El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado este martes estar "convencido" de que la denuncia que ha presentado su partido ante Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra la Junta de Gobierno del Intitut Català de Finances (ICF) y contra el Govern por los avales para las fianzas de los investigados por el tribunal tendrá recorrido.

En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha sostenido que el ICF es un órgano "absolutamente intervenido por políticos", y ha tachado de radicalmente ilegal la decisión para cubrir las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas, que ve como una gravísima negligencia.

Preguntado por los expedientes de expulsión de los portavoces de Cs en Lleida, Ángeles Ribes, y en Girona, Daniel Pamplona, ha asegurado que han impulsado una reorganización para transmitir una imagen más acorde al programa y perfil liberal de Cs de cara a las próximas elecciones: "Los portavoces que no han admitido las direcciones del partido estatutariamente quedan fuera del grupo municipal".

SONIA SIERRA

Ha rechazado comentar la marcha de la exdiputada en el Parlament Sonia Sierra, y ha negado que Sierra haya recibido ataques del exdiputado y portavoz en Premià de Mar (Barcelona), José María Cano, sino que ha asegurado que habló con ella para pedirle que le transmitiera a él críticas que afectaban al municipio antes de hacerlo públicamente.

Sobre si cree que Cs debe refundarse, ha defendido que es evidente que Cs representa un espacio político: "Tenemos un espacio diferente al que ocupa el PP, el populismo de Vox y el partido socialista, socialdemócrata. Eso no es refundar, es reivindicar que las personas que voten a Cs saben que votan a un partido liberal".

Carrizosa ha asegurado que pensar en una fusión de Cs y el PP en Cataluña es "política ficción", y ha remarcado que lo que sí pueden alcanzar son acuerdos con el PP y el PSC para cuestiones vinculadas a la defensa de la convivencia y la Constitución en Cataluña.

La Guardia Civil de la Región de Murcia sorprendió al conductor de un vehículo articulado de 40 toneladas en Fuente Álamo mientras circulaba con el carné retirado, bajo los efectos de alcohol y drogas, sin el correspondiente seguro obligatorio de vehículos y sin hacer uso del tacógrafo, por lo que ha resultado investigado y denunciado.

La actuación se encuentra enmarcada en la campaña de transportes 'Route Roadpol', que ha desarrollado la Agrupación de Tráfico de la Benemérita la pasada semana, entre los días 19 al 25, para el control de camiones y autobuses, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, 21 de julio, en uno de los controles que ha realizado el Destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Cartagena dentro de la campaña 'Route Roadpol', con la finalidad de controlar el cumplimiento de la legislación específica en materia del transporte, en concreto en la carretera RM-601, que une el puerto de la Cadena con Fuente Álamo, a la altura de esta localidad.

Los guardias civiles detectaron que el conductor de uno de los vehículos inspeccionados, un vehículo articulado de 40 toneladas, podía haber ingerido sustancias incompatibles con la conducción, por lo que le sometieron a las pruebas reglamentarias de alcoholemia, arrojando un resultado positivo de 0,49 y 0,44 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, triplicando la tasa máxima permitida, que en el caso de conductores profesionales es de 0,15 mg/litro, cuya infracción lleva aparejada una sanción de 1.000 euros y detracción de 6 puntos del permiso de conducción sancionado por la Jefatura Provincial de Tráfico.

Seguidamente y tras advertir los efectivos del Sector de Tráfico el estado de nerviosismo en el que se encontraba el conductor del camión, también fue sometido al preceptivo test indiciario de detección de drogas, resultando positivo en cocaína.

Conforme al procedimiento establecido, dicho test debe ser contrastado por el laboratorio acreditado que a estos efectos tiene concertado la Dirección General de Tráfico, al que se le remite una nueva muestra salival debidamente precintada y custodiada que, de confirmar dicho resultado, le será comunicado a la Jefatura Provincial de Tráfico en Murcia para constancia en el expediente sancionador, que conllevaría otra sanción de 1.000 euros y detracción de 6 puntos del permiso.

Al solicitar datos del permiso de conducción de la persona que pilotaba el vehículo pesado, la Guardia Civil verificó que le constaba una suspensión temporal por sentencia judicial de un año y ocho meses de dicho permiso, por lo que se le investigó y se le instruyeron diligencias como presunto autor de delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 384 del Código Penal, para resolución en juicio rápido, que puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Finalizando la inspección, los guardias civiles detectaron que el conductor no llevaba inserta la tarjeta u hoja de registro en el tacógrafo exigible en este tipo de transporte y la cabeza tractora carecía de seguro obligatorio desde el pasado mes de mayo, por lo que fue denunciado a la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a la Jefatura Provincial de Tráfico, respectivamente y que llevan aparejadas unas sanciones de 2.001 euros, la primera infracción, y 2.800 euros la segunda.

Dada la peligrosidad que comporta la circulación de un vehículo en estas condiciones y la merma de reflejos que la ingestión de alcohol/ drogas conlleva, además de constituir el elemento utilizado para la comisión del hecho delictivo, el vehículo fue inmovilizado hasta que otro conductor habilitado pudo hacerse cargo del mismo, sin perjuicio de quedar a disposición de la autoridad judicial competente.

El investigado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Cartagena (Murcia), para la celebración del correspondiente juicio rápido.

Asimismo, la Benemérita sigue reiterando su mensaje a aquellos conductores que de forma imprudente y temeraria, y a pesar de las campañas y advertencias de la Dirección General de Tráfico, conducen después de haber bebido o tomado drogas, recordando que, sin perjuicio de la sistemática realización de controles preventivos ordinarios o especiales, se practicaran las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas a todos los conductores que sean denunciados por la comisión de infracciones, implicación en accidentes o aquellos otros en que se detecte su consumo en el curso de otras actividades de vigilancia e inspección que se lleven a cabo.

La Guardia Civil recuerda que estas actuaciones tienen la finalidad de concienciar a los ciudadanos de la incompatibilidad de estas sustancias con la conducción, dada la merma de reflejos y capacidades que para el control de los vehículos suponen, y garantizar así la seguridad vial en nuestras carreteras, evitando, de esta forma, la producción de accidentes de circulación y las graves consecuencias que éstos acarrean.

Durante este fin de semana y en los diferentes dispositivos de verificación de alcoholemia y drogas desplegados, la Agrupación de Tráfico de la Región de Murcia ha controlado a un total de 2.875 conductores, de los cuales 34 arrojaron resultado positivo en alcohol (1,18%).

Entre éstos se ha detenido a cinco conductores por hacerlo bajo la influencia de alcohol, que han sido puestos a disposición judicial, y el resto han sido denunciados por infracción administrativa (alcoholemia) ante la Jefatura Provincial de Trafico de Murcia. Así mismo han sido denunciados 23 conductores por circular habiendo consumido drogas u otras sustancias estupefacientes prohibidas.

La dirección provincial de CSIF Sevilla ha cesado al secretario general de la sección de dicho sindicato en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, a cuenta de su reciente detención en el marco de la operación desplegada por la Guardia Civil para desmantelar una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, según han confirmado fuentes de CSIF.

La citada organización, según la Guardia Civil, operaba en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Sevilla y estaba compuesta por personas que, siempre supuestamente, realizaban funciones de "banco en la sombra, invirtiendo, aceptando y cediendo fondos ilícitos", conociendo presuntamente que el dinero procedía de la actividad ilícita del tráfico de sustancias estupefacientes.

Por estas actividades de blanqueo de capitales, según la Guardia Civil, los miembros de la red desmantelada cobraban una comisión de entre un tres y un 15 por ciento; siendo acometidos registros en Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz), y Alcalá de Guadaíra y Sevilla capital, con el resultado de la detención de cinco personas cuando la organización planeaba blanquear 123 millones de euros simulando un proyecto de parque solar, según el Instituto Armado.

ARRESTADO EL SECRETARIO DE CSIF EN TUSSAM

A partir de ahí, ABC ha avanzado que uno de los detenidos es un representante sindical de Tussam. Más al detalle, y según ha confirmado el sindicato CSIF, se trata del secretario general de dicho sindicato en la sección de la mencionada empresa municipal, Joaquín M.G.

En ese sentido, CSIF ha precisado que este hombre ha sido cesado por la organización "desde el primer minuto" en el que fue conocido su arresto, exponiendo que ha sido detenido por actividades circunscritas exclusivamente a su "ámbito personal", desligando así dicha situación de la labor del sindicato en Tussam y de la "lucha" de CSIF en defensa de los derechos de los trabajadores.

Tras el cese de su secretario general en Tussam, dicho sindicato está trabajando en una "reforma de la ejecutiva" de la sección y prevé celebrar ya en septiembre una asamblea de afiliados, al objeto de elegir a un nuevo secretario general.

El vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha explicado este martes que su formación no va a "votar en contra" del Partido Popular "sistemáticamente" y ha exigido una "reparación" tras la "agresión personal" de los 'populares' a su líder, Santiago Abascal.

En una entrevista en esRadio, Buxadé ha explicado que "romper relaciones" con la formación que lidera Pablo Casado "significa" que toman "nota" al tiempo que ha sostenido que Vox siempre se ha "caracterizado por el sentido común y tomar decisiones teniendo en cuenta el bien de los madrileños, los andaluces y los murcianos".

Así, y un día después de que Vox diese por rotas las relaciones con el PP por considerarle "cooperador necesario" para que Abascal fuera declarado el pasado viernes 'persona non grata' en Ceuta, Buxadé ha matizado: "¿Quiere decir que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, nunca Vox ha hecho eso".

En este contexto, Buxadé ha insistido en que si "hay una agresión personal a Abascal y a lo que representa lo más normal, humano, de honra y de honor es que el partido solicite una reparación". "Y si no se produce, las relaciones están rotas. Yo no me puedo ir a comer y cenar contigo y jiji jaja. Repara el daño y sigamos trabajando por el bien común", ha instado.

"FALTARÍA A LA VERDAD SI DIJESE QUE SE LO QUE VA A SUCEDER"

Así, y pese a asegurar que "sería una irresponsabilidad" que el partido que lidera Abascal adoptase una situación de bloqueo, Buxadé ha reconocido que "faltaría a la verdad si dijese" que sabe "lo que va a suceder" a partir de ahora en las relaciones con el PP.

Eso sí, el dirigente de Vox ha sostenido que el partido es "previsible, de convicciones e ideas y que no toma sus decisiones en función de intereses partidistas". "Pero nosotros tenemos una forma distinta de hacer política, y esto no puede ser", ha añadido.

Por último, Buxadé ha vuelto a referirse a la posibilidad de presentar una moción de censura. "Si se plantea por el señor Casado y por el PP no tenga ninguna duda. Vox es un partido previsible y hemos dicho que nuestro principal objetivo es echar a Sánchez", ha recordado.

Así las cosas, ha incidido en que Vox apuesta por desalojar al "Gobierno de la ruina y la miseria". "Una cosa es exigir una reparación del daño y otra hacer algo en contra de los intereses generales, que es algo que no va a hacer Vox", ha zanjado.

Cataluña ha registrado hasta este martes 882.869 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --817.954 con una prueba PCR o test de antígenos--, 5.492 más que en el recuento del lunes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

El total de fallecidos se sitúa en 22.490, 58 más que los registrados el lunes: 14.343 en hospital o centro sociosanitario, 4.576 en residencia, 1.197 en domicilio y 2.374 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.237, que son dos más que en el último recuento.

Un total de 535 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 25 más que en el último recuento: de ellos 289 necesitan ventilación invasiva (intubación), 16 oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y 230 apoyo no invasivo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja a 0,88 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 18,20%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 1.136,95 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 33,01 años.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el lunes alcanzaba un nivel de 1.038 y 24 horas después se sitúa en 976.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 4.928.817 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 4.364.693 ya tienen la pauta completa: 19.403 personas han recibido la primera dosis en las últimas 24 horas.

En porcentajes, el 62,6% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 55,5% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

El Consejo de Administración de 'El País' ha acordado iniciar el proceso de nombramiento de nuevo director para el diario. Así, el presidente y consejero delegado de 'El País', Carlos Núñez, ha propuesto para este cargo a Pepa Bueno en sustitución de Javier Moreno, quien seguirá vinculado al proyecto.

Profesional con amplia trayectoria en el mundo de los medios, Pepa Bueno se incorporó a la Cadena SER en 2012, fecha en la que también entró a formar parte del Comité Editorial de PRISA. En la actualidad, presenta el programa 'Hora 25' en la SER que, con más de un millón de oyentes, es líder en su franja horaria, y colabora habitualmente en 'El País'.

Como subrayan desde Prisa en un comunicado, a lo largo de su extensa carrera profesional, Pepa Bueno ha gestionado con éxito numerosos equipos y redacciones, y combina un profundo conocimiento de la radio con experiencia en prensa y televisión, lo que refuerza el nuevo posicionamiento del Grupo basado en la convergencia de todos sus medios.

Por otro lado, el nuevo responsable de 'Hora 25' será Aimar Bretos, hasta ahora número dos de Pepa Bueno en el programa. Bretos, uno de los jóvenes talentos de la Cadena SER, cuenta con una amplia trayectoria en la radio, fundamentalmente en el Grupo PRISA, donde ha trabajado en diversos espacios informativos, entre ellos, 'Hoy por Hoy'.

Tal y como contempla el Estatuto de la Redacción de 'El País', la propuesta de relevo ha de ser comunicada al Comité de Redacción, que lo someterá a una votación sin carácter vinculante por parte de la plantilla del diario. Tras el resultado de la consulta, el Consejo de Administración del diario ratificará el nombramiento, que también debe ser objeto de consideración favorable por el Consejo de Administración de PRISA, así como de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

El Consejo de Administración de 'El País' ha agradecido a Javier Moreno su dedicación y profesionalidad al frente del diario, que ha dirigido con gran éxito. En su última etapa, Moreno ha sido impulsor de la transformación digital del periódico y, especialmente del nuevo modelo de suscripción que, en apenas un año, ha alcanzado casi los 110.000 suscriptores digitales.

Estos cambios culminan el proceso de reordenación del área editorial de PRISA Media, cuyo objetivo es una gestión transmedia coordinada de todos sus activos (tanto de radio como de prensa), basada en plataformas transversales, lo que permite maximizar el alcance de los contenidos con una visión global para todo el mercado de habla hispana.

PEPA BUENO: EXPERIENCIA EN PRENSA, RADIO Y TV

Pepa Bueno (Badajoz, 1963), es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera en los servicios informativos de Radio Nacional de España en Extremadura y, posteriormente, fue jefa de informáticos en RNE en Aragón y en Madrid.

En 1991 se incorpora a RTVE para dirigir el informativo regional, primero en Andalucía y luego en Madrid. En septiembre de 1996 es nombrada subdirectora del programa de actualidad 'Gente'. Ocho años después se encargará de Los Desayunos de TVE, compaginando su responsabilidad con diferentes participaciones en otros programas de la misma cadena.

En 2009 asume la dirección y presentación de la segunda edición del Telediario de TVE por el que obtuvo diversos reconocimientos, hasta que en 2012 se incorpora al programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, manteniendo el liderazgo de audiencia durante toda su etapa al frente del mismo. En 2019 es nombrada directora del informativo nocturno 'Hora 25'.

Durante estos años, Pepa Bueno también ha colaborado en programas de Telecinco y Cuatro. Además, Bueno ha compaginado su actividad en televisión y radio con múltiples colaboraciones en prensa como en 'El País', en el que escribe en la actualidad, así como en 'Diario 16', 'El Periódico de Catalunya' y 'La Vanguardia', entre otros.

A lo largo de su extensa carrera profesional, Pepa Bueno ha sido merecedora de numerosos premios y reconocimientos, entre otros, el Micrófono de Oro, el Premio Media Tenor al Mejor Telediario del Mundo, Premio Ondas, Premio Francisco Cerecedo de Periodismo, Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, Premio Manu Leguineche de Periodismo Internacional y el Premio Agustín Merello de la Asociación de la Prensa de Cádiz.

TRAYECTORIA DE JAVIER MORENO

Por su parte, Javier Moreno (París, 1963) es licenciado en Química -especialidad Industrial- por la Universidad de Valencia (1988). Ejerció la profesión en Alemania -BASF, Ludwigshafen- hasta 1992, fecha en la que cursó el Máster en Periodismo UAM-EL PAÍS. Trabajó inicialmente en la sección de Economía del diario y en 1994 se incorporó a la edición de México, el embrión del actual El País América, como jefe de la redacción del entonces Distrito Federal.

Tras su regreso a España en 1997, se sumó a la sección de Internacional. En 1999, fue nombrado jefe de la sección de Economía y en 2002 se hizo cargo de la corresponsalía del periódico en Berlín. En 2003 fue nombrado director del periódico económico Cinco Días.

En 2005 regresó a 'El País', inicialmente como subdirector a cargo de la edición dominical, y posteriormente como director adjunto. En 2006, coincidiendo con el 30º aniversario del periódico, fue nombrado director, cargo que ejerció hasta mayo de 2014. En esos años, el periódico llevó adelante la primera gran reforma de la edición impresa desde su fundación. También fusionó las redacciones impresa y digital para lanzar la actual edición digital.

La redacción participó en exclusivas internacionales como los cables secretos del Departamento de Estado de EEUU, junto con The New York Times o The Guardian; la exclusiva conocida como 'Chinaleaks', así como relevantes informaciones nacionales como los papeles de Bárcenas, entre otras. En 2013 puso en marcha la edición América de este periódico.

Tras dejar la dirección de 'El País' en 2014, Moreno fue el director fundador de la Leading European Newspaper Alliance (LENA), que agrupa a ocho periódicos líderes en Europa (Le Figaro, Le Soir, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève, Die Welt, La Repubblica, Gazeta Wyborcza y EL PAÍS). Dirigió la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018, fecha en la que fue nombrado director de 'El País' en América, con sede en Ciudad de México. Dos años después, en junio de 2020, asume de nuevo la dirección de 'El País' en Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por un delito de cohecho pasivo por el 'Proyecto July', donde se habría encargado de investigar un proceso arbitral entre el Grupo Planeta y Kiss FM para determinar si hubo soborno para que se resolviera a favor de la empresa editorial.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha puesto fin a la instrucción de esta pieza separada 12 de la macrocausa 'Tándem', proponiendo juzgar a Villarejo, pero también al ex policía Antonio Giménez Raso por cohecho pasivo, así como a los responsables de la asesoría jurídica y de seguridad del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta y Antonio López López, respectivamente, por cohecho activo.

En esta pieza, García-Castellón ha indagado en la presunta contratación de Villarejo por parte del Grupo Planeta para investigar a un árbitro que participó en el procedimiento de resolución del conflicto entre el Grupo Planeta y Kiss FM.

Villarejo elaboró el 'Proyecto July' para averiguar si hubo un soborno al mencionado árbitro para que resolviera en contra del Grupo Planeta, un trabajo por el que la empresa editorial abonó 40.000 euros más IVA (48.400 euros) al despacho de abogados dirigido por el entonces comisario.

García-Castellón ha recordado en su escrito cuando se produjeron los hechos, entre febrero y junio de 2014, Villarejo todavía era miembro activo del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que constituirían presuntos delitos de cohecho.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este martes que el Gobierno debe ser contundente frente a un Partido Popular que, a su juicio, está "utilizando los poderes del Estado para hacerle oposición" al Ejecutivo.

"Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la propia señora Ayuso, que dijo con total claridad en una entrevista que el Rey, la Justicia los jueces y ella misma eran la oposición a este Gobierno. Esto no se puede tolerar", ha sostenido Montero en una entrevista en RNE.

En este contexto, la ministra ha dejado claro que los "órganos constitucionales, su renovación y su plena capacidad y legitimidad para poder operar" son una "obligación constitucional". "No se puede ser un demócrata que cree y respeta" la Carta Magna "si se está bloqueando la renovación de los órganos constitucionales", ha insistido.

Según la titular de Igualdad, no es la primera vez que la formación que lidera Pablo Casado persiste en una actitud de bloqueo. "No lo hemos visto solo en esta época, pero ahora lo hacen con más soberbia que nunca y menos tapujos", ha apostillado.

Por todo ello, Montero ha criticado que España tenga una oposición que insiste en el "secuestro de los órganos constitucionales y de muchos de los poderes que tienen que ver con el Estado profundo". "Frente a eso los demócratas tenemos que ser muy contundentes. La democracia, la separación de poderes se respeta y el PP no lo está haciendo", ha zanjado.

Las palabras de la ministra llegan unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentase el pasado viernes que el PP no tuviese "ninguna voluntad" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales. El jefe del Ejecutivo, que asumió que, por ahora, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, señaló que no tenía intención de telefonear al líder del PP, Pablo Casado, para tratar de desencallar la negociación.

El propio presidente de los 'populares' respondió el pasado sábado a Sánchez el domingo, preguntándose quién era en realidad el causante del bloqueo. "¿Quién bloquea, el partido que defiende lo que dice Europa y la Carta Magna o el que ataca al Tribunal Constitucional, al Supremo o al Tribunal de Cuentas y que insulta a los jueces por llevarle la contraria?", señaló Casado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que aunque "ahora la gente se inventa todos los días un término" --en relación al nuevo concepto acuñado por los socialistas de 'España multinivel'--, España "es lo que pone la Constitución y ya está".

Preguntado por este asunto en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, García-Page ha reseñado que en derechos y oportunidades "no puede haber niveles", aunque sí diferencias, como incluso dentro de Castilla-La Mancha las hay entre Guadalajara y Albacete.

"La Constitución admite hasta un nivel de tontería política enorme", ha añadido, precisando, no obstante, que no es ilimitada, sino que tiene límites "y hay que defenderla entre todos".

Sobre la próxima Conferencia de Presidentes del viernes, a la que no acudirá el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, el presidente regional ha defendido "su derecho de no ir", aunque ha opinado que sí debería hacerlo. "No tendría ningún problema en asistir supongo más allá de que están muy esclavos de su propia retórica".

A su juicio, es compatible estar en un foro de este nivel y seguir pidiendo irse del Estado, defender el independentismo, y "mantener un diálogo con el Gobierno de España a otros efectos, vaya donde vaya, que yo creo que va a ir a poco sitios", ha asumido.

En cuanto al contenido de la cita, que se celebrará en Salamanca, ha defendido la necesidad de "intentar consensuar los objetivos de Estado a compartir entre el Estado y las comunidades autónomas", definir cuál es el escenario de debate que va a haber en los próximos seis meses y marcar unos objetivos que puedan ser revisables.

"Lo que no puede ser es un pim pam pum, gobierne quien gobierne, para ver quién defiende a su partido o quién es un poquito más abertzale", ha abundado el dirigente socialista, que ha abogado por "quedarse con lo que va sobre la mesa, sobre si en algunos aspectos podemos ir avanzando".

DEBATE QUE "ACABARÁ EN NADA"

De hecho, ha admitido que en un encuentro como este "fijar criterios sobre la financiación autonómica es casi metafísicamente imposible, porque estamos en desacuerdo unos con otros". Por ello, ha apostado por "dejar claro para qué se quiere una Conferencia de Presidentes" en el sentido de "una lealtad entre gobiernos que se pasan información, que fijan criterios y que establecen, no consignas sino objetivos, al máximo nivel del Estado".

De otro lado, preguntado por si considera que dialogar con la Generalitat de Cataluña no va a servir, Emiliano García-Page ha explicado que "los términos de los debates tienen muchos conceptos: charla, conversación, diálogo, negociación" y que si se habla de negociación "tendrá que dejarse claro qué no es negociable" porque "hay cosas que afectan al conjunto de los españoles y tenemos que decidir entre todos".

"Hablar o intentar pactar cómo romper o saltarse la Constitución es metafísicamente imposible" es "hacer un debate insulso que acabará en nada, lo cual es compatible con el hecho de mantener circuitos de conversación y diálogo", ha asumido, convencido de que "las buenas maneras son mucho mejor que las malas" ya que "las malas formas no han hecho nada más que inflamar" y las encuestas "ya recogen una fatiga inmensa de las bases independentistas que están preparadas para el insulto, pero no para los abrazos".

La mitad de los 2,3 millones de niños en riesgo de pobreza en España, es decir, más de 1 millón de ellos, se concentran en zonas muy pobladas, y la intensidad de la pobreza infantil aumenta con el grado de urbanización, según se desprende de un informe del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España.

El estudio, titulado 'Geografía de la pobreza infantil en España', revela que aunque en la última década la tasa de pobreza infantil ha sido más alta en las zonas poco pobladas, en los últimos años, se observa una tendencia hacia la convergencia, produciéndose un fenómeno de "reurbanización de la pobreza infantil": 29,6% en zonas poco pobladas frente al 27,6% en las muy pobladas.

En este sentido, el documento revela que en 2020, el 50,5% de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza vivían en zonas muy pobladas, mientras que el resto se concentraba en zonas poco pobladas (26%) e intermedias (23,5%).

Además, de los datos se desprende que la intensidad de la pobreza aumenta con el grado de urbanización. Así, en 2020, la pobreza infantil alta (15,1%) se situó un punto y medio por encima en las zonas muy pobladas en comparación con las poco pobladas, y la severa fue también un punto superior (5,2%).

Por ciudades, las mayores concentraciones de niños en situación de pobreza se localizan en las áreas metropolitanas de las grandes áreas urbanas, donde probablemente se hayan producido traslados de la población local hacia las afueras a causa de su mayor asequibilidad, según indica el informe.

Esto se observa en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. En el caso de Málaga, las mayores tasas de pobreza infantil se encuentran en la capital, si bien municipios más alejados como Mijas o Fuengirola presentan altos índices de desigualdad, según añade.

En términos relativos, Sevilla y Málaga tienen las tasas más altas de pobreza infantil. Sin bien, se precisa que la desigualdad es mayor en Madrid, con "zonas muy deprimidas junto a otras más privilegiadas".

EL 9% DE LOS NIÑOS POBRES VIVEN EN MADRID

Se destaca, así, que el área urbana de Madrid es la que tiene un mayor número de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza: cerca de 230.000, un 9% del total nacional. Además, advierten de una mayor desigualdad ya que tiene distritos con la mitad de la población con ingresos superiores al 200% de la mediana, junto a otros no muy lejanos con tasas de pobreza infantil muy elevadas.

En el caso de Barcelona y su área metropolitana, el número de menores en riesgo de pobreza alcanza los 160.000 y en cada una de las áreas urbanas de Valencia, Sevilla y Málaga, son alrededor de 60.000.

Otra característica de las grandes zonas urbanas, según ahonda el estudio, es la mayor dificultad para acceder a viviendas seguras, en buenas condiciones de habitabilidad y asequibles. Según revela, casi dos de cada tres menores en hogares con sobrecoste de vivienda vive en entornos urbanos.

Además, de los datos se desprende que los hogares vulnerables de entornos urbanos dedican, de media, un 22% más de dinero a la vivienda que los hogares con los mismos recursos en entornos rurales.

Por otro lado, el informe pone de relieve que los entornos menos poblados se enfrentan a dificultades de otro tipo: falta de oportunidades laborales, desequilibrio demográfico, escasa oferta educativa y de acceso a servicios básicos y falta de infraestructuras adecuadas.

Así, el estudio concluye que el entorno de un hogar puede ofrecer recursos y oportunidades muy distintas que pueden "agravar, compensar o incluso erradicar" las situaciones de pobreza y sus consecuencias, de forma que "un entorno positivo puede proteger a la infancia contra los efectos perjudiciales de la pobreza del hogar" mientras que "entornos con mayores índices de pobreza pueden amplificarlos".

LA SITUACIÓN MÁS EXTREMA: 270 ASENTAMIENTOS DE INFRAVIVIENDAS

Según el documento, el ejemplo más extremo de entornos negativos son los asentamientos de infraviviendas en los que habitan miles de personas, muchos de ellos niños, que crecen en barrios caracterizados por "construcciones precarias y de mala calidad, sin condiciones mínimas para la habitabilidad, en los que se concentra la extrema pobreza, la exclusión social y falta de oportunidades". Según recoge el informe, en España hay unos 270 asentamientos de este tipo.

En este contexto, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil señala que las estrategias para paliar o reducir los efectos negativos de la pobreza en los distintos tipos de entornos deben responder a estas características.

"En zonas poco pobladas el esfuerzo debe ponerse en dar acceso a servicios educativos y sanitarios de calidad. En zonas urbanas, facilitar el acceso a una vivienda segura con buenas condiciones de habitabilidad y la mejora del equipamiento urbano", subraya.

Para todos estos retos, recuerda que la Garantía infantil europea ofrece un marco de actuación y tanto el Fondo Social Europeo Plus como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional pueden dedicar recursos a promover un acceso efectivo y de calidad a los servicios que garanticen estos derechos. Además, añade que las administraciones autonómicas y locales deben procurar sistemas de garantía de ingresos robustos y un acceso igualitario a servicios.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación antidroga para desarticular de nuevo una de las principales organizaciones de tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, dirigida por el renombrado narcotraficante conocido como 'El Messi del hachís', que en la actualidad permanece fugado de la justicia española. En la operación se han detenido a 77 personas e incautado ocho toneladas de hachís.

Según han explicado en una nota conjunta, los investigadores han podido comprobar cómo este narcotraficante sigue siendo el responsable de la mayor parte del tráfico de drogas en el Estrecho, ha ramificado su organización y gestiona toda la logística desde Marruecos.

Desde su fuga en marzo de 2019 alegando como razón para su huida la presión policial, la parte de su organización afincada en Algeciras se ha desarticulado hasta en cuatro ocasiones, deteniendo con ello a sus principales lugartenientes.

El objetivo de la organización era la introducción de hachís en España por vía marítima utilizando para ello embarcaciones de alta velocidad. Estas embarcaciones transportan el hachís desde la costa norte de Marruecos hasta calas escondidas y con accesos escarpados, principalmente en las inmediaciones del Faro de Punta Carnero y en el interior de la Bahía de Algeciras cerca del río Palmones.

Una vez descargan la droga, grupos de entre 50 y 100 jóvenes cargan fardos que contienen en su interior aproximadamente 30 kilogramos de hachís. La droga es porteada hasta coches de carga que esperan para transportar la mercancía hasta lugares seguros conocidos como guarderías asentadas principalmente en las localidades de Algeciras y los Barrios.

La operación denominada Operación Blaki comenzó en diciembre de 2020 y en total se han incautado ocho toneladas de hachís en 17 aprehensiones distintas para lo que se han realizado 14 entradas y registros en guarderías, y se han recuperado un total de 22 vehículos que figuraban como sustraídos.

El uso de estos vehículos por las organizaciones criminales para ser usados en la carga y transporte de droga, ha propiciado un aumento de la demanda de vehículos robados en su mayoría en Cataluña y la Costa del Sol. Lo que hace prever que pueda darse un repunte de este tipo delictivo.

Además de las 14 entradas y registros en guarderías, se han autorizado diez registros domiciliarios de forma simultánea en la localidad de Algeciras. Como resultado de esta macrooperación se ha detenido a 77 personas a las que se les imputa en la mayoría de los casos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y receptación entre otros. También se han intervenido dos armas de fuego en disposición de uso para la custodia de la droga y 15.000 euros en efectivo.

La investigación ha sido coordinada por la Fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras. Esta operación se encuentra enmarcada dentro del Plan de Seguridad de la Secretaría de Estado para el Campo de Gibraltar.

Una mujer de unos 60 años ha sido hallada fallecida a última hora de este pasado lunes en una piscina de un chalet de la localidad malagueña de Marbella, según ha informado Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 22.00 horas. Según el 112, un testigo de los hechos ha alertado al centro de coordinación de que había una mujer flotando en el agua ahogada en una piscina privada de una casa en la urbanización Bahía de Marbella en la avenida Reina Sofía.

Los servicios sanitarios de la Junta desplazados al lugar han certificado su muerte, al tiempo que Cuerpo Nacional de Policía investiga las circunstancias de la muerte sin que haya constancia signos de violencia, han señalado. Efectivos de Bomberos y Policía Local también acudieron al lugar de la emergencia.

El Boletín Oficial del Estado de este martes recoge la reestructuración de la Presidencia del Gobierno planteada por Pedro Sánchez y que ejecuta la supresión de hasta 17 órganos distintos como la Vicesecretaría General, el Departamento de Asuntos Nacionales o el Departamento de Asuntos Políticos.

El real decreto, rubricado por el propio jefe del Ejecutivo, establece además la organización general de la Presidencia, que no varía desde su última modificación en enero de 2020. En concreto, fija su funcionamiento en torno a siete órganos superiores y directivos.

Concretamente, y bajo la dirección de Pedro Sánchez, la Presidencia desarrolla sus funciones a través del Gabinete del presidente del Gobierno; la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno; la Secretaría de Estado de Comunicación y la Dirección adjunta del Gabinete del presidente del Gobierno.

Cierran la estructura de la Presidencia del Gobierno la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20, el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.

Por otro lado, de la Presidencia se suprimen la Vicesecretaría General; el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental; la Unidad de Coordinación del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental y el Departamento de Asuntos Nacionales.

Asimismo, el real decreto contempla la eliminación de la Unidad de Educación, Ciencia y Cultura del Departamento de Asuntos Nacionales; la Unidad de Igualdad y Políticas Sociales del Departamento de Asuntos Nacionales; la Unidad de Justicia e Interior del Departamento de Asuntos Nacionales y la Unidad de Transición Justa y Medio Rural del Departamento de Asuntos Nacionales.

En esta línea, se suprimen además la Unidad de Transportes, Vivienda y Consumo del Departamento de Asuntos Nacionales; la Unidad de Coordinación del Departamento de Asuntos Nacionales; el Departamento de Asuntos Políticos junto a la Unidad de Coordinación, la Unidad de Desarrollo y la Unidad de Mensaje del propio departamento.

Por último, se elimina la Unidad de coordinación del Departamento de Análisis y Estudios; la Unidad de Comunicación con los Ciudadanos del Departamento de Análisis y Estudios y el Departamento de Información Económica de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Unidas Podemos y varios socios parlamentarios del Ejecutivo han registrado en el Congreso una petición de creación de una comisión de investigación para esclarecer la presunta venta "opaca de armas" a países "no democráticos", entre los que se cita Marruecos, y si el Rey emérito Juan Carlos I se pudo lucrar mediante "comisiones ilegales".

La iniciativa ha sido impulsada por la formación morada junto a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y BNG al entender que diversas informaciones periodísticas reflejan transacciones de "dudosa legalidad", que podrían incluso constituir un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Por tanto, estas formaciones exigen que el Congreso "arroje luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas" y argumentan, además, la necesidad de crear este órgano parlamentario por el "indudable interés público" que tiene la decisión de Juan Carlos I de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una regularización tributaria millonaria.

LA SEMANA PASADA LA MESA RECHAZÓ UNA INICIATIVA SIMILAR

El pasado 20 de julio PSOE, PP y Vox volvieron a unir sus votos en la Mesa del Congreso para no tramitar dos nuevas comisiones de investigación, planteadas por gran parte de los aliados del Ejecutivo progresista, sobre el Rey emérito y su presunto enriquecimiento a través de la venta ilegal de armas, acorde con lo expresado por los letrados de la Cámara Baja. En el año y medio que ha transcurrido desde el inicio de la legislatura, la Mesa ha vetado ya el debate de 14 peticiones de está índole.

Entonces, Unidas Podemos apoyó estas peticiones y ahora da un paso más al impulsar también, junto con estas formaciones, la apertura de las pesquisas parlamentarias sobre estos hechos, con el objetivo de depurar responsabilidades políticas y éticas.

Concretamente y sustentado en una información publicada por el diario 'Público', Unidas Podemos y el resto de formaciones firmantes de la petición aluden a la constatación de opacidad en la venta de armas, que estarían en la base de la fortuna de Juan Carlos I mediante la vinculación con la sociedad Alkantara Iberian Exports. Además, apuntan a la posible implicación de su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y Abderraman el Asir, identificado como traficante de armas de origen libanés y sucesor de Adnan Khashoggi.

Según las informaciones publicadas, Alkantara Iberian Exports se creó en 1978 con sede en Londres, su presidente era el amigo del Rey emérito, y estaba participada en un 25% por el Instituto Nacional de Industria y en otro 25% por Fomento del Comercio Exterior, que formaba parte del Banco Exterior de España, pero operaba desde Panamá.

COMISIONES MILLONARIAS

En este caso, la iniciativa centra el foco en dos ejemplos de transacciones comerciales que podrían "promover la exigencia de responsabilidades legales a los actores implicados. En primer término se cita una operación de venta de material armamentístico a Marruecos por valor de 7.700 millones de las antiguas pesetas, de los cuales 2.750 se abonaron con préstamos del Fondo de Ayuda al Desarrollo y el resto con "créditos blandos" a un interés "irrisorio". En esta transacción, exponen los grupos parlamentarios, se derivaron "cuantiosas" comisiones del 20% del total de la operación (1.500 millones) de dinero público a actores implicados.

La segunda alude a una venta de buques de guerra y vehículos militares a Egipto en 1984 por importe de 22.000 millones de pesetas, de nuevo con créditos blandos aunque el país luego suspendió pagos, aunque esta sociedad cobró sus "millonarias comisiones".

Por otro lado, los grupos proponentes ponen sobre la mesa la reconsideración de la ley de secretos oficiales, ya que existen "indicios de impunidad" para "el tráfico de armas con países no democráticos y evasiones fiscales".

De esta forma, demandan investigar la legalidad de las comisiones asociadas a Alkantara Iberian Exports, la presunta malversación de fondos públicos en estas ventas de armas y evaluar las presuntas implicaciones de Juan Carlos I en las actuaciones comerciales realizadas por Manuel Prado y Colón de Carvajal. Finalmente, se pauta un periodo de duración de seis meses para los trabajos de esta comisión de investigación en caso de ser aprobada en el Congreso, con la posibilidad de ser prorrogada.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración este martes a un hombre que habría sido testigo de las presuntas torturas perpetradas por el Frente Polisario, incluido su líder, Brahim Ghali, contra la población de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) en lo años 70 y 80.

Se trata de Ahmed Tarouzi, a quien el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 consideró pertinente escuchar por cuanto aparece citado en la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humano (ASADEDH) implicando a Ghali, aunque al mismo tiempo se negó a interrogar a los otros dos testigos propuestos, siguiendo así el criterio del Ministerio Fiscal

ASADEHD consideraba clave la declaración de los tres hombres porque ellos mismos habrían estado "secuestrados" durante años por el Frente Polisario siendo testigos en primera línea del "exterminio" denunciado en la querella, que se dirige contra Ghali, otros 23 responsables de seguridad de la organización saharaui y cuatro miembros de la Inteligencia argelina.

En su escrito, ASADEHD se adentraba en un relato sobre la vida del Polisario y sus presuntos abusos en cada etapa. Hacia mediados de los 70, le culpa de lanzar una campaña de "limpieza étnica" contra una de las minorías más numerosas del pueblo saharaui, los tekna. Muy pocos jóvenes de estas tribus se salvaron de las desapariciones forzosas y muchos siguen desaparecidos, afirmaba ASADEHD.

En esa época, denunciaba que el Polisario también persiguió a los pobladores del ex Sáhara español y, poco después, encarando el final de la década, los abusos se habrían dirigido contra los aitusa y los yegutt. "Muchos de los que terminaron salvando sus vidas relatan ahora los horrores que vivieron y cómo se les dejó claro durante las sesiones de tortura que solo se les acusaba de 'ser quienes eran y de pertenecer a los ámbitos tribales a los que pertenecían'", añadía.

DECLARACIÓN SUSPENDIDA

Estaba previsto que Pedraz preguntara también este martes a un testigo propuesto por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que ha formulado otra querella contra Ghali, pero se ha suspendido debido a problemas con la obtención del visado para entrar en España, según fuentes jurídicas.

Los mismos problemas le impidieron declarar el pasado 29 de junio, cuando estaba citado inicialmente porque habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y habría presenciado las supuestas torturas sufridas por este último a manos del Polisario.

Ese día sí comparecieron el propio Breica, que ratificó su relato sobre lo que le habría ocurrido en 2019 en los campamentos de Tinduf, así como su mujer y otro hombre con el que compartió prisión.

De acuerdo con la querella de Breica, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

INGRESADO EN ESPAÑA

La querella presentada por Breica, que inicialmente fue archivada por el juez José de la Mata --ahora en Eurojust--, fue reactivada por Pedraz el pasado mes de enero, aunque acotando que lo hechos denunciados no encajarían en el delito de lesa humanidad al no haber indicios de un ataque generalizado a la población civil.

Poco después, el juez admitió una segunda querella, firmada por ASADEDH por el maltrato al que el Frente Polisario habría sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, "especialmente" a los de origen español.

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se reanudaron cuando se supo que se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, estuvo en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, tras lo cual el juez acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada el 2 de junio, el líder del Polisario regresaba a Argelia en un avión medicalizado.

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona declara este martes como testigo en el conocido como caso 'niñera', donde el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, usó a su entonces jefa de Gabinete y ahora asesora ministerial, Teresa Arévalo, como cuidadora de su hija durante un viaje de campaña por las elecciones generales de 2019.

El juez José María Escribano la citó porque fue ella quien ante otro instructor, el del caso 'Neurona', reveló que a través de una "denuncia interna" le llegó que Montero usaba a "una persona a sueldo del partido", que identificó como Arévalo, "como cuidadora de sus hijos", "lo cual, además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal".

En concretó, Carmona expuso en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, dirigido por Juan José Escalonilla, que Montero usaba "habitualmente" a Arévalo para cuidar de su hija. A este respecto, contó que ambas hicieron un viaje de campaña a Alicante el 20 de octubre de 2019 costeado con fondos electorales para asistir a un mitin y que, cuando la ahora ministra tuvo que intervenir, dejó a la menor con su entonces jefa de Gabinete.

El pasado mes de abril, el juez Escribano acordó incoar diligencias previas contra Montero y Arévalo por este asunto, aunque solo citó como imputada a la asesora política, puesto que la ministra de Igualdad está aforada ante el Tribunal Supremo (TS).

EN BRAZOS "UNOS SEGUNDOS"

Arévalo declaró el pasado 14 de julio para precisar al magistrado que viajó con el resto del equipo de campaña en calidad de candidata, dirigente estatal y jefa de Gabinete, indicando que en algún momento pudo hacerse cargo de la menor, si bien al mismo tiempo defendió que sostener a una niña en brazos "unos segundos" no implica hacer labores de niñera.

En la misma línea se expresaron la gerente y el tesorero de Podemos, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, que días después, el 19, comparecieron como imputados. Ambos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación 'morada' que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.

Tras esta ronda de interrogatorios, el abogado de Podemos, Raúl Maíllo, manifestó en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla que "no hay causa", por lo que confió en que, una vez desmontado el "bulo", el procedimiento concluya "cuanto antes".

En cambio, desde el otro extremo, la abogada de Vox, Marta Castro, que ejerce de acusación popular en este caso, estimó que es necesario seguir investigando. Así, avanzó que pedirían al juez que indagara "en la vía de intervención de la Policía Nacional en la seguridad del acto" electoral.