La tasa de desocupación de Argentina se situó en el 11,7% en el tercer trimestre, lo que supone una reducción de 1,4 puntos porcentuales con respecto al paro del segundo trimestre, cuando alcanzó el 13,1%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La nueva tasa del 11,7% supone un total de 1,4 millones de desocupados en el marco de la pandemia y sus efectos derivados en la actividad económica. A su vez, durante el tercer trimestre se observó una tasa del 13,1% para las mujeres y del 10,6% para los hombres.

Asimismo, la tasa de ocupación alcanzó el 37,4%, con un total de 10,7 millones de ocupados; mientras que la población económicamente activa se situó en el 42,3%. Las ramas de actividad que participaron con mayor proporción de personas ocupadas fueron comercio (11,8%) y servicios financieros, de alquiler y empresariales (10,4%).

En cuanto a la intensidad del empleo, el Indec ha notificado que se observó un importante aumentos de los trabajadores de menos de 35 horas semanales que están dispuestos a trabajar más horas. Por su parte, el número de personas que trabajó desde su vivienda alcanzó el 21,8%, lo cual supone un aumento de 15,9 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2019.

Los datos se enmarcan en la coyuntura derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, que ha afectado a Argentina de manera significativa tanto en materia sanitaria como económica.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Argentina rebotó un 12,8% en el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior, pero registró una contracción del 10,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre enero y septiembre, el PIB de Argentina cayó un 11,8% en comparación con el año anterior. Las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas para la economía argentina este año apuntan a una contracción del 10,5%.

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao y los sindicatos CC.OO., CIG y UGT han celebrado la sentencia que declara nulos los 524 despidos que pretendía aplicar la empresa en la fábrica de aluminio de A Mariña de Lugo.

Nada más trascender el fallo del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), integrantes del comité, incluido su presidente, José Antonio Zan, y trabajadores se han desplazado hasta la planta para festejar con petardos y cánticos la noticia que supone la permanencia en sus puestos para más de medio millar de empleados.

A través de un comunicado de prensa, el secretario general de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, afirma que «hoy es un gran día para la clase trabajadora».

De igual modo, mediante su cuenta de Twitter, el líder del sindicato en el ámbito estatal, Unai Sordo, expresa: «Ganamos! Qué alegría por los trabajadores/as de Alcoa y toda A Mariña!! Por el empleo, por un proyecto industrial, por el futuro!!!».

Por su parte, en otra nota, la CIG acoge con satisfacción la decisión de la justicia. «Tal y como se refleja en la sentencia, Alcoa tiene tomada una decisión y no quiere que se siga produciendo aluminio primario en A Mariña. Por eso, es preciso iniciar ya el proceso para la intervención pública e impedir de esta forma que la empresa pueda llevar adelante su plan de desmantelamiento por la vía de los hechos consumados», asevera su secretario general, Paulo Carril.

De igual modo, para UGT, «la lucha no termina aquí y entre todos hay que seguir trabajando por el futuro de Alcoa y por el empleo de la planta de A Mariña». Por su parte, saluda la sentencia e insta a la empresa a sentarse a negociar una salida para garantizar el futuro de la planta».

La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en su última reunión de política monetaria, dejándolos en el 4,25% para lo que resta de año, según ha informado en un comunicado.

La decisión no ha sido unánime, ya que dos miembros de la junta votaron por volver a reducir la tasa en 25 puntos básicos, hasta el 4%.

La institución ha explicado que tras su última decisión de política monetaria, el peso mexicano se apreció frente a otras divisas, mientras que las tasas de interés a corto plazo registraron movimientos acotados y las de mayor plazo disminuyeron.

Tras la recuperación de la actividad económica en el tercer trimestre, Banxico ha notificado una continuación de la mejora económica a inicio del cuarto trimestre, aunque todavía permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia, en un entorno de incertidumbre y riesgos a la baja.

Banxico ha enmarcado su decisión una recuperación progresiva de la actividad económica global, si bien de manera heterogénea entre países y sectores. Por su parte, la institución considera que los mercados financieros globales han mostrado un comportamiento positivo impulsado por los avances en el desarrollo de vacunas para combatir la Covid-19, la expectativa de un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos y la menor incertidumbre de sus respectivos bancos centrales.

Con respecto a la inflación, el instituto emisor ha indicado que entre octubre y noviembre pasó del 4,09% al 3,33%. Al mismo tiempo, la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energéticos) disminuyó del 3,98% al 3,66%. Por su parte, la inflación no subyacente bajó del 4,42% al 2,33%, debido principalmente a las caídas en las variaciones anuales de los precios de las frutas, las verduras y la gasolina.

Las expectativas de inflación general del instituto emisor para el cierre de 2020 se han reducido, mientras que las de medio y largo plazo se han mantenido estables con niveles superiores a la meta objetivo del 3%.

El organismo ha indicado que los retos derivados de la pandemia para la política monetaria incluyen tanto el efecto a la actividad económica como un choque financiero y sus impactos en la inflación. Así, Banxico ha dibujado varias trayectorias en función de los riesgos de corto y medio plazo, aunque en las proyecciones para los próximos 12 a 24 meses apuntan a un nivel de alrededor del 3%.

Los riesgos a la baja provocarían un efecto mayor al esperado por la brecha negativa del producto, mayores medidas de distanciamiento social o cierta persistencia en las reducciones de precios, así como menores presiones inflacionarias globales.

Las perspectivas al alza supondrían presiones en la inflación subyacente por la recomposición del gasto hacia las mercancías, episodios de depreciación cambiaria y diversas presiones de costes para las empresas.

«El balance de riesgos alrededor de la trayectoria esperada para la inflación antes descrita es incierto», ha señalado la institución.

Asimismo, la decisión de mantener los tipos «brinda el espacio necesario para confirmar una trayectoria convergente de la inflación a la meta». «Hacia delante, la conducción de la política monetaria dependerá de la evolución de los factores que inciden en la inflación general y subyacente, en sus trayectorias previstas en el horizonte de pronóstico y en sus expectativas».

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha considerado que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que prevé aprobar el Gobierno para trasladar el coste de las primas a las renovables del recibo de la luz a todas las energéticas tiene por objetivo «pagar a los fondos, en algunos casos especulativos» y «las fiestas de las eléctricas».

En su participación en una jornada del IESE Business School, Imaz aseguró que «en la vida es importante ir con la transparencia por delante» y dejó claro que, en su opinión, este fondo no tiene por objetivo financiar las renovables, sino que es «para pagar a los fondos de inversión, en muchos casos especulativos», que invirtieron en España en el pasado en unas energías renovables que no eran todavía competitivas, así como «los dividendos de las eléctricas y sus errores del pasado».

En este sentido, subrayó que las renovables que se están construyendo, con Repsol como actor protagonista en este negocio en los últimos años, ahora «no necesitan ningún tipo de subvención y son competitivas».

Además, afirmó que este fondo, que supone trasladar unos 7.000 millones de euros del recibo de la luz a todo el sector energético y que impactará principalmente al sector petrolero -que deberá financiar el 43%-, «lo va a pagar el consumidor». «Tanto el coche de gasolina, el de diésel, el que consume gas natural en casa, y va a pagar las fiestas pasadas del sector eléctrico», añadió al respecto.

En este sentido, defendió la necesidad de mantener «la competencia y competitividad» para cada uno de los sectores, sin la creación de incentivos cruzados.

«El sector eléctrico debe ser capaz de mantener su propia competitividad y no puede pretender que sus fiestas las paguen otros sectores y otros consumidores», advirtió.

A este respecto, estimó que las eléctricas tienen «mucho de campo para mejorar sus costes» y planteó que por qué no se pone sobre la mesa el bajar los peajes de transporte y distribución eléctrica, que asciende también a unos 7.000 millones de euros en gastos para el consumidor eléctrico, que reciben cada año o los ingresos de concesiones en hidráulicas con concesiones de «hace cien años» cuyas inversiones ya están amortizadas y que sigue facturan a un precio del ‘pool’.

«Cada sector tiene que hacer sus deberes y el eléctrico debe hacer el suyo, sin que nadie pague sus fiestas y mucho menos los consumidores españoles de todos los sectores energéticos», aseguró.

NO VE A REPSOL EN EL NEGOCIO DE LAS REDES.

Por otro lado y respecto al futuro de la compañía, Imaz destacó que no ve a Repsol en el negocio de las redes eléctricas. Estamos en el del almacenamiento y veo más difícil una Repsol en el negocio de redes por un racional económico financiera, ya que es más para fondos de inversión o una ‘utilty. Una empresa como la nuestra no creo que sea el destino prioritario», añadió.

En este sentido, consideró que el grupo está en las renovables, «pero siempre buscando el riesgo, porque para tener rentabilidad necesitamos buscar el riesgo», recalcó.

Respecto al hidrógeno, el directivo vasco ha señalado que es necesaria para «descarbonizar» algunos sectores de la economía. «Tenemos ambición, pero va a requerir de modificaciones regulatorias que creo que se va a llevar a cabo. Se van a promover medidas en esa dirección», afirmó.

Por último, Imaz se refirió al impacto que está teniendo el coronavirus en la compañía y reiteró que la energética «sigue adelante» con su hoja de ruta.

«No hemos dado ningún paso atrás y hemos incrementado el porcentaje de inversión en la descarbonización, no se ha bajado ni un euro», destacó.

Las diferencias entre territorios dentro de España en lo que se refiere a nivel de bienestar o acceso a prestaciones «siguen aumentado» y esto revierte en situaciones de «desigualdad», según el cuarto ‘Informe sobre la Desigualdad en España: una perspectiva territorial’ de la Fundación Alternativas.

El documento, presentado este jueves, ha sido editado por el Laboratorio de Alternativas y ha contado con la colaboración de la Fundación 1º de Mayo y la Fundación Francisco Largo Caballero. En esta edición, el trabajo se centra en los vínculos entre las desigualdades personales y territoriales de la renta.

Por un lado, analiza las diferencias territoriales de renta y bienestar; y por otro se concentra en el estudio de los efectos de las principales políticas sociales sobre la desigualdad territorial: el sistema de pensiones, las políticas educativas, las sanitarias y las destinadas a atender las situaciones de dependencia.

El catedrático de Economía en la UNED y codirector del informe, Luis Ayala, ha explicado que la «motivación» del documento es que quedaran «muy claras» las conexiones entre las desigualdades en la distribución de la renta a nivel personal y territorial.

«Nos hemos encontrado con que siguen aumentando las diferencias en algunos factores determinantes del crecimiento de la desigualdad en los territorios, así como en los patrones de especialización y los cambios demográficos, pero, sobre todo, nos preocupaba la descentralización de las prestaciones y su efecto en la desigualdad», ha indicado.

Como problemas persistentes, Ayala ha señalado «las importantes diferencias en los niveles de bienestar entre comunidades, y los contrastes en los recursos invertidos y en el acceso a prestaciones y servicios».

El director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y codirector del informe, Jesús Ruiz-Huerta, ha afirmado que una cierta desigualdad es «inevitable en un sistema económico de mercado» pero en un grado excesivo puede «erosionar la cohesión social», conducir a la «polarización política» e incluso «limitar el crecimiento económico».

Además, ha apuntado que «a la insuficiencia del crecimiento de la actividad económica y del empleo para reducir la desigualdad, se ha añadido, desgraciadamente, el rápido aumento de las necesidades sociales como resultado de la pandemia».

Por su parte, el secretario de la Fundación 1º de Mayo, José Babiano, ha comentado que el informe es una «herramienta imprescindible para el seguimiento de la desigualdad» y ha señalado que «España es uno de los países más desiguales de la UE».

A su juicio, las diferencias sociales han «crecido durante la pandemia», aunque vienen aumentando «desde la crisis de 2008, y no se detuvieron en el periodo de progreso a partir del 2014, debido a las políticas de austeridad».

Mientras, la directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Almudena Asenjo, ha precisado que este nuevo informe señala la «necesidad de explicar por qué la recuperación económica anterior a la pandemia no llevó la distribución personal de la renta a los niveles anteriores a la crisis del 2008, lo que induce a pensar en el territorio como una de las claves para comprender las tendencias de la desigualdad en España».

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha indicado en el 16 Congreso de la UGT de Catalunya que «vamos a reclamar al Gobierno que restaure la mesa de la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 que teníamos encaminada antes de la pandemia pero que la paralizamos por priorizar las ayudas por la pandemia. Las queremos derogar todas de golpe o de acuerdo a los aspectos más negativos».

Durante el evento han sido reelegidos en sus cargos el actual secretario general de Catalunya, Camil Ros, y el presidente del sindicato, Matías Carnero, junto con la candidatura del Secretariado Nacional de UGT, con 266 votos a favor de 353 votos emitidos, el 77,33%.

Álvarez ha hecho énfasis en que «esta crisis nos ha permitido ver la verdadera cara de una globalización injusta que solo piensa en los capitales y no en las personas» y que debemos salir de ella con la lección aprendida de no dejar las cosas en manos del mercado.

Y ha añadido que es necesario fortalecer los servicios públicos «para garantizar mejoras desde la sanidad hasta la educación y los servicios sociales».

SUBIDA DEL SMI

Sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), ha señalado que «es una cuestión necesaria y la vía más rápida para conseguir que los trabajadores y trabajadoras en peores condiciones progresen».

Por su parte, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha expresado que desde el sindicato sueñan «con una sociedad más justa, con educación para todos, sanidad para todos, de igualdad entre mujeres y hombres y de justicia social» y eso es lo que han expresado en este congreso.

«Si las administraciones utilizaran el diálogo como nosotros no tendríamos los problemas que tenemos», ha añadido.

También se ha emitido un vídeo del vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, en el que ha indicado que se debe aprovechar la oportunidad con los fondos europeos para crear «un nuevo modelo productivo basado en el valor añadido, en mejores productos y en una mayor resiliencia.

La ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson, ha sido elegida como nueva presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el órgano rector de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), según ha informado la institución este jueves en un comunicado.

Será la primera mujer en ocupar el cargo y asumirá su mandato el 18 de enero de 2021, sustituyendo a Lesetja Kganyago, gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica. La ministra sueca será presidenta del CMFI durante un periodo de tres años.

Andersson lleva a cargo del Ministerio de Finanzas de Suecia desde 2014. Con anterioridad, ocupó diferentes cargos en agencias económicas del país nórdico, incluyendo la dirección general de la Hacienda sueca, la Secretaría de Estado del Ministerio de Finanzas y la dirección de planificación en la Oficina del primer ministro.

Asimismo, Andersson ha formado parte del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, de la juntas de gobernadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, del Organismo Multilateral de Garantía de Inversión, del Banco Nórdico de Inversión y del Banco Mundial.

Nació en 1967, forma parte del Partido Socialdemócrata Sueco, es graduada en administración de empresas por la Escuela de Economía de Estocolmo y ha realizado estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Avanzados de Viena y en la Universidad de Harvard.

El CMFI, integrado por ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales, es el principal órgano consultivo de la Junta de Gobernadores del FMI y delibera sobre los principales planteamientos de política que aborda el FMI.

El Comité está integrado por 24 miembros, que reflejan la composición del directorio ejecutivo del FMI. A cada país miembro que designa un director ejecutivo, así como a cada grupo de países que elige un director ejecutivo, le corresponde la designación de un integrante del Comité.

El CMFI se reúne normalmente dos veces al año, en las reuniones de primavera y las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.

La Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) ha declarado su total oposición a la subida de impuestos y la contrarreforma laboral planeada por el Gobierno y ha advertido de que, de llevarse a cabo, desembocará en el aumento del paro.

La firma ha recordado que, a pesar de la actual crisis económica derivada de la Covid-19, el sector de la logística y el transporte es uno de los pocos que ha generado empleo, situación que podría revertirse de llevarse a cabo las medidas mencionadas.

En su lugar, UNO ha solicitado medidas laborales y financieras que «permitan a las empresas del sector alcanzar cuanto antes los niveles de empleo precrisis».

Durante su asamblea anual, la Organización ha destacado además la labor e implicación de la Aduana española y de todos sus profesionales desde el inicio de la pandemia. «Han sido tiempos muy complicados y la Aduana ha hecho un gran esfuerzo para garantizar, en todo momento, las importaciones y exportaciones para que no se paralizara la actividad», ha declarado UNO. Un agradecimiento que la organización también ha extendido al resto de servicios vinculados a la Aduana como el Soivre, Sanidad Exterior o Agricultura.

PETICIÓN DE MEDIDAS

La patronal UNO solicita al Gobierno cinco bloques de medidas. La primera pasa por una reducción de la carga impositiva de las empresas y de los ciudadanos, tal y como la Organización recuerda que ya han hecho Portugal, Francia, Italia, Alemania y Grecia. «Aquí no solo no se han eliminado impuestos, sino que se anuncian unos Presupuestos Generales del Estado con subidas fiscales, lo que supone un golpe a la generación de empleo y a la actividad empresarial», ha afirmado el presidente de UNO, Francisco Aranda.

La segunda propuesta consiste en establecer un marco laboral mucho más flexible, siguiendo los modelos europeos, como en Alemania o el norte de Europa, donde se aplica el concepto de ‘flexiseguridad’, en lugar de «apostar por introducir rigideces. La patronal urge a modernizar el actual marco laboral porque es «antiguo y anticompetitivo».

Además, señala la necesidad de incluir a todo el personal afectado por Expediente de Regulación Temporal de Empleo(ERTE) en programas de formación y captación de nuevas habilidades y competencias profesionales, para «alinear completamente oferta y demanda de empleo y evitar así la sangría laboral».

Por último, a parte de reducir la burocracia del tejido empresarial, UNO pide establecer un mecanismo de «gastos compartidos» entre empresas y Estado para asumir los necesarios reajustes de las empresas, para que se puedan adaptar a los nuevos niveles de demanda y mantener así vivo el tejido productivo.

«En resumen, se trata de medidas que nos permitan ser más competitivos, porque no podemos olvidar que al país solo le irá bien si le va bien a sus empresas», ha declarado el presidente de la patronal española de las empresas de logística y transporte, antes de señalar que ellos son «el mayor escudo social y quienes garantizamos el bienestar social».

El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de la Cuba, Alejandro Gil, ha estimado este jueves una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) del 11% en 2020, en el contexto de la pandemia y sus efectos derivados sobre la economía.

Durante una intervención en la Asamblea Nacional, el ministro ha explicado que a las tensiones presentes en el 2019 se ha añadido la situación excepcional creada por la pandemia de Covid-19, que ha impactado de manera directa sobre la economía y en algunas actividades cruciales para el país como el turismo, la salud pública, la educación o la actividad productiva.

Por su parte, la proyección para la economía cubana en 2021 es de un crecimiento de entre un 6% y un 7%, acorde con la recuperación gradual de la actividad económica. Este rebote, según el titular de Economía, permitiría planificar la recuperación en 2021 y 2022 de las caídas experimentadas en 2019 (-0,2%) y 2020.

Gil ha señalado que la actividad económica muestra decrecimiento en los cuatro trimestres del 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, por la fuerte contracción en el comercio exterior, la reducción del turismo internacional y de los ingresos en divisas al país; así como el impacto significativo en los sistemas de salud y educación, derivado de la Covid-19.

La mayor contracción de la economía cubana se produjo durante el segundo trimestre, cuando el PIB cayó un 24,8%, a causa de las restricciones de movilidad y la aplicación de medidas sanitarias para contener el brote vírico. En el primer trimestre, la economía cubana se contrajo un 5,5%.

Gil ha estimado una recuperación de la actividad productiva en 2021, en buena parte por la reactivación del turismo, y de la social, lo que dependerá de la evolución y el control de la pandemia, así como del cumplimiento de actividades clave como el turismo y las exportaciones.

En términos de empleo, el ministro de Economía ha previsto que el año cierre con un incremento de 32.000 ocupados, de los cuales 22.000 serían del sector público y 10.000 en el sector privado. Así, la tasa de desocupación se incrementaría en un 0,4%, hasta el 1,6%, motivado por un mayor interés de las personas en busca de empleo.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo está trabajando en una Ley de crecimiento empresarial con el objetivo de eliminar trabas y dificultades para que las empresas ganen tamaño, al tiempo que aprobará «próximamente» un plan de digitalización de pymes con un presupuesto de más de 2.600 millones entre 2021 y 2023.

Este plan irá ligado al plan de competencias digitales y de digitalización de administraciones públicas, completando así los planes de la Agenda España Digital 2025.

Así lo ha adelantado durante su intervención en un acto de Cepyme de presentación del anuario de ‘Cepyme500’, las 500 pymes españolas líderes en crecimiento empresarial, y ‘CreCepyme’, un nuevo programa en el que multinacionales tutelan a 5 pymes para ayudarlas a aumentar su tamaño, en el que ha dicho ver «emocionante e impresionante» el empresariado español y ha subrayado que es «más urgente que nunca» que las pymes ganen productividad y tamaño.

Por ello, ha avanzado que el Ejecutivo está trabajando en una Ley de crecimiento empresarial para eliminar trabas y dificultades que las empresas encuentran para ganar tamaño, como parte de las reformas estructurales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Una mayor escala de empresa significa mayores posibilidades de internacionalizarse, invertir en capital humano y tecnológico para innovar y aumentar la productividad y eficiencia», ha enfatizado Calviño, recalcando que ello contribuye a aumentar a su vez la capacidad de crecimiento potencial del país.

Calviño ha repasado la batería de medidas aprobada desde marzo para paliar los efectos de la crisis, como los avales del ICO, que han movilizado 113.000 millones de euros; el real decreto ley para ampliar plazos de los avales y elevando de 500 a 1.000 millones el umbral para pasar al Mercado Continuo; los ERTE, con una cifra «relativamente estable» de 750.000 personas o la prestación por cese de a ctividad para autónomos, con unas 347.000 personas aún cubiertas.

Además, ha indicado que se sigue trabajando para adaptar las moratorias en el pago de cotizaciones, impuestos, reembolso de préstamos públicos y en la contención y reducción de costes fijos para las empresas, en particular para pymes y autónomos.

De esta forma, ha garantizado el «apoyo decidido» del Gobierno a las pymes y sectores más afectados, para lo que se seguirán aprobando medidas, como «en breve» el real decreto ley para eliminar cuellos de botella y exigencias burocráticas que no tienen valor añadido en términos de garantizar una gestión rigurosa de recursos públicos.

DIGITALIZACIÓN DE PYMES: 2.600 MILLONES ENTRE 2021 Y 2023

De igual forma, ha explicado que se ha puesto en marcha un proceso de transformación y de modernización con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo una de las prioridades la digitalización., al destinarse el 33% de la inversión de dicho plan.

En este contexto, ha recordado que en las últimas semanas se ha publicado el plan de conectividad para 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y en «las últimas semanas o principios del p róximo año» se publicarán los res planes restante del total de seis que contempla la estrategia Agenda España Digital 2025.

Con alrededor de 30 componentes, Calviño ha detallado que el plan se dirige específicamente a empresas pequeñas y medianas con el refuerzo de instrumentos de apoyo financiero para la internacionalización y diversificación geográfica.

Así, ha anunciado que «próximamente» se aprobará el plan de digitalización de pymes con un presupuesto global de más de 2.600 millones para el período 2021-2023 con cuatro ejes, que pasan por impulsar programas de digitalización escalables para llegar al máximo número de pymes con programas de equipamiento básico en digitalización y conectividad, promover la formación empresarial y directiva en competencias digitales y fomentar la incorporación de profesionales de transformación digital en pymes.

También busca impulsar la innovación disruptiva, el emprendimiento en el ámbito digital, y los clúster y asociaciones innovadoras, así como establecer programas sectoriales adecuados a las características sectoriales de la industria, el comercio y el turismo.

Tras estos detalles, ha recordado que gran parte de las iniciativas de apoyo ya están recogidas en el proyecto de Presupuestos de 2021, de ahí la «importancia» de su aprobación en los próximos días para poner en marcha y desplegar los planes «desde el 1 de enero».

«Sois imprescindibles y necesarias para nuestro país y nuestro futuro», ha enfatizado Calviño respecto a las pymes en presencia del presidente de la patronal de este colectivo, Gerardo Cuerva.

«CRECIMIENTO POSITIVO» EN EL CUARTO TRIMESTRE

Respecto a la evolución económica, ha destacado que los riesgos que se identificaban se han atenuado por la aparición de la vacuna, el acuerdo europeo sobre el despliegue del Fondo de Reconstrucción, las noticias sobre el Brexit y los resultados electorales en Estados Unidos. Ha resaltado que las tensiones geopolíticas se han suavizado y que desde la hibernación parece que se ha conseguido «mitigar y minimizar» el posible daño estructural.

Tras los datos «positivos» de crecimiento del 16,7% del tercer trimestre y una creación de 570.000 empleos, Calviño ha apuntado que las afiliaciones de octubre y noviembre fueron «positivas» y hay un arranque «relativamente positivo» en diciembre, además de que «hay más autónomos afiliados que antes de la pandemia».

Por ello, pese a la «elevada incertidumbre», ha afirmado que el impacto de la segunda ola es «muy inferior» al de la primera y ha mantenido que el escenario central prevé un crecimiento «positivo» en el cuarto trimestre del año. «Si mantenemos la senda positiva podremos recuperarnos en el año 2021», ha afirmado.