La Armada lleva una década con un presupuesto de mínimos que le obligará a tener que renunciar a algunas de sus capacidades en los próximos años si la tendencia no se revierte y empieza a aumentar la dotación para el Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En un encuentro con los medios de comunicación, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante Teodoro López Calderón, ha reconocido que el proyecto de Presupuestos que está a debate en el Congreso tampoco satisface sus necesidades pese a que presenta un aumento del 4,6 por ciento para Defensa respecto a este año.

Como ejemplo ha puesto el sostenimiento de las capacidades con las que cuenta la Armada, que durante la última década se ha quedado en el 70 por ciento de lo considerado «mínimo imprescindible». Y con la dotación prevista para 2021 «va a seguir faltando».

El problema se ha acrecentado además durante los últimos años debido al método de reparto de los fondos, ya que la mayor parte de este presupuesto se incluye como parte del dinero destinado a operaciones en el exterior, que no se financian con el presupuesto del Ministerio de Defensa sino que llega a través de los fondos de contingencia. «Y eso no se sabe cuándo llega, se debe gastar el mismo año y no permite contratos plurianuales», ha explicado el AJEMA.

Esto llevará a tener que renunciar capacidades en los próximos años si no mejora el presupuesto de las Fuerzas Armadas, según ha reconocido el almirante López Calderón. Y esa pérdida de capacidades podría suponer también la renuncia a alguna de las misiones que actualmente asume la Armada.

El AJEMA cree que uno de los principales problemas es que España no cuenta con una ley de financiación de las Fuerzas Armadas que permita una planificación a medio o largo plazo. La situación presupuestaria actual es «bastante incierta», y más aún durante los últimos dos años que se ha contado con un presupuesto prorrogado.

SIN MARGEN HASTA 2028

Una parte importante del actual presupuesto de Defensa se lo llevan los planes especiales de armamento que se impulsaron a finales de los años 90 y que ocupan prácticamente todo el dinero destinado a nuevas inversiones.

El AJEMA ha explicado que la previsión es que esta situación no se alivie hasta el año 2028 y a partir de entonces «la situación cambiaría» porque se podría redistribuir la dotación del Ministerio. El problema son por tanto los próximos ocho o diez años.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advierte «criterios preocupantes» para el reparto de fondos europeos a las comunidades autónomas, por lo que exige al Gobierno de Pedro Sánchez reglas «básicas y transparentes».

Núñez Feijóo ha lanzado esta demanda este miércoles antes de presidir una nueva reunión de la comisión interdepartamental ‘Next Generation Galicia’.

En declaraciones previas a los periodistas, también ha avanzado que el Consello de la Xunta aprobará este jueves la ley de reactivación, que busca la «desburocratización» de la administración para favorecer las inversiones.

Tras el encuentro de la comisión ‘Next Generation Galicia’, de hecho, se ha celebrado otra reunión con el comité de expertos, «para seguir trabajando con ellos las candidaturas» de proyectos gallegos para los fondos de la reconstrucción y también para abordar la mencionada ley, que Feijóo pretende que «antes del 7 de diciembre entre en el Parlamento».

«Queremos que se evalúe de forma concreta para que llegue al Parlamento y a finales de febrero, en un pleno de la última semana, podamos tener una ley de reactivación económica para disminuir la burocratización», ha subrayado.

Según ha informado la Xunta después del acto a través de una nota de prensa, el texto que irá este jueves a Consello ofrece «ventajas» a los proyectos empresariales «estratégicos», más «agilidad administrativa», incentivos fiscales y «facilidades» para acceder al suelo industrial.

CREAR EMPLEO «A MEDIO Y LARGO PLAZO»

Consciente de «todos los cambios que se están produciendo» en torno a los fondos para la reconstrucción, el titular del Gobierno gallego ha abogado por «seguir promoviendo y planificando los proyectos de Galicia» que optan a dichos recursos, y que por ahora son 108.

Lo hace, ha dicho, también consciente de que las perspectivas económicas son «malas» tanto para la economía española como para la gallega, debido al impacto de la pandemia.

En «momentos de enorme incertidumbre y dificultad» para toda la Unión Europea, Feijóo ha rechazado que entren en juego «cuestiones políticas o partidistas» puesto que estas «no crean empleo».

Así, ante la «necesidad» de obtener «la mayor rentabilidad económica» de los fondos europeos, ha apostado por «pensar a medio y a largo plazo».

«Vamos a seleccionar proyectos que modifiquen la competitividad y creen empleo a medio y largo plazo, que consoliden una reactivación económica que venga para quedarse», ha subrayado.

De este modo, ha contrapuesto estas iniciativas con otras de carácter «estético o rápidos que no consoliden» los incrementos de empleo ni mejoren la calidad de la economía.

«Estamos ante una oportunidad», ha proclamado el presidente gallego, antes de mostrarse «persuadido» de que la Xunta está «en un camino adecuado» con los 108 proyectos presentados por el momento.

«PREOCUPADO» POR EL GABINETE DEL PRESIDENTE Y MINISTROS

En cualquier caso, ha reclamado «concreción» para «conocer los criterios, las bases de la concurrencia competitiva para que Galicia pueda presentar sus proyectos». Y ha pedido «que sea en base a la calidad y a criterios objetivos».

«Nos preocupa lo que llevamos conocido sobre la fórmula con que el Gobierno central pretende distribuir los fondos. Nos preocupa que esa comisión esté formada por el gabinete del presidente y ministros que no tienen nada que ver con los propios fondos. Nos preocupa la información que de momento tenemos y esperamos que se disipen estas preocupaciones cuando conozcamos el reglamento europeo y los criterios del Gobierno que de momento son criterios preocupantes y esperamos que vayan siendo reglas básicas y transparentes», ha incidido.

Por su parte, ha apuntado a elementos como la dispersión, el «problema demográfico», el porcentaje de población rural y los niveles de renta per cápita «por debajo de la media europea y española» para que sean «criterios respetados» en la distribución de los fondos.

«Una pena sería que se invierta más donde hay mayor renta o una estructura industrial», ha avisado.

En resumen, ha asegurado que a la Xunta no le mueve «ningún interés espurio» y que lo que quiere es «acertar», de ahí el fondo con más de 100 millones reservado en el proyecto de presupuestos para las medida que planteen el comité de expertos, el diálogo social y la comisión parlamentaria para la reconstrucción.

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha defendido este miércoles que han alcanzado el pacto con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «por responsabilidad» ante la crisis provocada por la pandemia.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, después de que la Ejecutiva del partido haya ratificado el acuerdo, que prevé una inversión en Cataluña superior a 2.300 millones de euros, la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte de la Generalitat, que el Govern participe en la gestión de los fondos europeos y el levantamiento del control financiero sobre el Ejecutivo catalán, entre otras cuestiones.

Aragonès ha afirmado que es un «acuerdo exigente» para lograr el máximo de recursos para hacer frente a la situación provocada por el coronavirus.

«No es ningún cheque en blanco», y ha asegurado que su obligación es hacer los pactos y las negociaciones necesarias para ayudar a mejorar la vida de la ciudadanía ante esta situación.

El vicepresidente ha reiterado que el único presupuesto justo que puede tener Cataluña es el de un Estado independiente, pero que ahora mismo la realidad no es esta, sino que es una crisis sanitaria, económica y social: «En el independentismo no renunciaremos nunca a hacernos cargo de esta realidad. La independencia la queremos para solucionar el día a día de la gente.

Pese a que el acuerdo no contempla ningún avance de la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, ha subrayado que hay que «seguir creando las condiciones» para favorecer la negociación entre la Generalitat y el Gobierno central.

En este sentido, ha alertado de que el pacto de los PGE provocará la reacción de algunos «sectores del Estado», que cree que buscarán desestabilizar el acuerdo, pero ha recalcado que no lo harán.

«Somos muy conscientes de que cada vez que ERC hace un paso para condicionar el Gobierno del Estado hay sectores del Estado que actúan a la contra. Lo vimos muy claro en la investidura. Somos conscientes de que habrá sectores del Estado que reaccionarán ante esta situación e intentarán desestablizarnos. No nos desestablizarán», ha aseverado.

GABRIEL RUFIÁN

También ha intervenido Rufián, que ha argumentado que, según él, con este acuerdo de las cuentas ha cambiado la tendencia de los últimos 40 años de que el Gobierno buscaba la estabilidad con los nacionalistas vascos y catalanes de derechas: «Estamos ante un cambio de este paradigma».

Para él, con los resultados de las últimas elecciones «el Estado se ve obligado a pactar con el independentismo y el republicanismo vasco y catalán», en referencia a ERC y Bildu.

Rufián ha destacado que este acuerdo no hace que ERC sea «menos republicana, menos independentista y menos de izquierdas», sino que la hace más útil ante un contexto complicado como la pandemia.

Considera que, pese a no renunciar a la independencia, es necesario gobernar el «mientras tanto» para ayudar a la ciudadanía, y ha negado que esta apuesta de ERC sea la misma que utilizaba CiU y el exdirigente de esta formación Josep Antoni Duran i Lleida.

«No me consta que Duran i Lleida fuera republicano, nosotros sí. No me consta que fuera independentista, nosotros sí. No me consta que fuera de izquierdas, nosotros sí. Y principalmente nosotros no hemos negociado esto en una ‘suit’ en el Palace ni en el Majestic ni estamos invistiendo a Aznar», y ha añadido que no cree que Duran i Lleida acordara gestionar el Ingreso Mínimo Vital.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado este miércoles que el PSOE acepte que Esquerra le diga a la Comunidad de Madrid «lo que tiene que hacer con los impuestos» a cambio de que este partido apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha afirmado que cada vez más gente se da cuenta de la «humillación» de los socialistas ante las fuerzas independentistas.

El nacionalismo dice «que nadie nos diga lo que tenemos que hacer en Cataluña, pero desde Cataluña decimos a Madrid lo que tienen que hacer con los impuestos», ha señalado, reprochando al PSOE que esté dispuesto a «aceptar esas cosas».

A su juicio, «cada vez hay más gente en España abriendo los ojos» y viendo cómo, «por conseguir unos Presupuestos», el PSOE «pasar por esta humillación», en alusión al preacuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ofrece su apoyo a los PGE si, entre otras cosas, se eliminan las ventajas fiscales en la Comunidad de Madrid y se avanza en la armonización fiscal en España.

Arrimadas ha hecho estas declaraciones en la sede de Cs en Barcelona, donde ha conversado junto al líder de la formación naranja en el Parlament, Carlos Carrizosa, en sendas mesas redondas con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres Cataluña (Fapel), Josep Manuel Prats, y con el presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa.

Carrizosa, por su parte, ha lamentado que el PSOE asuma la exigencia de ERC de que «se suban los impuestos en Madrid, no que los bajen en Cataluña», pese a que esta comunidad es, según ha indicado, la que tiene los tipos de IRPF más altos. «Las rentas medias y bajas son las que pagan más de toda España», ha apuntado.

«CONCESIÓN AL SEPARATISMO» CON EL CASTELLANO

Por otro lado, la líder de Ciudadanos ha censurado que el PSOE y Unidas Podemos pactaran con Esquerra que el proyecto de ley de educación, la conocida como ‘Ley Celaá’, elimine el castellano como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades donde hay otro idioma cooficial.

Ha dejado claro que no es una reivindicación de los catalanes, sino de los catalanes independentistas, y que se ha hecho «una concesión al separatismo, que la utiliza contra media Cataluña», la que quiere seguir escolarizando a sus hijos en catalán y en castellano.

En su opinión, los catalanes y los vascos tienen de nuevo la situación de que quienes gobiernan España les han «vuelto a vender» a los partidos nacionalistas «por un puñado de votos», después de la cuestión del castellano en la ‘ley Celaá’, del preacuerdo del Ejecutivo con ERC y de que EH Bildu vaya a respaldar los Presupuestos gracias a los cambios en la política penitenciaria.

CADA DÍA, UN PASO MÁS «POR LA VÍA RADICAL»

Tras recordar que el propio Sánchez aseguraba hace menos de dos años que nunca pactaría con la coalición ‘abertzale’ ni dejaría la gobernabilidad del país en manos de los independentistas, Arrimadas ha afirmado que «cada día que pasa transitan un pasito más por la vía radical de Bildu y Esquerra».

Pero «toda España ha visto que hay una vía moderada» –la de Ciudadanos, que tendió la mano al Gobierno para pactar las cuentas públicas– y que «si no la han cogido es porque no han querido», ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que por primera vez en 40 años, durante los cuales el PP y el PSOE pactaron con el nacionalismo, «se ha visto claro» que para sacar adelante los Presupuestos «no hacen falta los separatistas que están humillando a España todos los días». «Y es gracias a Cs», ha añadido.

El presidente de Societat Civil Catalana también ha lamentado que se deje la gobernabilidad del país en manos de «los que quieren desguazar España» y ha abogado por una «entente constitucionalista» a nivel político para evitar que esto siga siendo así.

ACUERDO DE MÍNIMOS ENTRE CONSTITUCIONALISTAS EN CATALUÑA

Arrimadas se ha mostrado de acuerdo con esta idea y ha defendido que un «acuerdo de mínimos» entre los partidos «constitucionalistas» podría poner en marcha un «proyecto de reconstrucción social, económica y de valores» en Cataluña. «Nosotros lo hemos intentado», ha dicho en referencia a la propuesta de Cs de presentarse a las elecciones catalanas en una única candidatura junto al PSC y al PP, que estos dos partidos han rechazado.

Carrizosa ha indicado que la última década ha sido «catastrófica» para Cataluña porque los dirigentes independentistas la han «arruinado» y han «limitado los derechos» de los catalanes no nacionalistas.

Ahora «tenemos que revertir todo el daño que se ha hecho», para lo cual hace falta «dar carpetazo» al proceso soberanista, «reconstruir» la economía catalana y «restañar las heridas» de la sociedad, ha recalcado.

CATALUÑA NO AGUANTA OTRO ‘PROCÉS’

La presidenta de Ciudadanos ha advertido de que «Cataluña, con diez años más de ‘procés’ ya sería muy difícil de levantar», pero «puede aguantar» si se empieza a corregir el rumbo ya: «No necesitamos otro tripartito ni un segundo ‘procés'».

Lo mismo opina Sánchez Costa, que, si bien ha aclarado que SCC no pide el voto para ningún partido político, ha animado a los catalanes a votar «masivamente» para evitar «cuatro años más de separatismo». «Si no, nos volverán a meter en el hoyo», ha augurado.

Arrimadas ha señalado que, ahora que los partidos independentistas están «más divididos» y que su electorado está «más perdido», no se puede «dar todo por perdido», sino hay que conseguir que los constitucionalistas acudan a las urnas en los comicios de febrero.

La formación naranja promete «un gobierno sensato para todos los catalanes, también para los independentistas», que, según la diputada, pueden sentirse decepcionados porque la Gestión de la Generalitat ha sido «un desastre» y porque los políticos a los que votaron «no han cumplido ni una de sus promesas» sobre un referéndum de autodeterminación reconocido internacionalmente y alcanzar la independencia.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz reprochó al que fuera su ‘número dos’, Francisco Martínez, que se refiriese a él como un «idiota integral», según consta en los mensajes transcritos que se han incorporado a la causa que investiga la operación ‘Kitchen’ y en la que ambos se encuentran imputados.

Todo ello ocurrió el pasado 13 de noviembre, durante el careo, a cuyo audio ha tenido acceso Europa Press, que celebró el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga este operativo parapolicial que se creó en 2013 con el objetivo de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El magistrado acordó esta diligencia para enfrentar las contradicciones que ambos habían manifestado anteriormente en sus respectivas declaraciones como investigados por esta operación que se sufragó con fondos reservados destinados al Ministerio del Interior.

Al inicio del encuentro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 les rogó que mantuvieran la «calma suficiente» a sabiendas de que «no es una diligencia agradable». «Soy consciente de ello, la realizo pocas veces, pero he considerado oportuno en esta ocasión realizarla por el pico de contradicción», explicó el magistrado.

No obstante, el careo se celebró con tensión que fue aumentando a lo largo de la casi hora y media que duró. Precisamente, llegando a la hora de declaración, el que fuera titular del Ministerio del Interior afeó al ex secretario de Estado de Seguridad que le llamase «idiota integral».

EPÍTETOS DOLOROSOS

«Ha sido para mí afectivamente doloroso (…) los epítetos que desde el año 2017 me diriges», admitió Fernández Díaz. «Me llamaste idiota integral por haber dicho que yo no gestionaba los fondos reservados», recordó en referencia a los mensajes que Martínez registró ante notario y que obran en el sumario de la causa.

«Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable junto a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, me has llamado bobo… con distintas personas, desde Pino, desde García Castaño, porque has hablado con media España», continuó el exministro.

Francisco Martínez afirmó que se arrepentía de «haber dicho esas cosas», pero aclaró que fueron expresiones que dijo a causa del «calentamiento» y porque se encontraba «dolido». Sin embargo, el que fuera ministro durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy no dio credibilidad a las palabras de Martínez y le culpó de su imputación en la pieza 7 del caso ‘Tándem’.

Asimismo, confesó que pensaba que el careo se iba a resumir en que el que fuera su ‘número dos’ le pediría perdón por afirmar que le requirió información sobre la ‘Kitchen’ y que él admitiría las disculpas porque entendía que en ese momento Martínez se encontraba «en una situación de estrés». «Somos humanos y cometemos errores», añadió Fernández Díaz.

Pero el exsecretario de Estado no compartió su visión y le preguntó que de qué se tenía que «arrepentir», lo que le llevó al exministro a demostrar su enfado hacia él: «De haber hecho esto, que estamos en este careo por ti, que estás diciendo que no tiene ninguna importancia. Estamos ante un juez y unos fiscales como investigados. Que no tiene ninguna importancia será para ti», exclamó Fernández Díaz.

En otro momento de la declaración, Francisco Martínez también explicó que protocolarizó ante notario los ‘SMS’ intercambiados con Fernández Díaz en los que hablarían del operativo parapolicial montado en 2013 entorno a Bárcenas porque se sentía «dolido». Así, se quejó de que el PP deciera «apartarle» tras «señalarle» por su posible relación con la operación ‘Kitchen’, echándolo a las «fauces del proceso».

OTRO MOMENTO TENSO

«Te digo una cosa y mirándote a los ojos, si hubiese podido hacer algo por ti lo hubiese hecho. En ese momento no estabas investigado, y no me constaba que hubieras cometido nada ilegal. ¿Paco, me puedes decir de qué te tenía que proteger y cómo te podía proteger?», le preguntó Fernández Díaz.

«Para empezar, no declarando cosas que a mi me perjudicaban», reprochó Martínez, al mismo tiempo que le echó en cara que no se preocupara por él y que hubiera realizado ciertas declaraciones a la prensa desvinculándose de la operación.

Según el exsecretario de Estado, lo que hace «un líder con un subordinado que ha trabajado bien, fiel, leal y, ademas le tiene afecto» es llamar y decir: «oye vamos a hablar de esto» y «no decir nada a la prensa».

«O incluso decirle a la prensa que todo esto no tiene dada que ver con el relato que se ha creado de las fanfarronadas del señor (Enrique) García Castaño y de (José Manuel) Villarejo, que no tenía que ver. Eso es lo que le podías haber dicho a la prensa y no ‘yo no sé nada, yo no pasaba por ahí, no tenía que ver nada con Villarejo», concluyó el ex ‘número dos’ de Interior.

El Parlamento de Galicia, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemora el día 25 de noviembre, ha reiterado, un año más, a través de una declaración institucional, su «firme condena» de cualquier expresión de violencia contra las mujeres, «y de todas y cada una de sus manifestaciones».

«De igual modo, manifestamos todo nuestro apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas y a sus familiares», subraya un texto, en el que se recuerda que ya en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, en Beijing, en 1995, se reconoció que la violencia ejercida contra las mujeres es «un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, que impide que las mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales».

La declaración también cita a la ONU para hacer hincapié en que «la violencia contra las mujeres y las niñas, arraigada en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis silenciosa y endémica», y agrega que este año, «la situación se vio agravada por la pandemia».

«Y que, si afecta a las mujeres con más intensidad y de forma concreta por la desigualdad estructural en que se encuentran, es especialmente terrible para las mujeres víctimas de violencia de género», apostilla.

Recuerda de este modo que «su erradicación y eliminación» es un mandato normativo derivado de los tratados internacionales de Naciones Unidas y la Unión Europea, ratificados por el Estado Español, por lo que debe de ser tratada «con máxima prioridad» en las agendas de las distintas administraciones públicas como garantías de los derechos de las mujeres.

LEY APORBADA POR UNANIMIDAD

La declaración institucional recuerda que Galicia cuenta desde el año 2007 con una Ley para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, aprobada por unanimidad en el Parlamento. Una norma, resalta, «avanzada y en línea con las recomendaciones internacionales recogidas, entre otros instrumentos, en el Convenio de Estambul»

«Esta ley representó un enorme cambio, al ampliar la definición de violencia machista e incluir como tal cualquier acto violento o agresión –también sexual–, tanto si ocurre en el ámbito público como en el familiar o personal», remarca.

Con posterioridad, agrega el texto, el Pacto de Estado contra la violencia de género, validado por unanimidad, también supuso «un claro avance al lograr unir todas las fuerzas políticas e institucionales del Estado para mejorar la situación de las mujeres víctimas y para luchar contra una situación indigna para cualquier sociedad, estableciendo estrategias de sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección».

Todo ello, «siempre desde perspectivas integrales en todos los ámbitos, tales cómo lo laboral, el educativo, el sanitario, el jurídico, el policial y el social».

«UN RETO DE TODA LA SOCIEDAD»

Así, el Parlamento sitúa la eliminación de la violencia contra las mujeres como «un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere una actuación unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación», siempre desde el respeto al régimen de distribución de competencias en todas las acciones que se desarrollen, puesto que el trabajo que se realiza para conseguir su erradicación implica a numerosos agentes.

«La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger las víctimas no es una opción, es un deber. La violencia machista nos interpela a todos y las administraciones públicas debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance», recoge.

Al respecto, la declaración recuerda que el Parlamento de Galicia lleva años trabajando «a destajo» para conseguir cambios en las políticas públicas y en el campo legislativo, con el fin de conseguir algún día la plena igualdad y, en consecuencia, la eliminación de cualquiera me la fuere de violencia contra las mujeres. Que es, añade, «la manifestación más despreciable de la desigualdad entre hombres y mujeres».

A través de la declaración, los grupos representados en la Cámara se comprometen a seguir trabajando en este camino para la implantación de medidas de prevención y también de ayuda a las víctimas y a sus hijos.

«Una sociedad democrática no puede tolerar que las mujeres sean discriminadas, sean víctimas del machismo, de la desigualdad y de la violencia, una de las principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas, situaciones totalmente inadmisibles en un Estado democrático y de derecho», concluye.

ACUERDOS Y BRONCA

Al margen de la declaración institucional, los grupos han evidenciado el acuerdo en otras medidas ligadas con la información y la ayuda a la mujer y a las víctimas de violencia machista.

Todo ello, pese a que el día se ha iniciado con una bronca sesión de control entre el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles que el acuerdo entre los republicanos y el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevé un incremento de la inversión del Estado en Cataluña superior a los 2.300 millones de euros.

En rueda de prensa telemática junto al portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, después de que la Ejecutiva de ERC haya ratificado este acuerdo, ha destacado que las inversiones y transferencias de capital del Estado hacia la Generalitat llegarán al 19,13% del total, de manera que superará «ligeramente» el peso del PIB catalán en España.

Aragonès ha subrayado que es la primera vez que esto ocurre: «Es uno de los criterios que hemos estado batallando siempre y que nunca se había cumplido».

También ha defendido que esta inversión es «una cifra totalmente excepcional», ya que supone un incremento respecto a los PGE vigentes y de los últimos años, y ha reivindicado que es la transferencia más alta de este siglo.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Aragonès ha explicado que el pacto también contempla que la Generalitat gestione directamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha calificado como «un hito importante», y ha recalcado que servirá para coordinarlo con otras prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

Preguntado sobre qué incluye el acuerdo, ha incidido en que en la ley del IMV ya se contemplaba la posibilidad de que la Generalitat gestionara este subsidio y con el acuerdo de los PGE se ha pactado que se lleve a cabo esta gestión directa desde Cataluña.

Ha añadido que también habrá una transferencia de recursos para cubrir los costes de esta prestación y para incorporar personal nuevo que se encargue de este asunto, pero ha aclarado que los criterios sobre cómo se reparte el IMV y qué personas pueden acceder no se modificarán.

Además, el dirigente republicano ha informado de que el pacto con el Gobierno incorpora un incremento en la financiación de políticas de dependencia y de becas educativas, una moratoria de la cotización de los autónomos para diciembre, enero y febrero, y la creación de un corredor humanitario para proyectos de ayuda humanitaria, de refugiados y solicitantes de asilo.

FONDOS EUROPEOS

El vicepresidente del Govern ha explicado que el pacto también garantiza que la Generalitat participe directamente en el reparto de los fondos europeos de recuperación por la pandemia, tanto para identificar los proyectos que se deben ejecutar como la propia gestión de los recursos.

Ha concretado que el Govern gestionará el 50% de estos fondos, y ha detallado que serán 596 millones de euros directos, 371 de los cuales irán a políticas ambientales y 225 a vivienda, aunque ha apuntado que estas cifras pueden aumentar durante el año «a medida que los fondos que no están distribuidos se vayan redistribuyendo».

Asimismo, ha asegurado que con el acuerdo evitarán que el Gobierno central envíe su plan a la Comisión Europea sin tener en cuenta al Ejecutivo catalán: «La Generalitat marcará sus prioridades y se trasladarán a la Moncloa para que se integren dentro del plan estatal. Nos aseguramos una posición previa».

CONTROL FINANCIERO Y «DUMPING FISCAL»

Tal y como informó ERC en el anuncio del preacuerdo, el pacto para avalar los PGE incorpora el levantamiento del control financiero sobre la Generalitat, que Aragonès ha celebrado: «Se acaba la fiscalización permanente de las finanzas de la Generalitat y la amenaza constante de intervención del Estado. Ponemos fin a cinco años de 155 económico. Ganamos libertad y margen de maniobra para dar más servicio a la ciudadanía».

Sobre el acuerdo para eliminar las ventajas fiscales en la Comunidad de Madrid y avanzar en la armonización fiscal, Aragonès ha argumentado que se creará un grupo de trabajo para tratar este asunto y que servirá para acabar con el «dumping fiscal», ya que considera que hay territorios que hacen competencia desleal en cuestiones fiscales aprovechándose de su situación, como en el caso de Madrid por ser la capital del Estado.

«Se han acabado los privilegios», y ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su modelo, que ha tachado de neoliberal y centralista, está a las antípodas del de ERC, y que trabajarán para revertir esta situación.

«GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO»

Aragonès ha enfatizado que el pacto con el Gobierno también contiene una disposición adicional específica para Cataluña como «garantía de cumplimiento» de las inversiones y las transferencias previstas en las cuentas.

«Busca evitar lo que se ha producido en otras ocasiones, que las inversiones presupuestadas no se ejecutan o se ejecutan por debajo de la media estatal», y ha explicado que se hará a través de la Comisión mixta de infrestructuras entre Generalitat y Gobierno.

Según él, esta comisión era un instrumento que no se había utilizado hasta el momento porque el Gobierno no la quería convocar, y que el acuerdo establece que se reúna cada cuatro meses para evaluar la ejecución de las inversiones en Cataluña, en lugar de hacer esta valoración «a año vencido».

Sin embargo, ha insistido en que «la mejor cláusula de cumplimiento del acuerdo es que el independentismo sea cada vez más fuerte», ya que considera que cuando es más fuerte es más influyente, y ha advertido de que estarán atentos a que se cumpla el pacto de los PGE íntegramente.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a impulsar «un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración con el Tercer Sector o con la comunidad».

La PNL, presentada por Unidas Podemos con una enmienda del PSOE, ha sido aprobada este miércoles 25 de noviembre con los votos a favor de Unidas Podemos, PSOE, EH Bildu y Esquerra, el voto en contra de Ciudadanos y Vox y la abstención del PNV y de Junts Per Catalunya.

El texto señala que el sistema de cuidados de personas mayores debe ser «un modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y que articule unos servicios que se adapten a las necesidades de las personas, y no al revés», caminando los entornos residenciales hacia «modelos hogar».

Asimismo, el Congreso insta al Gobierno a procurar una «eficiente coordinación y asignación conjunta» en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales; y a asegurar la transparencia en la gestión de los servicios residenciales, reforzando los mecanismos de inspección y control necesarios. Para ello, el texto indica que será necesario elaborar un Programa de Acreditación de Calidad de Residencias de Mayores, en colaboración con las CCAA.

Igualmente, pide al Ejecutivo «revalorizar y dignificar el trabajo de cuidados, garantizando un salario adecuado y suficiente a las trabajadoras de las residencias», así como «todos los medios de protección necesarios».

Unidas Podemos también advierte de que «son muchas las residencias financiadas con dinero público pero gestionadas por entidades privadas, donde ha ido creciendo el peso de las grandes empresas en detrimento de las entidades del tercer sector».

«El desarrollo más reciente del sistema de residencias –añade– se inserta en una corriente hegemónica, la llamada ‘colaboración público-privada’, que se ha usado para poner recursos públicos al servicio deentidades privadas que acumulan beneficios prestando estos servicios».

Según datos de 2019, en España hay 372.985 plazas en residencias; 271.696 se encuentran en centros privados (lo que supone el 72,8%) y 101.289 en públicos (27,1%). El número de plazas concertadas asciendea 87.000 y algo más de 35.000 son gestionadas en concesión.

La diputada del PSOE Fuensanta Lima considera que esta pandemia obliga a «replantearse si es correcto el modelo» actual de residencias y ha apostado además por «seguir desarrollando la ley de dependencia e ir dotando presupuestariamente hasta llegar al justo 50% (Estado) 50% (comunidades autónomas)».

Por su parte, el diputado del PP José Ortiz ha mostrado su rechazo a la PNL porque, a su juicio, «la gran mayoría de residencias del país son públicas y universales»; ha acusado a Unidas Podemos de «intentar buscar falsos culpables» y le ha pedido que «deje la pancarta y gobierne en coordinación con ayuntamientos y comunidades autónomas que son los que abren las residencias».

COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha criticado que en la PNL parece que se intente «criminalizar» a las residencias públicas de gestión indirecta, aunque ha precisado que comparte el fondo de la propuesta pues el modelo residencial tiene «muchas carencias».

Por parte de Vox, la diputada María de los Reyes Romero ha manifestado su «indignación» por los aproximadamente 23.000 mayores fallecidos en residencias durante la primera ola de la pandemia y ha tachado de «completa falsedad» la «tesis» de que las residencias privadas sean «malas porque son un negocio» y las públicas, «maravillosas».

La diputada de Esquerra Republicana Inés Granollers ha coincidido con el texto de la PNL en la necesidad de replantear el modelo residencial en el que han entrado «grandes operadores que anteponen el beneficio» y apostar en su lugar por otro que garantice «la calidad antes que el precio, proximidad versus estandarización, y proyecto asistencial versus especulación». Asimismo, ha subrayado que «hace falta un reconocimiento a los profesionales» de las residencias.

Mientras, el diputado de Junts Per Catalunya Genís Boadella ha afeado que la propuesta de Unidas Podemos «plantea un viaje ideológico» al hacer «reproches» a la colaboración público privada, cuando, a su parecer, «a veces, residencias privadas han tenido mejores resultados en cuanto a menos contagios que otras del sector público».

Desde el PNV, el diputado Íñigo Barandiarán cree que el debate sobre el modelo residencial es «ineludible» aunque apuesta por «una reflexión pausada»; y la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha pedido mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha puesto en valor «el buen acuerdo» que ha logrado su partido por apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha negado que haya buscado que «el Ejército desaparezca» con la petición del traspaso al Ayuntamiento de San Sebastián de los terrenos de los cuarteles de Loyola, a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido. Además, cree que «el maniobrador mayor» de la negociación ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias y que Podemos aprueba las Cuentas «con la boca pequeña».

Ortuzar ha realizado estas declaraciones este miércoles en la localidad vizcaína de Sukarrieta, donde la Ejecutiva del partido, junto con representantes internos y públicos, y militantes de la organización juvenil jeltzale, EGI, ha realizado una ofrenda floral ante la tumba de Sabino Arana Goiri, fundador del PNV, en el 117 aniversario de su fallecimiento.

El líder jeltzale ha defendido que, en una situación «tan complicada» como la actual, en la que existe esta crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus, «es bueno que haya Presupuestos».

«Pero si, luego, recogen aspiraciones históricas y justas, legítimas, de la sociedad vasca, miel sobre hojuelas. Hemos hecho un esfuerzo negociador ambas partes. No ha sido fácil porque este año la negociación presupuestaria ha estado salpicada de más ingredientes políticos de lo habitual, pero, al final, hemos logrado un buen acuerdo para Euskadi que, al final, ahora que hablamos de la lotería, está bien repartido por el territorio», ha indicado.

Por ello, cree que «hay motivo de alegría para todos los territorios vascos y que, además, va a promover que haya un estabilidad presupuestaria en el Estado, que va a hacer falta para salir adelante de esta crisis tan dura».

TERRENOS DE LOS CUARTELES DE LOYOLA

También ha asegurado que le dan «pena» las críticas de la derecha al traspaso al Ayuntamiento de San Sebastián de los terrenos que ocupan los cuarteles de Loyola, conseguido por los jeltzales durante la negociación de los PGE.

«Detrás de esta enmienda o esta petición, no está que el Ejército español desaparezca de Donostia, que, por cierto, me parecería muy legítimo que pudiéramos tener o que yo tenga, personalmente, esa aspiración, pero no se trata de eso. No saquemos las cosas de quicio», ha apuntado.

Lo que ha pretendido el PNV, según ha asegurado, es que la capital guipuzcoana recupere «el último y mejor terreno que tiene para mantener la trama urbana y poder hacer viviendas». «¿Qué pasa?, ¿que los señores del PP y sus votantes no van a vivir allí?, ¿solo van a ir a vivir allí los abertzales o los de izquierdas?. No, irá a vivir todo el mundo. Si vamos a beneficiar a toda la ciudad», ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha reclamado que todos «se dejen de tonterías» porque «ese tiempo ya ha pasado. Además, ha precisado que, en la enmienda, no pone nada de que el Ejército abandone los terrenos, sino que estos tienen que ser de San Sebastián. «Luego, el Ejército y el Gobierno español sabrán lo que tienen que hacer», ha explicado.

PODEMOS E IGLESIAS

El presidente del EBB se ha referido al agradecimiento del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a EH Bildu y ERC por facilitar la aprobación de las cuentas estatales, sin mencionar al PNV, para apuntar que el proceso negociador «ha estado salpimentado por más política que negociación presupuestaria de lo que suele ser normal, y aquí cada uno ha hecho su maniobras».

A su juicio, en él, «el maniobrador mayor» ha sido Iglesias y, «probablemente, no está valorando tanto los Presupuestos», sino que Podemos los aprueba «con la boca pequeña porque no son Presupuestos morados», sino «los que se pueden tener».

«En política, la primera lección es ser responsable y saber asumir lo que uno puede y no puede ser siempre lo que uno quiere. Él está jugando a otra batalla política, está haciendo un juego de bloques. Él hace muchos años se declaró fan de la serie ‘Juego de Tronos’ y él ahora hace ‘juego de Gobierno'», ha añadido.

En todo caso, ha asegurado que el PNV «no entra en esas cosas», ni necesita que Pablo Iglesias le agradezca su participación. «No lo hacemos por él, lo hacemos por el bien general. En todo caso, que no se le olvide que él se sienta donde se sienta gracias a los seis votos del PNV», ha subrayado.

«LA NACIÓN VASCA»

Andoni Ortuzar ha recordado que, en esta ocasión, el acto conmemorativo a Sabino Arana ha sido «diferente» porque se hace en «un momento complicado» por la pandemia del coronavirus, por lo que no ha habido acto político ante militantes del PNV.

«Pero hemos querido acercarnos, como hacemos todos los años, para renovar los compromisos de nuestro partido, el primero con la nación vasca, con Euskadi, con nuestra única patria y con su construcción nacional», ha subrayado. En este sentido, ha reclamado que los vascos puedan «decidir su futuro en libertad».

En todo caso, ha precisado que «no hay patria ni nación sin personas» y, por ello, ha explicado que su segundo compromiso es con toda la sociedad vasca «que lo está pasando mal en estos momentos, que está haciendo frente, no solo a una crisis sanitaria, sino también a una dolorosa crisis económica, ante la que las organizaciones políticas, las instituciones y, desde luego el PNV» tienen que responder «desde la responsabilidad para poder salir cuanto antes de esta situación».

«Hemos pasado momentos complicados, estamos en el buen camino y tenemos que seguir en la vía adoptada, aunque eso suponga hacer sacrificios como sociedad», ha apuntado.

Su tercer compromiso, en este 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ha sido con la lucha contra la violencia machista, y ha recordado que ayer mismo hubo en Euskadi «un prólogo muy negativo y muy duro» a esta jornada.

De esta forma, se ha referido a la agresión con un cuchillo en San Sebastián, por parte de un hombre de 52 años a su pareja, una mujer, que resultó herida de gravedad. «Reivindico que, entre todos, tenemos que acabar, cuanto antes, con esa lacra. El PNV se encontrará con todos los agentes sociales en esta lucha para erradicar esta lacra», ha señalado.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por que no se busquen «conflictos artificiales» en relación a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), conocida como Ley Celáa y ha apuntillado que se tenga «cuidado» al hablar de desobedecer las leyes por que el «espectáculo» que se está dando «es tremendo».

«No busquemos conflictos artificiales y desde luego, por favor, si alguien dice que hay que desobedecer las leyes entonces habrá gente en algunas partes de España que diga por qué me aplican a mí leyes que a los demás no se las aplican», ha recalcado Vara.

Del mismo modo, ha recomendado que «bien» se haría «en tener cuidado porque el espectáculo que estamos dando es tremendo» y ha censurado que cada vez que se aprueba algo «que no le gusta a alguno» diga «yo no lo pienso cumplir». «Por eso inhabilitaron a un presidente autonómico y bien que aplaudieron muchos», ha remarcado.

De esta manera se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, por el tratamiento del español en la reforma educativa denominada coloquialmente ‘Ley Celaá’, sobre lo cual Fernández Vara ha lamentado que «este país cambie de leyes cada cinco o seis años» y ha reconocido que, de forma similar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, «también» le «gustaría que las cosas hubieran sido de otra manera».

«No dice mucho del país y no dice mucho de nosotros que somos un país en el que cada cinco o seis años se cambian las leyes, entre otras cosas porque no permiten se evalúen ni que se valoren», ha apuntillado, para señalar en todo caso que «obviamente las leyes se hacen para cumplirlas».

Así, ha expuesto que «algunos se olvidan» que la soberanía nacional «tal y como lo describe la Constitución» reside en el pueblo español que está representado en las Cortes Generales, por lo que «cuando allí se aprueba una ley es para cumplirla».

«Este espectáculo de decir ahora de pronto ‘no es que vamos a ver si yo voy a hacer una ley en mi territorio para ver si la incumplo’, es decir, o sea que cuando el que incumple y desobedece es un catalán pedimos que los metan en la cárcel o que los inhabiliten, y cuando el que desobedece es un españolito de otro territorio se lo puede permitir decirlo abiertamente», ha incidido Vara, que ha agregado que en este último caso «no le preocupa lo más mínimo y lo dice y se quedan tan panchos».

En cualquier caso, el presidente extremeño ha recalcado que en el caso de Extremadura «no» se tiene «un problema de lenguas porque solo tenemos una», por lo que «el problema aquí no existe», a la vez que ha abogado por que, si las familias que tengan un chico o una chica con discapacidad quieren «y es posible desde el punto de vista material» que puedan ir a un colegio ordinario, se tiene que intentar ofrecer esa opción, para lo cual se tiene los próximos años para poderlo ir adaptando.

Respecto a la educación concertada, el jefe del Ejecutivo autonómico extremeño ha hecho hincapié además en que hace 18 años las comunidades recibieron las transferencias educativas «con un statu quo de la enseñanza concertada» y que «han cambiado las leyes y aquí hemos mantenido ese statu quo». «Con lo cual que nadie busque problemas donde no los hay, porque claro hemos mantenido ese statu quo y lo hemos respetado desde el minuto uno y lo vamos a seguir haciendo», ha agregado.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en la inauguración del Parque Solar de Solar Pack, en el Paraje Palomarejo de la pedanía de Alvarado de la ciudad de Badajoz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este mediodía que la «erradicación de la violencia contra las mujeres debe quedar fuera del partidismo», en el acto institucional de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se ha premiado a 18 profesionales que atienden y luchan contra esta lacra.

Esta lucha, ha añadido, «que no puede politizarse, es una lucha de todos». En este sentido, ha señalado que cada caso ha de ser considerado «como lo que es, una vulneración de un derecho humano fundamental, el de la libertad, la seguridad y el de vivir en paz».

«Por eso, hay que plantarle cara. Sabed que contáis con el apoyo económico, jurídico, psicológico y social de la Comunidad de Madrid. No estáis solas», ha subrayado.

Díaz Ayuso ha recordado el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal «por orden del entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana» y que «fue otra mujer, Minou Tavárez Mirabal, hija de una de las tres opositoras, la que ilustró la necesidad de visibilizar lo que entonces era una verdadera lacra».

«La vida de estas mujeres, como la de tantas otras que lucharon por nuestros derechos, es la que ilustra la necesidad de trabajar por una igualdad alejada de sesgo ideológico», ha reiterado.

HOMENAJE A TRABAJADORAS

En el acto, la Comunidad de Madrid ha rendido homenaje a las educadoras de los recursos residenciales integrados en la Red de Atención Integral contra la Violencia de Género, que pese a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus han trabajado las 24 horas del día durante todo el confinamiento para que no faltara apoyo y atención a las mujeres que acudían a estos centros.

Para Díaz Ayuso, «si hoy somos una sociedad más justa, avanzada y garantista es gracias al esfuerzo de gente como estas profesionales, cuyo único objetivo es mejorar la vida de otras personas y trabajar para que no haya distinción de derechos, libertades u oportunidades en función del género con el que hemos nacido, algo recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución. «Todos tenemos derecho a ser distintos pero iguales e importantes ante la ley, la sociedad y ante las oportunidades», considera.

Asimismo, Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento, no sólo a las mujeres, sino también a padres, hermanos, amigos e incluso hijos, «para que luchen». «Ellos muchas veces son víctimas y sufren porque sus hijas, hermanas o amigas» están sufriendo por «una persona que un día dejó de ser hombre para pasar a ser un elemento que destruye la vida de todos los que le rodean. No es un camino fácil, pero contáis con el apoyo de la Comunidad de Madrid y de toda la sociedad», ha asegurado.

En este homenaje institucional, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, también ha participado el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, y ha contado con la asistencia de gran parte del Gobierno regional, del presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, y de todos los portavoces de los grupos parlamentarios.

LUENGO: «SOLO JUNTOS, CON CONSENSO, PODEMOS IMPULSAR UN GRAN CAMBIO»

Por su parte, Javier Luengo ha recordado a las 1.074 mujeres asesinadas desde 2003, año en que se empezó a contabilizar estas víctimas. Este año llevamos ya 41 mujeres en España y 2 en la Comunidad de Madrid.

«La violencia machista se produce en todos los países, independientemente del grupo social, económico, religioso, o cultural. Este tipo de violencia es soportada por las mujeres e infligida por los hombres. La violencia ejercida sobre las mujeres, por el hecho de serlo, se ha convertido en una preocupación internacional, se considera un problema de derechos humanos y cada vez más un problema de salud pública», ha señalado.

La salud de las mujeres maltratadas se ve gravemente afectada, no solo por agresiones físicas, sino también por ser víctimas de violencia psicológica, relaciones sexuales forzadas y otros comportamientos dominantes que afectan de manera integral a la salud de todas ellas.

«Pero el diagnóstico y la magnitud del problema ya lo conocemos todos. Por ello, debemos estar unidos: mujeres y hombres, todos implicados para eliminar este lastre que obstaculiza nuestro crecimiento como región libre y democrática. Esto no es un problema de las mujeres, esto es una responsabilidad de todos y todas, en la que los hombres también tienen su papel como parte implicada», ha dicho Luego.

Además, ha señalado que «solo juntos, en un contexto de consenso, de acuerdos y de participación, se puede impulsar un gran cambio en nuestra sociedad basada en valores y principios, tan importantes, como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida, en definitiva, una sociedad libre de violencia machista».

El titular regional de Políticas Sociales ha recordado que este año «ha sido especialmente duro para todos» y la pandemia «ha provocado un cambio obligado en la sociedad» y cómo ha repercutido en situaciones de maltrato.

De hecho, según ha contado Luengo, los recursos dedicados a mujeres víctimas de violencia machista también se vieron afectados. Por ello, ha reconocido el trabajo que realizan todos los profesionales de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, especialmente a las educadoras de los centros residenciales, y especialmente en este año.

«Vosotras sois las profesionales que vivís de una manera más cercana, con una mayor implicación, tanto emocional como personal, la situación que atraviesan las mujeres y menores, cuando por su condición de víctimas de violencia machista, llegan a vivir temporalmente en los centros residenciales. Estáis tan cerca de ellas, de su dolor, de sus miedos, de sus expectativas, que inevitablemente compartís y sufrís muchas de esas dificultadas en primera persona», ha dicho a las premiadas.

«Vosotras sois las que han trabajado 24 horas al día, durante el confinamiento, para que jamás faltara ni un segundo de apoyo y atención a las mujeres que acudían a nuestros centros. Por vuestra profesionalidad, por vuestra atención especializada y por el trabajo en equipo como soporte o colchón terapéutico, que les ayuda a poder sobrellevar diferentes y muy duras situaciones, por todo ello, es imprescindible escuchar, apoyar su trabajo y desempeño profesional, así como manifestar el reconocimiento a una labor tan excelente. Muchas gracias por vuestro trabajo», ha concluido el consejero.

PUNTOS MUNICIPALES 24 HORAS

Precisamente, con el objetivo de ampliar la atención que reciben las mujeres que sufren violencia de género, a lo largo del próximo año se va a poner en marcha la apertura rotatoria de los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género durante las 24 horas.

Esta medida, consensuada en el seno del Grupo de Trabajo contra la Violencia de Género en el que están representados los grupos políticos de la Asamblea y las distintas entidades del sector, permitirá que haya cinco de estos puntos abiertos en todo momento para ofrecer atención psicosocial a mujeres víctimas durante los 365 días del año a través de unidades móviles.

La Comunidad de Madrid está desarrollando estos días la campaña informativa y de sensibilización con el lema Si eres hombre, hazlo, para hacer referencia a la imprescindible concienciación e involucración de los hombres en el esfuerzo por eliminar la violencia de género y otras formas de discriminación contra las mujeres.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido la dotación presupuestaria suficiente para desplegar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 y que contemplaba 1.000 millones de euros para luchar contra esta «lacra» así como favorecer las políticas de empleo para mujeres, de modo que las víctimas puedan tener una vía de escape más para librarse de los «animales» que «amargan sus vidas».

En un acto organizado en la sede del PP con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Casado ha afeado que estas políticas están ahora bajo la responsabilidad de un Gobierno y un partido, Unidas Podemos, que en su día no apoyó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a diferencia de la mayoría. Así, ha afeado al Gobierno de Sánchez no haber desarrollado la dotación económica «suficiente».

A su juicio, además de todas las consecuencias del coronavirus en la sociedad, está el hecho de que el desempleo ha afectado a 300.000 mujeres, algunas de ellas víctimas. En ese sentido, ha reclamado políticas de empleo «eficaces» para que estas mujeres puedan lograr autonomía y no dependan de quien les está «amargando la vida» y gocen de un empleo con el que les puedan echar de casa porque no necesitan su sueldo o irse de casa con sus hijos para recuperar sus vidas «sin ese sinvergüenza» y así «dar esquinazo a estos maltratadores».

El presidente del PP ha iniciado su intervención acordándose de las 1.074 víctimas «brutalmente asesinadas» desde 2003, y de las 41 solo en lo que va de 2020, junto a 3 niños y los 23 huérfanos. «No hay que poner paños calientes ni eufemismos: fueron asesinadas por hombres que no eran hombres, sino animales. La violencia contra la mujer es perpetrada por cobardes, por gente miserable, muchas veces en la intimidad del hogar», ha dicho Casado.

Así, considera que la obligación de los poderes públicos es que las víctimas denuncien y se apoyen en jueces, policías, asociaciones, colegios, centros de salud que tienen detrás para que no haya «ni una muerte más».

Además, la lamentado el negacionismo «letal» ante una lacra «innegable» que, sin embargo, compatible con otras violencias. A ese respecto, ha destacado el papel de los hombres, padres, hijos y nietos a través de la concienciación social para que las mujeres jóvenes de la actualidad «no vean normal» ni acepten comportamientos de control que se ejercen por ejemplo a través de las redes sociales.

En ese sentido, ha añadido que cuando el PP llegue al Gobierno y cumpla su compromiso de derogar la LOMLOE se intensificarán en la educación las políticas de formación en escuelas e institutos contra la violencia de género.

También se ha referido a las víctimas de trata, un «drama» que no se quita de la cabeza porque hay mujeres que llegan a España explotadas, «antes y después de cruzar». A ese respecto ha reclamado ayudas, dinero, cooperación internacional y lucha «muy firme» contra las mafias aquí y en el resto de países.

El líder popular ha lamentado los efectos del confinamiento sobre las víctimas de violencia de género que no podían si quiera «escapar de sus cárceles» sino que tuvieron que «convivir con los salvajes que las maltratan» y muchas veces con sus hijos en casa.

En el acto, la vicesecretaria de políticas sociales del PP, Ana Pastor, ha indicado los derechos humanos no pueden ser impuestos ni solamente publicitados, sino que tienen que ser aceptados y respetados en la vida real que existe ahí fuera. En su opinión, la clave está en la educación, la formación y la concienciación, para que con la suma de esfuerzos se pueda lograr que «los patrones de humillación no se repitan generación tras generación».

En ese contexto, ha añadido que «lo más complicado» es erradicar la cultura machista que sigue existiendo porque hay cosas que no se eliminan solo con dinero. «Por eso: educación, educación y educación y libertad, libertad y libertad», ha defendido Pastor que ha pedido también recursos económicos y humanos para trabajar en la lucha contra la violencia de género y ha reiterado el compromiso electoral del PP para elaborar una Ley contra la trata con fines de explotación sexual.

LA PANDEMIA, UN RETROCESO PARA LAS VÍCTIMAS

En el acto también ha intervenido la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, quien ha reclamado que no se deje retroceder al Pacto de Estado contra la violencia de género y ha denunciado la paralización de recursos y la red externa de apoyo que han sufrido las mujeres en el confinamiento.

Además, ha apuntado que aunque entre abril y junio el 016 recibió 8.000 llamadas más, se registraron 2.000 peticiones de orden de alejamiento menos, por lo que insiste en la necesidad de reforzar las medidas. «Cada vez somos más las que y los que trabajan con el mismo ahínco para tratar de erradicar la violencia de género», ha defendido.

Por su parte, la presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha asegurado que «difícilmente» una víctima va a salir de «ese círculo» sin ayuda y aunque España está «a la cabeza mundial» en la lucha contra esta lacra es necesario mejorar la aplicación del Pacto de Estado y desterrar «falsos mitos.

En concreto, ha recordado que la mayoría de las víctimas y agresores son españoles y que los domicilios se convierten en «el escenario del miedo, aún más en el confinamiento». «Hemos visto que las mujeres han sufrido muchísimo», ha lamentado Carmona que recuerda que el 73 por ciento de ellas son madres de hijos menores de edad.

«Imaginamos el calvario por el que han pasado esos niños que han visto sufrir a sus madres hasta que finalmente han sido asesinadas», ha subrayado y ha advertido de que en esta situación de crisis económica muchas mujeres se ven sometidas a la dependencia económica de sus maltratadores, lo que las lleva a no pedir ayuda por este motivo, además de por vergüenza, sometimiento o sentimiento de culpa.

En esa línea, la directora de la Asociación para la Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, ha reclamado una ley para la erradicación de la trata de mujeres basada en el Convenio de Nueva York que penalice todo tipo de proxenetismo, porque «no se puede legitimar de ninguna manera a personas que están comprando a seres humanos: mujeres y niñas». Asimismo, pide a las autoridades públicas que vigilen lo que ocurre a las mujeres inmigrantes a España porque muchas llegan para tener una buena experiencia pero se topan con «mafias, proxenetas y puteros».

Mora que también ha expuesto las consecuencias del COVID-19 para estas mujeres que han pasado a ser sometidas a través de las web cams y las redes y ha afeado que España sea el país que más demanda a mujeres y niñas para ser explotadas en polígonos, calles y pisos y el tercer país a nivel internacional en prostitución. Por eso ha reiterado su petición de una ley que deje de banalizar la cuestión y penalice todas las formas de proxenetismo porque está cansada de oír que ellas eligen libremente su trabajo. «Son mafias que explotan a seres humanos», ha insistido.

Finalmente, la directora del teléfono de atención a menores (ANAR), Diana Díaz, ha alertado sobre la violencia de género que están observando en los jóvenes, en sus primeras relaciones sentimentales en las que «toleran grandes dosis de violencia» psicológica, de control y el 50 por ciento física, sin que sean conscientes ni lo identifiquen como tal, especialmente con la tecnología. «No lo perciben y eso no se protegen», advierte.

Finalmente, ha puesto sobre la mesa la «invisibilidad» de los niños y adolescentes cuyas madres sufren violencia y se ven abocados a un «pacto de silencio». Durante el confinamiento, ANAR recibió 21.000 peticiones de ayuda de menores que pasaron «miedo» durante la convivencia 24 horas con su maltratador.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido la necesidad de acabar con la «asimetría fiscal» en territorios como Madrid, y ha acusado al Gobierno de esta Comunidad de defender «posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España, con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes».

«Seremos los garantes de los equilibrios constitucionales que tienen que ver también con la presión tributaria», ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el minuto de silencio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Ferraz, al ser preguntada por la enmienda que el Gobierno ha pactado con ERC, a cambio de su apoyo a los Presupuestos, para acabar con el «paraíso fiscal» de Madrid.

La vicepresidenta ha explicado, a este respecto, que el Gobierno y, en concreto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva mucho tiempo hablando de la «armonización fiscal» que debe lograrse para garantizarse «el principio de igualdad de todos los españoles, independientemente de la diversidad territorial, ambas cosas compatibles».

«La ministra de Hacienda habló de situaciones de asimetría que no significaban ni lealtad al Estado ni generación de igualdad. Para el PSOE es muy importante la comprensión constitucional de los dos elementos que nos hacen tener el Estado que tenemos: igualdad de derechos, igualdad de libertades y responsabilidades y deberes de todos, hayamos nacido donde nacido, y respeto a la autonomía política de los territorios», ha defendido.

Y en este punto, ha señalado que el Gobierno está «al inicio de algunas decisiones importantes que garanticen» acabar con esa asimetría, que genera «deslealtad entre los territorios», y ha continuado criticando la actitud de Madrid.

«Vemos al Gobierno de Madrid en posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes. Les acabamos de oír decir que no van a cumplir la LOMLOE. Lo habíamos escuchado a otros, pero no se lo habíamos escuchado al PP», ha reprochado.

«HASTA EL ÚLTIMO MINUTO» PARA LOGRAR EL MAYOR APOYO A LOS PGE

Por otra parte, preguntada sobre si van a seguir intentado lograr el apoyo con Ciudadanos a los Presupuestos, tras sellar acuerdos con ERC y PNV y anunciar Bildu su intención de apoyar las cuentas, Calvo ha asegurado que el Gobierno va a seguir trabajando para logar el mayor respaldo posible, incluido el partido de Inés Arriamdas.

«Nadie se puede sentir exlcuido de la respuesta que España necesita», ha defendido, tras citar expresamente a Ciudadanos. «Hasta el último minuto vamos a intentar que cuandos más mejor, y que quede clara la situacion de radicalidad irresponsable en la que se ha querido colocar el PP», ha apostillado.

Asimismo, ha argumentado que si el Gobierno ha logrado avanzar ya «bastante» para tener los apoyos necesarios para aprobar las cuentas públicas es porque esos grupos parlamentarios «saben cuál es su papel». «Apoyar a nuestro pais, y que tenga respuestas a los problemas». Eso es un presupuesto», ha defendido.

«Lo agradecemos mucho pero vamos seguir trabajandos hasta último minuto para que se incorporen mas, acabamos de ver como Compromís se suma. Nosotros vamos seguir haciendo camino con la misma filosofía con la que lo iniciamos. Hace mucho tiempo dijimos que nos vamos dirigir a toda la camara, es la camara la que tiene responder», ha enfatizado.

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho este miércoles un llamamiento a «la unidad» del movimiento feminista y las «alianzas de las mujeres» frente a la violencia de género, porque, según ha señalado «el patriarcado» quiere a las mujeres «en soledad» e «incapaces de reconocer las violenicas» o «aterrorizadas» ante la posibilidad de «hablar» o «contar sus experiencias».

Montero ha cerrado el acto de entrega de los reconocimiento por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se celebra este 25 de noviembre, con un discurso que ha pronunciado muy emocionada.

En su intervención, en la que ha agradecido el trabajo de su equipo en el Ministerio, así como de el resto de instituciones, organizaciones y activistas, la responsable de Igualdad ha defendido la sororidad porque, según ha señalado, las mujeres saben que sólo «codo con codo» consiguen las cosas y que el resto de mujeres son «la mano amiga» en la que otra se puede agarrar frente a la violencia.

Tras reconocer que su departamento ha pasado «los más más complicados que podrían imaginar» por la pandemia, Montero ha reafirmado su compromiso con la lucha contra una violencia que es «estructural», «naturalizada», «invisibilizada» y, en la actualidad «cuestionada y legitimada» por la «extrema derecha».

NEGACIONISMO: «CÓMPLICE» Y «ENCUBRIDOR DEL MACHISMO»

A su juicio, el negacionismo de esta lacra es «irresponsable, doloroso, cómplice y encubridor del machismo que tanto daño inflige a las mujeres». «Es intolerable», ha añadido.

Es por eso, que también ha propuesto a la sociedad y al resto de instituciones que se «reavive» el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Parlamento en 2017, tanto en el ámbito social, «para que no se siga llegando tarde» en algunos y evitar que existan «víctimas de primera y de segunda» en el país; como en el político que «reunió a todas las fuerzas» en Congreso y Senado.

«Hacer justicia es creer a las víctimas de violencia machista y a sus hijos», ha declarado, para señalar que también lo es proteger a otras víctimas que sufren esta lacra fuera del ámbito de la pareja, como el acoso sexual, la mutilación, el matrimonio forzoso, la trata con fines de explotación sexual, el acoso sexual digital, o la pornografía no consentida o el acecho, entre otras.

Antes de la intervención de la ministra, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha conducido el acto en el que se han entregado los reconocimientos a diversas personalidades por su lucha contra esta lacra. Todos ellos han estado presentes y agradeciendo el reconocimiento de forma telemática.

UNA CUESTIÓN DE ESTADO

La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha sido la encargada de agradecer el reconocimiento que, en esta edición, se ha hecho a todos los delegados de Gobierno en esta materia desde la creación de este puesto. Para Llop, la existencia de esta delegación permitió «institucionalizar» una lucha que, a su juicio, es «una cuestión en Estado».

En este sentido, ha llamado a las instituciones a no «perder el tiempo» en el negacionismo. Según la presidenta del Senado, es un «reducto provocador» que no debe desviar «el tiempo valioso» que tiene el Estado para «lo importante» y «urgente» que es «proteger a las mujeres» que sufren violencias machistas.

La otra mención especial del acto ha sido para la experta en violencia sexual, y profesora de la Universidad de Kansas, Jen Brockman, coautora de la exposición ‘Qué llevabas puesto’, en la que se muestran las prensa que llevaban víctimas de violaciones durante la agresión. Según ha apuntado Rosell, se podrá ver en 2021 en España.

Brockman ha explicado que la exposición pretende demistrar que la causa de esta violencia no es la ropa, sino los agresores y pide a los ciudadanos que hagan un ejercicio al preguntarse si la pregunta sobre la vestimenta de la víctima origina una intención de hacerle daño o mermar la credibilidad de ella.

REFERENCIAS A LAS DIFERENCIAS EN EL FEMINISMO

Entre los premiados se ha reconocido al director de la obra ‘Prostitución’, Andrés Lima; la activista Pamela Valenciano; la periodista y creadora del movimiento #Cuéntalo, Cristina Fallarás; la organización ‘Women’s link’; el Instituto Canario de Igualdad; la Fundación EMET Arco Iris; o a las asesoras del 016 o la activista Justa Montero.

Además, han sido varias las premiadas que se han referido a las diferencias que se han hecho públicas en los últimos meses dentro del movimiento feminista, en relación a la prostitución o a la identidad de género.

La periodista Ana Bernal, reconocida en el ámbito de la comunicación, ha señalado que recibe esta mención con sensación «agridulce» por que «parte del feminismo está roto» y ha indicado que para «salvar a las mujeres» víctimas de violencia es necesario «un feminismo fuerte.

La activista Rosa Cobo, profesora de la Universidad de A Coruña, ha indicado que «una de las mayores alegrías» que el Ministerio ha dado al feminismo es su «lucha contra el proxenetismo criminal» y poner en marcha políticas «abolicionistas» en esta materia. Mientras que la diputada en la Asamblea de Madrid, la socialusta Carla Delgado ha defendido al feminismo «incluyente» en el que «caben todas» las mujeres.

Finalmente, y como uno de los momentos más emotivos el acto, se han escuchado los testimonios de Ángela González Carreño e Itziar Prat, víctimas de la violencia vicaria. En sus mensajes han pedido que se reconozca esta violencia, que se escuche más a los menores en todos los ámbitos.

Los grupos parlamentarios de PSE-EE, PP+Cs y Vox han criticado este miércoles un programa emitido el pasado mes de octubre en ETB sobre la Guardia Civil cuyo contenido consideran sesgado. El PNV ha rechazado valorar el programa, al igual que el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, quien ha defendido que como consejero no le corresponde «emitir opiniones sobre los contenidos de la programación de EiTB», mientras que EH Bildu no ha intervenido en el debate.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha solicitado la comparecencia del consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco para que informara sobre la emisión el pasado 11 de octubre del contenido de un programa emitido por EiTB.

Martínez ha denunciado que en el mismo se trasladó a la opinión vasca que la Guardia Civil es un cuerpo que «actúa de forma permanente al margen del orden constitucional» y que Vox es un partido «ajeno a los valores democráticos».

Zupiria ha defendido que como consejero de Cultura y Política Lingüística no le corresponde «emitir opiniones sobre los contenidos de la programación de EiTB», y por tanto, ha rechazado hacerlo.

El consejero ha recordado que EiTB es una sociedad pública que «tiene 2.178.000 accionistas que son los ciudadanos y ciudadanas vascas registrados en el censo de los municipios de Euskadi en 2019». «Y ustedes son los representantes de esos accionistas», ha dicho a los parlamentarios.

En este sentido, ha recordado que son los grupos parlamentarios los que eligen al director general de EiTB, quienes eligen también a los miembros del Consejo de Administración del Ente público vasco, y a los miembros de la Comisión de EiTB «que es la comisión encargada, exprofeso, para el control y seguimiento de EiTB».

«En ninguna parte dice que el consejero de Cultura sea el responsable máximo de EiTB y este consejero, desde luego, no tiene ninguna intención de serlo», ha concluido.

En el turno de intervención de grupos, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que hay «muchos ciudadanos» del País Vasco que creen que la televisión pública vasca es «un instrumento al servicio de quienes quieren romper las ataduras con España». «Es una televisión cuya estrategia es romper lazos y nunca crear alianzas», ha criticado.

Asimismo, ha criticado que el programa, emitido la víspera del Día de la Hispanidad, mostraba una visión «absolutamente sesgada de lo que es el cuerpo de la Guardia Civil», un enfoque del Instituto Armado «hecho a la medida de la audiencia a la que la televisión pública parece destinar su programa informativo, la que nutre al nacionalismo vasco más radical».

El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha defendido que la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte no es el lugar en el que solicitar esta comparecencia, sino que cree que corresponde a la Comisión de control de EiTB. Además, ha rechazado dar opiniones personales sobre el contenido del programa.

UN PROGRAMA «OBSOLETO»

El parlamentario del PSE e historiador Alberto Alonso ha dicho que el programa no le gustó «en absoluto» porque supone «retroceder en el tiempo, volver a los viejos informes de investigación de Egin de los años 90» y cree que es «obsoleto y no respeta en absoluto la ciencia historiográfica actual», ya que «ignora todo lo que se ha escrito en los últimos diez años al respecto».

Además, ha recordado al consejero de Cultura que ya expresó su opinión sobre un programa de EiTB en el pleno de control al Gobierno del pasado 30 de octubre en el que tanto Zupiria como el lehendakari valoraron el contenido de un documental sobre ETA emitido por ETB.

Tras reconocer que esta comparecencia hubiera sido «más acorde» en la comisión de control de EiTB, ha recordado que el PSE ha denunciado en varias ocasiones que en EiTB «se han dado y se dan informaciones y programaciones que se acercan mucho al blanqueamiento del daño causado por ETA y su entorno más violento».

DATOS «OBJETIVOS»

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo también ha defendido que este asunto debería tratarse en la comisión de control a EiTB y ha valorado el contenido del programa destacando que en el mismo también se le «daba voz» a exministros y asociaciones de guardias civiles, y se aportaban «datos objetivos».

El portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, se ha mostrado «sorprendido» por la comparecencia «tan escueta» de Zupiria y ha recordado que además de portavoz del Gobierno Vasco es consejero del departamento al que está adscrito EiTB.

Barrio ha calificado de «preocupante» el contenido del programa, ya que ha defendido que desde la televisión pública «no se pueden hacer unas acusaciones a un instituto constitucional como es la Guardia Civil, de funcionar al margen de la ley». «No se puede hacer sin que nadie tenga que dar explicaciones», ha defendido.

También ha criticado la «estridencia» de EiTB que en algunos programas informativos proyecta una «animadversión sectaria» contra instituciones del Estado que «no se puede consentir» y que «aleja al espectador». «Exigimos que el nuevo equipo directivo corrija esa forma ‘hooligan’ de hacer televisión en favor del nacionalismo radical», ha reclamado.

Santander conmemora este miércoles el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sumándose a la campaña internacional ‘El banco rojo’, con la que se recuerda a «todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas» mediante una intervención urbana en 21 bancos de la ciudad que han sido pintados de rojo y en ellos puede leerse este mensaje.

La alcaldesa, Gema Igual, ha sido la encargada de pintar uno de los bancos situados en la Plaza del Ayuntamiento, inaugurando de esta forma el acto central del 25 N, que este año debido a la crisis sanitaria de la Covid-19 no podrá celebrarse con actividades que supongan congregación de personas.

Sin embargo, Igual ha destacado que, precisamente en un año como este, «la prevención, la información y la sensibilización contra la violencia de género debe ser aún mayor porque, a pesar de las circunstancias, los asesinatos machistas dejan un reguero de sangre constante en nuestro país».

Acompañada por el concejal de Igualdad, Álvaro Lavín, y representantes de las asociaciones y organizaciones que forman parte del Consejo de Igualdad Municipal, la regidora ha recordado a las 41 víctimas y 23 huérfanos que ha dejado la violencia de género en lo que va de año en el país y ha pedido a todos los santanderinos, mujeres y hombres, de todas las edades, que muestren su indignación y no permanezcan impasibles ante esta lacra social.

‘El banco rojo’ es una iniciativa internacional que comenzó en Italia en 2016 y se ha ido extendiendo por todo el mundo, cuyo objetivo es la prevención, información y sensibilización contra la violencia de género.

Para ello, se han pintado bancos de color rojo con una frase en letras blancas: ‘En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas’, además de una placa conmemorativa de la campaña organizada por el Ayuntamiento de Santander desde el Centro de Igualdad Municipal con la participación de las asociaciones que forman parte del Consejo de Igualdad Municipal y de empleados del servicio municipal de mantenimiento.

Para llevar a cabo la acción, se han seleccionado 21 bancos de lugares emblemáticos de la ciudad como las plazas de Cañadío y Juan Carlos I, los Jardines de Piquío o La Magdalena, así como en otras calles y zonas destacadas del Centro y de Cazoña, Peñacastillo, Corbán, Nueva Montaña, la Albericia, Cueto, La Maruca o Monte.

Muchos de estos bancos serán inaugurados y amadrinados esta tarde por una asociación, durante un acto en el que se dará lectura a un manifiesto, se guardará un minuto de silencio y se celebrará una performance.

Entre las asociaciones que se han sumado a la iniciativa figuran: Consuelo Berges, ASCASAM, Asamblea de Mujeres, AMUCCAN, ADMEC, ARACCUA, Red Cántabra Contra la Trata y Explotación Sexual, Nueva Vida, ATA, AHIGE, CAVAS, ANJANA-CÁRITAS, MUJOCA ADANER y Gitanas Progresistas.

OTRAS ACCIONES

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de comunicación para concienciar sobre «la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres.

También ha celebrado entre el 14 y el 22 de noviembre una carrera-marcha virtual cuya recaudación irá destinada íntegramente a los proyectos para erradicar la violencia de género en colectivos vulnerables y jóvenes que tienen en marcha las asociaciones ASCASAM y Consuelo Berges.

Los ganadores de esta prueba serán recibidos esta tarde en el Consistorio por la alcaldesa y el concejal de Igualdad, en un acto simbólico de entrega de premios.

La fachada del Ayuntamiento de Santander también se iluminará de color morado cuando anochezca para visibilizar la lucha contra la violencia de género.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que la posibilidad de pactar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con Bildu y Esquerra «no» es la «alternativa» que le hace «más feliz», pero que «no hay otra manera de tener presupuestos» que, por otro lado, tilda de «excelentes» para España y Extremadura.

«Es que no hay otra manera de tener presupuestos, entonces si alguien tiene alguna alternativa que la plantee, como no la hay, le digo que no es la que a mí me hace más feliz», ha señalado Vara, para quien «aquí de lo que se trata es que haya Presupuestos Generales del Estado porque, además, son unos excelentes presupuestos para España y para Extremadura».

De esta manera se ha pronunciado al ser preguntado por su parecer ante la posibilidad de que sean Bildu y Esquerra quienes pacten con el Gobierno de España los PGE para el próximo año, una cuentas en relación a las cuales ha remarcado igualmente que la capacidad que se va a tener de poder dar respuesta en políticas sociales «es mucho mayor» de la que se ha podido tener estos años atrás, «porque los presupuestos no tienen color» en cuanto a «la comparación de unos con otros».

«Por esa razón», ha continuado, «vamos a intentar poner el acento donde hay que ponerlo». Y es que, como ha insistido Fernández Vara, «tiene que haber presupuestos» y «hay gente que se ha quitado del medio de la responsabilidad respecto al futuro de este país.

«Desgraciadamente, ya digo a mí las cosas me hubiera gustado que fueran de otra manera pero no lo son, y entonces aceptemos que estos presupuestos son muy buenos para el país y por lo tanto bienvenido sean», ha apuntillado el jefe del Ejecutivo autonómico.

FISCALIDAD MADRID

Igualmente, y preguntado por las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre la fiscalidad madrileña, el presidente extremeño ha expuesto que en eso «no» entra al considerar que «eso es entrar dentro del terreno de la provocación».

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en la inauguración del Parque Solar de Solar Pack, en el Paraje Palomarejo de la pedanía de Alvarado de la ciudad de Badajoz.

Joan Batalla ha sido nombrado nuevo presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigás) por un periodo para los próximos cuatro años, informó la patronal.

Las elecciones se han celebrado en el marco de la Asamblea General de Socios, dentro de los plazos establecidos de revisión de los órganos directivos de la asociación.

Batalla cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al sector energético. Desde 2015 ocupa el puesto de director general en la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), una institución sin ánimo de lucro cuya misión es la investigación en el ámbito de la economía de la energía y la promoción de la sostenibilidad energética y medioambiental.

Con anterioridad, entre 2005 y 2011, fue director del Gabinete de Presidencia en la Comisión Nacional de Energía (CNE), integrada actualmente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Posteriormente ocupó el cargo de consejero de dicho organismo, responsabilizándose de la definición de la implementación del marco regulatorio del sector energético en España hasta el 2013.

Licenciado en Economía por la Universitat de Barcelona y doctor en Economía -Premio Extraordinario de Doctorado por la Universitat Rovira i Virgili-, completó su formación con el Programa de Dirección General (PDG) del IESE de la Universidad de Navarra y un Máster en Regulación Energética por la Florence School of Regulation del European University Institute.

Batalla expresó el agradecimiento a todos los socios de Sedigás por su elección y ha apuntado que constituye «un honor y un reto en un momento tan importante para el conjunto del sector gasista».

Asimismo, puso de relieve la importancia del gas dentro de la transición energética apuntando que debe «impulsar el potencial del gas como energía que puede ayudarnos a conseguir los objetivos medioambientales, energéticos y de sostenibilidad que nuestros consumidores y la sociedad, en general, nos demanda».

Además, en su intervención recordó que la UE apuesta por el desarrollo del gas natural por su potencial en la consecución de los objetivos de descarbonización del sector energético.

«Por eso, en España, seguiremos impulsando el desarrollo de proyectos e infraestructuras de gas, y continuaremos defendiendo la necesidad de un marco regulatorio estable y predecible a largo plazo que impulse el desarrollo del sector para que pueda alcanzar su máximo potencial como vector energético sostenible con gran capacidad tractora en el actual contexto de recuperación económica», añadió.

El suplicatorio que el Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso para investigar a Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, ya está en poder de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, quien el próximo lunes lo llevará a la Mesa de la institución para que arranque su tramitación.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta –o delito leve– de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

DOS MESES DESDE QUE LLEGUE A LA CÁMARA

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, lo que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias sucederá el próximo lunes. A partir de ahí, Batet tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia al afectado, bien sea en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de diez días. Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.

Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.

32 SUPLICATORIOS APROBADOS

En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante; y el también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

Los Mossos d’Esquadra y los policías locales harán dispositivos especiales de patrullaje y control sancionando las actuaciones que vayan en contra de las medidas para contener la propagación del coronvirus tras la reapertura del sector de la restauración, especialmente en las terrazas.

Según un comunicado este miércoles, el Procicat ha tramitado la actualización del plan sectorial de restauración con la participación de la Dirección General de Comercio, para adaptarlo a las nuevas medidas para la reapertura del sector durante la desescalada y reducir el riesgo de contagio del Covid, especialmente respecto el uso de terrazas.

Protecció Civil de la Generalitat ha informado de la actualización a todos los ayuntamientos catalanes recordando la necesidad de controlar el cumplimiento de este plan y las medidas que contiene.

Han recordado las medidas previstas en la actualización del Plan respecto la reapertura iniciada el pasado 23 de noviembre como que el consumo siempre se tiene que realizar en la mesa, en las terrazas y espacios interiores los grupos de clientes tienen que ser máximo de 4 personas, la distancia de dos metros entre comensales de mesas distintas y de un metro entre personas de una misma mesa, y en los espacios interiores el aforo es del 30%.

TERRAZAS

Para que las terrazas puedan tener la consideración de espacio al aire libre se requiere que siempre haya dos lados libres sin cierre, especialmente si hay techo o cierre superior, y el consumo de tabaco en las terrazas está condicionado a garantizar los dos lados laterales libres pero también una distancia de dos metros respecto personas que no sean de la «burbuja de convivencia».

En los espacios interiores y cerrados es necesario una buena ventilación, el cumplimiento de las medidas de aforo, la distancia de seguridad entre personas, el uso de mascarillas mientras no haya consumo de alimentos y bebidas y la limpieza y desinfección de las manos y las superficie y objetos.

El plan sectorial de la restauración prevé que para todas las actividades, establecimientos o espacios, es necesario identificar una persona responsable de la aplicación de las medidas organizativas y de protección individual establecidas a la normativa y al propio plan sectorial.

Cantabria no se plantea relajar de cara al puente de diciembre las restricciones de movilidad, como el toque de queda o el cierre perimetral de los municipios, además de que es partidaria de tener una Navidad «lo más controlada posible y con el mínimo contacto social» y por ello recomienda no organizar cenas ni encuentros entre personas que no sean convivientes.

Así, la Comunidad Autónoma se plantea ampliar de nuevo las restricciones que ya se habían extendido hasta el 2 de diciembre hasta que la situación mejore, porque aún sigue siendo de «riesgo extremo» y, de no hacerlo, «tendremos un enero muy complicado».

«Que la cena de Navidad no se convierta en unos Reyes en la UCI», ha pedido la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para informar de la situación de la pandemia junto al subdirector de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud, Trinitario Pina.

Navas ha insistido en que la situación a día de hoy es «muy grave» en Cantabria y que, tras la experiencia adquirida, «se espera que dentro de 30 días sea mejor, pero no será como para tener una Navidad normal en absoluto».

«Este año no ha habido Semana Santa, este año no ha habido Fallas, este año no ha habido ninguna festividad y la Navidad por supuesto también está afectada», ha dicho.

Y ha explicado que todavía no puede avanzar las medidas que se tomarán en Cantabria porque están «pendientes» de conocer el acuerdo que se dictará a nivel nacional, tras presentar ayer el Gobierno central el borrador del plan sanitario para estas fiestas, que ha explicado que será un acuerdo «de mínimos» que se podrá endurecer en base a la situación de cada comunidad autónoma.

Pero «al margen de la regulación que se haga a nivel nacional, lo prudente y razonable es que las familias y las pandillas de amigos no organicen cenas o encuentros de Navidad, no estamos en esa situación o tendremos un enero muy complicado», ha advertido.

De hecho, ha apuntado que algunas familias están optando ya por posponer los encuentros navideños y reunirse «en agosto» o cuando sea posible hacerlo con seguridad.

Y dado que el riesgo sigue siendo «muy alto» en Cantabria, ha avanzado que se valora prolongar el cierre perimetral de los municipios hasta que mejore el nivel de contagios, ya que se ha visto que la medida ha tenido un impacto «positivo».

Así, la Comunidad no baraja relajar las medidas frente al Covid-19 de cara al puente de diciembre. «No valoramos relajar ninguna medida porque no es recomendable en este momento. Al revés, no podemos relajar la guardia en este momento», ha sentenciado.

La ocupación en alojamientos rurales para el puente de diciembre –desde el viernes 4 de diciembre al martes 8 de diciembre– se sitúa cerca del 74%, un porcentaje próximo al alcanzado el año pasado por las mismas fechas (78%), según datos de Casasrurales.net.

Sin embargo, el sector se mantiene «cauto», pendiente de la evolución de la pandemia y de las nuevas restricciones de movilidad que puedan surgir, lo que conllevaría a cancelaciones en los próximos días.

Según se apunta desde la plataforma, con esta situación, la mayoría de los viajeros lo son de proximidad, que han decidido viajar dentro de su misma provincia o comunidad autónoma.

MADRID LIDERA EL RANKING DE OCUPACIÓN

Destacan el liderazgo de la Comunidad de Madrid que apenas tiene alojamientos disponibles. La masa poblacional de la capital y las restricciones han ayudado a que Madrid se sitúe la primera a nivel nacional. En el lado opuesto destaca La Rioja, que por estas fechas el año pasado era líder indiscutible de ocupación (86,98%) y este año, de momento, se sitúa la última de la lista (67,43%).

Así, por comunidades, la Comunidad de Madrid lidera el ranking (91,87%) seguida de Canarias (87,05%), Baleares (85,81%) y Cantabria (74,61%). Tras estas, la Comunidad Valenciana (74.18%), Andalucía (72,61%), la Región de Murcia (71,56%) y Castilla La Mancha (71,25%) se posicionan como las Comunidades Autónomas con mayor ocupación a falta de 10 días.

En la cola se sitúan Asturias (69,57%), País Vasco (69,30%) y Castilla y León (68,55%). Tras estas y cerrando la lista, se sitúan Galicia (67,95%) y La Rioja (67,43%), siendo estas dos comunidades las que más disponibilidad tienen aún para el Puente de la Constitución. El resto de comunidades se sitúan de la siguiente manera: Navarra (70,98%), Aragón (70,61%), Extremadura (69,93%) y Cataluña ( 69,64%).

Por su parte, la provincia de Huelva se sitúa con un 84,93% de ocupación liderando así el ranking provincial nacional. Le siguen Albacete (84,73%), Badajoz (79,89%), Palencia (79,69%), Castellón (77,49%), Cádiz (76,79%), Alicante (74,48%), Pontevedra (73,94%), Zaragoza (73,36%) y Zamora (72,77%), completando así el top 10 de ocupación nacional. En la cola se sitúan Valladolid (62,50%), Segovia (62,32%), Toledo (60,43%) y Ourense (58,16%).

La Comisión Europea ha comprado 80 millones de dosis de ARNm-1273, la vacuna candidata de Moderna contra el Covid-19, si bien tiene el acuerdo alcanzado con la compañía también incluye una opción de adquirir 80 millones de dosis adicionales, hasta alcanzar un total de 160 millones de dosis, y el compromiso, por parte de Moderna, para que la vacuna sea accesible en el mayor número de países posible.

El acuerdo se ultimará tras un breve período de análisis por parte de los estados miembros de la Unión Europea. La entrega de la vacuna podría comenzar ya en el primer trimestre de 2021 si el Comité de Medicamentos Humanos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) la aprueba para su uso. El organismo comenzó una revisión continua de la vacuna el pasado 17 de noviembre.

«Apreciamos la confianza que la Comisión Europea ha demostrado en nuestra plataforma de vacunas de ARNm al incluir el ARNm-1273 en su cartera de las vacunas. Reconocemos que para hacer frente a esta pandemia mundial se necesitarán varias soluciones, y estamos orgullosos del papel que Moderna ha sido capaz de jugar en este esfuerzo mundial», ha dicho el director general de Moderna, Stéphane Bancel.

Además, ha informado de que la compañía ha aumentado su capacidad de fabricación fuera de Estados Unidos, gracias a sus socios Lonza y Rovi, para así poder entregar aproximadamente 500 millones de dosis por año y, posiblemente, hasta 1.000 millones dosis por año a partir de 2021, en el caso de que esta se apruebe. Si se conceden las aprobaciones pertinentes, Moderna espera comenzar a enviar el ARNm-1273 a la Unión Europea a partir de diciembre de 2020.