabado la sesión y estaban los micros apagados, el investigado ha afirmado que quería decir que no había matado a ninguna mujer. Un letrado de la acusación ha pedido que constara en acta esta declaración y se ha admitido.

La fiscal, en su turno, ha expuesto que considera que el investigado es autor de cinco delitos de homicidio, tres de ellos intentados, y uno de omisión del deber de socorro, pero esta imputación podría varias según avance la investigación de la Guardia Civil o si aparecen nuevas presuntas víctimas de Jorge Ignacio.

Por su parte, las acusaciones han elevado el delito hasta el asesinato y le atribuyen, en el caso de los padres de Marta Calvo, un delito contra la salud pública, profanación de cadáver, agresión sexual, y otro delito contra la integridad moral. El letrado Juan Carlos Navarro, que representa a cuatro mujeres, imputa al acusado dos asesinatos y dos tentativas de homicidio.

La defensa de Jorge Ignacio P.J., que ahora se apoya en una letrada de Pamplona, ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones contra su representado porque las acusaciones que versan sobre él se basan en sospechas y conjeturas que no acreditación su participación en los hechos.

DECLARACIONES Y RECONSTRUCCIÓN

Durante la vista, las acusaciones han solicitado al juez que se tome declaración a otras mujeres que han denunciado a Jorge Ignacio ante la Policía y la reconstrucción del asesinato de Marta Calvo.

Además, han requerido que se le llame a declarar a la madre del acusado puesto que estuvo con él horas después de la desaparición de Marta Calvo. El objetivo es que aclare "ciertas cuestiones" y se pueda localizar el cadáver, ha afirmado Jové.

El Juzgado 20 de Valencia investiga por el momento cuatro causas judiciales relacionadas con el investigado. Así, instruye por un lado la desaparición y muerte de Marta Calvo, sobre la que Jorge Ignacio P.J. confesó que falleció de forma accidental en un episodio de relaciones sexuales y cocaína y posteriormente la descuartizó y distribuyó sus restos por contenedores.

Otra causa contra el investigado es la muerte de una mujer el 25 de marzo de 2019 en una vivienda de Valencia, un asunto que fue instruido y archivado provisionalmente por el Juzgado de Instrucción 14 de la ciudad.

Esta víctima ejercía la prostitución en una casa de citas de l'Eixample y falleció en abril, días después de permanecer ingresada en coma inducido en un hospital de Valencia.

La joven fue hallada por sus compañeras convulsionando tras haber mantenido relaciones con un cliente que salió precipitadamente de la vivienda. Las compañeras de la fallecida habían facilitado las características físicas del hombre que estuvo con la víctima y que había sido su único cliente. La autopsia reveló que la fallecida murió como consecuencia de un ataque epiléptico con consumo de sustancias estupefacientes.

La Policía acabó teniendo conocimiento de que esta persona podía ser Jorge Ignacio P.J. En esas fechas no llegó a ser ni interrogado ni investigado y, con posterioridad, al trascender la desaparición de Marta, se reabrió el caso.

También asume el juez instructor el fallecimiento de otra mujer, en Valencia, el 15 de junio de 2019. La causa era tramitada por el propio Juzgado número 20. Se trata del caso de una mujer, colombiana de 26 años, que ejercía la prostitución y apareció muerta en un domicilio.

La cuarta causa contra el investigado es la denuncia de una mujer por unos hechos registrados en la ciudad en dos periodos, en abril/mayo de 2019 y septiembre/octubre del mismo año y que se seguían en el Juzgado número 15.

Sobre el caso de Marta Calvo, la Guardia Civil tiene abiertas varias líneas de investigación: busca ADN de la joven, de 25 años, en su vehículo tras no hallar ningún rastro de ella en el vertedero de Dos Aguas; y examina su Ipad.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha dejado sin efecto el auto incoado en diciembre de 2019 por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, incoando diligencias previas contra el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, así como contra 13 personas más entre las que figuran otros ocho ex altos cargos de la Administración andaluza, por el préstamo concedido en 1999 por el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), localizada en Jaén y posteriormente rebautizada como Campocarne y Primayor.

En dicho auto, el juzgado ordenaba incoar diligencias previas por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación contra Manuel Chaves, los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ya fallecido exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y cinco directivos de la empresa beneficiaria del préstamo.

Al respecto, recordemos que Chaves, Zarrías, Antonio Fernández, Viera, Vallejo, Guerrero y Serrano fueron condenados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el denominado como "procedimiento específico" mediante el cual la Junta de Andalucía financió los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y ayudas directas y sin publicidad a empresas.

EL "PRÉSTAMO PUENTE"

En ese sentido, en un auto de la Sección Séptima de la Audiencia avanzado por Diario de Sevilla, dicha instancia judicial aborda un recurso de apelación del exconsejero Guillermo Gutiérrez contra el citado auto del Juzgado de Instrucción número seis.

Al respecto, la Audiencia rememora que a la hora dictar el mencionado auto ordenando las diligencias previas, a instancias de la Fiscalía, se detectaban "hechos delictivos vinculados con la presunta ilicitud de la concesión a la mercantil Campocarne Andalucía S.A. de un préstamo puente de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros) otorgado por el IFA y aprobado en virtud del acuerdo del consejo de gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.

"Podría deducirse que bajo la apariencia formal de un contrato de préstamo, se decidió en puridad disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control administrativo, para beneficiar directamente a la empresa, pues no habría existido nunca voluntad de devolución ni de cobro del préstamo, pese a la vigencia del mismo", resumía el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el auto impugnado por el exconsejero Gutiérrez.

Ante ello, la Sección Séptima de la Audiencia expone que el asunto gira en torno a "un préstamo otorgado el 22 de diciembre de 1999, cuyo importe fue íntegramente abonado en ese mismo momento, habiendo transcurrido sobradamente 15 años desde entonces a la fecha de incoación de la causa el 3 de diciembre de 2019".

SIN AMORTIZAR

Por contra, la Fiscalía y el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis sostenían que los hechos investigados en esta pieza "no habrían prescrito", teniendo en cuenta que, "a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido, ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA".

No obstante, la Audiencia declara que "no comparte ese criterio", pues "es unánime la jurisprudencia del Supremo al considerar que el delito de malversación se consuma con la sola realidad dispositiva de los caudales públicos".

"Es incuestionable que la empresa prestataria dispuso del dinero en su entrega material el 22 de diciembre de 1999, produciéndose entonces el desplazamiento patrimonial en perjuicio del erario público, independientemente de las eventuales vicisitudes del préstamo en impagos o incumplimientos de las obligaciones pactadas", argumenta la Sección Séptima de la Audiencia.

EL MOMENTO DE LA "CONSUMACIÓN"

Y señalando la premisa de la Fiscalía y el juez respecto a que nunca habría mediado "voluntad de devolución ni de cobro del préstamo", la Audiencia expone que esa idea implica "aceptar" que desde la materialización del préstamo, "los delitos investigados habrían quedado consumados".

Así, la Audiencia concluye que "tales delitos se encuentran prescritos" tanto en lo relativo al exconsejero promotor del recurso de apelación, como de "los demás directivos de la empresa prestataria y los responsables políticos de la Junta que autorizaron la concesión y pago del préstamo cuestionado". Por eso, la Sección Séptima de la Audiencia estima el recurso de apelación, anula el auto del juzgado que ordenaba la incoación de las diligencias y declara la prescripción de los presuntos delitos investigados en esta causa.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha ofrecido sus instalaciones en la Cámara Baja para la celebración de comparecencias de representantes de la comunidad educativa y de expertos en la materia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá'.

Así lo explica la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sostiene que el objetivo es "dar voz a cuantas opiniones, recomendaciones o propuestas quieran libremente expresar respecto a la LOMLOE con la finalidad de dar a conocer al conjunto de la sociedad española el modelo educativo que esta tramitando el Congreso a instancias del Gobierno".

El ofrecimiento se produce después de que el pasado 15 de octubre la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Baja rechazara la posibilidad de celebrar comparecencias de la comunidad educativa y expertos en el trámite del proyecto, una situación que la portavoz 'popular' ha calificado de "anómala".

"Para nuestro Grupo, este proyecto de ley es uno de los más importantes de la legislatura, puesto que en él se abordan cuestiones que determinarán el futuro de las próximas generaciones y de nuestro país como nación", subraya la portavoz, quien ha destacado que el debate de enmiendas se está produciendo en ponencia, "a puerta cerrada".

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este miércoles la aprobación del reglamento de la Ley de Transparencia durante este semestre, así como la futura adhesión de España al Convenio sobre el acceso a documentos públicos del Consejo de Europa.

Darias, que ha presidido la toma de posesión de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), ha asegurado que el Gobierno ha asumido el "firme compromiso de impulsar la transparencia y el Gobierno Abierto" y ha recordado que, fruto de ese compromiso, junto a la participación de la sociedad civil y de instituciones, se aprobó la semana pasada el 'IV Plan de Gobierno Abierto'.

Así, ha abundado que gracias a la colaboración de todos los actores públicos y sociales implicados, dicho Plan que va en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ha dado respuesta a las demandas de la ciudadanía tras un proceso participativo, "inédito hasta la fecha", en la configuración de los planes de acción de Gobierno Abierto.

Tal y como ha apuntado la ministra, este es el camino es por el que se debe transitar "ahora y en el futuro" y que es "el de la generalización de la participación y colaboración con la ciudadanía y las organizaciones sociales para avanzar en la consolidación de la cultura de los valores de la transparencia y la rendición de cuentas".

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, NUEVO PRESIDENTE DEL CTBG

La ministra ha felicitado al nuevo presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, y ha destacado de él su formación académica y su trayectoria de dedicación al servicio público, además de su responsabilidad como director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Darias también ha recordado a la primera presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi. "Nos dejó demasiado pronto", ha lamentado, y ha resaltado el papel relevante de la institución, "por su importante labor para contribuir al valor de lo público".

Ha aprovechado su intervención también para mostrar su confianza en el nuevo presidente para que, con su experiencia y buen hacer, contribuya a "lograr una Administración mejor, más abierta, más democrática y cada vez más transparente". Darias no se ha olvidado del trabajo del equipo de personas que integran el Consejo de Transparencia, "un magnífico ejemplo de empleadas y empleados públicos dedicados al servicio de la ciudadanía".

"El siguiente paso será la aprobación del reglamento, que figura en el plan anual normativo para este semestre, y la reforma de la Ley de transparencia como uno de los objetivos de la legislatura", ha insistido.

En este contexto, la titular de Política Territorial ha aseverado que el Consejo contará el año que viene con más presupuesto para desarrollar su trabajo porque se trata de "una asignatura pendiente" y un "compromiso adquirido" desde que Sánchez llegó al Gobierno. "Se hará realidad cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado", ha incidido.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza, y la principal, del caso 'Gürtel' contra un total de 26 personas físicas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envía a juicio también a 20 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios por esta pieza relativa a los presuntos delitos fiscales por los que la Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de prisión para los líderes de la Gürtel.

Se trata de la última pieza de esta macrocausa de corrupción que quedaba en instrucción, a excepción de una parte de los conocidos como 'papeles de Bárcenas', que se reabrió en marzo de 2017 y que aún sigue investigándose.

En este caso se han investigado, por un lado, los delitos contra la Hacienda pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, "en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas", dice el juez; y por otro, la estrategia desarrollada por ambos de ocultación y blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

OTROS ACUSADOS

Así, el juez De la Mata también acuerda sentar en el banquillo a sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

En este sentido, el juez incluye en la apertura de juicio oral a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado; y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas a la Gürtel Inmaculada Mostaza en ejecución de lo acordado por la Sala de lo Penal por delitos contra la Hacienda Pública, tal y como sostenían la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus escritos de acusación.

Por el mismo motivo amplía la lista de personas que serán juzgadas respecto de los empresarios Jesús Calvo Soria, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez Lluch por el mismo delito.

En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado refleja en el auto las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.

A la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse en una futura sentencia, Correa y Crespo deberán afrontar unas fianzas que se elevan hasta los 33,6 millones de euros. A esta cifra habría que sumar las posibles responsabilidades civiles que se detallan en la resolución correspondientes al impago del IRPF, IVA e Impuesto Sociedades entre 2003 y 2007.

MÁS DE 30 MILLONES DE EUROS EN COMISIONES IRREGULARES

El juez de la Audiencia Nacional concluyó la instrucción de esta pieza el pasado mes de marzo, poniendo así fin al caso 'Gürtel' que se inició en 2008, y concluyó que el líder de la trama corrupta -que acumula 79 años de prisión por otras piezas de esta macrocausa y está pendiente de conocer la sentencia por la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia- habría percibido más de 30 millones de euros en comisiones irregulares.

De la Mata explica que las cantidades multimillonarias las obtuvo por su "intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera".

Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, pues Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas. El magistrado calcula el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de los años 2000 a 2007.

El 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, afirma el juez.

Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva SL y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba.

PAPEL "ABSOLUTAMENTE RELEVANTE" DE LOS ASESORES DE LA GÜRTEL

En cuanto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les considera cooperadores necesarios porque "su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación".

"Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa Sánchez y Crespo Sabaris, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública", expone el auto.

Aún así, para el juez, "lo relevante" no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la "maraña societaria", sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que "estamos ante entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos".

FACTURAS FALSAS Y BLANQUEO DE CAPITALES

El magistrado instructor envía juicio también esta pieza por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Sobre el primero, el auto afirma que se emitieron facturas para obtener el cobro, si bien su contenido "reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado".

En cuanto al blanqueo de capitales, detalla los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describe una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de "enriquecimiento de su líder".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha indicado este miércoles que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) llegará "muy pronto" al Consejo de Ministros, tras lo cual ha asegurado que se abrirá un amplio diálogo para mejorar el texto de cara a su tramitación parlamentaria. Campo ya había avanzado en declaraciones anteriores que el borrador estaría sobre la mesa del Gabinete antes de que acabara el año.

Así lo ha anunciado durante su intervención en el acto de presentación de la 'Guía para el Uso Forense del ADN', que ha señalado como ejemplo de "una materia compleja" en cuanto a su contenido y a su regulación, donde "la voz de los expertos resulta fundamental a la hora de adecuar nuestra legislación al estado del conocimiento científico".

En este sentido, ha revelado que el Ministerio de Justicia está trabajando en varios proyectos legislativos para "avanzar en la imprescindible actualización del ordenamiento jurídico", entre los que ha destacado "la elaboración de una nueva LeCrim, cuyo borrador de anteproyecto será sometido muy pronto a la consideración del Consejo de Ministros".

Campo ha vuelto a defender "la necesidad de superar el modelo decimonónico de un proceso penal aún vigente", incidiendo en que "supone una oportunidad para dar un salto cualitativo en la modernización de nuestra legislación procesal".

En particular, ha avanzado que la nueva LeCrim regulará "avanzadas técnicas de investigación contra el crimen que aún no tenían acomodo en nuestro ordenamiento jurídico y que en algún caso no están tampoco reguladas por ningún otro país".

El borrador también aborda el uso forense del ADN, según ha explicado, para dar respuesta a aspectos como la toma de muestras y el posterior análisis de las mismas, algo sobre lo que las normas vigentes "guardan silencio", integrando los estándares fijados por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Campo ha querido aclarar que "el Ministerio de Justicia solo tiene la primera palabra" en la nueva LeCrim, por lo que, una vez aprobada en el Consejo de Ministros, se abrirá un diálogo con expertos, operadores jurídicos y sociedad civil sobre "cómo mejorarla de cara a su tramitación parlamentaria", un diálogo que ha planteado como una "obligación".

Además, ha aprovechado para "poner deberes" porque no toda la regulación del uso forense del ADN está en las leyes procesales. De hecho, ha comentado, la mayor parte de esta materia está regulada por la Ley Orgánica 10/2007, sobre la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN, que "debe ser revisada y actualizada" tanto por los avances científicos que se han experimentado en la última década como por la normativa europea sobre protección de datos.

Para esta labor, el ministro ha anunciado que se contará con la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, que ha elaborado dicha guía y "demuestra un saber hacer imprescindible para el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico".

LA JUSTICIA DEL FUTURO

Campo ha aplaudido el "estupendo trabajo" que representa la guía, a la que se ha referido como una iniciativa "tan valiosa como necesaria" porque pone "lo mejor del conocimiento científico al servicio del ciudadano a través de los tribunales".

"El uso forense del ADN es quizá un gran ejemplo en un escenario jurídico como el actual donde la ciencia tiene cada vez más presencia en las sales de justicia", ha dicho, haciendo hincapié en "la importancia de las ciencias forenses en una administración de justicia moderna".

Asimismo, ha valorado la orientación que esta guía da a los poderes públicos ante la toma de decisiones legislativas, recalcando que se siguen descubriendo "nuevas técnicas forenses llamadas a definir los modelos de investigación criminal del futuro" y por eso se requieren ajustes periódicos en materia normativa.

En este sentido, ha reiterado que la genética forense es "uno de los medios más fiables de acceso a la verdad por parte de los órganos judiciales", pero también "es una técnica tan fiable como compleja" que precisa de una correcta interpretación que maximice su utilidad y prevenga "los riesgos asociados al mal entendimiento de los resultados.

En la misma línea, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que también ha intervenido en el acto, ha descrito la guía como "un valiosísimo instrumento" para todos los operadores jurídicos porque "se refiere a los diferentes ámbitos y fases del proceso desde el punto de vista jurídico pero también científico" y trata "las cuestiones de mayor interés", como la toma de muestras garantizando los derechos de víctimas y justiciables, la cadena de custodia o "la prueba penal transfronteriza".

Y, al mismo tiempo, ha enfatizado, "logra compatibilizar el rigor informativo con la claridad y sencillez en la exposición de las cuestiones más técnicas, de modo que hace accesible para quienes trabajamos en la administración de justicia nociones que a veces son complejas porque son nociones científicas", ha señalado, desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), donde ha tenido lugar el evento.

EL "EFECTO CSI"

Por su parte, el director del INTCF, Antonio Alonso, que ha sido el encargado de exponer la guía, ha indicado que su objetivo es "facilitar el conocimiento práctico de la aplicación forense del ADN" desde un "doble enfoque", jurídico y científico.

Alonso ha puesto en valor este documento frente a lo que ha denominado "efecto CSI", por el cual se asume que "el ADN es infalible", algo que ha refutado explicando que puede haber restos genéticos subyacentes de otras personas o contaminaciones posteriores que generen confusión, por lo que no siempre conduce al culpable.

Sin embargo, ha resaltado que se trata también de una técnica cada vez más precisa. Alonso ha contado que cada día se van introduciendo "nuevos marcadores de ADN que permiten conocer nuestro origen biogeográfico" hasta el punto de poder hacer un retrato robot porque aportan información sobre el color del pelo, los ojos o la piel.

Alonso se ha mostrado consciente de que esto suscita cuestiones bioéticas, en cuanto a la injerencia en la intimidad de las personas, si bien ha recordado que ya ha tenido una "enorme trascendencia" en investigaciones penales que estaban estancadas.

Se ha referido al caso del asesinato y la violación de Eva Blanco en 1997 en Algete (Madrid), en el que se tenía una muestra de ADN del autor pero sin coincidencias. Casi 20 años después, esos nuevos marcadores permitieron determinar que "era muy probable que fuera un individuo magrebí" y tras ello la Guardia Civil identificó y detuvo al responsable.

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de tres años de cárcel al joven Sansón F. por la muerte a navajazos del novio de su madre, Juan José C, en septiembre de 2018 en Nava del Rey, al declararle autor de un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia.

En su fallo, el presidente del tribunal de jurado absuelve al joven del delito de homicidio doloso que le imputaba el fiscal y del asesinato que le atribuían las dos acusaciones particulares, por los que habían pedido 12 y 25 años de cárcel, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además del pago de las costas, en las que se incluirán las correspondientes a las acusaciones particulares, se condena también al joven al pago de las indemnizaciones siguientes la familia de la víctima: 40.000 euros para María C.F, 90.000 a Saray C.G, 80.000 a Javier C.G, 89.631 a Rafael C.G, 56.091 a José C.R e idéntica cantidad a favor de Monserrat C.R, sumas que se incrementarán con el interés legal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para el cumplimiento de la pena impuesta se acuerda el abono al acusado el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa, en total dos años, y se hace constar el parecer favorable del jurado a la aplicación de los beneficios de la suspensión de la pena que le ha sido impuesta al acusado. Se hace constar así mismo el parecer desfavorable del jurado a que se acuerde en la sentencia la petición de indulto.

Se acuerda la libertad de Sansón F.M, debiendo fijar domicilio, que no podrá abandonar sin autorización, y presentarse los días uno y quince de cada mes en esta Sala.

La condena llega después de que el pasado viernes los miembros del jurado dictaminaran que Sansón dio muerte a la víctima sin intención de quitarle la vida, tan solo de herirle, y que el incidente se produjo en el transcurso de un forcejeo entre ambos en el que no se considera acreditado que el joven arrebatara la navaja a su oponente.

Los miembros del jurado distinguían dos fases en el forcejeo, una en la que Sansón estuvo agarrado al filo de la navaja y manos del fallecido y otra en la que, aun sin hacerse con el arma, la dirigió al cuello de Juan José C. con ánimo de herirle.

El hecho de que no aparecieran huellas o restos biológicos del acusado en el arma homicida fue esgrimido por el jurado para no dar por probado que Sansón llegara a arrebatar el arma a su contendiente.

El veredicto del jurado determinó que se trata de un homicidio imprudente y descartó, fundamentalmente, la tesis del asesinato mantenida por las acusaciones particulares.

El fiscal y las acusaciones particulares habían mantenido, sin embargo, peticiones de 12 y 25 años de cárcel, respectivamente, el primero por homicidio y los letrados de la familia de la víctima por asesinato, mientras que la defensa había pedido un fallo absolutorio, al tratarse de un homicidio por imprudencia con la concurrencia de legítima defensa, y, alternativamente, interesaba entre uno y dos años para el caso de que se aplicaran las atenuantes de provocación o arrebato.

A lo largo del juicio, el encausado, que tan solo declaró a preguntas de su letrado, mantuvo que la muerte de su padrastro, un hombre al que definió como muy "agresivo", machista y maltratador de su madre, se produjo accidentalmente en el forcejeo que ambos mantuvieron en plena calle, después de que la víctima sacara de forma sorpresiva una navaja de grandes dimensiones, tipo 'Curro Jiménez', tal y como apuntó uno de los testigos, y tratara de matarle.

El joven, que vivía con su padre en Medina del Campo, relató que aquel fin de semana se trasladó a Nava, en plenas fiestas, para visitar a su madre, que por aquel entonces mantenía una relación con el fallecido.

Así, siempre según su versión, la noche del 7 al 8 de septiembre de 2018 salió de copas con su padrastro hasta que en un momento dado éste le pidió que volvieran a casa, trayecto en el que a eso de las 7.20 horas, como así ha mantenido Sansón, la víctima "se metió una raya de coca" --las pruebas toxicológicas sólo hallaron alcohol en su organismo-- y "se volvió loco", para acto seguido sacar la navaja y tratar de acometerle tras llamarle "maricón de mierda", improperio que le soltó después de que le recriminara por el trato que daba a su progenitora.

"Sacó una navaja, me llamó maricón y de repente comenzó a tirarme navajazos", alegó el joven, que, según dijo, se aferró a la hoja del arma, de forma que ésta quedó asida por los dos contendientes y se inició entonces un forcejeo en el que Juan José C.

recibió hasta cinco heridas a la altura de la cabeza, una de las cuales, mortal y de 7 centímetros de profundidad, penetró en su yugular y provocó su muerte por hemorragia en pocos minutos.

El acusado alegó en que en ningún momento arrebató la navaja a su oponente, frente a lo que sostienen el fiscal y las acusaciones, pero no supo explicar con certeza cómo se produjo la herida mortal.

"Yo veía mucha sangre pero pensé que era la mía", justificó Sansón, quien tras la refriega huyó del lugar, acudió a casa de su madre para contarle lo sucedido y cogió un coche con el que poco después tuvo un accidente al salirse de la carretera.

Su versión, sin embargo, fue contradicha en el juicio por los forenses judiciales que realizaron la autopsia y que calificaron de "imposible" que Juan José C.

recibiera el navajazo en un mero forcejeo, aseveración que basaron en la trayectoria de la herida y el hecho de que la misma se produjo por detrás del cuello, con lo que, a su entender, lo más factible es que el acusado llegara a arrebatar la navaja al fallecido y le acometiera con ella, tal y como atestiguarían también las lesiones de defensa que presentaba el padrastro en varios dedos de la mano izquierda, con pérdida incluso de las yemas.

El hecho de que en el mango del arma no aparecieran células epiteliales de Sansón lo explicó a posteriori un miembro del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística del Instituto Armado, quien apuntó la posibilidad de que los restos de sangre de Juan José C.

Hallados en la navaja pudieron "enmascarar" el perfil genético que el encausado pudo dejar en el mango, explicación que, en cambio, no ha sido tenida en cuenta por el jurado.

Otros dos peritos de la defensa, sin embargo, sostuvieron la versión del forcejeo dada por el encausado, en el sentido de que dieron credibilidad a una escena en la que víctima y procesado estuvieran agarrados por las manos y el filo de la navaja oscilara entre ambos.

De hecho, los dos expertos calificaron de "inusual, atípica" la herida que alcanzó al fallecido por detrás del cuello, una lesión que, como así coinciden ambos, "no es la típica que lleva a cabo alguien que quiere matar a otro de forma intencional, sino que es más compatible con un forcejeo en el que la víctima la pudo recibir al perder el equilibrio y caer al suelo".

El veredicto emitido por el jurado da más credibilidad a la pericial de presentada pro la defensa y descarta que la muerte de la víctima fuera fruto de un asesinato o de un delito de homicidio doloso en el transcurso de un forcejeo entre el joven, que el día de los hechos contaba con 18 años, y el entonces novio de su madre, de 49 y padre de cinco hijos.

El Ministerio de Educación y FP ha informado este miércoles de que un 1,67% de las aulas del sistema educativo español están en cuarentena por Covid19, mientras que los datos de absentismo por la crisis sanitaria "no son relevantes" y no se reflejan en las estadísticas.

En total, según ha explicado el departamento que dirige Isabel Celaá, en la actualidad hay 6.469 aulas en cuarentena y, la propia ministra ha indicado que los porcentajes se han mantenido estables desde el inicio del curso, siempre en torno al 1,6%-1,7%.

En este sentido ha recordado que no todos los menores en cuarentena están contagiados por coronavirus, sino que se les obliga a aislarse cuando se detecta un positivo en su grupo.

En una rueda de prensa realizada para explicar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que corresponden a su departamento, la ministra también ha precisado que la ausencia de alumnos en las aulas por miedo al contagio es "irrelevante".

ESCUELAS ABIERTAS ANTE UN CONFINAMIENTO

En este sentido, ha indicado que este tema, que preocupó en su momento al inicio de curso, por las discrepancias mostradas por algunos colectivos de padres en el sistema de la 'vuelta al cole', no está siendo un problema finalmente.

Preguntada por la posibilidad de que cierren las escuelas ante un posible nuevo confinamiento domiciliario, Celaá ha señalado que su intención es mantener siempre abiertos los centros escolares, como también se está haciendo en países vecinos, como Francia y Alemania.

La responsable de Educación y FP ha destacado la importancia de mantener abiertas las aulas, no sólo porque se está jugando con "la educación de una generación", sino porque los colegios, según ha indicado, están siendo un "buen detector" del Covid19. Al respecto, la ministra ha destacado la labor de detección que se está realizando en las escuelas en todo el territorio español.

Los grupos y subgrupos representados en el Parlament han exigido este miércoles al Gobierno catalán que aclare y dé más información sobre las investigaciones de la operación Voloh, sobre el supuesto desvío de fondos públicos al independentismo.

Asimismo, con respecto a la gestión de la segunda ola de la pandemia, los partidos se han mostrado dispuestos a colaborar con el Govern a la hora de tomar medidas para reducir el impacto sanitario, social y económico.

Durante el turno de réplicas, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha reprochado al Govern que no han podido responder, a su parecer, sobre la operación Voloh, y les ha instado a hablar sobre medidas ante la segunda ola de Covid: "Si entre negociete y negociete tienen tiempo a sentarse con Cs a hablar de sanidad y economía, ahí estaremos".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido también al Govern que "cuanto antes sea capaz de proporcionar la información para desvanecer dudas" sobre la operación Voloh, y en cuanto a la pandemia asegura que apoya todas las decisiones tomadas por el Govern pero insiste en la prioridad de mejorar el sistema sanitario público.

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha insistido en la redacción de un documento de 'escalada' para tener claras las medidas y restricciones de cada nivel, y sobre la operación Voloh cree que "no está de más pedir explicaciones e información" y reprocha al Govern que haya esperado hasta este pleno para aclarar este tema.

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha querido centrarse en las medidas del Govern durante la seguna ola del coronavirus, concretamente le pide medidas efectivas para parar desahucios "y no solo hacer promesas en el Parlament", y ha instado al Ejecutivo catalán a sentarse con la CUP para hablar de esto.

Tras la renuncia del PP de su turno de réplica, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha asegurado que con la operación Voloh "las cloacas del Estado han vuelto a actuar" y ha defendido que desmontarán todas las acusaciones y que continuarán trabajando desde el Govern para salir reforzados de la crisis por la Covid-19.

Por último, el portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha pedido a los diputados en el hemiciclo "respeto, cooperación y compromiso", que no se utilicen ciertas expresiones en la Cámara, y que haya intención real de todas las fuerzas de ayudar al Govern en los diferentes ámbitos de la gestión de la pandemia.

Los alumnos y profesores del sistema educativo catalán, a partir de la ESO, se harán muestras PCR a sí mismos cuando haya un positivo en su grupo estable de convivencia, ha explicado la secretaria general de la Conselleria de Educación de la Generalitat, Núria Cuenca, en rueda de prensa este miércoles.

Hasta ahora, las pruebas las realizaba personal sanitario desplazado, pero Cuenca ha argumentado esta reorganización como un "acto de responsabilidad" para poder destinar recursos humanos al ámbito sanitario o asistencial, ya que la incidencia del virus es más baja en el entorno escolar.

El cambio no se materializará, al menos, hasta dentro de dos semanas: ahora se están grabando unos vídeos tutoriales para los profesores, que serán los encargados de supervisar la correcta realización de esas pruebas, y la semana que viene se les hará formación directa.

Además, hace falta esperar a que la Conselleria de Salud envíe los kits con las autopruebas a los centros: "Cuando en Salud tengan claro el protocolo de organización para enviar las pruebas PCR a los centros, será el momento en que estaremos en disposición de implementar esta nueva metodología", ha detallado Cuenca.

Cuenca ha asegurado que las autopruebas no tensarán los centros escolares: ha argumentado que son seguras, sencillas y fiables -"Es muy difícil no hacerlas bien", ha sostenido- y que la organización será la misma que cuando las realizaba personal sanitario desplazado.

La Conselleria de Educación no obligará a los alumnos a realizarse las pruebas, si ellos o sus padres no lo desean, pero sí les indicará que deberán realizar el aislamiento preventivo igualmente.

Por otro lado, para evitar que los confinamientos preventivos se alarguen innecesariamente, debido a los retrasos en la entrega de resultados de las pruebas, Cuenca también ha anunciado que, a partir de ahora, los alumnos retornarán a los colegios cuando haya pasado la cuarentena de 10 días, tengan o no tengan los resultados.

"Estamos seguros de que es oportuno que puedan volver al centro", ha opinado Cuenca, que se ha basado en la poca incidencia de contagios dentro de los grupos burbuja.

EXTRAESCOLARES

La semana que viene se lanzará una línea de ayudas de 20 millones de euros para las entidades, empresas e instituciones dedicadas a las actividades extraescolares, afectadas por el cierre de las mismas decretado tras las medidas aprobadas por el Procicat.

Cuenca ha asegurado que el departamento es "consciente del impacto" de la prohibición en términos económicos, para las empresas, y educativos, para los alumnos; pero ha asegurado que se debía interrumpir el posible contacto entre miembros de grupos estables de convivencia distintos fuera de los centros.

INCIDENCIA

La secretaria general de Educación ha explicado que el número de grupos, alumnos y profesores confinados se ha reducido un 19% respecto al pico estadístico registrado entre el pasado viernes y sábado.

"El 95 por ciento de nuestros alumnos está pudiendo ir al colegio con normalidad y, por tanto, estamos garantizando su derecho a la educación", se ha felicitado Cuenca.

La Conselleria también ha suspendido durante un año las elecciones bienales en los consejos escolares, que se tenían que celebrar este mes de noviembre, "con el objetivo de no añadir complejidad o movilidad en los centros y mantener la organización de los grupos burbuja", según ha detallado Cuenca; los miembros de los consejos, por tanto, verán prorrogado un año su mandato.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este miércoles que el Ministerio no ha planteado el confinamiento domiciliario "en ningún momento", y ha agregado que si la decisión es del Gobierno regional "la respuesta es no".

Según ha desvelado en una entrevista en 'Telemadrid', en lo que respecta a las conversaciones mantenidas entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad "en ninguna de estas conversaciones se ha planteado ese confinamiento domiciliario".

"No se ha planteado en ningún momento, y desde luego insisto que si la decisión es de la Comunidad de Madrid, a día de hoy, la respuesta es no", ha manifestado Escudero.

El consejero ha defendido que, si los datos de la Comunidad de Madrid mantienen la tendencia descendente, con las medidas que se están aplicando a nivel general y por zonas básicas de salud, "no tendría ningún sentido aplicarlo" en la región.

Respecto a si se debería aplicar por comunidades autónomas en vez de con carácter nacional, Escudero ha abogado por "valorar cuál es la situación demográfica, social, económica de cada una de las comunidades".

DECISIONES "EVALUANDO LOS DATOS"

A su juicio, además, "las decisiones hay que tomarlas evaluando los datos", y, tal y como ha recordado, los de la Comunidad de Madrid van en descenso desde hace seis semanas, por lo que ha opinado que "si se produce ese descenso con un plan que ha hecho la Comunidad de Madrid que funciona", tomar medidas "en el sentido de más restricción" sería, a su juicio, "bastante complicado de entender por la población" y "tampoco sería estrictamente necesario".

"El Gobierno de España ha permitido desde que salimos de la primera ola tomar decisiones a nivel autonómico", ha agregado, para precisar que lo ha hecho ahora con el estado de alarma en lo que respecta al confinamiento perimetral, donde "ha dejado libertad para tomar esas decisiones".

Así, ha dicho que la Comunidad de Madrid no entendería que se produjese, por parte del Gobierno central, una decisión contraria a lo que decidiese cada comunidad autónoma.

El PP-A ha manifestado que los Presupuestos para 2021 que este miércoles se han registrado en el Parlamento son los que Andalucía "necesita" y ha pedido a los partidos políticos de la oposición "sentido común, generosidad y voluntad de acuerdo". Ha insistido en que Vox es su "socio preferente", pero le ha advertido, así como a PSOE-A y a Adelante, de que no permitirá "sellos ideológicos" en la cuentas de la comunidad.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, que ha querido dejar claro que los Presupuestos que ha aprobado el Gobierno andaluz no son "ideológicos y no se van a transformar en ideológicos", y están abiertos al diálogo.

"Si los partidos que sostienen al Gobierno (PP y Cs) no han caído en la tentación de ponerles un sello ideológico, tampoco vamos a consentir que desde la oposición se pretenda poner ese sello ideológico", según ha dicho Nieto, quien ha querido dejar claro que no estamos antes unos Presupuestos de PP-A o de Ciudadanos, sino ante los Presupuestos de Andalucía que se requieren en estos momentos tan duros.

En este sentido, ha pedido "sentido común, generosidad y voluntad de acuerdo" a todos los grupos políticos y ha insistido en que para el PP-A, Vox sigue siendo el "socio preferente y queremos que tenga además ese estatus, que se lo ha ganado también con su lealtad" en estos dos años de legislatura.

No obstante, ha pedido a Vox que no se proponga "como socio excluyente", porque eso no es lo que necesita Andalucía en estos momentos. Para Nieto, hay que hablar y escuchar a todo el mundo y tenemos que intentar que cada andaluz se sienta reflejado en el contenido de estas cuentas y para ello es fundamental que "todos los grupos renuncien a sus exigencias ideológicas".

Sobre si Vox ha presentado algún documento en las reuniones sobre el Presupuesto con exigencias que pudieran tener cierto "sello ideológico", Nieto ha indicado que no tiene conocimiento de ello y que ese partido sí expresó su intención de plantear algún documento en la reunión que se suspendió hace unas dos semanas.

En cuanto al contenido del Presupuesto para 2021, Nieto ha destacado que el 94 por ciento del crecimiento se centra en salud, educación y dependencia. Ha apuntado que la dotación para la sanidad se incrementa en 716 millones, con lo que probablemente se cumplirá con esa petición histórica jamás alcanzada antes de que cuente con un presupuesto que esté por encima del 7 por ciento del PIB andaluz.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo en materia de educación, cuya dotación se incrementa en más de un 7 por ciento y se alcanzan los 8.322 millones, una cifra muy próxima al 5 por ciento del PIB. En cuanto a la dependencia, ha valorado que crezca en más de un seis por ciento, de manera que su dotación se acerca a los 2.000 millones.

"Hay un esfuerzo en todo aquello que necesita Andalucía, como la garantía de derechos fundamentales", según Nieto, quien también ha destacado que la partida para inversiones crece en un 18 por ciento.

"Nuestra voluntad es que Andalucía tenga los mejores presupuestos, y estos lo son", según ha indicado Nieto, quien ha considerado que va a "ser difícil que se puedan mejora" durante el trámite parlamentario, porque mantienen un equilibrio entre la necesidad de ser expansivos y la necesidad de prudencia y de no hipotecar nuestro futuro con un exceso de déficit y de deuda.

Ha querido dejar claro que si estos Presupuestos no se aprobaran, no será por falta de voluntad de diálogo del Gobierno andaluz con todos los grupos. "Nos gustaría contar con un Presupuesto que fuera razonablemente aceptado por todos", ha dicho.

El líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha negado este miércoles tráfico de influencias en el Govern, ante las presuntas irregularidades en la contratación pública que investiga el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona en la operación Volhov, y ha cuestionado la "calidad democrática" del Estado.

"El que quiera ver tráfico de influencias que vaya a la Zarzuela con el Rey emérito huido por corrupción. El que quiera ver tráfico de influencias que vaya al palco del Bernabéu, dado que el Gobierno ha dado 1.500 millones de euros por la operación Castor a las entidades financieras", ha dicho en su réplica en el Parlament a la comparecencia del vicepresidente, Pere Aragonès, sobre la gestión de la segunda ola de coronavirus.

Para Batet, es inaceptable que en una democracia europea "se espíe a diputados, a políticos y reuniones y actividades de los partidos", tras opinar que la filtración de conversaciones vulnera el derecho a la intimidad de los afectados.

"No seremos cómplices de las malas intenciones del Estado y sus cloacas", por lo que no se pronunciarán sobre el contenido de dichas conversaciones, ha dicho.

Sobre la crisis del coronavirus, ha advertido de la gravedad de la situación, por lo que ha reclamado unidad y actuar con diálogo, cooperación y complicidad para salir adelante, tras acusar al Gobierno de poner el freno de mano porque no les dejan "tomar todas las decisiones ni destina ni pretende destinar los recursos que son necesarios" para combatir la pandemia.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que un país que "se toma en serio" los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es también "un país más sostenible económicamente".

"La pandemia nos demuestra que una sociedad más sostenible, que se tome en serio los planteamientos de la Agenda 2030 es también mucho más sostenible económicamente. Un país con mejores servicios públicos, con más camas de hospitales, con una economía más diversificada, con mejores servicios públicos, con más médicos y más docentes, es un país con más capacidad para proteger a sus trabajadores y a sus empresas del impacto de una situación como esta", ha asegurado Iglesias.

Así lo ha manifestado el vicepresidente segundo del Gobierno este miércoles 4 de noviembre en un acto para recibir las conclusiones de la consulta empresarial sobre Agenda 2030, un proceso en el que han participado 1.900 empresas españolas y que culminará con la presentación de sus propuestas sobre cómo implementar la Agenda en España.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 estudiará las aportaciones de las empresas españolas con el objetivo de incluirlas en la próxima estrategia del Ejecutivo para el cumplimiento de los ODS.

Para Pablo Iglesias, avanzar hacia estos Objetivos de Desarrollo Sostenible no es solo una cuestión de "justicia social" sino también de "eficiencia económica" y, por ello, ha invitado a los empresarios a invertir la máxima liberal del siglo XIX según la cual la búsqueda del interés particular por los agentes económicos privados repercutía en el conjunto de la sociedad.

"En el siglo XXI y partiendo de las lecciones de la pandemia, creo que podemos darle la vuelta a esa máxima, y decir que buscando el beneficio del conjunto de la sociedad es como los agentes económicos privados van a encontrar su propio beneficio", ha asegurado.

Además, Iglesias ha querido desmontar la imagen que, a su juicio, "se ha querido construir por parte de algunos poderes mediáticos: que Unidas Podemos podría ser una suerte de enemigo del tejido empresarial". "Creo que esos discursos han hecho que algunos empresarios vieran con ciertas reservas que nuestra fuerza política estuviera en el Gobierno de coalición", ha añadido.

Si bien, considera que a día de hoy están "orgullosos" de la labor de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, "a través del diálogo social, ha conseguido hasta seis acuerdos con sindicatos y empresarios", y pueden "presumir" de estar "afrontando esta crisis de manera mucho más protectora para empresas y trabajadores que en 2018".

También ha puesto en valor algunas medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según ha dicho, "no solamente es una medida de buena voluntad" para que la gente "no tenga que sufrir la indignidad de no poder llenar la nevera o atender a su familia", sino también "una medida imprescindible para el beneficio económico en la medida que sostiene el consumo".

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha negado este miércoles que el acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos y ERC en el Congreso para eliminar el castellano como lengua vehicular de la Educación en la LOMLOE, tenga que ver con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha señalado que su departamento "no depende de nadie".

Durante una rueda de prensa para explicar las partidas destinadas en los PGE para 2021 a su departamento, la ministra ha sido preguntada por esta firma entre los partidos en el Gobierno y la formación independentista.

Según ha declarado, el objetivo de su departamento es que los alumnos españoles "concluyan sus estudios con éxito" siendo "plenamente competentes en castellano, en la lengua cooficial, si la hubiere, y en alguna lengua extranjera". "Si es posible dos", ha matizado.

Además, ha señalado que el Ministerio es "autónomo" en sus actuaciones y que, en la actualidad, trabaja "para el bien de los alumnos", para "mejorar su capacitación profesional" y para que "sean capaces de enfrentarse a un mundo cada vez más difícil".

"Vivimos en un mundo multilingüe, en el que hay que trabajar las lenguas", ha concluido.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordena a Alcoa "abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas" en la fábrica de Cervo (Lugo), donde pretende aplicar un despido colectivo para 524 trabajadores.

Al respecto, los magistrados entienden que la empresa puede ejecutar los despidos y detener la producción, pero creen que debe mantener las cubas en situación de retomarla de manera inmediata por si el expediente de regulación de empleo (ERE) fuese considerado nulo.

De esta forma estima en parte la pretensión de medidas cautelares solicitadas por los sindicatos CC.OO., CIG y UGT frente a la empresa, tras la vista celebrada la semana pasada con la intervención de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno central.

Además, la sala de lo social rechaza cualquier actuación por parte del Estado en la planta porque la representación del Ministerio de Industria manifestó que consideraba "desproporcionada la administración o intervención judicial" de la factoría de Lugo.

Así, los magistrados entienden que sería una medida "desproporcionada" otorgar a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) la administración de la planta de aluminio mientras dure el proceso de impugnación de despido colectivo y se dicte sentencia firme.

El tribunal manifiesta que, en lugar de la administración, la intervención sería, en todo caso, una "medida alternativa igualmente eficaz y menos perjudicial" para la empresa.

ABOGACÍA DEL ESTADO

Los jueces indican en el auto que esta intervención, que estaría orientada a controlar las actividades desarrolladas en la planta con el objetivo de mantener las cubas en situación de reiniciar de inmediato tras una eventual calificación del despido colectivo como nulo, no concuerda, sin embargo, con la posición procesal de la Abogacía del Estado.

Así, señalan que, además de manifestar en la vista que no asistía en representación de la SEPI, el abogado del Ministerio de Industria aseguró que consideraba "desproporcionada la administración o intervención judicial de la planta".

"TRASTOCARÍA LOS LÍMITES Y PLAZOS"

La sala analiza también en el auto, que da respuesta a la solicitud de medidas cautelares, la pretensión de los sindicatos de que por orden judicial Alcoa se abstenga de despedir a los trabajadores afectados por el ERE.

Los jueces concluyen que esto no es posible, pues "trastocaría los límites y plazos" que debe cumplir la empresa con respecto al expediente de regulación de empleo.

Tampoco se acoge por parte del tribunal la pretensión de que se ordene a la factoría que mantenga la actividad en la planta, por considerar que se trataría de una "medida desproporcionada".

Por último, sobre la solicitud de que se obligue a Alcoa a mantener las cubas en situación de retomar la producción de manera inmediata, los magistrados entienden que ese mantenimiento "deviene imprescindible en el caso hipotético de la inmediata readmisión que se derivaría de una declaración de nulidad del despido colectivo", puesto que el apagado de las cubas electrolíticas, "aun no siendo un proceso irreversible, se ofrece complejo, costoso y dilatado en el tiempo, acarreando, en suma, graves perjuicios a los trabajadores".

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha advertido este miércoles DE que los datos en la provincia de Huelva están subiendo "sin freno", después de que en los últimos 14 días se hayan diagnosticado 2.413 positivos, por lo que ha subrayado que hay que tomarse la situación "bastante en serio".

Así, a preguntas de los medios en rueda de prensa, Verano ha recordado que los datos de Huelva han sido siempre "mucho mejores que los de otras provincias" estando "muy por detrás de los datos de otras de Andalucía y de España" pero que, ahora mismo, se está produciendo "una evolución bastante rápida", por lo que no se puede decir lo mismo".

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" individual, destacando que ahora mismo hay "más hospitalizaciones que en Almería", al tiempo que ha subrayado que "hay que ser conscientes de la gravedad del momento".

Con respecto a los 2.413 positivos, ha apuntado que es "una cifra inimaginable" en la primera ola de la pandemia en la provincia, que esta segunda ola está teniendo cifras "muy altas".

En este punto, Verano ha reseñado que la provincia de Huelva ha estado "muy bien y muy tranquila", pero "ahora mismo no", por lo que ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad" ya que considera que si no hay "responsabilidad personal" y no se cumplen las medidas, las mismas "no sirven de nada" y "al final va a repercutir primero en la salud de todos y luego en la economía y el empleo.

En cuanto a la presión hospitalaria, la delegada ha asegurado que con el Plan 3000, que es el que está vigente, en la provincia hay "suficientes camas" y también "de UCI", destacando que hay un porcentaje de ocupación de camas en UCI "muy bajo" por lo que "hay disponibilidad".

De este modo, ha indicado que precisamente este miércoles la Consejería de Salud ha cerrado el Plan 4.500, que establecerá medidas por si hay que plantear hacer un refuerzo de camas fuera de los hospitales, aunque cree que en la provincia de Huelva "no va a ser necesario.

Así, ha señalado que está previsto y preparado un centro de evacuación para las residencias -tanto las de mayores como las de personas con discapacidad- en la residencia Frater en Huelva capital, "que ya está completamente limpia y puesta a disposición" para que se puedan separar los positivos de las personas no afectadas por covid "en las residencias que sea complicado sectorizar en el caso de que se dé un brote".

También se ha hablado con los hoteleros en el caso de que sean necesario "hoteles refugio". "Todo esto está avanzado", ha apuntando, añadiendo que este jueves hay una comisión de coordinación con los delegados territoriales para tener preparados "posibles centros que puedan hacer falta para otros ámbitos y actividades, por si la pandemia viniera un poco más grande de lo esperado".

SECTOR AGRÍCOLA

Por otra parte, Verano ha apuntado que están trabajando con el sector agrícola por los posibles contagios que se puedan producir en las fincas ya que se habían comprometido a hacer todos los test a los temporeros que vengan de fuera de la provincia de Huelva.

En este sentido, ha indicado que el sector está buscando posibles ubicaciones por si hubiera algún brote "grande" en una de las fincas, ya que en la guía que realizaron se recomienda, en caso de que se diera la circunstancia de tener que confinar a personas contagiadas y que no hubiera sitio en los espacios preparados para ellos.

"Estamos intentando adelantarnos a todos los posibles escenarios ya que la experiencia de la primera ola nos ha servido para tener previstas todas las posibles situaciones", ha reseñado..

RESTRICCIONES

Con respecto a mayores restricciones en Andalucía y que pudieran afectar a Huelva, la delegada ha señalado que el confinamiento "está encima de la mesa" aunque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "no tiene intención todavía de llevarlo a cabo" aunque "hay que plantearse todos los escenarios ante la posible evolución de la pandemia".

En este contexto, ha reiterado que Moreno ha dicho que va a esperar al día 9 de noviembre para ver si estas medidas que se han impuesto en Andalucía con las restricciones y el cierre perimetral de algunos municipios tienen "efectividad" y baja la incidencia, ya que sino "tendrán que tomarse decisiones más restrictivas".

Asimismo, ha incidido en que el presidente de la Junta reclama al Gobierno que tenga esas medidas previstas para un posible confinamiento "que parece que ahora mismo no están contempladas".

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha anunciado este miércoles que está preparando un nuevo decreto para, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en este segundo estado de alarma, extender desde el próximo lunes el 'toque de queda' nocturno en la ciudad al máximo posible (de 22.00 a 7.00 horas), prohibir las entradas y salidas de la localidad salvo causa justificada todos los días de la semana y restringir a cuatro el número de no convivientes que podrán reunirse en cualquier espacio público o privado.

Además, el Ejecutivo local reclamará al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde un nuevo marco normativo que haga viable "un confinamiento de la población y la suspensión de todas las actividades no esenciales en términos similares a los del primer estado de alarma de primavera".

El presidente de Ceuta ha asegurado que trasladará esta solicitud "desde la lealtad institucional" y "sin ánimo de alarmar ni adoptar decisiones desproporcionadas", sino como la única opción para "contener la propagación del virus, doblegar la curva de contagios y evitar el colapso del Hospital Universitario".

En rueda de prensa, Vivas ha recordado que desde el 23 de octubre "el número de positivos por cada 100.000 habitantes diagnosticados en dos semanas ha pasado de 445 a 853, un 92% de incremento; el de personas hospitalizadas, de 28 a 25, un 61% más; y el de fallecidos, de 14 a 28". "Nadie puede dudar de que nos encontramos en una situación límite, muy grave, de extremo riesgo, con una manifiesta transmisión comunitaria, una propagación desenfrenada del virus, una presión hospitalaria alarmante y una insoportable tasa de mortandad", ha destacado.

El Gobierno autonómico, que hasta ahora se había inclinado por la imposición de restricciones de movilidad y actividad lo más leves posible, considera ahora que "mas vale prevenir que lamentar y llorar" y que "cuanto antes y más enérgicamente se actúe, antes podremos esperar resultados y salir de esta pesadilla que a todos nos tiene el ánimo perjudicado".

"A nadie le gusta tomar medidas que van a perjudicar gravemente al tejido productivo, pero ante la gravedad de la situación no tenemos más remedio que, desde una posición responsable, adoptarlas", ha insistido Vivas, que prevé destinar los 12.500 test de antígenos que ha adquirido la Administración local a "doblar" la capacidad diagnóstica del Ministerio en Ceuta, donde actualmente se realizan "la mitad" de pruebas por cada 100.000 habitantes que en el conjunto del país, lo que a su juicio está generando una "infradetección" de la propagación real de la COVID-19.

El Gobierno de Cantabria ha decidido confinar todos los municipios de la comunidad desde las 18.00 horas de hoy y, en principio, hasta el día 9, cuando finaliza el toque de queda, si bien es probable que se prorrogue hasta un total de 15 días.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha indicado que esta tarde se publicará un decreto por el que se aplican en la región el nivel 3 de alerta del protocolo para el control de la transmisión de COVID-19 que incluye esta medida así como otras.

Así, se contempla el cierre al público del interior de los bares y restaurantes, o limitar reuniones a un máximo de 6 personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia, entre otras medidas de reducción de aforos en diversos ámbitos, que tienen como objetivo común reducir la movilidad.

Revilla ha asegurado que Cantabria está en un momento "muy complicado" y en una situación "gravísima", y hay que actuar "con rotundidad" por lo que "hay que adoptar esta medida, actuar con rigor".

Pido a los ciudadanos que lo entiendan y se cumpla porque "no hay otra", y siempre bajo las recomendaciones de los sanitarios. "Esto no tiene que ver con abril y mayo, pero hay que llevarle con rigor y evitar en lo posible no estar con más de cuatro personas". "Son 14 días y si lo hacemos, estoy seguro que la curva a volver a bajar"

"Si queremos recuperar la actividad económica para Navidad, esto hay que hacerlo. E intentaremos paliar la situación que se provoca a empresarios y autónomos, sobre todo en hostelería".

Vox registrará este viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, según ha confirmado la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona.

Aunque se trataba de una decisión previsible, el anuncio se ha formalizado este miércoles durante la celebración de la Comisión de Interior, donde los altos cargos del Departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska han desgranado las cuentas de su Ministerio para el año 2021.

Olona ha denunciado la dotación que prevén las cuentas públicas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para los militares, y ha asegurado que esta situación "pesa mucho" en la decisión de su partido de enmendar a la totalidad del proyecto de PGE para que sea devuelto al Gobierno.

El plazo de presentación de enmiendas de totalidad acaba a las 14 horas de este viernes y su debate está previsto para la próxima semana, los días 11 y 12 de noviembre. Se trata del primer examen parlamentario del proyecto presupuestario del Gobierno de coalición, un test que no superó el Ejecutivo del PSOE a principios de 2019 cuando presentó unas cuentas pactadas con Unidas Podemos, cuya derrota provocó la disolución de las Cortes y las elecciones del 28 de abril del pasado año.

LOS QUE QUIEREN NEGOCIAR Y NO RETIRAR LOS PGE

Ahora, en cambio, el Gobierno tiene ya cerca una mayoría absoluta para superar la votación. No necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar los apoyos a las enmiendas a la totalidad que se presenten, que se votan de una tacada ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

Y es que varias formaciones de la oposición han avanzado que no presentarán enmienda de totalidad y que, además, facilitarán la tramitación de las cuentas para poder negociarlas en el Congreso. Es el caso de Ciudadanos (10 diputados), el PDeCAT (cuatro diputados de los ocho de Junts), y los diputados de Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Compromís, Teruel Existe, el BNG y Nueva Canarias, que han apostado ya por la negociación de las cuentas vía enmiendas parciales, según aseguran fuentes parlamentarias.

A ellos hay que sumar los votos del PNV (6), que comparte Ejecutivo con los socialistas en Euskadi y al que el Gobierno ha situado como socio de referencia en Madrid, con el que, de una u otra manera, asume que alcanzará un acuerdo

Todos ellos, con los 155 diputados que conforman el bloque del PSOE y Unidas Podemos, formaciones que integran el Gobierno de coalición, suman ya 180 diputados, por encima de la mayoría absoluta (176), e incluso es posible que se añadan los dos diputados de Más País-Equo, coalición socio habitual del Ejecutivo y de los que el Ejecutivo no espera el rechazo a tramitar los Presupuestos.

LOS INDEPENDENTISTAS YA NO SERÍAN NECESARIOS

Así las cosas, el Gobierno ya no necesitaría a las formaciones independentistas de ERC, Bildu y Junts. Ni Esquerra (13 diputados) ni Bildu (5), formaciones que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez en enero, han adelantado su voto, pero sí han mostrado su voluntad de negociar las cuentas. En todo caso, el Ejecutivo mantiene con ellos vías de diálogo en busca de su apoyo.

Además de Vox, enfrente se prevé que estarán al PP y sis socios electorales en Navarra (UPN) y Asturias (Foro), así como Coalición Canaria (CC), que ya ha avanzado que presentará la suya para tumbar las cuentas. Juntos son 144 votos, muy lejos de esa mayoría absoluta que ha ido reuniendo el Gobierno de coalición.