Entre 2010 y 2020, las regiones del planeta que albergan a entre 3.300 y 3.600 millones de personas —cerca de la mitad de la humanidad— registraron tasas de mortalidad por inundaciones, sequías y tormentas quince veces superiores a las de las zonas con vulnerabilidad muy baja. El dato no describe el comportamiento del clima. Describe quién muere y dónde.
La cifra procede del Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023, el recuento con el que Naciones Unidas audita sus propios compromisos. Leída deprisa, es una estadística más sobre desastres. Leída despacio, contiene un desplazamiento de fondo: el clima ha dejado de ser un capítulo dentro de la agenda del desarrollo para convertirse en la condición que decide el destino de todos los demás capítulos.
El Objetivo 13 de la Agenda 2030 lo formula como un mandato sin rodeos: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. No es una consigna decorativa dentro del marco de los diecisiete objetivos. Es la cláusula que sostiene el resto del articulado, porque ninguna de las promesas del desarrollo —poner fin a la pobreza, erradicar el hambre, garantizar el agua limpia, construir ciudades habitables— resiste un clima desbocado.
Naciones Unidas lo dice con una claridad que no admite matices: de no controlarse, el cambio climático echará por tierra muchos de los avances logrados en materia de desarrollo en los últimos años. Y añade una consecuencia que trasciende lo ambiental: provocará migraciones masivas que derivarán en inestabilidad y guerras.
La década más calurosa jamás medida
El período comprendido entre 2010 y 2019 fue la década más calurosa de la que se tiene registro. No se trata de una anomalía aislada ni de un promedio incómodo dentro de una serie estadística: trajo consigo incendios forestales, huracanes, sequías, inundaciones y otros desastres naturales masivos en todos los continentes. La lista no distingue entre países ricos y pobres, pero sí distingue entre países preparados y países expuestos.
La velocidad es el factor que rompe los cálculos. Con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el clima evoluciona a un ritmo mucho más rápido de lo previsto, y esa aceleración desborda los mecanismos de previsión con los que trabajan los gobiernos. Los efectos, advierte el diagnóstico internacional, pueden ser devastadores y provocar fenómenos meteorológicos extremos y cambiantes, además de la subida del nivel del mar.
Hay una segunda capa del problema, menos visible que el termómetro. El cambio climático está alterando las economías nacionales y afectando a las vidas y los medios de subsistencia de muchas personas, especialmente las más vulnerables. Un país no necesita un huracán para empobrecer: le basta con una sucesión de cosechas malas, con un ciclo de lluvias desplazado, con un litoral que se retira. La pérdida se acumula igual que se acumula el interés de una deuda.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha fijado el marco técnico de lo que queda por hacer, y su conclusión no deja margen: las emisiones deben caer de forma sustancial, rápida y sostenida en todos los sectores, desde ahora y a lo largo de toda esta década. No hay sector exento ni plazo blando. La mitigación dejó de ser una política entre otras para convertirse en el denominador común de cualquier estrategia económica que aspire a durar.
Quince veces más letales
La estadística más incómoda del informe no habla de grados sino de cuerpos. Entre 2010 y 2020, las regiones altamente vulnerables —las que albergan aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas— experimentaron tasas de mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas quince veces superiores a las de las regiones con una vulnerabilidad muy baja.
La proporción conviene leerla dos veces. No mide la frecuencia de los desastres, sino la capacidad de absorberlos. Dos territorios pueden recibir la misma tormenta; lo que decide el número de muertos es la calidad del dique, la existencia de un sistema de alerta, la proximidad de un hospital, el margen de ahorro de una familia para abandonar la casa a tiempo. El clima reparte el golpe; la desigualdad decide su forma.
Ese reparto tiene una escala que desborda cualquier política sectorial. Hablar de 3.300 millones de personas es hablar de algo más de dos quintas partes de la humanidad expuestas a un riesgo diferencial. Cuando una magnitud así se instala en el centro de la agenda, el desarrollo sostenible deja de comportarse como una suma de programas correctos y empieza a funcionar como una ecuación de resiliencia, en la que cada variable arrastra a las demás.
De ahí que los marcos internacionales hayan ido desplazando el acento desde la reducción de emisiones hacia la adaptación. Ya no basta con mitigar lo que viene; hay que preparar lo que ya está aquí, y hacerlo con criterios de equidad, porque el daño no se distribuye en función de quién emitió más sino de quién puede defenderse menos.
La aritmética del 1,5 °C
La meta que ordena todo el sistema es conocida: limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. La novedad no está en la cifra, sino en el calendario que impone. Para respetar ese umbral, las emisiones deberían estar ya disminuyendo y necesitan reducirse casi a la mitad para 2030.
El verbo importa. No se pide una curva que empiece a bajar en algún momento indeterminado de la próxima década, sino un descenso en curso, verificable, con la mitad del camino recorrida al final del decenio. El diagnóstico internacional es explícito: estamos muy lejos de lograr ese objetivo, y ni los planes presentados ni las promesas acumuladas alcanzan esa pendiente.
«Es esencial reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores, a partir de ahora y durante toda esta década», subraya el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
Si esa reducción no se produce, el escenario de referencia eleva la temperatura media mundial por encima de los 3 °C y afecta negativamente a todos los ecosistemas. A esa escala, el cambio climático no se comporta como un problema ambiental entre otros: intensifica tormentas y catástrofes, convierte la escasez de alimentos y de agua en realidad cotidiana y empuja esas carencias hacia el terreno de la conflictividad.
El cálculo económico también se invierte. Quedarse de brazos cruzados acaba costando mucho más que actuar de inmediato; la inacción no es una opción gratuita, sino una forma de gasto diferido con intereses compuestos. Cada año de demora traslada la factura a quien tendrá menos recursos para pagarla, y esa transferencia silenciosa es la parte del problema que ningún presupuesto recoge.
París, diciembre de 2015
El primer paso importante de la comunidad internacional se dio en diciembre de 2015, con la adopción del Acuerdo de París. Allí, todos los países firmantes se comprometieron a tomar medidas para hacer frente al cambio climático, y lo hicieron bajo el paraguas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el foro intergubernamental principal para negociar la respuesta mundial.
El acuerdo cambió la arquitectura política del problema: sustituyó la lógica de la imposición exterior por la de la contribución declarada y extendió la obligación de actuar a todos los firmantes, no solo a los industrializados. Pero un marco no es un resultado. El propio balance internacional reconoce que, pese al paso dado, se necesitan más medidas para cumplir los objetivos.
Entre el compromiso y la transformación media una distancia que se mide en sistemas productivos, no en declaraciones. La transición exigida no consiste en añadir un capítulo verde a las cuentas públicas, sino en rehacer la forma en que se produce la energía, se fabrica, se transporta, se come y se gestiona el territorio. Ese es el motivo por el que el clima terminó absorbiendo la agenda del desarrollo en lugar de convivir con ella en igualdad de condiciones.
El dinero no llega donde debería
Las cifras financieras que acompañan a la emergencia climática tienen una doble lectura. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los flujos financieros mundiales invertidos en acciones para combatir el cambio climático alcanzaron un promedio anual de 803.000 millones de dólares entre 2019 y 2020, un aumento del 12 % en comparación con años anteriores.
El dato admite dos interpretaciones y ambas son ciertas. La primera: existe una tendencia, y es ascendente. La segunda: la cifra sigue estando por debajo de los niveles necesarios para frenar el calentamiento. Un flujo creciente puede seguir siendo insuficiente, del mismo modo que un vehículo que acelera no necesariamente llega a tiempo.
La distorsión más elocuente aparece al comparar destinos. En 2020, los flujos financieros invertidos en combustibles fósiles superaron la financiación destinada a la adaptación y la mitigación del cambio climático. Es decir, el sistema financiero internacional dedicó más recursos a sostener la causa del problema que a corregir sus efectos. No se trata de una crítica moral: es un dato contable que revela dónde una economía sigue colocando su apuesta.
El Objetivo 13 recoge esa deuda en su meta 13.a, que fija el compromiso de los países desarrollados de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes para atender las necesidades de los países en desarrollo en materia de mitigación, con la transparencia de su aplicación como condición, y de poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. El horizonte temporal que se fijó aquel compromiso, el año 2020, ya ha quedado atrás.
La lógica que se reclama a las empresas y a los inversores no es únicamente moral. Reducir emisiones resulta, además, conveniente desde el punto de vista económico y empresarial: quien mide mal el riesgo climático lo termina pagando en su balance. Esa es la razón por la que la sostenibilidad dejó de ser un departamento de imagen y pasó a tratarse como una cuestión de contabilidad ordinaria.
Ciento veinte países con plan de adaptación
Adaptarse no es rendirse; es reconocer que una parte del cambio ya no puede evitarse. En 2019, al menos 120 de los 153 países en desarrollo habían emprendido actividades para formular y aplicar Planes Nacionales de Adaptación destinados a mejorar la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático. El dato supone un aumento de 29 países respecto al año anterior.
La progresión es rápida y el punto de partida es bajo, dos cosas que suelen ocurrir juntas. Un plan nacional de adaptación no consiste en un documento guardado en un cajón: exige cartografía de riesgos, series históricas, capacidad de alerta temprana y coordinación entre ministerios que rara vez hablan entre sí. La meta 13.1 lo resume sin adornos: fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Sin embargo, los avances hacia el objetivo de reducción de desastres fijado para 2020 han sido lentos. Esa lentitud importa más de lo que parece, porque la adaptación es la parte de la política climática que protege a quien no puede protegerse solo: la que decide si una inundación se salda con daños materiales o con un recuento de víctimas. La diferencia entre ambas cosas no es técnica, sino presupuestaria.
El clima como multiplicador de la agenda
Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible se presentan como una lista, pero funcionan como un sistema. El clima entra en todos por el mismo punto: la pérdida. Donde hay sequía, el objetivo de poner fin a la pobreza retrocede; donde la cosecha falla, el de hambre y seguridad alimentaria se desmorona; donde el agua escasea, el acceso a ella deja de ser una infraestructura y se convierte en un conflicto de reparto.
La cadena no termina ahí. Un sistema sanitario presionado por olas de calor o por enfermedades que cambian de mapa compromete el objetivo de salud. Una ciudad golpeada por inundaciones recurrentes pone a prueba el de los asentamientos habitables. La acidificación y el calentamiento de los océanos amenazan la vida marina; la desertificación y la pérdida de diversidad biológica, los bosques y la tierra firme. Y cuando esas tensiones se acumulan sobre instituciones frágiles, el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas es el primero que cede.
Ese es el sentido más literal de la expresión emergencia climática: no un estado de ánimo, sino un modo de fallo en cadena. Naciones Unidas lo describe como una amenaza capaz de provocar migraciones masivas y, con ellas, inestabilidad y guerras. La frase es dura porque describe una secuencia conocida: primero se pierde la cosecha, después la casa, luego el país.
Por eso la meta 13.2 no habla de emisiones sino de gobernanza, al exigir que se incorporen medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Y por eso la meta 13.3 se detiene en la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional, con la alerta temprana incluida. Sin capacidad instalada, un aviso meteorológico es solo un mensaje que llega tarde.
Seis sistemas que hay que mover a la vez
La transformación que exige el diagnóstico no cabe en un solo ministerio. Para limitar el aumento global de la temperatura muy por debajo de los 2 °C, o incluso de 1,5 °C, el mundo debe transformar sus sistemas energéticos, industriales, de transporte, alimentarios, agrícolas y forestales. Seis sistemas, un mismo plazo, ninguna posibilidad de abordarlos por separado.
Hay señales de movimiento. Las inversiones en energías renovables se han disparado, y ese impulso demuestra que la sustitución tecnológica es posible cuando coincide con un marco estable y con un coste decreciente. Pero el mismo diagnóstico añade una advertencia inmediata: aún queda mucho por hacer. Lo que falta ya no es inventiva, sino ritmo y cobertura, es decir, llegar también a donde el retorno tardío no atrae al capital privado.
La meta 13.b apunta a una dimensión que suele quedar fuera de los titulares: promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en los países menos adelantados y en los pequeños Estados insulares en desarrollo, con especial hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. No es un detalle accesorio de equidad. Es la condición para que la adaptación llegue a quien vive en el borde.
La emergencia, además, es asimétrica también en el tiempo. Quien más ha emitido dispone de más recursos para protegerse; quien menos ha emitido soporta las tasas de mortalidad más altas. Cualquier política climática que ignore esa inversión termina financiando la resistencia de unos pocos y la vulnerabilidad de muchos, y lo hace con la apariencia de estar cumpliendo.
Durante décadas, el desarrollo sostenible se pensó como una suma de políticas sectoriales que se corregían entre sí: crecer para reducir la pobreza, industrializar para crecer, proteger para compensar después. El clima rompe esa aritmética porque introduce un límite físico en el numerador y, sobre todo, porque lo hace a una velocidad que no respeta los tiempos de la política, siempre más lentos que los del río que se desborda.
Lo que queda no es una agenda nueva, sino una jerarquía distinta. El cambio climático no añade un objetivo a la lista: reordena la lista entera y decide cuáles de los demás siguen siendo alcanzables. Esa decisión, a diferencia de las promesas, no se negocia en una cumbre ni se aplaza hasta el próximo mandato.
