Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación que ha necesitado de siete años de investigación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización, según la Policía, planeaba controlar los «sectores clave de la economía española e infiltrarse en instituciones del Estado», contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.
La investigación comenzó en el año 2013 cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado sus actividades en España, utilizándola como punto de entrada para el blanqueo de capitales de las organizaciones criminales procedentes de la extinta Unión Soviética, invirtiendo el dinero procedente de sus distintas actividades criminales en todo el mundo en negocios en nuestro país, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española.
Los investigadores han acreditado que hacían uso de las «ingentes cantidades económicas» que introducían en nuestro país para corromper e infiltrarse en instituciones públicas.
La Policía estima que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados. Ha estado coordinada por la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada, con la autorización del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm.
Concretamente, detectaron a varios líderes criminales de origen ruso que frecuentaban de forma continua áreas de Alicante e Ibiza y quienes, a través de testaferros, mantenían una constante y sistemática actividad de inversión de capitales extranjeros en nuestro país, con operativas que revelaban una ilegalidad en su origen.
En este sentido, llevaban a cabo operaciones bancarias transfiriendo fondos cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados, involucrando el transporte en efectivo de grandes cantidades de dinero por el territorio nacional hacia y desde el extranjero, así como utilizando sociedades pantalla y testaferros.
Estas organizaciones, cuyas actividades delictivas incluyen el asesinato, la extorsión, el tráfico de drogas, armas, la trata de seres humanos y los raids empresariales, mantienen múltiples ramificaciones en toda Europa, extendiendo su actividad también a Sudamérica y los EE.UU.
Los beneficios de dichas actividades criminales eran invertidos en España en diversos negocios, principalmente en el ocio, la hostelería y el sector inmobiliario, a través de empresarios rusos vinculados tanto con los ‘Ladrones en Ley’ como con los Sindicatos del Crimen rusos.
A lo largo de la investigación, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se pudo constatar como la organización investigada no solo realizaba actividades de blanqueo de capitales, sino que cometía una pluralidad de delitos conexos y que «estaba profundamente enraizada en la sociedad española».
Para ello utilizaba parte del dinero que introducían en nuestro país para intentar corromper funcionarios y políticos en sectores estratégicos. Los investigados habían desplegado una potente red clientelar dentro de la Administración española, «logrando una perfecta infiltración en las instituciones de nuestro país para llevar a cabo sus negocios con impunidad, recurriendo al cohecho y al tráfico de influencias», según la Policía.
De esta forma, conseguían protegerse de investigaciones policiales y judiciales, facilitando asimismo la adquisición de la residencia española a todos los clientes de la red desmantelada. Para ello, uno de los principales investigados realizaba actividades filantrópicas en diversas instituciones públicas para poder acercarse a ellas y, una vez conseguida su confianza, poder hacer uso de las mismas para beneficio de la red criminal.
Debido a su capacidad de infiltración, la organización había conseguido introducirse en diversas instituciones públicas. Así, mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, «otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la Administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias».
«El alto grado de enraizamiento en las instituciones del Estado proporcionaba a la organización una amplia protección contra la investigación policial, que hubo de ser desarrollada con la máxima reserva por el peligro de filtraciones», según ha señalado la Policía.
Durante los siete años de investigación se ha podido acreditar como los lideres criminales contactaban con los investigados para ejecutar operaciones de blanqueo de capitales, llevándose a cabo diversos proyectos de inversión, adquiriendo terrenos para desarrollar promociones inmobiliarias de lujo, restaurantes, naves industriales, parcelas, barcos.
También proyectaron la compra de una de las principales discotecas de la isla de Ibiza con el claro propósito de estas organizaciones criminales de apoderarse del sector del ocio nocturno y la restauración, tanto en la costa levantina como en las islas baleares.
