El plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en siete días (+10%), pasando de 70 a 77 días, mientras que en el sector privado subió en cuatro días (+5%), de 73 a 77 días, por lo que se mantiene en ambos casos lejos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.
Así se desprende del informe sobre morosidad correspondiente al año 2020 y elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha alertado sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas y del sector privado y el más que significativo aumento del 74% de los impagados.
Según la entidad, se ha constatado que este empeoramiento de los plazos de pago está haciendo retroceder a los niveles registrados en 2015 (por parte de las AA.PP.) y en 2016 (en el sector privado).
«Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era poscovid-19 en el que nos encontramos inmersos», ha asegurado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios.
Además, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, casi la mitad de los encuestados (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021.
Asimismo, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 5,4%, lo que significó un «aumento peligroso» de un 74% respecto a 2019, situándose muy cerca del dato de 2014 del 5,7%.
El presidente de la PMcM, ante estas cifras y en la era Covid, ha urgido a implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos.
Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos, ha asegurado la entidad.
LAS GRANDES EMPRESAS, LAS PEOR PAGADORAS
La mitad de los encuestados asegura que sus clientes del sector privado han empeorado sus plazos de pago. Por tamaño de empresa, para la mitad de los encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros).
Sobre los plazos de pago de las grandes empresas, el 81% declara que estas superan el plazo legal, el 36% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días).
Solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. Para Cañete, «el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez».
