La ONG Save the Children ha pedido que la situación de pobreza se tenga en cuenta en el calendario de vacunación contra la Covid-19 porque considera que las personas en esta situación tienen más riesgo de contagiarse, al trabajar en sectores esenciales o vivir en viviendas más pequeñas.

Así, propone que cuando llegue el turno de vacunar a la infancia, se inmunice primero a aquellos niños y niñas de familias en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

"Estas familias se contagian más por su mayor presencia en sectores de trabajo esenciales que no han cerrado ni pasado al formato de teletrabajo, lo que conlleva una mayor movilidad y contacto con otras personas. Asimismo, sus familias se contagiarán más por disponer de un espacio habitacional más reducido que la media de la población española. Por ello, la probabilidad de que los niños y niñas que viven en hogares que sufren exclusión o pobreza se contagien es superior", advierte la ONG.

También sugiere realizar campañas de vacunación específicas para zonas de elevada exclusión siendo correctamente identificadas por las autoridades públicas en coordinación con las entidades del Tercer Sector.

"Creemos que se ha de incorporar el foco de la desigualdad a los programas de vacunación, para asegurar que las personas en situación de exclusión van a poder acceder a la dosis con independencia de su estatus administrativo", ha indicado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

La ONG también pide que se priorice al colectivo del profesorado o el sector de los cuidados en la etapa 2 de la vacunación frente a la Covid-19, prevista para iniciarse en España a partir de marzo, así como a los colectivos con una mayor vulnerabilidad clínica.

Por otro lado, sobre la vacunación en los países en vías de desarrollo, y ante el temor de un desigual abastecimiento de la vacuna entre los países más ricos y los más pobres, Save the Children manifiesta su "preocupación" ante "el potencial riesgo de que queden desprotegidos un gran número de familias con niños y niñas a cargo".

Para paliar esta situación, la organización reclama que el acceso a las dosis sea lo más equitativo posible entre todos los países. Para ello, considera que es imprescindible que los países más ricos y los organismos internacionales se comprometan con la protección de toda la población y se planifique la distribución de la vacuna pensando en términos de salud pública global y solidaridad.

Save the Children también cree importante que se facilite una producción de la vacuna más descentralizada de manera que los países más pobres tengan más facilidades de obtener las dosis al no tener que ser importadas desde otros países, con los inconvenientes que ello conlleva para la correcta conservación de las dosis.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el magnate ruso Mikhail Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de Dia y poder comprar la empresa a un precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" debido a "una mala gestión" o a "la inadecuada política comercial y de inversiones".

Calama, en un auto del pasado 15 de diciembre, ha estimado que "no ha quedado acreditado que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal", ordenando en consecuencia el sobreseimiento provisional de las actuaciones, "sin perjuicio de reaperturar las mismas si la averiguación de nuevos elementos o indicios así lo aconsejan".

El juez instructor investigaba a Fridman, dueño de Letter One --que es la máxima accionista de Dia--, por un presunto delito de abuso de mercado y manipulación de precios a raíz de una denuncia anónima presentada contra el magnate ruso y contra la empresa en la que se aseguraba que mantuvieron una "elevada tensión financiera con el objeto de lograr la baja cotización de las acciones, hasta lograr la compra de la compañía".

Para Calama, que ha hecho "enteramente" suyas las posiciones del Ministerio Fiscal y de los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "todo apunta a que la continua bajada del valor de las acciones fue debida a la evolución del negocio, consecuencia de una mala gestión o de la inadecuada política comercial y de inversiones" de Dia.

Los sucesivos informes de los técnicos de la CNMV, que ratificaron en sede judicial, indican que las posiciones en corto que determinaron el desplome de las acciones de DIA anticiparon de hecho bajadas de valor, algo que consideran "de sobra justificado por la situación financiera de la compañía, así como en los informes y noticias publicados sobre la cadena de supermercados que indicaban una evolución negativa del negocio". "La debacle de Dia se explica por la propia evolución del negocio", afirman.

La tesis de la CNMV, según destaca Calama, "refuta la hipótesis de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de considerar que el precio bajo de la acción podría haber venido determinado por un exceso de posiciones bajistas, lo cual podría haber transmitido al mercado la existencia de un riesgo no detectado sobre Dia".

"MUY LEJOS DE RECUPERAR SU INVERSIÓN"

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha señalado como "dato relevante" la cotización de Dia en el último año, detallando que ha pasado de un precio de 0,2 euros por acción a finales de 2019 a 0,15 euros en la recta final de 2020, llegando a registrar mínimos de 0,060.

Calama ha llamado la atención sobre el hecho de que son "cotizaciones notablemente más bajas que los 0,67 euros por acción que ofreció y pagó LetterOne en su OPA de febrero de 2019". "Es decir, que a fecha de hoy LetterOne todavía estaría muy lejos de recuperar su inversión inicial de mayo de 2017, cuando entra en el capital social de Dia (3,8 euros por acción), y la cantidad que posteriormente pagó al ejecutarse la OPA de febrero de 2019 (0,67 euros)", resalta el magistrado.

En este sentido, ha argumentado que "la hipótesis de que las posiciones en corto hubieran estado dirigidas a conseguir una bajada del precio de la acción para que se esta manera LetterOne consiguiera adquirir la compañía por un precio más bajo pierde todo su fundamento cuando se compara el precio de la acción de hace tres años con el actual, pudiéndose comprobar las cuantiosas pérdidas de valor que han venido sufriendo las acciones de esta compañía".

Calama ha precisado a este respecto que "quien en mayo de 2017 tuviera acciones por valor de 100.000 euros hoy día (a 30 de noviembre de 2020) apenas superarían los 2.500 euros y, de la misma manera, la inversión en tales fechas de Lette rOne por 754.737.742 euros ahora tendría un valor de 39.723.039 euros y habría sufrido una pérdida de 131.924.926 euros respecto a la cantidad de 169.980.193 (0,67 por acción) desembolsada en la ejecución de la OPA".

Por tanto, ha determinado que "no puede concluirse que por parte de Mikhail Fridman, de la entidad LetterOne o de terceros a ellos vinculados se hayan realizado actuaciones dirigidas a provocar una caída en el valor de cotización de las acciones de Dia que les permitiera una adquisición mas ventajosa de la sociedad, ni tampoco que de alguna manera pudieran haber tenido acceso a información relevante sobre la citada sociedad cotizada que no fuera conocida por el resto de los inversores".

La Audiencia Nacional también archivó la investigación que se llevaba a cabo sobre Fridman en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Manuel García-Castellón por su presunta responsabilidad en las "maniobras" empresariales que llevaron a la quiebra a la mercantil española Zed WorldWide para adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el magnate ruso Mikhail Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de DIA y poder comprar la empresa a un precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" debido a "una mala gestión" o a "la inadecuada política comercial y de inversiones".

Calama, en un auto del pasado 15 de diciembre, ha estimado que "no ha quedado acreditado que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal", ordenando en consecuencia el sobreseimiento provisional de las actuaciones, "sin perjuicio de reaperturar las mismas si la averiguación de nuevos elementos o indicios así lo aconsejan".

El juez instructor investigaba a Fridman, dueño de Letter One --que es la máxima accionista de DIA--, por un presunto delito de abuso de mercado y manipulación de precios a raíz de una denuncia anónima presentada contra el magnate ruso y contra la empresa en la que se aseguraba que mantuvieron una "elevada tensión financiera con el objeto de lograr la baja cotización de las acciones, hasta lograr la compra de la compañía".

Para Calama, que ha hecho "enteramente" suyas las posiciones del Ministerio Fiscal y de los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "todo apunta a que la continua bajada del valor de las acciones fue debida a la evolución del negocio, consecuencia de una mala gestión o de la inadecuada política comercial y de inversiones" de DIA.

Los sucesivos informes de los técnicos de la CNMV, que ratificaron en sede judicial, indican que las posiciones en corto que determinaron el desplome de las acciones de DIA anticiparon de hecho bajadas de valor, algo que consideran "de sobra justificado por la situación financiera de la compañía, así como en los informes y noticias publicados sobre DIA que indicaban una evolución negativa del negocio". "La debacle de DIA se explica por la propia evolución del negocio", afirman.

La tesis de la CNMVA, según destaca Calama, "refuta la hipótesis de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de considerar que el precio bajo de la acción podría haber venido determinado por un exceso de posiciones bajistas, lo cual podría haber transmitido al mercado la existencia de un riesgo no detectado sobre DIA".

"MUY LEJOS DE RECUPERAR SU INVERSIÓN"

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha señalado como "dato relevante" la cotización de DIA en el último año, detallando que ha pasado de un precio de 0,2 euros por acción a finales de 2019 a 0,15 en la recta final de 2020, llegando a registrar mínimos de 0,060.

Calama ha llamado la atención sobre el hecho de que son "cotizaciones notablemente más bajas que los 0,67 euros por acción que ofreció y pagó Letter One en su OPA de febrero de 2019". Es decir, que a fecha de hoy Letter One todavía estaría muy lejos de recuperar su inversión inicial de mayo de 2017, cuando entra en el capital social de DIA (3,8 euros por acción), y la cantidad que posteriormente pagó al ejecutarse la OPA de febrero de 2019 (0,67)", resalta el magistrado.

En este sentido, ha argumentado que "la hipótesis de que las posiciones en corto hubieran estado dirigidas a conseguir una bajada del precio de la acción para que se esta manera Letter One consiguiera adquirir la compañía por un precio más bajo pierde todo su fundamento cuando se compara el precio de la acción de hace tres años con el actual, pudiéndose comprobar las cuantiosas pérdidas de valor que han venido sufriendo las acciones de esta compañía".

Calama ha precisado a este respecto que "quien en mayo de 2017 tuviera acciones por valor de 100.000 euros hoy día (a 30 de noviembre de 2020) apenas superarían los 2.500 euros y, de la misma manera, la inversión en tales fechas de Lette rOne por 754.737.742 euros ahora tendría un valor de 39.723.039 euros y habría sufrido una pérdida de 131.924.926 euros respecto a la cantidad de 169.980.193 (0,67 por acción) desembolsada en la ejecución de la OPA".

Por tanto, ha determinado que "no puede concluirse que por parte de Mikhail Fridman, de la entidad Letter One o de terceros a ellos vinculados se hayan realizado actuaciones dirigidas a provocar una caída en el valor de cotización de las acciones de DIA que les permitiera una adquisición mas ventajosa de la sociedad, ni tampoco que de alguna manera pudieran haber tenido acceso a información relevante sobre la citada sociedad cotizada que no fuera conocida por el resto de los inversores".

La Audiencia Nacional también archivó la investigación que se llevaba a cabo sobre Fridman en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Manuel García-Castellón por su presunta responsabilidad en las "maniobras" empresariales que llevaron a la quiebra a la mercantil española Zed WorldWide para adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

El juez instructor del Tribunal del Vaticano procesará por malversación de fondos públicos a Cecilia Marogna, la mujer italiana implicada en el caso de la compra opaca de un inmueble en Londres que forzó la dimisión del cardenal Giovanni Angelo Becciu.

La mujer, de 39 años, recibió, según las investigaciones, hasta 500.000 euros provenientes de la Secretaría de Estado, fondos controlados en esa época por el cardenal Becciu y será imputada en el proceso que comenzará los próximos días. Así lo recoge el comunicado publicado por la oficina de comunicación de la San Sede.

"El 13 de enero el juez instructor del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, acogiendo la instancia formulada por el promotor de justicia, ha revocado la medida cautelar dispuesta contra Cecilia Marogna, a cargo de la cual es inminente la celebración de un juicio con la hipótesis (de delito) de malversación de fondos cometido en complicidad con otros", indica la Santa Sede.

Además, la nota señala que "la iniciativa pretende, entre otras cosas, consentir a la imputada, que ya ha rechazado defenderse al negarse a contestar al interrogatorio ante las autoridades judiciales italianas, una solicitud que fue tramitada a través de rogatoria por parte del promotor de justicia, de participar en el proceso en el Vaticano, libre de medidas cautelares".

Los magistrados del Tribunal de Apelación de Milán debían deliberar este lunes sobre la extradición de Marogna. Con esta decisión la situación judicial de Marogna queda en un régimen de libertad provisional con cargos.

Según reveló la prensa italiana, Becciu retiró hasta 500.000 entre 2011 y 2018, cuando era sustituto de la Secretaría de Estado y podía gestionar a su antojo los fondos reservados de este organismo del Vaticano, para entregárselos a una mujer italiana de 39 años, de nombre, Cecilia Marogna, titular de una sociedad con sede fiscal en Eslovenia que se ocupa de misiones humanitarias en África y Asia.

Si bien, finalmente ese dinero fue usado por la mujer para comprar bolsos, zapatos y hasta un sofá de piel, además de otros artículos de lujo de marcas como Prada, Tod's o Chanel. Según detalló ella misma al diario 'Corriere della Sera' invitó a Becciu a instalar una red de diplomacia paralela a la que tiene desplegada la Santa Sede con nunciaturas por todo el mundo "en los países del norte de África y Oriente Medio".

La "dama del cardenal" como la han bautizado los periódicos italianos se ha defendido asegurando su trabajo como mediadora sobre todo en casos de religiosos secuestrados. De hecho, ha alegado que los objetos de lujo fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación. Entre los documentos que aportan los medios italianos hay una carta en la que Becciu muestra una "profunda estima" y "confianza" en Marogna.

Se trata de la segunda mujer laica procesada por el Vaticano. La italiana Francesca Immacolata Chaouqui, que fue consultora para la reforma económica y organizativa del Vaticano y formó parte, junto al sacerdote español Ángel Vallejo Balda de la comisión creada por el Papa Francisco para conocer la situación económica de la Santa Sede, fue imputada en el denominado caso Vatileaks II.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Extremadura insiste en pedir a la Consejería de Educación que mantenga cerrados los centros educativos de Secundaria y hacer extensiva la medida de cierre a los centros educativos de Educación Infantil, Primaria, Centros de Educación Especial y Universidad por la "elevada" incidencia de la pandemia de Covid en la comunidad.

De este modo, apunta que en estos momentos es "incompatible" la necesidad de ventilación en los espacios de los centros de trabajo, y especialmente en las aulas de los centros educativos, motivado por la actual situación ante la pandemia de Covid-19, recogidos en los criterios expuestos en la "Guía para Ventilación en Aulas" publicada por la Centro Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como en la documentación elaborada --añade-- por la Consejería de Educación para afrontar la situación de crisis sanitaria y mantener una mínima confortabilidad térmica en las aulas, ante las bajas temperaturas que se están sufriendo, que se prevén se prolonguen "en las próximas semanas".

En nota de prensa, la Federación de Enseñanza de CCOO incide en que se está "incumplimiento" lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, sobre condiciones ambientales en los lugares de trabajo, que en su Anexo III, punto 3ª, especifica que se debe mantener la temperatura de los locales para el desarrollo de trabajos sedentarios en un margen entre 17ºC y 27ºC, y entre 14ºC y 25 ºC para trabajos ligeros.

EQUIPOS DE MEDICIÓN

Por todo ello, con objeto de conocer los valores de concentración de CO2 en el interior de cada aula y las temperaturas en los locales de trabajo, y poder determinar las necesidades de ventilación que son necesarias en cada momento y así poder minimizar los factores de riesgos por bajas temperaturas en el interior de las aulas, y ante la "elevada" incidencia de casos positivos en Covid-19 en la región y considerando el "elevado" número de contactos entre la comunidad educativa en los centros de enseñanza de la región, solicita que se dote a todos los centros educativos cuya titularidad sea de la Junta de Extremadura de equipos de medición calibrados, que permitan comprobar en todo momento, y en todos los espacios cerrados, los niveles de concentración de CO2.

También reclama termómetros que faciliten la medición de temperaturas, y la combinación de ambos valores determine los tiempos y frecuencias de ventilación para garantizar así un espacio "saludable" de trabajo.

Solicita también, de nuevo, que se provea a todos los centros educativos cuya titularidad sea de la Junta de Extremadura de equipos de calefacción extra que permitan incrementar la temperatura de las aulas y cumplir la normativa en vigor o, en su defecto, se proceda al cierre de las aulas hasta que se pueda cumplir con dicha normativa y los centros afectados pasen a nivel 3, formación a distancia, durante ese periodo.

Por último, vuelve a pedir se proceda a considerar al personal de los centros educativos personal prioritario para la campaña de vacunación frente a la Covid-19, al considerar que el nivel de exposición a posibles contagios en los centros educativos es "muy elevado" debido al "alto" número de interacciones sociales que se producen en los mismos.

Teniendo en cuenta "siempre", añade, que la decisión última de vacunarse correspondería a los propios trabajadores y trabajadoras del sector, ya que en España la vacunación no es obligatoria por ley, recuerda el sindicato.

La Sociedad Española de Salud Pública y AdministraciónSanitaria (SESPAS) ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas una estrategia "urgente" para bajar la incidencia de contagios de coronavirus lo "más rápidamente posible".

"Las sanitarias autonómicas deben adoptar medidas suficientemente potentes y eficaces para la contención de la transmisión. El Gobierno estatal debe ejercer su liderazgo y sus competencias en materia sanitaria, especialmente las de legislación y coordinación, proporcionando a las comunidades autónomas las herramientas que posibiliten la toma de las medidas necesarias, sin excluir los toques de queda más tempranos e, incluso, llegado el caso y como medida más extrema y absolutamente excepcional, los confinamientos domiciliarios con condiciones concretas", han dicho desde la organización.

Y es que, prosigue, la salud de la población y la esperanza de vida han de ponderarse sobre otro tipo de intereses, lo que exige tener preparado el correspondiente marco jurídico para que, llegado el caso, se puedan aplicar tales actuaciones de forma "ágil". Además, SESPAS ha subrayado la importancia de la coordinación entre las administraciones.

"La ausencia de posturas comunes confunde a la población y desacredita las políticas públicas", ha avisado, para señalar que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe establecer, conforme a las atribuciones de coordinación que tiene atribuidas y que refuerza el vigente Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma, indicadores de referencia y criterios de valoración del riesgo que sirvan para mantener una batería de actuaciones de contención, aplicando de manera uniforme para toda España las respuestas propuestas para el nivel de alerta 3, hasta que se llegue al objetivo planteado de incidencia acumulada en 14 días menor de 25 casos por cada 100.000 habitantes.

Del mismo modo, la organización ha destacado la importancia de adoptar medidas eficaces para disminuir drásticamente la interacción social en los ámbitos públicos, aunque ello suponga la suspensión de "gran parte" de la actividad social y el cierre temporal de establecimientos donde esta interacción es más intensa. A su juicio, sería también muy interesante poder conocer en tiempo real cuánto y cómo están interactuando las personas y si esto ha variado con las medidas aplicadas, para lo que habría que impulsar y apoyar investigaciones específicas en las ciencias que estudian el comportamiento humano.

"Si no se aplican medidas más eficaces, y no hay un control de su cumplimiento, no es descartable un nuevo confinamiento domiciliario generalizado, con las consecuencias que para la vida de la población tiene: efectos físicos y mentales sobre las personas, desigualdad derivada de las condiciones de vulnerabilidad y limitación, cuando no suspensión de hecho, de derechos fundamentales. Las consecuencias económicas de un segundo confinamiento pueden afectar negativamente a buena parte de la población durante mucho tiempo", ha apostillado.

PROCESO DE VACUNACIÓN MÁS RÁPIDO

Por otro lado, ha subrayado la necesidad de que el proceso de vacunación se realice de manera rápida, alcanzado a los grupos vulnerables cuanto antes y respetando el orden de priorización establecido en la Estrategia de vacunación Covid-19 en España.

"Una vez administrada la primera dosis a personas mayores institucionalizadas, personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes, se debe conseguir llegar con la vacuna a la población más vulnerable no institucionalizada en el menor plazo de tiempo posible", ha comentado.

Para ello, prosigue la organización, es "imprescindible" reforzar el número de profesionales de enfermería en la Atención Primaria, creando el número adecuado de equipos para la vacunación, sin que la campaña suponga la merma del resto de actividad ordinaria.

"Todo ello sin olvidar la vigilancia y registro, con medidas de actuación inmediata por personal cualificado y capaz para prestar una atención urgente. Aunque el potencial de la vacuna para ayudar a controlar la epidemia es enorme, es preciso reconocer también la incertidumbre existente al respecto, para evitar la generación de expectativas optimistas en demasía, que podrían derivar en un estado generalizado de frustración en caso de que el impacto no fuese el esperado", han enfatizado desde SESPAS.

Otra de las medidas propuestas pasan por reforzar la vigilancia de la salud pública porque sigue siendo "muy irregular" por territorios, "muy escasa" en algunos y alejada de criterios científicos en otros; tomar las medidas estructurales necesarias para prevenir y contener olas sucesivas ya que, tal y como ha lamentado la organización, todavía no se hacen suficientes pruebas diagnósticas de infección activa, la Atención Primaria necesita "muchos más recursos" para ejercer su función, el seguimiento de los contactos no convivientes abarca una proporción "muy baja de casos, algunas residencias de mayores carecen de planes efectivos de prevención y los riesgos laborales no tienen la atención que merecen.

"Cualquier medida de limitación de la interacción social debe considerar las desigualdades sociales y la precariedad laboral como potentes vectores de la transmisión de la Covid-19 e ir acompañada de un apoyo sociolaboral eficaz a los grupos con mayores dificultades para cumplir las medidas de salud pública", han zanjado desde SESPAS.

La Ejecutiva del PSOE ha decidido en su reunión de este lunes que el Comité Federal del próximo sábado se celebre en Barcelona de forma semipresencial; una cita que tendrá como objetivo fijar para el 15, 16 y 17 de octubre su 40º Congreso Federal, y antes de 2022, los regionales, para "reforzar y renovar en algunos casos los liderazgos autonómicos para hacer al PSOE competitivo en todos los territorios".

Así lo ha puesto de manifiesto el PSOE en el comunicado que ha difundido tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal, que por segunda semana consecutiva ha prescindido de la habitual comparecencia posterior ante los medios de comunicación de alguno de sus integrantes.

En la citada nota de prensa, la Ejecutiva ha anunciado que el Comité Federal previsto para este sábado 23 de enero tendrá lugar en Barcelona, de forma principalmente telemática pero con la participación presencial del presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, y algunos miembros de la Ejecutiva.

TRAS EL PASO ATRÁS DE ICETA Y EL APLAZAMIENTO DE LAS CATALANAS

Aunque no explican el motivo de esta decisión, esta reunión en Barcelona llega después de hacerse público que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha decidido dar un paso atrás y renunciar a liderar la candidatura en las próximas elecciones catalanas, en favor del todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El Comité Federal se celebrará además una semana después de que la Generalitat haya decidido posponer del 14 de febrero al 30 de mayo los comicios autonómicos, alegando la situación preocupante de la pandemia del coronavirus por el incremento de los contagios; una decisión duramente criticada por el PSC e incluso cuestionada abiertamente desde el Gobierno de Sánchez.

Además, ya son varias las voces dentro de la dirección del PSOE que han puesto a Iceta de ejemplo de la actitud que debe mantener el partido ante el proceso congresual que iniciará en otoño a nivel federal pero también autonómico y, en concreto, en Andalucía, donde la líder autónoma y quien fuera rival de Sánchez en el 39º Congreso Federal, Susana Díaz, ha dejado claro que volverá a competir para mantener el control del partido en esta región.

En su reunión de este lunes, la Ejecutiva Federal ha decidido proponer la celebración del Congreso Federal los días 15, 16 y 17 de octubre y trasladar a las distintas federaciones la propuesta de celebrar sus posteriores congresos regionales antes de que finalice 2021, de tal manera que se proceda a la renovación de órganos y liderazgos autonómicos y federal, antes del inicio de un periodo preelectoral y electoral en 2022 y 2023.

Y en su comunicado, la Ejecutiva añade que "de cara al próximo Congreso, la dirección socialista aboga por reforzar mucho la tarea del partido y, por extensión, reforzar y renovar en algunos casos los liderazgos autonómicos para hacer al PSOE competitivo en todos los territorios".

También informan de que en las próximas semanas se pondrá en marcha el equipo que redactará las ponencias para un Congreso que pretenden que sea "fundamentalmente participativo y en el que las bases se involucren". A este respecto, el PSOE estrenará en octubre el nuevo modelo de Congreso que se aprobó en el anterior Congreso, que da más peso a los militantes frente a las federaciones.

APUESTA POR LA RENOVACIÓN

Asimismo, a modo de balance, la actual Ejecutiva Federal explica que "considera cumplido el objetivo de llevar a cabo la renovación del proyecto ideológico y haber convertido al Partido Socialista en primera fuerza política no solo a nivel nacional sino también municipal, además de gobernar en muchas autonomías". "Pone de manifiesto que, si hoy hay un proyecto político que vertebra el país, ese es el del Partido Socialista", reivincican.

No obstante, defienden la necesidad de seguir apostando por la "renovación". "En cualquier caso, y lejos de caer en la autocomplacencia, la dirección socialista apuesta por seguir renovándose desde el punto de vista tanto ideológico como en las formas de hacer político, porque ahí radica la fortaleza de su proyecto político", aseguran.

"En definitiva, el desafío está en continuar renovándonos, fortaleciendo el proyecto, y seguir siendo competitivos a nivel nacional y también a nivel autonómico y municipal", enfatizan.

También han aprovechado para recordar que "la moción de censura puso fin a una etapa de decadencia y de corrupción identificada con el PP", y añaden que esto "se hará también visible a lo largo de este año en los casos judiciales pendientes".

En este punto, señalan que esa moción también supuso "la apertura de una etapa de regeneración de la vida política con ese proceso de cambio que luego fue respaldado hace dos años hasta en cinco contiendas electorales".

Por último, la Permanente de la Comisión Ejecutiva ha señalado que tienen por delante "meses difíciles, complejos, pero que representan una gran oportunidad", por el "gran proceso de transformación de nuestro país y del continente", y se han mostrado convencidos de que "el PSOE sabrá estar a la altura de las circunstancias".

La Fundación Daniel y Nina Carasso ha lanzado una nueva iniciativa de apoyo a la investigación en alimentación sostenible dirigida a personas de cualquier nacionalidad y disciplina científica que deseen realizar un proyecto de investigación postdoctoral en una universidad o centro de investigación español durante un periodo de dos años.

La Daniel Carasso Fellowship está dotada con 160.000 euros, de los cuales 120.000 se destinarán a cubrir la contratación de la persona beneficiaria durante un periodo de 24 meses y 40.000 como apoyo a las actividades de investigación.

Las nominaciones tendrán que ser presentadas por personal investigador consolidado de universidades o centros de investigación españoles hasta el 5 de marzo de 2021 a través de la plataforma online.

"Es una oportunidad para atraer y consolidar el talento investigador en España. El programa contribuirá al desarrollo de la carrera de jóvenes investigadores sobresalientes, cuyas aportaciones a la sociedad guiarán la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles", ha explicado la directora para España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Isabelle Le Galo Flores.

Según ha añadido, "su contribución es esencial por la urgencia que cobra la transición a un sistema holísticamente sostenible". "Y es que a través de la alimentación movemos a toda una sociedad hacia su sostenibilidad plena; la alimentación conecta la economía, el empleo, el tejido empresarial, la escuela, la cultura, las familias, la sociedad civil, la innovación y la investigación", ha afirmado.

El investigador sobre Economía Rural y Agroambiental de la Universidad Politécnica de Valencia, Dionisio Ortiz, ha indicado que la convocatoria de la Daniel Carasso Fellowship es una iniciativa "pionera" en España diseñada "para atraer el talento y la excelencia".

Además, ha destacado que "la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles es un componente esencial para un cambio de modelo económico y social que permita adaptarse a los enormes retos climáticos que se avecinan en las próximas décadas".

Por su parte, la coordinadora de Proyectos de Alimentación Sostenible en España de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Pilar Martínez, ha precisado que "la alimentación es un factor determinante tanto para la salud de las personas como de los ecosistemas".

"Un gran número de enfermedades deriva de una alimentación poco sostenible y equilibrada", ha advertido, al tiempo que ha subrayado que "los modelos de producción, transformación y distribución de alimentos tienen un importante impacto en el bienestar social y ambiental de la ciudadanía y su entorno, por lo que es esencial fomentar prácticas más sostenibles a lo largo de toda la cadena alimentaria".

Según indican los impulsores de la iniciativa, el programa nace en un contexto actual marcado por "la disminución progresiva de la ejecución de los presupuestos públicos en España dedicados al sector de I+D+I" lo que "genera, entre otros efectos, un éxodo hacia el extranjero de los jóvenes investigadores, un debilitamiento del tejido investigador en las universidades y centros españoles, así como una dificultad mayor para atraer el talento del exterior".

El Tribunal de Cuentas considera "insuficiente" la justificación ofrecida por las administraciones autonómicas a la hora de celebrar contratos, y detecta deficiencias al establecer, definir y aplicar los criterios objetivos de adjudicación así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios.

Esta es una de las conclusiones del órgano fiscalizador tras la aprobación de su 'Informe Global del sector público autonómico, ejercicio 2017', que expone los datos más relevantes contenidos en los informes de fiscalización elaborados por el Tribunal y los órganos de control externo autonómicos (OCEx).

En este sentido, destaca la ausencia de informes o estudios económicos para garantizar un adecuado precio del contrato, tramitación por urgencia de contrato sin la debida documentación que lo justifique, o incumplimientos en plazos de ejecución de prestaciones correspondientes al contratista.

En este último punto, señala que las administraciones autonómicas no siempre han ejercitado opciones que le atribuye la normativa pese a demoras imputables al contratista en el cumplimiento del plazo total, bien sea la resolución del contrato o la imposición de penalidades. En total, se han remitido al Tribunal 23.770 contratos, excluidos los menores, por un importe conjunto superior a 8.786 millones de euros

FALTA INFORMACIÓN

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas advierte también de la falta de información en las memorias de Cuentas Generales remitidas por las comunidades autónomas para su fiscalización, al no incluir, con carácter general, información suficiente para ampliar y completar la contenida en los estados financieras.

De hecho, el órgano fiscalizador señala en su informe cómo en algunas comunidades la estructura de la memoria no se adapta siquiera a sus respectivos Planes Generales de Contabilidad Pública.

Asimismo, incide en que algunas comunidades presentan información presupuestaria con diferencia entre los créditos finales y las previsiones finales por no registrar en el estado de ingreos modificaciones presupuestarias para financiar gastos. Para el conjunto de administraciones autonómicas, las modificaciones han supuesto un 7% de incremento de créditos iniciales y un 6,2% de previsiones iniciales.

En todo caso, el Tribunal aprecia una mejora en el nivel de rendición en plazo respecto a ejercicios anteriores --el 83,5% de las cuentas fueron rendidas en plazo, un 7,8% más allá del mismo y un 8,7% no rendidas--, con un mayor nivel de retraso e incumplimiento en consorcios (35%), fundaciones (34,6%) y empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad (31,7%).

INCUMPLIMIENTO CASI GENERAL DE LA REGLA DE GASTO

En el conjunto de administraciones autonómicas, el resultado presupuestario ha sido negativo --si bien mejora un 42% respecto a 2016--, el saldo de endeudamiento aumentó un 5% hasta los 266.781 millones al cierre de 2017 y el remanente de tesorería en su conjunto fue negativo, de 282 millones frente a un remanente también negativo en 2016 de 1.753 millones.

En su fiscalización, el Tribunal verifica el cumplimiento del objetivo de déficit para el subsector autonómico, al contar con un objetivo de estabilidad del 0,6% del PIB y resultar un déficit global de 4.221 millones de euros, el 0,36% del PIB nacional. El subsector cumplió los objetivos previstos para deuda pública pero todas incumplieron con la regla de gasto a excepción de Canarias, Cantabria, Extremadura, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

LA SANIDAD OCUPA EL 5,5% DEL PIB

En relación al gasto sanitario del sector público autonómico, en 2017 ascendió a 63.540 millones, el 5,5% del PIB, con un gasto per cápita medio de 1.370 euros por habitante y más del 44% del mismo originado por tres comunidades: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Casi la mitad del gasto consolidado del sector, el 45%, se dirigió a la retribución de asalariados (28.657 millones de euros), que aumentó un 2,2% respecto al año anterior. El 16,8% se dirigió a gasto en farmacia (10.704 millones), que aumentó un 3,5% respecto a 2016.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha lamentado que Cataluña recibirá cerca de 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus de las 60.000 previstas para esta semana, debido a una "incidencia" logística.

Lo ha explicado este lunes en rueda de prensa junto al conseller de Interior, Miquel Sàmper, en la que ha instado al Gobierno a hacer "lo que le corresponde" para vacunar más y más rápido ante el incremento de los indicadores epidemiológicos.

En este sentido, la consellera ha concretado que se priorizará la administración de la segunda dosis de la vacuna a aquellos usuarios de residencias, trabajadores de centros residenciales y sanitarios que recibieron la primera inyección hace, como mínimo, 21 días.

Catalunya ha vacunado un total de 144.801 personas desde que empezó la campaña de vacunación el 27 de diciembre y ha administrado la segunda dosis a 145 personas hasta este lunes.

La consellera ha insistido en seguir con el despliegue de la estrategia de vacunación por lo que ha pedido más vacunas y ha precisado que la semana que viene llegarán 8.500 dosis de la vacuna de Moderna: "No son muchas".

RESIDENCIAS

La consellera ha reivindicado que se han vacunado "casi la totalidad" de las residencias catalanas y solo quedan pendientes aquellos centros que tenían brotes de Covid-19 activos al inicio de la campaña de vacunación.

Asimismo, ha asegurado que la previsión del Ejecutivo catalán es terminar con la vacunación de las residencias esta semana, incluidas aquellas naranjas (con algún positivo, pero sectorizado y aislado) y rojas (centros con positivos y alto riesgo de contagio).

PRESIÓN ASISTENCIAL

Vergés ha alertado de niveles epidemiológicos "muy altos y preocupantes" derivados de la pandemia pese a registrar una desaceleración del incremento de los indicadores, sobretodo a nivel de presión asistencial.

En este sentido, el coordinador de la Unidad de Covid-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha advertido de que la presión asistencial en los centros sanitarios "es importante" y que seguirá creciendo el número de ingresos en las próximas semanas.

Mendioroz ha argumentado que se superará el pico de ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) que se registró en la segunda ola porque cuando la pandemia volvió a crecer todavía no se habían reducido las hospitalizaciones en camas de críticos.

PREOCUPACIÓN

Sobre la situación epidemiológica en Catalunya, Mendioroz ha dicho que les preocupa el incremento de los indicadores de la región sanitaria de Terres de l'Ebre (Tarragona) y "especialmente" de las localidades de L'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels y Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Ha lamentado que en estas localidades hay "mucha gente" que no puede realizar aislamientos de forma correcta debido a la vulnerabilidad social y a condiciones que a su juicio no son óptimas para quedarse en casa.

INTERIOR

Sàmper ha reconocido dificultades para atender a toda la población: "Tenemos pocos Mossos d'Esquadra para los que tendríamos que tener, ha crecido mucho la población y hemos tenido muchas tensiones para poder llegar a todas partes".

Ha defendido que "Mossos es un servicio esencial, y Mossos y policías locales son prioritarios para la seguridad del país, y sería necesario que se vacunaran lo antes posible para garantizar la seguridad de la ciudadanía", y ha añadido que actualmente hay 480 Mossos d'Esquadra confinados, un 3% de la plantilla.

El PSOE de Extremadura ha calificado de "indignante" el trato recibido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en las redes sociales la pasada semana tras sus declaraciones sobre el proceso de vacunación en la región.

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este lunes tras la polémica generada la semana pasada por unas declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en las que aseguraba que la vacunación se había iniciado con "prudencia" en los primeros días hasta ver posibles efectos en los usuarios.

Según ha destacado González, el presidente de la Junta de Extremadura en esa intervención "intentó trasladar es precisamente lo que estamos viendo, es la precaución a la hora de administrar las vacunas", pero "no porque él no crea en las vacunas, que es lo que errónea o malintencionadamente se ha transmitido, sino porque puede haber como se está demostrando, cosas que no controlamos".

En ese sentido, el portavoz socialista ha reafirmado que Fernández Vara "lógicamente no es un negacionista", sino "todo lo contrario, es una persona abierta a la ciencia, entre otras cosas porque él es médico", por lo que González ha calificado de "injusto" las críticas que ha recibido el presidente extremeño, y que han estado "basadas en el odio y en la ira".

De hecho, y ante la "rotura de stock" en la llegada de vacunas prevista para esta semana, el portavoz socialista ha destacado que "el hecho de que Extremadura haya sido precavida hará que el ritmo de vacunación no se rompa", ha dicho.

Así, Juan Antonio González se ha mostrado convencido de que la distribución de las vacunas "se va a hacer en función de lo que en un principio se acordó", y a partir de ahí, ha abogado por "respetar los protocolos de vacunación de cada comunidad autónoma", que vienen marcados por las recomendaciones de los expertos sanitarios.

"DATOS PREOCUPANTES"

En su intervención, González, ha reiterado su llamamiento a los extremeños para que, ante los "datos preocupantes" que presenta la región en contagios de coronavirus, se queden en sus casas y no salgan salvo en lo esencial, que "es la mejor labor que podemos hacer como sociedad".

En cualquier caso, el portavoz socialista ha valorado que este lunes se ha iniciado en Extremadura la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 en los centros de mayores, tras lo que ha destacado "la vacunación supone la esperanza y la certeza para acabar con el coronavirus".

Así, González ha reclamado "paciencia" a los ciudadanos, porque ahora se ven en redes sociales "muchas tonterías" y "ahora nos hemos vuelto todos epidemiólogos", tras lo que ha pedido que "no se hagan caso de afirmaciones insensatas, que quieren poner en peligro el sistema", ya que la Junta de Extremadura tiene en marcha un protocolo de vacunación que "se está cumpliendo".

El portavoz socialista extremeño ha entendido que en la situación actual haya "angustia", pero ha reiterado que "es necesaria la confianza en nuestras instituciones", en las que "trabajan los expertos sanitarios, que son los que nos dicen lo que tenemos que hacer" y que han marcado el protocolo de vacunación en la región.

Aragón continúa esta semana la vacunación contra la COVID-19 tanto en las residencias de mayores como entre el personal sanitario de Atención Primaria y Especializada. Se han distribuido un total de 2.528 viales de la vacuna de Pfizer y 120 de Moderna, lo cual implica una previsión de vacunación a 15.826 personas: 6.978 se corresponden a trabajadores y residentes de 107 centros de mayores y 8.848 a trabajadores de los centros sanitarios del Salud.

En una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha señalado que esto supone, en el ámbito residencial, la vacunación en 13 centros del sector de Alcañiz, nueve en Barbastro, tres en Calatayud, seis en Huesca, diez en Teruel y seis en los tres sectores de Zaragoza. De estas, 50 residencias inician ya la vacunación de la segunda dosis, con un total de 2.080 vacunaciones previstas.

De los 107 centros residenciales que se van a vacunar, 50 de ellos van a recibir ya la segunda dosis, lo que implica que 2.000 personas, entre residentes y trabajadores tendrán ya la inmunización completa. En concreto, esta semana se va a vacunar en 15 centros de Huesca, cuatro en primera dosis y once en segunda; en 21 de Teruel, todos ellos en segunda dosis; y en 71 de Zaragoza, 53 en primera dosis y 18 en segunda.

En las residencias de Aragón, 13.222 y 7.981 trabajadores han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

PERSONAL SANITARIO

En cuanto al personal del Salud, las dosis se van a distribuir en la gerencia del 061, en los servicios de farmacia de los diferentes hospitales aragoneses y en 95 direcciones de Atención Primaria y centros de salud de todo el territorio aragonés: once en el sector de Alcañiz, 14 en el sector de Barbastro, seis en Calatayud, cinco en Huesca, nueve en Teruel y 50 en los tres sectores de Zaragoza.

La comunidad ha recibido este lunes una nueva remesa de la vacuna de Pfizer, si bien esta entrega es el 50 por ciento de lo que se recibe habitualmente por la reducción en la distribución anunciada por el laboratorio para la Unión Europea. De este modo, está prevista la llegada de 7.020 dosis.

Si bien gracias a la reserva que mantenía la comunidad se ha podido continuar con la planificación de esta semana, el ritmo de vacunación siempre se va a ir adaptando a los suministros limitados que se proporcionan, asegurando siempre en primer lugar las segundas dosis.

Hasta la jornada de este domingo, Aragón había administrado un total de 25.356 dosis, de las 36.615 recibidas, lo que supone casi un cien por cien de las dosis disponibles teniendo en cuenta las 10.000 de reserva que mantiene la comunidad.

El tráfico en las redes de Movistar durante el año 2020 ha estado marcado por los nuevos usos surgidos a raíz de la pandemia del Covid-19, que ha llevado, por ejemplo, a registrar incrementos superiores al 50% en datos móviles en respecto a 2019 y cercanos a este porcentaje en la red fijo en las fechas de mayor consumo, según ha informado la operadora en un comunicado.

En el caso del tráfico de datos en la red móvil de Movistar, en 2020 se registró un comportamiento en línea con el de años anteriores y el máximo se marcó el 16 de agosto, lo que también se corresponde con el habitual en otros años, ya que, por ejemplo, el máximo en 2019 se produjo también en agosto, en concreto el día 25.

La operadora señala que esto se debe a que, al incremento sostenido en el tiempo del consumo de cada usuario, se suma que durante el verano los usuarios suelen moverse fuera de su zona habitual (trabajo y casa) y se descargan más contenido conectados a través de las redes móviles.

Asimismo, la operadora de telecomunicaciones añade que si se comparan los máximos registrados en 2019 con los del año 2020, se aprecia un aumento del tráfico en las redes del 52% entre ambas fechas.

Respecto a la voz móvil, experimentó un crecimiento del 20% interanual entre 2019 y 2020, rompiendo con los valores de estabilidad registrados en los últimos años, ya que creció apenas un 10% entre 2015 y 2019. Movistar achaca este aumento al Covid y a las circunstancias asociadas de confinamiento y teletrabajo.

El máximo de uso de la voz móvil en el año 2020 en la red de Movistar se registró el 13 de marzo al inicio de la pandemia del Covid-19, superando en un 44% el tráfico marcado en el máximo de 2019, que fue en el mes de julio.

A este respecto, explica que en años anteriores el máximo de la voz se produjo en períodos con fuerte actividad económica, como julio por el cierre que suelen hacer las empresas antes de agosto (donde se detecta una bajada importante de la voz móvil) y octubre.

RED FIJA

Por otro lado, Movistar informa de que el crecimiento del tráfico en su la red IP entre enero y diciembre de 2020 fue de un 25%, mientras que en años anteriores oscilaba alrededor del 10%-15%. El incremento interanual respecto a 2019 se situó en un 27%, llegando a un pico de crecimiento del 47% en abril 2020 respecto al mismo mes de 2019.

En esta línea, la operadora de telecomunicaciones añade que el máximo de tráfico se produjo el 10 de abril, lo que representa un incremento del 38% con respecto al máximo de 2019, que fue el 3 de noviembre.

Movistar afirma que la llegada del Covid marcó el inicio de un incremento considerable del uso de la red IP de Movistar varios meses antes en el 2020, dado que el confinamiento por la pandemia generalizó el teletrabajo, el tele-estudio, las videollamadas, el consumo de contenidos de vídeo y el mayor uso del 'gaming.

En cuanto a la voz fija, detalla que durante 2020 se produjo un descenso del 18% en el número de minutos, inferior a la bajada del 35% del 2019 registrada en 2019. No obstante, añade que a lo largo del año hubo importantes oscilaciones en dicho tráfico y destaca el pico de abril alcanzado tras una importante subida iniciada en marzo coincidiendo con el inicio del confinamiento.

De hecho, apunta que el máximo de minutos en el 2020 fue precisamente en abril, con un incremento del 14% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la tendencia a la baja a partir de ese mes, salvo en junio y septiembre con un ligero repunte, se mantuvo hasta final de año. El número de minutos en diciembre 2020 fue un 5,3% inferior al del mismo mes de 2019.

El juicio que estaba previsto que comenzara este martes en la Audiencia Provincial de Madrid a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el 'Pequeño Nicolás', por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace de la Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, por lo que se enfrenta a siete años de cárcel, ha sido aplazado al mes de mayo por "motivos sanitarios".

Estaba previsto que el juicio arrancará a las 10.00 (hora local) del martes en la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid y se alargara a miércoles y jueves, pero fuentes jurídicas han informado de que por "motivos sanitarios" relacionados con la pandemia de coronavirus ha sido aplazado a 11, 12 y 13 de mayo.

La suspensión ha sido solicitada este mismo lunes por el abogado de uno de los dos policías que se sentarán en el banquillo de los acusados junto a Gómez Iglesias por "contacto directo por COVID-19", adjuntando el parte de la baja médica.

Se trata de la tercer vez que se retrasa esta vista oral. En ocasiones anteriores, se ha tenido que aplazar por la COVID-19 y porque la entonces abogada de Gómez Iglesias denunció "presiones y coacciones" hacia ella y su familia.

FALSO EMISARIO DE GOBIERNO Y CASA REAL

Gómez Iglesias, que ahora tendrá como abogado defensor a Manuel Marchena Perea, hijo del Magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, será juzgado por el viaje que hizo a Ribadeo el 13 de agosto de 2014 simulando ser un alto cargo para reunirse con un empresario, "con la finalidad de ganarse su confianza, sin que conste con certeza si pretendía obtener de él un beneficio económico directo", de acuerdo con el escrito de la Fiscalía.

Para ello, le pidió a un policía municipal de Madrid al que conocía de antes, Jorge González, que le proporcionara los medios policiales para "aparentar el carácter oficial". Este agente a su vez contactó a un policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez. El primero recibió del 'Pequeño Nicolás' un pago de 2.000 euros y dio a su compañero 400 euros.

El 'Pequeño Nicolás', los dos policías y cuatro conductores con sus respectivos coches a los que Gómez Iglesias había contratado y a los que hicieron creer que era un "viaje oficial" se dirigieron a Ribadeo en una "comitiva". Los coches alquilados llevaban acreditaciones falsas del Ministerio de Interior elaboradas por el propio acusado en su ordenador, a lo que se sumaban los rotativos luminosos, aparatos de transmisión y 'pinganillos' que el agente González había retirado de dependencias policiales.

Al llegar a Ribadeo, fueron recibidos por un coche y dos motos de la Policía Municipal, una escolta que el 'Pequeño Nicolás' había solicitado días antes por teléfono, identificándose como el enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real. También reservó mesas y plazas de aparcamiento en el Club Náutico, indicando igualmente que iría "una alta personalidad de la Casa Real".

Ya en el restaurante, Gómez Iglesias fue recibido por el alcalde de Ribadeo, al que se presentó como dicho enlace y con quien "departió brevemente", antes comer con el empresario. El agente González interrumpió la comida para avisar al 'Pequeño Nicolás' de que tenía una llamada de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo cual era falso. Tras la comida, regresaron con la misma "comitiva" a Madrid.

DOS POLICÍAS ACUSADOS

Por estos hechos, el 'Pequeño Nicolás' está acusado de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, y la Fiscalía de Madrid le pide un total de siete años de cárcel, la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio durante el mismo tiempo y una multa de 27 meses con una cuota diaria de cien euros.

Los dos policías también están acusados de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo. El Ministerio Público solicita para ellos cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación mencionada durante año y medio, y una multa de quince meses con una cuota diaria de 10 euros.

Se trata solamente de uno de los juicios que Francisco Nicolás tiene pendientes y por los que se enfrenta a un total de 27 años de cárcel por delitos de estafa, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros.

La Audiencia Provincial de Madrid ya confirmó en julio de 2018 su absolución de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de 'pinchar' su teléfono ilegalmente. En este caso, la defensa del 'Pequeño Nicolás' alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.

El presiente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado las nuevas medidas de restricción para aplacar el avance de coronavirus, con tres decisiones "inevitables" para "frenar en seco" al COVID-19 y que pasan por adelantar el toque de queda a las 22.00, cerrar perimetralmente todos los municipios y cerrar hostelería, centros comerciales y lugares de ocio en general. Por su parte, el toque de queda finalizará a las 7.00 horas.

En rueda de prensa, ha aseverado que estas tres decisiones "tienen que conseguir una reducción drástica" de la incidencia acumulada, apuntando que con las mismas herramientas, ya aplicadas hace días en seis localidades del entorno de la gerencia sanitaria de Manzanares, están funcionando, ya que se han reducido a la mitad los nuevos casos computados.

Cierre de hogares de jubilados, de bares, restaurantes, hostelería y pubs, exceptuando locales que en virtud de especiales características sea esencial, como en hospitales para usuarios, establecimientos hoteleros para clientes o comedores escolares. Sí se permitirá el reparto a domicilio de comida hasta las 22.00 horas.

Asimismo, se produce el cierre de los centros comerciales que tengan más de 300 metros cuadrados de superficie o cualquiera que dispense algún producto que no sea esencial.

Se cierran locales de apuestas, se suspenden visitas sociales en centros de mayores y viviendas tuteladas; cines, teatros, gimnasios, saunas, bibliotecas y conferencias quedan suspendidos; actividades deportivas federadas pueden realizarse sin público; y las visitas culturales se reducen a grupos de 6 personas como máximo. Los mercadillos se limitarán a un tercio del aforo; se cierran parques y jardines a las 22.00 horas.

De igual modo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha tomado la palabra para pedir a la ciudadanía responsabilidad a la hora de limitar los contactos más allá de los convivientes.

"Ya habrá tiempo cuando tengamos un tratamiento de poder ser como somos, pero ahora nos toma estar limitados. A todas estas restricciones, tenemos que recomendar que los encuentros sean de convivientes", ha pedido.

A esta petición se ha sumado García-Page: "Se trata de darle tiempo a la vacuna, a la medicación y al sistema sanitario para atender no sólo el COVID, sino también a otros pacientes".

PEDIRÁ LA MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

Aunque estas medidas se aplican "con carácter indefinido" se revisarán dentro de diez días. Con todo, espera que en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad se adopten más medidas con carácter general a nivel nacional.

De este modo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, planteará en la próxima cita del miércoles modificar el estado de alarma para unificar horarios "y plantear un mensaje único entre Estado y comunidades autónomas".

Asimismo, Fernández Sanz también ha pedido ya comparecer en las Cortes regionales para explicar las decisiones que se han tomado este lunes, momento que García-Page ha aprovechado para solicitar "la mayor comprensión y colaboración" de los partidos y demás instituciones y entidades públicas y privadas. "Todo esto resulta muy incómodo, pero no estamos aquí para estar acomodados y hay que estar a las duras y a las maduras", ha remachado.

"NO TENEMOS MÁS OPCIÓN"

García-Page ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido "de las comunidades autónomas más permeables" y de las que "más han escuchado las distintas sensibilidades que se ven afectadas" por la pandemia. "Hemos estado en la banda más moderada", ha aseverado.

Sin embargo, ha considerado que es "evidente" que a día de hoy no hay más alternativa que la de tomar estas medidas, que han demostrado, ha dicho, su eficacia. "No tenemos más opción".

En este punto, ha querido insistir en que las tomadas son medidas "que funcionan y están comprobadas" y que no son novedosas porque la mayoría de las regiones "han sido más duras que Castilla-La Mancha".

Así, ha manifestado que le gustaría que las medidas "tuvieran un razonable consenso en toda España", considerando las ventajas de tener "un mensaje único por encima de cualquier ideología y competencia administrativa".

PIDE UN DESPLIEGUE POLICIAL "CLARO"

Para el cumplimiento de las medidas, García-Page, que se ha reunido este lunes con la presidenta regional de la FEPM, Tita García Élez, así como con el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, y los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma, ha pedido que haya "un despliegue claro" de Policía, Guardia Civil y las policías locales para ayudar a que las decisiones tomadas sean efectivas.

"Se trata de hacer un despliegue para ayudar al repliegue de la ciudadanía en un espacio domiciliario", ha profundizado, reiterando que el objetivo es "que la movilidad se restrinja a lo mínimo indispensable, trabajar, educar, formarse, comprar lo más elemental y los servicios públicos básicos esenciales".

EVITAR EL COLAPSO SANITARIO

Además, el presidente regional ha justificado las medidas en una cuestión "clave" para tener bajo control a medio largo plazo a la enfermedad, como es evitar el colapso sanitario.

En este sentido, ha especificado que la sanidad no tiene "ningún colapso sanitario" actualmente pero empieza a notar "una presión creciente", por lo que ha apuntado que "es mejor frenar ahora que lamentarnos después".

"Queremos frenar antes de que nos encontremos con dos compromisos, en los hospitales y en el sistema de rastreo", ha señalado, indicando que los centros hospitalarios están a un tercio de la presión que tuvieron durante la primera ola, pero alegando que no se puede "alegar ignorancia" ante la creciente presión que están sufriendo.

El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla ha dictado un auto, en el que autoriza al servicio médico-sanitario de una residencia de mayores de la capital hispalense a suministrar la vacuna contra el Covid-19 a una usuaria de 86 años de edad, "que no se encuentra capacitada para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecta a su salud", todo ello tras la negativa de su hijo a otorgar su consentimiento para la citada vacunación.

En un auto fechado el día 15 de enero, difundido por el TSJA, el juez atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía, una vez recibido el informe del médico forense sobre la pertinencia de dicha vacunación, y acuerda autorizar el suministro de la vacuna a dicha usuaria, identificada como M.G.V.M., "en la fecha que tengan prevista y en las dosis necesarias, debiendo efectuarse por personal sanitario especializado y bajo las precauciones especiales de empleo".

El magistrado argumenta en esta resolución que "la solución que debe darse al presente proceso debe ser examinada de forma predominante desde la óptica de la protección de la salud" de la mujer, "por cuanto que las posibles implicaciones relativas a la salud pública, que este caso suscita, no pueden ser objeto de valoración exclusiva en el expediente de naturaleza civil, por más que su imbricación sea evidente, y ello dado el carácter voluntario de la citada vacunación".

Al hilo de ello, y tras subrayar que "no existe una obligación legal de vacunación", el juez analiza el presente caso, que afecta a una mujer de 86 años de edad residente en un centro de mayores desde el año 2014, indicando que, "si bien no se encuentra su capacidad modificada judicialmente, al no haberse promovido el correspondiente proceso de incapacidad", del informe forense requerido "se deduce claramente que no se encuentra capacitada para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecta a su salud.

Así, el juez analiza las distintas patologías que sufre la afectada y concluye, en base a ello, que "no tiene capacidad para dar un consentimiento informado válido, ni entender qué es lo más beneficioso para su salud".

En este punto, indica que el hijo de esta usuaria fue informado de forma "pormenorizada" y "exhaustiva" por los servicios sanitarios de la residencia acerca de la necesidad de vacunar a su madre, sometiendo a su examen la hoja de consentimiento informado, en la cual "se describe que la vacunación solicitada es la única alternativa para superar la situación actual de pandemia; que se está efectuando de forma escalonada comenzando por los grupos más vulnerables, y que los efectos secundarios que puede conllevar se asimilan a cualquier tipo de vacuna que se encuentre dentro del calendario de vacunación oficial anual".

LA "RAPIDEZ" DEL PROCESO DE VACUNACIÓN

Pese a ello, el familiar de esta usuaria de la residencia "decidió no otorgar su consentimiento a la vacunación", alegando que "prefiere esperar antes de ser vacunada su madre, entendiendo que la vacuna no es del todo segura, y dada la rapidez con que se ha iniciado la vacunación, de forma que no se ha podido determinar la existencia de efectos adversos".

El juez considera que los argumentos esgrimidos "son comprensibles y legítimos, propios de la génesis de una toma de decisión acerca de la vacunación de un familiar", pero entiende que los mismos "deben decaer frente al carácter seguro de la vacuna Covid-19, que cuenta con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, siendo en todo caso mayor y más grave el riesgo de contraer la infección por coronavirus que la de padecer algún efecto secundario grave".

MEDIDA "NECESARIA"

Al hilo de ello, el magistrado analiza el informe médico del centro residencial y el informe médico forense aportado, que considera que la vacunación contra el Covid-19 solicitada "es una medida médico-sanitaria necesaria, que tiende a proteger adecuadamente la salud" de la afectada, concluyendo en este sentido que, "por su edad, su situación pluripatológica y su estancia en un centro de mayores -donde es un hecho notorio y público que se han dado altos índices de contagio y mortalidad por la Covid-19-", dicha vacunación "se configura como la única alternativa eficaz para la adecuada protección de su vida frente al riesgo real de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19".

"En definitiva, partiendo de lo anterior, y no constando una contraindicación médica para su vacunación, debe ser estimada la solicitud instada por el Ministerio Fiscal", asevera el magistrado en este auto, en el que asimismo acuerda poner en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una posible causa de incapacitación en la afectada.

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 971 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido once personas por Covid-19. Se trata de seis mujeres y cinco varones de 83, 95, 91, 79, 74, 95, 71, 99, 89, 93 y 82 años, cinco de Murcia, dos de Yecla, y el resto de Jumilla, Alcantarilla, Águilas y Cartagena.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 833, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes este domingo a las 23.59 horas.

El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 80.134 casos.

De los 971 nuevos casos, 230 corresponden al municipio de Murcia, 142 a Cartagena, 131 a Lorca, 65 a Yecla, 42 a Molina de Segura, 31 a Jumilla, 29 a Caravaca de la Cruz, 22 a Totana, 20 a Fortuna, 19 a Águilas, 19 a Alcantarilla, 16 a Mazarrón, 16 a Torre Pacheco, 15 a Mula, 15 a Puerto Lumbreras, 14 a Las Torres de Cotillas, 13 a Fuente Álamo, 11 a Cieza, 11 a La Unión, 10 a Archena, 9 a Moratalla, 8 a San Javier, 7 a Abanilla, 7 a Los Alcázares, 7 a Alhama de Murcia, 7 a Santomera, 5 a Calasparra, 5 a Cehegín, 5 a Ceutí, y 5 a San Pedro del Pinatar. El resto están repartidos entre diversas localidades.

El número de casos activos se sitúa en 16.103 en la Región de Murcia (19 más que en la jornada anterior), de los que 715 están ingresados en centros hospitalarios (nueve más). De ellos, 105 se encuentran en cuidados intensivos (dos más).

El resto, 15.388, permanecen en aislamiento domiciliario (ocho más) y hay 63.198 personas curadas, 941 de ellas en el último día. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 692.987 PCR y antígenos y 87.376 de anticuerpos.

Asimismo, la Consejería informa que este lunes se espera que se administren 1.493 vacunas, de manera que al terminar el día habrá 39.023 personas vacunadas.

La candidata del PDeCAT a las elecciones, Àngels Chacón, ha anunciado este lunes que no impugnarán el decreto para aplazar las elecciones, aunque ha lamentado "la falta de planificación y la arbitrariedad" que ha habido a la hora de decidir la nueva fecha de los comicios, el 30 de mayo.

Sobre el recurso presentado por la Lliga Democràtica, Chacón cree que actúan como un "testaferro" del PSC, pese a que no planteara una oposición expresa al aplazamiento electoral en la mesa de partidos celebrada el pasado viernes.

En rueda de prensa telemática, ha constatado que no se pueden celebrar elecciones con unos indicadores tan elevados de casos de coronavirus, pero ha añadido que tampoco tiene la garantía de que puedan realizar el 30 de mayo.

"Algunas impugnaciones de agentes socioeconómicos indican que el aplazamiento electoral tampoco se consultó como era necesario", ha señalado Chacón, que considera que el hecho de no saber si el 30 de mayo se podrá votar genera incertidumbre y tiene graves consecuencias en diferentes ámbitos, como el presupuestario.

Para Chacón, en la actual situación no puede haber "un año más en blanco", y ha advertido también de que la prórroga electoral provoca también una falta de control parlamentario sobre la actividad del Govern.

NO REPLANTEARÁN ACUERDOS

Pese a posponerse los comicios, Chacón ha dejado claro que para el PDeCAT no ha cambiado "nada", por lo que no se replantearán posibles coaliciones u otro tipo de acuerdos.

"Somos independentistas, pero ya no queremos renunciar a nuestro modelo de país. La independencia no se puede alcanzar de forma inmediata, y ahora toca fortalecer la economía y devolver el prestigio a nuestras instituciones", ha zanjado.

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado este lunes "decepcionado y alarmado" por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de su vicepresidente, Francisco Igea, de adelantar a las 20.00 el toque de queda ahora recurrido por el Gobierno central, lo que ha considerado una "rebelión", por lo que les pide que "vuelvan a la cordura" tras insistir en que la ocultación de la medida desvela que no fue adoptada de buena fe.

Tudanca ha recordado que actualmente se vive una situación que de por sí ya es "dramática" como consecuencia la pandemia, a lo que ha sumado el "caos" generado por la decisiones adoptadas por el Gobierno de la Junta.

"Sólo puedo pedir a Mañueco e Igea que vuelvan a la cordura, nunca pensé que el Gobierno de Castilla y León se declarara en rebeldía, que esta tierra, poco dada a la alharaca y a los desórdenes, fuera la primera que, igual que han hecho otras, llamara a la sublevación y la rebelión", ha señalado el líder socialista, quien ha comparado la actitud de Mañueco con la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para Tudanca la decisión de adelantar a las 20.00 horas el toque de queda en la Comunidad se adoptó por la Junta de forma "deliberada" y a "traición", ya que, como ha insistido, nadie comunicó la medida a los grupos parlamentarios o a los alcaldes durante las reuniones previas.

"Ellos sabrán por qué esta forma de tomar decisiones, estas mentiras y la deliberada ocultación demuestra que la decisión no fue tomada a buena fe, si hubiera sido así no hubieran mentido ni ocultado", ha manifestado el secretario autonómico del PSOE, quien ha insistido en que los responsables de la Junta aclaren por qué ocultaron la medida.

Así, ha considerado que la Junta utiliza la pandemia para "tapar" su incompetencia. "Hablan de salvar vidas y yo me pregunto qué estaban haciendo hasta ahora", ha señalado Tudanca, quien ha afeado que en diciembre la Comunidad fuera la que adoptara las medidas "más laxas" para frenar los contagios, a lo que ha sumado la falta de medios para que la vacunación "no sea un desastre".

"Han preferido el conflicto, no se puede pedir responsabilidad a la ciudadanía si Mañueco e Igea son unos irresponsables", ha lamentado el líder socialista, quien ha defendido la necesidad de adoptar medidas desde el "consenso y la unidad" y siempre "con garantías jurídicas plenas".

En este punto ha recordado que desde el PSOE siempre se han apoyado las medidas impulsadas para paliar los efectos de la pandemia "con lealtad, tras lo que ha recordado que el pasado viernes, cuando se hizo pública la decisión del toque de queda, ya puso en duda su validez jurídica.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una petición de documentación para que la Junta presente en las Cortes los informes jurídicos que avalan la decisión de la Junta de adelantar el toque de queda.

No obstante, Luis Tudanca ha pedido a la ciudadanía que cumplan con la normativa vigente y estén a las 20.00 horas en sus casas porque es lo que ahora está en vigor y "debe cumplirse de forma escrupulosa" con el fin de que la Junta no tenga la tentación de usar como excusa el recurso del Gobierno para argumentar incumplimientos.

En cuanto a las medidas que el PSOE cree que se deberían poner en marcha Tudanca ha defendido todas aquellas que se adopten desde el consenso en el seno de la Conferencia Interterritorial. "Nunca hemos discutido las medidas, aunque tuviéramos dudas, queremos que vuelvan al consenso", ha defendido, tras lo que ha vuelto a reclamar a Mañueco e Igea que "no se dejen llevar de forma enoloquecida por un conflicto que sólo busca tapar su incompetencia".

Por último, Tudanca ha recordado que el Gobierno de España no ha dejado de "tener las riendas" en esta pandemia ahora desde la cogobernanza después de que se tuviera que modificar el primer Decreto de Alarma porque el PP liderado por Pablo Casado acusara al Gobierno de España de "la llegada de una dictadura".

"Estos mismos que acusaban del dictador a Sánchez imponen el toque de queda a las ocho con mucha confusión y dudas y perjudicando a los ciudadanos que no se merecen esto, el PP se opuso a las prórrogas del Estado de Alarma", ha concluido.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado este lunes al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el expresidente catalán Carles Puigdemont incumplió la ley y "tomó decisiones que no podía tomar", al tiempo que ha insistido en que todos, y "especialmente" los gobernantes, han de respetar el "Estado de derecho".

Illa se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, después de que Iglesias asegurase que Puigdemont "se ha jodido la vida" por unas ideas políticas que él no comparte. Además, el vicepresidente comparó al expresidente de la Generalitat con los exiliados republicanos tras la Guerra Civil.

"Si está en Bruselas (en referencia a Puigdemont) no es por haber robado dinero a nadie, por haber intentado enriquecerse ni por haber metido la mano en el bolsillo de nadie, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo que, para mí, es erróneo y no es indiferente al derecho", destacó Iglesias, que aseguró que la salida del país de Juan Carlos I es peor moralmente que la de Puigdemont.

Así, el titular de Sanidad ha recordado que "cada caso es singular" y que todos los dirigentes tienen la obligación de respetar el "marco de convivencia" que permite "defender proyectos" como el independentista, aunque no lo comparta.

En esta línea, Illa ha aseverado que esta ha sido la posición que siempre ha mantenido, incluso durante su etapa como secretario de Organización del PSC. "No modifico ni una coma", ha incidido el ministro, que ha recordado a Iglesias que Puigdemont transgredió la ley al tomar "decisiones que no podía tomar".

ELOGIA A DARIAS Y DICE QUE EL NUEVO MINISTRO NO TIENE PORQUE SER MÉDICO

El candidato de los socialistas catalanes para las elecciones autonómicas se ha referido a las declaraciones de Iglesias pero ha descartado ir más allá, argumentando que está al "101% dedicado" a su trabajo al frente de Sanidad. "Y voy a seguir dedicado a esto hasta que empiece la campaña electoral", ha insistido.

Por eso, Illa se ha remitido al PSC tras ser preguntado sobre si el partido presentará algún recurso contra el aplazamiento de los comicios catalanes. "Me remito a las declaraciones (del partido), a ver qué deciden hace. No quiero entrar en ningún matiz de esto", ha apostillado.

Preguntado sobre quién será su sustituto al frente de Sanidad, Illa ha explicado que debe ser un "buen gestor público" capaz de "formar buenos equipos" y con "capacidades políticas y comunicativas". Con todo, no cree que sea necesario que el nuevo ministro tenga una formación médica.

Así, y tras ser preguntado sobre si su compañera de gabinete, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, sería una buena sustituta, Illa ha recordado que la decisión corresponde a Sánchez.

"Trabajo con ella codo con codo y es una ministra magnífica de la que tengo la mejor de las opiniones. Pero esto es bastante poco relevante: quien tiene que tener una buena opinión es el presidente del Gobierno", ha zanjado.

Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por Covid-19 suman este lunes 18 de enero su decimosexta jornada consecutiva de subida hasta los 2.473, 254 más que la víspera y a solo 235 del pico del 30 de marzo (2.708), de los que 372 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 23 más que el domingo y a 66 del pico de marzo (438).

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Los hospitalizados de este domingo son 1.072 más que los que había el mismo día de la semana pasada. Entre medias, el domingo sumaron 139, el sábado 164, el viernes 125, el jueves 94, el miércoles 162, el martes 134 y el lunes pasado 90.

Los 2.473 hospitalizados contabilizados este lunes son 235 menos que los 2.708 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la primera ola y 1.005 menos que los 3.478 del pico de hospitalizados de la segunda ola el 10 de noviembre.

Por su parte, el número de ingresos en UCI sube en 23 este lunes, tras haberlo hecho en 14 el domingo, 27 el sábado, 22 el viernes, dos el jueves, 15 el miércoles, 24 el martes y 16 el lunes pasado. Son en total 127 más este lunes que hace siete días.

Los 372 pacientes en UCI contabilizados esta jornada son 66 menos que los 438 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la primera ola y 156 menos que los 528 del pico en UCI de la segunda ola el 18 de noviembre.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el actual "cuello de botella" que se está produciendo en España en la vacunación frente al coronavirus está en las dosis que se están recibiendo de la vacuna, pero "no" de la capacidad del sistema sanitario para administrarlas.

"El ritmo de vacunación está siendo óptimo. El cuello de botella no está en la capacidad del sistema para vacunar, sino en las dosis que recibimos de las vacunas", ha dicho el ministro, en una entrevista en 'La Sexta'.

Este lunes las comunidades autónomas han comenzado a administrar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech a los grupos prioritarios que recibieron la primera dosis de la vacuna, los residentes y personal en centros de mayores, personal sanitario y sociosanitario de primera línea y grandes dependientes no institucionalizados.

Hasta el viernes se han distribuido 1.139.400 vacunas y administrado 768.950 y, además, esta madrugada ha llegado una nueva remesa semanal de dosis de la vacuna de Pfizer procedente de Bélgica. España recibirá 4.591.275 dosis de la vacuna de Pfizer con las que se conseguirá inmunizar a 2.295.638 personas.

Asimismo, el pasado 12 enero llegaron las primeras vacunas de Moderna que también se están distribuyendo desde la semana pasada. En total se repartirán 599.500 dosis entre todas las comunidades autónomas en un periodo de cinco semanas, hasta la tercera semana de febrero incluida.

Ante todo ello, Illa ha señalado que si a estas dos vacunas se añaden las que está desarrollando la Universidad de Oxford y AstraZeneca, así como la de la compañía Janssen, las cuales están siendo actualmente revisadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), alrededor de los meses de marzo y abril habrá un incremento "muy importante" de las dosis disponibles en España.

"Si todo va bien, España va a recibir muchas vacunas y el sistema sanitario tiene la capacidad de administrarlas", ha recalcado el ministro de Sanidad, para agradecer los ofrecimientos que se están realizando desde distintos colectivos para aumentar el proceso de vacunación e insistir en que, por ahora, "el cuello de botella no es este".

De hecho, y tras reiterar la previsión del Gobierno de que en verano el 70 por ciento de la población esté vacunada frente al Covid-19, Illa ha recordado que España es el noveno país del mundo en administración de vacunas y el primero en Europa, y que gracias a la labor que se realiza en esta materia se ha permitido administrar 14 millones de dosis de vacunas entre los meses de octubre y noviembre.

Dicho esto, el ministro de Sanidad ha rechazado que exista un trato discriminatorio en el reparto de vacunas entre las comunidades autónomas, asegurando que se realiza en función de la población diana fijada en el Plan de Vacunación frente al Covid-19.

Finalmente, y preguntado por los cuatro alcaldes que aceptaron la vacuna contra el Covid-19, Illa ha calificado su actitud de "inadmisible" y ha pedido respetar y seguir "escrupulosamente" el plan de vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. "Es un ejercicio de solidaridad", ha zanjado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que esta semana quedarán ya "inmunizados" contra el coronavirus, con el suministro de la segunda dosis de la vacuna, usuarios y trabajadores de las residencias de ancianos de la comunidad.

En una intervención ante los medios de comunicación durante una visita a la localidad sevillana de La Roda de Andalucía, ha indicado que esta semana se comenzará a suministrar esa segunda dosis, que es con la que realmente se alcanza, al cabo de unos días, la inmunidad total contra el virus.

Esta segunda dosis, según ha expuesto, va a suponer la "inmunidad de una parte importante" de ciudadanos, de los más vulnerables, como son los residentes en centros de mayores.

Asimismo, el presidente ha insistido en defender la decisión de su Gobierno de contar siempre con un stock de seguridad de vacunas del 20 por ciento de la remesa que llegue semanalmente. Según ha indicado, en ante cualquier incidente o imprevisto, hay que contar con esa reserva estratégica para poder suministrar la segunda dosis en los plazos estipulados a aquellas personas que ya han recibido la primera dosis porque si no, no se alcanzará la inmunidad y esa primera dosis no habrá "servido para nada".

Estar cubiertos por ese "stock de seguridad", según el presidente, es algo fundamental para su Gobierno, y se ha referido a la incidencia que ha surgido ahora con la reducción de llegada de vacunas de Pfizer.

El presidente ha indicado que tienen muchas esperanzas puestas en la vacuna, pero hasta que llegue a un importante volumen de población todavía quedan días muy duros por delante.

De hecho, ha indicado que esta tercera ola que estamos viviendo está siendo "mucho más virulenta" que la primera y la segunda, y probablemente tenga que ver mucho la cepa británica en esa rapidez de los contagios.

Ha agregado que los expertos han alertado de que los próximos 20 días van a ser duros, porque vamos a estar en una escalada permanente de contagios hasta alcanzar el pico y empezar a doblegar la curva.

Moreno ha expresado que es consciente de que su Gobierno ha tenido que adoptar medidas "duras", con el objetivo de limitar al máximo la expansión de la pandemia, pero al mismo tiempo tratando de no "ahogar" a la actividad económica en la medida de las posibilidades.

El paleoantropólogo y codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, y la jueza y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena se incorporan este semana Radio Nacional de España (RNE), que estrena nuevas voces para 2021 en diferentes espacios de dos de sus emisoras.

Según ha informado este lunes la Corporación RTVE, junto a Arsuaga y Carmena, llegan a la emisora pública el periodista Paco Lobatón, Millán Salcedo o la Terremoto de Alcorcón.

En concreto, el paleoantropólogo presentará 'El placer de admirar', un programa de cultura científica que "será una conversación amena y didáctica con personajes sobresalientes", según ha detallado.

Asimismo, RTVE ha explicado que 'Tarde lo que tarde', dirigido y presentado por Julia Varela (lunes a viernes de 15:00 a 18:00), contará desde este lunes con colaboradores como la Terremoto de Alcorcón, que contará con una sección donde abordará las inquietudes y preocupaciones del ciudadano, y Millán Salcedo, que abrirá todas las semanas un espacio en el que interactuará con los oyentes del programa. Además, la representante de España en Eurovisión en 2014, Ruth Lorenzo, hablará con Julia Varela de la actualidad musical y escénica, y de las nuevas tendencias.

La Corporación ha indicado que otras voces que se asomarán a las tardes de RNE son la de a nadadora española Teresa Perales; el gestor cultural, experto en arte y exministro de Cultura José Guirao; el escritor, periodista y abogado Manel Loureiro; la enfermera Esther Gómez, conocida como @mienfermerafavorita; o la de la bloguera e influencer Isasaweis, o Isabel Llano, especializada en belleza, moda y estilo de vida.

También ha adelantado que, de lunes a viernes, a las 17.00 horas, llegarán los cómicos para abordar las noticias con desenfado en 'Poca Broma' junto a Toño Pérez: Carolina Iglesias (más conocida como 'Percebes y Grelos'), Luis Álvaro, Elsa Ruiz, Sil de Castro, Paula Púa, Henar Álvarez, Fernando Moraño, Miguel Iríbar, Nacho García y Virginia Riezu.

Junto a todos ellos, las voces ya habituales del programa: Fernando Romay, Ágatha Ruiz de la Prada, Virginia Díaz, Marta Verona, Álex O'Doherty, Esti Gabilondo, Bárbara Goenaga, Alfonso Levy y la familia numerosa de Los Prieto Flores.

Respecto a Radio 5, ha detallado que la jueza y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena impartirá todos los jueves a partir de las 18.00 un 'Máster de Justicia', en el que resolverá las dudas que los oyentes puedan tener sobre el mundo de la justicia "de un modo ameno, sencillo e incluso divertido".

Además, el periodista Paco Lobatón se pondrá todos los lunes, miércoles y viernes por la mañana al frente de 'Diario de Ausencias', "un espacio de búsqueda y recuerdo activo de personas desaparecidas a través del testimonio de sus familiares y del análisis de expertos en la materia".

El periodista también dirigirá el espacio 'Servicio de Búsqueda' desde Radio Nacional y Radio 5. Con la voz de Tere Vilas y en streaming de vídeo en RTVE.es, este servicio, que aparecerá en antena cuando la situación lo requiera, es "una llamada a la participación activa de la audiencia en la localización de personas desaparecidas en colaboración con el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido este lunes en Burgos en la idea de que "el virus no entiende de tecnicismos" y ha defendido el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas, como medida de prevención.

Fernández Mañueco, quien ha presentado el plan 'Sumamos+Economía' junto al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha recalcado que el adelanto es una medida "eficaz" en la lucha contra la COVID-19.

"El Tribunal Supremo tendrá que decidir, pero el Gobierno tiene que reflexionar", ha señalado en relación al recurso interpuesto por el Ejecutivo central a la medida adoptada por la Junta.

En concreto, ha destacado que se trata de una medida pensada para doblegar la curva de la incidencia acumulada del virus y ha reiterado que, lo importante, es poder lograr este objetivo para salvar vidas y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Se han adoptado medidas para proteger vidas y la economía", ha sostenido el presidente de la Junta, antes de remarcar que "solo desde una apuesta por la salud, se puede afrontar la recuperación económica.

En este sentido, ha explicado que la medida ya se avanzó a finales de la semana pasada a los alcaldes de poblaciones de más de 20.000 habitantes y presidentes de las diputaciones provinciales, con quienes el Gobierno autonómico se reunió para explicar la actual situación epidemiológica.

Al respecto, ha asegurado que adelantó a los participantes en ese encuentro los cierres perimetrales de las nueve provincias de la Comunidad, así como la reducción de los aforos en los lugares de culto.

Unas cuestiones a las que unió, tal y como ha señalado, la posibilidad de reducir el número de integrantes en reuniones de no convivientes, de seis a cuatro personas, y el adelanto del toque de queda.

Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en que las grabaciones del encuentro "están ahí", en alusión a quienes han puesto en duda las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo autonómico, y ha sostenido que el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas era una opción más viable que otras, ya que éste "está consolidado en el imaginario colectivo".

En relación al cumplimiento de la nueva medida impuesta a las 20.00 horas, ha agradecido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su colaboración para llevarla a cabo desde el pasado sábado.

HOSTELERÍA

Por otro lado, ha hecho alusión a las reclamaciones que en este mismo sentido se han trasladado a la Junta por el gremio de hosteleros, cuyos representantes se habían concentrado en Burgos durante su comparecencia en la Delegación Territorial.

El presidente de la Junta ha reconocido que siente "sufrimiento y dolor" al ver la situación en la que se encuentran muchos castellano y leoneses y ha defendido las iniciativas planteadas por el Gobierno autonómico, en el marco del Diálogo Social, para mejorar este tipo de situaciones.

La Federación Plataforma Trans ha reclamado este lunes una reunión "urgente" con los Ministerios de Interior e Igualdad para trabajar contra la "gran escalada de odio" al colectivo que se ha registrado en los últimos años en España.

"Va desde la mofa, hasta la humillación, la vinculación con conductas delictivas o las brutales palizas a adolescentes y jóvenes trans", ha denunciado la entidad, para señalar que esta situación está "reviviendo el miedo" de las personas trans "a los espacios públicos".

Estos hechos se reflejan en los datos del Ministerio del Interior, que determinan que, desde 2013 hasta la fecha, los delitos de odio han aumentado un 45% en el país España, aunque sólo dos de cada diez son denunciados.

"Señalan los expertos que las personas trans son las que menos denuncian, un dato relevante, que pone de manifiesto el miedo y la sensación de desprotección por parte de las instituciones", advierte la plataforma.

AUMENTO DE AGRESIONES EN 2020

También, los datos del Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña advierte de un incremento en un 25% de las agresiones hacia las personas trans en 2020, con respecto al año anterior.

"Ante la gravedad de lo expuesto, esta Federación que representa a más de 2700 personas trans en el Estado Español, ha solicitado una reunión urgente con el ministro, Fernando Grande Marlaska y también con la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, para tender la mano y juntos poner fin a esta escalada de odio, trabajando sobre propuestas a corto, medio y largo plazo", reclama la entidad.

Su presidenta, Mar Cambrollé, ha recordado que las personas trans necesitan que "el Estado de Derecho les proteja" y lamenta que, "después de 42 años de democracia y de haber superado una dictadura", el colectivo esté "volviendo a revivir el miedo y la indefensión de sus peores momentos".

A su juicio, "es necesario implementar en España, las propuestas de la estrategia LGTBI del Consejo de Europa y las medidas para frenar el odio hacia las personas LGTBI que ya han tomado nuestros vecinos de la Eurozona".

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 441 nuevos positivos y siete fallecidos en las Islas, de forma que el total acumulado es de 45.553 casos notificados y 518 muertes desde el inicio de la pandemia en la comunidad.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo, en las últimas 24 horas se han realizado 4.684 pruebas para detectar la COVID-19, de las cuales 341 han resultado positivas (109 menos que ayer), por lo que la tasa de positividad es del 7,28%. En total, desde el inicio de la pandemia se han llevado a cabo 882.522 pruebas en las Islas.

En estos momentos, el Servicio de Salud atiende a 10.547 personas a causa del coronavirus. Hay 439 personas ingresadas debido a la COVID-19 en plantas de hospitales (28 más que ayer) y 125 en UCI (tres más que ayer). En las últimas 24 horas también se han registrado 13 altas hospitalarias y 240 curados en Atención Primaria.

Por islas, en Mallorca hay 359 personas ingresadas en planta hospitalaria (107 en UCI), en Ibiza hay 74 pacientes ingresados (13 en UCI), mientras que en Menorca son seis las personas ingresadas en planta (cinco en UCI).

Respecto a los contagios en las residencias de mayores, hay 112 usuarios con contagio activo, de los cuales 93 están hospitalizados. Además, un total de 102 profesionales de estos centros están contagiados en estos momentos. Por otro lado, la cifra de fallecidos en centros residenciales se mantiene este lunes en 235 desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a los profesionales sanitarios, hay un total de 510 casos en vigilancia, de los cuales 261 están contagiados por la COVID-19.

La defensa de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2012, cargo previo a ostentar el mandado de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, acompañada por su letrado y con semblante serio, Cifuentes no ha querido realizar declaraciones a los periodistas concentrados en las puertas y se ha limitado a pedir que la dejaran pasar.

La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de prisión.

Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. Rosado ha sido la primera en declarar, ratificando la falsificación del acta a instancias de "presiones" por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álarez Conde y Feito. Se espera que Cifuentes declare a lo largo de la mañana.

En las cuestiones previas, Choclán ha detallado que el pasado viernes se aportaron nuevos medios probatorios de cara a la celebración de la vista. En primer lugar, un pendrive que contiene una copia de la agenda de Cifuentes en su época como delegada de Gobierno en Madrid y en concreto del año 2012 para acreditar la realización del curso.

De igual modo, ha presentado un certificado académico aportado por la propia URJC que verifica que la exlíder madrileña superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó.

La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se de traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que desvirtúa la versión de Cifuentes.

El juicio ha arrancado con la declaración de la exdirectora del máster Cecilia Rosado, a quien se la pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión. Se trata de una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

PRESIONES DE CONDE Y FEITO

La primera en declarar ha sido Cecilia Rosado, quien ha comenzado relatando que dependía jerárquicamente de Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2018 y que estaba también acusado en la causa como presunto "urdidor de la trama".

Según su testimonio, su relación se torció en 2014 debido a "un conflicto". Rosado coordinaba en esa época un curso de arbitraje que dependía del Instituto de Derecho Público (IDP), un curso que suponía "un mérito laboral y que le reportaba un complemento económico".

En 2014, el director del curso buscaba alumnos --algo habitual en este tipo de cursos-- y Conde lo interpretó como "una traición", echándola del curso, de una revista y del área de Derecho Constitucional. "La relación era muy tensa pero no hay ruptura total. Era un catedrático importante y yo tenía miedo de una ruptura total porque no quería que me perjudicara más en mi vida universitario", ha narrado.

En cuanto al máster de Cifuentes, Rosado ha indicado que no era obligatorio ir a clase y que se daba a los alumnos la posibilidad de evaluarles a través de trabajos. "Podían tener varios métodos. Uno a través del correo y otro se podía llevar físicamente. No recuerdo que se convalidasen asignaturas", ha dicho.

Sobre Cifuentes, ha dicho que no recuerda haberla visto en clase ni recuerda quién la puso las notas ni su defensa del TFM. La semana en la que realizó la defensa, el 2 de julio de 2012, ha apuntado que ese día no estaba en la universidad al estar preparando una ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.

Además, ha declarado que ella preparaba las actas del curso y Conde se encargaba de las firmas. "No tenía acceso al expediente ni a todas las notas de todas las asignaturas. Todo se guardaba dos años y se procedía a la destrucción", ha agregado.

La acusada ha narrado una conversación con Conde a raíz de que saliera la noticia en 'diario.es' que destapó el asunto. "Me comentó; Cecilia, hay que arreglarlo. Empiezan las llamadas y me dice que iba a haber consecuencias graves a nivel laboral y que había que hacer lo que sea. Son llamadas previas a la rueda de prensa", ha dicho.

"Me llamó ese día veinticuatro veces y hubo quince SMS. Me dijo que había que poner un tribunal y las personas. Me pongo muy nerviosa y me dice que es la única opción. Y que no hay nada que hacer", ha relatado.

Rosado también recibió quince llamadas de la exasesora de Educación y acusada María Teresa Feito y cinco SMS. En las primeras le comentaba que el TFM tenía que aparecer y en las siguientes, que había que hacer un trabajo y le pidió que le buscara bibliografía.

Así, se dispuso a realizar el acta en la que tardo cerca de tres horas al estar "muy nerviosa" por lo que estaba sucediendo siendo indicada con los nombres de las profesoras que debía poner como miembros del tribunal; Clara Souto y Alicia López de los Mozos.

"Cuando confecciono el acta estoy en mi casa, y Alicia me enseña la firma por faceTime y me da el OK cuando la hago", ha explicado agregando "era asesora del Gobierno de Madrid. "Entendí que... Estuve presionada", ha aseverado y ha recalcado a continuación que tenía "miedo". "Cifuentes os va a matar", le advirtió Feito.

Además, ha relatado una conversación con Conde en el que le acusó de haberla presionado y en la que éste lo reconoció, indicando que le pidió que firmara un documento reconociendo que le había pedido falsificar el acta y que ha sido mostrado en la Sala.

Cantabria está en el nivel 4 de riesgo extremo por el coronavirus tras el incremento de la incidencia acumulada y de la ocupación UCI y a lo largo de esta semana "probablemente" se anunciarán algunas limitaciones nuevas.

Así lo ha anunciado este lunes, en rueda de prensa, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), quien ha reconocido que la situación epidemiológica de la comunidad autónoma --con una incidencia acumulada a 14 días de 347 casos por cada 100.000 habitantes y de 191 a 7 días-- es "mala".

Además, en estos momentos, hay 32 personas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) --una más que a cierre del domingo, cuando había 31 y la ocupación se situaba ya en el 28,4%--, un porcentaje que supera a ese 25% que establece el 'semáforo' del Ministerio de Sanidad para ser considerado un indicador de riesgo extremo.

Rodríguez no ha avanzado qué tipo de nueva medida se podría implantar porque, según ha dicho, es la Dirección General de Salud Pública la que lo está estudiando.

Sí ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que a Sanidad "le preocupa mucho" aquellos municipios en los que se está registrando un importante incremento de la incidencia acumulada.

Sin embargo, no ha adelantado si se confinará alguno de ellos y ha recordado que ese tipo de medidas se anuncian con poco adelanto para evitar que haya quien los abandone antes de que se decrete su cierre.

EL TOQUE DE QUEDA

Cuestionado por su postura acerca de que el Gobierno de España implante o permita a las comunidades un toque de queda por debajo de las 22.00 horas, Rodríguez ha indicado que, sería "ventajoso" para la evolución de la pandemia porque "ayudaría a reducir la interacción social".

Sin embargo, cuestionado acerca de si Cantabria lo va a pedir formalmente al Gobierno de España como prevén hacer otras comunidades autónomas, ha puntualizado que es algo que "no entra dentro las competencias" de la comunidad.

De forma genérica, el consejero ha apuntado que, desde el punto de vista del control de la pandemia, todo el mundo que imponga medidas restrictivas "acierta siempre". "El que quiera acertar, puede poner la máxima medida restrictiva y acertaría", ha dicho Rodríguez, quien, sin embargo, ha matizado que "hay que seguir viviendo" y manteniendo la actividad "para poder subsistir", con lo que hay que hacer es tomar medidas que también tengan en cuenta ese factor y que sean "compensadas".