El Ministerio del Interior ha registrado un descenso del 19,4% de la criminalidad en España durante 2020, un año marcado por las restricciones de movilidad por el estado de alarma para hacer frente a la Covid-19. En total, se registraron 1.773.366 infracciones penales frente a las 2.199.475 que se contabilizaron en 2019.

En su balance, Interior reconoce que el descenso de la criminalidad «está íntimamente correlacionado con las circunstancias derivadas» del primer estado de alarma por el Covid-19 decretado el 14 de marzo, y que estuvo vigente hasta el 21 de junio, con el confinamiento generalizado de la población.

El descenso se ha producido en la gran mayoría de los tipos penales, como los homicidios dolosos y asesinatos consumados (-9,7%); los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (-20,1%) y el secuestro (-11,2%).

Los robos con violencia o intimidación registran una fuerte caída del -31,0%, así como los robos con fuerza (-27,5%; en domicilios -28,3%); los hurtos (-39,9%); las sustracciones de vehículos (-25,9%), y el resto de infracciones penales (-6,0%).

También bajan el conjunto de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (-13,6%); las agresiones sexuales con penetración (-14,5%), y resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual (-13,4%).

SUBIDA DE TENTATIVAS DE HOMICIDIO Y DROGAS

En el balance de 2020, Interior señala que como excepción al descenso generalizado se ha registrado un incremento de un 8,7% en las tentativas de homicidio doloso y asesinato consumado, ya que hubo 73 casos más que en el mismo período de 2019.

En los delitos relacionados con el tráfico de drogas, también se contabiliza un aumento del 2,2%, «un supuesto este último muy relacionado con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El balance del Ministerio del Interior ofrece una recopilación de datos de las infracciones penales registradas no solo a nivel nacional, sino también desagregadas por Comunidades Autónomas, provincias, capitales de provincia y localidades con población superior a 30.000 habitantes y territorios insulares.

DATOS POR CCAA

En el acumulado de enero a diciembre de 2020, y comparado con 2019, Cataluña registra un descenso de 27,9% (352.730 infracciones penales), con una caída en la ciudad de Barcelona del 40,5% (117.786 infracciones). El descenso en la Comunidad de Madrid (312.060 infracciones) es del 23,5%, y en el caso de la capital es del 27,3% (183.375 infracciones).

Entre los descensos más relevantes, los de las Islas Baleares (-22,7%), Ceuta (-22,8%), Melilla (-19,5%) y País Vasco (-18,4%). Andalucía contabiliza un descenso general del 15% en las infracciones penales; la Comunitat Valenciana del 16,1%; Castilla-La Mancha del 11,4% o Castilla y León del 14,4%. Entre las que presentan menor variación están Extremadura (-9%), Cantabria (-8,2%), y Galicia (-7,9%).

El informe recoge la evolución de la criminalidad en España registrada durante todo el año por Policía Nacional y Guardia Civil, así como los Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra) y también por las Policías Locales que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para 2021 Interior ha comenzado los trabajo técnicos para facilitar datos de municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, lo que entiende que «supondrá un avance en la difusión de la información estadística de criminalidad», de acuerdo a las recomendaciones de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).

El PP y Vox han impedido esta martes, en la Junta de Portavoces del Congreso, que EH Bildu pudiera modificar la pregunta que había registrado para la sesión de control de este miércoles con intención de interrogar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el ‘caso Zabalza’ y la existencia de torturas en España.

Inicialmente el diputado de la coalición abertzale Oskar Matute iba a preguntar al jefe del Ejecutivo de la situación de precariedad e incertidumbre en la que vive la juventud, pero este lunes, haciendo uso de la norma que faculta a los grupos a modificar sus preguntas para tratar temas de actualidad, Bildu registró su nuevo interrogantes sobre ‘caso Zabalza’, que quería formular su portavoz Mertxe Aizpurua.

La coalición abertzale registró el cambio de pregunta tras salir a la luz una grabación que demuestra que el joven Mikel Zabalza falleció en el donostiarra cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrundo en 1985, tras ser torturado.

REQUERÍA UNANIMIDAD

Según han informado fuentes parlamentarias, el PP y Vox ya votaron en contra del cambio de pregunta en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos hicieron uso de su mayoría para avalar la modificación. Sin embargo, cualquier cambio en el orden del día del Pleno debe contar con la unanimidad de la Junta de Portavoces y ahí PP y Vos han vuelto a votar en contra de la sustitución de la pregunta, por lo que no se ha podido modificar.

Así las cosas será Matute quien se dirija este miércoles al presidente del Gobierno y, aunque sobre el papel estará su pregunta relativa a la juventud, el diputado podrá hacer mención si lo desea al ‘caso Zabalza’.

Mikel Zabalza fue detenido el 26 de noviembre de 1985 y desapareció días después de ser trasladado al cuartel de Intxaurrondo. El 15 de diciembre encontraron su cuerpo en el río Bidasoa. La versión oficial defendió que murió ahogado en el río Bidasoa al caerse cuando intentaba huir de la Guardia Civil.

«¿Reconoce, como presidente del Gobierno, que ha existido la práctica de la tortura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?, reza la cuestión que quería plantear Aizpurua al presidente del Gobierno.

Bildu registró su cambio de pregunta tras publicar el diario ‘Público’ una conversación entre el excoronel de los servicios secretos del CESID Luis Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto en la que admiten que Zabalza murió al ser torturado.

El contenido de esa conversación ya fue publicado en su momento por ‘El Mundo’ pero el documento sonoro apareció durante el registro de la celda de Perote, en el marco de la investigación que los cineastas Miguel Ángel Llamas y Amaia Merino realizaron para su película documental ‘Non dago Mikel?’ (¿Dónde está Mikel?).

«SE LES HA IDO LA MANO»

«El tema de Zabalza está muy feo. Se les ha ido la mano, se les ha quedado en el interrogatorio. Fue una parada cardiaca como consecuencia de la bolsa en la cabeza», expone Gómez Nieto en la grabación.

Para Bildu, este audio confirma que «el uso de la tortura ha sido sistemático» en Euskadi. «Estamos ante una realidad que debe de ser esclarecida y reconocida sin ningún tabú ni desprecio», argumenta Aizpurua, quien descata la «tranquilidad» y la «convicción de impunidad» que, a su juicio, demuestran las dos personas que aparecen en esa «espeluznante» grabación.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos ‘narcopisos’ en el distrito madrileño de San Blas-Vicálvaro, encontrándose uno de ellos situado dentro de un recinto escolar, en un edificio abandonado destinado anteriormente al alojamiento de profesores, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Fueron detenidas seis personas, entre ellas, dos menores de edad, y se incautaron un total de 400 cogollos de cannabis y en torno a 90 plantas. Las dos operaciones se desarrollaron durante la última semana de enero, en el marco de un dispositivo policial contra pisos dedicados a la venta de sustancias estupefacientes y plantaciones ‘indoor’ de marihuana.

La primera de ellas, que tuvo lugar el día 29 del pasado mes, supuso la desarticulación de un punto de cultivo y venta dentro de un recinto escolar. El edificio estaba formado antiguamente por viviendas destinadas al alojamiento de los profesores del colegio, que actualmente estaban en su gran mayoría usurpadas.

Como resultado de las investigaciones, se relacionaron tres de los pisos del edificio con la actividad ilícita, al constituirse como importantes puntos de venta de sustancia estupefaciente a los que acudían numerosos menores, algunos de ellos, alumnos del propio colegio.

UTILIZABAN A MENORES PARA EL DESECHO DE RESIDUOS

Los agentes pudieron constatar que el principal investigado de esta operación utilizaba a menores de edad para realizar tareas vinculadas con el tratamiento de desechos y residuos generados por el cultivo de marihuana.

En efecto, la actuación policial se desencadenó con la detención de tres personas, dos de ellos menores, en el momento en que estos se estaban deshaciendo de tallos, hojas de marihuana y tierra empleada para el cultivo.

Durante el registro de la vivienda, se localizó una instalación de cultivo interior de marihuana compuesta por lámparas de calor, aparatos de climatización y extractores, así como una compleja instalación eléctrica sin ningún tipo de dispositivo de seguridad.

En total, se hallaron más de 400 esquejes de cannabis listos para plantarse, y unos 50 sacos de 50 kilos de tierra. Como resultado de la operación, fueron detenidas cinco personas y se desalojaron las tres viviendas por orden de la autoridad judicial, siendo posteriormente tapiadas para impedir su usurpación.

El segundo ‘narcopiso’ supuso la aprehensión de más de 90 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento y la detención de un individuo como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

Un total de 469 personas, la mayoría procedentes del mundo científico, universitario y las ONG han firmado un manifiesto impulsado por la organización conservacionista WWF en apoyo del comité científico que ha emitido un dictamen favorable a la protección del lobo ibérico como especie vulnerable en el conjunto de España.

El manifiesto, según ha explicado el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, se ha emitido a la vista de algunas declaraciones que a lo largo de este mes de febrero han dudado de la validez y calidad del dictamen emitido por este comité –creado en 2011– y que sustenta la decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad de incluir a la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LERSPRE), lo que conllevará que ya no será considerada especie cinegética.

En rueda de prensa, Del Olmo ha lamentado las «descalificaciones» de sectores y administraciones y ‘fake news’ que han dudado de la validez del dictamen y ha rechazado las presiones para que éste no se tenga en cuenta, porque considera que podría suponer un «grave precedente» para otras especies cuya conservación dependen «de la imparcialidad» de mecanismos administrativos. «Lo que más nos ha molestado y al mundo científico es que se pusiera en cuestión la independencia y validez del comité científico del dictamen», critica.

Por ello, ha reclamado que las decisiones que afecten a la conservación de la biodiversidad sean adoptadas exclusivamente en base a criterios científicos y no estén supeditadas a otros intereses económicos o políticos. En el caso del lobo, el manifiesto subraya que es una especie con una importancia extraordinaria para mantener y recuperarel equilibrio y la salud de los ecosistemas españoles.

Por ello, los firmantes piden a «todas» las administraciones implicadas que trabajen de manera «coordinada», «constructiva» y en base al «mejor conocimiento científico disponible», por la protección de esta especie y la coexistencia con la ganadería extensiva y otras actividades tradicionales.

Del Olmo ha sacado pecho de los 50 años que la ONG lleva trabajando en favor del lobo en España en los que de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente logró que la especie dejara de ser considerada «alimaña» y pasara a especie cinegética, lo que permitió empezar a terminar con su persecución. «Era otra sociedad que nada tiene que ver con la actual», reconoce.

En todo caso, ha defendido el trabajo de la ONG con el lobo «siempre con la mirada puesta en su conservación, pero también de la ganadería extensiva porque es vital».

«Consideramos muy acertada la decisión de incluir al lobo en el Catálogo y creemos que es una gran oportunidad para el mundo rural y la ganadería», ha apostillado Del Olmo, que celebra el gran «éxito» que en apenas cinco días ha logrado el manifiesto.

A su juicio, lo más importante en el cambio de estatus de la especie es que modifica la gestión en el conjunto del país, donde es considerada una sola población en la que queda prohibida su caza deportiva, aunque no su control excepcional bajo criterios científicos.

«Lo más importante del dictamen es que iguala la protección en el norte y en el sur del Duero donde toda la población se deberá tratar de una manera unificada», insiste.

El manifiesto defiende el acierto del Ministerio para la Transición Ecológica y su decisión que «no es política sino basada en la ciencia» y llama también a los sectores a trabajar «de forma conjunta» y dialogada en la coexistencia.

«Las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Está en un estado de conservación desfavorable. El lobo presta servicios a los ecosistemas y debería colonizar la Península Ibérica y no estar acantonado solo en unos puntos de la Península», ha añadido Del Olmo. En su opinión, este es el momento y la oportunidad de recolocar y repensar la gestión del lobo, de manera coordinada.

«El mundo científico y las ONG tenemos que sentarnos a hablar y encontrar ese camino y hacer posible la conservación de esta especie fabulosa compatible con un mundo rural vivo que todos queremos», ha concluido.

Por su parte, el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Fernando Valladares –firmante del manifiesto– ha destacado la importancia del lobo para el equilibrio de los ecosistemas en su función como depredador, aunque ha lamentado que el ser humano se lo ha ido quitando de encima hasta el punto en que ahora la especie no tiene margen para encontrar su nicho.

A su juicio, esta es una «buena oportunidad» para poner las patas del revés, pensar con honestidad y soltar las amarras del pasado y dejar de ver al lobo como lo que quedó de la ley de alimañas.

«Es fácil llevarse bien con un koala, pero con un lobo se ve la capacidad de convivencia del ser humano. Esta va a ser la prueba de que realmente puedes ver la naturaleza con su ecosistema completo. Nos va a hacer mejores personas. Ahora lo más sensato es llevarse bien con el lobo aunque te coma alguna oveja o te dañe el ganado», ha valorado.

Por su parte, la responsable del programa de especies amenazadas de WWF, Gema Rodríguez, ha apostado por el trabajo conjunto con los ganaderos realizado desde hace décadas por la ONG que «ha demostrado que la prevención sí funciona», con medidas como mastines, cercados, entre otras que han logrado reducir los ataques al ganado entre un 60 y un 80 por ciento y lograr un nivel de satisfacción de los ganaderos «muy altos».

Por ello, asegura que la apuesta de WWF pasa por asesorar a los ganaderos y por que las administraciones financien estas medidas de prevención porque «un ganadero no debe correr con los gastos de mantener al lobo». «Tenemos la solución pero falta la implantación», admite Rodríguez, que no cierra la puerta a que en los casos en los que fallen todas las medidas, puedan efectuarse controles letales siempre que esté justificado.

El manifiesto, que sigue abierto a firma, ha recopilado en cinco días 469 apoyos entre los que figuran más de 120 investigadores; 96 profesores universitarios; 25 catedráticos de Ecología y Zoología y más de 60 investigadores del CSIC.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado este martes vía libre a la publicación de las declaraciones de intereses económicos que, por primera vez, han tenido que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

La totalidad de ese código entró en vigor entonces, salvo la parte relativa al registro de las declaraciones de intereses, ya que se acordó dar de plazo a sus señorías hasta el 15 de febrero para presentarlas.

Una semana después de esa fecha, el órgano de gobierno de la Cámara ha dado traslado de las mismas a la Oficina de Conflicto de Intereses y el visto bueno para su «inmediata» publicación en el Boletín del Congreso y su página web. Sin embargo, no se comprobará expresamente la veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y cada diputado se hará responsable de su contenido.

En esa declaración de intereses económicos cada parlamentario debe consignar las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y «que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos». Cuando se trate de actividades por cuenta ajena deberán precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad.

VIAJES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

También tienen que informar en la declaración de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés.

Sus señorías han de comunicar, asimismo, las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido en los cinco años anteriores a su desembarco en las Cámaras, o sigan contribuyendo tras obtenerla, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados.

En cada una de las Cámaras se ha creado un Registro de Intereses que depende directamente de la Presidencia, aunque su gestión administrativa corresponderá a los órganos competentes de la Secretaría General de cada una de ellas.

En ese registro se custodiarán las declaraciones de intereses económicos, que podrán ser consultadas por la ciudadanía a través de las páginas web de ambas Cámaras, donde también están publicadas las declaraciones de patrimoniales y las relativas a las actividades extraparlamentarias de diputados y senadores.

CONFLICTO DE INTERESES

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, «tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general».

Por contra, «no existirá conflicto de intereses cuando se obtenga algún beneficio únicamente por pertenecer al conjunto de la población o a una categoría amplia de personas».

Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar del mismo a la Presidencia del órgano correspondiente antes del inicio del debate del asunto que le afecte. Si duda de que exista o no, podrá dirigirse, «con carácter confidencial«, a la Mesa de la Cámara para que resuelva lo que proceda, pudiendo pedir un informe a la Comisión sobre el Estatuto de los Diputados o a la de Incompatibilidades del Senado.

La Presidencia de cada una de las Cámaras, de oficio o a petición de otro parlamentario, podrá solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del código por parte de un parlamentario, especialmente en el caso de conflicto de intereses.

Las encargadas de elaborar un informe sobre la posible infracciónserán la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberán escuchar al afectado y podrán en recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses correspondiente.

LAS MESAS DECIDEN SOBRE LAS SANCIONES

El informe de la comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, proponer, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Serán las Mesas del Congreso y el Senado, respectivamente, las que resuelvan si se impone o no sanción.

En el Congreso, la Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de velar por la correcta aplicación del código y resolver las dudas que genere su aplicación está dirigida por el letrado Javier Ballarín Iribarren.

Este órgano tiene encomendado actuar «con total reserva respecto de las dudas planteadas» y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento «la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de «anomalía democrática» que el Gobierno de España tenga como socios a partidos nacionalistas e independentistas que han rechazado participar en el acto de este martes en el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y que proclaman su intención de «destruir» la democracia constitucional.

«Hoy no están los nacionalistas y separatistas vascos, catalanes y gallegos porque realmente no celebran que la democracia española solventara este reto y se consolidara» porque «ellos también aspiran a destruirla de otras formas», ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja antes de asistir al acto oficial, que estará presidido por el Rey Felipe VI y en el que además se celebra la vigencia de la Constitución de 1978.

Arrimadas ha lamentado que esos partidos que hoy «no celebran el triunfo de la democracia» el 23-F sean «socios permanentes y estables» del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. «Eso sí que es una anomalía democrática», ha dicho en alusión a las palabras del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, sobre que en España no hay «plena normalidad democrática».

Las formaciones que no acuden a la cita en el Congreso son Esquerra Republicana de Catalunya, el PNV, EH Bildu, Junts per Catalunya, el PDeCAT, el BNG y la CUP, en línea con lo que suelen hacer en los actos en los que participa el Rey o que conmemoran los aniversarios de la Carta Magna.

La líder de Cs también ha criticado que sean precisamente estos partidos los que más insisten en que se reforme la ley de secretos oficiales para desclasificar información sobre lo que ocurrió en el intento de golpe de Estado de 1981. «No sé si son los más indicados para hacer peticiones de este tipo», ha añadido.

FRENTE AL GOLPE, «UNIÓN DE TODOS LOS DEMÓCRATAS»

Y «más allá de cuestiones puntuales», considera que «lo que sí sabe la sociedad española» es que aquel episodio fue «una de las mayores afrentas a la democracia de nuestro país».

Asimismo, ha señalado que en España no ha habido otro «golpe» y «desafío a la democracia» hasta el año 2017 –por el referéndum ilegal en Cataluña y la declaración unilateral de independencia–, aunque «de formas diferentes», y que en el 23-F fue muy importante «la unión de todos los demócratas» y el «apoyo absolutamente unánime de la sociedad» a la nueva etapa iniciada tras la dictadura franquista.

Arrimadas ha destacado que, después de horas de «incertidumbre» y «mucho miedo» para millones de españoles, la democracia «venció y se consolidó» y «los golpistas no se salieron con la suya». Por ello, ha expresado su agradecimiento a la generación de la Transición y ha hecho un reconocimiento a «todos los que hicieron posible que ese golpe de Estado fracasara».

Concretamente, ha mencionado a los diputados y miembros del Gobierno, a los militares que «permanecieron fieles a la Constitución» y a periodistas, así como al entonces jefe de Estado, Juan Carlos I, cuya intervención, según ha indicado, «fue decisiva para garantizar el triunfo de la democracia».

La presidenta de Ciudadanos ha afirmado que la lección del 23-F es que no se puede «dar por descontada» la democracia, sino que es necesario «cuidarla, respetarla y protegerla» cada día.

Ha asegurado que eso es lo que hará la formación naranja «desde el centro político y desde el liberalismo», como una alternativa al bipartidismo del PSOE y el PP que continuará trabajando para que la democracia «siga triunfando» y para que «los que aspiran a destruirla», como «el populismo y el nacionalismo», «nunca lleguen a conseguir su objetivo».

Expertos en el abordaje de las enfermedades raras han destacado la necesidad, con motivo de la celebración, el pasado domingo, del Día Mundial de estas patologías, de humanizar la asistencia sociosanitaria que se presta a los pacientes y sus familias, así como garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos.

Así se han manifestado durante el encuentro digital ‘Día Mundial de las enfermedades raras. Avanzando juntos en la humanización de las enfermedades raras’, organizado con la colaboración de la compañía Sobi. Allí, representantes de los pacientes, de los profesionales sanitarios, de la industria y de la Administración han subrayado los principales retos en la asistencia que se presta a las personas que conviven con una enfermedad poco frecuente.

«En España se supedita la atención del paciente con una enfermedad rara a su código postal, por lo que es necesario impulsar una atención integral. Además, existe un importante retraso en el diagnóstico de estas patologías y España es el único país que no dispone de una especialidad de genética», ha detallado el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión.

Del mismo modo se ha pronunciado el médico internista de la Unidad de Amiloidosis del Hospital Universitario Son Llátzer (Palma de Mallorca), Juan González, quien ha lamentado la «falta de tiempo» que hay en la práctica clínica para poder atender adecuadamente a los pacientes con enfermedades raras, recordando además que la atención a los mismos requiere de una medicina individualizada.

«La humanización de la asistencia sanitaria a estas personas necesita de la capacitación y de la mejora de las habilidades de los profesionales sanitarios. Hay que mejorar algunas actitudes y aptitudes para garantizar una atención más humanizada ya que, a veces, los sanitarios no garantizamos mucho la humanización cuando tratamientos a los pacientes debido, entre otros motivos, a la falta de tiempo», ha añadido la enfermera y vicepresidenta del Consejo Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia, Mercedes Carreras.

Al respecto, el viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, José María Antón, ha destacado el plan que ha impulsado la región para humanizar las enfermedades raras, una iniciativa creada en 2019 y sobre la que se ha dado continuidad a lo largo del 2020, a pesar de la pandemia del Covid-19.

«Somos conocedores y sensibles al contexto al que se enfrentan cada día las personas con enfermedades raras, así como la importancia de incluir un plan sociosanitario a nivel autonómico y que esté coordinado a nivel nacional», ha apostillado, para recordar que el plan de la Comunidad de Madrid sobre las enfermedades aras está en continua evaluación para garantizar que se presta una atención integral a las personas y se potencia la cooperación y coordinación sociosanitaria.

RETOS EN LA INVESTIGACIÓN Y ACCESO A TRATAMIENTOS

Más allá de la humanización, los expertos reunidos han avisado de que otro de los principales retos que presenta el abordaje de las enfermedades raras es la investigación y el acceso de los pacientes a la misma. Y es que, tal y como ha advertido Carrión, de nada sirve hace investigación si el medicamento o los tratamientos no llegan a los pacientes.

En este punto, se ha aludido al Informe Anual de Acceso de los Medicamentos Huérfanos en España, publicado este lunes por la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) y que evidencia que la Unión Europea alcanzó un máximo histórico de 165 tratamientos con designación huérfana en 2020, pero que menos de la mitad son accesibles para los pacientes españoles.

Concretamente, en el último ejercicio se asignaron en España 10 Códigos Nacionales (CN) y se aprobó la financiación de 5 nuevos medicamentos, lo que supone un descenso de un 6 por ciento en los CN y un 45 por ciento menos de medicamentos financiados con respecto a 2019. Asimismo, estas cifras revelan que, en 2020, solo 4 de cada 10 medicamentos huérfanos autorizados y comercializados en Europa llegan finalmente a los pacientes españoles.

«La situación es muy mejorable. No es posible el déficit que hay en España en el acceso a medicamentos autorizados y comercializados en Europa y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Además, se da también la circunstancia de que con fármacos ya disponibles en España no se garantiza su acceso a todos los ciudadanos que lo necesitan», ha denunciado el presidente de FEDER.

Estas declaraciones han sido corroboradas por Antón, quien ha lamentado que el acceso a los medicamentos dependa del código postal y ha abogado por impulsar herramientas de autorización que faciliten el acceso a los medicamentos huérfanos. «Necesitamos reforzar la cohesión del Sistema Nacional de Salud y debemos hacer una reflexión sobre cómo trabajamos para lograrla. Queda un trabajo y un camino por recorrer todos juntos», ha enfatizado.

Finalmente, la directora de Acceso al Mercado, Relaciones Institucionales y Comunicación de Sobi en España y Portugal, Beatriz Perales, ha asegurado la importancia de la investigación de estas enfermedades y del impulso a la misma que se está produciendo en los últimos años y ha anunciado que la compañía va a impulsar un ciclo de seminarios, de carácter trimestral, para abordar temas «claves» en el abordaje de las patologías poco frecuentes como, por ejemplo, la actualización de la Estrategia de Enfermedades Raras; el protagonismo de los profesionales y de las asociaciones de pacientes en la innovación; o la dimensión económica de estas patologías, entre otros.

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha defendido este martes que la democracia española «es plena» en la actualidad, que son los diputados los que «están fallando».

De esta forma se ha pronunciado Rodríguez Ibarra en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que en la actualidad «la democracia es plena, porque tiene sistemas que funcionan», aunque ha apuntado que instituciones como el Congreso de los Diputados, los tribunales de justicia o el Senado «no funcionan solas», sino que las hacen funcionar los ciudadanos.

Por eso, Rodríguez Ibarra ha reiterado que «la democracia es plena, porque tiene toda las características que definen a un sistema democrático», tras lo que ha resaltado que los que «no son plenos» son los demócratas españoles.

En ese sentido, el expresidente extremeño ha resaltado que la democracia «permite que haya libertad de expresión, que los diputados se puedan interpelar y puedan hacer leyes», tras lo que ha planteado ¿qué es lo que está fallando? los diputados».

Así, ha destacado que «si los democrátas no perdonáramos a aquel que miente, entonces no habría mentiras en la política, pero como da lo mismo que hoy digan una cosa y mañana la contraria», ante lo que «no se castiga, porque estamos hechos unos forofos, peores que los del fútbol».

En ese sentido, Rodríguez Ibarra ha considerado que «en estos tiempos, como en cualquier otros, la clase política española nunca ha gozado de simpatía», tras lo que ha defendido que «cuando hay una sociedad sana, limpia, buena y con objetivos, hay políticos sanos, limpios, buenos y con objetivos».

Sin embargo, «cuando hay una sociedad podrida o amorfa, hay políticos podridos y amorfos», ha resaltado el expresidente extremeño.

PROTESTAS EN LAS CALLES

Por otra parte, y respecto a las protestas que se están produciendo en distintos puntos del país tras la entrada del rapero Pablo Hasel en la cárcel, Rodríguez Ibarra ha señalado que «no se puede globalizar todo», ya que de estos jóvenes que participan, «algunos tienen razones sobrada para hacerlo, puesto que es la generación milenial que han sufrido dos crisis», mientras que «otra parte» en su opinión «siempre que gobierna la izquierda, intentan echar abajo la izquierda para que gobierne la derecha».

Se trata, en su opinión, de «gente inmadura» que «consideran que si ellos están en contra de la izquierda gobernante, ellos son más de izquierda», lo cual a juicio de Rodríguez Ibarra, «es un problema de madurez» que «se quita con la edad».

Unas protestas en las que también participan «aquellos que siempre van a intentar romper cristales, y robar de los comercios lo que puedan», así como «aquellos que tienen razones para estar quejosos de un país que en estos momentos no les está ofreciendo muchas expectativas», ya que «estaban saliendo de una crisis y se han encontrado con otra tremenda», ha concluido.

Las bases de la CUP debatirán a partir de este miércoles qué papel y qué responsabilidades quieren ejercer en la nueva legislatura, entre las que se plantean la opción de entrar en la Mesa del Parlament e, incluso, presidirla.

En un comunicado este martes, ha explicado que este debate lo harán en trece Asambleas Abiertas Parlamentarias –las primeras se harán los días 24, 25 y 26 de febrero–, serán en formato telemático y solo serán de debate.

El documento que se llevará a debate analiza los resultados electorales constatando que el independentismo ha ampliado su representación y superando el 50% de los votos, y reivindica que la CUP ha sido la única candidatura independentista que ha aumentado en porcentaje de votos sobre el total.

Lo atribuyen a que el voto independentista «se ha desplazado un poco más hacia la izquierda y el voto unionista hacia posiciones de autoimagen más progresista, a pesar de la irrupción de Vox», que alertan de que ha entrado con fuerza en la mayoría de zonas con la renta más baja de Catalunya.

«RUPTURA DEMOCRÁTICA»

El debate sobre qué papel ejercer en la próxima legislatura parte de la propuesta política con la que la CUP se ha presentado a este nuevo ciclo electoral, que se basa en la tesis de la «ruptura democrática como única opción para avanzar hacia la negación sistemática de los poderes del Estado de aceptar las más mínimas concesiones en materia social y nacional».

Así, la CUP plantea cómo concretar esta propuesta y plantea una doble negociación: «Con la sociedad civil organizada, los sindicatos y los movimientos sociales, y a nivel institucional con aquellos partidos que no propiciaron la represión contra el 1 y el 3 de octubre a través de las fuerzas de seguridad la aplicación del 155».

Los objetivos que se marca la CUP es fijar una hoja de ruta hacia la independencia, un «rescate social contra la actual situación sanitaria, económica, social, laboral y de crecimiento desmedido de la pobreza», así como concretar un plan de trabajo de cambio de modelo económico desde una perspectiva social, ecologista y feminista.

PUESTO EN LA MESA

A partir de este análisis y este objetivo, pregunta a la militancia cuál es la estrategia de legislatura a seguir: «¿En qué grado debería asumir responsabilidades en clave institucional la CUP y en función de qué acuerdos?».

Asimismo, subraya que la Mesa del Parlament es importante para «hacer frente a los ataques del Tribunal Constitucional (TC) a la soberanía del Parlament», y asume que por los resultados electorales a la CUP le corresponde un puesto en este órgano.

«De acuerdo con la nueva correlación de fuerzas, ¿deberíamos plantear la asunción de la Presidencia de la Mesa del Parlament?», plantea la CUP a sus bases.

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado apoyar a los Mossos d’Esquadra y a otros cuerpos de seguridad ante los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel: «Quien no tenga esto claro y no les dé apoyo suficiente cuando están combatiendo actos de pillaje y vandalismo, a mi modo de ver, está inhabilitado para gobernar».

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha lamentado que «hayan tenido que pasar siete días para ver a un responsable de la Generalitat» apoyar a los Mossos y condenar estos actos, en referencia a la comparecencia de este lunes del vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès.

Para Illa, los altercados no son «tolerables en una sociedad como la española y la catalana, una ciudad como Barcelona, y en una democracia plena», en la que cree que debe garantizarse la seguridad y el orden público.

Según él, la mayoría de los catalanes apoya las actuaciones de los Mossos ante el vandalismo durante las protestas: «Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que tener respaldo sin fisuras cuando hacen su trabajo, que para eso están».

«Hablar de modelo me parece una broma de mal gusto» ante actos de pillaje, aunque sea posible mejorar elementos del sistema, y ha pedido no poner no poner constantemente en cuestión su labor y profesionalidad de los agentes, en sus palabras.

Preguntado por la postura de Podemos ante los altercados, ha asegurado que se queda con «la matización» del portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, que dijo que se había generado un falso debate sobre su postura ante los disturbios porque asegura que condena los actos de violencia.

PACTOS DE GOVERN

Sobre las negociaciones tras las elecciones catalanas, ha explicado que continúa buscando apoyos para abrir una «legislatura del diálogo» desde el Govern, que quiere liderar con los comuns como socios.

Según él, la alternativa es volver a repetir un Govern de ERC y de Junts, lo que le parece «un callejón sin salida», y ha opinado que los partidos independentistas no podrán lograr nunca un consenso alrededor de su proyecto en la sociedad catalana.

No veo que esas elecciones hayan supuesto un refrendo para el proyecto independentista», razón por la que apuesta por dialogar –salvo con Vox, ha concretado– para lograr consensos sobre salud y salir de la crisis sin dejar a nadie atrás.

CGPJ Y LEY DE VIVIENDA

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha afirmado que no participa en las negociaciones: «Pero ya sería hora de que se llegara a un acuerdo», algo que es un mandato constitucional, ha recordado.

También se ha mostrado partidario de que se cumplan los «acuerdos de investidura» sobre la protección del derecho a la vivienda en el proyecto de ley en que trabaja el Gobierno, en el que ha llamado a priorizar la seguridad jurídica.

Ha apostado por continuar trabajando en una regulación en la que «las cosas estén bien consensuadas», apostando por incentivar las buenas prácticas más que las sanciones, como propuso el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

23F y COVID-19

Coincidiendo con los 40 años del intento del golpe de Estado del 23F, Illa ha rechazado que la situación actual del Rey Emérito tras investigaciones sobre su patrimonio empañe el papel «clave» que tuvo ese día.

«Si hay que hacer una reflexión sobre la situación de la Monarquía hay que hacerla con pausa y salir de posturas demagógicas. La Monarquía ha hecho su papel en España y el Rey Felipe VI está haciendo una labor muy correcta», ha dicho.

El también exministro de Sanidad ha opinado que la ciudadanía debe seguir cumpliendo las medidas sanitarias, se ha mostrado «optimista» sobre el proceso de vacunación y ha defendido seguir las indicaciones de los laboratorios sobre las vacunas a la hora de planificar la inmunización.

El 52% de los profesores españoles considera que la tendencia sobre el abandono escolar en España no ha cambiado y que incluso ha aumentado en la última década, según se desprende del ‘IV Informe Young Business Talents: La visión del profesor’ sobre la situación de la educación en España, desarrollado por Abanca, ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT.

El trabajo se basa en una encuesta realizada entre los meses de octubre y noviembre de 2020 a un total de 569 profesores de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y ciclos medio y superior de Formación Profesional.

Según el estudio, los profesores creen que las principales causas del abandono escolar se deben a cuatro problemas principales: la pérdida de la cultura del esfuerzo y la tolerancia ante las frustraciones (55,5%), el bajo interés que muestran los alumnos por el estudio (35,7%), a que los contenidos educativos no conectan con los intereses actuales (30,9%) y porque los alumnos no sienten que estudiar les permitirá tener un futuro mejor (29%).

«Debido a la situación actual derivada de la crisis sanitaria del coronavirus, los profesores españoles siguen teniendo una percepción alta en cuanto al abandono escolar de sus alumnos. Nos enfrentamos a una crisis de aprendizaje agravada por la pandemia que pone en riesgo el no retorno de los alumnos a las aulas, porque no pueden o no quieren continuar con sus estudios», afirma Mario Martínez, director del informe.

A raíz de la pandemia, los profesores creen que el futuro profesional de los jóvenes se verá afectado. El 48,9% considera que se acostumbrarán al teletrabajo y a no depender de un espacio físico para trabajar, el 48,3% piensa que los jóvenes se verán obligados a desarrollar habilidades nuevas para lanzar sus propios emprendimientos, el 38,3% cree que desarrollarán negocios vinculados cada vez más con la tecnología y la globalización, y el 35,1% opina que las crisis económica hará que se retrasen los planes de emprender a corto plazo.

SIN APOYO DE LAS AUTORIDADES Y SIN RECONOCIMIENTO SOCIAL

Hasta el año 2019 el porcentaje de profesores que pensaba que la educación había mejorado en los últimos años se acercaba al 50%, pero desde hace dos años, este porcentaje ha disminuido y viene aumentando el de profesores que consideran que la calidad de la educación ha empeorado en los últimos años. De esta forma, el 31,6% de los profesores españoles considera que la calidad de la enseñanza está en descenso en los últimos años, cuando en 2018 solo el 21,6% tenía esta percepción.

Un aspecto que destaca el estudio son los resultados en cuanto al sentimiento que tienen los profesores frente al nivel de respaldo por parte de las autoridades. El 56,5% se siente poco o nada satisfecho al parecerles claramente insuficiente; frente al 14,8% que se siente bastante o muy satisfecho.

Estos datos van en la misma línea respecto al reconocimiento social por su labor docente. Existe una clara mayoría de profesores que se sienten poco o nada satisfechos con el reconocimiento social a su labor (51%), frente a los que se sienten bastante o muy satisfechos (16,9%).

Por otro lado, el 72,9% de los docentes afirma que sus alumnos no están preparados para la vida laboral. Estos datos son acordes con el nivel de insatisfacción que muestran sobre el grado de adecuación de la educación para el futuro laboral de los jóvenes. El 48% de los profesores se muestra disconforme en cuanto a la formación práctica que ofrece el sistema educativo actual.

Asimismo, el 35,5% de los profesores se encuentra satisfecho con el interés que muestran los alumnos en su formación, frente al 20,4% que no opina de la misma manera. Además, la mayoría de los profesores, el 45,3%, valora positivamente el respeto que sienten por parte de los estudiantes.

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

De cara a proponer medidas para la mejora de la educación, el 76,8% de los profesores considera de mucho interés incorporar en la enseñanza programas y actividades de educación financiera. Además, el 90,5% piensa que la enseñanza de temas relacionados con la economía y empresas debería ser obligatorio.

En este aspecto, el 34,8% ve un gran potencial entre sus alumnos para llegar a ser futuros emprendedores, frente al 23,8% que opina lo contrario. Entre las principales motivaciones que piensan que pueden tener sus alumnos para emprender se encuentran: poder enfocarse en las actividades que les gusta hacer (29,2%), garantizarse un empleo en tiempos de crisis (24,3%) y ser sus propios jefes para tener más libertad (22,3%).

Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts, PDeCAT, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la CUP han justificado este martes su plante al Rey Felipe VI en el acto del Congreso por el 40 aniversario del fracaso del intento de golpe de Estado del 23F en que su objetivo es acabar con «el régimen del 78».

Así se recoge en el manifiesto que los representantes de estos seis partidos políticos han leído en rueda de prensa tan sólo horas antes de que la Cámara acoja un acto para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la citada efeméride que presidirá el Jefe del Estado.

«Somos fuerzas que compartimos el objetivo de ruptura democrática con el régimen del 78, el cual supone la negación nacional y social de los derechos y libertades de nuestras sociedades y nuestros pueblos», comienza dicho manifiesto.

En el texto, recogido por Europa Press, las fuerzas firmantes denuncia que ese régimen y los pilares que lo sostienen son «el candado» que impide que la ciudadanía catalana, vasca, gallega, así como las clases populares de este Estado avancen hacia un escenario democrático «basado en la libertad nacional y la justicia social.

DE AQUELLOS POLVOS, ESTOS LODOS

«Hace hoy 40 años, tras los acontecimientos del 23F, una operación de Estado reforzó y blindó los pilares y valores del régimen establecido en la mal llamada transición democrática española, con la figura del Rey y el Ejército como sus mayores garantes. Pilares y valores antidemocráticos de donde nacen la represión, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la conculcación de derechos y el recorte de libertades que se mantienen hasta el día de hoy», reza el texto.

En este sentido, advierten de que mientras que el Estado español siga sustentándose en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace 40 años y no se reconozca el «derecho a la autodeterminación» y continúe habiendo «presos políticos, exiliados y represión», «ni existirá normalidad democrática ni este Estado podrá ser considerado una democracia plena».

También han incluido referencias al «descontento social y el hartazgo» que, frente a lo que tachan de «taras democráticas», se produce, a su juicio, en las calles e insisten en que «una democratización real sólo será posible desde la ruptura con la herencia, los privilegios, las bases y valores que representa el régimen del 78»

TRABAJAR PARA LOGRAR REPÚBLICAS LIBRES

Frente a esto, los firmantes se comprometen a seguir trabajando para alcanzar soluciones basadas en el respeto a la voluntad popular, la libertad y la democracia en el camino hacia la construcción de repúblicas libres, independientes, soberanas y justas.

De forma paralela, estas fuerzas independentistas y nacionalistas han registrado este martes en el Congreso una proposición no de ley exigiendo, 40 años después del 23F, la desclasificación de los documentos para conocer «con exactitud «cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español y que aporte «luz y taquígrafos» a los verdaderos acontecimientos que alumbraron esa intentona golpista.

«Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe de 23F fue algo planificado y orquestado no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar el Régimen del 78 hasta nuestros días. Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y la memoria democrática», argumentan.

Los diputados que han leído el manifiesto no han aceptado preguntas, pero sí han querido profundizar en el asunto hablando en sus respectivas lenguas sin traducción al castellano.

Así, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reconocido que algunos de los firmantes del manifiesto que reclaman un horizonte republicano son «imprescindibles para la gobernabilidad» y se ha mostrado convencido de que muy pronto se sabrá el papel de la Casa Real en el 23F», una idea en la que también ha incidido Jaume Alonso Cuevillas, del PDeCAT.

Desde el BNG, Nestor Rego ha justificado su ausencia en el acto del Congreso alegando que se trata de un intento de «blanqueamiento» de la Monarquía que, a su juicio, sólo se apeó de la asonada cuando vio que no triunfaba, mientras que la portavoz de la CUP, Mireia Vehi, ha avisado de que «no habrá paz» mientras se siga «honrando a una Corona «corrupta» y se reprima a los jóvenes que protestan en las calles.

«Un auténtico Estado democrático no puede celebrar golpes de Estado», ha clamado por su parte, el diputado del PDeCAT, Genís Boadella, en un acto en el que también ha hablado la portavoz del EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha visto obligado a incluir en el orden del día del Pleno de este jueves los ocho nombramientos de cargos judiciales que decidió paralizar ante la posibilidad de un inminente acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, después de que ocho vocales solicitaran por escrito este martes su debate.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial señala en su artículo 18.5 que los vocales del órgano de gobierno de los jueces tienen derecho a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día de las reuniones del Consejo.

Por ello, Lesmes ha acordado llevar finalmente los nombramientos al Pleno de este jueves, lo cual no significa una «rectificación», sino que lo hace en atención a dicho artículo del Reglamento, han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press.

Lesmes decidió no meter en el orden del día del próximo Pleno los nombramientos pendientes –entre ellos, tres vacantes en el Tribunal Supremo– ante la posibilidad de que el Gobierno y el PP alcancen un inminente acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Así, según indicaron las fuentes consultadas, por coherencia con las dos ocasiones anteriores en las que parecía que las negociaciones para renovar a los vocales iban a salir adelante, en enero y julio del año pasado, el presidente del CGPJ optó por no incluir en el orden del día este punto.

SOLICITUD FORMAL DE OCHO VOCALES

Sin embargo, ocho vocales pertenecientes tanto al bloque conservador como progresista discrepan de esta postura, por lo que presentaron este martes por la tarde un escrito solicitando formalmente que los ocho nombramientos pendientes, cuya calificación ya ha sido realizada por la Comisión Permanente, se llevaran al Pleno para su discusión.

Para ello, invocaron el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial establece que si al menos cinco vocales solicitan la discusión de un asunto, el presidente debe convocar al Pleno en los tres días siguientes a la presentación de la solicitud –que en este caso coincidía con la sesión plenaria del jueves–, e incluir el tema propuesto en el orden del día.

Los ochos vocales que realizan esta propuesta pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto.

«LA POTESTAD DE NOMBRAR ES DEL PLENO»

Según han explicado las fuentes consultadas por Europa Press, este grupo de vocales consideran que la decisión de debatir o no los ocho nombramientos pendientes es del Pleno y no únicamente del presidente. «La potestad de nombrar o no nombrar la tiene el Pleno», subrayan.

En este sentido, apuntan que es el Pleno el que debe valorar la situación de si seguir adelante con los nombramientos o esperar a ver si finalmente las partes que están negociando la renovación de la institución llegan a un consenso o vuelven a paralizarse, tal y como ocurrió en enero y julio del año pasado cuando las negociaciones fueron frustradas.

Por otro lado, el presidente del CGPJ también habría tenido en cuenta la división que existe dentro del seno del Pleno, ya que no todos los vocales están de acuerdo en hacer nombramientos de cargos discreccionales.

Las fuentes consultadas recuerdan que todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones –desde el 4 de diciembre de 2018– se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión del jueves.

El Pleno tenía previsto designar a dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares– y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretendían nombrar a los presidente de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

«Me sentía muy deprimida, como si todo lo que hiciera de repente ya no tuviera sentido». Este es uno de los testimonios que recoge el estudio ‘El impacto de la COVID-19 y la «nueva normalidad» en la juventud valenciana’, elaborado por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) con el objetivo de conocer cómo ha impactado la pandemia y el confinamiento entre las personas de 12 a 30 años.

Como conclusión, el 50,6% de la juventud valenciana sintió ansiedad durante el confinamiento y el 25,8% todavía la sufre en la «nueva normalidad». «Me preocupa como joven el futuro que nos espera y si se asemejará a esto que estamos viviendo. Siento que mi futuro profesional y laboral será todo un reto», afirma una de las participantes.

El análisis concluye que la juventud es el colectivo demográfico más afectado por la crisis económica y social provocada por la pandemia, tras calcular su grado de afectación en diferentes ámbitos de la vida de los jóvenes durante el confinamiento y la posterior «nueva normalidad».

También ofrece datos sobre salud mental, emancipación y ocupación, así como la preocupación de la gente joven ante el contagio o la criminalización de este grupo de edad en los medios de comunicación son otras cuestiones tratadas en el estudio, detalla el CVJ en un comunicado.

En concreto, el 43,1% de los jóvenes valencianos considera que el confinamiento afectó a su salud mental. Destaca la preocupación por no saber qué pasará, el aburrimiento y la tristeza como los sentimientos más frecuentes.

Necesitaba volver a la universidad, necesitaba volver a ver a mis amigos y necesitaba seguir con mi vida normal, salir a pasear con amigos y disfrutar de las cosas de las cuales siempre había disfrutado. Esto hizo que cayera en una especie de depresión. No comía, sentía que nada tenía sentido y no podía dormir. Perdí interés en casi todo y no disfrutaba de las cosas como antes. Mi horario de comidas y de sueño cambió completamente, y todavía lo continúo arrastrando», relata una de las entrevistadas.

Los efectos socioeconómicos de la crisis y los problemas educativos y la convivencia durante el confinamiento son las causas más mencionadas de la afectación en la salud mental. Los encuestados también mencionan el deporte y la música entre las actividades que más los motivaban durante el confinamiento y citan como pasatiempo cocinar, ver series y películas, jugar a videojuegos y juegos de mesa, hacer manualidades o subir a la terraza comunitaria. Las mascotas fueron una gran compañía y fuente de entretenimiento.

UNO DE CADA DIEZ VUELVE A CASA

Los resultados reflejan que el 22,2% de los jóvenes ha dejado de ser independiente económicamente, mientras que el 12,2% ha tenido que dejar la vivienda donde residía y volver a su casa familiar. El 38,3% ha necesitado ayuda económica puntual, sobre todo las mujeres, los jóvenes de 18 a 23 años y los extranjeras.

Respecto a las perspectivas de futuro, el 41,1% de la juventud valenciana considera que la pandemia retrasará el momento de emanciparse. «Si no tenemos trabajo, ¿cómo podemos pensar al irnos de casa? ¿Con qué dinero pagamos el alquiler?», se pregunta uno de los participantes.

La crisis provocó que el 25% de los jóvenes valencianos estuvieran en ERTE, y que el 5,7% fueran despedidas en el verano de 2020. Al finalizar el año, el paro juvenil valenciano amentó del 23,3% al 31,4%. «Desde el primer día me quedé sin trabajo. Fueron seis meses de estar parada y sin ingresos. Me generó mucha ansiedad, que todavía me dura», comparte una encuestada.

Al mismo tiempo, la gente joven que ha tenido que teletrabajar reclama una regulación de esta modalidad laboral para garantizar el respeto de sus derechos, puesto que el 61,5% ha trabajado más horas de las dedicadas en su puesto de trabajo.

CRIMINALIZACIÓN

El estudio también recoge que la juventud ha sido el objetivo de varias campañas de «criminalización» sobre un supuesto comportamiento irresponsable, pero los datos de la preocupación de la juventud sobre crisis sanitaria y el bienestar de su entorno dicen lo contrario. Al 61,8% de los jóvenes valencianos les preocupa contagiarse bastante o mucho y al 92% que se infecte alguien de su entorno.

«Me gustaría que vieran que muchos de nosotros hemos estado mucho tiempo sin ver a nuestros abuelos o sin juntarnos con mucha gente o sin ver a nuestra familia o lo que sea y que reconozcan que lo estamos haciendo bien», recoge uno de los testimonios.

En esta línea, el análisis aporta datos positivos a través de los aprendizajes de la pandemia entre la gente joven. Llama la atención el descubrimiento de la fortaleza personal para afrontar situaciones complicadas y la adaptación a los cambios, así como la solidaridad social, la empatía y la conexión global. También la juventud sale del confinamiento valorando más al personal sanitario y otras profesiones esenciales.

«Me preocupa como joven el futuro que nos espera y si se asemejará a esto que estamos viviendo. Siendo que mi futuro profesional y laboral será todo un reto», afirma uno de los encuestados. Y es que la juventud tiene que hacer frente a un futuro incierto mientras arrastra la herencia de la crisis financiera del 2008 y los efectos de una fatiga pandémica que está a punto de cumplir un año.

El director general del IVAJ, Jesús Martí, y la presidenta del CVJ, Cristina Martínez, presentan el estudio este martes, 23 de febrero, a las 18 horas en la cuenta de Twitch del Consell Valencià de la Joventut.