El PSOE ha exigido este martes conocer qué ha negociado el PP con su extesorero Luis Bárcenas a través de la intermediación de su actual secretario de Justicia, Enrique López, y ha adelantando su intención de que el también exgerente del partido, que supuestamente fue víctima de la operación 'Kitchen', sea una de las primeras personas en comparecer ante la comisión de investigación relativa a esa trama.

Así lo ha explicado el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que ha dejado abierta la posibilidad de que esa comisión acabe citando también, en su caso, en una segunda de comparecencias al presidente del PP, Pablo Casado.

El PSOE sigue manteniendo que las comparecencias, para cuyo inicio todavía no hay fecha, deberían empezar por los mandos policiales implicados y terminar por los responsables políticos, pero, coincidiendo con el inicio del juicio por una de las piezas de los llamados 'papeles de Bárcenas', Simancas ha anticipado que "cada día parece más interesante" que el extesorero sea uno de los "primeros" en desfilar ante este órgano.

Simancas se refería así la información adelantada por el diario 'El Mundo' relativa a que el ahora secretario de Justicia del PP, Enrique López puso en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el extesorero Luis Bárcenas. Este diario apunta a la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.

Fuentes cercanas a López confirmaron esta información, señalando que, al inicio de estos encuentros, el entonces juez de la Audiencia Nacional se limitó a poner en contacto a dos desconocidos.

¿QUE OFRECÍA EL PP DE HOY A BÁRCENAS?

Simancas ha hecho hincapié en que la ciudadanía "tiene derecho a conocer el contenido de las negociaciones del PP de Casado con el delincuente Bárcenas". "¿Qué le pedían a Bárcenas los intermediarios de Casado, qué silencios le reclamaban, a quién protegían esos intermediarios enviados por Casado, qué le ofrecían a cambio de sus silencios y qué papel jugaba en todo esto Enrique López?", son las preguntas que, según Simancas, requieren una respuesta.

En este contexto, al dirigente socialista ha remarcado que López "no es PP del pasado", sino el actual secretario de Justicia del partido y consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, por lo que "cada día es más evidente" que "no hay un PP de antes y un PP de ahora, sino que siempre es el mismo PP, el de la corrupción sistémica y el abuso de poder".

En su opinión, "Casado no ha reaccionado bien" porque en lugar de "limpiar" ha decidido "tapar" y lo que tiene hacer es "rectificar, dar explicaciones y actuar con responsabilidad". "Los españoles están esperando; nosotros también", ha enfatizado.

LOS POLÍTICOS, AL FINAL

Preguntado si, como proponen sus socios de Unidas Podemos, Casado debería ser citado en una segunda ronda de comparecencias en la comisión 'Kitchen', Simancas ha recordado que, de momento no se ha acordado llamarle, pero que la comisión puede ir ampliando el listado en función de sus trabajos. "Ahí lo dejo", ha apostillado.

La comisión aún tiene pendiente ordenar cómo se van a desarrollar los interrogatorios, pero el PSOE insiste en que primero ha de recabarse el testimonio de los mandos policiales implicados, quiere incluir a Bárcenas también entre los primeros comparecientes y llamar en último lugar a quienes ostentaban cargos políticos para "que respondan de sus responsabilidades políticas" respecto de la información que aporten los policías y el propio extesorero.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, no descarta aceptar votos de Vox para formar un gobierno de cambio en Cataluña, en sus palabras, a pesar de que hay muchos aspectos e ideas que les "alejan".

"Para mi Vox hace declaraciones racistas. Seguramente muchos de sus dirigentes son homófobos, sus planteamientos están alejados de las cuestiones LGTBI. Niegan que haya violencia de género", ha dicho este martes en una entrevista de Rac 1.

Aún así, Carrizosa ha insistido en que Cs no hará "cordones sanitarios en el Parlament" y destaca que pueden aceptar votos de todas las formaciones --también de la CUP, dice-- porque votan en función de quién está de acuerdo con el programa.

Al ser preguntado si cree que Vox es un partido constitucionalista, el candidato naranja no ha querido concretar pero ha insistido en la idea de que se demostrará tras el 14F: "Vox tendrá que decidir, según cómo quede el Parlament, con quién va si hay un escaño más, para acabar con los gobiernos nacionalistas".

"Como pasó en Andalucía. Yo pongo a Vox en el saco de los que presumiblemente tendrán que hacer política y decidir si tenemos que sacar a los gobiernos nacionalistas y probar un Govern de cambio", ha añadido.

PSC

Preguntado por las declaraciones del candidato del PSC, Salvador Illa, en las que aseguraba que no pactaría ni aceptaría los votos de Vox para formar Govern, Carrizosa se ha mostrado escéptico: "Dice cosas así pero a la hora de la verdad no sé yo si es tan contundente".

Carrizosa ha tildado al PSC de ser un partido con "dirigentes nacionalistas y que la mayoría de sus votantes no lo son", y le ha acusado de pedir votos constitucionalistas en las elecciones y después pactar con los nacionalistas, en sus palabras.

"Hacen declaraciones nacionalistas. Lo era (Pasqual) Maragall y (José) Montilla no sé bien bien qué era pero ponía multas lingüísticas. El PSC adopta como los camaleones los colores del nacionalismo", ha zanjado.

INDEPENDENTISMO

Preguntado por qué relación habría con los catalanes que se sienten independentistas en el caso de que tras el 14F se formara un Govern constitucionalista, el candidato ha considerado que tendría "que haber entendimiento entre las dos partes, pero que es necesario que reconozcan que cometieron un delito".

Por último, Carrizosa ha tachado al himno catalán de 'Els Segadors' de tener una letra "beligerante --por eso de los 'cops de falç'--", pero ha sostenido que, si tras el 14F fuera presidente del Govern, lo respetaría.

El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que ejerce la representación del Ministerio Público en el juicio por la 'caja b' del PP en la Audiencia Nacional, ha rechazado pronunciarse sobre la conveniencia de la celebración de un careo entre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, juzgado en este caso, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Lo considera "prematuro" al desconocerse aún si habrá contradicciones entre ambos en el curso de la vista oral.

Rajoy ha sido citado como testigo en esta causa, y según el fiscal además de la existencia de contradicciones la Ley de Enjuiciamiento criminal exige para justificar un careo que éstas afecten al interés de la causa y al objeto del enjuiciamiento, que son las obras en la sede del PP en Madrid sufragadas presuntamente con dinero en negro y "no a otros hechos".

Por ello, considera que aventurar la necesidad de este trámite procesal lo considera prematuro y deja esta decisión al criterio de la Sala.

Sobre las propuestas de testigos periodistas realizadas por esta misma defensa, Romeral ha señalado que por realizar una investigación periodística no puede considerarse que uno es testigo de un hecho, aunque carece de más elementos para decidir sobre este asunto y tampoco se pronuncia en aras a lo que decida el tribunal al respecto.

La defensa quiere llamar como testigo al periodista Francisco Mercado, a quien se señala como autor de una grabación aludida por Bárcenas en un reciente escrito ante la Fiscalía Anticorrupción. En este documento su antecesor en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, comenta "sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del partido, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".

La defensa también ha solicitado que se llame al periodista Eduardo Inda porque "escuchó esa grabación" así como a los también informadores Ernesto Ekaizer y a María Luisa Bernal porque escribieron sendos libros en los que contaron la existencia de esta grabación.

Sobre la solicitud de ausentarse de todas las sesiones del juicio planteadas por algunos acusados, el fiscal señala que lo deseado es su presencia en aras del derecho de defensa, si bien este derecho no es absoluto, por lo que el Ministerio Público no se opone a una dispensa siempre que comparezcan en el momento de su declaración y al término de la vista, en el turno de última palabra.

ABOGACÍA ELIMINA DELITOS FISCALES

Por su parte, la representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, se ha adherido a la postura de la Fiscalía respecto a la "limitación objetiva de los hechos de enjuiciamiento", para sacar de este proceso el presunto delito fiscal cometido por la formación con el impuesto de sociedades de 2008, así como el posible delito fiscal relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede.

"Haciendo un repaso cronológico de los matices con los que han sido interpretados estos limites de acusaciones populares para delitos de hacienda publica, debe rechazarse su legitimación", ha afirmado, en alusión a la denominada 'doctrina Botín', ya que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado acusan por estos hechos concretos.

El presidente del Comité de Bioética --órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad--, Federico de Montalvo Jääskeläinen, ha abogado por "retirar" la Ley de Eutanasia porque existe "un gran riesgo de crear una cultura de la muerte" y ha lamentado que el Gobierno no ha consultado a los expertos y "ha cercenado el debate".

"En cierto modo, recoge garantías, pero me parece que la ley está en ruinas, lo que haría es retirarla, porque no tiene solución y existe un gran riesgo de crear una cultura de la muerte, y trabajaría en una ley de cuidados paliativos", ha apuntado De Montalvo este martes 9 de febrero en el IV Congreso de Bioética organizado por la Universidad CEU San Pablo.

Además, De Montalvo ha criticado que el Gobierno "ha cercenado el debate y la opinión de los expertos". "Teníamos la esperanza de que se llamara a expertos, entre ellos, al Comité de Bioética", ha precisado, apuntando que es "una anomalía" aprobar una ley de este tipo sin contar con esta opinión previa.

Según ha indicado, se podría pensar que el Gobierno no ha presentado un proyecto de ley porque vía proposición de ley "no es obligatorio" contar con "informes del Comité de Bioética, el Consejo de Estado, el CGPJ, la Junta de Fiscales o la Organización Médica Colegial".

A pesar de no pedírselo el Gobierno, el Comité de Bioética realizó un informe, que presentó el pasado mes de octubre de 2020, y en el que rechazó por unanimidad considerar la eutanasia como un "derecho subjetivo".

Para Federico De Montalvo, "no cabe construir un derecho a morir" y ha subrayado que lo que se debe hacer es "conjugar la resolución de los casos que conmueven, excepcionales, con que no se abra la puerta a una cultura de la muerte" poniendo en "riesgo" a los "más vulnerables", como mayores o personas con discapacidad.

"Cuando uno decide acabar con la vida de una persona por amor, ninguno pensaría que entrara en la cárcel, el reproche penal no debe existir en ese caso, pero si se abre la puerta a este derecho o se modifica el Código Penal, puede dar lugar a una cultura de la muerte", ha advertido.

En concreto, De Montalvo ha explicado que no cabe el derecho a pedir la eutanasia por dos objeciones ético jurídicas. La primera es, según ha dicho, que "los que abogan por la eutanasia invocan permanentemente a la dignidad pero luego ponen supuestos de hecho".

El otro problema de fundamentación, a su parecer, es que "las personas que piden la eutanasia no piden morir sino que piden no sufrir y aceptan como consecuencia necesaria de su no sufrimiento el morir".

Por ello, ha lamentado que "esta ley no ha sido seguida de una ley de cuidados paliativos" y ha propuesto "explorar" este campo y la "sedación paliativa" en lugar de convertir la muerte en un derecho.

El presidente del Comité de Bioética también ha indicado que le "preocupa" que "no se permita la objeción de conciencia institucional" y ha adelantado que desde el Comité van a debatir sobre este tema y lo abordarán en otro informe.

En esta línea, sobre los médicos que se declaren objetores de conciencia en cuanto a la práctica de la eutanasia, considera que "sería más correcto un registro en positivo, no en negativo", es decir, que sean los profesionales sanitarios que estén de acuerdo en practicarla los que se apunten en una lista.

También ha lamentado que "no hay obligación de evaluar la ley" por lo que "no hay garantía que impida la pendiente resbaladiza". A su juicio, la norma se debería examinar cada cierto periodo de tiempo.

Finalmente, De Montalvo ha criticado la "polarización" en la sociedad y "los discursos radicales" y ha animado, en su lugar, a "buscar puntos de encuentro". Según ha indicado, actualmente parece que "morir es de progresistas y vivir, de conservadores" y, en ese caso, "es mejor ser conservador".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Pleno del Congreso el próximo 24 de febrero para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta mayo y de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus y paliar sus consecuencias.

Así lo ha ofrecido este martes el Gobierno en la Junta de Portavoces del Congreso y ha sido "bien entendido" por los grupos parlamentarios según ha señalado el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

Esta comparecencia estaba comprometida en la prórroga del vigente estado de alarma de seis meses, cuando se aceptó que Sánchez acudiera a la Cámara cada dos meses. La última vez fue el 16 de diciembre y toca este mes.

"Se aprobó que el presidente vendría cada dos meses y este mes de febrero comparecerá", había garantizado hace una semana Adriana Lastra. Lo que aún no estaba decidido era la fecha.

En la última reunión de la Diputación Permanente del Congreso, cuando el PP exigía explicaciones al Gobierno sobre los fondos europeos vinculados a la lucha contra la pandemia, el PSOE prometió que Sánchez acudiría antes del día 19. Así lo confirmó entonces el portavoz económico del PSOE en la Cámara Baja, Pedro Casares, apuntando al 17 de febrero. Sin embargo, finalmente la comparecencia ha quedado fijada para una semana después, el miércoles 24 de febrero.

Además de someterse al control parlamentario por el mecanismo extraordinario del estado de alarma, se espera que en ese Pleno el presidente del Gobierno informe también de los planes de vacunación y de la gestión de los fondos europeos.

Los rostros populares estafados por Paco Sanz, conocido como el 'hombre de los 2.000 tumores', han relatado en el juicio cómo fueron víctimas del engaño por parte del acusado para ayudar a difundir su historia a través de sus redes sociales reclamando ser indemnizados por los daños morales sufridos al afectar a su imagen pública.

En la primera sesión, el acusado alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar una condena de dos años de prisión. Sin embargo, el juicio arrancó al no llegar a un acuerdo en lo referente a las cuantías económicas a devolver a los estafados.

En su declaración, Paco Sanz explicó que recibió un tratamiento experimental en Estados Unidos para tratar el 'Síndrome de Cowden' que sufre, recibiendo ayudas de su familia, amigos y donaciones de terceras personas para sufragar los gastos de los viajes.

A su llegada a la Audiencia de Madrid, el actor Nacho Guerrero ha señalado que pidió ayuda a través de las redes sociales para este "señor", a quien ha llamado "gentuza". "Me escandaliza que estos estafadores campen a sus anchas", ha denunciado.

El cómico José Mota también fue víctima del engaño del acusado. "Lo que tiene que hacer es devolver el dinero y pedir perdón a la sociedad. Este tipo de actitudes son lamentables", ha aseverado a las puertas de la Audiencia madrileña.

Pedro García Aguado, conocido por el programa Hermano Mayor, ha comparecido en el juicio por videoconferencia. El exdeportista ha detallado que donó 600 euros a nivel particular y otros 150 euros a través de su asociación.

No obstante, ha reclamado unos 20.000 euros en total al difundir su historia a través de sus redes sociales pensando que era a título no lucrativo y por ayudar a su causa al decirle que se iba a morir si no recibía el tratamiento en Estados Unidos.

"Escribí el prologo de un libro sin remuneración y participé en varios vídeos colgados en mis redes. Yo por programa en aquella época cobraba unos 10.000 euros, por tuit unos 2.000 y por un retuit, mil euros. En aquella época mis cuentas tenían unos 200.000 seguidores. Le aseguro que el alcance de mis publicaciones era alto", ha subrayado.

Además, ha señalado que sintió "ira, impotencia y frustración" al enterarse de que había sido víctima de un engaño porque él se dedica a ayudar a personas y desde entonces no ha vuelto a donar en ninguna causa. "Te mete miedo en el cuerpo", ha dicho.

UN CRUCERO DE LUJO

La instructora de las diligencias policiales ha explicado que de la investigación no se desprendió que ningún dinero recibido de las donaciones de terceros fuera a parar a tratamientos médicos.

Sí viajó a Estados Unidos hasta en diez ocasiones pero no solo al hospital donde recibió el tratamiento gratuito del ensayo experimental en el que participaba por sufrir una enfermedad genética. "Se movía por diferentes poblaciones. Nos llamó la atención un viaje en un crucero de lujo", ha dicho.

El fiscal acusa a Paco Sanz de fingir en televisión la gravedad de su enfermedad -que llegó a asegurar que le provocaba 2.000 tumores- para estafar 264.780 euros.

El acusado fingió que le quedaban escasos meses de vida y consiguió recaudar en siete años 264.780 euros pidiendo ayudas económicas a través de las redes sociales y hasta en los medios de comunicación para tratar de conseguir un tratamiento experimental en Estados Unidos, porque en España no existía, de una enfermedad que en realidad no tenía ningún riesgo vital inminente.

La Fiscalía de Valencia solicita una pena de 10 meses de prisión para el alcalde del municipio valenciano de Benavites y diputado provincial Carlos Gil (PP) por presuntos malos tratos a su mujer.

Según se desprende de la calificación fiscal provisional, a la que ha tenido acceso Europa Press, a Gil se le atribuye un delito de maltrato en el ámbito familiar y un delito leve de injurias.

Junto a la pena de prisión, la Fiscalía requiere diez días de localización permanente; la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años; la prohibición de aproximarse a la mujer a menos de 300 metros durante dos años; y el pago de una indemnización de 90 euros para la víctima por las lesiones causadas.

El diputado provincial, suspendido cautelarmente de militancia tras los hechos y de sus funciones como coordinador general del PP de la provincia de Valencia, siempre ha negado los hechos y ha aludido a "falsedad" en la denuncia presentada por su mujer.

El acusado estaba casado con la víctima en el momento de los hechos, tenían dos hijas en común, menores de edad, y residían en una vivienda en la localidad valenciana de Benavites.

El incidente tuvo lugar el 4 de septiembre de 2020, cuando sobre las 22.30 horas se personó la mujer en el domicilio en el que se encontraba el acusado junto a su madre en Canet de Berenguer para recoger comida y enseres personales. Le acompañaba una de las hijas menores.

En ese momento se inició una discusión entre la pareja -siempre según el mismo escrito fiscal- por las cosas que se pretendía llevar la mujer y el acusado levantó la mano dirigiéndose hacia ella, si bien no logró agredirle al mediar la hija de ambos y la madre de él.

Cuando la mujer llamó a la policía, el acusado le arrebató el teléfono móvil para impedirlo. Posteriormente, cuando él se dirigió de nuevo hacia ella, salió corriendo pero la alcanzó en el rellano. La cogió fuertemente del brazo y del pecho.

En el transcurso de la discusión, el acusado le dijo a la víctima "hija de puta, te vas a quedar sola sin un duro". Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió varias lesiones en el brazo derecho y en el tórax. Precisó para su sanidad de una primera asistencia facultativa y tardó tres días en curar, ninguno de ellos impeditivo para sus ocupaciones habituales.

La Reina Letizia ha advertido de los riesgos de internet en menores y ha pedido "hacer compatible un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología, con el desarrollo de las capacidades digitales para propiciar un progreso inclusivo y sostenible que garantice el bienestar social".

"Sin que eso suponga que bajemos la guardia en asuntos como la privacidad, el ciberacoso, las tecnoadicciones, la gestión de la seguridad o la posible degradación de nuestra capacidad de atención y de concentración, acuñado con el nombre de 'obesidad digital'", ha señalado.

Así lo ha manifestado este martes Letizia durante su intervención telemática en el acto con motivo del Día Internacional de Internet Segura, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) bajo el lema 'Más conectados, más seguros'.

La Reina, que ha destacado que uno de cada tres usuarios de internet es un niño, ha subrayado que la pandemia de la Covid-19 ha aumentado "en un 80%" el tiempo que los ciudadanos pasan delante de la pantalla. Así, ha añadido que este año "es más pertinente que nunca poner encima de la mesa" el uso que se hace de internet.

En este punto, ha alertado de que los menores "cada día acceden antes a contenidos digitales, a las redes sociales, juegos online y aplicaciones de todo tipo".

"Con estas jornada tenemos la oportunidad de aprender y mejorar la experiencia digital. Seamos conscientes de los riesgos. Serán dos jornadas de gran utilidad para comprender mejor dónde estamos y cómo debemos actuar", ha apuntado Letizia.

La jornada organizada por INCIBE, que se celebra este martes y miércoles, tiene como objetivo promover el uso seguro de las tecnologías digitales, especialmente en niños y jóvenes, así como animar a usar internet de forma segura.

ENTORNO DIGITAL SEGURO, "UN COMPROMISO COMPARTIDO DE TODOS"

"El entorno digital seguro es un compromiso compartido de todos. Con este evento buscamos promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes, que son nativos digitales", ha comentado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

Artigas ha defendido que la respuesta "más eficaz y sostenible" a un uso seguro de las tecnologías "pasa por la educación y la concienciación". "En la red encuentran información, se relacionan y mejoran sus capacidades, pero en muchos casos no son conscientes de las situaciones de peligro a la que se exponen", ha advertido.

En sus palabras, la Covid-19 "no sólo ha incrementado el uso de horas de internet, sino que ha puesto en evidencia los actuales problemas que afectan a los menores y su entorno".

Precisamente, Artigas ha resaltado que la tecnoadicción de los menores es uno de los "principales retos" a los que se enfrentan los padres y que el acoso escolar en internet "es otro de los principales riesgos que mas preocupan a familias y educadores".

La exposición a contenidos inadecuados para menores de edad crece cada año y, según ha asegurado la secretaria de Estado, uno de cada tres menores ha experimentado ya una situación de riesgo. Ante esas situaciones, los jóvenes acuden en un 76 por ciento de los casos a otros compañeros y un 17 por ciento acude a sus padres para que les puedan ayudar en estos problemas.

El INCIBE pone a disposición de los ciudadanos la línea de ayuda en ciberseguridad '017'. Las consultas más habituales en esta línea relacionadas con menores son sobre privacidad y reputación (31%), seguido de protección de dispositivos (19%), contenidos perjudiciales (10%), ciberacoso escolar (8%) y uso excesivo de internet (7%).

A lo largo de 2020 las familias, junto a niños y adolescentes, han representado el 69 por ciento de las llamadas relacionadas con menores al '017' y el 21 por ciento de llamadas de educadores.

"Debemos garantizar un acceso seguro y confiable a internet y a todas las tecnologías", ha indicado la secretaria de Estado, quien ha destacado la importancia del "uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de las tecnologías".

El presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, ha denunciado este martes el "acoso" que sufren los voluntarios que atienden a los migrantes en los centros de acogida que están bajo su organización, especialmente a través de las redes sociales.

En declaraciones a 'Canarias Radio La Autonómica' critica que los acosadores "insisten en un mensaje incierto", que los inmigrantes "tienen subvenciones importantes y viven estupendamente" y "sacrificando" a las personas canarias, que dejan de recibir ayudas económicas.

Sobre los campamentos de migrantes, ha detallado que lo ideal es que "fueran temporales" y duraran "el mínimo tiempo posible" hasta tener otra infraestructura más adecuada ya que "no es lo mismo una construcción que una tienda de campaña", donde es más difícil combatir el frío y hay menos posibilidades de resguardarse ante las lluvias.

Rico también ha dicho que los dirigentes políticos "deben cuidar su discurso" porque son representantes públicos y tienen que evitar que de sus palabras "se traslade a un aumento de la xenofobia y el racismo".

El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que ejerce la representación del Ministerio Público en el juicio por la 'caja b' del PP en la Audiencia Nacional, ha rechazado pronunciarse sobre la conveniencia de la celebración de un careo entre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, juzgado en este caso, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Lo considera "prematuro" al desconocerse aún si habrá contradicciones entre ambos en el curso de la vista oral.

Rajoy ha sido citado como testigo en esta causa, y según el fiscal además de la existencia de contradicciones la Ley de Enjuiciamiento criminal exige para justificar un careo que éstas afecten al interés de la causa y al objeto del enjuiciamiento, que son las obras en la sede del PP en Madrid sufragadas presuntamente con dinero en negro y "no a otros hechos".

Por ello, considera que aventurar la necesidad de este trámite procesal lo considera prematuro y deja esta decisión al criterio de la Sala.

Sobre las propuestas de testigos periodistas realizadas por esta misma defensa, Romeral ha señalado que por realizar una investigación periodística no puede considerarse que uno es testigo de un hecho, aunque carece de más elementos para decidir sobre este asunto y tampoco se pronuncia en aras a lo que decida el tribunal al respecto.

La defensa quiere llamar como testigo al periodista Francisco Mercado, a quien se señala como autor de una grabación aludida por Bárcenas en un reciente escrito ante la Fiscalía Anticorrupción. En este documento su antecesor en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, comenta "sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del partido, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".

La defensa también ha solicitado que se llame al periodista Eduardo Inda porque "escuchó esa grabación" así como a los también informadores Ernesto Ekaizer y a María Luisa Bernal porque escribieron sendos libros en los que contaron la existencia de esta grabación.

Sobre la solicitud de ausentarse de todas las sesiones del juicio planteadas por algunos acusados, el fiscal señala que lo deseado es su presencia en aras del derecho de defensa, si bien este derecho no es absoluto, por lo que el Ministerio Público no se opone a una dispensa siempre que comparezcan en el momento de su declaración y al término de la vista, en el turno de última palabra.

ABOGACÍA ELIMINA DELITOS FISCALES

Por su parte, la representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, se ha adherido a la postura de la Fiscalía respecto a la "limitación objetiva de los hechos de enjuiciamiento", para sacar de este proceso el presunto delito fiscal cometido por la formación con el impuesto de sociedades de 2008, así como el posible delito fiscal relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede.

"Haciendo un repaso cronológico de los matices con los que han sido interpretados estos limites de acusaciones populares para delitos de hacienda publica, debe rechazarse su legitimación", ha afirmado, en alusión a la denominada 'doctrina Botín', ya que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado acusan por estos hechos concretos.

Cataluña ha registrado hasta este martes 524.723 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -487.096 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.892 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 19.885, 89 más que los registrados el lunes: 12.422 en hospital o centro sociosanitario, 4.525 en residencia, 1.106 en domicilio y 1.832 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.528, que son 107 menos que en el último recuento.

Un total de 688 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) -de centros públicos y privados-, seis menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) ha bajado hasta 0,84, y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 5,82%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 466,42 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el lunes alcanzaba un nivel de 405, y 24 horas después se sitúa en 378.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 32.142 personas que han dado positivo, de las que 8.587 han muerto y 93 se encuentran actualmente ingresadas.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 197.728 personas desde que empezó la campaña de vacunación -130.968 personas ya han recibido la segunda dosis--: en total, se han administrado 1.191 vacunas en las últimas 24 horas.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 145.081 son de la provincia de Barcelona, 16.575 de Girona, 13.854 de Lleida y 22.080 de Tarragona; y 52.172 del total son personas usuarias de residencias catalanas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño, ha sostenido este martes que "España es una democracia plena" y que hay una situación de plena normalidad democrática, en sus palabras.

Así ha respondido al ser preguntada por las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la situación de la democracia española con los presos del 1-O, y ha dicho: "No me parece que responda a la realidad".

Al preguntársele sobre sus divergencias con Iglesias, ha afirmado que la prioridad de los políticos deben ser los problemas de la gente: "Este tipo de comportamientos creo que se juzgan por sí mismos. No dedico tiempo a evaluarlos".

Después de que el Ministerio de Justicia anunciara este lunes que estudia reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona para proteger la libertad de expresión, Calviño ha argumentado que el marco legal debe irse adaptando a la evolución de la sociedad y sus prioridades, "que afortunadamente cambian".

"Para ser justo tiene que ser proporcional", aunque ha añadido que se trata de un ámbito sensible en el que pueden producirse conflictos entre derechos fundamentales.

Andalucía volverá a permitir las salidas y las visitas en las residencias de mayores una semana después de completar la segunda dosis de la vacuna en aquellos municipios que no se encuentren en el nivel de alerta 4 grado 2 por la pandemia del coronavirus, que son aquellos con una tasa superior a los mil casos por 100.000 habitantes.

Así lo ha señalado el director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias, José Repiso, en una entrevista en Canal Sur Radio. Ha explicado que este martes la Junta sacará una normativa en este sentido para que las salidas y las visitas vayan "volviendo a la normalidad", solo con "la excepcionalidad" de los municipios con nivel de alerta 4 y grado 2.

Asimismo, ha apuntado que el 90 por ciento de los centros residenciales de mayores está libre de Covid, no obstante, Andalucía cuenta en este momento con 105 centros con algún usuario positivo en el virus. "Después de la primera dosis de la vacuna hemos tenido brotes importantes en algunas residencias. Nos han faltado algunas semanas", ha reconocido, toda vez que ha indicado que "no hay constancia" de ningún positivo en este ámbito con las dos dosis de la vacuna administrada.

Repiso ha detallado que "muy pocos" usuarios mayores han rechazado vacunarse contra esta enfermedad, pero sí se ha dado el caso de una residencia donde "todos sus trabajadores se han negado" a vacunarse, un asunto al que han informado a Fiscalia por "si pudiera tener repercusión en la salud de los mayores. "Estamos esperando las indicaciones por si fuera obligatorio o no la vacunación en trabajadores con personas vulnerables, pero no podemos obligarlos por el momento".

"TODO EL PESO DE LA LEY"

Cuestionado sobre posibles irregularidades en estos centros, el director general de Cuidados Sociosanitarios ha afirmado que "la gran mayoría está haciendo las cosas razonablemente bien", pero ha reconocido que "hay constancia" y los servicios de inspección están haciendo su trabajo "cerciorándose de lo que se está haciendo mal".

"Caerá todo el peso de la ley sobre aquellos que no traten dignamente a nuestros mayores", ha subrayado. "Caiga quien caiga, en aquellos centros residenciales, aunque sea mínimo, que no se hayan hecho las cosas bien lo estamos poniendo a disposición de Inspección de Servicios Sociales y a la Fiscalía por posibles repercusiones penales", ha subrayado para señalar que "en casos excepcionales no se está haciendo bien y repercutirá la ley".

Según ha detallado, es por cuestión de justicia, "no podemos olvidar que los mayores tienen todos los derechos igual que si vivieran en su domicilio", y por cuestión de vulnerabilidad, "la alta concentración en residencias conlleva peligro".

Por último, ha llamado la atención sobre lo "obsoleta" que es la normativa en este ámbito y ha instado a "darle la vuelta" para "mejorar el modelo de residencia" con un sector más moderno.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha ironizado sobre la "normalidad democrática" que supone las informaciones sobre la mediación que ejerció el actual consejero madrileño de Justicia, Enrique López, entre el abogado del PP y el extesorero del partido Luis Bárcenas.

El también líder de Podemos ha señalado que López es el "negociador" del presidente del PP, Pablo Casado, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), formación que rechaza cualquier pacto que implique a Unidas Podemos.

Y además Iglesias alude a sus propias declaraciones en una entrevista al diario 'Ara', cuando afirmó que en España "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en la cárcel (Oriol Junqueras, ERC) y el otro en Bruselas" (Carles Puigdemont, Junts).

En un mensaje en Twitter, Iglesias se ha referido a la información adelantada por el diario 'El Mundo' relativa a que López puso en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el ex tesorero Luis Bárcenas. Este diario apunta a la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.

Fuentes cercanas a López confirmaron esta información, señalando que, al inicio de estos encuentros, el entonces juez de la Audiencia Nacional se limitó a poner en contacto a dos desconocidos.

Al respecto, Iglesias ha afirmado que López, al que define como "juez/político", fue "apartado" en 2015 del denominado 'caso Bárcenas' por "cercanía al PP". Además, ha subrayado que condenó a tres años y medio de prisión al rapero Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtònyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Por otro lado, ha aludido a la vertiente política de López como consejero de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y "negociador de Casado" para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Normalidad democrática", ha zanjado Iglesias.

Las palabras de Iglesias cuestionando la calidad democrática por la situación de los líderes del 'procés' tuvieron réplica de la vicepresidenta Carmen Calvo, quien discrepó "absolutamente". La dirigente socialista ha recalcado que España tiene "la normalidad propia de un Estado de Derecho" donde a todos se les aplican las leyes por igual.

Mientras, Ciudadanos registró ayer una iniciativa en el Congreso para reprobar al vicepresidente segundo y que sea destituido por cuestionar la plena normalidad democrática de España por los presos del procés. Pero, además, quieren que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explique el daño que esas palabras puedan hacer a la imagen de España en el extranjero.

España ha prorrogado hasta el próximo 1 de marzo los controles en la frontera interior terrestre con Portugal con las mismas limitaciones aplicadas durante los diez días iniciales después de haber realizado diferentes consultas de coordinación con las autoridades lusas.

Así lo recoge la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entra en vigor un día antes de que finalizase la orden que fijaba controles fronterizos para tratar de contener la expansión de la COVID-19.

En el escrito, se establece que las entradas y salidas del territorio español a través de la frontera con Portugal solo podrá realizarse por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan.

Estos serán publicados por la Dirección General de la Policía, la encargada de coordinar con las autoridades portuguesas el listado de pasos y horarios, e informará de ello al público.

En cualquier caso, los únicos autorizados para cruzar la frontera son los ciudadanos españoles y su cónyuge o pareja con la que mantengan una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público, y aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su cargo, siempre que viajen con o para reunirse con este.

También podrán cruzar la frontera los residentes en España, que deberán acreditar su residencia habitual, así como los estudiantes que cursen sus estudios en España, así como los residentes en otros Estados miembros o Estados asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia habitual, debidamente acreditado.

Además, podrán acceder a España quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio español por cualquier motivo exclusivamente laboral, siempre que se acredite documentalmente. Esta categoría incluirá, entre otros, a los trabajadores transfronterizos, trabajadores sanitarios y del transporte.

Por último, se permite el tránsito a las personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad, o por motivos humanitarios así como el personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones oficiales, así como los participantes en viajes de Estado y los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas para ejercer sus funciones.