El ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', ha presentado recurso de reforma contra su procesamiento por un delito de integración en organización terrorista por participar en la financiación de la banda a través de las 'herriko tabernas'. Alega que juzgarle a día de hoy sería "anacrónico" dada la situación de apuesta por la vía política en País Vasco.

Así, entiende que dada la situación actual, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, debe interpretar la norma "en consonancia con los tiempos" y con la situación actual en País Vasco, donde la sociedad "apuesta por las vías políticas, por el acuerdo y el consenso, así como por la reconciliación".

"En estas claves, el juicio que se plantea en relación con nuestro representado es anacrónico, está fuera de lugar y esto debe tener un traslado al procedimiento, y en consecuencia proceder al sobreseimiento y archivo del mismo", dice la defensa de 'Josu Ternera'.

Este recurso llega un día después de que por videoconferencia desde Francia, donde está pendiente de juicio, el etarra negara ante Pedraz haber participado en el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria y en la financiación de la banda a través de las 'herriko tabernas'.

En el escrito, la defensa del ex jefe de ETA señala además que el relato de los hechos que acomete el juez en su auto de procesamiento pone de manifiesto "que no existen elementos indiciarios" que permitan atribuirle la comisión de delito alguno, y añade que la resolución se sustenta "en aseveraciones que son erróneas, a partir de los cuales considera delictivas actuaciones perfectamente legales y absolutamente inocuas desde el punto de vista penal".

MIEMBRO DE EUSKAL HERRITARROK Y BATASUNA

Tras esto, enumera los hechos por los que se le procesa, entre los que se incluye su militancia y responsabilidad histórica en ETA y que desde que salió en libertad en enero de 1999 ocupó cargo como miembro de Euskal Herritarrok y Batasuna y ejerció una labor directiva del complejo liderado por ETA.

Relata la defensa que otro hecho que sustenta el procesamiento es que el 15 de julio de 2000 participó en una reunión orgánica de EKIN (organización de la izquierda abertzale posteriormente ilegalizada), y que el 1 de junio de 2000 participó en otra reunión orgánica de esa organización que se celebró en los locales de Herri Batasuna en la calle Astarloa de Bilbao junto a otras personas. A eso suma el juez que el 5 de marzo de 2001, "asistió a una reunión acompañado de otras personas".

La defensa recuerda que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna fueron ilegalizadas por Sentencia del Tribunal Supremo (TS) el 27 de marzo de 2003, mientras que EKIN se disolvió, según comunicado de la propia organización en octubre de 2011.

Y añade que a la vista de estas fechas, a su representado se le acusa en relación a hechos que se llevaron a cabo en el período comprendido entre el año 2000 y el 2001 "y en relación con organizaciones (...) que en la actualidad, o están ilegalizadas por resolución judicial, o se trata de organizaciones que se han disuelto".

IBA A REUNIONES COMO PARLAMENTARIO ELECTO

Además, el escrito pone el foco en que en esas fechas Urrutikoetxea era parlamentario vasco electo por Vizcaya, y como cualquier diputado "en el ejercicio de su labor política e institucional y para el desarrollo de la misma, acudía a diferentes reuniones, en diferentes lugares, no solo con personas, sino con todo tipo de organizaciones, asociaciones, sindicatos y partidos políticos".

Por este motivo, la defensa de Josu Ternera recuerda que esa labor "se llevaba a cabo al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Española y 21 del mismo texto" y que por lo tanto el auto de Pedraz "pretende minusvalorar la actividad parlamentaria, lo cual no es de recibo en un sistema democrático".

Tras esto, el escrito analiza los hechos uno a uno pero se centra en las reuniones en las que participó supuestamente Josu Ternera en el año 2000 en EKIN, y resalta que el auto no da razón alguna que avale "siquiera de manera indiciaria" que las mismas tuvieran relación con esa organización. Tampoco ve elementos acreditativos de que efectivamente acudiera, conociendo y queriéndolo así.

E insiste en que en caso de que se dieran esas reuniones se habrían producido cuando EKIN era legal, puesto que su ilegalización se dio por sentencia de 19 de diciembre de 2007. Mismo argumento utiliza para la reunión en la sede de Herri Batasuna de la calle Astarloa, y recuerda que fue ilegalizada en 2003.

Por todo esto, deduce la defensa que se está "ante una suerte de criminalización del trabajo parlamentario en función de la formación política a la que representaba" su mandante en esos años. Proyecto político, recuerda, que fue sustentando por un amplio sector de votantes vascos.

Por eso, apela al artículo 26.6 del estatuto de autonomía del País Vasco para recordar que existe una inviolabilidad reconocida a los parlamentarios vascos que "abarca también a los actos políticos que hayan desplegado los miembros de la cámara legislativa". Y apunta que así lo recoge ya el Tribunal Constitucional y va en la línea interpretativa que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

TRIBUNAL DE APELACIONES DE PARÍS

La citación de este lunes tuvo lugar después de que el pasado 6 de enero la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París fallara a favor de la solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas contra 'Josu Ternera' por el asesinato del directivo de Michelin, una decisión que aún no es firme.

La decisión sobre la entrega a España que sí es definitiva es la adoptada el pasado 4 de noviembre por la Corte de Casación de París para que Urrutikoetxea pueda responder ante la Audiencia Nacional por el caso de las 'herriko tabernas' correspondiente a esos hechos detallados y que fueron cometidos en el año 2000 en Bilbao.

'Josu Ternera', de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

El antiguo dirigente etarra tiene varios asuntos judiciales pendientes tanto en España como en Francia. La Audiencia Nacional le requiere también por el atentado perpetrado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que provocó 11 muertos, y sobre el que la justicia francesa también ha accedido a entregarlo.

En cambio, el pasado mes de julio el Tribunal de Apelaciones se negó a enviarlo también por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de ETA.

La organización Global Citizen, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y otros líderes políticos y sociales, ha lanzado este martes una campaña de un año de duración que tiene como objetivo acabar con la COVID-19 "para todos, poner fin a la crisis del hambre, reanudar el aprendizaje en todas partes, proteger el planeta y promover la equidad para todos".

Según esta iniciativa, todavía se necesitan más de 22.000 millones de dólares para garantizar que los países más pobres dispongan de al menos 2.000 millones de vacunas y otras intervenciones médicas contra la COVID-19 para finales de 2021. Por eso, hace un llamamiento a todos los países ricos para que "donen las dosis sobrantes a otros países que las necesiten, con el fin de garantizar que las vacunas estén disponibles en todo el mundo, en todas partes, antes de que las variantes resistentes a las vacunas empiecen a surgir y a ganar terreno".

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha resaltado durante la presentación que el "interés común" del bloque comunitario es "compartir" las vacunas, por lo que ha mostrado su apoyo a la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de repartir el 5 por ciento del total de vacunas entre los países pobres. La jefa del Ejecutivo comunitario ha reivindicado que Europa "es el continente que más vacunas exporta al resto del mundo", pero ha pedido que "todo el mundo tiene que contribuir.

En una breve intervención en vídeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que la pandemia "no tiene que hacernos olvidar otros significativos desafíos globales, como protejer el planeta, luchar contra el hambre, la educación a nivel mundial y promover la equidad". "Por eso España ha querido estar presente en esta campaña para hacer el mundo un lugar mejor cada día. Solo dando un paso adelante podremos tener éxito. Os invito a todos a alzar la voz y a actuar juntos para apoyar el cambio", ha resaltado, aunque sin referirse explícitamente al objetivo de compartir el 5 por ciento de las vacunas, algo que sí ha apoyado, por ejemplo, el primer ministro portugués, António Costa.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha reclamado "actuar juntos para acabar con la pandemia". "Y no debemos olvidarnos de aquellos que están afectados por la extrema pobreza y el hambre", ha agregado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se ha sumado a la iniciativa, afirmando que complementa el enfoque de las Naciones Unidas para una recuperación sostenible de la pandemia.

"Desde que la COVID-19 se apoderó del mundo, la OMS y nuestros socios se han centrado en proteger la salud y salvar vidas, reclamando la equidad de las vacunas y siguiendo las medidas de salud pública probadas para proteger a las personas del virus. Pero las repercusiones de la pandemia van mucho más allá de la salud y han afectado profundamente a todos los ámbitos de la vida, desde la economía hasta la educación. El mundo debe unirse para construir una respuesta duradera a la COVID-19 para asegurar que las comunidades estén protegidas de futuras emergencias, construyan sistemas resistentes para soportar los choques y puedan cosechar los beneficios de un crecimiento verdaderamente sostenible", ha reivindicado.

En esta misma línea, el actor Hugh Jackman, colaborador de Global Citizen, ha instado a los ciudadanos de todo el mundo a "actuar". "Los problemas a los que nos enfrentamos ahora, en particular, nunca van a ser resueltos por un país o incluso por un grupo de países. Tenemos que unirnos, cada persona", ha defendido. La campaña también está liderada por Billie Elish, Coldplay, Idris Elba, los Jonas Brothers o Miley Cyrus, entre otras personalidades.

La campaña no se limita solo a la lucha contra los aspectos más sanitarios de la pandemia de COVID-19. Entre sus objetivos, también se encuentran acabar con la crisis del hambre, pidiendo contribuciones para cerrar la brecha financiera de los programas que trabajan para reducir el desperdicio de alimentos, apoyar a los pequeños agricultores y ayudar a conseguir programas de alimentación escolar más saludables y mejores para los niños de todas las edades.

Asimismo, instan a reanudar el aprendizaje "en todas partes": "Los niños de toda la comunidad mundial han estado aprendiendo a distancia durante la pandemia de COVID-19 y, lamentablemente, muchos no tienen acceso a las herramientas educativas que necesitan para prosperar. Se necesitan al menos 300 millones de dólares para apoyar el acceso de millones de niños marginados a una educación de calidad e inclusiva, comidas escolares, empoderamiento de las niñas y los niños con discapacidad, programas de salud mental y física, formación de profesores, tecnología, recursos de aprendizaje a distancia y mucho más.

Por otra parte, se reclama proteger el planeta. " Ni un solo país está tomando medidas suficientes para detener el cambio climático, mientras que sólo una cuarta parte de las grandes empresas se han comprometido públicamente a ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono, a utilizar energía 100% renovable o a cumplir un objetivo de reducción de emisiones basado en la ciencia para 2030", ha lamentado Global Citizen.

Por último, la campaña pide "equidad para todos". En este contexto, se hace un llamamiento al sector privado para que se "incline por compromisos transformadores con la justicia centrada en las personas, la igualdad de género, la equidad racial, la inclusión de las personas con discapacidad y el apoyo a los defensores de los derechos humanos y la justicia en todo el mundo".

La curva del coronavirus sigue en descenso en la Comunitat Valenciana y este martes se ha notificado 829 nuevos casos, solo ocho entre residentes, y 53 fallecidos, tres de ellos residentes, desde la última actualización de ayer, mientras que se han registrado 2.447 altas y los hospitales valencianos tienen 115 personas ingresadas y 24 camas UCI ocupadas menos, según los datos de la Conselleria de Sanidad.

Así, la cifra total de positivos en 376.052 personas. Por provincias, la distribución de nuevos contagios se distribuye 73 en Castellón (38.514 en total), 347 en Alicante (141.408 en total) y 409 en la provincia de Valencia (196.128).

Además, se han registrado 53 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 6.490 personas: 744 en la provincia de Castellón, 2.438 en la de Alicante y 3.308 en la de Valencia. Además, el total de casos sin asignar en toda la Comunitat Valenciana se sitúa en 2.

Por su parte, los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.472 personas ingresadas frente a las 1.587 de ayer y 344 en las unidades de críticos frente a los 368 de ayer. De ellas, 141 están en la provincia de Castellón, con 20 pacientes en UCI; 624 en la provincia de Alicante, 139 de ellos en la UCI; y 707 en la provincia de Valencia, 185 de ellos en UCI.

Además, desde la última actualización se han registrado 2.447 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 367.102 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, 37.612 altas se han dado en Castellón, 137.741 en Alicante y 191.693 en Valencia, además de 56 no asignadas. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 13.941 casos activos, lo que supone un 3,60% del total de positivos.

Por otra parte, la Comunitat Valenciana ha administrado un total de 275.663 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias, 34.584 en Castellón, 98.378 en Alicante y 142.701 en Valencia y han recibido las dos dosis de la vacuna 99.821 personas.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

Desde la última actualización, hay algún caso positivo en 104 residencias de mayores (9 en la provincia de Castellón, 34 en la provincia de Alicante y 61 en la provincia de Valencia), 17 centros de diversidad funcional (2 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 12 en la provincia de Valencia) y 3 centros de menores (1 en la provincia de Alicante y 2 en la provincia de Valencia).

Asimismo, se han comunicado ocho contagios entre residentes, cinco entre los trabajadores y tres residentes han fallecido. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 48 residencias en la Comunitat Valenciana: 6 en la provincia de Castellón, 17 en la provincia de Alicante y 25 en la provincia de Valencia.

Los 52 diputados de Vox en el Congreso han evitado detallar las actividades realizadas durante los cinco años anteriores a su cargo y los regalos recibidos y han optado por rellenar sus declaraciones de intereses todos con la misma fórmula declarando que su actividad está siempre al servicio del "interés superior de España" y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores.

El Congreso ha publicado este martes las declaraciones de intereses económicos que, por primera vez, han tenido que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

El objetivo es que cada diputado consigne en ellas detalles como las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos"; así como los obsequios recibidos o las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido.

Sin embargo, ninguno de los 52 diputados Vox, liderados por Santiago Abascal, da ningún tipo de detalle en su declaración y todos han optado por rellenar el documento de manera idéntica.

AL SERVICIO DE ESPAÑA

"Ninguna de las actividades desarrolladas por mi durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados", reza la respuesta 'tipo' de los parlamentarios de Vox.

En cuanto a las actividades que les hayan proporcionado ingresos, se remiten a las declaraciones de bienes que todos los diputados deben rellenar al acreditarse en la Cámara y que son también públicas.

Respecto a los regalos, todos los miembros del grupo parlamentario aseguran no haber recibido ningún obsequio "de especial consideración y valor". "Exclusivamente los obsequios propios de la relación familiar, amistosa o social sin alcance material o económico relevante", aseguran no sin volver a insistir en que, en cualquier caso, ningún regalo es susceptible de condicionar su práctica parlamentaria.

Los diputados de Vox tampoco detallan las organizaciones con las que colaboran y se limitan a apuntar, todos de idéntica manera, que durante los últimos cinco años han realizado "pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa".

También los diputados del PSOE han recurrido a fórmulas iguales para todo el grupo, aunque en su caso los socialistas sí relacionan sus anteriores trabajos y entidades a las que hacen donaciones, y luego se limitan a añadir que también han recibido "regalos y obsequios normales dentro de los usos familiares y sociales" que no han condicionado su actividad política sociales que no han condicionado su actividad política, ni constituyen conflicto de interés.

CONFLICTO DE INTERESES

"Adicionalmente, no he recibido otras donaciones, obsequios, beneficios relevantes que hayan podido condicionar el desarrollo de mi actividad política o parlamentaria que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Código de Conducta de las Cortes Generales", subrayan los miembros del Grupo Socialista.

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, "tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general"

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para aportar, en el marco del caso 'Púnica', todos los datos que conozca sobre la presunta caja 'b' de la formación política, en especial la de los 'populares' madrileños, cuya contabilidad se está investigando en una de las piezas separadas de la macrocausa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha convocado a Bárcenas a las 16.00 horas, de forma presencial, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su comparecencia tras recibir un escrito en el que el extesorero del PP afirmaba que el partido había tenido durante años una contabilidad paralela que se nutría de donaciones de empresarios, que, en ocasiones, tenían como objetivo ser beneficiario de adjudicaciones públicas.

Esta 'confesión' llegaba justo unas semanas antes de que comenzara en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto uso de dinero de la caja 'b' para pagar la reforma de la sede nacional del partido.

En el escrito remitido a Anticorrupción, el extesorero mostró su disposición a colaborar con la Justicia, por lo que se prestó a declarar tanto en la pieza separada en la que se investigan las donaciones finalistas al PP, en el Juzgado Central de Instrucción número 5; como en el caso 'Púnica', que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6.

CITACIONES EN OTRAS CAUSAS

A petición de Anticorrupción, para comprobar si Bárcenas puede corroborar con pruebas lo afirmado en su escrito, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5, Santiago Pedraz, le citó a declarar el pasado 15 de febrero. La comparecencia se suspendió debido a que ésta se iba a producir con tan solo 24 horas de diferencia con respecto a la declaración que el extesorero del PP debía prestar como acusado en el juicio de la caja 'b'.

La vista oral también se tuvo que interrumpir debido a que otro de los acusados, el exgerente del PP Cristóbal Páez, se encontraba ingresado en el hospital por neumonía derivada de la covid-19. El juicio se reanudará el próximo 1 de marzo con los interrogatorios de los acusados.

Por otro lado, el juez Manuel García Castellón también le citó a declarar ese mismo día. La defensa de Bárcenas intentó que la citación se aplazara también, pero el titular del Juzgado Central de Instrucción rechazó no tomarle declaración, por lo que aceptó que el extesorero declarara por videoconferencia desde el centro penitenciario de Soto del Real, en el que se encuentra cumpliendo 29 años de prisión por la primera época de Gürtel.

En ese caso, la citación se enmarcó en la denominada 'operación Kitchen', de la que Bárcenas y su familia fueron el objetivo de un espionaje pensado para sustraer toda la información comprometedora para el PP que el extesorero guardaba. El juez García Castellón le citó a declarar en calidad de testigo, ya que se encuentra personado como perjudicado en esta pieza separada 7 del caso 'Tándem'.

En su escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas aseguró que el operativo parapolicial creado en 2013 y sufragado con fondos reservados consiguió arrebatarle "gran parte" de documentación sobre la contabilidad paralela del PP que guardaba en el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias.

Así, en poco más de una semana, el juez instructor y el extesorero del PP se volverán a ver. La citación de mañana tendrá como objeto el caso 'Púnica', en la que, en una de sus piezas, se analiza la contabilidad de los 'populares' madrileños y por la que se encuentran investigados los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el ex gerente Beltrán Gutiérrez.

SOSPECHAS DE USO DE DINERO PÚBLICO PARA LAS NECESIDADES DEL PARTIDO

Sobre este asunto, Anticorrupción sostiene que existió "un plan a través del cual altos cargos de la Administración autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes públicos".

Se da la circunstancia de que el nuevo abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, también defiende a otros implicados en el caso Gürtel que también solicitaron declarar en 'Púnica', la exadministradora de empresas de la Gürtel, Isabel Jordán --que también colabora con la Justicia-- ; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.

Pese a las intenciones de Bárcenas, fuentes jurídicas han señalado que el instructor no tiene grandes expectativas respecto a una aportación sustancial del ex tesorero en este asunto, ya que todo dependerá de que tenga documentación para acreditarla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Pleno del Congreso este miércoles para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta mayo y de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus y paliar sus consecuencias.

Eso sí, el Gobierno ya ha dejado claro este martes que no se plantea acogerse a la posibilidad de levantarlo dos meses antes, el próximo 9 de marzo, porque considera que las circunstancias no lo aconsejan. Se trata de una opción que se incluyó a última hora en el decreto de prórroga del estado de alarma, incluida a petición de varios grupos de la oposición a cambio de su apoyo.

Así lo ha avanzado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, al ser preguntada al respecto. "El instrumento del estado de alarma sigue siendo necesario y el Gobierno siempre dijo que lo iba a mantener todo el tiempo que tuviera necesidad", ha afirmado.

La comparecencia de Sánchez de este miércoles se enmarca también dentro de los compromisos que el Gobierno asumió para sacar adelante esa prórroga, cuando aceptó dar cuenta del estado de alarma y de la evolución de la pandemia cada dos meses. La última vez que acudió al Congreso para cumplir con este cometido fue el 16 de diciembre.

Además de someterse al control parlamentario por el mecanismo extraordinario del estado de alarma, se espera que en ese Pleno el presidente del Gobierno informe también de la gestión de los fondos europeos y de los planes de vacunación.

A este respecto, el presidente ya ha garantizado este martes, durante al sesión de control al Gobierno en el Senado, que mantiene la previsión de que en verano el 70 por ciento de la población española esté vacunada frente al coronavirus, y ha asegurado que las dosis se están administrando en "tiempo récord". Eso sí, Sánchez ha reconocido que "queda mucho trecho por recorrer".

"EL ESTADO DE ALARMA SIGUE SIENDO NECESARIO"

Por ello, la portavoz del Gobierno ha avanzado tras el Consejo de Ministros que descartan por completo estudiar la posibilidad de levantar el estado de alarma para el 9 de marzo, ya que deben seguir estando vigentes las herramientas que este contempla para que las comunidades autónomas sigan luchando contra la pandemia, mediante la limitación de la movilidad o la reducción de los aforos y los participantes en reuniones.

"Seguiremos dotando a las comunidades de las herramientas que les permitan hacer una desescalada ordenada", ha recalcado. "Todavía es necesario el decreto de estado de alarma para una desescalada que se pueda desarrollar de la mejor forma posible y evitar que se produzca una cuarta ola", ha enfatizado.

Así, ha insistido en que "no hay motivos que aconsejen adelantar la finalización del estado de alarma, y menos a fechas tan próximas" como el 9 de marzo, "puesto que la desescada va a ser más larga".

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un aumento de los positivos hasta los 36 casos, 17 más que los conocidos este lunes, y un nuevo fallecido, un varón, de 76 años, de Cáceres.

Con esta muerte, Extremadura acumula desde el inicio de la pandemia un total de 1.686 fallecimientos por coronavirus, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 143 personas, 20 menos que este pasado lunes, 34 de ellas en UCI, dos menos, y se han dado 415 altas, lo que equivale a un acumulado de 66.297.

Por su parte, se ha declarado un brote en Badajoz con cuatro positivos y 12 contactos y se han cerrado los brotes de Rosalejo, de Pueblonuevo de Miramontes, de Mirabel, de La Granja de Granadilla y de Don Benito.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado nueve casos confirmados, tiene 45 pacientes hospitalizados, 15 de ellos en UCI, y ha registrado desde el inicio de la pandemia 303 fallecidos y 19.462 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado siete casos positivos, tiene 24 pacientes ingresados, de los que siete están en UCI, y acumula 452 fallecidos y 11.726 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 13 casos confirmados, tiene 31 personas hospitalizadas, de las que tres están en UCI, y acumula 227 fallecidos y 12.143 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado dos casos positivos, hay 20 pacientes hospitalizados, de los que cinco están en UCI, y acumula 216 víctimas mortales y 8.597 altas.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado un caso positivo, tiene 15 pacientes hospitalizados, de los que cuatro están en UCI, y ha registrado un total de 182 fallecidos y 4.147 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha comunicado un caso positivo, tiene un paciente ingresado y ha registrado 108 fallecidos y 3.257 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado tres casos positivos, tiene seis pacientes ingresados y ha registrado un total de 118 fallecidos y 4.839 altas desde el inicio de la pandemia.

Finalmente, el Área de Salud de Coria no ha registrado casos positivos, tiene en estos momentos un paciente hospitalizado y acumula 80 fallecidos y 2.126 altas.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este martes que el Gobierno acometerá una nueva reforma de la jurisdicción universal para enmendar una regulación que considera "sumamente deficitaria" tras las últimas modificaciones.

"Este Gobierno tiene un compromiso con la ciudadanía para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en materia de jurisdicción universal, y sabe que es un punto de acuerdo entre los dos grupos (parlamentarios) que sustentan al Gobierno. Por tanto, la acometerá, porque este Gobierno cumple sus compromisos", ha dicho Campo en respuesta a una pregunta del senador del PNV Imanol Landa.

Landa ha planteado, durante su intervención en el Pleno del Senado, "si el Gobierno no considera que la jurisdicción universal está muy desvirtuada en su actual regulación (...) y que esta requiere, por tanto, una reforma para adaptarla a un modelo más congruente con su propia naturaleza y razón de ser".

El senador vasco ha denunciado que las reformas llevadas a cabo en 2009 y 2014 han supuesto "una merma considerable" de la jurisdicción universal, "hasta llevarla a su mínima expresión", obligando a cerrar diversas causas. En su opinión, "ha llegado el momento de abrir de nuevo esa ventana a la esperanza de una justicia global que evite impunidades ante tamaños delitos".

DISTINTAS "SENSIBILIDADES"

Campo se ha mostrado "completamente de acuerdo" con Landa en que "la regulación actual es sumamente deficitaria", si bien ha querido recalcar que "es muy difícil una reforma de la jurisdicción universal que pudiera dar cabida a todas las sensibilidades al respecto".

El ministro de Justicia ha señalado como "misión básica" de la jurisdicción universal "la protección de los derechos fundamentales, los derechos naturales constitucionalizados, y la persecución del delito conforme a las pautas que marca el Derecho Internacional". "Y en esto estamos", ha aseverado.

Además, ha aprovechado para hacer hincapié en "la enorme productividad legislativa" del Gobierno y, en particular, en la acción de su Ministerio que --ha afirmado-- también permiten la protección de la ciudadanía facilitando que pueda ejercer sus derechos. En este sentido, ha mencionado el programa 2030 para modernizar la administración de justicia.

"Creo que la reforma del artículo 23 (de la LOPJ) culmina este abanico de protección en el que nos hallamos inmersos", ha declarado, al tiempo que ha tendido la mando a los grupos parlamentarios para abordar esta modificación legal. "La defensa de los derechos fundamentales es tarea de todos", ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de un posible pacto entre ERC y JxCat para el próximo Ejecutivo catalán asegurando que este acuerdo sería "reeditar un Gobierno fallido", en relación a la anterior coalición gubernamental que acabó con el expresidente de la Generalitat catalana Quim Torra inhabilitado y con la convocatoria de las elecciones.

Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, tras ser interpelado por la única senadora de Unidas Podemos, Sara Vilà, por el futuro de Cataluña tras los comicios del pasado 14 de marzo.

A este respecto, Sánchez ha respondido a los reproches de la senadora de los comunes por la fecha de las elecciones en mitad de la tercera ola y ha recordado que los comicios se convocaron por la "imposibilidad" de un acuerdo entre ERC y JxCAT. "Me parece poco razonable tratar de reeditar esa fórmula de Gobierno", ha puntualizado.

Por ello, ha vuelto a apostar por exportar al Ejecutivo catalán la coalición gubernamental de socialistas y Unidas Podemos, que ya está en el Gobierno central, aunque ha reconocido la dificultad de este pacto dados los números de escaños de ambos partidos.

Eso sí, Sánchez ha recalcado su disposición al "diálogo y al reencuentro" entre el Gobierno central y el Ejecutivo catalán que salga de las negociaciones, del que ha dicho que respetará su legitimidad: "Permaneceremos atentos y vamos a tender la mano a ese diálogo".

RECURRIR A LA DUI

Durante su intervención en el Senado, Sánchez también ha recriminado a los partidos soberanistas que "saquen a pasear" la declaración unilateral de independencia de Cataluña durante las negociaciones para el próximo Ejecutivo catalán.

"No se ha aprendido nada, el planteamiento es seguir dividiendo", ha censurado el jefe del Ejecutivo, que ha defendido la posición del Gobierno en el conflicto catalán y ha vuelto a insistir en el diálogo con Cataluña.

Eso sí, ha pedido al bloque independentista que se "siente" con la gente que no ha votado a favor de los partidos soberanistas porque, según ha dicho, "sería muy importante" que el nuevo Govern de Cataluña "hablara" con la otra parte de catalanes.

Sánchez ha visitado este martes al Senado y se ha sometido a una pregunta de su socio gubernamental, la senadora de los comunes, Sara Vilà, que ha planteado durante su discurso la solución de su grupo para Cataluña.

En este contexto, la parlamentaria de Unidas Podemos ha pedido al Ejecutivo central agilizar el indulto de los presos independentistas y la reforma del delito de sedición y ha vuelto a reclamar a ERC que apoye el tripartido junto al PSC.

Los Morancos, formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, han recibido "sorprendidísimos y contentísimos" la concesión, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con motivo del 28F, de la Medalla de Andalucía de las Artes.

"Es un orgullo grande para nosotros", ha señalado César Cadaval, quien ha añadido que están "encantados de que nos den este reconocimiento porque creo que hemos llevado el nombre de Andalucía por todas partes durante 41 años que llevamos sobre los escenarios. No hemos perdido nunca nuestro sello de identidad, y nuestro sello de identidad es Andalucía, por eso estamos orgullosísimos de que nos hayan dado esta medalla".

Cadaval ha señalado que "pese a que tienen un calendario apretado", están en el Teatro Alcalá en Madrid, participarán en el acto que se desarrollará el próximo domingo 28 de febrero, Día de Andalucía, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. "Encantado de que esté apretado", ha señalado, al tiempo que ha dado las "gracias" a todos los andaluces.

Nacidos en el popular barrio sevillano de Triana, los hermanos César y Jorge Cadaval adoptaron el nombre artístico de Los Morancos tras un número que titularon 'Los Morancos de Triana'. Después de un tiempo realizando actuaciones populares en Andalucía, aparecieron por primera vez en televisión, como secundarios, en el concurso 'Un, dos, tres*' en febrero de 1984, aunque su salto a la fama nacional llegó unos meses más tarde en la gala de Nochevieja de TVE 'Viva 85', con una parodia de flamenco en inglés. Tal fue el éxito de su actuación que, a partir de entonces, se consideran una importante aportación al panorama humorístico nacional.

Los Morancos se hicieron fijos en el concurso 'Un, dos, tres...', donde sus caricaturas de personajes famosos se hicieron muy famosas.Tras ello, participaron en otros programas de entretenimiento e incluso en el año 1992 se aventuraron en el cine y realizaron la película 'Sevilla Connection', donde también participaron como guionistas.

En 1993 firmaron un contrato con TVE para realizar diferentes programas y especiales que siempre han cosechado un gran éxito de audiencia. La serie 'Entre Morancos y Omaítas', en 1997, les deparó, asimismo, una gran popularidad y dio a dos de sus personajes más populares una fama nacional que aún perdura.

De hecho, el año 2000 lo estrenaron parodiándolos por toda España, una gira que compaginaron colaborando en el programa 'Protagonistas', de Luis del Olmo. Hasta 2014 colaboraron también, de manera esporádica, en el programa de radio 'Así son las mañanas' de Ernesto Sáenz de Buruaga.

Sus programas semanales siempre estuvieron en un horario 'prime time', convirtiéndose en familiares, repetitivos y cotidianos en las televisiones de España.

Sus actuaciones en teatros también han sido numerosas. Profetas en su tierra, en las navidades de 1999 y 2000 realizaron varias actuaciones en el Teatro Imperial de Sevilla, en las que llenaron el aforo en su totalidad.

En los últimos años, su particular versión de la canción de la banda moldava OZone 'Dragostea din tei' se hizo famosa en muchos países de Hispanoamérica, en particular en Venezuela, Ecuador, México, Perú, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Cuba, República Dominicana Chile y Colombia.

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a doce años de prisión a un varón por agredir sexualmente a una menor de edad de 15 años en un domicilio de la ciudad en diciembre de 2019, según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Asimismo, se le impone la prohibición de aproximarse a la menor a menos de 500 metros, prohibición de comunicarse con la víctima durante 20 años, así como inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por tiempo de 15 años. Además, deberá indemnizar a la menor con 12.000 euros y asumir las costas del procedimiento.

La sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León incide en que el autor de los hechos, que tenía 25 años en el momento de la agresión, era conocedor en todo momento de la edad de la víctima, 15 años, y además forzó a la chica a mantener relaciones sirviéndose de su fuerza, haciendo caso omiso a sus indicaciones de que parara.

Asimismo, la sentencia recoge que la menor no denunció al agresor con ánimo de venganza, sino que lo hizo a raíz de hablar con una educadora.

HECHOS PROBADOS

Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2019 tras iniciar ambos, que en aquel momento no se conocían de nada, una conversación en la calle, en la que la menor la manifestó que tenía 15 años. El acusado, al conocer su edad, y tras besarse en la calle con la menor, instó a la joven a ir al domicilio que compartía con su tía.

La menor accedió y una vez en la habitación del acusado, "siendo plenamente conocedor de la edad de y con ánimo de satisfacer sus impulsos sexuales, procedió, en un momento dado, a iniciar relaciones sexuales con la menor", como se desprende de la sentencia.

La joven le pidió en todo momento que parara ya que le estaba haciendo daño, pero el acusado, sirviéndose de su fuerza, hizo caso omiso. Por estos hechos la menor presentaba un eritema y edema a nivel de la parte posterior del introito vulvar, compatible con roce o manipulación de dicha zona.

Según informe psicológico, la menor, por estos hechos y unido a su trayectoria de vida, presenta sentimientos de culpa, de estigmatización y de vergüenza, con reacciones ansiosas depresivas e intentos autolíticos y desbordamiento emocional intenso.

El Juzgado de Instrucción n° 1 de Soria, por auto de fecha 14 de diciembre de 2019, acordó la prisión provisional comunicada y eludible bajo fianza del procesado, y en fecha 20 de diciembre de 2019 por el mismo juzgado se acordó la prisión provisional del procesado comunicada y sin fianza.

Por Resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de fecha 13 de febrero de 2020 se declaró a la menor en desamparo, se asumió su tutela y fue dada de alta en acogimiento residencia en el Hogar de de Soria.

La joven, por resolución de fecha de 1 de octubre de 2020 de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, fue trasladada a otro centro dentro de la Comunidad autónoma de Castilla y León.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 163 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Ciudad Real ha registrado 45 casos, Guadalajara 39, Toledo 38, Albacete 28 y Cuenca 13.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 169.908. Por provincias, Toledo registra 61.606 casos, Ciudad Real 42.406, Albacete 27.562, Guadalajara 20.454 y Cuenca 17.880, ha informado la Junta en nota de prensa.

El número de hospitalizados por COVID-19 en cama convencional son 359. Por provincias, Toledo tiene 146 de estos pacientes (117 en el Hospital de Toledo y 29 en el Hospital de Talavera de la Reina), Guadalajara 77 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Ciudad Real 63 (22 en el Hospital de Ciudad Real, 21 en el Hospital Mancha Centro, 10 en el Hospital de Valdepeñas, 6 en el Hospital de Tomelloso, 2 en el Hospital de Puertollano y 2 en el Hospital de Manzanares), Albacete 58 (34 en el Hospital de Albacete, 9 en el Hospital de Hellín, 8 en el Hospital de Villarrobledo y 7 en el Hospital de Almansa) y Cuenca 15 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 143. Por provincias, Toledo tiene 57 de estos pacientes, Ciudad Real 40, Guadalajara 21, Albacete 18 y Cuenca 7.

En las últimas 24 horas se han registrado 13 fallecidos por coronavirus, 7 en la provincia de Toledo, 4 en la provincia de Ciudad Real y 2 en la provincia de Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 5.640. Por provincias, Toledo acumula 2.038 fallecidos por COVID-19, Ciudad Real 1.649, Albacete 859, Guadalajara 572 y Cuenca 522.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 24 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen algún caso confirmado de positivo por coronavirus.

De los 24 centros, 11 están en la provincia de Toledo, 6 en Guadalajara, 2 en Albacete, 4 en Ciudad Real y 1 en Cuenca.

Los residentes con caso confirmado son 41 y los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.019.

Canarias ha registrado 189 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de acumulados en las islas es ya de 39.840, mientras que los fallecidos alcanzan los 578 tras la muerte de dos personas que tenían patologías previas --un hombre, de 64 años, en Gran Canaria, y una mujer, de 84 años, en Tenerife, asociada a un brote familiar--, según los datos de la Consejería regional de Sanidad.

De este modo, del total de casos acumulados, 6.063 se encuentran activos (-85), de los que 86 están ingresados en UCI (+1), 281 permanecen hospitalizados (-10), mientras que 5.696 se encuentran aislados en sus domicilios. Además 33.199 personas han superado la enfermedad en el archipiélago.

En cuanto a la Incidencia Acumulada(IA) a los 7 días en Canarias se sitúa en 51,04 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 109,97 casos por 100.000 habitantes. Asimismo, hasta el momento se han realizado 857.885 pruebas PCR en las islas, de las que 44.896 fueron positivas, lo que supone un 5,23 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 74 casos, lo que eleva el acumulado a 16.692, de los que 2.249 se encuentran activos epidemiológicamente (+5), 338 fallecieron (+1) y 14.105 obtuvieron el alta médica; mientras que Gran Canaria acumula 16.332 casos al sumar 90 y los activos son 3.341 (-75), 184 murieron (+1) y 12.807 superaron la enfermedad.

Lanzarote, por su parte, suma 12 nuevos casos y acumula 4.364, de los que 285 están activos (-23), 38 murieron y 4.041 recibieron el alta médica; mientras que Fuerteventura acumula 1.577 casos (+11), de los que 152 están activos, ocho no pudieron superar la enfermedad y 1.417 se curaron.

Asimismo, La Palma no suma nuevos casos y acumula 383, de los que 15 están activos (-2), seis murieron y 362 se curaron; El Hierro suma dos nuevos casos, por lo que acumula 283, de los que mantiene activos 19, mientras que cuatro fallecieron y 260 recibieron el alta.

Finalmente, La Gomera se mantiene en los 209 acumulados al no registrar nuevos contagios y sus activos son dos. Es la única isla que no ha tenido que lamentar óbito alguno durante la crisis del coronavirus.

BROTE EN RESIDENCIA

Por último, en lo que se refiere al brote de coronavirus detectado a principios de febrero en una residencia de mayores de Gran Canaria, la Consejería de Sanidad informa de que este sábado, 20 de febrero, se realizó un nuevo cribado en la planta afectada.

Tras las pruebas realizadas a 52 residentes y 54 trabajadores solo se ha detectado un positivo en un trabajador, que actualmente se encuentra en aislamiento según el protocolo establecido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno sigue manteniendo la previsión de que en verano el 70 por ciento de la población española esté vacunada frente al coronavirus, y ha asegurado que las dosis se están administrando en "tiempo récord".

Sánchez se ha pronunciado así en el pleno del senado a una pregunta formulada por el senador del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Tomás Marcos Arias, quien le ha pedido que informe sobre la evolución del plan de vacunación contra el Covid-19 aprobado en España, así como las gestiones que está realizando el Gobierno en la Unión Europea para garantizar la llegada de vacunas a España.

Y es que, tal y como ha lamentado el senador de Ciudadanos, en España hay 17 estrategias de vacunación distintas y cada comunidad autónoma tiene una velocidad diferente a la hora de administrar las vacunas que reciben. "Tenemos 17 estrategias diferentes de vacunación, pero en la sociedad sólo existe la sensación de que la vacuna avanza a trompicones, sin una estrategia común y sin ninguna equidad", ha reprochado a Sánchez.

Ante esto, el presidente del Gobierno ha recordado que el plan de vacunación se ha elaborado junto a las comunidades autónomas, en un escenario de cogobernanza, y ha aseverado que se está aplicando con "absoluta equidad" tanto en España como en Europa. Además, ha destacado que es el cuarto país de la Unión Europea en número de dosis administradas y el sexto con mayor porcentaje de población inmunizada.

"Es cierto que nos queda mucho trecho por recorrer, pero en tiempo récord se ha producido un despliegue extraordinario de la estrategia de vacunación. Por tanto, mantenemos el objetivo de que en verano el 70 por ciento de la población esté vacunada y, en consecuencia, hayamos superado esta maldita pandemia", ha enfatizado Sánchez.

Dicho esto, el presidente del Gobierno ha reiterado que las primeras personas en recibir la vacuna han sido las personas mayores y los profesionales sanitarios y ha pedido a los grupos parlamentarios "unidad" para frenar la pandemia.

Finalmente, y respecto a los políticos que se han administrado la vacuna sin pertenecer a un grupo prioritario, Sánchez ha asegurado haberse "entristecido" al verlo y sentir "mucha rabia". "Más allá de que hayan sido de uno u otro partido, arroja una visión muy distorsionada de lo que representa la política, porque ha sido la política, especialmente desde Europa, la que ha hecho que en tiempo récord podamos tener una vacuna", ha zanjado.

El PP en el Ayuntamiento de Valencia ha criticado este martes que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís) "no rectifica" los "ataques a la Policía" a partir de las movilizaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, mientras que el grupo municipal de Cs ha considerado que el "radicalismo" del primer edil "hace imposible que pueda gobernar como merece la tercera ciudad de España".

PP y Cs se han pronunciado de este modo, en sendos comunicados, tras la Junta de Portavoces celebrada esta jornada en el consistorio. La portavoz 'popular', María José Catalá, ha pedido en este encuentro que Ribó rectificara las declaraciones en las que, según ha dicho, "atacaba a la Policía Nacional y apoyaba las manifestaciones que provocaron disturbios en las calles de la ciudad".

Coincidiendo con estas movilizaciones por la entrada en prisión de Hasél y a raíz de los incidentes, el alcalde lanzó la pasada semana un tuit en el que aseguró que la actuación de la Policía "debe ser proporcionada a la situación" y exponía que "una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad" sino que "aumenta la crispación social de forma gratuita".

Tras la Junta de Portavoces de este martes, Catalá ha explicado que Ribó se ha negado a rectificar y que ha dicho que lo explicará en el pleno del Ayuntamiento, previsto para el próximo jueves y en el que se debatirá una moción del PP en "apoyo a la Policía Nacional" y como "reprobación del alcalde por sus declaraciones en contra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El grupo municipal del PP ha señalado que su portavoz "espera contar con el apoyo de todos los grupos municipales" a esta moción, "especialmente, del PSOE que es quien dirige a través de la Delegación del Gobierno la actuación de la Policía".

La iniciativa 'popular' pide "condenar los actos violentos que han provocado grupos de manifestantes en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, durante las protestas convocadas para exigir la libertad del delincuente Pablo Hasél".

Asimismo, en esta moción se reclama "reprobar al alcalde de València por sus críticas a la Policía Nacional" y se plantea "instar a todas las formaciones políticas con representación" en el hemiciclo municipal "a mostrar su apoyo y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado como garantes de la seguridad pública" del país.

La propuesta del PP solicita también "condenar todo tipo de manifestación que incite al odio o a la violencia como las letras de las canciones del rapero Hasél, en las que se enaltece a organizaciones terroristas como ETA, el Grapo, Terra Lliure o AlQaeda".

Los 'populares' instarán además a "mostrar el rechazo a las peticiones de indultos para personas condenadas por enaltecimiento de terrorismo", así como "respetar las sentencias judiciales y la separación de poderes de nuestro país" y "reiterar el compromiso de este Ayuntamiento con la calidad democrática de este país y con los valores que propugna nuestro estado social y democrático de derecho".

Por su parte, el portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, ha manifestado que "el radicalismo de Ribó hace imposible que pueda gobernar València como merece la tercera ciudad de España".

"Antes teníamos una Junta de Portavoces semanal para que el alcalde nos explicara la situación del coronavirus y ahora ha vuelto a ser una reunión mensual porque Ribó dice que en otras comisiones se dan las explicaciones oportunas", ha comentado.

A su vez, ha criticado que "en la Junta de Portavoces, cuando se le hace alguna pregunta al alcalde, como por ejemplo sus manifestaciones sobre la Policía o la violencia callejera, dice que contestará en el pleno". Giner ha agregado que no se entiende que "Ribó se mantenga en sus críticas a la Policía".

"Todos sus comportamientos dejan ver que no es el alcalde de todos los valencianos, que sólo gobierna para sus votantes. Eso es muy lamentable y muy injusto y, mucho más, cuando estamos inmersos en una profunda crisis sanitaria y económica. El alcalde debería ser quien uniera y diera soluciones a los valencianos, no quien crispara más", ha declarado.

"ESQUIVAR TODOS LOS ASUNTOS"

"Si se le pregunta si tiene algo pensado para los autónomos, la hostelería, los gimnasios o el ocio nocturno, ahora que parece que se van a flexibilizar las restricciones --decretadas para frenar la expansión de la Covid-19--, también responde que lo dirá en la comisión oportuna", ha agregado Fernando Giner.

El responsable de Cs ha lamentado que Joan Ribó "no hace más que esquivar todos los asuntos". "No hace nada por compartir la información. Cada vez está más encerrado en sí mismo, en su radicalismo. Se nos hace muy difícil comprender cómo se puede gobernar así una ciudad como Valencia, que es la tercera ciudad de España", ha insistido.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este martes la "estabilidad" del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, más allá de las "diferencias" puntuales que pueda haber en algunos temas, tal y como se ha referido a los enfrentamientos abiertos en la coalición sobre la ley de vivienda o la ley Trans, que han elevado la tensión entre los socios en los últimos días.

Es más, Montero ha subrayado que las discusiones dentro del Consejo de Ministros entre los responsables de diferentes carteras también se producen en los gobiernos formados por un solo partido, como ha asegurado que sucedía en el Gabinete de Mariano Rajoy.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez es "estable", "firme" y "plenamente comprometido" con el programa acordado para la investidura. "Estabilidad y firmeza en todos los planteamientos que componían la hoja de ruta", ha asegurado.

Según ha defendido, esta labor queda plasmada en las iniciativas y leyes que saca adelante el Ejecutivo, como los Presupuestos Generales del Estado, el Ingreso Mínimo Vital o las medidas sociales adoptadas durante la pandemia.

RECHAZA QUE SE PONGA EL ACENTO EN LOS "MATICES"

"Parece que se pone más el acento en las diferencias o matices que en lo nuclear que vertebra al Gobierno", ha apuntado recordando que el Ejecutivo está formado por dos partidos distintos que pueden tener "matices" o una posición "diferente" en algunas materias.

Montero ha defendido así la normalidad de esta situación y ha apuntado que se producen situaciones similares en otros gobiernos de coalición en comunidades autónomas o ayuntamientos. E incluso en Ejecutivos "monocolor" como el de Mariano Rajoy donde había "miles de ejemplos" de diferencias entre ministros, ha destacado.

"Nos une el proyecto común para que ninguna persona ni empresa se quede atrás. Corren ríos de tinta sobre esta cuestión cuando el trabajo cotidiano, la tarea, es fluida y está permitiendo avanzar en muchos derechos", ha garantizado.

Preguntada sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tienen previsto reunirse para tratar de reconducir los enfrentamientos de los últimos días, Montero ha asegurado que ambos tienen una "relación fluida" y "hablan a menudo", por lo que "sería difícil decir un día y una hora" para un encuentro forma.

La portavoz también ha restado peso a las discrepancias que se han incrementado ahora en la negociación de la futura ley de vivienda, ante las reticencias del PSOE para intervenir el mercado del alquiler y regular los precios para evitar subidas abusivas, como defiende Unidas Podemos, en línea con lo que se plasmó en el acuerdo programático de gobierno.

Según Montero, no se plantean el escenario de sacar la ley sin en acuerdo entre los dos socios, y se ha mostrado convencida en que pronto podrán llevarla al Congreso, porque todos están de acuerdo con el objetivo que debe tener esa norma, que es garantizar la función social de la vivienda y hacerla más accesible.

Además, ha garantizado que se va a cumplir ese acuerdo de gobierno que firmaron Sánchez e Iglesias hace un año para conformar la coalición, tras ser preguntada por las declaraciones del líder de Unidas Podemos, avisando de que lo que "tensiona" el Ejecutivo es no cumplir ese pacto.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha reiterado este martes el compromiso del Gobierno con la defensa y promoción de los Derechos Humanos y su rechazo rotundo a la pena de muerte, al tiempo que ha reivindicado la independencia de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Así se ha expresado durante su intervención ante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que España fue estado miembro hasta el pasado diciembre y al que el Gobierno tiene intención de volver para el trienio 2025-27, según ha adelantado la ministra, que ha confiado en que la candidatura española suscite "el apoyo más amplio posible".

Tras reivindicar el multilateralismo y el deseo de España de ser "referente de política exterior feminista y de defensa y promoción de la diversidad", González Laya ha indicado que el Gobierno trabajará "para proteger los Derechos Humanos de las personas más vulnerables" así como en hacer frente "al racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia".

"Promoveremos la igualdad de género y los derechos LGTBI, así como la defensa de los derechos de las personas con discapacidades", prestando especial atención, ha añadido, en la "lucha contra la trata de personas, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres y niñas" y a proteger los derechos fundamentales "frente a la incidencia negativa del cambio climático".

Además, ha añadido, "España seguirá firmemente comprometida con la protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos y la promoción de su legítima labor como agente de cambio positivo para lograr sociedades inclusivas, basadas en el respeto al Estado de derecho y a los principios y valores democráticos".

ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

González Laya ha recordado que "España ha venido abogando por la abolición universal de la pena de muerte en todos los países y como paso intermedio por el establecimiento de moratorias" ya que "albergamos serias dudas sobre el eventual elemento disuasorio de esta medida".

Por último, ha dejado claro que para el Gobierno "la independencia" de la oficina que encabeza Bachelet "debe ser en todo momento respetada y respaldada", al tiempo que ha recordado que "su capacidad de acción depende de la disponibilidad de recursos regulares suficientes para desempeñar los mandatos recibidos".

En este sentido, ha hecho saber a la jefa de Derechos Humanos de la ONU que podrá contar con el apoyo de España en ambos aspectos y ha hecho "un llamamiento a otros estados para que se sumen también en este empeño".

"El respeto a los Derechos Humanos es precisamente lo que nos hace humanidad", ha recalcado la ministra de Exteriores, asegurando que "España seguirá contribuyendo desde este foro en la medida de sus posibilidades al respeto, a la promoción y a la protección de los Derechos Humanos en el mundo".

Andalucía ha registrado este martes 23 de febrero 634 casos por coronavirus, menos que los contabilizados este lunes (650) y que hace siete días (972), según datos publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 100 muertos en las últimas 24 horas, mayor cifra diaria desde el pasado martes 16, cuando se sumaron 113.

Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este lunes a 259,0 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 20,4 menos que la contabilizada este lunes (279,4) y 192,1 menos que el martes pasado (451,1).

Los fallecidos de este martes suponen un repunte en este aspecto, pues si bien hace dos semanas se registraron más de un centenar durante cinco días seguidos, los 100 de hoy son el dato más alto desde el pasado martes día 16. Posteriormente se sumaron 77 el miércoles, 83 el jueves, 69 el viernes, 46 el sábado, 39 el domingo y once este lunes día 22.

Sevilla es esta jornada la provincia que más muertes suma con 28, seguida de Cádiz con 20, Málaga con 14, Jaén con diez, Córdoba con nueve, Granada con ocho, Almería con siete y Huelva con cuatro.

Si se toma como muestra los datos de los últimos martes, se observa el descenso de la tercera ola este mes, ya que se sumaron 3.795 el martes 2 de febrero, 1.997 el día 9, 972 el día 15 y 634 ahora día 23.

Esta jornada, Málaga es la provincia que más casos suma con 194, seguida de Sevilla con 149, Cádiz con 148, Almería con 106, Granada con 79, Jaén con 40, Córdoba con ningún contagio y Huelva que ha restado 82 por una "revisión de calidad" y actualización de datos totales.

REPUNTE EN LOS HOSPITALIZADOS

Andalucía registra este martes 2.352 personas hospitalizadas por covid-19, 14 más que el día anterior y que supone un repunte que no hubo el mismo día de la semana pasada, cuando se redujo la cifra en nueve personas, de los cuales 564 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los mismos que el lunes y 100 menos que el martes pasado.

Por provincias, Málaga continúa como la provincia con más hospitalizados con 494 y 84 de ellos en UCI, seguida por Cádiz con 388 y 92 en UCI; Granada con 379 y 99 en UCI; Sevilla, con 377 y 92 en UCI; Almería, con 244 y 76 en UCI; Córdoba, con 185 y 59 en UCI; Jaén, con 178 y 35 en UCI, y Huelva, con 107 y 27 en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 469.696 casos confirmados --634 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 8.199 muertes tras sumar once. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 37.047, 219 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 3.617, tras sumar 45 en la última jornada, y el número de curados es de 311.316 después de sumar 2.239.

El dato total de los positivos en la provincia de Huelva ha disminuido en 82 positivos debido a una "revisión de calidad", según la Junta, y actualización de datos. Por ello, se ha visto afectada también la cifra total de los positivos de Andalucía, que asciende a 469.696, y la de los positivos detectados este martes, que son 634.

HUELVA SOLO SUMA TRES CASOS

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 8.099 fallecidos desde el inicio de la pandemia --100 más--, Sevilla, con 1.642 --28 más--, se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.440 --ocho más--, Málaga con 1.349 --14 más--; Cádiz con 1.198 --20 más--, Jaén con 850 --diez más--, Córdoba con 829 --nueve más--; Almería con 617 --siete más-- y Huelva con 274 --cuatro más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 469.696 desde el inicio de la pandemia --634 más--, liderados por Sevilla con 98.784 casos --149 más--, seguida de Málaga con 82.971 --194 más--, Granada con 67.835 casos --79 más--, Cádiz con 69.341 --148 más--, Almería con 44.063 --106 más--, Córdoba con 42.592, Jaén con 39.849 --40 más-- y Huelva con 24.261 --82 menos--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 37.047 --219 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 8.024 --32 más--, seguida por Málaga con 6.835 --65 más--; Granada con 5.681 --30 más--; Jaén con 3.782 --14 más--, Córdoba con 3.625 --15 más--; Cádiz con 4.706 --once más--; Almería con 2.763 --39 más--, y Huelva con 1.631 --30 más--.

De ellos, 3.617 han pasado por la UCI en Andalucía --45 más en 24 horas--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 738 --siete más--, seguida de Granada con 620 --cuatro más--; Málaga con 575 --19 más--; Córdoba con 431 --uno más--; Cádiz con 399 --tres más--; Almería con 430 --siete más--; Jaén con 335 --uno más-- y Huelva con 89 --tres más--.

ALMERÍA, LA QUE PEOR ESTÁ

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 311.316 en toda la región, 2.239 más que en la víspera, con Sevilla a la cabeza con 67.002 --259 más--, seguida de Granada con 49.646 --113 más--; Málaga con 52.020 --718 más--; Cádiz con 39.248 --414 más--; Jaén con 30.303 --226 más--; Córdoba con 29.426 --262 más--; Almería con 29.541 --214 más-- y Huelva con 14.130 --33 más--.

Por su parte, según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 259,0 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 367,3. Detrás se sitúan Cádiz con 317,8; Málaga con 269,1; Granada con 254,9; Sevilla con 245,2; Jaén con 197,2, Huelva con 192,1; y Córdoba con 176,5.

La Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac) ha valorado este martes la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental, concedida por la Junta, porque "no se puede entender el medio ambiente sin el valioso trabajo de la mujer" y este galardón lo visibiliza.

"La verdad es que estamos muy emocionadas. No conocemos mejor forma de expresar lo que sentimos que dando las gracias en mayúscula", ha declarado la presidenta de la asociación, Esperanza Sitz, que ha expuesto que esta medalla "ha puesto la guinda" al trabajo que hacen las mujeres, "las visibles e invisibles".

Ansemac coordina, representa, fomenta y defiende los intereses generales del tejido empresarial femenino que trabaja en el ámbito medioambiental en la comunidad autónoma. Constituida en 2016, es una organización sin ánimo de lucro que apuesta por la transformación de la realidad económica y social en la que desarrollan sus actividades estas empresarias. Su presidenta, Esperanza Fitz, es también directora ejecutiva de Alguas.

La asociación integra a autónomas que realizan su trabajo en el sector del medio ambiente, en concreto en las áreas de la consultoría medioambiental, energías renovables y eficiencia energética, gestión y aprovechamiento de residuos, RSC y desarrollo sostenible, educación ambiental e I+D+i, cambio climático, ingeniería y construcción, y empresas de saneamiento y abastecimiento- ciclo integral del agua.

Dentro de su actividad, la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente fomenta el crecimiento y la consolidación de las actividades empresariales lideradas y gestionadas por autónomas y promueve la creación de empresas de mujeres y el autoempleo femenino.

Igualmente, impulsa la incorporación y el acceso de las autónomas a los órganos de asesoramiento, consultivos y de participación institucional, además de colaborar con aquellas instituciones y organismos públicos y privados que potencien la participación de las autónomas en cargos de responsabilidad o de decisión en cualquier ámbito organizativo.

Ansemac tiene también entre sus fines la promoción de la sostenibilidad económica y ambiental y el ejercicio de la responsabilidad social empresarial de la cultura preventiva de riesgos laborales. Su acción se dirige, igualmente, a propiciar el desarrollo económico de Andalucía como medio de lograr una situación social más justa y la defensa del sistema de empresa privada.

La asociación mantiene una colaboración fluida con instituciones, organismos, administraciones públicas y agentes sociales y económicos. Es miembro de pleno derecho de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME) y, a través de esta organización regional, está representada en los órganos de gobierno de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). En la actualidad, participa en la patronal andaluza en el Consejo Empresarial de Medio Ambiente, Biodiversidad y Agua, Comisión de Medio Ambiente y Comisión del Sector de Agua y Biodiversidad.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza este martes un total de 28 centros sociosanitarios con algún caso positivo en Covid-19 entre sus usuarios, que son 41 menos --un 59,4% menos-- que los 69 a los que ascendía esa cifra hace una semana, el pasado 16 de febrero, y en los que residen 90 afectados del coronavirus.

Así se desprende del informe sobre el estado de los centros sociosanitarios en Andalucía ante el coronavirus que ha dado a conocer este martes la Consejería de Salud y Familias al Consejo de Gobierno, que detalla que, en la actualidad, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía, de los que 28 presentan algún caso positivo en residentes, lo que supone el 2,5% del total, de forma que el 97,5% restante no tiene usuarios con Covid-19.

Por su parte, otras 45 residencias --frente a las 60 de hace una semana-- contabilizan casos sólo en trabajadores, por lo que los residentes no se han visto afectados y las plantillas han podido seraisladas. En concreto, se contabilizan en las residencias de mayores 90 residentes positivos, de los que 17 se encuentran ingresados, y 89 trabajadores confirmados, según ha detallado la Junta en la referencia del Consejo de Gobierno.

En lo que respecta a la realización de pruebas, desde abril y hasta la fecha se han realizado 713.468 test a residentes y trabajadores, dando un total de 11.121 positivos. Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al 20% de todas las residencias, además del testeo completo en las que hay un positivo; en concreto, 103.317 a residentes y 341.032 a trabajadores. En total, 444.349 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

La Junta ha insistido una semana más en que, desde que comenzó el estado de alarma hasta la actualidad, se intensificó el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.

CENTROS MEDICALIZADOS

En la actualidad, se encuentran medicalizadas la residencia Cortijo El Limonero de Pechina (Almería) y, en la provincia de Cádiz, las residencias Nuestra Señora de Los Barrios, Aura de Benalup, la Novo Sancti Petri de Chiclana de la Frontera, la Residencia Cruz Roja de San Fernando y la residencia La Torre de El Puerto de Santa María.

Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación, que son el Centro Residencial El Zapillo de Almería, el Hospital San Carlos de Cádiz, el HARE de Vejer (Cádiz), Doctor Oloriz (Granada), Hospital Vithas Sevilla, Hospital Civil de Málaga, Doctor Sagaz (Jaén), el HARE de Lebrija (Sevilla), la Asociación Frater de Huelva y el Hotel Pirula de Écija (Sevilla).

Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de calificación provisional ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, por el caso Alquería.

La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV).

El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra --antigua Imelsa-- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís. Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados, que sí mantiene la otra acusación.

APERTURA JUICIO ORAL

Además de la calificación fiscal, este martes ha trascendido que el juez instructor del caso ha abierto juicio oral ante la Audiencia de Valencia contra a Rodríguez y los otros 14 acusados en un auto en el requiere el pago de fianzas para cubrir posibles responsabilidades civiles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Las fianzas corresponden a la suma de los salarios recibidos por los contratados como alta dirección --ocho-- más la indemnización por despido en algunos casos, cantidades de las que deberán responder solidariamente los principales acusados. El instructor da diez días a las defensas para que presenten sus escritos.

SISTEMA "INÚTIL E INEFICAZ"

Sobre Rodríguez, Reguart, Brines y Tiller, el fiscal considera que fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de gestión, costoso para la empresa pública e "inútil e ineficaz" para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba, para favorecer a personas afines tanto al PSPV como a Compromís, en perjuicio de correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública.

Así, se nombró como personal de alta dirección a siete personas sin sujetarse a los principios de capacidad, mérito y transparencia, en áreas sin contenido efectivo, y "sabedores" de que los nombramientos iban únicamente a suponer coste salarial para la empresa pública, y obviando las funciones del consejo de administración. En esta línea, sostiene que con una política de "claro desprecio al patrimonio público" y en plena crisis económica, hicieron "caso omiso" a la legislación para evitar el descontrol en las empresas públicas.

En cuanto a Gallego, sostiene el fiscal que asistía a los consejos de administración pese a carecer de competencias, y llegó a hacer callar y a insultar al auditor interno. Asimismo, señala que Rodríguez conocía la ilegalidad de los contratos y buscando "torticeramente" una cobertura jurídica, el pleno clasificó a Divalterra en el Grupo I de la administración, para determinar el número máximo de directivos y la retribución y duplicar la necesidad de financiación pública.

En esta línea, apunta que ocultaron los informes jurídicos desfavorables a esos contratos a los miembros del consejo de administración y crearon un órgano de dirección paralelo para controlar a la empresa pública. Rodríguez también nombró al acusado Jorge Cuerda, letrado asesor y funcionario, para asistirle en las tareas encomendadas en relación con las entidades instrumentales y ejercer el control en la sociedad --de la que acabó siendo secretario del consejo de administración--.

PERJUICIO PARA LAS ARCAS PÚBLICAS

En noviembre de 2017 se nombró a Xavier Simón como nuevo gerente, que había sido asesor de Rodríguez, y en una nueva sesión en enero se formalizaron dos nuevas contrataciones de alta dirección, también con informes en contra, y con un "indudable perjuicio" para las arcas públicas de todas estas contrataciones, que el fiscal cifra en 1.122.085 euros.

El fiscal, como responsabilidad civil, pide a Rodríguez, Gallego, Reguart y Brines que indemnicen conjunta y solidariamente a Divalterra con 1.009.000 euros, y a Tiller con 1.001.000; con 8.200 euros a Cuerda y Simón; mientras que los contratados tendrán que indemnizar según los salarios e indemnización recibida en su día.

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una moción de Sí Podemos Canarias para que la Corporación insular convoque, de forma urgente, un foro extraordinario que aborde la situación de emergencia humanitaria de las personas migrantes que se encuentran en la isla.

David Carballo, consejero insular de Sí Podemos Canarias, declaró que este órgano tendrá un carácter coyuntural debido a la gravedad de la situación, suprimiéndose en cuanto se ponga en funcionamiento el Consejo Insular de Buenas Prácticas en la Acción Exterior y Personas Migrantes, aprobado desde junio del pasado año tras una propuesta de su grupo.

Carballo afirmó que la aprobación de esta moción -apoyada por el grupo de Gobierno y con las abstenciones de CC y PP- resulta fundamental, ya que permitirá conformar un foro extraordinario en el que "estarán representadas todas las partes que deban componer el Consejo Insular de Buenas Prácticas en la Acción Exterior y Personas Migrantes.

Asimismo, permitirá que se desarrolle un debate en el que "todas las partes implicadas, especialmente los colectivos de personas migrantes de la isla y las ONG, sean escuchadas y puedan plantear soluciones encaminadas a resolver la situación crítica en la que se encuentran las personas migrantes ubicadas en Las Raíces y en los municipios de Tenerife".

Las conclusiones obtenidas en este órgano serán puestas en conocimiento de todas las instituciones y autoridades competentes.

Otro de los acuerdos contemplados en esta propuesta consiste en instar al Gobierno de Canarias a una convocatoria urgente del Foro Canario de la Inmigración, con la finalidad de avanzar en la coordinación entre todas las administraciones, para continuar promoviendo medidas, recursos y procedimientos, incluyendo el seguimiento a los acuerdos alcanzados en la última convocatoria de diciembre.

Carballo detalló también que han acordado reiterar al Gobierno de España la necesidad apremiante de una coordinación efectiva entre las distintas administraciones competentes, con la finalidad de aliviar, de forma inmediata, la situación que están sufriendo las personas migrantes en Canarias, especialmente los colectivos más vulnerables.

El consejero afirmó que Canarias "no puede convertirse en una cárcel para los sueños y los intereses de las personas migrantes que llegan a nuestras islas, quienes, en la mayoría de los casos, se están viendo atrapadas aquí cuando lo que realmente desean es seguir su tránsito hacia el continente europeo".

Carballo incidió en la necesidad de "imprimir celeridad a la efectiva puesta en marcha del Consejo Insular de Buenas Prácticas en Acción Exterior y Personas Migrantes, puesto que ahora, más que nunca, es necesario que contemos con un órgano como éste desde el Cabildo de Tenerife".

Federación Plataforma Trans, Observatori Contra l'Homofobia y Euforia-Familias Trans Aliadas, ha pedido este martes al Gobierno que se incluya como delito en el Código Penal la transfobia y la homofobia.

Estas entidades se han reunido con la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio de la Secretaria de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, a petición de la Federación Plataforma Trans.

El objetivo, tratar el aumento de delitos de odio hacia la población LGTBI que se desprende del último informe de Interior y también de estudios del propio Observatori Contra l'Homofobia. La entidad explica que este encuentro se produce, además, ante la escalada de "agresiones, mofas, burlas y humillaciones" hacia las personas trans, detectadas en los últimos años.

Las entidades sociales han trasladado al representante de Interior su preocupación por esta situación y le ha realizado propuestas concretas para aunar esfuerzos en la búsqueda de herramientas que contribuyan a la lucha contra el odio y garantizar el respeto hacia una sociedad diversa.

Entre las propuestas destaca, el cierre de cuentas en redes sociales que promuevan odio, vejaciones y humillaciones hacia las personas por su orientación o identidad sexual, así como la puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas para el asesoramiento legal y la atención psicosocial, o un refuerzo en la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de diversidad sexual y expresión de género.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

Del mismo modo, las asociaciones han hecho hincapié en que es el momento para que España incluya como delito en el Código Penal la transfobia y la homofobia, como, han recordado, ya han hecho en diferentes países de la eurozona.

Tal y como explican las entidades, en esta primera reunión se ha hablado de la necesidad de seguir coordinándose para que los recursos ya existentes de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio lleguen a la ciudadanía de manera más eficaz y facilitar que las entidades trasladen indicadores, propuestasy evaluaciones sobre dichos delitos y recursos disponibles.

"Las personas trans estamos viviendo una situación gravísima de vejaciones y agresiones que no se corresponden con un Estado de Derecho ni de progreso, es responsabilidad de las instituciones velar por la seguridad y bienestar de todas las personas sea cual sea su orientación o identidad sexual, por ello es urgente poner freno a esta escalada de trans odio con herramientas eficaces", ha declarado la presienta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya, ha destacado que es "absolutamente necesario que las diferentes entidades del territorio puedan participar de forma activa y coordinada en el diseño, elaboración y puesta en práctica de las políticas públicas contra los delitos de odio".

Finalmente, desde la entidad de familias Euforia han resaltado la necesidad de observar el bullyng desde una perspectiva LGTBI, puesto que muchas de las agresiones hacen referencia a la orientación, identidad o expresión de género de las personas agredidas, incorporando esta realidad a las actuaciones que ya se vienen realizando desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en colaboración con los centros educativos.

El Patronato del Museo de Bellas Artes de València se ha constituido este martes con la nueva composición formada por 24 vocales que representan a la sociedad civil y académica y con la presidencia del escritor y periodista Fernando Delgado. Se trata de "un paso importante" que "pone en marcha" la maquinaria de la pinacoteca para trabajar "con más fuerza", entre otras cuestiones, en una modificación de la ley que permita lograr una nueva formulación jurídico administrativa y funcionar, de este modo, "con más agilidad y autonomía".

Así se ha puesto de relieve tras la reunión constitutiva del organismo, celebrada de forma telemática a causa de las restricciones de la pandemia, y que ha contado con la presencia en el museo de la directora general de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga; el director del centro, Pablo González Tornel; y Fernando Delgado.

El nuevo presidente del patronato ha transmitido a los patronos que hay que "dar emoción al museo, que posee una maravillosa colección de arte a la que habrá que imponerle el arte de las cosas, de modo insistente". Posteriormente, ante los medios de comunicación ha subrayado que llega al puesto con "emoción y pasión" y sin intención de que haya "charlatanerías, apremios o ridiculeces poco rentables".

Por su parte, Pablo González Tornel ha recalcado que lo que se ha hecho hoy es "poner en funcionamiento la maquinaria del museo, que necesitaba de este apoyo legal". "A partir de aquí --ha continuado-- los siguientes pasos serán acordados entre el patronato y la dirección y pasan por tener la mejor política expositiva, al público en la mente y, como acción concreta, un camino hacia una forma jurídico administrativa más conveniente para el correcto desarrollo de las competencias que se recogen en la ley estatal de museos para una institución como esta".

Sobre esta nueva fórmula, ha añadido que ya se estaba trabajando pero ahora, con el renovado patronato, se hará "con más fuerza". "Nuestro deseo es que, sabiendo todos cuáles son los tiempos y plazos que marcan los procedimientos de aprobación de las leyes, que en un futuro no muy lejano --antes de que mi mechón blanco cubra toda la cabeza, ha bromeado-- tengamos una ley que garantice la correcta autonomía y permita funcionar con mayor agilidad". En este punto, ha apuntado que los responsables de la pinacoteca "solventan bastante bien" la situación pese a que "el encaje administrativo no es el ideal".

González Tornel y Amoraga han confirmado que se ha descartado las fórmulas del consorcio y de la fundación, al no parecer las más adecuadas para el año 2021, y lo que está sobre la mesa es "un ente más o menos autónomo".

En este sentido, la directora general de Patrimonio ha aseverado que en las conversaciones con el Ministerio más allá de puntos que no se pueden tocar, como la titularidad estatal del centro cultural, "ambas partes son conscientes de la necesidad de avanzar administrativamente para ganar en agilidad y ser más resolutivos". "Estamos trabajando en una modificación de la ley en la que todos nos sentamos cómodos, sin tocar la titularidad" y cambiar el convenio que data de 1984, ha apostillado.

Por otro lado, el director del Bellas Artes ha avanzado que Delgado ha firmado hoy mismo la convocatoria para la siguiente cita: la Comisión Permanente que se desarrollará el próximo viernes. "Se ha convocado por procedimiento de urgencia porque todos sentimos la premura de seguir viéndonos". "Se va a seguir escrupulosamente lo que marca el decreto de regulación de museo y nos reuniremos una vez al trimestre", ha concluido González Tornel.

En cuanto a los asuntos tratados en el orden del día, se ha dado cuenta del programa expositivo de este año, que comprende las muestras de pintor Joaquín Agrasot, del escultor José Capuz, los grabados de Piranesi y el naturalismo en la pintura valenciana religiosa del siglo XVII. Asimismo, se ha informado del programa de actividades trimestrales con actividades que contemplan cine, danza, música, formación, conferencias y talleres infantiles.

En la sesión se ha informado de los préstamos, depósitos, ingresos y donaciones y se han presentado las líneas de actuación sobre restauración de obras. Al museo valenciano se le han solicitado 14 peticiones de préstamos de obras para exposiciones temporales.Algunas solicitudes comportan más de una obra, es el caso de los 15 grabados de Piranesi que formarán parte de la exposición del Museo Carmen Thyssen de Málaga a partir del mes de abril.

Otras peticiones aprobadas son la cesión de 'Autorretrato de Velázquez' al Museo Metropolitan de Nueva York en 2023 o el 'Tríptico de los Improperios' de El Bosco al Museo de Bellas Artes de Budapest en 2022. 'La Barca de Caronte' de José Benlliure también viajará a la Scuderie del Quirinale de Roma y algunas obras de Sorolla han sido solicitadas por el Museo Sorolla de Madrid.

ADQUISICIONES

En cuanto a ingresos de obras, la Generalitat ha adquirido nueve obras en el último año de Manuel Benedito Vives ('Retrato de doña Manuela de la Peña' y 'Retrato de Ramón Peris') del Maestro de Artés ('San Onofre y santa María Egipciaca'), de Vicente Castelló Amat ('El Gran Capitán en Taranto'), de Onofre Falcó ('Oración en el huerto'), de Joaquín Sorolla y Bastida ('Retrato de la tiple Isabel Brú'), de Jerónimo Jacinto de Espinosa ('Visión mística de san Bernardo'), de Vicente López Portaña (dibujo de 'Santa Casilda de Toledo') y de Félix Lorente (4 bodegones).

Además, la institución cultural suma los ingresos aportados por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos correspondiente al XIX Premio Nacional de Pintura y las donaciones de particulares a la Academia.

El museo ha planteado las líneas de restauración del centro de arte y ha informado a los patronos que una de las actuaciones es desarrollar una campaña de restauración de retratos cuyo listado y prioridades de intervención se irán perfilando.

COMISIÓN PERMANENTE Y COMITÉ CIENTÍFICO

El Patronato ha nombrado, además, a los miembros que estarán en la Comisión Permanente y que son la subdirectora Ivacor (IVCR+i), Gemma Contreras; la vicerrectora de Cultura de la UV; Ester Alba Pagán; y Reyes Marzal Raga, profesora de Derecho Administrativo de la misma universidad.

Los representantes del Comité Científico son Matilde Miquel Juan, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid; Benito Navarrete, doctor en Historia del Arte, director del departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares; José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la GVA; Pilar Benito, jefa de Conservación Patrimonio Nacional; y Fernando Checa, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado este martes la condena del Ejecutivo a las manifestaciones violentas, que ha atribuido a "grupos organizados" y ha desvinculado de una defensa de la libertad de expresión o de un posible malestar de la juventud.

Montero ha lanzado este mensaje desde el Palacio de la Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras los altercados surgidos en las protestas convocadas contra la encarcelación del rapero Pablo Hasél, donde además ha transmitido un mensaje de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Este Gobierno condena de forma rotunda los actos violentos y las escenas de pillaje y traslada su apoyo a las fuerzas de seguridad", ha aseverado Montero, que ha enfatizado que la postura del Ejecutivo ya la marcó el presidente Pedro Sánchez.

El viernes pasado, el jefe del Ejecutivo ya advirtió de que "el uso de cualquier tipo de violencia" es "inadmisible" en una "democracia plena" como la española y aseguró que el Gobierno actuará con "contundencia" para garantizar la seguridad ciudadana.

ASEGURA QUE PODEMOS HA CONDENADO LA VIOLENCIA

Montero ha sostenido este martes que esta es la idea de todo el Gobierno ante la polémica generada por la postura de Unidas Podemos. La ministra portavoz ha dicho que Podemos sí condenó la violencia en su cuenta oficial de Twitter y se ha remitido a ello más allá de declaraciones puntuales de sus dirigentes.

En concreto, ha respondido así a las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegurando que nadie entiende que el rey emérito Juan Carlos I esté "huido" mientras hay personas que van a la cárcel por "escribir un tweet o hacer una canción".

"Yo me quedo con la cuenta oficial de Podemos, que es la que mejor expresa la opinión de una formación política --ha respondido Montero--. Me quiero quedar con eso más que querer interpretar las palabras del vicepresidente".

Pero además, ha recordado que la obligación del Gobierno es legislar y por ello, tras el encarcelamiento de Hasél, ya anunció una revisión del Código Penal para que delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de prisión.

MISMO 'MODUS OPERANDI' DE OTRAS PROTESTAS

En cualquier caso, la ministra portavoz ha insistido en desvincular de este hecho la violencia surgida en las calles de varias ciudades españolas, pero sobre todo de Barcelona, de reivindicaciones a favor de la libertad de expresión o una manifestación de un malestar entre la juventud.

"Reproducen el 'modus operandi' y las maneras de otros incidentes vividos en Barcelona hace unos meses", ha apuntado señalando actuaciones como la quema de contenedores o las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Son acontecimientos muy parecidos que los expertos atribuyen a movimientos organizados que quieren trasladar esa imagen en la ciudad de Barcelona", ha insistido.

Por ello, ha insistido en "desligar" estas manifestaciones de las "aspiraciones legítimas" que pueda tener la juventud, que ha reconocido que ha vivido ya dos crisis y que merece medidas para poder acceder a un empleo digno, una vivienda en condiciones, poder formar una familia, tener acceso a una beca o a un ingreso mínimo vital si reúne las condiciones.

La próxima edición del Congreso Nacional del Toro de Cuerda se celebrará en la capital turolense, en cuanto las condiciones de la pandemia de coronavirus lo permitan con todas las garantías de seguridad y de éxito.

Así se ha decidido en la reunión que mantuvieron en el Ayuntamiento de Teruel responsables municipales, representantes de la Asociación Cultural de Amigos de la Soga y Baga de la ciudad y de la Federación Española de Toro con Cuerda.

El XVII Congreso Nacional del Toro de Cuerda se tendría que haber celebrado en Teruel del 22 al 28 de junio de 2020, cita que tuvo que suspenderse por la pandemia. En aquel momento se aplazaba su celebración a este año 2021, en previsión de que la evolución de la alerta sanitaria lo permitiera, pero una vez vista la situación actual se ha tomado la determinación de que Teruel siga siendo la sede de esta XVII edición, independientemente de cuándo se celebre.

La localidad que debía acoger este año el congreso, Grazalema, seguirá esperando su turno hasta que se puedan retomar estos eventos, y una vez que se celebre en Teruel.

Para el concejal de Fiestas, Javier Domingo, "lo mejor es esperar a que se den las circunstancias que nos permitan organizar un congreso con las máximas garantías, al que puedan venir muchos visitantes y que constituya un revulsivo económico para la ciudad,tal y como habíamos previsto para 2020".

En la misma línea se ha expresado el presidente de la AC Amigos de la Soga y Baga de Teruel y miembro de la junta directiva de la Federación Española, Juanjo Martín, recordando que en este congreso se dan cita representantes de varias localidades españolas en las que se da alguna modalidad de toro con cuerda y que en ediciones anteriores atraía a miles de visitantes.

TRABAJO SERIO Y RIGUROSO

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Toro con Cuerda, Javier Tarín, ha resaltado la importancia de esperar para celebrar el congreso, de manera que cuando se haga sea "con todas las garantías de seguridad pero también con todas las garantías deéxito, como han sido los anteriores", y ha recordado que el encuentro de Teruel "se estaba organizando con toda la ilusión del mundo, y esa ilusión todavía es mayor, si cabe, ahora con todo lo que estamos viviendo".

Además, ha agregado que "no podemos hacer un congreso sin que miles de personas se acerquen a conocer Teruel, a participar de lo que es la gran fiesta del toro de cuerda, con el folclore, la gastronomía y el grandísimo ambiente que tenemos todos los años en los congresos". .

Por último, Javier Tarín ha trasladado un mensaje "de reconocimiento y de gratitud", tanto al Ayuntamiento de Teruel como a la AC Amigos de la Soga y Baga "por el trabajo serio y riguroso que están haciendo y por mantener intacta, incluso diría que en aumento cada día, la ilusión por celebrar el congreso, por tener enTeruel este evento importantísimo que después de casi 20 años se ha consolidado como uno de los más importantes en el panorama cultural español".

La tasa de crecimiento de los casos de abuso sexual contra menores en España en la última década ha sido de un 300,4 por ciento, lo que indica que se han multiplicado por cuatro, pasando de 273 casos en 2008 a 1.093 casos en 2020.

Así lo pone de manifiesto el estudio presentado este martes por la Fundación ANAR sobre 'Abuso sexual en la infancia-adolescencia según los afectados y su evolución en España'.

Para ello, el Centro de Estudios de ANAR ha analizado un total de 89.808 llamadas sobre abuso sexual que fueron necesarias para atender los 6.183 casos ayudados por la fundación y utilizados en este estudio longitudinal que aborda los años de 2008 a 2019.

El resultado de la investigación, según afirma la fundación, está en línea con la información de las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado, donde las sentencias por abuso sexual a menores de edad prácticamente se han cuadriplicado entre 2012 y 2018.

El estudio también muestra los casos del año 2020, cuando debido al confinamiento domiciliario por la pandemia muchos menores convivían 24 horas con los propios agresores. Así, muestra un aumento de 13 casos respecto al año anterior, ya que en 2020 la Fundación ANAR atendió 1.093 casos por los 1.080 casos atendidos en 2019.

La investigación refleja que, mientras que el incremento anual del número de casos fue de un 14,3% de media, en los últimos cinco años ha aumentado al 20,5%, incrementándose especialmente los abusos a través de las tecnologías: 'Grooming' (36,7% de crecimiento anual) y 'Sextin' (25%).

Durante la presentación del estudio, la directora del Teléfono ANAR, Diana Díaz, ha explicado que el 'Grooming' es cuando un adulto se infiltra a través de la tecnología y pide imágenes a una menor de edad. "Los menores de edad comparten imágenes comprometidas sin saber los riesgos que entraña", ha lamentado.

En el 78,3% de los casos las víctimas eran mujeres, de las cuales el 59,1% son adolescentes de 13 a 18 años. Por el contrario, uno de cada cinco casos son varones, en su mayoría menores de doce años (53,4%).

El estudio señala que la mayoría de los abusos sexuales se produjeron de forma reiterada (69%). La directora del Teléfono ANAR ha asegurado que en estos casos "no se había adoptado ninguna medida que impida el contacto con el agresor".

Además de ser abusadas, las víctimas tuvieron que soportar violencia física o intimidación en el 53,6% de los casos, violencia que es mayor hacia las mujeres, sobre todo cuando llegan a ser adolescentes.

En cuanto a los tipos de abuso, la mayoría se concentran en tocamientos obscenos hacia la víctima o hacia el agresor y abuso con penetración, de los cuales uno de cada diez casos fue con violencia física. En el 22% de los casos la tecnología estuvo implicada en el abuso, y el 1,6% había consumido algún tipo de droga.

El estudio muestra que los síntomas más frecuentes que las víctimas presentan son cambios bruscos de ánimo, síntomas psicosomáticos, conocimientos sexuales no adecuados para su edad, conductas sexuales explícitas y agresividad.

El informe destaca que las víctimas tienen "gran dificultad" para demostrar el abuso porque en el 80,2% de los casos no dejan marcas o heridas y las reacciones del entorno "no son de apoyo", ya que en el 37,8% de los casos niegan los hechos; en un 31,1% justifican o encubren al agresor; en un 23,9% se da negligencia o falta de reacción; y en un 7,2% de los casos culparon a la víctima.

"El propio agresor va a intentar no dejar ningún tipo de huella para seguir actuando contra el menor de edad. Las agresiones más traumáticas han sido en la franja de edad de los bebés a los doce años, que tienen un cuerpo más sensible", ha apostillado Díaz, destacando que las mujeres han recibido abusos sexuales "más graves y, sobre todo, tienen como objetivo el cuerpo de la víctima".

En este contexto, subraya que del 43,3% de los casos que mostró intención de denunciar, sólo formalizaron denuncia el 10,6%. De ellos, el 18,2% se archivó judicialmente por falta de pruebas. En cuanto a las víctimas con discapacidad, el estudio refleja que en el 2,6% de los casos el menor tenía algún tipo de discapacidad.

PERFIL DEL AGRESOR

El perfil del agresor de abuso sexual contra menores es el de un hombre, de la familia o del círculo de confianza, mayor de edad, que actúa en solitario y que abusa en la casa del menor de edad.

No obstante, Díaz ha advertido de que, aunque en el 95,8% de los casos es un agresor varón, "muchas veces las la mujer como agresora puede estar infravalorada". "Hay muchas cuestiones que normalizamos en el caso de la mujer y que también pueden suponer una agresión. Tenemos que estar pendientes ahí", ha sentenciado.

En este sentido, el estudio apunta que en el 32% de los casos el padre biológico fue el agresor. Además, ha aumentado la proporción en las que el agresor fue la pareja de la madre (1,7% en 2008 a 6,2% en 2018); y ha disminuido los casos de agresión por adultos conocidos o de confianza (6,2% a un 1,6%).

En el 80,8% de los casos, según ha subrayado Díaz, el agresor pertenecía al círculo de confianza de la víctima. "Adultos sin relación tan solo hemos identificado el 9,9% de los casos y casi todos son casos de 'Grooming'", ha precisado.

Asimismo, ha alertado de que hay que tener "mucho cuidado" con los entornos escolares y las actividades extraescolares de los menores, que representan el 13,2% de los casos de abuso sexual.

INCREMENTO DE LAS 'MANADAS'

La investigación también pone de manifiesto que han aumentado las agresiones en grupo (víctima agredida por dos o más personas), pasando de un 2,1% a un 10,5% en 2018.

"En los últimos años nos hemos encontrado con el fenómeno de las 'Manadas'. Tenemos que estar muy pendientes de que en preadolescencia y adolescencia también se están produciendo agresiones en grupo", ha advertido la directora del Teléfono ANAR, destacando que antes prácticamente no atendían casos de 'Manadas'.

En este contexto, la directora del departamento Jurídico del Teléfono ANAR, Sonsoles Bartolomé ha explicado que "el incremento del fenómenos de las 'Manadas' está íntimamente relacionado con el acceso a contenidos pornográficos".

En la última década también ha habido un crecimiento de los abusos cometidos por novios, parejas y exparejas de la víctimas, que pasan de representar el 3,3% del total de los casos en 2008 al 6,3% en 2018.

Los menores de doce años tienen, según asegura el estudio, mayor riesgo, están más desprotegidos y poseen menor capacidad de reacción. En este grupo hay mayor porcentaje de varones (53,4%) y el abuso se suele producir en su propia casa y por un familiar cercano.

Tras la presentación del estudio, la directora del departamento Jurídico del Teléfono ANAR ha incidido en la necesidad de contar con un sistema legal en España que, apostando por la prevención, "favorezca la detección temprana del abuso, facilite la notificación alas autoridades y garantice una intervención en la que el procedimiento penal contra el acusado no cause un mayor sufrimiento a la víctima".

"La presentación de este informe va a causar un importante impacto social, pero también va a crear incredulidad en ciertas personas. Hay que concienciar a todos los ciudadanos de que el abuso sexual en niños existe en nuestro país y no se trata de un fenómeno aislado", ha manifestado Bartolomé.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria junto con agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con la colaboración de la Armada Española, han intervenido casi tres toneladas de cocaína en un buque en alta mar frente a las costas de Ribadeo (Lugo).

Según ha confirmado la Agencia Tributaria, en el operativo denominado 'Bocanegra' han sido detenidos los nueve tripulantes que, ante el asalto del buque por parte del GEO de la Policía Nacional, "no dudaron en abrir una vía de agua para hundirlo con el fin de eliminar todas las pruebas".

La investigación conjunta se inició en el mes de mayo del pasado año, tras tener conocimiento de las supuestas actividades ilícitas de una organización criminal asentada en la comarca pontevedresa de O Salnés.

Fruto del análisis de toda la información obtenida a lo largo de esta investigación, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, los agentes reunieron una serie de indicios que apuntaban a la "existencia de un mercante que podría transportar una notoria cantidad de cocaína, la cual sería transbordada a otras embarcaciones en algún punto indeterminado de las costas gallegas", han relatado las mismas fuentes.

Por todo ello, la investigación se centró en un buque de nombre 'Nehir', de 52 metros de eslora y bandera de la República de Palau, cuyas características y ruta de navegación "encajaban perfectamente con el posible objetivo de la operación policial", ha subrayado la Agencia Tributaria.

Al mismo tiempo, los agentes también corroboraron que, debido a una alerta meteorológica en el litoral atlántico, no se podría hacer transbordo a ningún otro barco al paso del 'Nehir' por las costas gallegas, motivo por el cual, tras la pertinente reunión en el Gabinete de Coordinación y Estudios del CITCO de la Secretaría de Estado de Seguridad, se decidió la interceptación de la nave.

PATRULLERO 'SERVIOLA'

De esta manera, el buque de acción marítima 'Serviola' de la Armada Española, con fuerzas especializadas a bordo de los tres cuerpos intervinientes y apoyado por un helicóptero y tres patrulleras de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de las Bases de A Coruña, Ribadeo y Santander y una patrullera del Servicio Marítimo de la Comandancia de Gijón de la Guardia Civil, localizaron a primera hora de este lunes el mercante frente a las costas de Ribadeo.

En concreto, en esta operación denominada 'Bocanegra' han participado efectivos del Greco Galicia y ECO Pontevedra, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

El buque fue abordado por el GEO de la Policía Nacional, que localizó "una gran cantidad de fardos, similares a los habitualmente utilizados para transportar sustancias estupefacientes, ocultos en un compartimento del barco", destacan las mismas fuentes.

HUNDIDO

Durante el asalto, la tripulación del 'Nehir', "viéndose sin ninguna posibilidad de huida, accionó algún dispositivo que provocó la rápida inundación de todos los compartimentos de la nave", subrayan las mismas fuentes, "con la intención de no dejar rastro alguno de su carga ilícita consiguiendo que, en poco más de dos horas, el buque se hundiera totalmente".

"La rápida acción de todos los agentes y tripulación del 'Serviola' permitió, no solo la recuperación de todos los fardos donde venía la droga y el resto de efectos relacionados con los hechos investigados, sino también y más importante, el rescate de toda la tripulación del 'Nehir' sin daño alguno", aseguran.

En la madrugada de este martes, el 'Serviola' ha llegado al puerto del Arsenal Militar de Ferrol, donde tiene base, con los detenidos y la sustancia estupefaciente intervenida la cual, una vez en tierra, ha alcanzado un peso de unas tres toneladas de cocaína. La droga ha sido trasladada posteriormente a la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.

Los nueve tripulantes, todos ellos detenidos y de nacionalidades georgiana y turca, serán puestos a disposición de la autoridad judicial en los próximos días.