La Fundación Villacisneros, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Fundación Valores y Sociedad, y la Asamblea por la Vida –constituida recientemente por 140 organizaciones– han advertido de la ley de protección a la infancia frente a la violencia, aprobada recientemente en el Congreso, porque consideran que es «una ley de género y discriminación parental».
«En honor a los principios que inspiran y concretan este proyecto de ley, debería denominarse Ley de Género y Discriminación Parental», aseguran estas instituciones, que han creado un grupo de trabajo de juristas y académicos para analizar la norma.
A su juicio, el proyecto de ley supone «un nuevo instrumento al servicio de la ingeniería social que pretende cambiar las conciencias de las personas y, de esta manera, sustituir un orden social por otro».
En concreto, afirman que afecta a «la libertad de conciencia de los padres como educadores y defensores de la salud psíquica, moral, psicológica y social de sus hijos».
En ese sentido, las cuatro instituciones expresan su rechazo a que el proyecto de ley «erige como criterio general que la educación se asiente, entre otros criterios, en la deconstrucción de los roles y estereotipos de género».
Asimismo, les preocupa «el poder que el proyecto de ley da a las autoridades jurisdiccionales» así como «la inseguridad jurídica y arbitrariedad que suponen algunos artículos» lo que, a su parecer, puede abocar «a la más completa indefensión de padres y menores».
Según precisan, el proyecto de ley «convierte la excepción –privar de la patria potestad– en un recurso frecuente ante situaciones cuyo tenor literal emplea nociones jurídicas que son indeterminadas, cuestiobables e ilegítimas».
«La ley no define términos controvertidos como la llamada identidad de género, orientación sexual, parentalidad positiva, razones de género, etcétera», afirman.
Por otra parte, denuncian que «quienes ostentan la patria potestad pueden ser considerados culpables ‘a priori’ por la mera denuncia de una presunta víctima» y rechazan que se «permite una mayor intervención de la autoridad pública en el ámbito propio de la patria potestad».
Finalmente, declaran que «muchos» preceptos del proyecto de ley «vulneran el derecho a discrepar legítimamente y el deber de proteger a los hijos de la injerencia pública en la formación de su conciencia, sus valores y su modo de vida».
En este contexto, la Fundación Villacisneros, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, y la Fundación Valores y Sociedad han organizado una conferencia bajo el título ‘Ley de infancia: ingeniería social’, este lunes a las 20:00 horas, en la que participarán el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y la profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III, María Calvo. La conferencia podrá seguirse por el canal de YouTube de la Fundación Villacisneros.
