La hostelería cerrará, en principio durante un mes, en las siete grandes ciudades gallegas y en otros 53 municipios, que tendrán limitada la movilidad. Según ha defendido el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, estos 60 ayuntamientos registran los peores datos epidemiológicos de la pandemia en la Comunidad y en ellos se aplicarán nuevas restricciones encaminadas a preservar solo actividades esenciales.

Las nuevas medidas entrarán en vigor a las 15,00 horas de este viernes y Feijóo ha comparecido para informar "con transparencia" a los gallegos tras la reunión de este miércoles del comité clínico. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha estado presente en la comparecencia del jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha reivindicado que Galicia se anticipa con estas medidas con el triple objetivo de rebajar presión asistencial, evitar un confinamiento domiciliario y salvar la campaña de Navidad.

Bajo la previsión de que las nuevas limitaciones estén vigentes un mes, "siempre con la evaluación constante del comité" y la posibilidad de que si algún municipio registra una mejor situación pueda verse libre de las mismas, Feijóo ha explicado que las nuevas restricciones se pondrán en marcha en las ciudades y en los perímetros que las conforman como zonas de influencia, así como en ayuntamientos puntuales con una tendencia al alza significativa en la tasa acumulada y en el número de casos positivos de covid-19 en los últimos 7 y 14 días.

De este modo, las ciudades y zonas que tendrán mayor restricciones serán: A Coruña, junto con Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros; el ayuntamiento de Lugo en solitario; Santiago con Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y Vedra; Ferrol, con Ares, Fene, Neda, Narón y Mugardos; Ourense, con Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao y Toén; Pontevedra, con Vilaboa, Ponte Caldelas, Poio, Marín, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade y Soutomaior; y Vigo con Mos, Nigrán, Gondomar, O Porriño y Redondela.

También tendrán las mismas restricciones los ayuntamientos con tasa acumulada a 14 días superior a 200 casos por 100.000 habitantes, y tendencia ascendente en la notificación de los mismos: Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A Estrada, Lalín, Silleda, Ponteareas, Tui, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa.

En todas estas zonas se acometerá un cierre perimetral y la movilidad quedará limitada a dentro de la "almendra perimetral" que define el Ejecutivo autonómico. En todo caso, estarán permitidos el 100% de los movimientos para ir a trabajar, a la escuela, a atender cuidados necesarios de menores y mayores, y todos los movimientos sanitarios. Y el comercio funcionará con los mismos criterios del resto de Galicia.

Eso sí, cerrará la hostelería, excepto el servicio a domicilio y para recogida que sí se podrá ofrecer; la práctica deportiva quedará restringida a deporte individual --aunque los gimnasios permanecerán abiertos--; y se reducirá el aforo en establecimientos culturales, que con esas limitaciones podrán seguir funcionando ---cines, teatros, auditorios, y otros recintos podrán ocupar el 50% de cada sala, con un límite de 30 personas en interior y 75 en exterior--.

Habrá también restricciones de movilidad, es decir, no se podrá entrar ni salir de estas áreas, excepto por razones laborales y actividades esenciales. El presidente ha subrayado que se ha aplicado "el modelo" de O Carballiño, en cuya zona se logró reducir a la mitad la incidencia del virus en dos semanas.

NUEVAS MEDIDAS PARA TODA GALICIA

Además de las restricciones en estas zonas, el presidente de la Xunta ha avanzado avanzó la implantación de otras medidas que afectarán a toda Galicia, como por ejemplo la limitación de las salidas de usuarios fuera de las residencias, preservando de momento las visitas de los familiares en las condiciones de distancia e higiene correspondientes. Fuentes de Política Social han aclarado a Europa Press que no se podrá efectuar ninguna salida.

Asimismo y en consonancia con las últimas directrices estatales, aumentarán las limitaciones de aforo en grandes superficies comerciales de manera que en las zonas comunes solo podrá ocuparse un tercio del máximo --en los comercios, que seguirán abiertos, continúa el aforo del 50% como hasta ahora--.

"Y en toda Galicia se reduce el aforo en el transporte público no escolar: el transporte urbano contará con uno máximo del 50% de los asientos; y el transporte interurbano con el 50%", ha avanzado el presidente gallego, antes de subrayar que el transporte escolar queda garantizado, toda vez que los asientos están asignados desde lo principio de curso.

REUNIONES DE NO CONVIVIENTES Y OTROS PASOS

En su intervención, el presidente también ha esgrimido que en los municipios gallegos sobre los que no pesan restricciones perimetrales podrán llegar a seis participantes no convivientes, una persona más que hasta ahora, mientras que en las urbes de la Comunidad y los 53 municipios cerrados se mantiene la norma actual: solo se pueden reunir personas que conviven bajo el mismo techo.

Además, el presidente ha explicado que se está trabajando en un texto para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan tener claros los criterios en relación a ir a la posibilidad de visitar "a un padre o a una madre que viven solos" sin que esto tenga que ser sometido a "un criterio interpretativo".

MEDIDAS PARA LA HOSTELERÍA, UNA "VÍCTIMA"

"Estas son las medidas que nos dicta el comité clínico y que vamos a aplicar por el bien común de los gallegos", ha defendido el presidente gallego, quien ha incidido en que es que toca para intentar "contener y, a ser posible, revertir la evolución de la pandemia", es seguir redoblando los cuidados, la precaución, la alerta y también seguir insistiendo en las restricciones.

Toca ampliar las limitaciones por nuestra salud y por la salud de los nuestros. Pero también toca hacerlo por la economía, porque cuanto más se tarde en actuar, más difícil y larga será la contención y más profunda, por tanto, la afectación económica", ha abundado.

Sobre este último punto, ha anticipado que este jueves, en su reunión ordinaria en el Consello de la Xunta, el Gobierno gallego evaluará nuevas medidas de apoyo al sector de la hostelería y a sus trabajadores, que son "los que más afectados se ven por las limitaciones".

El presidente del Ejecutivo ha subrayado que son las personas las que transmiten el virus y "no la hostelería", que ha situado con una "víctima" de la pandemia. Al mismo tiempo, además de subrayar que se incidirá en sancionar incumplimientos, ha apelado a la responsabilidad de todos en los distintos planos. "De nada sirve cerrar el bajo de un restaurante si en el piso de arriba hay una fiesta", ha argumentado.

Ciudadanos ha alertado a la Comisión Europea de que, a través de una enmienda al proyecto de ley de educación del Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) apuestan por la "discriminación" de los alumnos cuya lengua materna es el castellano, y ha preguntado al Ejecutivo comunitario qué va a hacer para proteger los derechos de estos estudiantes.

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para que aclare si va a tener en cuenta esta cuestión en su próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.

Pagazaurtundua señala que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en España han denunciado que, si esa enmienda parlamentaria se aprueba, suprimirá el carácter de lengua vehicular de enseñanza para el español, "llevando a una discriminación de los alumnos de lengua materna española" en las comunidades autónomas donde hay otro idioma cooficial.

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Según la eurodiputada, esto "vulnera el derecho constitucional a recibir la educación en una lengua oficial como es el español" y también atenta contra derechos fundamentales de los niños recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de la UNESCO y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Otro eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, ha registrado otra pregunta en la Eurocámara para que Bruselas explique qué va hacer "para garantizar el derecho fundamental de los niños españoles a ser educados en su lengua materna y oficial de su Estado, y a su no discriminación por motivos de lengua en España".

Cañas ha indicado que la supresión del castellano como lengua vehicular en los centros educativos "viola numerosas sentencias judiciales" del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES

Estos tribunales "han resuelto reiteradamente que, en las comunidades con lenguas cooficiales, tanto el español como la lengua regional cooficial deben ser lenguas vehiculares de enseñanza, sin discriminar a los alumnos castellanohablantes como sucede actualmente", ha apuntado.

Cañas sostiene que "la constante inacción cómplice del Gobierno de España ante el incumplimiento de dichas sentencias por parte de los gobiernos autonómicos, junto con la futura modificación legislativa de la LOE contraria a los derechos constitucionales, demuestra una vez más la violación reiterada de la prohibición de no discriminación por razón de lengua".

La iniciativa pactada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC e impulsada por este último pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press aseguran que la educación en castellano estaría garantizada.

El objetivo de esta enmienda, que se someterá a votación este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso --donde se debaten las modificaciones al proyecto de ley del Gobierno--, es blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional, según quienes la promueven.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este miércoles que su partido acudirá al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa para evitar que la futura ley de educación para que no se elimine el castellano como lengua vehicular en los colegios.

La Comunitat Valenciana ha registrado 1.804 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 67.351 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 204 en Castellón (7.503 en total); 596 en Alicante (23.248 en total), y 1.004 en la provincia de Valencia (36.598 en total).

En cuanto a los decesos, se han registrado 21 fallecimientos desde la última actualización, por lo que el total de defunciones es de 1.883 personas: 273 en la provincia de Castellón, 648 en la de Alicante y 962 en la de Valencia.

Son 1.264 las altas a pacientes con coronavirus desde los últimos datos facilitados el martes, lo que deja la cifra de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 62.448: 7.005 en Castellón, 21.168 en Alicante y 34.228 en Valencia. El total de altas sin asignación continúa en 47. De esta forma, en estos momentos hay 13.187 casos activos, lo que supone un 17,01% del total de positivos.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.321 personas ingresadas: 116 en la provincia de Castellón, con 23 pacientes en UCI; 456 en la provincia de Alicante, 73 de ellos en la UCI; y 749 en la provincia de Valencia, 113 de ellos en UCI, detalla el departamento que dirige Ana Barceló en un comunicado.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 1.443.584, de las que 1.286.252 han sido a través de PCR y 157.332 mediante test rápido.

RESIDENCIAS

En el ámbito de las residencias, a día de hoy, hay algún caso positivo en 51 residencias de mayores (5 en la provincia de Castellón, 16 en la provincia de Alicante y 30 en la provincia de Valencia), 12 centros de diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 8 en la provincia de Valencia) y 1 centro de menores en la provincia de Valencia.

Los residentes nuevos positivos son 35 y los trabajadores afectados, 19. Cuatro de los fallecidos eran residentes. Se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 9 residencias en la Comunitat Valenciana: 1 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia.

ACTUALIZACIÓN BROTES

Por lo que se refiere a la actualización de brotes de coronavirus, se contabilizan 35. El más numeroso de ellos se localiza en Valencia, con un total de 13 personas, y es de origen social. En la capital del Turia se han detectado otros cuatro brotes, tres de 5 casos (dos de origen social y uno educativo) y uno de 3.

El resto de focos son los siguientes: Benicarló, 5 casos y origen laboral; Fontanars dels Alforins, 9 casos y origen social; Benidorm, 7 casos y origen social, Alzira, 6 casos y origen social; Rafal, 5 casos y origen social; Sant Jordi, 4 casos y origen social; Vila-Real, 4 casos y origen laboral; Villanueva de Castellón, 4 casos y origen social; Almoradí, 5 casos y origen social; Ares del Maestrat, 5 casos y origen social; Canals, 6 casos y origen social; Benicàssim, 3 casos y origen social; dos brotes en Paterna, uno de 3 casos y origen social y otro de 4 casos y también social; Sagunt, 3 casos y origen social; y L'Alcúdia, 6 casos y origen social.

Completan la lista: Castelló de La Plana, 5 casos y origen social; Torrevieja, 3 casos (origen social); Morella, 4 casos y origen social; Albatera, 3 casos y origen social; dos brotes en la Vall d'Uixó: uno de 5 casos y origen social y un segundo de 7 casos, también social; Polinyà de Xúquer, 4 casos de origen social; Dénia, 3 casos de origen laboral; Montesa, 3 casos y origen social; Soneja, 8 casos y origen social; Alcoi, 3 casos y origen social; Elche, 4 casos de origen social y Muro de Alcoy, 3 casos y origen social.

El Grupo El Corte Inglés y Fundación ONCE han firmado un Convenio Marco en materia de empleo y formación para personas con discapacidad, que incluye también un apartado específico sobre programas de accesibilidad, según detallan en un comunicado.

El acuerdo ha sido suscrito por el consejero delegado de El Corte Inglés, Víctor del Pozo Gil, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, quienes han coincidido en señalar la importancia de que firmas como El Corte Inglés se comprometan públicamente con la mejora del empleo de las personas con discapacidad. En el acto de firma estuvo también presente el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda.

En virtud de este Convenio, Fundación ONCE presta colaboración a El Corte Inglés para la formación y contratación de trabajadores a través de la Asociación INSERTA Empleo, entidad especializada en la formación y búsqueda de empleo para personas con discapacidad. De esta manera, la compañía sigue impulsando la inserción laboral en su plantilla de personas con este tipo de perfiles, contribuyendo así a mejorar sus condiciones de vida.

INSERTA Empleo también impulsa el desarrollo de acciones formativas, teóricas y prácticas, destinadas a proveer la formación a personas con discapacidad con titulación académica. En esta línea, establece programas de captación, orientación e inserción laboral de personas con discapacidad, con la finalidad de conseguir su acceso al empleo de calidad.

El Corte Inglés, como empresa de acogida en el 'Programa de becas de prácticas Fundación ONCE - CRUE Universidades Españolas', promueve la formación y la inclusión laboral de personas con discapacidad, favoreciendo la posibilidad de que dichas personas puedan realizar sus prácticas académicas en El Corte Inglés.

Para ello, Fundación ONCE facilita a El Corte Inglés la relación con las distintas universidades de donde procedan las personas becadas, con el fin de que se pueda formalizar entre El Corte Inglés y las universidades el correspondiente Convenio de Cooperación Educativa, por el que se establece el marco regulador de las relaciones entre el estudiante, la empresa y la universidad o centro adscrito.

En cuanto a Accesibilidad Universal, las partes trabajan conjuntamente en el establecimiento de programas de colaboración entre Fundación ONCE y El Corte Inglés para el fomento de iniciativas encaminadas a la consecución de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, incluidos los espacios virtuales en los edificios y sus instalaciones y servicios, poniendo el foco además en la accesibilidad tecnológica de sus canales de venta on-line.

Como empresa socialmente responsable, El Corte Inglés exige desde hace tiempo a todos los proveedores que desean participar en sus procesos de contratación, que cumplan con la reserva del 2 por ciento de su plantilla para personas con discapacidad, conforme al art. 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

La firma de este Convenio de Colaboración se enmarca en el compromiso de El Corte Inglés de vinculación con la sociedad y en el espíritu de cercanía que mantiene con las inquietudes de los ciudadanos, colaborando con diversas actividades sociales, culturales, educativas, medioambientales y deportivas.

La Junta de Andalucía, a través de su consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP-A), ha urgido este miércoles al Gobierno de España a que "legisle a la mayor brevedad posible" sobre la posibilidad de decretar "el confinamiento total o parcial de la población" para frenar la expansión de contagios de la Covid-19.

Así lo ha solicitado la Junta al Gobierno central en el seno de la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrada este miércoles, según lo ha dado a conocer el consejero andaluz del ramo, Jesús Aguirre, al inicio de una comparecencia en el Pleno del Parlamento para informar de listas de espera.

Aguirre ha detallado que por parte de la Junta se ha solicitado en dicha reunión entre Sanidad y las autonomías que "el Gobierno de la nación asuma las decisiones que son de sus competencia" en lo que respecta al "desarrollo legislativo del confinamiento total o parcial de la población, sea a nivel de áreas sanitarias, de provincias o comunidad autónoma en general", de forma que se le ha pedido al Ejecutivo "que legisle a la mayor brevedad posible ante la evolución de la pandemia".

Además, el consejero ha explicado que le ha comunicado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que por parte de la Junta se está "valorando esta semana el resultado de las medidas adoptadas en Andalucía la semana pasada" para frenar los contagios, "una vez que transcurren los tiempos fijados para valorar la efectividad de las medidas tomadas".

Al respecto, ha insistido en advertir de que, "si la situación no se controla", desde la Junta de Andalucía "tomaremos las medidas más restrictivas dentro de nuestro ámbito de competencia", tras evaluar la situación "en función de lo que nos dictaminen los expertos y las sociedades científicas a lo largo de esta semana".

Por otro lado, Aguirre ha informado de que en el Consejo Interterritorial se ha aprobado por unanimidad un manifiesto presentado por el ministro de Sanidad "sobre la condena rotunda de los altercados y disturbios" registrados en los últimos días en "varias ciudades, y las actitudes que los han promovido".

Finalmente, se ha realizado "un llamamiento a la ciudadanía a proseguir en su actitud ejemplar de seguimiento de las recomendaciones básicas en prevención de la Covid", según ha añadido el consejero de Salud.

Europa ocupó un lugar central en la propagación mundial del coronavirus, según una nueva investigación colaborativa entre investigadores del genoma de la Universidad de Huddersfield en Reino Unido y la Universidad de Minho de Portugal, que ha llevado a cabo uno de los análisis más grandes de este tipo centrado en miles de genomas de virus muestreados en todo el mundo.

El Grupo de Investigación Arqueogenética de la Universidad de Huddersfield ha trazado la dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, los hallazgos del grupo, publicados recientemente en un número especial de la revista 'Microorganisms 'revisada por pares , confirman que el virus se originó en China y muy probablemente saltó a los humanos desde los murciélagos. Pero es Europa, no China, la principal fuente de propagación de la enfermedad por todo el mundo.

La investigación también sugiere que las restricciones de viaje en Reino Unido y Europa parecen haber sido demasiado escasas y demasiado tardías, y que la propagación real del virus a Estados Unidos y otras partes del mundo se produjo principalmente a través de Europa.

El estudio se centró en 27.000 genomas de virus, muestreados de todo el mundo. Los investigadores suelen trabajar en el seguimiento de antiguas migraciones humanas utilizando ADN mitocondrial, y capitalizaron el hecho de que el genoma del virus es similar en aspectos cruciales. Aún así, el tamaño gigantesco de la base de datos, incluso en mayo cuando comenzó el estudio, hace que este sea uno de los análisis más grandes de este tipo jamás realizados.

Los análisis intensivos de datos fueron realizados por la genetista clínica, la doctora Teresa Rito, y el genetista evolutivo el doctor Pedro Soares. Ambos tienen su sede en la Universidad de Minho, en Portugal, y han trabajado en estrecha colaboración con el profesor Martin Richards y la doctora Maria Pala de la Universidad de Huddersfield, como parte del Grupo de Investigación Arqueogenética, en muchas ocasiones.

La pareja recurrió al conocimiento y la experiencia de sus colegas en el Reino Unido para ayudar a dar sentido a los datos y publicar sus conclusiones en un tiempo doblemente rápido. A medida que el mundo sigue enfrentándose a un patógeno que se propaga rápidamente, el doctora Pala cree que una mayor comprensión del virus informará mejor y mejorará las políticas diseñadas para controlar la propagación.

"Con miles de vidas aún en riesgo la necesidad de investigación científica es ahora más crucial que nunca", ha explicado la experta.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 415 casos positivos de Covid-19 confirmados y 14 personas fallecidas, lo que supone un total de 772 desde el inicio de la pandemia.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 390 personas, 35 de ellas en UCI, y en la última jornada se han dado 286 altas, lo que equivale a un acumulado de 14.280.

En cuanto a los fallecidos, el Área de Salud de Badajoz ha registrado cinco muertes, en concreto dos varones de 92 y 82 años de Badajoz, una mujer de 84 años de Alconchel, una mujer de 89 años de Olivenza y un varón de 81 años de Montijo.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha comunicado el fallecimiento de un varón de 65 años de Ahillones y el de Mérida ha informado de la muerte de otro hombre de 89 años de Mérida.

Por su parte, el Área de Salud de Don Benito Villanueva de la Serena ha registrado el fallecimiento de un varón de 70 años de Orellana de la Sierra y el Área de Salud de Plasencia ha registrado tres fallecidos, que son un varón de 93 años de Plasencia, un varón de 87 años de Galisteo y una mujer de 90 años de Cabezuela del Valle.

Finalmente, el Área de Salud de Cáceres ha notificado dos fallecidos, un varón de 99 años de Cáceres y una mujer de 93 años de Alcuéscar, y el de Coria ha registrado la muerte de un varón de 86 años de Zarza la Mayor.

Asimismo, en cuanto a los brotes, se ha comunicado uno en Cabeza del Buey, con 12 positivos y 26 contactos, y otro en Mérida, con seis positivos y 12 contactos.

Por su parte, se han cerrado seis brotes, que se localizan en Badajoz, Gévora, Alconchel, Fuente del Maestre, Mérida y Almendralejo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

CASOS POR ÁREAS

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 119 casos confirmados, tiene 97 pacientes hospitalizados, 13 de ellos en UCI, y desde el principio de la pandemia ha tenido 76 fallecidos y ha dado 3.062 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 37 casos positivos, tiene 70 pacientes ingresados, de los que cinco están en UCI, y acumula 318 fallecidos y 3.006 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 68 casos confirmados, tiene 96 personas hospitalizadas, de las que cinco están en UCI, y acumula 75 fallecidos y 2.005 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 44 casos positivos, cuenta con 33 pacientes hospitalizadas, de los que cinco están en UCI, y acumula 75 víctimas mortales y 2.018 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 30 casos positivos, tiene 45 pacientes hospitalizados, de los que siete están en UCI, y ha registrado un total de 95 fallecidos y 1.329 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 12 casos confirmados, tiene cinco pacientes ingresados y ha registrado desde el inicio de la pandemia 63 fallecidos y 1.134 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 96 casos positivos, tiene 41 pacientes ingresados y ha registrado un total de 36 fallecidos y 1.001 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha comunicado nueve casos positivos, tiene tres pacientes hospitalizados y, desde el comienzo de la pandemia, un total de 34 personas han fallecido y se han dado 725 altas.

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que participan los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, ha firmado una declaración para condenar, de manera "rotunda", los altercados y disturbios producidos en varias ciudades por las medidas puestas en marcha contra el Covid-19, así como las actitudes "negacionistas e intolerantes" de los que los han promovido.

Tal y como se señala en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la pandemia por Covid-19 ha deparado, además de los daños ya conocidos, un incremento "lógico y comprensible" de la incertidumbre en la ciudadanía, no sólo por su propio estado de salud, sino por sus condiciones y medios de vida.

Una "fatiga pandémica" que es descrita por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "la desmotivación para seguir las conductas de protección recomendadas que aparece de forma gradual en el tiempo y que está afectada por diversas emociones, experiencias y percepciones, así como por el contexto social, cultural, estructural y legislativo".

En este sentido, en la declaración firmada por Sanidad y las comunidades autónomas se avisa de que quienes niegan la capacidad de la ciencia de plantar cara a la pandemia, quienes apuntan a "oscuras teorías en el origen y desarrollo de la misma", y quienes venden a sus conciudadanos soluciones "fáciles y atajos" para derrotar al virus son los "mejores aliados" del Covid-19.

"Quienes alientan y participan en estos altercados y disturbios tratan, en vano, de socavar la esperanza de la ciudadanía en una solución científica, el seguimiento de las medidas de prevencióny, en definitiva, destruir el nexo entre la ciudadanía y las instituciones democráticas", recalca el documento.

Por todo ello, el pleno del CISNS ha querido mostrar su "confianza absoluta" en que sólo la ciencia va a permitir encontrar una salida "segura y eficaz" a la pandemia, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para continuar con una actitud "ejemplar" de seguimiento de las recomendaciones básicas de prevención ante el Covid-19.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha animado este miércoles a "toda la sociedad en general" a "alzar la voz" para decirle a la Junta que "basta ya" de la situación de letalidad que se vive en las residencias de mayores durante la actual pandemia del coronavirus "debido a la nefasta gestión" del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs).

"No podemos seguir mirando para otro lado mientras nueve mayores mueren cada día --de momento-- debido a la nefasta gestión que este gobierno está llevando en las residencias de mayores. Tenemos todos que alzar la voz y decirles que basta ya. Esto tiene que terminar, y si no saben, que se vayan", ha enfatizado el presidente de la FOAM, Martín Durán, en un comunicado este miércoles.

Y es que, según ha puesto de relieve, desde el pasado 1 de octubre y hasta este miércoles, 4 de noviembre, han fallecido por Covid-19 en las residencias andaluzas un total de 290 personas, lo que supone "cerca de nueve diarias", y el número total de defunciones durante la pandemiaasciende ya a 931 en dichos centros en la comunidad.

De esta manera, según la FOAM, mientras que la tasa de letalidad de la pandemia en Andalucía es del 1,75% en general, en las residencias de mayores "asciende al 18,87%".

La federación culpa de estos datos a los "protocolos inadecuados" que la Junta de Andalucía "emplea para frenar los contagios en las residencias", y subraya que las cifras demuestran "claramente la inoperancia de los mismos".

"Hay un derecho a la salud recogido en nuestra Constitución que evidentemente la Junta no está respetando en las residencias de mayores", según añade el presidente de la FOAM, que pregunta al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, si van a "hacer algo.

"Este mes, 290 fallecidos, ¿cuántos el mes que viene?", se pregunta también el presidente de la FOAM, que incide en que "no se puede tardar dos días en auxiliar a una residencia de mayores desde que se produce el brote", ni se pueden realizar "PCR a los trabajadores que han tenido contacto más estrecho con un contagiado y mantenerlo trabajando en la residencia hasta que se sepa el resultado del test".

"No se puede en una residencia con brotes confirmados no hacerle el test a todo el mundo; no se puede que, tres días después de la aparición del primer brote, todavía queden pendientes residentes por hacerles el test", ni tampoco dejar en una residencia "ni un segundo más a un residente al que se le ha detectado el virus", según abunda la FOAM, que insiste además en abogar por evacuar "inmediatamente a los contagiados a hospitales".

La residencia de mayores 'Sierra Pinar' de Zafra (Badajoz) tiene declarado un brote de coronavirus que suma 71 usuarios y 13 trabajadores positivos ante el que el alcalde de la localidad, José Carlos Contreras, ha mostrado "mucha preocupación".

"Mucha preocupación como podréis entender, es verdad que llevábamos unos datos aceptables para la población que somos, unos 17.000 habitantes, teníamos una incidencia acumulada a los 14 días de 350 casos pero es verdad que ayer cayó una bomba en Zafra y hemos subido a 770 casos", ha manifestado.

Así, en declaraciones a los medios, Contreras ha valorado las medidas anunciadas este miércoles por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, con las que la ciudad vuelve "a una práctica fase 1 con la limitación de aforos correspondiente".

A este respecto, ha considerado que "se está actuando rápido y de forma inminente tanto desde el SES como desde el SEPAD" y ha resaltado que se ha medicalizado la propia residencia de mayores "para que los residentes no tengan que salir de ella" y tengan "un cuidado continuo durante las 24 horas.

De este modo, Contreras ha subrayado que "hoy ya" hay "tres médicos" en este centro, uno contratado por la empresa que gestiona la residencia y dos que ha puesto el SES y, además, "se están buscando enfermeros" para "tener más personal de sanidad".

Asimismo, sobre si se plantea un confinamiento perimetral de Zafra, el primer edil ha aseverado que están "muy lejos de ello" porque en las localidades que se ha establecido esta medida estaban por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y en la ciudad tienen "770 (casos por 100.000 habitantes) provocados por la residencia".

Finalmente, Contreras ha avanzado que Zafra va a sumar este miércoles 40 positivos más" que supondrían "177 casos" y "muchos de ellos casos de la residencia". "Entre ayer y hoy ha sido la hecatombe", ha concluido.

El avance de la COVID-19 en toda Galicia mantiene también una elevada incidencia en los centros. El sistema educativo gallego superan los 1.200 contagios y registra más del 12,5 por ciento del total de casos activos de coronavirus de la comunidad autónoma.

Las autoridades sanitarias cuantifican este miércoles un total de 1.210 positivos, detectados en al menos 591 escuelas, institutos y guarderías de toda Galicia, sobre todo en la zona de influencia de la ciudad olívica.

Esta situación obliga a mantener cerradas al menos 42 aulas en la comunidad y la escuela infantil Golfiños de Lugo, que presenta cinco positivos.

De los casi 600 centros que presentan contagios por COVID-19, bien por brotes en las instalaciones o derivados del exterior, la mayoría de ellos se sitúan en zonas de influencia de Vigo y A Coruña (159 y 103, respectivamente).

El área sanitaria de Vigo sigue acentuando el ritmo de contagios, con 332 y unas 11 aulas cerradas. El caso más preocupante se registra en el centro privado Apóstol Santiago, que presenta un total de 13 positivos.

También destaca el CPR Plurilingüe Lar, de Mos, con nueve positivos confirmados, el CPI A Cañiza y el San Salvador de Vigo, ambos con ocho.

Además de Vigo, las áreas de A Coruña, Santiago y Ferrol registran los peores indicadores de toda Galicia respecto al número de contagios detectados y los casos que se mantienen en activo en las instalaciones educativas.

A Coruña, por ejemplo, se aproxima a los 200 casos aunque el centro con más casos se sitúa fuera del entorno urbano, en el IES Maximino Romero de Lema de Zas, con nueve positivos.

FERROL SIGUE EN AUMENTO

Las áreas de Santiago y Ferrol registran, por su parte, 161 y 139 positivos respectivamente.

En la capital gallega, los centros con más casos son el CEIP Pío XII, con ocho, el CPR Plurilingüe La Salle y el CPR Plurilingüe San José de Cluny, estos dos últimos con siete positivos. En suma, hay al menos cinco aulas cerradas en escuelas del área sanitaria.

En la zona de Ferrol, donde hay cuatro aulas clausuradas, destacan los casos del IES Leixa o el CIFP Ferrolterra, con ocho y siete positivos; además del CRA de Narón y el IES Terra de Trasancos.

Los centros del área de Lugo cuentan con 132 positivos por COVID-19. El caso más grave se da en el IES Lucus Augusti, con al menos 12 contagios y un aula cerrada.

El área de Ourense cierra el balance de casos con 112 positivos y unas siete unidades afectadas.

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, ha mantenido una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le ha destacado la "urgente" necesidad de regular la publicidad publicitaria.

"Es necesario instaurar una normativa clara y específica en todo el Estado que regule una publicidad tan sensible como la sanitaria, con una información rigurosa, veraz y comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico. La publicidad sanitaria debe ser meramente informativa, no puede inducir al consumo ni ser engañosa", ha señalado Castro.

Además, el presidente del Consejo General de Dentistas ha trasladado al ministro que la organización colegial solo puede controlar los servicios que prestan individualmente sus colegiados, pero no las sociedades mercantiles.

Por ello, ha subrayado la importancia de modificar la ley de Sociedades Profesionales, para que sea obligatorio que todas aquellas sociedades cuyo objeto social sea la prestación de servicios profesionales se inscriban en el Registro Mercantil como sociedades profesionales. "De esta forma, quedaría sujeta la prestación de estos servicios a los principios éticos y deontológicos de la profesión", ha matizado Castro.

La mejora de las prestaciones de los Servicios de Salud Bucodental del Sistema Nacional de Salud, la bajada del IVA de las mascarillas y la búsqueda de soluciones para las personas damnificadas por el cierre de clínicas dentales han sido otros de los aspectos que han centrado la reunión.

"Agradecemos a Salvador Illa su total receptividad y el interés mostrado ante los temas que preocupan a la Odontología. Por nuestra parte, ofrecemos la máxima colaboración para tomar todas las medidas oportunas destinadas a mejorar la salud oral de la población, pues como sanitarios que somos, esa es nuestra máxima prioridad", ha zanjado Castro.

Los usuarios de residencias con Covid-19 en Galicia han aumentado a 446, lo que supone 14 más que los contabilizados este martes, tras detectarse otros ocho positivos en la residencia Santa Olalla de Boqueixón (A Coruña), nueve en la DomusVi Ribadumia; dos en la Hermanos Prieto de O Carballiño y otros dos en la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume.

Así consta en los datos actualizados este miércoles por las Consellerías de Política Social y Sanidade con registros hasta la tarde del martes, en los que se apuntan las altas de cinco usuarios de la residencia de mayores Os Gozos de O Pereiro de Aguiar; dos de la Ballesol de Oleiros y otro de la Torrente Ballester de A Coruña.

De este modo, las residencias de mayores con más contagiados entre sus usuarios son la de Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 84; la Residencia de Salvaterra de Miño, con 78; la DomusVi Ribadumia, con 68; la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 42; y la Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, con 33.

A ellas se suman la Residencia San Cibrao de Cervo, con 17; la Santa Olalla de Boqueixón y el Fogar Residencial San Miguel de Silleda, con 16 cada una; la DomusVi Coruña, con 13; y con 12 cada una las residencias As Fragas de Pontedeume y Viana do Bolo.

Mientras, con nueve contagiados entre los residentes están la Ballesol de Oleiros y Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, mientras que con ocho cuenta la Nosa Señora Valvanera de Cambados; con siete La Saleta de San Cristovo de Cea y con seis la Residencia Hermanos Prieto de O Carballiño.

Le siguen con cinco la DomusVi Lugo de Outeiro de Rei; y con dos en cada caso la DomusVi Monforte y la Residencia San José Hermanitas de Narón. Mientras que con uno se mantienen la Padre Rubinos de A Coruña, la Caser A Zapateira de Culleredo, Residencia de Oleiros, Residencia Mi Casa de Ferrol, Orpea Lugo, Vivienda comunitaria Pepe Isa I de Entrimo y Pepe Isa II del mismo municipio.

TRABAJADORES

Por su parte, los trabajadores contagiados con coronavirus aumentan a 250 con respecto al martes tras los cinco positivos detectados entre personal de la residencia de mayores Santa Olalla de Boqueixón; tres en la DomusVi Ribadumia; dos en la Nosa Señora das Virtudes; uno en la residencia de mayores de Trabada y uno en el CRAPD I de Vigo.

Mientras, han recibido el alta por negativizar un trabajador de la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, otro de la Hermanos Prieto de O Carballiño y otro de la DomusVi Ourense.

Además, Política Social puntualiza que se han retirado del listado un empleado del centro Santa Teresa Jornet de A Coruña y otro trabajador del centro Monte Tecla de A Guarda "porque no son contagios asociados a residencia".

De este modo, las residencias con más trabajadores contagiados son la Residencia Nosa Señora dos Miragres de Barbadás, con 44; Residencia de Salvaterra do Miño, con 27; DomusVi Ribadumia, con 23; Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 18; Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 14; Residencia Viana do Bolo, con 11; Fogar Residencial San Miguel de Silleda, con 10; y Residencia Nosa Señora Valvanera de Cambados y Santa Olalla de Boqueixón, ambas con ocho.

A ellas le siguen la Ballesol de Oleiros, con siete trabajadores con Covid; la Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, con seis; DomusVi Lugo de Outeiro de Rei, con cinco; DomusVi Coruña de Oleiros, con cuatro; y Residencia San Cibrao de Cervo y DomusVi Viveiro, con tres en cada caso. Además, otros cuarenta centros en la Comunidad gallega cuentan con uno o dos casos de Covid entre sus empleados.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Por su lado, los centros de atención a la discapacidad suman un usuario contagiado en la residencia de atención a personas con discapacidad San Vicente Paúl de Lugo y ha recibido el alta otro en la residencia de atención a personas con discapacidad DomusVi Bóveda.

De este modo, los usuarios contagiados en estos centros se sitúan en 30, de ellos 23 en la DomusVi Bóveda; cinco en la San Vicente Paúl de Lugo; uno en la Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos y otro en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de A Coruña.

En cuanto a los trabajadores se mantienen en 28. Así, la Residencia DomusVi Bóveda registra 17 trabajadores contagiados; tres la San Vicente de Paúl de Lugo; uno el Centro de Atención á Discapacidade de Bergondo; otro la Residencia Souto de Leixa; otro la Residencia Gravemente Afectados Aspanaes de As Pontes y otro en el CAPD de Sarria.

Con un caso cada una se sitúan también la Domingo Gómez Freire de Ourense; la Santa María de Ourense; la Residencia Chapela de Redondela y la Residencia Dano Cerebral Adquirido de Vigo

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, ha reconocido este miércoles que la futura relación entre la UE y Reino Unido distará "mucho de la voluntad de España de alcanzar un acuerdo ambicioso" y de evitar "disrupciones" en las relaciones humanas, económicas y políticas entre los dos países.

González-Barba ha reconocido ante los diputados que esto será así tanto si no hay acuerdo sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido como si se logra "un acuerdo modesto", teniendo en cuenta que Reino Unido es, para España, el principal mercado turístico y de inversión y el tercer destino de las exportaciones.

Sin embargo, ha recordado que "el Reino Unido es soberano a la hora de decidir su relación con la UE", de manera que el papel de los europeos es prepararse para proteger los derechos de ciudadanos, exportadores, inversores, pescadores, investigadores y otras categorías.

Reino Unido, ha señalado, no tenía el "mismo nivel de ambición" que los europeos. Además, ha opinado que las negociaciones han avanzado poco porque se han centrado en elementos "ofensivos" y no "defensivos" como la pesca, que es clave para ocho países europeos.

Ahora, el plazo para alcanzar un acuerdo se limita a unos pocos días, para que haya tiempo de que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales lo ratifiquen.

En ambos escenarios, la UE deberá elaborar "medidas de preparación" y, si no hay acuerdo", de contingencia". Según ha explicado, la Comisión Europea no quiere trabajar aún en medidas de contingencia para que no parezca que se ha abandonado la esperanza de un acuerdo.

González-Barba ha hablado también a los diputados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que debía haberse lanzado el pasado 9 de mayo en Dubrovnik (Croacia) pero se ha retrasado por la pandemia.

A su modo de ver, el desafío de reformar la UE es más importante ahora que el coronavirus ha acelerado varias tendencias de la globalización, pero no está claro cuçando podrá lanzarse el proceso. De entrada, ha señalado que las instituciones europeas --Consejo, Eurocámara y Comisión-- no se ponen de acuerdo en quién la presidirá.

Además, ha opinado que la Conferencia no debería lanzarse con un acto telemático, que quedaría "deslucido", y tampoco en medio de una segunda ola "que nadie esperaba en Europa". De este modo, él cree que al menos habrá que esperar a la Presidencia portuguesa de la UE, el próximo semestre.

Por otro lado, aunque ha invitado a los parlamentarios a participar y se ha propuesto conseguir la mayor participación ciudadana posible, ha admitido no saber qué eventos podrán organizarse, dada la situación sanitaria.

21,4 MILLONES DE PRESUPUESTO

González-Barba ha explicado a los diputados el presupuesto de su Secretaría de Estado, que tiene un solo programa, "Acción Diplomática ante la Unión Europea", valorado en 21,4 millones de euros para 2021.

No obstante, si se excluyen los gastos de personal -que gestiona la Subsecretaría-- son 4,6 millones de euros de los que un 40% se ejecuta en los servicios centrales y un 60% en la Representación Permanente ante la Unión Europea de Bruselas, que cuenta con representación de todos los Ministerios.

Entre los gastos previstos para 2021, ha mencionado un aumento hasta 147.120 euros del crédito para la subvención nominativa al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) en 2021, que no ha podido recibir, con presupuestos prorrogados, en 2019 y en 2020, hasta la fecha, la concesión directa de una subvención.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha dictado instrucciones para regular la atención educativa al alumnado que, por motivos de salud relacionados con el COVID-19, propios o de las personas con las que conviven, no pueda asistir presencialmente a los centros educativos.

Según ha informado el Ejecutivo regional, podrá acogerse a esta modalidad de enseñanza remota el alumnado vulnerable al coronavirus o que convive con personas que lo son, que curse las etapas de Educación Infantil (2º ciclo), Primaria, Secundaria, Bachillerato y en centros educativos públicos o concertados.

Así, la resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad expone que esta posibilidad queda sujeta a la normativa y las disposiciones sanitarias vigentes para el curso 2020-2021 y podrá ser modificada en función de la evolución de la pandemia.

Para acceder a la formación online, será necesario acreditar en el centro educativo con un informe médico la condición sanitaria del estudiante o del miembro del núcleo familiar afectado; en este segundo caso, acompañado de certificado de convivencia.

Además, será el equipo directivo, junto al orientador u orientadora, quien realice la valoración inicial de cada caso. El centro educativo remitirá la documentación a la Dirección General de Ordenación, que una vez la revise y verifique, comunicará al centro si autoriza o deniega dicha atención educativa. Será el centro el que se lo trasladará a las familias o tutores o tutoras legales.

CLASES IMPARTIDAS POR PROFESORADO VOLUNTARIO

Las clases serán impartidas, de manera telemática, por profesorado voluntario en régimen de prolongación de jornada, con prioridad de quien ya forma parte del equipo docente del alumnado.

También podrá prestar este servicio el personal docente que actualmente no se pueda incorporar a su centro educativo por considerarse vulnerable al COVID-19 y que así lo acredite.

Por su parte, según las instrucciones publicadas esta semana, la atención educativa se desarrollará durante el calendario correspondiente al curso escolar 2020-2021, siempre que se mantenga la situación epidemiológica actual; se podrá realizar en horario de mañana o tarde y podrá impartirse de manera individual o grupal, en grupos de alumnado perteneciente al mismo centro y del mismo o de diferentes niveles.

En los centros docentes concertados, será la titularidad de dicho centro quien gestione la prestación de la atención educativa al alumnado vulnerable a la COVID-19, con arreglo a los criterios que dicte la Dirección General de Personal y sin que suponga la modificación del concierto establecido.

Finalmente, si se diera el caso de una suspensión temporal de la actividad lectiva presencial para todo el alumnado, se cancelará esta atención educativa siempre que el alumno o la alumna pueda integrarse en su grupo y clase y ser atendido de manera telemática, según el plan de contingencia de su centro educativo.

Canarias ha registrado un total de 17.787 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 124, tiempo en el que además ha tenido que lamentar un fallecimiento más en Tenerife que elevan a 291 las muertes por este virus en el archipiélago.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 5.334 se encuentran activos en las islas (-134).

De los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 38 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivo (-3), 191 se encuentran en planta hospitalaria (+6) y los 5.105 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 12.162, que implican 257 más que hace un día.

Actualmente, la incidencia del virus en Canarias es de 36,9 por 100.000 habitantes en los últimos siete días; mientras que en el periodo de 14 días esta incidencia es de 71,9.

Asimismo, hasta el momento se han realizado 499.866 test PCR en el archipiélago --4.277 en el último día-- de los que 22.596 han dado un resultado positivo, lo que implica el 4,5 por ciento de las pruebas hechas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.763 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (+28), de los que 1.902 están activos (-43), 6.743 han superado la enfermedad y 118 han fallecido.

Le sigue en número de casos Tenerife con 6.607 (+83), de los que 3.299 están activos (-95), 3.154 han recibido el alta médica y 154 perecieron (+1).

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.284 casos (+7), de los que 70 son positivos activos, 1.205 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura que registra 778 casos desde el inicio de la pandemia (+6), de los que 52 están activos, mientras que 723 superaron el virus y tres fallecieron.

La Palma registra 196 casos, cuatro de ellos positivos activos, 186 altas médicas y seis muertes; y La Gomera registra 93 casos, de los que seis siguen activos y 87 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene con 66 casos, de los que uno está activo y 64 han superado el virus, mientras que una persona ha fallecido. De este modo, La Gomera es la única isla que no ha registrado fallecimientos.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dado su autorización previa a la prórroga hasta el 18 de noviembre de las restricciones acordadas por el Gobierno foral el pasado 22 de octubre que, entre otras medidas, ordenó el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración como consecuencia de la evolución epidemiológica derivada de la Covid-19.

En el auto, que puede ser recurrido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN explica que, en virtud del estado de alarma decretado en toda España, la presidenta de Navarra tiene competencia delegada del Gobierno central para dictar resoluciones referidas a la limitación de la entrada y salida de la comunidad, la libertad de circulación en horario nocturno y la limitación de las reuniones privadas y públicas.

En cambio, para la adopción de la prórroga de las actuaciones sanitarias acordadas en la Orden Foral 57/2020 se requiere de autorización previa o de ratificación posterior, ha indicado el TJSN.

Las medidas que llevan en vigor dos semanas se han modificado en dos aspectos. Uno afecta a la hostelería, que solo puede mantener su actividad para vender pan, café para llevar y prensa, así como para preparar y servir comidas a domicilio. A partir de hoy, se podrá dispensar comida a domicilio hasta las 22.30 horas.

La otra modificación concierne a las grandes superficies, centros comerciales, hipermercado y parques comerciales, cuyo aforo máximo está limitado al 40%. Esta medida se mantiene y se introduce la obligación de los establecimientos de controlar de manera efectiva el aforo máximo.

En el presente asunto, el Gobierno de Navarra ha solicitado la autorización de la prórroga de las medidas ya acordadas por la Orden Foral 57/2020, con las modificaciones contenidas en la Orden de 4 de noviembre de 2020, antes de la entrada en vigor de la Orden Foral, de forma congruente con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Desde el punto de vista procedimental, "en orden a la justificación de las medidas acordadas, la solicitud de ratificación de las medidas viene acompañada del informe de la evolución de la situación de la asistencia hospitalaria COVID 19 en Navarra (19/10/20) emitido por el gerente del Complejo Hospitalario de Navarra". También adjunta el informe de la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral, en los que se advierte que, dada la evolución de la epidemia, se considera necesario en este momento continuar con las medidas publicadas en esta Orden Foral puesto que, dados los niveles de incidencia y de ocupación hospitalaria de las que partimos, nos seguimos encontrando en una valoración de riesgo muy alto y un nivel de alerta 4", indican los jueces. Al tratarse de una prórroga de las medidas ya acordadas anteriormente y que fueron objeto de análisis y ratificación, los magistrados se remiten a los argumentos ya expuestos entonces en sus resoluciones.

Según recoge el auto, "en esta nueva Orden Foral se justifica la necesidad de las medidas acordadas, haciendo hincapié en que las medidas adoptadas en la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, han resultado insuficientes al no producir un descenso notable en la incidencia acumulada de la Comunidad Foral de Navarra", por lo que se considera "necesaria la prórroga de las medidas establecidas".

Los magistrados recuerdan que las medidas adoptadas en la anterior orden se consideraron "necesarias y proporcionadas", dada la "gravedad" de la situación epidemiológica que existía el día 22 de octubre, en aras a la protección de la salud pública, y estaban debidamente avaladas por razones y criterios de carácter epidemiológico y sanitario y reunían la nota de imprescindibilidad o necesidad.

Para ponderar las circunstancias existentes en la actualidad, los jueces valoran que, del informe de la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, "se desprende que con las medidas ya adoptadas no se ha conseguido aún los resultados esperados de descenso en el número de contagios y en la atención hospitalaria, ya que en la semana 26 al 1 de noviembre se han producido 246 ingresos hospitalarios en relación al COVID, un 7% menos que la semana anterior". "Por el contrario, ha habido 29 ingresos en UCI frente a los 24 de la semana anterior y 35 defunciones, frente a las 31 de la semana anterior". Es más, añaden, el número de contagios "sigue siendo altísimo".

"Pues bien, una vez transcurridos los 14 días de vigencia de las medidas acordadas en la Orden Foral 57/2020, la situación epidemiológica en la Comunidad Foral sigue siendo muy grave, por lo que la Sala considera que la prórroga de las medidas establecidas en la Orden Foral 57/2020 es necesaria", reiteran los magistrados.

Respecto a las prohibiciones y restricciones a la hostelería y los centros comerciales, el tribunal sostiene que "las medidas son proporcionadas en su conjunto". Finalmente, destaca la Sala, "hay que destacar que las medidas acordadas tienen la suficiente temporalidad, al establecer una duración máxima en la propia Orden Foral de 14 días, debiendo evaluarse su prórroga en función de la evolución de la pandemia para adoptar, en su caso, las medidas más acordes desde un punto de vista sanitario para contener la propagación de la enfermedad".

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que un país que "se toma en serio" los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es también "un país más sostenible económicamente".

"La pandemia nos demuestra que una sociedad más sostenible, que se tome en serio los planteamientos de la Agenda 2030 es también mucho más sostenible económicamente. Un país con mejores servicios públicos, con más camas de hospitales, con una economía más diversificada, con mejores servicios públicos, con más médicos y más docentes, es un país con más capacidad para proteger a sus trabajadores y a sus empresas del impacto de una situación como esta", ha asegurado Iglesias.

Así lo ha manifestado el vicepresidente segundo del Gobierno este miércoles 4 de noviembre en un acto para recibir las conclusiones de la consulta empresarial sobre Agenda 2030, un proceso en el que han participado 1.900 empresas españolas y que culminará con la presentación de sus propuestas sobre cómo implementar la Agenda en España.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 estudiará las aportaciones de las empresas españolas con el objetivo de incluirlas en la próxima estrategia del Ejecutivo para el cumplimiento de los ODS.

Para Pablo Iglesias, avanzar hacia estos Objetivos de Desarrollo Sostenible no es solo una cuestión de "justicia social" sino también de "eficiencia económica" y, por ello, ha invitado a los empresarios a invertir la máxima liberal del siglo XIX según la cual la búsqueda del interés particular por los agentes económicos privados repercutía en el conjunto de la sociedad.

"En el siglo XXI y partiendo de las lecciones de la pandemia, creo que podemos darle la vuelta a esa máxima, y decir que buscando el beneficio del conjunto de la sociedad es como los agentes económicos privados van a encontrar su propio beneficio", ha asegurado.

Además, Iglesias ha querido desmontar la imagen que, a su juicio, "se ha querido construir por parte de algunos poderes mediáticos: que Unidas Podemos podría ser una suerte de enemigo del tejido empresarial". "Creo que esos discursos han hecho que algunos empresarios vieran con ciertas reservas que nuestra fuerza política estuviera en el Gobierno de coalición", ha añadido.

Si bien, considera que a día de hoy están "orgullosos" de la labor de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, "a través del diálogo social, ha conseguido hasta seis acuerdos con sindicatos y empresarios", y pueden "presumir" de estar "afrontando esta crisis de manera mucho más protectora para empresas y trabajadores que en 2018".

También ha puesto en valor algunas medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según ha dicho, "no solamente es una medida de buena voluntad" para que la gente "no tenga que sufrir la indignidad de no poder llenar la nevera o atender a su familia", sino también "una medida imprescindible para el beneficio económico en la medida que sostiene el consumo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que, aunque no se puede desechar ninguna medida, las nuevas restricciones que se aplican en Galicia se adoptan, entre otras cuestiones, para "intentar evitar" el confinamiento domiciliario. También para bajar la presión asistencial en centros sanitarios, de discapacitados y residencias de mayores, y para tratar de "salvar" la campaña de Navidad.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa celebrada este miércoles tras la reunión del comité clínico y previa a la reunión del consejo interterritorial sanitario que tendrá lugar en el ámbito estatal y en el que, después de la petición de varios territorios, se da por hecho que se abordará la posibilidad del confinamiento domiciliario.

A la espera de este encuentro o de las medidas que pueda tomar el Gobierno, el presidente gallego ha dado pocos datos. Así, preguntado sobre el toque de queda, ha defendido que en la Comunidad las restricciones nocturnas se mantienen entre las 23,00 y las 6,00 horas.

Preguntado sobre la postura de Galicia en relación al confinamiento domiciliario, ha apuntado que su Ejecutivo siempre va a estar a favor de que las comunidades puedan tomar las decisiones que estimen oportunas según lo que dicten los datos epidemiológicos, y ha subrayado que la situación de la Comunidad gallega sigue siendo "mejor" que la de la media estatal y otros territorios.

Más allá, ha insistido en que, precisamente, las restricciones tomadas este miércoles responden a la intención de "intentar evitar un confinamiento domiciliario", además de reducir "el estrés sanitario". "Anticiparse" para que no empeore la situación y tratar de doblegar la curva de contagios, ha esgrimido, antes de apelar para lograrlo a la responsabilidad de "todos".

SIN DESCARTAR NINGUNA MEDIDA

Pretendemos rebajar la presión hospitalaria, sanitaria y en las residencias de mayores y centros de discapacidad; evitar el confinamiento y ya un objetivo mucho más difícil de alcanzar como es intentar salvar la campaña de Navidad", ha dicho el presidente gallego, quien ha recordado que en ese momento se produce un pico de consumo en la Comunidad tradicionalmente.

En todo caso, en su respuesta sobre el confinamiento domiciliario, Feijóo ha dejado claro que no se "descarta" ninguna medida y que habrá que ir actuando según lo aconsejen los datos epidemiológicos y los expertos.

LEALTAD INSTITUCIONAL

En su intervención, el presidente ha reivindicado que con las nuevas medidas Galicia vuelve a ser "avanzadilla" entre las comunidades y ha garantizado que continuará con su "lealtad institucional" con el Gobierno de España.

En todo caso, ha contrapuesto que esta "lealtad institucional" es "compatible" con la "crítica constructiva" y ha sugerido que, a diferencia del Ejecutivo estatal, con medidas como las de este miércoles, la Xunta "no esquiva responsabilidades".

La Fundación Madrina ha avisado de que "más del 50% de las familias en 'nueva pobreza' --las que han caído en esta situación a causa de la pandemia-- no recibirán el Ingreso Mínimo Vital" porque "el Estado piensa que una familia sobrevive con 500 euros al mes".

"Vemos que el IMV ya se ha entregado a colectivos que tradicionalmente recibían otras ayudas, sin embargo, se le ha negado el IMV al resto de familias en extrema pobreza, que carecen de lo básico para sobrevivir, y que caen en las 'colas del hambre', al serles negado el IMV a las familias que engloban las listas de la 'nueva pobreza', al menos un 50% de todas las familias empobrecidas por la crisis endémica", advierte la Fundación en un comunicado.

Así, denuncia que "el Estado piensa que las familias pueden sobrevivir con un 'umbral de rentabilidad' de 500 euros, independientemente del número de hijos que tenga".

Para la Fundación Madrina, la "ingeniería social creada en despachos calientes no está dando respuesta a una realidad económica y social que cambia cada semana y que golpea como un tsunami a familias que antes de la pandemia estaban normalizadas y con trabajo, y que ahora están sin trabajo y sin hogar".

Según alerta, estas familias en 'nueva pobreza' están "atenazadas por una pinza mortal, constituida de una parte por la falta de empleo y de otra, por la ausencia de ayudas".

Además, la Fundación denuncia que durante la pandemia se han anunciado por parte del Estado "ayudas fantasmas que nunca han llegado a las familias como las ayudas al alquiler o las ayudas al empleo doméstico". "Hay familias que no reciben su pensión por desempleo desde hace 5 meses, o ERTEs que todavía no se cobran, debido a que tenemos una administración cerrada y un Estado sin dinero", añade.

Asimismo, precisa que los servicios sociales a los que acuden las familias en nueva pobreza "tardan entre 3 y 6 meses en recibir su cita, tiempo suficiente para decidir entre la vida o el desahucio, entre sobrevivir o vivir en la calle".

"Agotadas, las familias ya no tienen dinero ni para buscar alimentos ni para ir a una entrevista de trabajo. Se hacinan en pisos, se cuelan en el metro o roban alimentos, también de bebé, para sobrevivir", avisa la Fundación.

Según precisa, cada día se derivan a la fundación más de 150 familias vulnerables por parte de Servicios Sociales, entre otras entidades; y otras 150 familias envían emails o llaman pidiendo socorro.

Durante la pandemia, la Fundación Madrina ha atendido a cerca de medio millón de familias y niños en 'nueva pobreza' suministrando alimentación e higiene de bebé. Igualmente ayuda a cerca de 20 asociaciones e instituciones benéficas y religiosas, así como al colectivo LGTB.