Los militantes críticos de Ciudadanos agrupados en la iniciativa Renovadores Cs han defendido este miércoles, tras el mal resultado en las elecciones autonómicas de Madrid, la necesidad de celebrar un congreso extraordinario para «abrir el partido» y atraer a nuevos afiliados.

A través de un comunicado, dicen al resto de militantes que comparten su «enorme decepción» por el hecho de que Cs haya pasado de tener 26 diputados en la Asamblea de Madrid a quedarse sin representación parlamentaria tras perder el apoyo de 500.000 electores y obtener solo un 3,57 % de los votos en los comicios de este martes.

A pesar de que «los resultados son los peores posibles», les piden que no se marchen porque el partido no está ahora ante «un punto y final», sino ante «un punto y aparte». «Tenemos ante nosotros el reto de renovar y refundar Ciudadanos y lo vamos a conseguir gracias a todos los afiliados que aún seguimos convencidos de la necesidad de un proyecto político liberal, social y de centro», sostienen.

«UNOS POCOS» ESTÁN LLEVANDO EL PARTIDO «A LA DESAPARICIÓN»

Para ello, Renovadores Cs propone «abrir el partido a todos, en lugar de cerrarlo para unos pocos que siguen tomando malas decisiones» y que lo arrastran por «una pendiente que lleva a la desaparición».

A su juicio, es el momento de «dar el protagonismo a los afiliados, atraer a nuevos militantes y volver a conectar con los electores», y con ese objetivo reclaman una Asamblea General extraordinaria que se convierta en un espacio de «reencuentro» entre todos ellos y también con personas que dejaron de militar en Cs.

«No hay otro camino, es ahora o nunca», advierten desde este movimiento crítico, cuyos impulsores están, según afirman, en comunidades como Aragón, Andalucía, Murcia, Madrid y Cataluña.

Renovadores Cs puso en marcha una página web el pasado 22 de abril –después de que la formación naranja se hundiera en las elecciones autonómicas en Cataluña y de que la moción de censura que impulsó contra el PP en Murcia le hiciera perder el poder en esa región y enfrentarse a elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid– y entonces ya ofrecía la posibilidad de firmar un escrito para solicitar un congreso extraordinario.

Denuncian el «cúmulo de errores estratégicos, de comunicación, organización y liderazgo» que, en su opinión, han hecho que Ciudadanos pierda la confianza y la credibilidad de los electores y que entre la militancia cunda la «desmotivación» y haya «continuas bajas», y apelan a aquellos afiliados «decepcionados por la falta de participación y la escasa democracia interna.

Les animan a pedir una Asamblea de la que surja «un liderazgo inclusivo e integrador» y un partido «renovado y transformado» en el que se mejoren la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la militancia.

FALTA DE AUTOCRÍTICA TRAS EL FRACASO EN MADRID

El exdiputado en el Parlament de Cataluña Sergio Sanz, uno de los impulsores de Renovadores Cs, considera que Inés Arrimadas y el resto de la Ejecutiva del partido no han hecho autocrítica tras el fracaso electoral en la Comunidad de Madrid.

«Pero es normal, compañeros. Y es porque vamos a mejor: en las catalanas perdimos 30 diputados. En las madrileñas, sólo 26. Mi reconocimiento a la dirección del partido», ha comentado, con ironía, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La presidenta de Ciudadanos ha anunciado este miércoles que va a impulsar un «proceso participativo» en el que el Comité Permanente visitará a afiliados de toda España y después, en el mes de julio, se celebrará una convención política.

Sobre esta cuestión, Juan Carlos Bermejo, un afiliado de Madrid que se enfrentó en primarias a tanto a Albert Rivera como a Ignacio Aguado y que también lleva tiempo pidiendo una Asamblea General, ha declarado que, si la dirección del partido no la convoca, «habrá que pedir amparo a un juez».

De momento, parece que Arrimadas no se plantea esa convocatoria. En su intervención durante la reunión que el Comité Permanente ha mantenido este viernes, ha recordado que hace solo un año que se celebró la V Asamblea General de Cs –que fue de carácter extraordinario, motivada por la dimisión de Albert Rivera como presidente en noviembre de 2019–, en la que se renovaron la estrategia y los Estatutos del partido.

Bermejo, que también lamenta la falta de autocrítica tras los resultados electorales de este 4 de mayo, cree que la convención anunciada por la presidenta de Cs es «una forma de someterse a una moción de confianza». «Me parece adecuado siempre que se cumpla dar voz a la militancia», ha añadido.

Los nuevos Estatutos de Ciudadanos prevén que la Convención Ciudadana se celebre anualmente, pero en 2020 no se hizo a causa de la pandemia del coronavirus. Se trata de «un órgano de participación deliberativa de los afiliados», a través de los coordinadores de las agrupaciones locales, respecto a los asuntos de la actualidad política que el Comité Ejecutivo decida plantear.

EVITAR LA «AUTOCOMPLACENCIA» Y ASUMIR LA CULPA

Entre aquellos representantes de Cs que ocupan cargos públicos actualmente, son pocos los que se han mostrado abiertamente críticos con los dirigentes del partido. Uno de ellos es el portavoz en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, que ha advertido de que la culpa de la caída del partido en Madrid «no es de los votantes».

«Si no nos han elegido a nosotros, es únicamente culpa nuestra», ha concluido, pidiendo a sus compañeros que no traten de buscar «excusas» ni otros «culpables» e instándoles a hacer una reflexión «en clave interna» si quieren mantener «con vida» el proyecto.

Por su parte, el senador Miguel Sánchez ha indicado que el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, «no tiene la culpa» porque «ha hecho una buena campaña», y que probablemente «todo estaba perdido de antemano».

«Lo que sí estoy echando en falta es un poquito de autocrítica. La autocomplacencia, la huida hacia delante y el lisonjeo nunca fueron buenas consejeras. Seguimos», ha dicho en Twitter.

La Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar este miércoles, con los votos de PSOE, PP y Vox, la tramitación de una nueva comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos, esta vez por una nueva solicitud cursada por las formaciones independentistas, que ya contaba con el criterio desfavorable de los letrados de la institución.

La petición rechazada lleva la firma de ERC, Junts, PDeCAT, Bildu, CUP y BNG y se centra en las «presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por el ex jefe del Estado y las influencias diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí y Kazajistán».

Los letrados de la Cámara, según el documento, se mostraron en contra de su tramitación «teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional», unos argumentos que han hecho suyos PSOE, PP y Vox. Como en ocasiones anteriores, Unidas Podemos, sí ha apoyado su tramitación.

Como en anteriores ocasiones, los servicios jurídicos y la mayoría de la Mesa aducen los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. El primero consagra la figura del Rey como «inviolable» y no «sujeta a responsabilidad» y el segundo establece que el Jefe del Estado distribuye libremente la partida presupuestaria que recibe cada año.

JURISPRUDENCIA EL TC

Para defender la no tramitación de la comisión de investigación, se han amparado también en la interpretación que sobre esta materia ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en los precedentes existentes en la Cámara.

Con estos mismos argumentos, la Mesa del Congreso ya ha rechazado una decena de veces iniciativas similares a la registrada por los independentistas. En esta ocasión los firmantes tomaban como referencia un programa de TV3 en el que un exalcalde de la capital kazaja, actualmente refugiado en Suiza, asegura que en 2002 el presidente Nazarbayev entregó dinero a Juan Carlos I.

Las formaciones independentistas sostienen que este episodio, unido a las investigaciones que se lleven a cabo en Suiza y en la Fiscalía Anticorrupción sobre otros asuntos relativos al padre de Felipe VI, requiere la apertura de una comisión de investigación en el Congreso.

A su juicio, resulta «inaceptable» que no se conozca «la fortuna real de Juan Carlos I, ni si se encuentra en paraísos fiscales o escondida en fundaciones opacas», por lo que piden «investigar las supuestas irregularidades del anterior jefe del estado, así como sus cómplices, y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial con Arabia Saudí y Kazajistán».

En la misma reunión, la mayoría de la Mesa del Congreso ha acordado la inadmisión a trámite de la iniciativa registrada por el PDeCAT para que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al fiscalizador a analizar el uso que ha hecho la Casa del Rey de sus finanzas en la última década ante la posibilidad de que, durante su mandato, Juan Carlos I «malversara» fondos públicos.

Cuando el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, anunció su iniciativa admitido que la Constitución establece que el Rey puede utilizar «libremente» la partida que todos los años recibe de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Libremente, pero no ilegalmente», puntualizó.

El Gobierno confía en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que arrebatará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales, actualmente en fase de anteproyecto, quede aprobada en 2022, según consta en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia publicado este miércoles.

Sobre la nueva LeCrim, el Ejecutivo señala que «durante 2020 y 2021 se está trabajando con los distintos agentes involucrados, elevando el conjunto de propuestas normativas con objeto de tenerlas aprobadas en 2022».

Además, destaca que «diseña un nuevo modelo de proceso penal constitucional, más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna» porque con los nuevos roles de fiscal investigador, juez de garantías y juez de audiencia preliminar «se consigue distinguir nítidamente en el marco del proceso las funciones de: investigar, tutelar los derechos de los investigados y decidir sobre la conveniencia de abrir juicio oral».

Resalta asimismo que «el anteproyecto refuerza las garantías y, especialmente, el papel central de la víctima en el proceso», a la que «reconoce un estatuto propio, contemplando un amplio catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa a la norma procesal«. «En la misma línea, la nueva ley contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad», añade.

También ensalza «la incorporación de nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad», puesto que «da regulación a las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática, así como la mejora de la regulación del AND».

OTROS «INSTRUMENTOS NORMATIVOS»

La nueva LeCrim es uno de los «instrumentos normativos» mencionados por el Gobierno como necesarios a fin de desplegar y ejecutar la «reforma para el impulso del Estado de Derecho y la eficiencia del servicio público de justicia».

Apunta igualmente a la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia, ya aprobada; a la ley de eficiencia procesal, en fase de anteproyecto y que espera tener aprobada en 2022; a la ley de eficiencia organizativa, en la misma fase y cuya aprobación sitúa en 2023; y a la ley de eficiencia digital, de la que aún no se conoce borrador y que prevé aprobar en 2023.

Sobre la ley de eficiencia procesal, recuerda que «incluye medidas de agilización en los cuatro órdenes jurisdiccionales» y contempla «la implantación de medios adecuados de solución de controversias, complementarios y alternativos a la jurisdicción».

En cuanto a la de eficiencia organizativa, expone que creará los tribunales de instancias, lo cual supondrá –entre otras cosas– «establecer criterios comunes entre los miembros del tribunal para que su respuesta sea uniforme y, por tanto, predecible»; transformará los actuales juzgados de paz en oficinas de justicia en los municipios y terminará de implantar la oficina judicial, «haciendo un uso intensivo de la tecnología para prestar un servicio público eficiente y de calidad.

Respecto a la ley de eficiencia digital, explica que «contempla la creación de una arquitectura de información basada en datos, para la función de generación de información y conocimiento para la gestión, así como en una arquitectura de información orientada al metadato, para la función de la interoperabilidad de aplicaciones» entre las administraciones de justicia.

UN «PERFIL TÉCNICO» PARA NEGOCIAR

El Gobierno reconoce que se trata de un proyecto ambicioso, ya que «es necesario aprobar varias leyes, lo que siempre es complejo», por lo que avanza que «para solventarlo se intentará mantener un perfil técnico que sea fácil de negociar con los grupos políticos».

Moncloa defiende que «el servicio público de justicia ha de ejercer el papel de palanca para la transformación de país» y augura que «la reforma procesal se realizará entre 2020 y 2023».

No obstante, enmarca este plan en el programa Justicia 2030, una ‘hoja de ruta’ para diez años cuyo objetivo es «la adaptación y mejora de la administración de justicia, para incorporar la transición ecológica y la digitalización y hacerla más accesible y eficiente, mejorando la economía, apoyando en la política contra la despoblación, diseñando modelos de cogobernanza o mejorando la cohesión en coordinación con otros ministerios y administraciones».

El comisario Mariano Hervás, que era el número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía en la etapa de la ‘Kitchen’, ha reconocido este jueves en el Congreso de los Diputados los seguimientos realizados al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa que se investigan en la denominada ‘Operación Kitchen’ y ha llegado a justificar el número de 70 agentes que participaron en algún momento en ella porque lo hicieron dentro de su periodo de «prácticas y formación».

Hervás ha relatado ante los diputados de la Comisión que trata de despejar presuntas responsabilidades políticas sobre este asunto que las órdenes sobre el operativo, que en todo momento ha incardinado en la legalidad, como un operativo normal, las daba su inmediato superior, el jefe de la UCAO Enrique García Castaño, y ha rechazado que se le diera el nombre por el que se la conoce en el procedimiento judicial.

Según el compareciente, la operación se inició en el verano de 2013 – cuando él estaba de vacaciones, por lo que las primeras órdenes las recibió un subordinado- y duró hasta enero o febrero del siguiente año, si bien fue esporádica, no se realizaban seguimientos todos los días, y nunca se le dio oficialmente el nombre de Kitchen ya que habitualmente se elegía el nombre de una operación de este tipo con el santoral del día. «Si era Pedro, pues san Pedro», ha comentado ante las insistentes preguntas de los diputados.

Se centraba, según ha explicado, en localizar testaferros y el dinero presuntamente distraído por el extesorero del PP, y ante las preguntas sobre el hecho de que el sumario hable de 30 policías participantes el comisario ha señalado que ello obedece a una «explicación muy sencilla» que nada tiene que ver con un dispositivo de 70 personas que podría verse como exagerado.

«Le voy a explicar un poco el funcionamiento de esta unidad que hace las vigilancias especializadas. Esta unidad lleva un ciclo de trabajo -ha señalado- El periodo de prácticas y formación se hacía real, por eso pasaron 70», pero no estuvieron todo el tiempo dedicados a esa tarea, ha contestado a preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia.

«PROFESIONALES COMO LA COPA DE UN PINO»

Más tarde, la diputada del Grupo Parlamentario Republicano Pilar Valleguera ha comentado con ironía esta circunstancia refiriéndose a los agentes como becarios, ante lo que el comisario ha saltado: «No perdone, no eran becarios, profesionales como la copa de un pino».

El hecho de que en esta cuestión concreta García Castaño pudiera saltarse mandos intermedios el compareciente también la ha situado en la normalidad de la forma de actuar de la policía, al igual que el hecho de que las órdenes fueran orales. Además, ha señalado que su superior tenía una «personalizar» que le llevaba a «bunquerizar» las operaciones para evitar su filtración, algo que también era habitual.

En cuanto a los resultados de las vigilancias, si había algo de interés se mandaba a Enrique García Castaño según ha señalado este comisario, y era él quien decidía lo que era relevante o no para la investigación, cuyo resultado dijo desconocer.

Lo que Hervás ha afirmado desconocer es la operación que supuso la introducción de dispositivos de grabación en el despacho del ministro Jorge Fernández Díaz. «Ni di la orden ni participé ni se me comunicó». Sí ha explicado, ante las preguntas de varios diputados, que en una ocasión llevó junto a otros agentes un ordenador con un programa especial al despacho del secretario de Estado Francisco Martínez (un dato que la investigación del caso vincula con uso de fondos reservados) si bien «lo que contenía y los programas que tenía no tenían absolutamente nada que ver con el objeto de esa Comisión», ha afirmado.

De hecho, preguntado por el diputado popular Luis Santamaría sobre si se destinaron fondos reservados a esta tarea, Hervás ha respondido: «Ya le digo que no, seguro que no», lo que ha vinculado también al uso normal recursos como los agentes en labores de prácticas.

Según el compareciente, «todos los servicios tenían un componente de formación continua» y esta de seguimientos a Bárcenas y a su esposa, además de esporádico, era una operación sencilla, no tenía nada que ver con causas de terrorismo por ejemplo. Ante la insistencia del diputado vasco Mikel Legarda, ha subrayado que además los seguimientos no se hacían todos los días, sólo se realizaban cuando Enrique García Castaño pedía que «se hiciera algo una mañana o tarde determinada».

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha rendido homenaje a las víctimas españolas del nazismo en el que ha afirmado la palabra «libertad» no puede estar «vacua» en referencia al lema utilizado por el PP en la campaña electoral de Madrid.

En un acto de homenaje y recuerdo celebrado este miércoles, en el día en el que se cumplen 76 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen, Calvo ha señalado que «la palabra libertad no puede estar vacua, tiene que estar llena de contenido», por «los que murieron» y por aquellos que «fueron capaces de salir» del campo de concentración y de tener «firmes» los valores de las «libertades verdaderas» las que se sustentan en la «diversidad» que «se construye con la igualdad».

Así, ha añadido que «no tenemos ningún derecho a olvidar» y ha recordado la «obligación» de «mantener viva su memoria», porque «recordando» se hace «justicia a su calvario» y a la «indignidad» que vivieron. Después ha realizado una ofrenda floral en el memorial de los jardines de Nuevos Ministerios, acompañada del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en recuerdo a las más de 9.000 víctimas españolas del nazismo.

Durante su intervención de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos de concentración, y a todas las víctimas españolas del nazismo, Calvo ha destacado la «contribución con sus vidas» para defender «las libertades, los derechos, la democracia» para poder tener ahora «la Europa de las democracias.

QUE LOS JÓVENES SEPAN Y NO OLVIDEN

También ha subrayado la deuda de la sociedad con «la gente más joven» para que «lo sepan», lo «tengan en cuenta» y «no lo olviden. Así, Calvo ha añadido que es necesario «saber» para «que no se vuelva a repetir».

JURAMENTO DE MAUTHAUSEN

En el acto, la escritora Rosa Montero ha leído el juramento de Mauthausen, un texto que fue firmado por los supervivientes de este campo de concentración a los pocos días de ser liberados. «Salieron muy pocos» ha dicho, «pero tuvieron la dignidad, el pundonor» de firmar este manifiesto. «Ellos, saliendo de Mauthausen, nos colocan en el lugar que es de la memoria, la reparación, la dignidad, la verdad y la justicia. No puede haber justicia sobre la desmemoria o la ignorancia», ha destacado Montero.

EL MEJOR FUTURO ES «CON MEMORIA»

La vicepresidenta ha mostrado el agradecimiento del Gobierno al movimiento memorialista de España por mantener «viva la antorcha» para «seguir recordando» a las víctimas del nazismo.

«Nunca más podemos permitir que se eliminen nuestras libertades y nuestros derechos» porque «la convivencia se construye con la fraternidad de la que hablaron los supervivientes de Mauthausen», ha afirmado Calvo que ha añadido que el «mejor futuro» es «con memoria».

El acto se ha cerrado con la interpretación de «Los soldados del pantano» por parte de la violinista Rocío Cabello, una pieza compuesta por los presos políticos del campo de concentración de Börgermoor, que se popularizó como un himno de resistencia contra el nazismo.

Izquierda Unida (IU) ha asegurado que los resultados en los comicios de la Comunidad de Madrid «no son buenos» tras no impedir la mayoría de PP y Vox y apela de nuevo al «fortalecimiento» de Unidas Podemos en términos de «profundización democrática», «arraigo territorial» y «apertura social» continúa siendo una «necesidad imperiosa».

Así lo ha trasladado la Comisión Colegiada Federal para valorar las elecciones madrileñas del 4 de mayo y concluir que el aumento de tres escaños y los 80.000 votos de la candidatura conjunta con Podemos, auque no son satisfactorios, no habría sido posible sin el «compromiso» de la militancia y la «irrupción» del exvicepresidente Pablo Iglesias.

Por tanto, pone en valor esta subida en un «contexto extremadamente difícil por la general tendencia descendente», el «débil posicionamiento» del espacio política en Madrid y «el acoso sin precedentes» contra la candidatura de Unidas Podemos.

«Los resultados no son buenos, pero sigue existiendo un espacio de izquierdas en torno al cual construir un proyecto con más solidez organizativa, territorial y social», ha ahondado la dirección de IU en su análisis de las elecciones autonómicas.

«NO HAY TIEMPO DE LAMENTO»

Por tanto, y como ratificaron en la última Asamblea Federal, IU sigue apostando por la «unidad popular» a través de una «alianza política, social y cultural mucho más profunda», donde la «confluencia electoral» debe ser «la expresión última».

«Contra poderes fuertemente enraizados en nuestra sociedad no basta únicamente con la lucha en el frente institucional: debemos ser capaces de insertarnos en el conjunto de la sociedad civil y, en última instancia, en la cotidianidad de la clase trabajadora para disputar la batalla cultural por la hegemonía, siempre anclada en formas de vida y en múltiples espacios de socialización», diserta IU.

A tenor de la «ofensiva reaccionaria» que atraviesa el país, IU cree que «no hay tiempo para ningún lamento» sino para la «reflexión y el trabajo colectivo», desde la convicción de que estarán «a la altura del momento histórico» y se recuperarán de «este revés» para empezar, desde hoy mismo, a «construir las condiciones para conquistar los avances que necesita la clase trabajadora».

TRIUNFO «NEFASTO» DEL TRUMPISMO

Sobre el resultado global de las elecciones, la formación que lidera Alberto Garzón afirma que el 4M se ha saldado con un «pésimo resultado» para la mayoría social y el conjunto de fuerzas democráticas, al constatar que el PP con la colaboración de Vox logra «revalidar un gobierno cuyas señas de identidad son la corrupción, los recortes, las privatizaciones» y la «nefasta gestión» de la pandemia en Madrid.

Por tanto, ha lamentado el «triunfo de las posiciones trumpistas» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y de Vox, que supone «una amenaza para la democracia, los derechos sociales y la convivencia».

De esta forma, diagnostica que «solo cabe un firme llamamiento a la movilización en efensa de la democracia y por la construcción de un proyecto alternativo capaz de generar confianza» en los sectores populares. En consecuencia, apelan a la colaboración amplia con «las fuerzas políticas transformadoras, sociales y sindicales».

AGRADECIMIENTO A IGLESIAS

También agradecen a Iglesias, una vez conocido que abandonan la política, su «compromiso con «la gente trabajadora y su determinación contra las oligarquías políticas, económicas y mediáticas.

«No podría entenderse ningún acontecimiento político transcurrido en nuestro país durante los últimos años sin la importancia de su figura», han especificado para loar su contribución a la «ruptura total del bipartidismo» y la conformación del primer gobierno de coalición desde la II República.

La comisión del Congreso que investiga la operación ‘Kitchen’ interrogará este jueves al abogado Javier Iglesias Redondo, persona de confianza de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y al actual comisario principal de Información, Eugenio Pereiro Blanco.

Iglesias Redondo ejerció como abogado del fallecido extesorero ‘popular’ Álvaro Lapuerta, y también de los hermanos Cierco, propietarios de Banca Privada de Andorra. Supuestamente medió con el Gobierno de Rajoy para que se archivaran los procedimientos que tenían abiertos por blanqueo de capitales.

Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, señaló a Iglesias como la persona que, junto a Villarejo, le ofreció ayudar a su familia con sus problemas judiciales si se paraban los planes de independencia.

AUSENCIA POR CONFINAMIENTO

Para este jueves estaba citado también Silverio Nieto, sacerdote que antes fue policía y que ejerció como confesor del exministro Jorge Fernández Díaz. Sin embargo, no podrá acudir a la Cámara al estar confinado por haber mantenido contacto con una persona enferma de Covid-19.

Así las cosas, la comisión ha decidido posponer su citación y adelantar a mediodía la comparecencia de Pereiro Blanco, quien iba a ser el último en someterse a las preguntas de los comisionados este jueves.

El actual comisario principal de Información, con amplia experiencia en la lucha antiterrorista, fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en octubre de 2018.

Tras escuchar a Pereiro, la comisión volverá a reunirse a las cuatro de la tarde para recibir a José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) hasta 2015, cuando pasó a ser el máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), cargo del que fue cesado por el Gobierno socialista.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Olivera tuvo conocimiento del desarrollo y de los objetivos de la operación Kitchen. El pasado mes de septiembre, cuando unas grabaciones apuntaban a que se le ofreció el 5% del entramado empresarial de José Manuel Villarejo, el juez que instruye la causa ordenó investigar su patrimonio y sus cuentas bancarias. Olivera también habría colaborado con Villarejo en 2009ofreciendo información a Cospedal sobre los casos ‘Brugal’ y ‘Gürtel’.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado juntar las declaraciones de cinco investigados en la causa relacionada con el Frente Polisario el viernes, debido a que las citaciones previstas para este miércoles no se realizaron correctamente, según han indicado fuentes jurídicas.

En una providencia con fecha del pasado 13 de abril, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó, atendiendo al informe de la Fiscalía, tomar declaración a Sidahmed El Bellal Hedda, Gali Sidi-Mohamed Adelyelil, Bachir Sayed, Mohamed El Khalil y Mohamed Salec Abdesamad.

Todo ello tras la admisión de la querella del activista saharaui con nacionalidad española Fabel Breica, dirigida contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y otros dirigentes por los presuntos delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad.

Breica afirma que en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf (Argelia) fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.

Tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Polisario y tras convocar una manifestación, fue detenido por los militares y trasladado a centros de detención indeterminados. Durante ese periodo, dice, fue sometido a golpes, descargas eléctricas y se le mantuvo con los ojos vendados y con los pies y manos atados.

Además puso de manifiesto que tenía conocimiento de que la residencia de la gran mayoría de los dirigentes polisarios se encontraban en territorio español, pero que no era pública y notoria para evitar poder ser investigados en causas con ésta.

Así, el juez instructor citó a los querellados como investigados este miércoles y viernes, si bien las citaciones previstas para el primer día no se realizaron ‘en forma’, por lo que ha acordado escuchar a todos ellos el 7 de mayo, han indicado las fuentes consultadas.

ADMISIÓN DE RECURSO

El entonces juez instructor José de la Mata desestimó dicha querella en 2020 al entender que la Audiencia Nacional carecía de competencia para investigar «hechos cometidos por extranjeros en el extranjero». Ordenó que se acreditara la nacionalidad española o su residencia en España de los querellados, lo cual no se logró.

Su sustituto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, decidió admitirla el pasado mes de enero tras estimar un recurso del activista saharaui. Indicó en su auto que «la falta de competencia del estado español para conocer de los hechos expuestos en la querella radica única y exclusivamente en la falta de residencia o nacionalidad de los querellados, razón igual por la que estos obstruyen u ocultan la misma».

«Entendemos, dada la entidad de los hechos denunciados, resulta necesario una investigación a fondo respecto de la residencia, estancia o nacionalidad de los querellados en base a facilitar la investigación», señaló el magistrado en los razonamientos jurídicos. Así, acordó librar nuevo oficio a la policía y a la Delegación del Frente Polisario en España para recabar datos.

IDENTIFICACIÓN DEL LÍDER DEL FRENTE POLISARIO

En cuanto al secretario general del Frente Polisario, el magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado comprobar si el hombre identificado como Brahim Ghali, ingresado en abril en un hospital de Logroño, es realmente esta persona antes de citarle a declarar como investigado.

Fuentes jurídicas han señalado que el magistrado aún no ha recibido esta información, por lo que aún no ha acordado su citación como investigado.

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) solicitó al instructor que reabriera la querella archivada el año pasado y le interrogara tras tener conocimiento el pasado mes de abril de que podría haber sido trasladado hasta España para recibir un tratamiento médico en un hospital de Logroño, bajo la identidad de Mohamed Benbatouche.

La asociación le considera responsable de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Por ello, tras las noticias de que Ghali se habría ocultado para su ingreso hospitalario, ASADESH pidió al juez que ordenara la comprobación de su verdadera identidad y proceda a la «notificación de la querella».

Asimismo, interesó que se emita una orden de detención y entrega del secretario general del Frente Polisario para que no pueda «eludir la acción de la Justicia internacional» y que se le tome declaración a Ghali.

COMUNICADO CONJUNTO

Por otro lado, una decena de colectivos de asociaciones de víctimas de toda España han realizado un comunicado conjunto en que solicitan que se «eviten por todos los medios» que los investigados tengan «la tentación de impunidad y coartada judicial ante la Audiencia Nacional».

Asimismo, hacen referencia a Ghali y piden que no se permita «la exculpación e impunidad de sus sanguinarios atentados terroristas, así como la posible escapada tras su curación de su presunta enfermedad, bajo presuntas razones humanitarias».

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha criticado este miércoles que «nuevamente» se descargue en los jueces la responsabilidad de decidir sobre las restricciones adoptadas por las autoridades para luchar contra el coronavirus, una vez expire el estado de alarma, reprochando al Gobierno su «omnipotencia» y al Parlamento su «pasividad» y tachando de «incumplidor» al Tribunal Constitucional (TC).

La AJFV ha reaccionado al Decreto-Ley 8/2021 de 4 de mayo por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa creando una especie de «recurso de casación exprés» para que el Tribunal Supremo tenga la última palabra cuando los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o la Audiencia Nacional rechacen las medidas sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas y las autoridades estatales para frenar el virus.

La Francisco de Vitoria entiende que es su deber «defender los valores constitucionales y el Estado de Derecho» ante el hecho de que «nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional», según ha informado en un comunicado.

Ha descrito una situación en la que «la pasividad del Legislativo, la falta de impulso del Ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía».

UN PARLAMENTO «SERVIL»

Para la AJFV, «el decreto-ley publicado en el día de hoy supone la confirmación de la dejación de funciones del Legislativo, de la omnipotencia del Ejecutivo y de la elusión de responsabilidades de este último a la hora de tomar iniciativas legislativas eficaces».

A su juicio, «supuestos como el de la falta de renovación del CGPJ demuestran la subordinación servil del Legislativo al Ejecutivo», ya que «las cámaras no han sido convocadas para la renovación de los vocales del CGPJ, pese a que el proceso de remisión de candidaturas previsto en la de la Ley Orgánica del Poder Judicial está finalizado».

En la misma línea, ha denunciado que «no se controla la acción del Gobierno», esgrimiendo como ejemplo que «tenemos un estado de alarma de seis meses de duración sin ningún tipo de control parlamentario», que «no se celebra el debate sobre el estado de la nación» y «apenas hay debates sobre política general del país» porque «la única materia de la que se trata es la electoral».

URGENCIA Y NECESIDAD «FICTICIAS»

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que, «desde hace unos años, la incapacidad de los miembros del Legislativo para alcanzar acuerdos con grupos parlamentarios distintos a los que forman Gobierno ha llevado a que, ante la ausencia de mayorías absolutas parlamentarias, las Cortes Generales apenas dicten leyes orgánicas, pero tampoco leyes ordinarias».

En concreto, ha reprochado que «la mayoría de las modificaciones legislativas (o, al menos, las más relevantes) se están haciendo por decreto-ley del Gobierno», lo cual –ha apostillado– «supone una perversión del sistema constitucional que atribuye al Ejecutivo potestad legislativa solo en casos de extrema y urgente necesidad».

«Se ha convertido la excepcionalidad en norma, sustrayendo la actividad legislativa a la soberanía popular», ha dicho, subrayando que, «de hecho, en el caso del Real Decreto-Ley 8/2021 la urgencia y necesidad alegadas son ficticias, ya que el estado de alarma tenía fecha prevista de finalización y las dudas sobre la suficiencia del marco legal existente para afrontar la actual situación de pandemia no son nuevas».

UN TC «DESAPARECIDO»

En este contexto, ha afeado que «el Tribunal Constitucional está desaparecido de manera consciente, evitando resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afectan a derechos fundamentales, hasta el punto de que cuando el TC se pronuncie la declaración de inconstitucionalidad –si se produce– será ineficaz, al haber desplegado la ley anulada todos sus efectos».

La AJFV ha advertido de que «el Tribunal Constitucional, con su inacción, contribuye a la liquidación del sistema, al actuar de forma opaca en cuanto a los tiempos que maneja para la resolución de asuntos», echándole en cara que «no se sabe por qué unos van más rápidos que otros». Así, ha avisado, «no solo no garantiza, por tanto, los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que constituye un obstáculo para su defensa».

Con todo ello, la asociación judicial ha reclamado que «se reconduzca la actual situación hacia el marco de convivencia que nos dimos con la aprobación de nuestra Constitución y que en los últimos tiempos se está viendo amenazado».

El PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos se han opuesto este miércoles al recurso presentado por ERC, Junts, PDeCAT y la CUP contra la decisión de la Mesa del Congreso de vetar la tramitación de la proposición de ley que registraron en el Congreso para amnistiar a todos los procesados y condenados por la consulta soberanista de 2014 en Cataluña y el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.

El pasado 23 de marzo, el órgano de gobierno de la Cámara, apoyándose en el informe de los letrados, y con los votos de PSOE, PP y Vox, inadmitió la iniciativa por inconstitucional, lo que llevó a sus promotores a presentar un recurso contra esa decisión. De las cuatro formaciones con asiento en la Mesa de la Cámara, sólo Unidas Podemos, apoyó que se calificara la iniciativa para que, al menos, pudiera debatirse.

La Mesa tiene que decidir sobre ese recurso, una vez recabada la opinión de la Junta de Portavoces, donde el asunto se ha tratado este miércoles. Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, socialistas, ‘populares’ y Vox, han mantenido la posición que ya defendieron en la Mesa y a sus tesis se ha unido Ciudadanos.

PODEMOS APOYA A LOS INDEPENDENTISTAS

Así, todas estas formaciones se han posicionado contra el recurso que, con toda probabilidad será definitivamente rechazado la próxima semana por la Mesa de la Cámara. De su lado, Unidas Podemos ha apoyado el recurso, al igual que PNV, Bildu y el Grupo Plural.

Durante la reunión de la Junta de Portavoces, ERC ha defendido los argumentos que junto con Junts, PDeCAT y CUP esgrimen en su recurso, incidiendo en que impedir el debate de su ley supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y en que la misión de la Mesa del Congreso no es entrar a valorar el fondo de las proposiciones de ley, sino únicamente si se ajustan formalmente a lo previsto en el Reglamento de la Cámara.

En este contexto, la portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, ha recordado que la Mesa del Congreso no puso ningún pero a la tramitación de la propuesta de Vox para reformar la vigente Ley de Partidos Políticos con el objetivo de poder ilegalizar a todas las formaciones independentistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017.

Esa iniciativa, ha recordado Telechea, llegó al Pleno del Congreso el pasado mes de septiembre aunque durante su debate, la mayoría de grupos la tacharon de inconstitucional.

La ley de amnistía pretende amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado», desde el 1 de enero de 2013. Pero los letrados del Congreso desaconsejaron tramitar la iniciativa en la medida que, al suponer un indulto generalizado, «entraría en una contradicción palmaria y evidente» con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes.

FIRMAS EN VEZ DE RECURSO AL TC

Desde las formaciones independentistas aducen, por contra, que no se trata de un indulto general, sino de una ley de amnistía que, a su juicio, tiene cabida constitucional, igual que sigue vigente la aprobada en la Transición.

El rechazo definitivo de su recurso por parte de la Mesa del Congreso daría vía libre a los independentistas para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La CUP, uno de los firmantes, ya ha descartado la vía de TC y apuesta por la recogida firmas puesta en marcha por Òmnium Cultural con el objetivo de trasladar al Congreso peticiones ciudadanos en apoyo de su ley.

Se trata de una vía de eficacia muy limitada, ya que esas firmas se presentarían en la Comisión de Peticiones de la Cámara, un órgano cuya única función es canalizar ese tipo de iniciativas ciudadanas y enviarlas al estamento de la Administración que considera competente, que es quien decide y comunica su respuesta. En este caso, los escritos podrían acabar en el Ministerio de Justicia, que tampoco acepta la ley de amnistía al considerarla inconstitucional.

Estudiantes en Movimiento, Acción Estudiantil Madrid y Frente de Estudiantes llaman a la movilización en toda España este jueves, 6 de mayo, «por una educación pública y gratuita, al pleno servicio del pueblo trabajador». En Madrid, la movilización se ha convocado a las 19.00 horas frente al Ministerio de Universidades.

Según denuncian las organizaciones, «los derechos del estudiantado continúan siendo atacados». Así, critican que, en medio de una crisis que «agudiza las desigualdades inherentes al modelo educativo», se ha producido «la expulsión de miles de estudiantes de los estudios universitarios, de la mano del empobrecimiento del pueblo trabajador y la elitización de la educación superior».

En este sentido, rechazan el borrador de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad, propuesto por el ministro de Universidades, Manuel Castells.

Según las organizaciones estudiantiles, este Real Decreto «daría validación legal a sangrantes condiciones de prácticas académicas, y que no puede entenderse disociada del contexto de crisis, precarización de la mano de obra y apuntalamiento de la presencia de la empresa privada en la educación».

Además, esta propuesta «se configura como la antesala a una reforma universitaria más integral, prevista para el próximo curso», señalan las entidades, que exigen, por tanto, la paralización de dicho Real Decreto, así como la participación «real» de la comunidad educativa a todos los niveles.

CONTRA LAS POLÍTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Particularmente en la Comunidad de Madrid, las organizaciones advierten de que «desde hace años» esta región viene contando con «gobiernos abiertamente más agresivos en el desmantelamiento de la educación pública».

«En el último periodo hemos podido advertir multitud de políticas para blindar la educación privada-concertada, el proyecto no consumado de Ley para la Sociedad del Aprendizaje (vertebrada por la colaboración empresa-universidad) y un sinfín de medidas ligadas a la crisis que, bajo la misma lógica que la del gobierno central, dejan a la comunidad educativa madrileña en la estacada», denuncian.

PROPUESTAS

Entre las propuestas de las organizaciones convocantes, se encuentran la «gratuidad total» del sistema educativo en todos sus niveles y la creación de «becas salario» para que los estudiantes con pocos recursos no se vean obligados a abandonar sus estudios.

También piden un aumento «sustancial» de la financiación, «tras años de recortes, de la educación pública a todos sus niveles como condición de posibilidad de una educación de calidad», y la reducción de las ratios en enseñanzas medias a 20 alumnos por aula.

En relación con la Formación Profesional, las organizaciones abogan por un aumento generalizado en las plazas públicas y apuestan por «una FP de calidad, dotada de los recursos suficientes para asegurar la calidad de la enseñanza».

Finalmente, piden «recursos, igualdad real, atención al desarrollo pleno de las estudiantes y protección del patrimonio lingüístico y cultural de cada lugar», así como una mayor dotación de recursos para la sanidad pública en materia de salud mental. «Los estudiantes han venido sufriendo problemas relacionados durante los últimos años a causa de diversos factores económicos y académicos, lo cual se ha visto nuevamente agravado por la pandemia», concluyen.

Varios presidentes autonómicos del PSOE y varias federaciones han querido dejar claro este miércoles que la derrota histórica sufrida por el partido en las elecciones autonómicas de Madrid de este martes no les afecta, porque los resultados de estos comicios no son extrapolables a otros territorios.

De este modo, al igual que ha hecho el Gobierno, y la Ejecutiva Federal del PSOE, los socialistas de otros territorios también tratan de distanciarse de la debacle en Madrid, descartando la lectura nacional que el resto de formaciones realizan de la cita con las urnas de este 4 de mayo, principalmente el PP.

Así, dirigentes del PSOE en comunidades como Castilla-La Mancha o Aragón, y ‘barones’ como el presidente canario, Ángel Víctor Torres, o el valenciano Ximo Puig, han defendido que la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, no deben interpretarse como un cuestionamiento al Gobierno de Pedro Sánchez, o un espaldarazo al líder ‘popular’, Pablo Casado.

De hecho, alguno de estos mandatarios autonómicos socialistas, como es el caso de Ximo Puig, lo comparan con las elecciones en Cataluña del pasado 14 de febrero en las que resultó ganador el candidato de PSC, Salvador Illa. «En Cataluña ganó el PSC y no hubo consecuencias más allá», ha proclamado.

También se ha expresado así el presidente canario: «Las elecciones no son extrapolables. El PSOE ganó en Cataluña, fue primera fuerza, mejoró sus resultados e Illa tuvo un resultado magnífico. ¿Significaba eso que automáticamente el Gobierno de España estaba en una ola?, pues no lo sé».

«ESPAÑA ES MUCHO MÁS QUE MADRID»

En esta línea, el propio Puig, que gobierna en la Comunidad Valenciana con Compromís y Unidas Podemos, considera que estos resultados electorales no son extrapolables en el resto de territorios, ya que «España es mucho más que Madrid».

En parecidos términos se han pronunciado desde el PSOE de Castilla-La Mancha, donde defienden que la victoria ‘popular’ en la Comunidad de Madrid «no tiene nada que ver» con la región castellanomanchega, donde Emiliano García-Page tiene mayoría absoluta y gobierna en solitario.

También hay quién piensa que es una «buena noticia» que se hayan acababo las elecciones en la Comunidad de Madrid. Es el caso, por ejemplo, del PSOE de Extremadura, que se ha quejado de la relevancia mediática de estos comicios que representan a seis millones de españoles, cuando existen «47 millones».

«Y los que somos españoles de fuera de Madrid pues quizás nos hemos sentido un poco ofendidos porque parecía que Madrid era España, cuando todo lo contrario, existen más de 40 millones de españoles que también tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestras necesidades y parece ser que no se hablaba de otra cosa», aseveran desde el PSOE de Extremadura.

TAMBIÉN HAY VOCES QUE PIDEN UN ANÁLISIS

No obstante, algunas voces territoriales del PSOE piden análisis de estos resultados en Madrid y apuestan por trabajar y reflexionar «en cómo una opción progresista y socialdemócrata, centrada en la igualdad y el sentido común, necesita visibilizarse».

Así se ha expresado por ejemplo el PSOE de Aragón, el partido de Javier Lambán, desde donde no se han mostrado satisfechos con los resultados de Gabilondo ni de la izquierda en general. «Todo lo que se acerca al extremismo acaba perjudicando a todas las fuerzas políticas y a toda la sociedad», señalaban esta misma mañana.

También desde el PSOE andaluz creen que se tiene que analizar esta «noche triste» en los órganos pertinentes del partido. En esa línea, apelan «a la lealtad y la unidad del PSOE para, entre todos, frenar el avance de la derecha en el conjunto de España, en todos los territorios».

Por otro lado, el diputado vasco del PSOE Odón Elorza ha afirmado que la dirección debe analizar «los errores» que han llevado a la derrota «muy fuerte» de los comicios de Madrid, aunque cree que esto no afectará a la gobernabilidad en el Ejecutivo central. Considera que el PSOE y Pedro Sánchez deben «analizar los porqués» del resultado de estas elecciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) han convocado de manera conjunta los XI Premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2021).

El objetivo de estos Premios es reconocer el esfuerzo que realizan las instituciones públicas y la sociedad civil para fomentar el cambio de hábitos en materia de movilidad, a través de su participación en la Semana Europea de la Movilidad.

Las candidaturas se podrán presentar hasta desde el 5 de mayo hasta el 25 de junio de 2021, ambos inclusive, y tanto los premios de SEMS 2020 como de SEMS 2021 se entregarán durante la próxima Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre de este año.

Las bases de los premios y el formulario de inscripción para presentar las candidaturas se encuentran disponibles en la página de los Premios SEMS 2021. Los premios cuentan con tres categorías: la primera está reservada a los ayuntamientos, con tres subcategorías en función de su población (más de 100.000 habitantes, entre 100.000 y 10.000, y menos de 10.000 habitantes), y reconocen las mejores medidas permanentes implementadas en sus municipios.

La segunda categoría está destinada a la sociedad civil, y se divide en esta edición por primera vez en dos subcategorías: una para las instituciones públicas (excepto ayuntamientos), y otra para empresas y organizaciones. Esta categoría reconoce las mejores Mobility Actions, o Buenas prácticas en movilidad desarrolladas en su ámbito de actuación. Por último, la tercera categoría se reserva para los profesionales de los medios de comunicación.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Los Premios SEMS surgieron a raíz de la celebración en 2010 del décimo aniversario de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), una campaña de la Comisión Europea que busca concienciar en materia de movilidad urbana sostenible.

Los principales eventos de la campaña tienen lugar entre el 16 y el 22 de septiembre, culminando con el Día Sin Coches. Los ayuntamientos, protagonistas de la campaña, organizan actividades durante la semana e implementan en sus municipios medidas permanentes encaminadas a alcanzar una movilidad más sostenible.

El resto de las instituciones públicas, las empresas y las organizaciones sociales también pueden participar a través del desarrollo de Mobility Actions o Buenas Prácticas en movilidad, que pueden ser registradas durante todo el año.

España ha estado cada año a la cabeza en participación a nivel europeo, como señalan desde el Ejecutivo. En la pasada edición, participaron en España un total de 531 municipios, que implementaron 1778 medidas permanentes, y se registraron 292 Mobility Actions por parte de la sociedad civil.

La Comisión para las Políticas de Discapacidad del Senado ha aprobado por unanimidad, este miércoles, la ley que reforma la legislación española para eliminar la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad. El texto pasará ahora, así, a su debate y votación en el Pleno de la Cámara alta.

Se trata de un texto que se centra en los términos «apoyo» y «respeto a la voluntad, con el objetivo de trasponer a la legislación española las reclamaciones de la ONU recogidas en el Convenio por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La ley recoge que en su redacción, que «no se trata de un mero cambio de terminología» para convertirse en un texto «más preciso y respetuoso», sino que busca modificar «el enfoque de la realidad» para que este sea «más acertado» y «advierta» sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado «desapercibidas», como que «las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones».

Es por ello que el articulado de este proyecto de ley sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una «ayuda técnica» en materia de «comunicación» para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales.

De esta forma, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una personas con discapacidad se mantiene «únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo».

REFORMA DE VARIAS LEYES

La modificación aprobada elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

También aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; y se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.

Por último, la ley del Notariado se acomoda terminológicamente a estos cambios y tras su paso por esta Cámara alta también se producirán modificaciones para que la Ley de Comercio se adapte a esta propuesta.

En la tramitación en el Senado, los grupos parlamentarios han logrado incluir mejoras técnicas a través de unas 80 iniciativas transaccionales.

VOX NO APOYA EL TEXTO

Tal y como ha explicado el portavoz del PSOE en esta comisión, José Aurelio Aguilar, se ha «mejorado» el texto del Congreso con «novedades importantes y de calado» a través de un «trabajo colaborativo» entre los partidos. De hecho, ha indicado que, en las transaccionales incluidas en la ley en la fase de ponencia hay iniciativas de la mayoría de los grupos parlamentarios

En cuanto a las enmiendas rechazadas, el socialista ha explicado que no se han incluido en la ley porque no la mejoran o porque ya habían sido debatidas y rechazadas en el Congreso. En referencia a las de Vox, además, ha indicado que son contrarias al espíritu de la norma.

Los de Santiago Abascal son, tal y como ocurrió en el Congreso, la única formación política que no apoya el contenido de esta iniciativa, impulsada por el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). Sin embargo, en esta ocasión su postura no se ha reflejado en la votación, ya que pertenece al grupo mixto y sólo uno de sus dos representantes en la comisión podía votar.

En su intervención, el portavoz de Vox en el debate, José Manuel Marín, ha asegurado que no apoyan esta propuesta de ley porque no da cuenta debida de «la tradicional distinción» entre capacidad jurídica y la capacidad de obrar. A su juicio, «la dignidad» de las personas con discapacidad «no sufre porque su capacidad jurídica se vea limitada» y cree que se podría haber cumplido con la Convención de la ONU de otra manera.

ENMIENDAS VIVAS PARA EL PLENO

Esta actitud ha sido criticada por el senador de Ciudadanos, Tomás Marcos, quien ha reprochado a los de Abascal que sean la única formación que se una al consenso en esta materia y que se «niegue» a firmar declaraciones institucionales que tengan que ver con los derechos fundamentales del colectivo con discapacidad.

Tanto Marcos, como el resto de grupos han destacado el diálogo y el trabajo realizado por la comisión para llegar a este texto. Aún así, formaciones como ERC, PNV o Unión del Pueblo Navarro (UPN) han explicado que mantendrán algunas de sus enmiendas vivas –relacionadas con el ámbito competencial– para insistir sobre su aprobación en el debate del Pleno de la próxima semana.

En este sentido, la portavoz de Junts, Teresa Rivero, ha lamentado que el PSOE esté abusando de los procedimientos de urgencia en algunas leyes que no deja que los grupos pequeños puedan «participar» en las tramitaciones con «la holgura y rigurosidad» que les gustaría. Su homóloga del PNV, María Rosa Peral, ha indicado, además, que «un acuerdo de máximos haya impedido la aprobación de enmiendas de los grupos más pequeños».

Finalmente, la representante del PP en la comisión, Violante Tomás, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta propuesta de ley que, según ha señalado, fue un encargo del Gobierno de su partido.

Los conselleiros de Educación y Sanidade, Román Rodríguez y Julio García Comesaña, han solicitado a sus homólogas en el Gobierno central que convoquen a las comunidades autónomas para coordinar y abordar la planificación del próximo curso.

En concreto, los mandatarios gallegos han remitido sendas misivas a las ministras Isabel Celaá y Carolina Darias para manifestar la necesidad de convocar tanto la Conferencia Sectorial de Educación como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el fin de articular de manera conjunta y dialogada con las comunidades los aspectos centrales del próximo periodo académico.

Rodríguez y Comesaña han participado este miércoles en la comisión interdepartamental en materia de educación y salud, un mecanismo de coordinación entre ambos departamentos para el impulso, promoción y protección de los hábitos saludables entre el alumnado de los centros educativos.

En este sentido, se acordó la creación de dos comités interdepartamentales que avanzarán en la coordinación de diversas materias.

El primero de ellos abordará la promoción de hábitos de vida saludables, la sensibilización sobre el consumo de alcohol y drogas, y el establecimiento de entornos promotores de la salud en el ámbito educativo.

Por otro lado, el segundo fomentará proyectos coordinados para promover el bienestar emocional y aprovechar las herramientas tecnológicas para evaluar el estado de los estudiantes.

Entre otros temas, se colaborará en materia de calidad nutricional de los menús escolares, se distribuirá la guía ‘O ABC da alimentación saudable’ entre los centros de enseñanza; y se trataron contenidos relacionados con educación de la futura Lei galega de prevención de adiccións en menores, entre otros.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha respondido al Tribunal Supremo (TS) sobre la propuesta de indulto que su «prioridad no es salir de la cárcel sino la resolución del conflicto político por el que cumple condena, empezando por la amnistía».

Cuixart ha respondido de este modo en un escrito remitido al tribunal después de que éste haya dado cinco días a los condenados en el juicio al 1-O para expresar lo que consideren «conveniente» sobre las peticiones de indulto a su favor.

El presidente de Òmnium afirma que mantiene el posicionamiento que ya expresó en el juicio: que sus actos fueron en defensa del derecho a la libertad de expresión y de autodeterminación.

«Cuixart manifestó que no podía haber actuado de otra forma atendiendo a su conciencia y compromiso social, que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hizo lo volverá a hacer porque no cometió ningún delito» y actualmente sigue convencido de que es lo que tenía que hacer.

La defensa de Cuixart recuerda que él no ha pedido el indulto y afirma que prioriza «la amnistía como respuesta colectiva en lugar del indulto como solución individual».

El escrito también hace referencia a los votos particulares de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han estudiado el recurso del exconseller Jordi Turull, y remarca que «han considerado vulnerados los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión, libertad ideológica y legalidad penal».

MAURI NO VE «VOLUNTAD POLÍTICA» DEL GOBIERNO

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha expresado en declaraciones a los periodistas que esta respuesta al Supremo «va en coherencia» con lo que Cuixart ha defendido desde su encarcelamiento.

Al preguntársele por si Cuixart aceptará el indulto si se le concede, ha contestado: «El indulto no solo no es una solución sino que además creemos que tampoco hay ningún tipo de voluntad política por parte del Gobierno de hacerlo efectivo».

«No creemos que el Estado español afronte esta situación, no es un escenario que podemos prever ahora mismo», ha dicho también sobre si Cuixart rechazaría el indulto.

Ha asegurado que Cuixart no debe pedir perdón sino que «es el Estado el que debería pedir perdón», liberar y amnistiar a los presos del 1-O.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y otros dirigentes de Ciudadanos, como los diputados Guillermo Díaz, María Muñoz y Sara Giménez y el eurodiputado Jordi Cañas, han apostado este miércoles por la continuidad del partido y han cerrado filas con su presidenta, Inés Arrimadas, sin precisar qué errores propios pueden haber provocado el fracaso de Cs en las elecciones en la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los periodistas frente a la sede de la formación naranja tras participar en la reunión del Comité Permanente, Marín ha defendido que Ciudadanos está ahora «más vivo que nunca», pese a haberse quedado sin representación en la Asamblea de Madrid al perder 500.000 votos respecto a 2019 y obtener solo un 3,57 %. Ha apuntado que, con el mismo porcentaje, Cs habría conseguido varios escaños en el Parlament de Cataluña o en la Cámara andaluza, donde solo se exige alcanzar el 3 %, en vez del 5 %.

«Estamos con ese sabor agridulce, pero con la confianza en que este proyecto político es necesario para España», ha manifestado al recordar que gobiernan en Andalucía y Castilla y León y en municipios como Madrid o Granada.

TOCA HABLAR DEL FUTURO, NO DEL PASADO

En su opinión, la campaña electoral en Madrid ha sido «muy buena» y el cabeza de lista, Edmundo Bal, ha sido «el mejor candidato», pero cree que quizá faltó tiempo para que los madrileños conocieran sus propuestas.

Cuando le han preguntado por la autocrítica, Marín ha respondido que «hablar del pasado no soluciona ya nada» y que ahora toca hablar del futuro, y por ello ha celebrado el anuncio de Arrimadas de que la dirección del partido hará visitas a los afiliados por toda España y luego celebrará una convención política.

«Nos toca trabajar para salir lo antes posible de esta situación, que ya llevamos varias elecciones en las que no hemos tenido buenos resultados, y creemos que en las próximas habrá un cambio de tendencia muy importante», ha pronosticado.

Sobre Arrimadas, ha afirmado que siempre tendrá su apoyo, ya que confía en ella para recuperar el proyecto de Cs y le reconoce su «valentía» por haber asumido la presidencia «en el peor momento», tras el hundimiento en las elecciones generales de noviembre de 2019.

LOS VOTANTES «ESPERAN QUE NOS REARMEMOS»

Para Villacís, Ciudadanos tiene que «responsabilizarse» de las más de 129.000 personas que les han votado este 4 de mayo y que «han apostado por la moderación y por el sentido común». «Esa gente espera que nos rearmemos y que seamos fuertes», ha dicho ante los periodistas, añadiendo que entre sus compañeros del Comité Permanente hay «motivación» para «luchar por el centro político» y por España.

Además, considera que Bal ha representado los valores de Cs en una campaña «muy digna», rechazando «un Madrid de bandos» y abogando por la unión de la sociedad. Respecto a la autocrítica, ha afirmado que ya se hizo en la reunión que la Ejecutiva mantuvo el 15 de marzo — cuando Arrimadas amplió el Comité Permanente y Carlos Cuadrado y José María Espejo-Saavedra dejaron sus funciones como vicesecretarios– y ha pedido tiempo para que el proyecto «tenga recorrido».

Por su parte, Guillermo Díaz, diputado en el Congreso por Málaga, ve positivamente que Arrimadas haya anunciado un proceso en el que «se va a escuchar a la afiliación» y que impulse una convención de julio para reivindicar que en política se hable de ideas y de propuestas para los ciudadanos, no de «con quién ibas en la Guerra Civil».

Al igual que sus compañeros, piensa que la campaña en Madrid ha sido «bastante buena». «Creo que hemos señalado fallos anteriormente en el partido, pero no creo que esta campaña haya sido un fallo», ha declarado, elogiando también el papel de Bal porque ha logrado «movilizar al partido como hacía mucho tiempo que no se movilizaba».

Otro miembro del Comité Permanente que ha expresado su confianza en el futuro de Ciudadanos es el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado, que, a través de un mensaje en Twitter, ha agradecido a los votantes que, en medio de «los gritos, los insultos y la crispación», escogieran «la papeleta del respeto, las propuestas y la concordia». «En dos años volverá a haber elecciones en Madrid y volveremos a gobernar», ha augurado.

VOLVER A SER DECISIVOS EN MADRID EN 2023

Lo mismo opina el eurodiputado Jordi Cañas, que ha comentado frente a la sede que trabajarán para que, cuando se celebren las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, en 2023, Cs alcance el 5 % de los votos y vuelva a entrar en la Asamblea y a ser decisivo. «Hace años nos dieron por muertos, conseguimos superar situaciones muy complicadas, más que esta, y lo vamos a lograr de nuevo», ha añadido.

En su caso, tampoco ha mencionado errores del partido, pues cree que se ha hecho «una campaña estupenda» y que el mensaje de un Ciudadanos «capaz de dialogar, sumar, alcanzar acuerdos y plantear propuestas» no ha calado entre los electores por el «contexto de polarización» actual.

Así que «tenemos que seguir trabajando y analizar aquello que tenemos que mejorar o que deba ser corregido» para «construir un proyecto que sea capaz de ilusionar a los españoles», ha indicado. Además, ha asegurado que Arrimadas «tiene la confianza de toda la Ejecutiva» y «de toda la militancia» y ha descartado que deban producirse dimisiones.

La diputada Sara Giménez, que también está en el Comité Permanente, ha señalado que ella y sus ocho compañeros del Congreso van a seguir trabajando como hasta ahora porque están «fuertes» y «con muchas ganas» de continuar en Ciudadanos, que está «más vivo que nunca».

Igualmente, ha dicho que Arrimadas tiene el respaldo de todo el grupo parlamentario para continuar con un proyecto «de política útil, de no mirar a los extremos» y de combatir las ideas «populistas».

NO DEJAR «HUÉRFANOS» A LOS ESPAÑOLES DE CENTRO

También se han pronunciado otros dirigentes de Ciudadanos que forman parte de la Ejecutiva, pero no del Comité Permanente, como el líder en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, que ha declarado que, «por supuesto», Arrimadas cuenta con su apoyo y que el partido no desparece por el mal resultado en Madrid: «Seguiremos».

María Muñoz, portavoz económica de Cs en el Congreso, ha expresado su reconocimiento a Bal, «el mejor candidato» de las elecciones del 4-M, y ha avanzado que el partido concurrirá a los próximos comicios en Madrid «con propuestas, con convivencia, con concordia y con un mensaje de unión», de manera que «ni un ciudadano moderado y de centro se sentirá huérfano».

Por su lado, la diputada de la Asamblea Regional de Murcia y coordinadora autonómica de Ciudadanos en esta comunidad, Ana Martínez Vidal, ha reafirmado su «apoyo y admiración» hacia Arrimadas, y tanto ella como Patricia Guasp, portavoz en el Parlamento de Baleares, han manifestado su compromiso de seguir trabajando por el centro político.

Sus compañeros Carmen Picazo y Félix Álvarez, portavoces en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el Parlamento de Cantabria, respectivamente, han señalado que ahora toca «reflexión y autocrítica», analizar lo que ha ocurrido y ofrecer soluciones para que España siga contando en el futuro con un partido como Ciudadanos.

El Gobierno prevé destinar 2.100 millones de euros a la desinstitucionalización, no tanto entendida como un «cierre generalizado» de las residencias sino como un cambio hacia un modelo que priorice la atención en domicilio siempre que sea posible, según se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De acuerdo con el calendario de implantación, de estos 2.100 millones, el Ejecutivo prevé invertir 530,4 millones de euros a lo largo de este año 2021; 741,4 millones en 2022, y 828,2 millones en 2023.

En concreto, estos fondos irán destinados a la realización de evaluaciones y análisis; campañas de difusión y sensibilización; construcción y remodelación de centros residenciales y centros de díainnovadores; adquisición de su equipamiento e inversión en tecnología para los cuidados de larga duración. También se contempla el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.

En el componente número 22 del Plan, el Ejecutivo detalla que el 89% de las inversiones de esta línea (1.860 millones de euros) corresponden a proyectos propuestos por las comunidades autónomas y las entidades locales.

Estos proyectos incluyen la construcción de nuevos equipamientosresidenciales y centros de día o su rehabilitación (1.410 millones), y la inversión en teleasistencia y otros dispositivos tecnológicosrelacionados con los cuidados de larga duración (450 millones).

65.000 EUROS POR PLAZA RESIDENCIAL

A título ilustrativo, el Gobierno estima que el coste por plaza de nueva construcción residencial adaptada al nuevo modelo de cuidados que se quiere impulsar sería de 65.000 euros por plaza (1.000 euros por metro cuadrado; 65 metros cuadrados por persona). El cálculo lo realiza a partir de estudios del Tribunal de Cuentas y el coste de construcción de centros residenciales localizados en distintas regiones.

Para la remodelación de plazas disponibles, el Ejecutivo estima un coste aproximado de una quinta parte de las de nueva construcción. En cuanto a la teleasistencia, que deberá llegar a las 870.000 personas dependientes que viven en su casa sin este servicio, el Gobierno señala que ampliar el servicio para dar cobertura a todos ellos supondría una inversión de 200 millones de euros al año.

Respecto a los proyectos ejecutados directamente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (240 millones de euros) se financiarán al menos tres proyectos piloto para el impulso de la desinstitucionalización cuyo coste final dependerá de las propuestas aprobadas finalmente.

Como ilustración, el Gobierno ha solicitado a la organización Plena Inclusión los costes que tendría su propuesta para el pilotaje de un proyecto de transformación de los apoyos y cuidados de larga duración de personas con discapacidad intelectual. Este proyecto supondría un coste, en los tres años de duración, de unos 32 millones de euros. Contando con este proyecto como prototipo, el desembolso total de los tres proyectos podría ascender a una cifra aproximada de 100 millones de euros.

Otros 125 millones de euros se destinarán a proyectos de remodelación de los centros dependientes del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio) para adaptarlos al nuevo modelo de cuidados de larga duración y a otros proyectos innovadores a desarrollar en estos mismos centros, según precisa el documento.

Los 15 millones de euros restantes presupuestados corresponden al coste de los trabajos de evaluación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y el despliegue de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.

En cuanto a esta desinstitucionalización, el Ejecutivo precisa que, según las Directrices Comunes Europeas para la transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria, el término desinstitucionalización no debe interpretarse tanto como un proceso de «cierre generalizado» de centros residenciales ya que «para algunas personas esta es la única alternativa posible», sino como un «cambio cultural que promueve la permanencia en el hogar» de las personas dependientes «siempre que sea posible».

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el partido «sale más fuerte» tras la victoria en las elecciones madrileñas y ha pedido a los suyos convertir «la ola en marea» para llegar al Palacio de la Moncloa, con un PP que tiene «muchos acentos» como España. Además, ha recalcado que hay «una mayoría social que quiere cambiar de Gobierno» y ha llamado a convertirla en «mayoría electoral».

«El PP ha vuelto para quedarse», ha proclamado Casado ante el Comité Ejecutivo Nacional que se ha celebrado tras la contundente victoria del PP en Madrid. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido protagonista de la reunión y ha tomado la palabra antes que Casado, ha recibido felicitaciones de los barones territoriales y de la plana mayor del PP por su «espectacular» resultado, al pasar de 30 a 65 escaños en apenas dos años.

Según Casado, las mociones de censura que se presentaron en Murcia y Castilla y León «se han vuelto contra Sánchez como un bumerán» porque con la reacción en cadena «ha terminado por explotar una bomba en Moncloa y en Ferraz». «Él forzó las elecciones, las presentó como plebiscitarias y se metió de hoz y coz», ha recalcado.

VE A AYUSO COMO «PURO PP»

El presidente del PP, que ha recordado que propuso a Ayuso y Almeida como candidatos en Madrid en enero de 2019, ha calificado a la presidenta madrileña como «puro PP, Partido Popular por los cuatro costados».

«Con esta victoria y la derrota de la izquierda los madrileños no han querido que su región se convierta en una pieza más del tablerode ajedrez de destrucción nacional de Sánchez y sus socios hantejido para sacrificar o proteger esas piezas del tablero para susupervivencia política a costa de todo y de todos», ha proclamado.

Casado ha destacado que han «ensanchado la centralidad sin renunciar a la batalla de las ideas» y a una «gestión eficaz». Además, ha puesto en valor el avance en la reunificación del centroderecha. A su entender, el 4M dieron «un paso de gigante en la unión de la mayoría silenciosa».

«ESPAÑA TIENE MUCHOS ACENTOS, EL PP TAMBIÉN»

«Hace dos años y medio, celebramos nuestro Congreso siendo tercera fuerza política en España en todas las encuestas internas y publicadas. Hoy ya somos la primera fuerza y eso ha sido porque hemos conseguido lo que nos propusimos: unir en el PP a la mayoría del centro derecha y abrirnos a votantes de otros partidos», ha manifestado.

El líder del PP ha indicado que España «tiene muchos acentos, el PP también». «Y se nos entiende muy bien en todas partes», ha afirmado, buscando zanjar así el debate mediático que se ha abierto sobre si el PP nacional optará por la moderación de Alberto Núñez Feijóo o el discurso más contundente de Ayuso.

Casado ha apuntado a la repercusión nacional de las elecciones madrileñas tras la «debacle» de Pedro Sánchez. «Hoy salimos más fuertes», ha señalado, para destacar que han «recuperado todo el voto» de Cs» y han abierto una «vía de agua en el PSOE». Además, ha reiterado que el PP es «la casa común del centroderecha» con «puerta ancha» para que entren también «los socialdemócratas defraudados con Sánchez».

«YO NO TENGO UN RELATO DE CARTÓN PIEDRA, TENGO PRINCIPIOS»

Tras asegurar que el PP vuelve a ser «el gran partido de España», ha afirmado que «hay una mayoría social que quiere cambiar de Gobierno» y ha apostado por «convertirla en mayoría electoral». «El presente de España, una vez más, pasa por el PP», ha recalcado.

De hecho, ha afirmado que el resultado de las elecciones en Madridha desmontado la teoría de la «infalibilidad» de Sánchez, quien gobierna «contra meda España y no tiene proyecto ni ideas». «Era todo un fake como todo lo que hace», ha aseverado, para situar al PP como «la única alternativa real, preparada, inmediata» para «cambiar de Gobierno».

Casado ha celebrado que España «está de vuelta de esa viejísima nueva política y de sus viejísimos políticos, que han resultado ser la peor versión de los viejos problemas». «Yo no tengo un relato de cartón piedra, tengo principios y las ideas muy claras de lo que necesita España, así como un equipo experimentado», ha proclamado.