El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se encuentra desde el martes en la isla de Gran Canaria en una visita oficial para conocer in situ la gestión migratoria que se está realizando en el archipiélago, motivo por el que visitará alguna de las instalaciones en las que se alojan a los inmigrantes llegados al archipiélago.
Asimismo, Fernández Marugán prevé mantener conversaciones con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y con el Diputado del Común, Ángel Yanes, además de con representantes de la sociedad civil.
El Defensor del Pueblo se encuentra así en la isla de Gran Canaria, después de que hace un par de semanas tuviera que suspender el viaje como medida de precaución tras dar positivo una de las personas de su equipo con la que había mantenido contacto.
De todos modos, en las dos últimas semanas de noviembre dos equipos de la institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, han inspeccionado más de una veintena de centros e instalaciones relacionados con la llegada irregular de personas migrantes en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, según informó el Defensor del Pueblo en nota de prensa.
Estas visitas tenían como fin supervisar las condiciones de recepción, detención y posterior acogida de estas personas atendiendo al contexto de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
El resultado de las mismas fueron la formulación de las primeras resoluciones del Defensor, ya que tras la visita de los técnicos al muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), se detectaron «importantes carencias» que afectaban a la salud, así como a la integridad física, además a los derechos y garantías jurídicas de las casi 2.000 personas que permanecían en ese momento en el lugar, motivo por el que el Defensor recomendó al Ministerio del Interior la clausura inmediata de estas instalaciones.
Asimismo, trasladó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias las «deficiencias detectadas» en estas instalaciones, recomendando promover la coordinación con todas las administraciones competentes para aplicar las medidas necesarias para el aislamiento de las personas migrantes llegadas en situación irregular que resulten positivas en Covid-19.
Por otro lado, uno de los equipos visitó una nave del puerto de Las Palmas, que se utilizaba como lugar de detención y sobre las que se habían recibido varias quejas, detectando «numerosas carencias que dieron origen a sugerencias a la Jefatura Superior de Policía de Canarias para mejorar sus condiciones».
Actualmente, indicó, el Defensor está elaborando las conclusiones del resto de instalaciones visitadas, así como valorando y analizando las condiciones en las que se realiza la asistencia jurídica a las personas migrantes llegadas en patera y está «prestando especial» atención a la situación de los menores extranjeros no acompañados y a otros colectivos especialmente vulnerables como los solicitantes de asilo.
En las inspecciones se detectó un «número importante» de personas, en varios de los recursos, que afirmaban ser menores de edad, por lo que se ha dado traslado urgente de un listado con los datos de estas personas a la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, se ha iniciado una actuación de oficio con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para conocer la situación de los menores extranjeros no acompañados que están bajo la guarda y tutela de los servicios de protección de menores canarios.
Finalmente, Fernández Marugán resaltó el «esfuerzo realizado» por la administración canaria para hacer frente al «fuerte incremento de menores extranjeros no acompañados producido en el último año».
