El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado este miércoles, tras la petición del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a PP, Vox y Cs de que estén con el Ejecutivo ante la crisis en la frontera con Marruecos, que apoyarán al Gobierno «cuando España denuncie a Marruecos ante la comunidad internacional por enviar a sus soldados, a hombres en edad militar, a tomar las calles de Ceuta» y «cuando se militarice la frontera de España en Ceuta y Melilla», a la vez que ha pedido que las comunidades autónomas no acojan a «los menores que deambulan» por la ciudad autónoma.

«Estaremos juntos cuando se defienda a los españoles y mientras tanto estaremos en frente», ha dicho el presidente de Vox, en un acto público en Córdoba, junto a la portavoz nacional de Vox y diputada en el Congreso por Málaga, Patricia Rueda, y el diputado autonómico por Córdoba y exportavoz del grupo parlamentario en la Cámara andaluza, Alejandro Hernández.

Según ha expuesto, «ahora nos encontramos con las consecuencias que han traído aquellos que decían que las fronteras no importaban», a la vez que «la izquierda ofrece un falso futuro cuando los españoles lo están pasando mal», por lo que ha advertido de que «en Ceuta se produce una invasión de nuestro territorio, porque España no se ha hecho respetar» ante Marruecos.

Además, ha mantenido que «es una invasión con consecuencias directas, no para Sánchez, sino para los españoles que viven en Ceuta, que no se atreven a salir de casa» y «no saben si van a recuperar su manera de vivir o van a dejar de circular las miles de personas que todavía deambulan por las calles de Ceuta, a las que ha permitido entrar el Gobierno», que «tarde, mal y nunca manda al Ejército a defender la frontera.

Así, ha criticado que «el Gobierno ha rendido la frontera sur de España» ante «una especie de Marcha Verde y una amenaza de Marruecos sobre la soberanía de España que reclama una vez más Ceuta y Melilla, que son españolas mucho antes de que el Reino de Marruecos existiera», ha defendido, para apostillar que «el Ejecutivo es incapaz de defender nuestra patria y los intereses de los españoles».

Igualmente, Abascal ha lamentado que el Gobierno concede a Marruecos 30 millones de euros que podrían servir a «los guardias y policías, que no tienen medios materiales, para defender la frontera y para hacer un muro infranqueable».

Por eso, ha proclamado ante las peticiones de Sánchez que «estaremos juntos cuando se denuncie ante la comunidad internacional a un gobierno que ha enviado a niños. «Mientras tanto, lejos, enfrente y junto a los españoles», ha insistido el líder de Vox, quien ha cuestionado la acción de «la ministra comunista Ione Belarra para juntar a las comunidades autónomas para ver cuántos acoge cada una de los niños que deambulan por Ceuta».

AVISO A JUANMA MORENO

Al respecto, ha dicho que «ninguno», que «si son niños, en sus países con sus padres». Y acto seguido ha lanzado un mensaje a los gobiernos que cuentan con apoyos de Vox: «que no cuenten con nosotros para seguir repartiendo MENA por el territorio español».

De este modo, se ha referido a la consejera de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, «que dijo ayer, aunque ya ha rectificado, que tenía los brazos abiertos para recibirlos». «¡Que los reciba en su casa y los pague con su sueldo!», ha exclamado Abascal, para avisar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, «que sepa que nos va a tener vigilantes, que no se va a permitir ni una sola cesión más».

Por tanto, «si quiere tener el apoyo de Vox, que sepa qué es lo que tiene que hacer», ha recomendado el líder de Vox, quien ha advertido del «socio poco fiable» con Cs, «un partido en descomposición, que nos ha llevado a una crisis en Murcia, Madrid y Castilla y León»: de ahí que considere que «es mejor convocar elecciones en Andalucía» y que los andaluces hablen con claridad», ha enfatizado, entre gritos de ‘presidente’ de la multitud agolpada en el bulevar del Gran Capitán.

«LA ALTERNATIVA AL SOCIALISMO»

Mientras, Abascal ha censurado al Gobierno «ilegítimo» que con «sus mentiras electorales a agredido a sus votantes», de modo que «no es legítimo mentir a los españoles», ha manifestado, recordando que el Ejecutivo «responde a los intereses de todos los enemigos de España» y que «ha aprovechado la pandemia para avanzar en su agenda política con el estado de alarma», del que ha recordado que su partido recurrió dos veces ante el Tribunal Constitucional (TC) ante «la vulneración de libertades y derechos fundamentales».

Por contra, ha reprochado que en España se han aplicado «las mayores restricciones» y «se ha contado con los peores datos», al tiempo que ha abundado en que el presidente del Gobierno ha llegado «no sólo de manera ilegítima, sino que puso como vicepresidente a un vulgar contratista de matones».

Ante ello, Abascal ha defendido que «nosotros estamos en la calle con los españoles, mientras otros no se atreven ni a salir», de ahí que haya clamado por que «España necesita una alternativa al socialismo que ha entregado el futuro de la nación a los enemigos de la patria». «España necesita una alternativa y no 17», refiriéndose al PP, «con el que somos leales y no devuelve lealtad; que dice una cosa en Galicia y otra en Ceuta». «Van engañando en un lado y otro para que les voten más gente«, ha asegurado.

A su juicio, «España necesita una alternativa que diga lo mismo en toda España, en la ciudad y en el campo»; «una alternativa que no miente», de manera que desde Vox quieren «dar a los españoles una alternativa nacional y patriótica», porque «el mensaje de Vox es claro punto por punto y España necesita a Vox», ha sentenciado el presidente de Vox antes de cerrar el acto con el himno de España.

Abascal ha comenzado con palabras de reconocimiento a Hernández por su papel como portavoz en el Parlamento andaluz y presidente del partido en Córdoba. Se da la circunstancia de que Abascal coincide en este acto con Hernández después de que este, hace unas dos semanas, fuera relevado de su cargo como portavoz de Vox en el Parlamento, para ser sustituido por Manuel Gavira.

«SÓLO VOX SE ENFRENTA AL GOBIERNO DE LA TRAICIÓN»

Por su parte, Rueda ha expresado que «sólo Vox se enfrenta al gobierno de la traición y mentira», cuando «España debe protegerse, pero no detenerse». «Frente a este Gobierno traidor y mentiroso que pacta con los enemigos de la nación, sólo queda Vox», ha defendido, para añadir que «hay mucho Vox para hacer frente a ellos y sus mentiras».

Tras elogiar «la reconquista que empezó en Andalucía el 2 de diciembre de 2018» con los resultados de los últimos comicios regionales, ha reprochado que ante la pandemia «el Gobierno antepone sus intereses a los de los españoles», a la vez que «Córdoba sufre el paro estructural heredado de la época de corrupción socialista».

De igual modo, ha añadido que «a la crisis sanitaria y económica se suma la avalancha migratoria que primero empezó en Canarias y hoy amenaza la frente sur, rendida por Sánchez el mentiroso y Marlaska y que queda a capricho de Marruecos y las mafias que trafican con las vidas de personas en el norte de África».

Y Hernández ha subrayado los avances de su partido en las distintas elecciones convocadas en las últimas fechas. «Vox no desaparece, cada vez es más fuerte», ha remarcado el dirigente de Vox, quien ha apostillado que en Andalucía «hay un antes y un después, un hito temporal que marca diferencias» con la llegada al Parlamento.

También, ha advertido de los gobiernos «ineficaces en Madrid y San Telmo», que, a su juicio, no tienen «el necesario coraje político que requiere este momento», al tiempo que ha mostrado el apoyo a los autónomos del casco histórico, así como todos los empresarios, ante las pérdidas que sufren por la pandemia. «Solo queda Vox», ha dicho.

El Gobierno y las comunidades autónomas han establecido este miércoles las medidas que se establecerán para el próximo curso escolar 2021-2022: se garantizará la máxima presencialidad, el uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años y la distancia entre alumnos podrá rebajarse a 1,2 metros en un escenario de baja incidencia.

Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa en La Moncloa junto a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, tras la reunión extraordinaria conjunta que se ha celebrado esta tarde de la Conferencia Sectorial de Educación y la Interterritorial de Sanidad para abordar el dispositivo general del próximo curso escolar.

Según ha explicado Darias, las medidas abordadas en la reunión, que ha finalizado más allá de las 20.30 horas, giran en torno a cuatro grandes principios.

El primero de ellos es el distanciamiento social, que se establecerá en 1,5 metros y flexibilizando a 1,2 metros si la incidencia es baja; la obligatoriedad de llevar mascarilla a partir de los 6 años; limpieza y ventilación continua cruzada; y gestión de los casos de COVID.

Así, se mantendrán los grupos de convivencia estable en Infantil, en 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria y en Educación Especial. En 5º y 6º de Primaria se puede mantener el grupo estable, o bien la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de reducir la distancia interpersonal a 1,2 metros. Y también se permite reducir esa distancia en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas y Deportivas.

¿QUÉ PASA CON LAS RATIOS Y LA DISTANCIA INTERPERSONAL?

Con respecto a las ratios (número de alumnos por clase), Celaá ha señalado que «las ratios no han variado, están reguladas por Ley, lo que sí ha variado es el número de alumnos por clase».

El documento inicial de medidas propuesto por Sanidad y Educación establecía ratios máximas para cada etapa educativa (de 20 en Educación Infantil de 3 a 6 años, de 25 alumnos en Primaria), pero en un segundo borrador se eliminaba la referencia explícita a estos números. En cambio, en un pie de página se establecía que «el tamaño máximo de las clases será acorde a las ratios establecidos en la normativa aplicable», es decir, 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato.

Tal y como ha sostenido Celaá en rueda de prensa, las ratios este curso han variado por «la incorporación de nuevos recursos humanos adicionales», esto es, por la contratación de profesores al no caber tantos alumnos en clase por el mantenimiento de 1,5 metros de distancia. «Ahora volverá a variar», ha insistido al recordar que se da la posibilidad de reducir la distancia a 1,2 metros, haciendo posible que más estudiantes entren en un aula.

ALGUNA CC.AA DESEABA 1 METRO DE DISTANCIA

El tema del distanciamiento social ha generado «cierto debate», según fuentes presentes en la reunión, sin embargo, Celaá ha negado que haya habido «tensión» sobre este tema y que haya habido discrepancias: «No conozco a nadie que quiera seguir con 1,5 metros, han aceptado el 1,2 en términos generales y es posible que alguno hubiera deseado que fuera 1 metro». En todo caso, el distanciamiento social es una «medida sanitaria», no educativa.

Con la rebaja de las distancias interpersonales entre el alumnado, Celaá ha instado a las comunidades a que hagan «un esfuerzo conjunto de cogobernanza, que mantengan los mismos recursos humanos que ellos consideraron necesarios para sostener la mejor situación académica y escolar en tiempos de pandemia, pudiendo acortar la distancia interpersonal». «No queremos prescindir de esos recursos humanos adicionales», ha señalado.

PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS, «LO MÁS IMPORTANTE»

Además de estas cuatro medidas principales, Darias ha comentado que se garantizará la presencialidad en las aulas, que «es la característica más importante» abordada este miércoles para el próximo curso escolar.

De hecho, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha afirmado que la apuesta del Gobierno «por la presencialidad es aún mayor para el próximo curso 2021/2022» y el objetivo es que «alcance todos los niveles y etapas educativas, naturalmente siempre que la situación de la pandemia lo permita».

Celaá, que ha destacado la importancia de la presencialidad, ha asegurado que, según los últimos datos que facilitaron las comunidades autónomas, más del 99,6% de las aulas han funcionado con normalidad y «sólo se han cerrado tres centros», lo que representa el 0,01% del total.

Y ha resaltado que hace un año todas las administraciones educativas acordaron conjuntamente volver a la educación presencial durante este curso 2020/2021, así como, en esta ocasión, para el próximo: «Lo hemos logrado. El resultado refleja sin duda la fuerza del acuerdo alcanzado».

Pese a lo establecido este miércoles, la ministra ha recordado que el documento de medidas es un protocolo «vivo» y «dinámico», es decir, que los técnicos de Salud Pública lo irán sometiendo a revisión «constante» para adaptarlo a la situación epidemiológica de cada momento y a los avances en el conocimiento de la pandemia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respondido este miércoles al PP que no aceptará el «chantaje» de modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cambio de que los ‘populares’ accedan a pactar la renovación del órgano de gobierno de lo jueces, instando al partido de Pablo Casado a recapacitar.

«El CGPJ es necesario que se produzca su renovación. No cabe el chantaje ‘mientras no se cambie una ley no lo aceptaré’, porque eso no es cumplir el Estado de Derecho, eso no es ser constitucionalistas y sé que ustedes lo son. Por tanto, les pido una reconsideración de eso que aparece diluido en prensa, pero que no me lo creo. Sé que van a estar y espero que lo hagamos cuanto antes», ha dicho en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Campo se ha referido al planteamiento que realizó el presidente del PP, Pablo Casado, en una reciente entrevista en El Confidencial donde reclamó al Gobierno que primero se reformara el sistema de elección de los doce vocales procedentes del turno judicial, para que sean elegidos por los propios jueces, y después se renovara el CGPJ, algo que lleva pendiente dos años y para lo que se necesita la fuerza parlamentaria de PSOE y PP.

El acuerdo parecía inminente hacia el mes de febrero, después de que casi se cerrara el pasado verano, pero el veto del PP a dos jueces apoyados por Unidas Podemos –Victoria Rosell y José Ricardo de Prada– lo hizo saltar por los aires. Desde entonces, el ministro ha asegurado que el pacto está hecho y solo queda que los ‘populares’ quieran hacerlo público, algo que confió que ocurriera tras las elecciones madrileñas, si bien sigue pendiente.

Campo ha incidido este miércoles en que la renovación del CGPJ, así como la del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo –también en el tintero–, es una obligación constitucional que «no admite alternativas». «Gusten unas normas o no (…) hay que cumplirlas», ha subrayado, apostillando que «no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial».

En este contexto, ha vuelto a expresar su deseo de que «muy pronto tengamos una solución a este problema», aunque al mismo tiempo ha advertido de que, si el bloqueo continúa, eso no frenará la acción de su Ministerio. «Mientras tanto no voy a dejar de impulsar todas las políticas necesarias para que los ciudadanos tengan una mayor efectividad en su tutela judicial», ha dicho en el marco de la presentación de su plan 2030 para la modernización de la Justicia.

EL ‘PLAN B’ DEL PP

El diputado del PP Miguel Ángel Jerez también ha pedido a Campo y al Gobierno que recapaciten, haciendo hincapié en que «el consenso va en dos direcciones», no solo cuando la oposición acepta las ideas de Moncloa, y le ha urgido a revisar sus posturas sobre dos cuestiones: el mecanismo para nombrar a los vocales togados y el ‘plan b’ del Partido Popular para dar cobertura jurídica a las medidas restrictivas que se adopten tras el estado de alarma.

Jerez le ha llamado la atención sobre la carta enviada por 2.500 jueces españoles a la UE porque «creen que la independencia judicial está totalmente amenazada». «No se lo voy a ocultar, la leí con pena», ha admitido Campo, para matizar a continuación que en realidad fueron «tres asociaciones» judiciales y destacar que, según encuestas internas del CGPJ, el 99% de los jueces se sienten independientes.

En cuanto a la situación surgida tras el 9 de mayo, el diputado del PP ha afeado al Gobierno que «lleva un año como el que oye llover» porque no ha abordado las reformas legislativas que prometió, dejando la carga de las decisiones sobre las restricciones sanitarias a los Tribunales Superiores de Justicia y al Supremo. «Le pedimos que recapaciten, que se pongan en la piel de los jueces y ciudadanos y asuman su responsabilidad. No merece la pena insistir en el error», ha exhortado.

El ministro le ha contestado recriminando al PP sus cambios de parecer sobre el estado de alarma y defendiendo una vez más que los tribunales, y especialmente el Supremo en su rol de «unificador de criterios», tengan la última palabra sobre restricción de derechos fundamentales. «No podemos sentirnos más tranquilos», ha zanjado.

Campo y el representante ‘popular’ también se han enzarzado por el preámbulo de la ley que despenaliza los piquetes informativos, donde se acusa al PP de un «desmantelamiento de libertades» en España. Jerez ha recriminado este «ajuste de cuentas» en el BOE, emplazando al ministro a que diera su opinión, a lo que éste ha contestado reconociendo que no es de su agrado. «No me gusta la exposición de motivos del 315, pero tampoco me gustaba lo de Zapatero en su enmienda», ha espetado.

LA REFORMA PENAL, EN «UN PAQUETE»

Por otro lado, el titular de Justicia ha respondido a las preguntas que les han planteado los portavoces de Bildu, Junts y ERC sobre el estado en el que se encuentra la reforma penal, interesándose en particular por los cambios previstos respecto a los delitos de sedición y rebelión y los llamados delitos de opinión.

En este punto, Campo ha confirmado que habrá reforma del Código Penal (CP), porque «el derecho penal es algo vivo que tiene que adaptarse a la sociedad a la que sirve», si bien ha recalcado que al tratarse de «un texto tan importante» debe ser fruto de «la meditación y el cálculo». Lo que sí ha avanzado es que el Ejecutivo intenta presentar «un paquete» que verá la luz «en el momento en que esté terminado». «No podemos hacer propuestas del CP cada cuarto de hora», ha justificado.

Una respuesta similar ha dado a las preguntas sobre el estado de los indultos solicitados para los condenados por el ‘procès’. Así, ha repetido que el trámite está aún en el Tribunal Supremo y que, hasta que la sede judicial no le remita los expedientes con lo informes preceptivos, ni el Ministerio ni el Gobierno podrán pronunciarse.

Asimismo, el ministro ha respondido a las críticas que le han lanzado los diputados de Bildu, Junts, ERC y Vox sobre la mala imagen de la justicia entre la ciudadanía para reivindicar que en España no hay «ni politización de la justicia ni judicialización de la política» y exigir a las fuerzas políticas y a los operadores jurídicos «respeto» a la administración judicial.

JUSTICIA 2030

Campo también ha protagonizado un pequeño enfrentamiento verbal con Javier Ortega-Smith (Vox), después de que éste dijera que «miles de españoles no han tenido justicia» porque aún no han visto a los ‘etarras’ que asesinaron a sus seres queridos en el banquillo de los acusados. El ministro se ha plantado para destacar que «se han llevado a la Justicia todos los que se han encontrado» y que «las víctimas están siendo atendidas lo mejor que podemos».

Ortega-Smith ha cargado igualmente contra el plan 2030, del que ha dicho que «parece la Agenda 2030 con toga», al considerar que «es humo, propaganda y palabras huecas» que no ponen remedio a «la esclerosis de la Justicia».

En la misma línea, pero en un tono más relajado, se ha expresado el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. «Parece que el Ministerio, con buena voluntad, vive bastante al margen de la realidad de la Justicia», ha lamentado.

El ministro, por su parte, ha ensalzado el plan 2030 como la «placa base» de la transformación de la administración de justicia con miras a que sea más eficiente, accesible y sostenible, recalcando que aspira a que sea un «proyecto país» y, como tal, cuente con el mayor consenso político y de operadores jurídicos.

El Pleno del Congreso aprobará este jueves definitivamente el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que amplía el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, que no empezará a contar hasta que la víctima no cumpla 35 años, frente a los actuales 18 años.

La Cámara Baja debe refrendar o no las enmiendas introducidas por el Senado, entre las que destaca la prohibición de los desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad de los menores migrantes.

Además, ha incluido la prohibición del uso de la contención mecánica en los centros de menores, aunque finalmente no se llegó a acuerdo para suspender los desahucios de familias con menores y tampoco se incluye la prohibición de la entrada de los niños y niñas a espectáculos taurinos.

Así, una vez que la norma se publique en el BOE y entre en vigor, «cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad» y «no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas».

En cuanto a la prohibición del uso de contención mecánica de las personas menores de edad, entendida como la sujeción a una cama articulada o a un objeto fijo, en los centros de protección a la infancia y la adolescencia.

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA DIFUNDIR LA IMAGEN DE UN MENOR FALLECIDO

Además, la Cámara Alta también incorporó la obligación de requerir la «autorización expresa de los progenitores» para difundir la imagen de un menor fallecido, con el objetivo de evitar casos como el de Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre. La madre del pequeño denunció el uso «cruel» de la imagen de su hijo después de haber fallecido.

Asimismo, se acordó que, en los casos en que un menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial, se practique la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la revictimización del menor), y que la autoridad judicial pueda acordar que la audiencia del menor se practique a través de «equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar».

Igualmente, se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños y niñas en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.

Además, la norma elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia. Estas medidas, junto con el retraso de la prescripción de los abusos a menores, se incorporaron a su paso por el Congreso, en el que se incluyeron 200 de las 600 enmiendas parciales presentadas al texto del Ejecutivo.

Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, y que fue bautizado por el entonces exvicepresidente Pablo Iglesias como ‘Ley Rhodes’ –por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia–, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del ‘coordinador de bienestar y protección’ que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.

El Parlament comenzará este jueves a las 16.00 horas el pleno de investidura del candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, que será elegido en la votación que se celebrará el viernes a falta de cinco días de agotar el plazo límite.

Este miércoles la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, ha propuesto formalmente a Aragonès como candidato a la Presidencia después de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios y ha convocado el pleno de investidura este jueves a las 16.00 horas y continuará el viernes a las 9.00.

Será el segundo pleno de investidura al que se somete Aragonès, después de las dos votaciones fallidas que tuvo a finales de marzo, cuando Junts se abstuvo y no logró los votos suficientes para ser escogido presidente.

Esta vez, la formación de Carles Puigdemont sí que dará su apoyo a la investidura de Aragonès después del acuerdo alcanzado con los republicanos, que anunciaron el lunes tras tres meses de negociaciones entre ambos partidos.

Este mismo miércoles, Junts ha anunciado que sus bases han ratificado el pacto con el 83% de los votos, mientras que la CUP ya no tiene que hacer ninguna validación interna del acuerdo con los republicanos, por lo que Aragonès tiene 74 votos asegurados para ser investido como 132 presidente de la Generalitat en la primera votación del viernes.

SERÁ INVESTIDO EL VIERNES

El pleno comenzará el jueves a las 16.00 horas con la intervención de Aragonès para exponer de nuevo y sin límite de tiempo su programa de gobierno como ya hizo en la sesión de investidura fallida en marzo, y después intervendrán los grupos parlamentarios –lo harán de mayor a menor representación, dejando a ERC al final, y tendrán media hora de tiempo– y se prevé que Aragonès conteste uno a uno, lo que abrirá un turno de réplica para cada partido.

El jueves se producirá el debate con algunos de los grupos, el resto seguirá a partir del viernes a las 9.00 horas, y después se hará la votación, que se hará en voz alta diciendo ‘sí’, ‘no’ o ‘abstención’.

Aragonès necesita obtener mayoría absoluta para ser investido, es decir, 68 votos, por lo que con toda probabilidad ya saldrá el viernes del Parlament como presidente de la Generalitat y no necesitará ir a una segunda vuelta, en la que le bastaría con obtener mayoría simple –más votos a favor que en contra–.

Será la primera vez en la historia que el candidato a la Presidencia es investido después de haber fracasado en dos votaciones anteriores, ya que en todas las legislaturas el presidente había sido escogido en primera o en segunda votación, mientras que en 2015 Artur Mas no logró ser investido ni en primera ni en segunda vuelta pero no lo volvió a intentar y el candidato, que fue elegido finalmente, fue Carles Puigdemont.

PLENO EN EL HEMICICLO

Las dos sesiones de investidura fallidas de Aragonès en marzo se celebraron en el Auditorio de la Cámara catalana para que pudieran estar todos los diputados y garantizar las medidas sanitarias por el coronavirus, ya que se trata de un espacio más amplio que el hemiciclo, donde tradicionalmente se celebran los plenos y las investiduras.

Sin embargo, como ya ha sucedido en los últimos plenos para ahorrar el gasto que supone adaptar el Auditorio, el pleno se celebrará en el hemiciclo como es habitual y para que puedan estar todos los diputados garantizando las medidas sanitarias, una parte se sentará en los escaños que les corresponden a cada grupo dejando un asiento vacío entre cada diputado, y el resto se distribuirá en la zona del público y los palcos de invitados.

INVESTIDURA 96 DÍAS DESPUÉS DEL 14F

Aragonès será investido este viernes 21 de mayo, 96 días después de las elecciones catalanas del 14 de febrero y a cinco días de agotarse el plazo establecido para elegir un presidente y evitar la repetición electoral, ya que el límite es el miércoles 26.

En estos más de tres meses, Aragonès ha pasado de defender la necesidad de lograr un acuerdo rápido para formar un Govern en plenas funciones –que quería que fuera amplio con ERC, Junts, CUP y comuns–, a renunciar a esta fórmula y apostar por un Govern de coalición solo con los de Puigdemont; ha visto cómo naufragaba en su primer debate de investidura en marzo, ha roto la negociación con Junts y ha propuesto gobernar en solitario, y finalmente ha cerrado personalmente un acuerdo de coalición en un fin de semana con el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Tras los comicios, los republicanos optaron por comenzar a negociar con la CUP en vez de con Junts, y mientras que con los ‘cupaires’ logró cerrar en poco días un acuerdo que garantizaba sus apoyos a la investidura de Aragonès, con Junts las conversaciones se fueron complicando y los de Puigdemont se abstuvieron en la primera y segunda vuelta del primer pleno de investidura negando así la investidura del candidato republicano.

Desde el inicio, el principal escollo en la negociación entre ambos partidos fue la falta de acuerdo sobre cuál debe ser el espacio que debe decidir la estrategia independentista y el papel del Consell per la República (CxRep), y el bloqueo sobre este asunto provocó que Aragonès rompiera el 8 de mayo las negociaciones para hacer un Govern de coalición y propuso gobernar en solitario, algo que Junts rechazó, pese a que Sànchez había sido el primero en plantear esta opción un mes antes.

Ante esta situación, la negociación parecía haber embarrancado y la amenaza de la repetición electoral parecía más cerca que nunca, pero el fin de semana pasado Aragonès y Sànchez se reunieron con discreción en dos masías y lograron desencallar la negociación y sellar un acuerdo para hacer un Govern en coalición.

El pacto establece la creación de un órgano de dirección independentista con ERC, Junts, la CUP, ANC y Òmnium que se coordine con el CxRep, apuesta por la mesa de diálogo con el Gobierno central, aunque plantea «prepararse» para la confrontación con el Estado, si la primera estrategia no prospera, y reparte las carteras del Govern al 50% entre republicanos y Junts, dejando para los de Puigdemont departamentos como Economía, Salud, Acción Exterior y Derechos Sociales, mientras que ERC mantiene Educación y se queda Interior, entre otras.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado un suplicatorio a la Asamblea de Madrid para determinar la competencia en relación a la querella de la Fiscalía de Madrid contra la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación a un visado del Colegio de Aparejadores, han confirmado fuentes jurídicas.

El escrito para que la Cámara regional se pronuncie sobre el aforamiento se presenta al formar parte Monasterio de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid. Una vez que se constituya tras las elecciones del 4 de mayo, se volverá a elevar otro suplicatorio dado que Monasterio será nombrada de nuevo diputada regional.

El hecho de que se acredita su condición de parlamentaria autonómica le da el aforamiento para que el caso se siga en la Sala de lo Civil y Penal del TSJM y no en un juzgado ordinario.

La querella se interpuso por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en el marco de la investigación abierta a raíz de dos denuncias cursadas contra la portavoz de Vox en la Asamblea por presunta falsedad documental y estafa.

Aparte de la denuncia que cursó Más Madrid a principios de año, se presentó otra por los mismos hechos y delitos presentada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y que se ha acumulado al procedimiento.

Las diligencias de investigación las asumió la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dado que la también presidenta de Vox Madrid es aforada en su condición de diputada autonómica.

Más Madrid denunció la supuesta «falsificación» de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, el único caso de supuestas «irregularidades» que no estaría prescrito.

Según publicó ‘El País’, la líder de Vox en Madrid utilizó un visado del Colegio de Aparejadores en los planos de obra del loft de Valls de 2005 y, al parecer, seguiría usando ese sello en más trámites hasta 2016.

En la denuncia de Más Madrid se detallaba que era un proyecto de reforma del año 2005 en el que una aparejadora que trabajaba en el estudio de Monasterio solicitó un visado en el Colegio de Aparejadores de Madrid, visado obtenido de manera legal y conforme al procedimiento.

«Posteriormente en el año 2011 y en el 2016 la señora Monasterio solicitó una licencia fotocopiando la etiqueta que había recibido la aparejadora en el año 2005, y adjuntándola a la cartela de su estudio. Aplicándola a un proyecto absolutamente diferente. Si Hubiera quedado en el 2011 estaría prescrito pero como reiteraron la solicitud en el año 2016 y este tipo de delitos que aparentemente de falsedad documental prescriben a los cinco años», exponían.

El embajador palestino en España, Musa Amer Odeh, ha solicitado este miércoles al Gobierno que dé el paso de reconocer el Estado de Palestina, algo que ha descrito como «una decisión soberana», para dar un paso de cara a la resolución del conflicto, en medio del recrudecimiento de los combates en la Franja de Gaza y las tensiones en Jerusalén, Cisjordania e Israel.

«¿A qué esperan para reconocer el Estado de Palestina?», se ha preguntado. «A veces dicen que esperan a que la UE decida. No es verdad, es una decisión soberana», ha sostenido Odeh en el marco de una entrevista, en la que ha incidido en que tanto el PSOE como Unidas Podemos lo contemplan en sus programas electorales.

«Suecia es un miembro de la UE desde antes que España y reconocieron el Estado de Palestina. ¿Qué les pasó? Nada, hicieron lo que se supone que tienen que hacer», ha recordado, en referencia a la decisión adoptada por Estocolmo en 2014. Así, ha criticado que se apoye la solución de dos estados «pero reconocen un Estado y no reconocen el otro». «Tienen que reconocer ambos estados», ha dicho.

En este sentido, ha manifestado que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se reunió con Abbas y dijo que reconocería el estado de Palestina». «Puso un tuit en 2015 diciendo que reconocería Palestina», ha resaltado, en referencia a un tuit de Sánchez en noviembre de 2015 en el que dijo: «Reconoceremos al Estado palestino cuando sea presidente del Gobierno».

En medio de la escalada bélica, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso condenó la violencia y reclamó a Israel que ponga fin a los «ataques directos» contra la población civil, al tiempo que denunció «un nivel de belicosidad y violencia que nos hace retroceder al 2014», en referencia a la operación ‘Margen Protector’.

Esta operación se saldó con la muerte de 66 soldados y cinco civiles israelíes, así como más de 2.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según los datos recogidos por Naciones Unidas, y que concluyó con un acuerdo de alto el fuego pactado con la mediación de Egipto, que en estos momentos lleva a cabo esfuerzos para mediar otro cese de las hostilidades.

Por ello, Odeh se ha preguntado si «están esperando a que los israelíes permitan reconocer Palestina». «Cuando los israelíes reconozcan Palestina no necesitaremos esto. Hay que reconocerlo ahora, no mañana», ha defendido. Necesitamos que la comunidad internacional entienda que los palestinos han sido suficientemente pacientes, pero por favor, no les empujen al límite, dénles derechos», ha pedido.

De esta forma, ha destacado que «si los palestinos pierden la esperanza, será una catástrofe para todos». «Uno no puede imaginarse lo que puede hacer alguien que ha perdido la esperanza», ha dicho. «Pongan fin a su ocupación y no les tocaremos (a los israelíes). Al contrario, si alguien les toca quizá les combatamos, porque necesitamos estabilidad», ha argüido.

Odeh, que se ha mostrado crítico con la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y ha pedido no convertir un conflicto «político, colonial», en uno «religioso», ha incidido en la importancia de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad para poner fin a la situación.

«Vivimos bajo la última ocupación de la historia reciente», ha denunciado, antes de recordar que «la mitad de la población palestina son refugiados». «¿Dónde está la justicia en todo esto? Es un apartheid», ha criticado. «Nadie hace nada y repiten que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Quién es el agresor, la potencia ocupante o el pueblo ocupado? Los gazacíes viven bajo cerco desde hace catorce años», ha sostenido.

«Es un deber de la comunidad internacional, porque la creación de Israel en la tierra de Palestina tuvo lugar a través de la resolución 181, a pesar de que los israelíes no la han respetado. Les dio, lo que no fue justo, el 57 por ciento del territorio de la Palestina histórica y dejó Jerusalén como (ciudad) internacional», ha relatado. «Los israelíes empezaron en el 78 por ciento, ocupando la mitad de la zona que era para los palestinos y les expulsaron con masacres», ha denunciado.

«TODAS LAS OCUPACIONES ACABARON»

En este sentido, ha afirmado que «todas las ocupaciones acabaron, pero los palestinos se quedaron». «Todas las ocupaciones derribaron a las anteriores, pero los israelíes quieren echarnos a nosotros y sustituirnos y esto no pasará. Los palestinos no tenemos otra patria», ha destacado, al tiempo que ha criticado la política de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

«Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este son el 22 por ciento de Palestina histórica. Los israelíes tienen el 78 por ciento. Si quieren, pueden construir en el 78 por ciento. ¿Por qué construyen en el 22 por ciento? Eso significa que no reconocen los derechos de los palestinos nativos, que viven ahí desde antes de Jesucristo», ha manifestado.

Por otra parte, se ha pronunciado sobre el aplazamiento de las legislativas palestinas debido a la negativa de Israel a permitir que la votación tuviera lugar en Jerusalén Este y ha destacado que los palestinos «quieren elecciones, pero no pueden celebrarlas sin Jerusalén». «Si lo hiciéramos, significaría que de alguna forma aceptamos el plan de Trump sobre Jerusalén», ha señalado.

«Si los israelíes están preparados para cooperar, podemos hacerlas el mes que viene», ha defendido, antes de criticar que Israel argumentara que «no podían adoptar una decisión porque no tiene Gobierno», en referencia a que el Ejecutivo está en funciones debido a la falta de un acuerdo para formar gobierno después de las elecciones parlamentarias de marzo, las cuartas en cerca de dos años, que derivaron nuevamente en una Knesset altamente fragmentada y sin mayorías.

«Es una excusa, no es verdad. Tienen un Gobierno que decide construir asentamientos. ¿Hay un Gobierno para construir asentamientos pero no para decidir sobre las elecciones en Jerusalén?», ha cuestionado. «Está en manos de la comunidad internacional. Necesitamos, más que nunca, el fin de la ocupación», ha argüido.

Sin embargo, ha lamentado que tanto el Gobierno de Israel como «gente que se opone a Netanyahu», están en contra de esta vía porque «quieren todo Palestina. «Estamos dispuestos a vivir en paz, pero esto no puede lograrse si continúa la ocupación. Es una condición, terminar con la mentalidad de la ocupación», ha reiterado. «El problema no es con los judíos, es con la ocupación. Si la religión de esta ocupación no fuera el judaísmo y fuera el islam, resistiríamos. Si fueran cristianos, resistiríamos también. Resistimos ante la ocupación, no ante la religión», ha zanjado.

Tanto la representación del activista saharaui Fadel Breica como la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) han elevado sendos escritos al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en los que solicitan que se acuerde la detención inmediata del líder del Frente Polisario Brahim Ghali.

Fuentes jurídicas indican además que Breica interesa que se adelante la fecha de su comparecencia como imputado ante el juez, prevista para el 1 de junio. Estas peticiones llegan después de que el magistrado señalara que no era necesario adoptar medidas cautelares contra Ghali a pesar de que éste se negó a firmar la citación por la que se le comunicaba que debía declarar el primero de junio.

La permanencia de Ghali en un hospital de Logroño, donde es tratado de diversas afecciones agravadas por la Covid-19, ha suscitado una crisis diplomática entre España y Marruecos que ha derivado en otra crisis pero de carácter migratorio en la ciudad autónoma de Ceuta.

Ahora en el escrito de ASADEDH, solicitan la medida de prisión provisional incomunicada y sin fianza para asegurar la presencia de Ghali en el proceso, evitar la destrucción de pruebas y el riesgo de reiteración delictiva.

READMISIÓN DE QUERELLAS

Precisamente la querella de Breica contra Ghali y otros ha sido aceptada por Pedraz hace escasos días por delitos de detención ilegal y torturas. El activista afirma en la misma que en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.

Tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Polisario y tras convocar una manifestación, fue detenido por los militares y trasladado a centros de detención indeterminados. Durante ese periodo, dice en la querella, fue sometido a golpes, descargas eléctricas y se le mantuvo con los ojos vendados y con los pies y manos atados.

Tras la admisión de esta querella, llegó esta misma semana la readmisión de la que interpuso la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) dado que Ghali ha sido ya identificado. Esta querella se interpuso originariamente en 2008 –pero luego fue archivada– por la presunta comisión de un delito de genocidio, en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones.

En el escrito por el que pedían la admisión de esta querella, la asociación informó al Juzgado Central de Instrucción número 5 que les constaba que el líder del Frente Polisario entró en España bajo «un nombre falso para evitar problemas con la Justicia española por esta causa», a través de un «avión medicalizado».

EL INTENTO DE DE LA MATA EN 2016

Si bien el asunto ha vuelto a trascender a la opinión pública ahora, la causa tuvo un hito importante en 2016 cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata –ahora en Eurojust–, citó a declarar a Ghali como investigado, aprovechando que este tenía previsto viajar a España para participar en una conferencia en Barcelona, si bien finalmente no se desplazó.

En esa querella, según recuerda el escrito presentado por ASADEDH ante la Audiencia Nacional, se denunciaba el trato sufrido en Tinduf «por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, a manos del Frente Polisario».

La asociación denunciante asegura que cargos del Polisario retuvieron contra su voluntad a miles de saharauis en los campamentos situados en Argelia. Reflejaba casos concretos como el de una mujer cuyo padre sufrió graves secuelas por las torturas sufridas tras años encarcelado.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se ha comprometido este miércoles con los sindicatos a que todo el personal del Servicio Exterior que pase por España próximamente sea vacunado contra la COVID-19, según han contado varios de los presentes.

González Laya ha recibido a primera hora de la tarde a los representantes sindicales después de que el lunes se informara de la muerte de un consejero en la Embajada en India y de una trabajadora laboral en el Consulado de Quito, ambos por COVID-19.

Los sindicatos llevan semanas quejándose de la falta de un plan para vacunar a los trabajadores del Servicio Exterior, tanto funcionarios como personal laboral, en particular en algunos países donde ni siquiera hay planes nacionales de vacunación a los que poder acogerse en un futuro.

En su encuentro de hoy, la ministra ha asegurado que «todo empleado público que venga a España será vacunado» y ha adelantado que en los próximos días el Ministerio de Asuntos Exteriores hará llegar a los sindicatos un documento explicando cómo será el proceso de vacunación, incluidas las soluciones específicas para aquellos países donde es más difícil acceder a una vacuna, han indicado las fuentes consultadas.

Desde UGT y la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) se han mostrado satisfechos por lo planteado por la ministra, toda vez que parece venir a cumplir con una de las propuestas que se habían trasladado, la de que quienes en los próximos meses pasen por España puedan recibir aquí la vacuna.

Sin embargo, CSIF considera que es «insuficiente» puesto que «está pendiente del acuerdo por parte del Ministerio de Sanidad» y además no resuelve los casos de aquellos trabajadores del Servicio Exterior cuya edad no se corresponda con los tramos que ya están siendo vacunados y que tendrían que adelantar su vacunación.

Tampoco hay «una solución para quienes no puedan trasladarse a España», ha subrayado un portavoz de esta central sindical, recordando que ya se han registrado muertes.

En este sentido, desde CSIF se ha pedido expresamente a la ministra que aquellos que en las próximas semanas vayan a asumir sus cargos en destinos en el exterior sean vacunados antes de abandonar España.

La semana pasada, González Laya había explicado que desde que se inició la vacunación en España lo que el Gobierno propuso para poder vacunar al personal en el exterior fue la reciprocidad a los países de destino: ellos vacunaban a los funcionarios españoles y España vacunaba a los suyos. Según precisó, más de 50 países habían accedido.

No obstante, reconoció que había algunos países «con dificultades específicas» para los que dijo que el Ministerio estaba «buscando soluciones específicas con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas». «En unos casos se facilitará la llegada de los funcionarios a España» para su vacunación y en otros «buscaremos acercar la vacuna a esos países terceros», adelantó.

OTROS TEMAS TRATADOS

Por otra parte, según UGT, la ministra ha expresado su voluntad de «abrir una nueva etapa de diálogo» con los sindicatos con vistas a abordar algunos temas como el teletrabajo, la mejora de las retribuciones desfasadas, la aprobación de un código ético y la elaboración de un plan de igualdad.

Otro de los temas abordados, aunque en menor detalle ya que el central ha sido la vacunación por ser el que más preocupa al personal del Ministerio, ha sido el futuro Reglamento de la Carrera Diplomática, que el Gobierno ya ha dicho que espera que esté listo antes de finales de año.

En este punto no hay coincidencia entre los distintos sindicatos. Así, desde UGT se ha pedido que «sea un instrumento de modernización» y que se tenga más en cuenta a la representación sindical, mientras que desde ADE, aunque no se está de acuerdo con todo lo que incluye el texto, se reivindica la importancia de la Junta de la Carrera Diplomática como órgano asesor del ministro de Exteriores.

Según las fuentes de ADE, la ministra ha venido a darles la razón, incidiendo en que el papel de los sindicatos es la negociación colectiva y no el de los nombramientos.

La Junta de la Carrera Diplomática es un órgano formado por diplomáticos de los distintos rangos que se encarga de elaborar una lista con propuestas para ocupar los distintos cargos vacantes en función de los intereses previos expresados por los solicitantes. Dicho listado es remitido al ministro de turno, que en la mayoría de los casos sigue esta recomendación.

Las asociaciones de diplomáticos reivindican su importancia y su carácter democrático pero los sindicatos han venido exigiendo poder tener voz en ella, algo que no ocurre hasta ahora y que tampoco está previsto en el futuro Reglamento.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha justificado las modificaciones de caudal en el trasvase del Tajo-Segura para evitar un uso «poco razonable que genera picos altos y bajos» y llevar a cabo una utilización «mucho más inteligente de recursos».

Así lo ha indicado la ministra este miércoles en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, donde ha señalado que el trasvase «permite garantizar el acceso al agua a tres millones de personas». También ha pedido «tranquilidad» ante un «ruido que no necesariamente está justificado».

No obstante, Ribera ha defendido que «no es razonable confiar en que siempre vaya a haber agua aguas arriba en el volumen que se puede requerir».

Por ello, para la ministra, las modificaciones permiten «aplanar los picos que dejan fuera de la normalidad» el caudal, y tampoco ha considerado razonable que «11 meses al año estemos en aportación extraordinaria». Así, ha considerado que «era una barbaridad que se accediera a un trasvase de 38 hectómetros cúbicos en nivel 2» (de los cuatro de riesgo que hay).

En este sentido, la vicepresidenta ha abogado por «otras medidas» para «maximizar la inteligencia» en la gestión y «cumplir con el objetivo de acceso al agua», que es un «bien escaso». En este senido, ha abogado por «reforzar la disponibilidad de recursos dentro de cada cuenta», así como «incrementar la capacidad de agua desalada» y recursos que «vienen de la reutilización».

Al respecto, ha indicado que la desaladora de Torrevieja tiene capacidad para producir 80 hectómetros cúbicos, que es «todo el agua que se trasvasa a Alicante en un año» y tienen previsto aumentar su capacidad hasta 120.

Bajo esta premisa, ha abogado por «un trabajo serio con actores locales para ver de qué modo se puede hacer un uso más inteligente de los distintos tipos de agua».

PUIG: EL TRASVASE ES «IRRENUNCIABLE»

Por su parte, el president de la Generalitat ha incidido en que la posición política del Consell desde 2015 es que «la superación de guerras estériles era fundamental», pero ha incidido en que «el trasvase es irrenunciable» para el Gobierno valenciano.

Para el president, es necesaria una «garantía de agua para siempre» en el sur de la Comunitat Valenciana y que es «fundamental para la huerta de la Vega Baja» y para el «futuro de la Comunitat Valenciana y de España». «Necesitamos garantizarles a los regantes un agua de calidad a un precio adecuado y para siempre», ha indicado.

En este sentido, ha apostado por «hacerlo con inteligencia» y ha incidido en que «en ningún momento se ha planteado el cese del trasvase», pero sí un «mix de los recursos». Según Puig, es necesario «acoplar las medidas para la reutilización de las aguas de Madrid y las nuestras propias» donde aún tienen un «gap importante».

Puig ha manifestado que «el agua es riqueza para un país» y que debería «administrarse con inteligencia» y «no hacer bandera para la confrontación política», que «no da soluciones». «Hubo quien tuvo el poder en todas las comunidades y no avanzó en la solución de este problema».

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (FEDECA), Jordi Solé Estalella, ha pedido en el Congreso reforzar la imparcialidad de la Agencia Tributaria y evitar relevos en cada cambio de ministro o de gobierno.

En su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática, que está recabando la opinión de expertos para mejorar la independencia de los organismos reguladores, Solé Estalella ha llamado la atención sobre el hecho de que en los últimos años hayan pasado trece directores generales en la Agencia Tributaria, con los correspondientes cambios de equipo en la cúpula del organismo.

A su juicio, conviene reflexionar sobre la necesidad de dejar clara la «imparcialidad» de la AEAT, reforzar su profesionalidad y el sistema de elección de su cúpula directiva.

El representante de los altos funcionarios también considera urgente diseñar una autoridad verdaderamente independiente que supervise el sector de los seguros, una agencia que no dependa, como hasta ahora, del Ministerio de Economía.

MÁS FUNCIONARIOS Y MENOS PERSONAL DE LIBRE DESIGNACIÓN

Por otro lado, el presidente de FEDECA ha defendido situar en estos organismos supervisores a funcionarios de carrera, en vez de personal de libre designación que es fácil de cesar, y aconseja garantizar que el personal esté «motivado, bien retribuido» y que sea «inmune» a las tentativas del sector privado.

En cuanto al vigente sistema de oposiciones, cree que «ha funcionado razonablemente bien» y que debe cambiarse «con cuidado», pero también admite que se necesitan cambios y actualizaciones ya que «en general las pruebas memorísticas no han servido para detectar» a personas con habilidades determinadas.

Por último, y respecto a las puertas giratorias, no ve mal que haya un tiempo determinado para mantener en ‘la nevera’ a un alto cargo, aunque no cree que sea «un tema de corruptelas», sino de «confianza» y de mejorar la percepción de los ciudadanos.

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha comunicado al secretario general del partido, Jordi Sànchez, que no quiere estar en el nuevo Govern, han explicado fuentes conocedoras.

Según ha avanzado La Vanguardia, Artadi ha optado por no formar parte del próximo Ejecutivo encabezado por el republicano Pere Aragonès y así se lo ha comunicado a Sànchez y al líder del partido y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Hasta ahora todo apuntaba a que Artadi, que además de diputada en el Parlament también es la líder de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, volvería al Govern para ocupar la Vicepresidencia de la Generalitat y la Conselleria de Economía y Hacienda, siendo la principal figura de Junts en el nuevo Ejecutivo.

POSIBLES SUSTITUTOS

Fuentes de la formación han asegurado que el actual conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, y la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, son dos de los nombres que se perfilan para ocupar la Vicepresidencia ahora que Artadi ha descartado ocuparla.

Estas fuentes también apuntan que otra de las personas que está ganando enteros para ese puesto es la portavoz de Junts en el Parlament, Gemma Geis, que en principio parecía que estaba más cerca de quedarse con la cartera de Investigación y Universidades, y han aclarado que la Vicepresidencia no tiene por qué estar ocupada por una mujer.

«CAMBIO DE CICLO» EN BARCELONA

Artadi ha explicado este mismo miércoles al equipo municipal de Junts en la capital catalana que mantiene «su total compromiso con Barcelona, el trabajo en el Ayuntamiento y para hacer realidad el cambio en el Gobierno municipal a las elecciones del año 2023».

Según han explicado fuentes del grupo municipal, «a pesar de las especulaciones de las últimas semanas sobre su participación en el nuevo Govern de la Generalitat, el compromiso con Barcelona tomado por Artadi desde hace dos años está más consolidado que nunca».

En este sentido, han asegurado que la líder de Junts en la ciudad sigue trabajando para «hacer posible un cambio de ciclo que ponga fin a la espiral de decadencia» en la que está sumida por la alianza de BComú y PSC, y con el apoyo de ERC.

«Hoy, más que un ‘no’ al Govern de la Generalitat, es un ‘sí’ reforzado a la ciudad de Barcelona’, han expresado las mismas fuentes.