El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha solicitado ocupar la plaza que estará temporalmente vacante en el Juzgado Central de Instrucción número 1 y que dirige de forma interina el juez central número 5, Santiago Pedraz, hasta que llegue el juez titular que se encargará definitivamente de este órgano judicial, Luis Francisco de Jorge, cuyo trabajo en la ONU le retendrá hasta finales de año.

Así lo han señalado fuentes jurídicas, que apuntan que entre los aspirantes a la citada plaza también está otra magistrada que ha venido solicitando su traslado a la Audiencia Nacional en las últimas convocatorias de plaza, Rosa Freire, que fue la que llevó al PP a juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. De hecho Freire disputó su actual plaza de sustituto a Abascal en un litigio que tuvo que ser resuelto por el Tribunal Supremo a favor de este último.

Abascal es aspirante a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que lleva más de dos años sin renovarse, por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y en esa candidatura fue vetado por Podemos cuando, tras la última intentona de acuerdo entre el PSOE y PP se pusieron de manifiesto vetos cruzados en relación con diferentes aspirantes al órgano de gobierno de los jueces.

Por parte del PP se pusieron pegas al juez José Ricardo de Prada y a la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada del Podemos, Victoria Rosell, y desde este partido se cuestionó a Abascal dentro del cupo conservador.

Por el momento, el CGPJ tiene pendiente recibir la propuesta de nombramiento que haga la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que es la que ha convocado esta plaza. En fuentes de este órgano se ha señalado que el documento, que será estudiado por la Comisión Permanente del Consejo, incluirá todos los candidatos presentados y los nombres, por orden de preferencia, de los que se consideran más aptos para ocupar temporalmente el Juzgado Central número 1.

Pedraz, que fue los últimos años titular del número 1, saltó al Juzgado número 5 cuando quedó libre por la partida de su responsable, José de la Mata, a Eurojust. El cambio se formalizó el 8 de marzo pero desde entonces el juez había estado encargándose de ambos juzgados, incluidas las guardias correspondientes a cada uno de ellos. La plaza vacante se adjudicó en concurso público a De Jorge.

El nuevo responsable del Juzgado de Instrucción número 1 tomó posesión de la plaza el 5 de mayo, pero con la salvedad de que continuaría desempeñando su trabajo en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) hasta que finalizara su contrato en la organización internacional, que ha sido prorrogado, alargándose también con ello la situación de Pedraz.

Así las cosas, «se consideró necesario», a instancias del propio Pedraz, «articular alguna solución que paliara la referida situación», con el juez simultaneando los dos juzgados, teniendo en cuenta además «el volumen de asuntos que conoce el Juzgado de Instrucción Número 1 y la especial clase y complejidad del tipo de procedimientos que se siguen en estos juzgados centrales», según reza el acuerdo de la Sala de Gobierno a principios de este mes.

Ante esta problemática, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el 3 de junio cubrir la vacante del Juzgado Central de Instrucción Número 1 mediante una comisión de servicio con relevación de funciones desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, hasta la incorporación de De Jorge.

TRABAJO PENDIENTE EN EL JUZGADO 1

Una vez designado, el nuevo juez se hará cargo de las causas ya abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 1 y de las que por los turnos de reparto y guardia le correspondan. Destaca el caso ‘Soule’, que investiga presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En este juzgado también se sigue el rastro del dinero en la causa que investiga los fondos que habría recibido el ex embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar de la petrolera venezolana PDVSA.

Además, en el Juzgado Central número 1 ha recaído la investigación sobre una presunta estafa con criptomonedas que habría cometido la mercantil Algoritmhmics Group dejando un saldo de 300 afectados y 100 millones de euros estafados.

Asimismo, en esta sede se estudian dos querellas presentadas contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por presuntas violaciones de los Derechos Humanos, aunque la causa se encuentra en punto muerto desde que Pedraz le dejó libre sin medidas cautelares, tras tomarle declaración, y el dirigente saharaui regresó a Argelia.

Cuando se consume el cambio, Pedraz podrá dedicarse exclusivamente a los asuntos acumulados en el Juzgado Central de Instrucción Número 5, que indaga la parte de ‘Gürtel’ relativa a las llamadas comisiones finalistas, esto es, si los supuestos pagos realizados por empresarios al PP se habrían hecho a cambio de adjudicaciones concretas.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara este jueves la primera sesión del Pleno de investidura en la Asamblea de Madrid tras duplicar sus escaños y rozar la mayoría absoluta en las elecciones del 4 de mayo.

Se trata de una situación completamente diferente de la que partió en los comicios de 2019, donde la dirigente madrileña se quedó como segunda fuerza y solo podía alcanzar la Presidencia del Gobierno regional de la mano de Ciudadanos y Vox.

En aquel momento, Ayuso se enfrentó a 60 días de duras negociaciones con ambas formaciones, que concluyeron con el primer gobierno de coalición (PP y Cs) de la historia de la región. Ese Ejecutivo, en el que nunca reinó la calma ni la buena sintonía entre socios, saltó por los aires tan solo dos años después por el temor a una posible moción de censura, como la presentada en Murcia, el peso de las desavenencias y con la pandemia a las espaldas.

La presidenta ha aprovechado estos dos años, de los que partía como prácticamente una desconocida, para convertirse en una política con proyección nacional. Sus enfrentamientos directos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el impulso de un modelo propio para combatir al coronavirus y la defensa a ultranza de la apertura de la hostelería y el comercio han hecho copar a la dirigente madrileña todos los titulares.

La ‘popular’ ha salido reforzada de los comicios, y, tras una campaña electoral en la que cada acto se convirtió en un baño de masas, ahora solo necesita el apoyo de Vox para mantenerse en la Puerta del Sol. El partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio ya ha avanzado que dará sus votos «gratis» a la presidenta.

Los dos partidos demostraron tener buena relación durante la pasada legislatura, salvo excepciones puntuales, y esta misma línea se ha seguido al comienzo de esta. La pasada semana se constituyó la Cámara autonómica y PP, que cuenta con mayoría en la Mesa, cedió a Vox sus votos para que estos también consiguieran representación en el máximo órgano parlamentario.

ESTRUCTURA DEL PLENO Y DISCURSO

Así, el Pleno de investidura comenzará este jueves a las 12 horas y Ayuso expondrá sin límite de tiempo su programa político, tras lo que la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, suspenderá la sesión.

En su discurso, según han desgranado fuentes de su entorno, combinará las principales líneas ideológicas y programáticas de su gobierno para los dos próximos años.

Desgranará las principales medidas para la recuperación de Madrid, donde la economía, las políticas sociales y las soluciones para otros problemas «de profundo calado serán los protagonistas. Y es que el modelo del próximo gobierno serán los impuestos bajos, la flexibilidad normativa, el futuro de los jóvenes y la protección de la familia y el mayor.

La intervención de Ayuso hará especial hincapié en la sanidad y otras pandemias resultantes de él. «El virus ha ocasionado un grave perjuicio económico y social y la Comunidad de Madrid, como motor económico de España, tendrá como objetivo volver a liderar la recuperación en este ámbito», han precisado estas mismas fuentes.

La presidenta en funciones y candidata a la investidura avanzará una batería de medidas económicas en la línea de lo que se viene trabajando en estos dos años, donde las ayudas a desempleados, autónomos y empresarios también serán clave para favorecer la creación de empleo. Asimismo, anunciará novedades en áreas como medio ambiente.

Previamente, tendrá lugar un minuto de silencio por los asesinatos de violencia machista que se han producido estas semanas en Pozuelo de Alarcón y Moratalaz, han trasladado fuentes parlamentarias.

Ayuso estará arropada por varios miembros de la cúpula del PP. Así, a la sesión del jueves acudirán la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, y el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos. Por su parte, el viernes hará lo propio el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, según fuentes ‘populares’, que no descartan la presencia de más miembros de la Ejecutiva nacional que lidera Pablo Casado.

LA OPOSICIÓN ESPERA QUE AYUSO SE ALEJE DE SU POLÍTICA «ADOLESCENTE»

Los grupos parlamentarios de izquierdas afrontan este Pleno con pocas expectativas y ya han avisado de que votarán ‘no’ en la investidura de Ayuso. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, espera este jueves conocer «cuál es el precio» que tienen que pagar los madrileños por los apoyos de Vox al PP y los planes de Gobierno «más allá del ruido y la confrontación».

Ha criticado la «política adolescente» de Ayuso frente a la de Más Madrid que es «madura, adulta y sensata». Así, ha lamentado que «no haya dedicado ni una sola medida a los madrileños después de haber ganado las elecciones nada más que «negarse a todo y confrontar».

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Juan Lobato, exigirá a la futura presidenta que ponga encima de la mesa un proyecto para Madrid que afronte los retos de los madrileños y que aclare si «en estos dos años los va a dedicar a esto o va a perderlos de nuevo en Pedro Sánchez».

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha indicado que espera que Ayuso no tenga previsto «seguir convirtiendo a Madrid en un aparato de propaganda», porque considera que ya han perdido «muchas oportunidades económicas». «Esperemos que deje de dedicarse a hacer oposición al Gobierno central», ha pedido.

Sin embargo, Monasterio sí que dará su apoyo a Ayuso y espera que los plenos «pasen lo más rápido posible» para que el Gobierno regional pueda ponerse a reactivar la economía y hacer frente a los problemas de la Comunidad de Madrid.

EL VIERNES INTERVIENE LA OPOSICIÓN

El viernes, a las 10 horas, se reanudará el Pleno y podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario de menor a mayor que lo solicite durante 30 minutos. Ayuso les podrá contestar individualmente o de forma conjunta y sin limitación de tiempo.

Los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de quince minutos cada uno y la intervención de la candidata, nuevamente sin limitación de tiempo, cerrará el debate.

La presidenta de la Asamblea suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación de investidura. Si la candidata consigue el voto favorable de la mayoría de absoluta de la Cámara madrileña (69 diputados), obtendrá la confianza de la Asamblea.

Será el sábado cuando la dirigente regional tome posesión de su cargo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, y durante el fin de semana se dará a conocer la composición del Ejecutivo, que se conformará el lunes.

Ayuso ha repetido en numerosas ocasiones que no prevé hacer grandes cambios dentro del Ejecutivo, aunque sí se da por descontado que habrá alguna salida además de la de Carballedo, exconsejera de Presidencia, y que se incorporará la exconsejera de Cultura, Marta Rivera, que ya se ha dado de baja de Ciudadanos y entraría como independiente.

La dirigente autonómica avanzó que serían diez las consejerías de esta corta legislatura, que solo durará dos años por la convocatoria anticipada de elecciones, pero no ha adelantado prácticamente nada sobre los nombres de quienes las encabezarán y a quién convertirá en el nuevo portavoz del Gobierno de la Comunidad.

El Senado ha acogido este 16 de junio la puesta de largo institucional del último proyecto de la Fundación Orange, ‘Orange Digital Center’, una plataforma educativa online orientada a la educación y la inclusión digital, el fomento de la innovación y el emprendimiento, que busca formar en habilidades digitales a grupos sociales vulnerables, además de ser punto de encuentro de emprendedores, familias y miembros de la comunidad educativa.

Por ello, el evento ha contado con una nutrida participación institucional que han encabezado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, y la presidenta del Senado, Pilar Llop, quienes se han encargado de realizar clausura y apertura institucional del acto respectivamente.

Además, durante la presentación de ‘Orange Digital Center’, se ha celebrado la mesa redonda, ‘Llave contra la brecha digital territorial’, con Guillermo Fernández, presidente de Extremadura; Miguel Gracia, presidente de la Diputación Huesca y presidente de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la FEMP y Concepción Andreu, presidenta de La Rioja; y la mesa ‘Llave por la inclusión digital’, con Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE; Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME y Guillermo Cisneros, rector de la Universidad Politécnica de Madrid.

En el evento, la ministra Celáa ha asegurado que la Fundación Orange es un ejemplo en la apuesta en educación, accesibilidad y mejora social mientras que Jean-François Fallacher, CEO de Orange España, ha argumentado que, con esta herramienta, buscan «promover un futuro mejor». «La inclusión digital es uno de los pilares fundamentales de la RSC de Orange», ha asegurado.

«Todas nuestras decisiones como representantes de la ciudadanía y los territorios, deben realizarse desde el principio de solidaridad territorial. No podremos salir de esta crisis sin recurrir a la solidaridad», ha añadido por su parte la presidenta del Senado, Pilar Llop.

El presidente de la Fundación Orange, Gervais Pellisier, ha destacado en su intervención que «el acceso digital es también cuestión de conocimiento y educación». «En este sentido, el futuro es digital y es una de las razones para presentar hoy Orange Digital Center, nuestra plataforma educativa inclusiva y digital con la que queremos seguir avanzando», ha apostillado.

Articulados en torno a cuatro itinerarios formativos (Uso responsable de las TIC, Inclusión Digital, Cambio Climático y Emprendimiento), la plataforma ofrece formación en distintos ámbitos de competencias digitales adaptándose a las necesidades de sus distintos beneficiarios: jóvenes, mujeres en riesgo de exclusión y baja empleabilidad, familias, docentes, personas con autismo o emprendedores.

Uso responsable de las TIC está especialmente dirigido a la comunidad educativa, sobre todo profesores, pero también a familias para formarles, especialmente, en temas relacionados con la seguridad y la privacidad en la red.

Inclusión Digital nace para poner el foco en algunos de colectivos vulnerables con los que viene desarrollando su labor la Fundación Orange como jóvenes, mujeres y personas con autismo. Adicionalmente, el itinerario de Cambio Climático está orientado a la sensibilización del impacto medioambiental de la actividad humana y como la tecnología puede contribuir a reducir ese impacto.

Por último, el itinerario dedicado al Emprendimiento permite desarrollar habilidades digitales para mejorar las actividades profesionales. Como señalan desde Orange, esta plataforma digital es solo el primer paso de un ambicioso proyecto que culminará en la creación de un espacio físico orientados a la formación digital y a la innovación apoyando a emprendedores digitales.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha afirmado este miércoles en el Congreso que el organismo se encuentra «en una situación insostenible» y ha instado a los grupos a renovar su Dirección y dotarle de más medios humanos y económicos. «La agencia no tiene los medios que merece», ha asegurado.

España se ha expresado así durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para informar sobre la Memoria Anual del organismo correspondiente al ejercicio 2020, marcada por el trabajo realizado para garantizar las medidas de asistencia sanitaria, el control de la pandemia y el derecho fundamental a la protección de datos.

«El Parlamento Europeo manifiesta su gran preocupación por el hecho de que las autoridades de control de 21 Estados del total de 31 –en esos 21 Estados está el Estado español– que aplican el reglamento, hayan declarado explícitamente que carecen de recursos humanos, técnicos y financieros locales, infraestructuras suficientes para desempeñar eficazmente sus tareas y ejercer sus competencias», ha dicho España, que ha añadido que el Parlamento les ha pedido que cumplan con la asignación de fondos.

Tras ofrecer datos sobre las incorporaciones en las plantillas de sus colegas europeos con «absoluta envidia», la directora de la AEPD, que ha recordado que el próximo mes de julio cumplirá dos años de mandato en funciones, ha apuntado que estos fondos podrían provenir del remanente de Tesorería de la propia Agencia. «Estamos pidiendo incrementos bastante proporcionales», ha remachado.

Por otro lado, España ha expresado públicamente su «descontento» por el reparto de los fondos europeos para la digitalización. «Tengo información de compañeras mías en Ministerios, que están recibiendo organismos, 150 millones de euros, 160, que muchos van a tener que acabar devolviendo el dinero porque no van a tener capacidad de gestión para ejecutarlos», ha advertido.

«¿Saben cuántos fondos ha recibido la Agencia Española de Protección de Datos del plan de digitalización, cuándo luego todo el mundo nos pide informes en relación con la digitalización y lo que esto supone? Cero. Yo no sé a qué puerta hay que llamar», ha afirmado.

Además, ha instado a los grupos a plasmar su apoyo en una resolución que inste al Gobierno para que se dote a la Agencia con «uno o dos millones de euros más» en el Capítulo I de personal, así como parte de los fondos de digitalización para poder incorporar Inteligencia Artificial en la tramitación de los expedientes.

2020 EN CIFRAS

Respecto a los datos de la Memoria, ha destacado el Canal Prioritario, para la atención urgente en caso de difusión ilegítima en Internet de contenidos sensibles. En 2020 se recibieron 358 peticiones a través de este medio, de las cuales 174 a través del canal de menores.

De estas, según ha precisado, se tramitaron como urgentes 49 de estas peticiones, un número que se ha triplicado respecto a 2019. De las 49, se han solicitado 29 retiradas urgentes de los contenidos a proveedores de servicios, consiguiendo la retirada en más de un 86% de los casos «en cuestión de horas».

«Ya he dicho que con esos temas vamos a tener tolerancia cero. Se ha sancionado algún medio de comunicación, por llamarlo de alguna manera, que difundieron la identidad y grabaciones de la víctima de una violación múltiple, tristemente conocida en nuestro país», ha indicado España.

Asimismo, España ha apostillado que, como regla general, cada vez que un maltratador con condena penal firme acude a la Agencia para solicitar el derecho al olvido, lo inadmite al entender que «en la ponderación prevalece el interés público en la difusión y el acceso a dicha información». No obstante, ha reconocido que «quedan temas por hacer» en esta materia.

Por otro lado, la directora ha recordado que en 2020 se puso en marcha el Pacto Digital para la Protección de las Personas, una iniciativa con la que se pretende promover la privacidad como un activo que las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de diseñar sus políticas y sus estrategias. El Plan cuenta actualmente con cerca de 200 organizaciones adscritas.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la ‘Kitchen’ ha acordado levantar el secreto sobre una pieza separada pero vinculada a las pesquisas sobre ese operativo policial, y que se abrió en septiembre de 2020 cuando se decidió la entrada y registro en el domicilio del que fuera chófer de los Bárcenas y confidente policial, Sergio Ríos Esgueva.

En un auto con fecha de 15 de junio, el juez Manuel García-Castellón indica que en ese registro se intervinieron diversos dispositivos de telefonía móvil y que, posteriormente, se procedió a la extracción de los datos que contenían por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.

El juez explica que cuando se acordó extraer esos datos, a la vez se concretó que para asegurar la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente se dispuso que el análisis de los efectos intervenidos se realizase en los tres meses siguientes a su entrega a la Unidad de Asuntos Internos.

La unidad encargada de la extracción de datos entregó el informe con las evidencias digitales de los dispositivos al juzgado en diciembre de 2020, y ya en marzo de 2021 la Unidad de Asuntos Internos interesó ampliar el tiempo de tres meses que le había sido otorgado para el examen del contenido, solicitud que fue atendida por el magistrado, que amplió por un mes más.

En el auto, el juez indica además que no fue hasta el 15 de abril cuando recibió el oficio de Asuntos Internos en el que se analizan los datos extraídos de los móviles de Ríos. En ese informe los agentes destacan la información de interés para la investigación y los avances que suponen.

LAS DECLARACIONES DE BÁRCENAS

En paralelo a ese análisis, en el marco de esta pieza separada pero que pende de la ‘Kitchen’, se tomó declaración testifical al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien fue objeto junto a su familia del espionaje del operativo parapolicial. Querían robarle documentación sensible para el PP con la intención de que no llegara a ser judicializada.

En hasta dos declaraciones, Bárcenas hizo afirmaciones relativas al dispositivo policial desplegado con el objeto de acceder a documentos que tenía en su poder. Esto motivó que el juzgado a instancia de la fiscalía realizara diversas pesquisas para corroborar las aseveraciones de Bárcenas, algo que conllevó que el juez tuviera que prorrogar el secreto en sucesivas resoluciones.

Según pudo saber por fuentes jurídicas, en sus declaraciones de febrero, Bárcenas, que está personado como perjudicado, habría confirmado que el operativo parapolicial le robó documentación comprometedora para el PP, tal y como afirmó en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, cuando la pieza ‘Kitchen’ encara semanas decisivas con la declaración como imputada de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y la de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, el juez considera que las circunstancias han variado y procede levantar el secreto para poner en conocimiento de las partes lo actuado porque no va a perjudicar la investigación en curso.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, acompañada por el director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, ha presidido este miércoles la reunión constitutiva del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) ante el riesgo de maremotos. Se trata de un órgano de dirección del Plan Estatal de Protección Civil aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de mayo ante el riesgo de maremotos.

Los miembros del CECOD han abordado cuáles serán las principales líneas de trabajo ante el riesgo de maremotos y, entre otras cuestiones, han decidido la puesta en marcha de la Comisión Técnica de Consulta, cuya misión será aportar los últimos avances y conocimientos científicos en la materia.

Asimismo, la reunión ha abordado la importancia de implementar el sistema de anticipación y alerta temprana que establece el plan estatal, que permitirá avisar de la inminencia de este tipo de emergencias tanto a las autoridades de protección civil como a los servicios públicos de emergencia y a los propios ciudadanos.

En este sentido, uno de los principales objetivos que se ha marcado el CECOD es la elaboración de un programa de información preventiva a la población, que deberá prestar especial atención a las personas más vulnerables, así como el establecimiento de un sistema de señalización en las zonas costeras.

El CECOD se reunirá al menos una vez al año para analizar los avances realizados en la implantación del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos, un proceso que involucra a numerosas instituciones y que requerirá de un intenso trabajo con las comunidades autónomas costeras y los ayuntamientos afectados.

SISTEMA DE ALERTAS

El plan se apoya en el Sistema Nacional de Alerta por Maremotos (SINAM), un sistema único y coordinado capaz de detectar precozmente la generación de maremotos que puedan afectar a las costas españolas y transmitir, en el tiempo más corto posible, la información a los órganos competentes en materia de Protección Civil de los ámbitos territoriales potencialmente afectados.

El SINAM se nutre de la información recopilada por la Red Sísmica Nacional; la red de mareógrafos REDMAR de Puertos del Estado; los sistemas de detección del Instituto Español de Oceanografía, así como los demás sistemas de detección marina de las distintas administraciones públicas.

Este sistema nacional dispone también de las alertas emitidas por los centros regionales de aviso de maremoto establecidos en el marco del Grupo Intergubernamental de Trabajo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC/UNESCO), así como por el Sistema de Alerta de Maremotos del Atlántico Noreste, Mediterráneo y Mares Adyacentes (NEAMTWS), que integra cinco centros proveedores de alertas: CENALT (Francia), IPMA (Portugal), INGV (Italia), NOA (Grecia) y KOERI (Turquía).

Con la información facilitada por esta red de centros nacionales e internacionales, el SINAM puede determinar la localización y el momento de ocurrencia de un maremoto, y calcular su probable consecuencia (olas marinas gigantes –tsunami– que pueden desplazarse miles de kilómetros a velocidades de entre 500 y 1.000 kilómetros/hora con muy poca pérdida de energía).

De acuerdo con el Protocolo de Avisos previsto en el plan, la información emitida por la Red Sísmica Nacional será remitida al Centro Nacional de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias que, a su vez, la trasladará a los organismos miembros del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y a los órganos de Protección Civil de las Comunidades Autónomas.

Varios miembros de la cúpula del PP arroparán el jueves y el viernes a Isabel Díaz Ayuso en el debate para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid que se celebrará en la Asamblea de Madrid, en un momento en el que la dirección que lidera Pablo Casado da por zanjada la polémica abierta estos días sobre las declaraciones de la presidenta madrileña sobre el Rey y los indultos, según han subrayado fuentes de la formación.

Después de sus palabras del domingo interpelando al Rey si va a firmar los indultos a los condenados por el ‘procés’, Ayuso se ratificó este martes en sus afirmaciones asegurando que ella no había hecho ninguna rectificación y que Pablo Casado coincide con ella en que el Gobierno y los independentistas buscan ponerle una «trampa» a Felipe VI haciéndole firmar los indultos.

Ayuso calificó además de «absoluta vergüenza» que el Rey tenga que firmar la medida de gracia, unas palabras sobre el papel del monarca que han creado cierto desconcierto en las filas del PP, donde algunos cargos no entienden su insistencia con este tema después de que Casado dejara claro el lunes que Pedro Sánchez es el único responsable de la medida de gracia.

Desde ‘Génova’ resaltan que no hay diferencias de opinión en el seno del partido. «Es Sánchez el que no debe indultar a los presos pro independencia y es lo mismo que dice Ayuso. Es Sánchez el problema, no el Rey, que cumple con lo que dice la Constitución», aseguran fuentes de la dirección del PP. «El papel del Rey está tasado y es ejemplar. Todo el PP opina lo mismo», reitera un miembro de la Ejecutiva ‘popular’.

Desde la dirección del PP dan por zanjada la polémica. Precisamente este miércoles el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha hecho hincapié en ese mensaje al rechazar que exista «disensión» entre la presidenta madrileña y la cúpula del partido y ha recalcado que desde la izquierda se busca «desviar la atención» con esta «cortina de humo». A su entender, lo que se pretende es que no se hable de la «humillación al pueblo español» que busca Sánchez con los indultos y, por lo tanto, no hay que perderse en «polémicas estériles».

GARCÍA EGEA, MONTESINOS Y ELVIRA RODRÍGUEZ

Según el calendario previsto, la sesión plenaria del jueves en la Asamblea de Madrid arrancará a las 12.00 horas, donde la presidenta en funciones expondrá las líneas de su programa de Gobierno y el viernes se producirá el debate de los grupos parlamentarios y la votación para investir presidenta a Isabel Díaz Ayuso.

A la primera sesión de este jueves está previsto que acudan a la Asamblea de Madrid la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, y el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos. El viernes hará lo propio el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, según fuentes ‘populares’, que no descartan la presencia de más miembros de la Ejecutiva nacional que lidera Pablo Casado.

El sábado 19 de junio será el día en que Ayuso jure su cargo. El presidente del PP, que está en Barcelona desde este miércoles y donde este jueves ofrecerá una conferencia en el Círculo de Economía, asistirá a la toma de posesión de la presidenta madrileña, según han confirmado fuentes del partido.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha vaticinado que «probablemente las estimaciones de recuperación se van a quedar cortas», gracias al ahorro acumulado el último año y a que la comparación estadística interanual mostrará una clara mejora los próximos meses.

Ha participado este miércoles en una mesa redonda de la XXXVI Reunión Anual del Cercle d’Economia, que se celebra en Barcelona, junto con la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, y el presidente de Inditex, Pablo Isla, y que ha sido presidida por el vicepresidente del Cercle d’Economia, Marc Puig.

Álvarez-Pallete ha señalado además que los fondos europeos (cuyo primer pago de 9.000 millones de euros ha sido aprobado este miércoles) también permitirán acelerar la recuperación, aunque «la clave es el ritmo de vacunación», ya que marca la confianza de la población.

A pesar de las buenas expectativas, ha apuntado que la economía española va a recuperar en 2022 los datos de 2019, por lo que estará «dos años por detrás de lo que hubiera estado».

FONDOS NEXT GENERATION

Álvarez-Pallete ha subrayado que «lo que ha pasado durante la pandemia en Europa es espectacular», en referencia a la reacción de la Unión Europea a las necesidades económicas de los países miembros para hacer frente a la crisis económica provocada por la Covid-19.

Ha constatado que es «la primera vez que Europa ha mutualizado deuda» y que la cifra final para España entre fondos directos y dotación presupuestaria en los próximos años alcanzará los 220.000 millones de euros, una cifra parecida a la que ha recibido en fondos de cohesión desde su entrada en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

En este sentido, ve imprescindibles la transparencia y la auditoría de los fondos europeos para saber a qué se destinan, que impulsen la colaboración público-privada y que lleguen a las pymes para su digitalización.

«Soy optimista», ha asegurado, ya que, según ha repasado, la tasa de absorción en España de los fondos europeos está en la media europea, pero alcanza el 80% en los planes a largo plazo, lo que demuestra que España ha sabido gestionarlos históricamente, ha dicho textualmente.

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada CaixaBank, Consorci Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha señalado que «la gran duda», una vez que la Comisión Europea ha aprobado este miércoles el Plan de Recuperación presentado por España, es si el Gobierno de Pedro Sánchez llevará a cabo las reformas que ha prometido a Bruselas para recibir los fondos europeos frente a la crisis generada por el coronavirus o si no las hará y se frenarán las ayudas.

«La gran duda que tenemos todos», y «la tiene la Comisión Europea, son las reformas», porque el Ejecutivo «promete cambios en cómo cotizan los autónomos, cómo se pagan los impuestos o para asegurar la sostenibilidad de las pensiones, pero no parece que realmente tenga ganas, intención o capacidad para llevar a cabo esas reformas», ha declarado en una entrevista en esRadio.

Según Garicano, eso es lo que le han transmitido los vicepresidentes, comisarios y directores generales con los que ha tratado este asunto en Bruselas, que «se preguntan qué va a suceder» con la ejecución de las reformas.

«Es ahí donde tenemos que ver el plan con lupa», además de analizar «la lista de objetivos que la Comisión Europea apruebe para ver si realmente se han aceptado los que proponía el Gobierno o si se han negociado y exigido otros diferentes», ha indicado.

REFORMAS «VOLUNTARISTAS PERO POCO REALISTAS»

El eurodiputado y economista ha afirmado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos «tiene mucho componente de reformas voluntaristas pero poco realistas». «La cuestión es si la Comisión va a aceptar darnos el dinero a cambio de esas reformas», ha añadido.

Garicano ha recordado que, tras el anticipo de 9.000 millones de euros cuya recepción se prevé para el mes de julio, España tendrá que ir demostrando al Ejecutivo europeo que va alcanzando los hitos y objetivos que se marcó.

«En función de que hayamos cumplido, nos darán otro cheque. Cada seis meses tendremos que presentar resultados, no promesas, y es ahí donde el Gobierno tendrá que demostrar que sabe cómo gastar el dinero, que sabe gastarlo bien, para conseguir más dinero», ha explicado.

EL OBJETIVO DE SÁNCHEZ ES «SOBREVIVIR UN DÍA MÁS»

Sobre la posibilidad de que Sánchez no cumpla lo prometido y dentro de seis meses se compruebe que no ha impulsado las reformas debidas, el líder de Cs en la Eurocámara ha dicho que eso «es un hábito permanente» del presidente, que está en una «huida hacia delante permanente».

«El objetivo suele ser sobrevivir un día más, marear un poquito a la gente para que se olvide de lo que habíamos prometido el día anterior y tener otro conejo en la chistera cuando llegue enero. No sería extraño que en enero tuviéramos alguna sorpresa», ha comentado.

En este contexto, ha cuestionado que estén disponibles los mecanismos necesarios para que las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Gobierno central «puedan gastar el dinero que se tienen que gastar y que todavía no habrá llegado».

Por otro lado, Garicano se ha pronunciado sobre la afirmación de Sánchez de que la recuperación económica de España «ya está en marcha» y que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá al menos un 1,6 % en el segundo trimestre de este año.

Ha manifestado que «hay una muy, muy buena sensación de los indicadores económicos adelantados de producción y de servicios y la sensación es que el verano va a ser excepcional» ya que, tras el periodo más duro de la pandemia, la gente tiene «ganas de disfrutar» y eso «se va a notar» en el consumo.

Sin embargo, ha advertido de que la clave está en saber el nivel de solvencia que tendrán los sectores hostelero y turístico y el pequeño comercio cuando pasen unos meses, porque existe el riesgo de que, cuando finalicen los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), se produzca «una oleada de crisis financieras» si las empresas no pueden devolver el dinero que deben.

Amigos de la Tierra y Greenpeace han alertado de que más del 75 por ciento del suelo en España sufre riesgo de desertificación y reclaman el establecimiento de políticas y acciones que permitan regenerar la fertilidad de los suelos.

Con motivo de la celebración este jueves del Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía Amigos de la Tierra propone un sistema de agricultura ‘biointensiva’ que permitiría producir alimentos y, a la vez, regenerar el suelo, recuperar y mantener su fertilidad e incrementar su resiliencia ante los impactos del cambio climático.

El lema de este Día Mundial de 2021 es ‘Restauración. Tierras. Recuperación’ y en ese sentido, Amigos de la Tierra insiste en que la introducción de este método biointensivo en España hace dos años tiene un «papel clave» para regenerar el suelo, ya que permite producir alimentos suficientes en un espacio mínimo y «sin prácticamente» utilizar recursos externos al área de cultivo, a la vez que regenera el suelo hasta 60 veces más rápido que la propia naturaleza.

La organización ha impulsado esta técnica junto con Ecology Action y Ecopol y ha formado a 80 personas que aplican estos métodos en Aragón, Galicia, Ibiza, La Rioja, Comunidad de Madrid y Mallorca. El proyecto cuenta también con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y de la Fundación Biodiversidad.

Coincidiendo con la celebración, la ONG presenta sus resultados preliminares que apuntan rendimientos 2,5 veces superiores por unidad de suelo que en los promedios españoles del Ministerio de Agricultura.

Por su parte, Greenpeace alerta de que el 70 por ciento de las demarcaciones hidrográficas españolas presentan niveles de estrés hídrico alto o severo y subraya que el propio Gobierno alerta de un «próximo aumento de la intensidad y magnitud de las sequías debido al cambio climático», por lo que la ONG urge a una transformación «profunda» de las estrategias de gestión del agua, así como a combatir los pozos ilegales, la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos.

La ONG, junto a al Observatorio Ciudadano de la Sequía advierten de los efectos del cambio climático sobre el riesgo de sequía así como de la desertificación (degradación de las tierras de zonas áridas y semiáridas causadas por las variaciones climáticas y las actividades humanas) son ya incuestionables.

Durante la segunda mitad del siglo XX los recursos hídricos disponibles en muchas cuencas de la Península Ibérica se ha reducido entre un 10 y un 20 por ciento.

En la actualidad, los embalses españoles están al 58,34 por ciento de su capacidad total, lo que supone una cifra inferior a los niveles de 2019, el año de la última sequía.

El responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea, ha manifestado que frente a los devastadores problemas asociados a la sequía y la desertificación, es necesario frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Por ello, considera que es necesario fortalecer el medio rural y cambiar el modo de producir alimentos y los bienes de consumo para evitar que España se convierta «en un territorio desertificado en pocos años».

Por ello, Greenpeace llama a revisar con mayor ambición la Ley de Cambio Climático y la Transición Energética para reducir las emisiones de CO2 en 2030 en al menos un 55 por ciento respecto a las de 1990, alcanzar las emisiones netas cero en 2040 y acelerar el fin de los combustibles fósiles.

Asimismo, reclama una modificación de la política hidrológica para responder de forma decidida a los objetivos de la Directiva Marco del Agua y garantizar así la calidad de las masas de agua; que se gestionen de forma conjunta las masas de agua y de los recursos y riesgos hídricos e implicar «activamente» a los ciudadanos en la búsqueda de consensos sobre la gestión del recurso.

Por otro lado, considera necesario mantener una postura rotunda e inequívoca frente a la sobrexpolotación y la contaminación de los recursos hídricos y la proliferación de pozos ilegales. Otra de sus propuestas es la reconversión del modelo agrícola y poner freno a la expansión de la ganadería industrial.

En cuanto a la gestión forestal, pide que esta se acorde con los problemas de aridez e intensificación de las sequías que sufre España y que se evite la proliferación de urbanización en el espacio forestal y conciencie a la sociedad ante el riesgo que suponen los incendios.

De forma global, Greenpeace y el Observatorio de la Sequía instan a tener en cuenta a la hora de ordenar el territorio los efectos del cambio climático en la planificación hidrológica, política agraria, turismo, gestión litoral, desarrollo rural, urbanismo, salud, migraciones, etc., garantizando el equilibrio y la cohesión territorial.

Por último, consideran que otra de las líneas de actuación contra la desertificación pasan por informar, educar e incluir a los ciudadanos en la gestión para lograr una gobernanza real de los riesgos.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha lamentado que España no sepa «venderse» como referente europeo y mundial en seguridad vial pese a que los datos del país sean «espléndidos».

«Todos podemos sentirnos legítimamente orgullosos», ha celebrado Navarro, que ha recalcado cómo España se ha convertido en un referente europeo en seguridad vial, lo cual tiene «un especial mérito», ya que se trata de un país con gusto por la fiesta y por la movilidad.

No obstante, España tiene un «problema». «Hay países que hacen y no venden, y países que hacen y no venden», ha señalado, afirmando que España se encontraría en este segundo grupo. «No sabemos vender y estos datos son espléndidos», ha advertido.

En este sentido, ha reconocido que envidia a Suecia, ya que también es un referente pero, en cambio, «todos sus ciudadanos están orgullosos», pues han hecho de la seguridad vial un «icono» y desde el Gobierno y las empresas suecas venden al exterior la excelencia sueca en este ámbito. «Esto es un poco lo que nos falta a nosotros, primero creérnoslo, y que todo el mundo esté orgulloso», ha dicho Navarro, que considera que el éxito de España se ha debido a que se ha producido una «revolución silenciosa».

El director general de Tráfico atribuye parte del éxito al consenso que ha recabado la seguridad vial en el país a lo largo de los años: «La seguridad vial no es de derechas ni de izquierdas; hemos conseguido preservarlo por encima del rifirrafe con un cierto nivel de consenso».

Sin embargo, todavía hay algo que «falla». «Somos buenos comparativamente en vigilancia y control, pero en educación y formación es donde yo creo que todavía tenemos un cierto recorrido y algo pendiente para hacer», considera.

Así lo ha expresado durante una mesa redonda celebrada este miércoles en el marco de la presentación del libro ‘Del Infinito al Cero: Así lo hicimos’, elaborado por Fundación Mapfre, que recoge los testimonios vivos de más de 50 protagonistas de la seguridad vial en España en las últimas tres décadas, y que analiza, además, los factores que han hecho posible que España haya pasado de estar a la cola de Europa, a finales de los años 80, a ocupar uno de los puestos destacados por sus relativamente bajas tasas de siniestralidad.

Según recuerda el libro, el número de víctimas mortales de accidentes de tráfico ha pasado de 9.344 en 1989 a 1.755 en 2019 en España, lo que representa una reducción del 80%, una cifra que en 2019 situó a España como el sexto país con menor tasa de fallecidos por tráfico, detrás de Suecia, Irlanda, Malta, Dinamarca y Luxemburgo. Si bien, en 2020, España ascendió a la cuarta posición en dicho ranking.

«LA PANDEMIA DE LA VIOLENCIA VIAL»

Durante el acto también ha participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha hecho un repaso de los «hitos» de España en la historia reciente del país en lo que a seguridad vial se refiere. Así, ha destacado desde la aprobación de la Ley de Tráfico en 1990, a la creación de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, la introducción del carné por puntos en 2005, la reforma del Código Penal en materia de tráfico y la creación de una Fiscalía de Sala de Seguridad Vial en 2007, hasta las últimas normativas del Gobierno, como la reducción de la velocidad máxima en carreteras convencionales a 90 km/h o la reducción del límite en ciudades a 30 km/h.

Todos estos «hitos» han evidenciado una «lección», según el ministro: que «los accidentes son evitables si se toman las decisiones correctas y se adoptan las medidas adecuadas». «En 1989, el peor año de nuestra historia, fallecían 25 personas cada día; en los últimos años, esta tasa ha caído a 5», ha celebrado Marlaska, que también ha recalcado que durante la década 2001-2010, se redujeron las víctimas un 55%, mientras que en el periodo 2011-2020, la cifra de víctimas se ha reducido otro 44%, cuando ese descenso ha sido del orden del 36% en la UE.

Una segunda enseñanza aprendida durante estos últimos años es, según Marlaska, que las decisiones tomadas y las medidas adoptadas deben ser gestionadas por una organización consolidada que lidere la política de seguridad vial. «Es el caso de la DGT, creada hace más de 60 años», ha defendido el ministro, destacando también la labor de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), que lleva prestando servicio en materia de seguridad vial de manera «ejemplar» durante más de 60 años.

ADVIERTE DEL REPUNTE DE FALLECIDOS ESTE 2021

No obstante a todo lo anterior, el máximo responsable de Interior ha advertido de que este 2021 está habiendo un repunte de fallecidos en las carreteras. En este sentido, ha alertado de que en el último fin de semana, hasta 22 personas perdieron la vida en vías interurbanas, el peor fin de semana de los dos últimos años, lo que supone una «frustración máxima» para su Departamento. «Es un dramático paso atrás», ha lamentado.

En lo que va de año, han muerto en las carreteras un total de 404 personas, de las cuales 161 son usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas). En junio de 2020, se produjeron 78 fallecimientos, mientras que en lo que va de junio de este año, ya han muerto en las vías interurbanas 61, por lo que ha llamado a la «prudencia» de todos los ciudadanos.

No podemos seguir así, entiendo que tenemos necesidad de libertad, de salir, de movernos, de disfrutar de la vida, pero no de cometer imprudencias hacia nosotros y el resto de ciudadanos», ha comentado el ministro, que también ha instado a «recuperar la responsabilidad al volante. «Te matas o te matas», ha dicho explícitamente.

Durante su intervención, ha hablado de lo bien que va el ritmo de vacunación y de cómo España se ha ido recuperando de la pandemia, pero con respecto a la seguridad vial, ha querido hacer un llamamiento a no caer en la «pandemia de la violencia vial».

«Debemos leer nuestros aciertos, que son muchos, pero también los errores del pasado para poder mejorar nuestras políticas en materia de seguridad vial», ha concluido el ministro, que se ha mostrado, no obstante, optimista con llegar al objetivo de cero fallecidos y heridos en 2050. «Podemos conseguirlo», ha zanjado.

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 20 el número de víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de 2021, tras confirmar el caso de la mujer de 81 años presuntamente asesinada por su marido, este martes, en el distrito madrileño de Moratalaz.

El suceso se produjo alrededor de las 20.00 horas, cuando el presunto agresor, de 84 años, golpeó con un martillo en la cabeza a la víctima, que sufrió un grave traumatismo craneoencefálico.

Se convierte, así, en la víctima número 20 de esta lacra en lo que va de año y en la número 1.098 si se tienen en cuenta los datos que el Gobierno viene recopilando desde 2003.

Continúa, así, la tendencia que se lleva registrando desde el pasado mes de mayo, cuando terminaron las restricciones del estado de alarma. Desde el pasado 9 de mayo, han sido asesinadas 12 mujeres, de las 20 que se han contabilizado este año, además de dos menores.

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado ante este nuevo caso su más absoluta condena y rechazo y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Además, han llamado a instituciones y administraciones a realizar todos los esfuerzos para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El departamento que dirige Montero ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016 online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016, funcionan con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016, además, se puede pedir asesoramiento jurídico de 08.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062); y que en el caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS.

Estos medios, indica Igualdad, pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado al activista saharaui Fadel Breica para que el próximo 29 de junio declare sobre las torturas que habría sufrido a manos del Frente Polisario, en el marco de la investigación desarrollada por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 sobre el líder de la organización, Brahim Ghali, por presuntas violaciones de los Derechos Humanos.

Pedraz ha accedido así a la petición formulada por los abogados de Breica en un escrito donde le planteaban que escuchara su relato y el de otros testigos –su mujer y otras dos personas que habrían sido detenidas y liberadas a la vez que el activista saharaui y habrían presenciado los abusos denunciados–. Los cuatro comparecerán a partir de las 10.00 horas del 29 de junio, según han señalado fuentes jurídicas.

Al mismo tiempo, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) –que firma otra querella contra Ghali y otras 27 personas– ha solicitado nuevas diligencias, proponiendo al magistrado que tome declaración como testigos a tres personas que también habrían sido víctimas de torturas por parte del Polisario, adjuntando el informe psicológico de una de ellas.

Por su parte, la defensa de Ghali ha pedido a Pedraz que archive la causa contra su cliente, aunque mencionando únicamente la querella de ASADEDH y otra presentada el pasado mes de abril por otras dos supuestas víctimas, argumentando que la imputación que formulan en su relato de los hechos es «genérica e inconsistente», con «nulo rigor».

Las acusaciones contra Ghali, expone su abogado, Manuel Ollé, en el escrito, se basan fundamentalmente en que por aquel entonces era ministro de Defensa, si bien en este sentido subraya que como tal estuvo dedicado «en exclusiva» a la guerra contra Marruecos, por lo que «era ajeno a cualquier centro de detención», donde habrían ocurrido las torturas.

A este respecto, ASADEDH ha reivindicado que uno de los organismos más importantes que controlaba el Ministerio de Defensa era «la temida Dirección de Seguridad Militar, que dependía directamente de él» y gestionaría «las cárceles clandestinas donde se torturaba y se sometía a los detenidos a las más salvajes torturas». «O sea, que su involucración directa en los hechos que se investigan está totalmente demostrada», afirma la asociación en una nota.

FINALIDAD «POLÍTICA»

Además, la defensa de Ghali denuncia que la finalidad de estas querellas es «política», reprochando a las acusaciones que «están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia (…) para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)».

En concreto, el abogado defensor advierte de que se pretende «atacar ferozmente» a Ghali por «ser una figura histórica en la lucha por del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y un referente de este pueblo por su trabajo durante más de 50 años».

En cualquier caso, sostiene que los hipotéticos delitos estarían prescritos porque los hechos se habrían cometido, «siendo generosos con las acusaciones, y ante la inconcreción de las circunstancias temporales de los mismos en la querella, a lo sumo en 1985» y la responsabilidad penal por los mismos expira a los 20 años, habiéndose interpuesto la primera querella en 2007. En este punto, descarta que puedan constituir genocidio, crimen imprescriptible.

ACUSADO DE VIOLACIONES DE LOS DDHH

Con estas nuevas diligencias, tanto el activista saharaui como ASADEDH buscan reactivar el caso contra Ghali, en punto muerto desde que el jefe de la RASD abandonó España en un avión medicalizado rumbo a Argelia horas después de comparecer ante Pedraz por estas querellas.

Breica, de nacionalidad española, acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). Según cuenta, al llegar allí agentes del Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Inicialmente, la querella cayó en manos del juez José De la Mata –ahora en Eurojust–, que decidió archivarla. Pedraz la reactivó el pasado mes de enero acotando que los hechos denunciados podían constituir delitos de detención ilegal y torturas, pero que no encajarían en el de lesa humanidad dado que no se aportaba elemento que supusiera una ataque generalizado a la población civil.

Poco después, el juez de la Audiencia Nacional admitió una segunda querella, la firmada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.

EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA

Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se reanudaron cuando se supo que se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, está en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.

En su declaración del 1 de junio ante Pedraz, negó cualquier implicación en las violaciones de los Derechos Humanos que se le atribuyen, una acusación que su abogado, Manuel Ollé, achacó a «fines políticos». Ese mismo día, el juez rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes –prisión provisional y retirada de pasaporte– al considerar que no había indicios de que Ghali cometiera delito alguno. Esa misma madrugada partió hacia Argelia.

Por otro lado, un juzgado de instrucción de Logroño ha incoado diligencias contra Ghali tras recibir una denuncia que apunta a que pudo haberse registrado con una identidad falsa a su llegada el 18 de abril. Otro juzgado de la capital riojana ha dado traslado al Ministerio Fiscal de una causa por un presunto delito de terrorismo genérico contra el presidente de la RASD para que informe sobre la posible inhibición a la Audiencia Nacional.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se trasladará este jueves a Madrid para mantener su primera reunión oficial con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, que se producirá casi dos años y medio después de que fuera elegido jefe del Ejecutivo andaluz.

Moreno ha manifestado este miércoles que se trata de una reunión muy importante a la que llevará varios asuntos fundamentales para esta comunidad y trasladará al presidente del Gobierno que España sólo saldrá adelante de la crisis generada por la pandemia del coronavirus si Andalucía también lo hace y tiene un protagonismo esencial en la reconstrucción, por cuanto se trata de la comunidad más poblada de España y con uno de los PIB más importantes.

Desde fuentes del Gobierno central han trasladado que esta reunión forma parte de la «normalidad» en las relaciones con las comunidades, ya que el presidente tiene la intención de mantener encuentros con todos los jefes de ejecutivos autonómicos y que si no ha sido posible antes, se ha debido a los procesos electorales que han acontecido o a la situación generada por la pandemia del coronavirus.

Juanma Moreno ha indicado que acude a la reunión con una actitud de «máxima lealtad», consciente de que todas las administraciones tienen que empujar en la misma dirección para salir de esta crisis, mientras ha querido dejar claro que Andalucía no pretende ser más que nadie, pero tampoco será «menos que nadie». A este respecto, ha avisado de que si el Gobierno central constituye mesas bilaterales con algunas comunidades, como puede ser el caso de Cataluña, también va a demandar una mesa bilateral con Andalucía para tratar asuntos de interés general.

La Junta anunció días atrás que el presidente acudiría a la reunión un decálogo de reivindicaciones: La reforma del modelo de financiación autonómica; el reparto de los fondos Covid (ya que los andaluces han recibido 79 «euros menos» que la media española); la participación de las comunidades en la gestión de los fondos europeos, porque hasta ahora «la información no existe»; la campaña de vacunación; la reforma de la Ley de Salud Pública de 1986; el apoyo al sector turístico andaluz; el impulso a los corredores ferroviarios central y mediterráneo; la financiación de los metros andaluces; el apoyo a la revolución verde para que Andalucía sea base tecnológica del sur de Europa, y más implicación del Gobierno central en materia de inmigración.

No obstante, ayer martes el presidente mantuvo reuniones con los cinco grupos parlamentarios (PSOE-A, PP-A, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox) para recabar aportaciones de cara a la reunión con Sánchez y llevar a Madrid no sólo los planteamientos del Ejecutivo autonómico, sino también «la voz de Andalucía y de los 8,5 millones de andaluces».

En este sentido y de acuerdo con las conclusiones de esas reuniones con los partidos, el presidente de la Junta trasladará a Pedro Sánchez que existe un «frente común» de los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica en defensa de una «mejora de la financiación de Andalucía con carácter urgente».

Entre los distintos asuntos que el presidente abordó con los grupos, se encuentran la financiación autonómica, el desempleo, los fondos europeos, la situación del proceso de vacunación ante la Covid-19 o las medidas que son necesarias para la reactivación económica y social de Andalucía.

Desde el Gobierno andaluz se ha querido dejar claro que no se conformarán con «una simple foto» de la reunión entre ambos dirigentes, y que el presidente de la Junta acudirá a su encuentro con Sánchez «con voluntad conciliadora pero reivindicativo, tras casi dos años y medio esperando para ser recibido».

En Comú Podem ha reclamado al Gobierno si piensa promover reformas legislativas para garantizar que los funcionarios públicos sean competentes en otras lenguas cooficiales al castellano, como establecer el requisito obligatorio de su conocimiento para el acceso a la administración en estos territorios.

Además, ha demandado información para conocer si piensa modificar la ley orgánica del Poder Judicial y «atender debidamente» que los procedimientos judiciales puedan desplegarse en otras lenguas distintas al castellano si lo demandan algunas de las partes, preservando así ese «derecho lingüístico».

Así lo trasladan mediante una serie de preguntas parlamentarias las diputadas Aina Vidal y Mar Garcia en relación al informe del Consejo de Europa publicado en abril sobre el grado de cumplimiento de España respecto a la Carta comunitaria de Lenguas Regionales y Minoritarias.

Las dos representantes de En Comú Podem detallan que pese a que España ratificó dicho documento de compromisos lingüísticos en 2001, «reiteradamente incumple en varios aspectos» desde esa fecha, como revelan las sucesivas evaluaciones del comité de expertos del Consejo de Europa.

EL CONSEJO DE EUROPA CRITICA QUE SOLO SE CONTEMPLE COMO MÉRITO

Concretamente, subrayan que el comité europeo critica que el conocimiento de las lenguas distintas al castellano, en territorios con lengua cooficial, «no sean un requisito obligatorio» de acceso al empleo público en la administración, sino tan solo «mérito» a tener en cuenta.

Además, hacen hincapié en que el conocimiento de una lengua extranjeras no oficiales a menudo «puntúe más en la evaluación de solicitudes que el conocimiento de las cooficiales.

«Uno de los ámbitos en los que se hace más acuciante es el de la Justicia», desgranan ambas parlamentarias para destacar que, en este punto, el Consejo de Europa recomienda cada año que se modifique la ley orgánica del Poder Judicial para asegurar el uso de lenguas cooficiales en los procedimientos judiciales, «al menos cuando se solicite por una de las partes».

No obstante, lamentan que esta opción «actualmente no esté garantizada» en la Administración de Justicia «a pesar del mandato» de la Carta Europea.

«De esta manera, se denuncia que quienes acaban imponiendo la lengua son los jueces, la mayoría de los cuales tienden a ignorar las peticiones legítimas de las partes en el ejercicio de sus derechos lingüísticos».

Por tanto, ha demandado al Ejecutivo estatal su valoración respecto al escaso grado de cumplimiento detectado por los informes del Consejo de Europa y las actuaciones previstas para atender las recomendaciones emitidas para «facilitar los derechos lingüísticos de las personas hablantes en lenguas cooficiales distintas al castellano».

La Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados debatirá este jueves una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular respecto a la modificación de las condiciones del Memorándum de Entendimiento sobre el trasvase Tajo-Segura.

La iniciativa plantea la retirada de la «modificación unilateral» de las reglas de explotación del trasvase, aprobadas por Real Decreto, hasta que no se haya producido la actualización de los planes hidrológicos de cuenca vigentes.

Asimismo, propone la convocatoria de una Mesa del Agua con todas las comunidades autónomas afectadas y usuarios, al objeto de plantear los distintos escenarios que contemplan los trabajos hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y abordar soluciones «desde el diálogo y el consenso».

Igualmente, insta al resto de formaciones políticas a trabajar para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua, «siguiendo los trabajos desarrollados por la anterior Administración, con la participación de todos los sectores afectados», y teniendo en cuenta las disposiciones aprobadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En la exposición de motivos de la proposición, el PP destaca la necesidad de impulsar un «acuerdo de Estado» que «asegure el equilibrio entre la satisfacción de las demandas en todo el territorio nacional y la protección medioambiental del medio hídrico que nos reclama Europa y la sociedad española».

«El Pacto es necesario, y debe tener su correspondiente reflejo en las herramientas de planificación en las que se apoya la política del agua que puso en marcha el anterior gobierno, y que debe inspirar toda la política del agua en este país», añade la iniciativa parlamentaria.

PAGE PIDE AL PP DE C-LM QUE INTERCEDA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al PP regional que «haga todo posible» para que no salga adelante en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley de su partido que pide que los caudales ecológicos no varíen, lo que supone «un duro golpe» para la región.

«No quiero tener silencio con lo que puede pasar en veinticuatro horas. Para que se retire una incitativa que supone un insulto a la región. Le pido al PP de la tierra que haga todo posible para que sus jefes en Madrid no den un golpe con el trasvase», ha reclamado el presidente autonómico.

García-Page ha calificado esta iniciativa de «atropello ecológico», por lo que, a su juicio, el PP tiene que hacer valer una postura que beneficie a Castilla-La Mancha, al menos «intentarlo». «Callarse cuando uno está convenido de algo es igual de lamentable», ha advertido.

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ve «indicios» suficientes para constatar la «participación activa» en el crimen que se saldó con la muerte de Nerea Añel de J.G.S., última pareja conocida de la joven y principal sospechoso e investigado en la causa.

No obstante, la magistrada ha decretado la libertad del investigado por homicidio puesto que el varón ya se encuentra privado de libertad por otros delitos, por lo que no existe riesgo de fuga.

La medida privativa de libertad tiene por objeto principal «conjurar ciertos riesgos relevantes para el desarrollo del proceso y la eventual ejecución del fallo», por el riesgo de que el imputado «pueda sustraerse a la acción de la administración de la justicia», ha sostenido la magistrada.

Esta circunstancia no se produce, añade, puesto que «el cumplimiento en calidad de penado de penas impuestas en sentencia firme» permite concluir «que no hay riesgo de fuga ni peligro para la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes», por lo que no se producen «los fines constitucionalmente legítimos y congruentes para dictar prisión provisional».

En la misma línea, la magistrada avala que «no hay peligro» de que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima por lo que se acuerda la libertad provisional para la causa.

Con todo, ha determinado que se trata de un homicidio doloso exponiendo que «existen indicios de una participación activa por parte del investigado en el fallecimiento».

«El análisis forense revela la muerte violenta de N.A.V., producida por precipitación sobre el lecho del río Barbadás, centrándolo en el tiempo de manera coetánea con la época en la que se vio por última vez juntos a N.A.V. y a J.G.S.».

DESAPARECIDA EN ENERO DE 2020

Nerea Añel desapareció en Ourense a mediados de enero del año pasado, su familia la vio por última vez la noche de Reyes. Su cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición ocho meses más tarde, en septiembre del mismo año, en una aldea abandonada del Ayuntamiento de Barbadás.

El análisis del cuerpo descartó las causas naturales y confirmó la muerte violenta de la joven, y la investigación se centró en aclarar las circunstancias de lo ocurrido.

El varón detenido, última pareja conocida de la joven, participó este lunes en una reconstrucción de los hechos y está siendo investigado por un supuesto delito de homicidio, y se acogió a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Irene Montero contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y ha confirmado que no se ha vulnerado su honor por el contenido de un poema satírico que se publicó en la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

En una sentencia de 18 folios, los magistrados han respaldado la decisión de la Audiencia de Madrid de desestimar la demanda interpuesta por la actual ministra de Igualdad y de anular la indemnización de 70.000 que reclamaba al autor del poema, a la asociación judicial y al comité de redacción de la revista por intromisión en su honor, intimidad personal y propia imagen.

La Sala ha explicado que el poema ‘De monjas a diputadas’ –publicado en noviembre de 2017– está amparado por la libertad de expresión y ha subrayado que «la crítica satírica a la situación a que se refiere el escrito litigioso debe ser soportada por el cargo público afectado».

«A pesar del tono hiriente y molesto del poema, su contenido se encuentra amparado por el ejercicio de la libertad de expresión, pilar básico de la democracia, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», ha precisado la Sala.

SU RELACIÓN CON IGLESIAS

Tras examinar el poema en su conjunto, los jueces han concluido que el autor pretende «criticar de forma sarcástica la correlación que, a su juicio, existe entre quienes mantienen relaciones personales con el secretario general del partido político al que pertenece la actora y el trato y posición que ocupan en el partido».

En este sentido, han asegurado también que el hecho de «que la demandante sea pareja del secretario general del partido al que ambos pertenecen puede ser, lógicamente, objeto de crítica».

Aunque ha reconocido que el poema «prescinde» de que Montero fue «elegida democráticamente en unas elecciones» y que el autor sugiere –«de una manera desagradable y grosera»– que «sus únicos méritos consisten en ser pareja» de Pablo Iglesias, ha asegurado que no puede entenderse que la idea principal «resulte totalmente ilógica o absurda y ajena a cualquier dato objetivo que le sirva de base».

ES UNA OPINIÓN

En la sentencia, la Sala ha dejado claro que no comparte las conclusiones que extrae Montero a partir de la nota de disculpa de la asociación demandada.

Los jueces han explicado a la ministra que «la cuestión de las designaciones en los partidos políticos es de interés general, aunque le resulte molesto» y ha insistido en que el poema «expresa una opinión, no está informando de hechos».

En este sentido, han recordado que «la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información», porque no comprende la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias y opiniones de carácter personal y subjetivo.

El Supremo ha precisado que aunque Montero tiene derecho a proteger su reputación, «los imperativos de esta protección deben ser puestos en la balanza con los intereses de la libre discusión de las cuestiones políticas».

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado una guía macroscópica de alerta temprana contra el tráfico ilegal de madera que se dirige en particular a las autoridades encargadas de detectar en el terreno el fraude.

En concreto, la guía se dirige a las autoridades Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de todos los países del mundo, a inspectores, agentes, vigilantes forestales y a aquel entre cuyas labores esté la detección y prevención del tráfico ilegal de maderas.

La Guía macroscópica de alerta temprana para maderas incluidas en CITES’, que será actualizada periódicamente, ha sido desarrollada en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, institución designada como entidad colaboradora del MITECO para la aplicación del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES).

La nueva guía incluye las 12 especies de coníferas y las 28 de frondosas más importantes y susceptibles de ser objeto del tráfico ilegal en el ámbito de CITES e incorpora los procedimientos de toma de muestras y las características anatómicas de la madera.

En concreto, los agentes podrán detectar el fraude sobre el terreno durante las inspecciones de modo que podrán activar la alerta temprana y, por ejemplo, frenar un cargamento de una especie de madera protegida.

El documento explica como extraer muestras de madera para fotografiarlas para su identificación posterior, por lo que todo usuario no especializado podrá discriminar sobre el terreno entre diferentes maderas.

Con las técnicas convencionales no era posible identificar troncos y madera aserrada sino que se necesitaba la ayudad de laboratorios especializados y recurrir a técnicas de identificación de ADN, lo que complicaba en gran medida estas labores de control e inspección.

Precisamente, el MITECO señala que esta falta de técnicas de identificación apropiadas en el terreno facilitaba que, a menudo, pasaran desapercibidos en los cargamentos y en los aserraderos, maderas de otras especies distintas a las autorizadas. Esto propiciaba el tráfico de maderas raras, amenazadas y valiosas.

Con esta nueva metodología, solo se requiere llevar un sencillo kit para la toma de muestras de madera: la lupa de 400 aumentos acoplable al teléfono móvil y una app específica que incorpora la propia guía.

En los últimos meses, el MITECO y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural han comenzado a impartir cursos sobre el uso de la nueva herramienta a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para mejorar su preparación en operaciones específicas contra el tráfico ilegal de maderas.

La guía dispone de versión en castellano e inglés y está disponible en la web del departamento que dirige Teresa Ribera, que señala que el nuevo manual puede ser de especial interés para los guardas forestales de países productores de maderas tropicales CITES por lo que el documento será divulgado en los cursos de formación de guardas medioambientales que el MITECO desarrolla en el proyecto «Ecoguardas».

De acuerdo con los datos del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), la tala ilegal es el primer delito medioambiental a escala global. Solo en 2016 generó entre 50,7 y 152 mil millones de dólares.

El tráfico ilegal de especies de flora, sus partes o productos derivados representa el 80 por ciento del volumen de tráfico de especies silvestres en todo el mundo y favorece la degradación forestal y la deforestación, provoca daños socioeconómicos a las comunidades locales y priva a los países productores de miles de millones de euros en ingresos. En algunas regiones tropicales como la cuenca del Amazonas, la Cuenca del Congo y el Sudeste Asiático la madera ilegal comercializada puede representar entre el 50 y el 90 por ciento del volumen total producido.

España es un punto caliente del tráfico internacional de maderas tropicales. Por ello, como país firmante en la Declaración de Lima sobre el tráfico ilegal de vida silvestre se está estudiando desarrollar acciones específicas de formación para facilitar el uso de la nueva guía entre los países integrantes de la Red Jaguar, una grupo de trabajo de policías latinoamericanos especializados en crímenes medioambientales y que está coordinado por el SEPRONA.