El Gobierno está siguiendo de cerca el caso de la española Juana Ruiz Sánchez, detenida hace casi dos semanas por las autoridades israelíes sin que por el momento esté claro el motivo, y ha ofrecido a esta asistencia consultar, según han indicado fuentes diplomáticas.
Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees, fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén, por más de 20 soldados israelíes.
Desde entonces, según han denunciado organizaciones de apoyo a la causa palestina que han reclamado su liberación, ha comparecido en tres ocasiones ante un juez, sin que por ahora esté claro el motivo de su arresto o si hay cargos en su contra. Según informa el diario ‘El País’, está previsto que este lunes comparezca ante un tribunal militar.
Tras conocerse los hechos, han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha habido un «contacto permanente con la familia» de la detenida y se le ha ofrecido a esta «toda la asistencia consular que pudieran necesitar».
Además, han precisado las fuentes, tanto desde el Consulado en Jerusalén como desde la Embajada en Tel Aviv, así como desde el propio Ministerio «se han establecido canales de diálogo con las autoridades israelíes para dar seguimiento a la situación».
La campaña en apoyo a la española ha indicado que junto a ella también han sido detenidos por las autoridades israelíes Tayseer Abu Sharbak, responsable actual del Departamento de Contabilidad de HWC y Saeed Abbad, anterior responsable del mismo hasta hace dos años.
«Estas detenciones y la sustracción, el pasado 8 de marzo, de material informático y documentación del departamento de contabilidad de la HWC nos hacen sospechar que los responsables buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza la HWC y que pretenden involucrar a Juana Ruiz y a sus dos compañeros en esta acusación», señalan en el comunicado publicado durante el fin de semana.
Tanto la familia como los amigos de Juana Ruiz en España consideran «imposible que la financiación de los proyectos con dinero de donantes españoles pueda tener ningún viso delictivo ya que la concesión de las ayudas, mayoritariamente públicas, está sometida a estrictos controles en cuanto a las actividades que se realizan y a la justificación económica completa de la financiación concedida», precisan en la nota, subrayando que «en caso de no cumplir la normativa se exige la devolución de las ayudas, algo que no nos consta que haya ocurrido en ninguno de los muchos proyectos realizados por la HWC».
