El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves a la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, el compromiso de España con un futuro democrático para Bielorrusia ante la represión llevada a cabo por el presidente, Alexander Lukashenko, cuya reelección para un sexto mandato en agosto de 2020 no reconoce la UE.

Sánchez ha cerrado su visita a Lituania con un encuentro con la opositora bielorrusa, ganadora según la oposición de las elecciones del verano pasado y que vive exiliada en el país báltico desde poco después.

El encuentro, según ha informado Moncloa, les ha permitido intercambiar puntos de vista sobre la evolución de los recientes acontecimientos en Bielorrusia, la necesidad de una transición democrática en el país y la situación de los presos políticos.

En este sentido, Sánchez "ha reiterado el compromiso y solidaridad de España con la sociedad civil para lograr un futuro democrático, su llamamiento al cese de la violencia del régimen de Lukashenko y a la liberación inmediata de las personas arbitrariamente encarceladas, junto al establecimiento de responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos".

Asimismo, el presidente del Gobierno ha expresado su apoyo a las sanciones impuestas contra Lukashenko y su régimen por los Veintisiete, a raíz de la represión de las protestas contra la reelección del presidente y la persecución de la oposición y con motivo de la intercepción de un avión de Ryanair que viajaba a Lituania para detener a un opositor.

Además, ha trasladado a Tijanovskaya su "más profunda solidaridad personal" dado que su marido el activista Sergei Tijanovski --quien iba ser candidato a las presidenciales y cuyo testigo tomó luego ella-- está encarcelado desde mayo de 2020.

"Feliz de reunirme con el presidente de España en persona", ha escrito por su parte Tijanovskaya en su Twitter, que durante una visita a España hace unos meses no pudo verse con Sánchez porque este estaba en cuarentena por un contacto con un positivo de COVID-19.

"Le he informado sobre la represión contra los medios libres en Bielorrusia", ha indicado, precisando que han acordado "desarrollar programas de rehabilitación de prisioneros políticos y familias" así como "ayudar a empresas y start-ups a trasladarse de Bielorrusia a España".

ENCUENTRO CON SABONIS

Antes de este encuentro, Sánchez se ha reunido también el presidente de la Federación Lituana de Baloncesto, Arvydas Sabonis, quien jugó hace años en el Real Madrid.

El deporte tiene un papel clave en el acercamiento y conocimiento mutuo entre naciones y sociedades", ha reivindicado el presidente en su Twitter, destacando que Sabonis es "todo un referente lituano en el mundo del baloncesto.

"Su desempeño profesional constituye un puente en las relaciones entre nuestros países", ha subrayado el presidente, que con su visita a Lituana pone fin a una gira que le ha llevado también a Estonia y Letonia.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recomienda evitar una serie de actuaciones en su nuevo Código de Buenas Prácticas Científicas (CBPC) a la hora de difundir y divulgar resultados científicos a los medios de comunicación.

Por ejemplo, insta a evitar "exagerar la importancia y la aplicabilidad práctica de los resultados", la omisión de "información relevante" o "circunstancias que pudieran generar confusión, crear falsas expectativas o hacer concebir la existencia de soluciones inmediatas o inexistentes".

El nuevo Código, que se ha presentado este jueves y sustituye al anterior (de 2011), dedica un capítulo a la difusión de resultados, a cómo debe prepararse esta fase y qué debe tenerse en cuenta a la hora de publicar los resultados de la investigación, con especial énfasis en las cuestiones de autoría y con recomendaciones importantes a la hora de difundirlos a través de los medios.

"Se evitará exagerar la importancia y la aplicabilidad práctica de los resultados, así como omitir información relevante, circunstancias que pudieran generar confusión, crear falsas expectativas o hacer concebir la existencia de soluciones inmediatas o inexistentes", reza el documento.

EL PERSONAL INVESTIGADOR EN LOS MEDIOS

La guía también dedica un apartado al personal investigador en los medios. Según recoge el texto, el personal del CSIC que participe en actividades de docencia, difusión y divulgación no deberá comprometer la imagen ni la credibilidad del CSIC.

Con respecto a las redes sociales, señala que la información científica que se difunda a través de ellas, así como en portales de Internet, deberá estar "contrastada, verificada, actualizada y contextualizada" como requiere la comunicación científica.

Además, se utilizará un "lenguaje accesible y aséptico, de manera que resulte inteligible por el público no especializado y se eviten distorsiones y exageraciones sensacionalistas, así como la divulgación indebida de datos de carácter personal".

Asimismo, cuando se viertan opiniones personales se enfatizará en que lo manifestado no tiene por qué reflejar la postura o criterio institucional. Precisamente, el Código recalca que el personal del CSIC no podrá arrogarse representación institucional cuando realice actividades de divulgación a título particular.

Tal y como ha asegurado el presidente del Comité de Ética del CSIC e investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Lluis Montoliu, que ha presentado este jueves el nuevo Código junto a la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, "los investigadores del CSIC, cuando exponen sus opiniones y análisis científicos sobre los temas de los que son expertos reconocidos, hablan a título personal, y no en nombre de la institución, a no ser que hayan sido invitados a ello por la propia institución".

UN DOCUMENTO PARA FOMENTAR LA CONDUCTA RESPONSABLE

El nuevo Código, que alcanza a todo su personal investigador, desarrolla los aspectos del trabajo científico, entre los que destacan los que atañen a la investigación con seres humanos, con animales y a la seguridad y la salud de los investigadores y del resto de la sociedad, así como la protección del medio ambiente.

"El nuevo Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC persigue fomentar la conducta responsable y la excelencia en la investigación y es de aplicación a todo el personal investigador de la institución, incluidas las personas en formación y las que desarrollan labores técnicas y de apoyo conexas a la investigación", afirma Montoliu.

El Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC promueve la integridad científica, y subraya valores como la honestidad, la imparcialidad o la independencia. El documento recuerda que los experimentos y observaciones deben estar cuidadosamente diseñados, con rigor e inteligencia, con el fin último de asegurar la obtención de información veraz y completa, y el mejor uso de los recursos disponibles.

El nuevo Código subraya que en las tareas de evaluación debe actuarse de forma rigurosa y se desarrolla la labor del investigador como formador y supervisor, ejerciendo liderazgo. Además, se recuerdan las obligaciones que adquieren los tutores con respecto a sus discípulos o personal investigador en formación. También se resaltan las obligaciones de estos últimos en relación con sus supervisores, el grupo y el trabajo de investigación que realizan.

El respeto a los acuerdos adoptados en cualquier colaboración científica, interna o externa, también está desarrollado en el nuevo Código, con menciones expresas a la actividad científica contratada y a las labores de asesoramiento que realizan los científicos. De igual manera, se aborda la gestión de los resultados de investigación susceptibles de protección.

CIENCIA ABIERTA E IGUALDAD DE GÉNERO

El Código también aborda las vulneraciones de la integridad científica y las malas prácticas en investigación que deben evitarse en todo momento, en especial las que revisten mayor gravedad y resultan claramente fraudulentas, como la fabricación, falsificación o plagio de resultados, entre otras. El nuevo Código también se refiere a la gestión de los conflictos de intereses, aunque están desarrollados más extensamente en el Manual de Conflictos de Intereses del CSIC.

El nuevo Código termina con una sección de compromiso institucional en la que se subraya que el objetivo de esta institución es perseguir la excelencia en el desarrollo de la investigación científica, con el compromiso de producir y comunicar resultados de la más alta calidad, además de consolidar la apuesta por la ciencia abierta.

El CSIC se compromete a fomentar la cultura de la honestidad en el entorno científico y a promover la conducta responsable en investigación, la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación y, en particular, la perspectiva de género en la ciencia, con acciones que permitan avanzar hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres en la institución, con un firme compromiso por la diversidad y la inclusión", ha concluido Montoliu.

Asociaciones provida han mostrado su rechazo al anuncio de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de eliminar el periodo de reflexión de tres días obligatorios antes de abortar pues consideran que esto "no es dar libertad a la mujer" sino "abocarla directamente al aborto".

"Eliminar los tres días de reflexión obligatorios antes de abortar no es dar libertad a la mujer, es abocarla a someterse directamente al aborto cuando tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, es sentenciarla al drama que supondrá para ella la muerte de su hijo", ha subrayado la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera, en declaraciones.

Si bien, precisa que "a los que se lucran con la muerte y a los que legislan en torno a ella no les interesa que la madre pueda pensar, igual que no les interesa que pueda recibir una información completa para decidir a través de una ecografía en la que vean a su hijo y escuchen su corazón".

Frente al anuncio de Montero, la portavoz de Derecho a Vivir pide a la ministra que "ayude a las madres". "Efectivamente estas mujeres no necesitan su tutela, necesitan su ayuda, la ayuda de la Administración para sacar adelante a sus hijos", precisa. Asimismo, considera que "no se puede eliminar la objeción de conciencia de los médicos".

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha calificado el anuncio de Montero como "una vuelta de tuerca más" y, en todo caso, ha dicho que el periodo de reflexión de tres días, en el fondo, es "un paripé".

"Los tres días no son algo maravilloso porque es bastante paripé ya que en ese tiempo las mujeres siguen recibiendo presión para abortar, incluso les dicen a veces que no hablen con nadie que pueda hacerles reconsiderar el tema, pero quitarlos es dar una vuelta de tuerca más para que no se les escape ni una sola cliente a los abortorios", ha remarcado Latorre.

Según ha explicado, "los tres días de reflexión ya se han suprimido en algunas comunidades autónomas durante el Estado de Alarma, contribuyendo a asegurar los ingresos de los centros abortistas que hacen negocio con el dolor ajeno y con la muerte de los inocentes".

"No ha habido ningún otro beneficio para nadie y lo que se quiere impedir es que las mujeres puedan recibir ningún tipo de ayuda o se vuelvan atrás", ha añadido.

Para Latorre, la ley del aborto "necesita ser completamente renovada para devolver a todos los seres humanos el derecho a la vida, que se les ha arrebatado" y se ha mostrado convencida de que, con el trabajo de las organizaciones provida, "esta locura que ha supuesto un holocausto para millones de seres humanos inocentes, terminará más pronto que tarde".

UN TIEMPO "INSUFICIENTE"

Por su parte, la directora general de Fundación REDMADRE, Amaya Azcona, ha puesto de manifiesto que el periodo de reflexión de tres días que es obligatorio en la actualidad, es ya "insuficiente", tal y como les han manifestado algunas mujeres que recurren a su ayuda.

"Muchas mujeres embarazadas piden apoyo en REDMADRE habiendo abortado anteriormente. Estas mujeres nos expresan que no tuvieron tiempo suficiente para informarse, que la información que recibieron fue incompleta y no del todo veraz y que, en algunos casos, fueron presionadas por su entorno (familia o pareja) para que tomasen la decisión de abortar de manera inminente", ha explicado Azcona en declaraciones.

Para el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, el nuevo anuncio de la ministra de Igualdad "es lamentable" pues, a su juicio, demuestra que "está más centrada en una batalla ideológica que en ayudar verdaderamente a la mujer".

"Lo que realmente necesita la mujer son ayudas para seguir adelante con su embarazo. Somos uno de los países con menos ayudas a la maternidad de Europa", declara Ortega.

Según precisa, "cuando una mujer se queda embarazada de manera inesperada, la única salida que se le ofrece desde la Administración Pública, si se encuentra en desamparo social, es el aborto". "Es un drama al que el Gobierno debe poner soluciones reales y efectivas", ha zanjado.

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que insta al Gobierno a permitir que se siga utilizando fotografías hechas por profesionales para el nuevo DNI 4.0, en lugar de restringir su realización a las comisarías. "Hay 8.000 puestos de trabajo en juego", ha advertido.

En su iniciativa, los 'populares' reseñan que el Gobierno ha empezado a implantar el que será el DNI electrónico europeo 4.0 en lugares como Castilla y León o Ceuta con el objetivo de reforzar la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la UE y la libre circulación.

Sin embargo, cuestiona que el Ejecutivo persista en que se implante la fotografía solo en comisarías, una decisión que provocaría el cierre de "innumerables" comercios y cabinas "Fotomatón", además de llevar al paro a muchas personas del sector de la fotografía. En concreto, el colectivo afectado, según el PP, "supera los 3.500 establecimientos y hay 8.000 puestos de trabajo en juego".

UTILIZAR FONDOS EUROPEOS Y HUNDIR UN SECTOR

En el texto registrado, el PP pone de manifiesto que el Gobierno cuenta con un presupuesto de 6,5 millones que proceden de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia para implantar el DNI exprés, por lo que cree que sería una "contradicción" utilizar fondos de recuperación para "hundir" un sector y enviar al paro a miles de personas.

Añade que, según responsables policiales, la fotografía 'in situ' en las comisarías "no es imprescindible" para el nuevo DNI, ni tampoco aporta un extra de seguridad en el proceso, ya que los funcionarios siguen verificando la foto y los datos con la persona. Además, apunta que otros países están abordando el proceso de digitalización sin necesidad de excluir al sector de la fotografía profesional.

El primer partido de la oposición también se hace eco de las reivindicaciones de los profesionales de la fotografía, que vienen recalcando que disponen de los medios necesarios para hacer fotografías para DNI y transferirlas "con total seguridad" a las aplicaciones que diseñe la Administración, y que ésta puede perfectamente verificar su autenticidad.

MÁS CARGA DE TRABAJO Y RETRASOS

Asimismo, precisan que la fotografía en papel cumple "con todas las exigencias" del Reglamento Europeo correspondiente y aporta niveles de seguridad que la fotografía digital, según advierten, todavía no puede garantizar.

Finalmente, el PP señala en defensa de la fotografía profesional que varios sindicatos policiales han denunciado ya que si las fotografías las tuviesen que realizar los funcionarios en comisarías, tendrían una carga de trabajo adicional, "provocando más colas y retrasos en la expedición o renovación del DNI".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la directriz de cerrar parques y playas que son zonas de 'botellón' como medida de contención de la pandemia y ha recordado que se trata de una actuación de "obligado cumplimiento" con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Así, ha pedido a los gobiernos locales "un poco de interés, sabiendo que es un esfuerzo" para tratar de "blindar la salud pública de los gallegos" haciendo cumplir la medida.

Son las palabras del mandatario autonómico después de que el comité clínico que asesora a la Xunta haya marcado el cierre de zonas de 'botellón' como una nueva medida dentro de la estrategia para placar la pandemia y después de que el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y el edil de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños, advirtiesen de las dificultades de la medida planteada y de que la capital gallega no cerrará cada uno des los espacios públicos planteados más allá de los perímetros que ya establece, como el de Bonaval.

Feijóo ha hecho ver que "si las ciudades gallegas" tienen "dificultades", la Xunta también. "No les cuento las que tenemos nosotros desde el punto de vista sanitario", ha apostillado, antes de mostrarse "convencido" de que "todos harán un esfuerzo".

Feijóo, que ha recordado que el consumo de bebidas alcohólicas en la calle ya estaba prohibido antes de la pandemia y es competencia de las entidades locales velar por el cumplimiento de esta normativa, se ha referido precisamente a la ciudad compostelana. "Siempre que se le pidió un esfuerzo fue capaz de conseguirlo", ha remarcado en relación tanto al control del consumo de bebidas en las calles como de fiestas en pisos.

ZONAS CONCRETAS

Precisamente, la Xunta ha convocado otra vez este viernes a los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad para explicar las nuevas actuaciones previstas.

En este sentido, Feijóo ha observado que en ciudades de 150 o 300.000 habitantes se "sabe cuáles son los puntos de botellón". "Puede haber 15 o diez, a qué hora se producen. Con un poco de interés, sabiendo que es un esfuerzo, y con el respaldo de la Policía Nacional, podemos tratar de blindar la salud pública de los gallegos", ha esgrimido.

De hecho, ha manifestado que Galicia "considera que puede gestionar sin cerrar de forma generalizada el ocio nocturno". "Estamos jugando con cosas importantes: con la salud de la gente; con las cuarentenas de los jóvenes; con la imagen reputacional del turismo, con algo conseguido; que Galicia sea un uno de los lugares más seguros de la Unión Europea".

Por tanto, el mandatario autonómico ha incidido en que "hay intereses sanitarios y económicos para pedir un esfuerzo especial a los ayuntamientos" y que las autoridades sean capaces de hacer cumplir las "prohibiciones" que las propias autoridades establecen.

Los dos magistrados que han emitido voto particular en el fallo de la Audiencia Nacional (AN) que rechaza obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para limpiar el suelo radiactivo de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), critican la "falta de información y transparencia" en la gestión del área de más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

Al tiempo, certifican la existencia de "zanjas con residuos radiactivos" que no reconoce el tribunal como hechos probados, así como que la contaminación es por "plutonio" y por "americio".

Durante el procedimiento contencioso-administrativo, y de acuerdo a las instrucciones dadas por el Ministerio de la Presidencia, la Audiencia Nacional blindó el acceso al Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 que pidió al Consejo de Ministros que desclasificara y lo puso bajo custodia del letrado de la Administración de Justicia a efectos de que no trascendiese su contenido hasta limitar el acceso temporal y presencial a las partes.

En la sentencia, los magistrados Carlos Fernández de Aguirre y Helmuth Moya Meyer, quien ya mostró su discrepancia cuando se decidió instar al Consejo de Ministros a desclasificar el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para aportarlo al procedimiento apostando por instar ya a la descontaminación sin esperar a EEUU, sostienen que el CSN sí tiene la competencia como "autoridad competente" en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para "impulsar la adopción de medidas efectivas de intervención en el área contaminada".

A partir de esta premisa, sí entran en el fondo del asunto para concluir que la demanda debió estimarse "en parte" y abogan por que el regulador atómico impulse primero "la culminación del proyecto de rehabilitación" para, posteriormente, impulsar los "trabajos para el tratamiento de las tierras contaminadas, fijando a tales efectos un plazo razonable para la ejecución de estos cometidos" y el cese, según remarcan, "de una situación que lleva soportando la población de Palomares durante más de 55 años".

Consideran ambos magistrados en la demanda de Ecologistas en Acción que la no disponibilidad actual de un Almacén Temporal (ATC) ni la falta de compromiso vinculante de EEUU para asumir el traslado de las tierras contaminadas a un almacenamiento definitivo "puede justificar la demora en la culminación del proyecto de rehabilitación y, una vez efectuado esto, el inicio del tratamiento de las tierras contaminadas".

"El Estado español tiene la obligación de intervenir en las situaciones de exposición perdurable, cuando sea conveniente y prudente para preservar la salud de la población, y la conservación del medio ambiente, en cumplimiento de los deberes impuestos en el Derecho comunitario y en la legislación nacional de velar por dichos valores", subrayan para añadir que "todo ello sin perjuicio de las negociaciones diplomáticas que se lleven a cabo con EEUU, responsable del desastre nuclear".

"LOS TERRENOS HAN SIDO UTILIZADOS COMO ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN"

Los votos particulares, que recuerdan que la ejecución de la limpieza ha sido "recomendada reiteradamente" por la Comisión Europea (CE), a la que España debe rendir cuentas sobre los avances al respecto a finales de 2021, recogen que se "tienen evidencias" de que los terrenos contaminados "han sido han sido utilizados desde el accidente como escenario para la investigación del comportamiento de radionucleidos en el medio natural, sin la debida transparencia e información al público en general, y a la comunidad científica en particular".

"Un elemental principio de precaución en materia ambiental exige que, por encima del interés que pueda tener para la investigación científica la no transformación de la situación de hecho, en especial en referencia a los isótopos del americio, se priorice el de salvaguardia de la salud pública y del medio ambiente, a pesar de que se considere que el riesgo de exposición radiológica no es alto, y aunque esté próximo a cumplirse el período en el que podrá observarse la máxima actividad del isótopo 241 Americio".

Los dos magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Nacional, cuyo tribunal ha prolongado la deliberación sobre el asunto más de un mes, ponen el foco, asimismo, en dos hechos que el fallo da como no probados pero que, según destacan, están "ampliamente documentados en el Plan de Rehabilitación, en la Memoria Palomares e informes de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea".

Por un lado, la existencia de dos zanjas de 1966 con "desechos radiactivos, cuya posición exacta fue determinada en el Mapa Radiológico Tridimensional" y que permanecen en la zona con "restricción total de usos" y, por otro, que la fuente de radiación se compone de isótopos de Plutonio: 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu y 241 Pu y de Americio: 241 Am todos ellos transuránicos". "Lo que se duda es sobre la presencia de uranio (U) en las bombas y su enriquecimiento en 235 U, aunque se dice que, caso de existir, su impacto radiológico será menor", apuntillan.

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARA LIMPIAR

Los dos magistrados comparten, asimismo, que cuando se retomaron los contactos diplomáticos entre España y EEUU, en 2015 el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio, aceptó la propuesta del Departamento de Energía estadounidense (DOE) de modificar los criterios de intervención en Palomares, "acuerdo cuyo contenido permanece clasificado".

"Casi inmediatamente después, se firmó el 19 de octubre del 2015 una declaración de intenciones" por el Ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado de EEUU sobre Palomares, sin que se conozca ningún avance posterior", concluyen.

En su día y en el marco de procedimiento, el CSN aportó un documento que "no era copia certificada" del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a "todo el proceso relativo a Palomares" desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.

Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido "a instancias" del DOE de EEUU y asegura que, para ello, se "han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a", lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.

El objetivo, según mantiene el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría "únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada", lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.

La Unidad de Genómica Microbiana del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases ha analizado 74 casos para detectar las diferentes variantes presentes en Baleares y ha detectado 42 pertenecientes a la variante Delta, lo que representa el 56% de los casos, lo que la convierte en la mayoritaria en las Islas.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud y Consumo ha remarcado que en el análisis se han detectado 24 de la variante Alfa, un 32% del total; y seis casos más de la variante Iota (neoyorkina), 1 Gama (brasileña) y 1 Lambda.

Por islas, en Mallorca se han detectado 38 casos de la variante Delta, 20 de la Alfa y 6 de la Iota. En Menorca se han detectado 2 casos de la variante Delta, 2 de la Alfa y 1 Lambda; y en Ibiza, 2 casos de la variante Delta, 2 de la Alfa y 1 de la Gama.

De este modo, Baleares se mantiene en porcentajes de presencia similares a los de otros territorios de su entorno donde la variante Delta es predominante como regiones como la Comunidad Valenciana o países como el Reino Unido o Alemania.

Los resultados han sido comunicados a la Dirección General de Salud Pública y Participación y el Centro Nacional de Microbiología. En España, de acuerdo con el Ministerio, la distribución de la variante Delta sigue siendo desigual entre comunidades, pero también ha aumentado el número de comunidades en las que se detecta en los muestreos aleatorios.

Desde el inicio de la pandemia, la Unidad de Genómica Microbiana del Servicio de Microbiología de Son Espases ha secuenciado el genoma de más de 2.500 casos de COVID-19 en Baleares. Se trata de uno de los centros del Estado que más muestras del SARS-CoV-2 ha secuenciado, muy por encima de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

El portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha manifestado su "total respaldo" al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por abrir un debate "necesario e imprescindible" sobre el consumo excesivo de carne y el impacto que tiene en el medio ambiente la ganadería intensiva.

Por otro lado, ha expresado su rechazo a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que esta cuestión debe ser afrontada "en toda su magnitud" y no "simplemente esconder la cabeza".

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas tras la polémica abierta por la campaña lanzada por Garzón para concienciar de los efectos para el medio ambiente y la salud del consumo excesivo de carne roja y la posterior reacción de Sánchez, quien sobre esta polémica ha manifestado: "A mi, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible".

López de Uralde ha querido expresar su apoyo a las declaraciones de Garzón, que ha puesto de "manifiesto la evidencia científica" respecto al consumo de carne, dado que es conocido que la ganadería intensiva es "muy impactante en el medio ambiente.

CAUSA DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS

En el caso de España, ha aludido por ejemplo a que las granjas de ganadería intensiva, especialmente de porcino, son "las principal causa de contaminación de acuíferos", dado que la gestión de los purines son un "auténtico quebradero de cabeza" y algunas comunidades ya no se permiten por ese efectto de contaminación.

El coordinador de Alianza Verde, la formación ecologista dentro de la confluencia de Unidas Podemos, ha destacado también que ese tipo de ganadería es causa de "degradación medioambiental" en lugares "muy lejanos como la amazonía", donde se acomete "clareo" de zonas selváticas para el cultivo de soja, utilizada sobre todo para la alimentación de las reses, o directamente para ubicar a los propios animales.

Por otro lado, López de Uralde ha enfatizado los efectos del consumo excesivo de carne roja para la salud, como ya ha expuesto la propia Organización Mundial de la Salud.

DEBATE REAL E IMPRESCINDIBLE

Por tanto, ha dejado claro el rechazo a las palabras de Sánchez, cuando existe un "debate real y serio". "A quienes nos preocupan el cambio climático tenemos que afrontarlo en toda su magnitud y no solo simplemente esconder la cabeza y derivarlo a una declaración, que poco aporta en este debate imprescindible".

Por tanto, ha ensalzado la actitud del ministro de Consumo al abrir esta discusión "necesaria" en España y que ya está en marcha en "toda Europa". También en redes sociales ha afeado que Sánchez intentado cerrar de "mala manera" esta cuestión que Garzón ha puesto "en primera línea".

"TEMOR A MOLESTAR A LA PATRONAL"

Otros representantes del espacio confederal han aludido a esta polémica como el eurodiputado de Cataluña en Común, Ernest Urtasun, quien "alucina" con la polémica en torno a Garzon cuando la reducción del consumo de carne es un debate abierto en toda Europa. "Una medida incluida, por ejemplo, en la estrategia europea contra el cáncer. Un poco de rigor por favor", ha desgranado.

La también eurodiputada y portavoz federal de IU, Sira Rego, ha subrayado que estudió nutrición hace unos cuantos años y ya entonces se enseñaba que había demasiada ingesta de carne.

"Y ahora también lo dicen la OMS, la FAO y el documento España 2050 del Gobierno de Coalición", ha puntualizado para criticar que "frivolizar con este tema demuestra temor a molestar a la patronal".

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha indicado que las "macrogranjas y el agrobussines no son sensatos" y "vacían la España rural". Por tanto, ha reivindicado que la "sensatez" llevará a cambios en la manera de vivir, aunque cueste, y para ello quiere "ministros valientes. "Sobran los que se están más cerca del agrobussines", ha zanjado.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este jueves que "España es un destino seguro" y ante las dudas que el aumento de la cifra de contagios está suscitando en otros países europeos ha reivindicado que la situación actual no es comparable a la que había hace unos meses, cuando la ocupación de las UCI era muy superior.

"La situación es muy diferente a la de momentos anteriores, España es un destino seguro para los países terceros", ha subrayado la ministra en rueda de prensa telemática con su homólogo de Bolivia, Rogelio Mayta, después de que el secretario de Estado para la UE de Francia haya recomendado a sus ciudadanos no viajar a España y Portugal por el aumento de la incidencia.

González Laya ha reconocido que "el virus aún está con nosotros" y por tanto se debe mantener la prudencia pero "la situación actual es muy diferente a olas anteriores" puesto que el 40 por ciento de la población ya tiene la pauta completa y el 60 por ciento ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

"La vacunación está avanzando a velocidad de crucero", ha destacado, lo que está provocando una "disociación del índice de contagios de la hospitalización y los cuidados intensivos". "Esto es muy importante", ha subrayado.

En este sentido, ha resaltado que con una incidencia similar a la enero pasado, el índice de ocupación hospitalaria era entonces del 23 por ciento, frente al 2 por ciento actual, mientras que en lo que se refiere a la ocupación de las UCI está en torno al 40 por ciento y ahora se sitúa alrededor del 6 por ciento.

Así pues, ha reivindicado, "tenemos que mirar no solo el índice de incidencia" sino también "otros factores como hospitalización y ocupación de UCI", al tiempo que ha apuntado que "la incidencia está muy concentrada en la población que todavía no está vacunada", los más jóvenes, a quienes ha llamado a la "prudencia".

CONVERSACIÓN CON SU HOMÓLOGO BRITÁNICO

Por otra parte, ha desvelado que esta mañana ha hablado con su homólogo británico, Dominic Raab, quien le ha llamado para anunciarle que Reino Unido no exigirá mantener cuarentena a los ciudadanos que viajen a España, en color ámbar en su particular 'semáforo', a su regreso si ya tienen la pauta completa.

Además de este asunto, los dos han hablado de la agenda de la "próxima visita" de González Laya a Londres, que se producirá "en breve" aunque no ha dado fecha, y ella ha aprovechado para felicitarle por el "éxito" de la selección de Inglaterra, que disputará la final de la Eurocopa frente a Italia en el estadio londinense de Wembley.

CC.OO. ha valorado este jueves que la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid es "un intento de favorecer" a la educación concertada y que "ignora" las necesidades reales del sistema educativo madrileño.

En un comunicado, el sindicato ha censurado que esta Ley se haya elaborado "de espaldas" a la comunidad educativa y que haya sido desde el principio "una mera estrategia de confrontación con el Gobierno central", tras su aprobación en el Consejo de Gobierno.

Así, desde CC.OO. han expuesto que su principal razón de ser, según el Gobierno regional, es la protección de la "libertad de enseñanza", diciendo que quieren defender el artículo 27.2 de la Constitución con esta Ley.

"Dicho artículo solo habla de la libertad de fundar establecimientos educativos y de la libertad de cátedra, nada dice de la libertad de las familias de elegir centro educativo, que es un derecho secundario y sujeto a la propia organización de la red de centros", han subrayado.

En esta línea, han resaltado la "gran ironía" de la libertad de elección y han denunciado el "juego mercantil" que defiende un Gobierno que se ha dedicado a "modificar la oferta, reduciendo plazas y cerrando aulas en la enseñanza pública y promoviendo la concertada a través de cesiones de suelo y facilidades de todo tipo".

"Claro ejemplo de esto es la capacidad que esta Ley otorgaría a la Comunidad de Madrid para ceder suelo público dotacional a entidades privadas, rescatando así las partes más criticadas de la LOMCE", han señalado, a lo que han añadido que se trata de una cláusula "inconstitucional" por la falta de competencias de una comunidad autónoma en este ámbito.

El sindicato ha indicado que no puede ser que los bienes comunes y pagados con impuestos se dediquen "a la educación de unos pocos" y ha apostillado que la libertad de elección en la Comunidad de Madrid es "un espejismo".

"Al final del día, hay miles de familias que se han quedado sin plaza en la pública y se han visto obligadas a acudir a centros que no han elegido, en ocasiones sin más remedio que acudir a centros concertados", ha destacado CC.OO., a la vez que ha apuntado que la opción para muchas familias es "o concertada, o cambiar de distrito".

CONCIERTOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Por otro lado, CC.OO. ha manifestado que el motivo por el que se promueve la educación concertada es por "las amistades, los negocios (y los probados casos de corrupción) que han conectado a la enseñanza concertada y al Partido Popular en el pasado".

Destacan que el interés del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la educación especial es en realidad "el deseo de promover conciertos" en esta enseñanza. Si realmente les preocupara la educación inclusiva, aumentarían la inversión destinada a esta educación, en la que la Comunidad es deficitaria desde hace años", ha censurado.

Además, ha sostenido que esta Ley "vulnera el derecho a la educación inclusiva" y ha criticado que pretende hablar sobre el "derecho al castellano", que al parecer está "gravemente amenazado" en Madrid.

"Lo cierto es que esta parte de la Ley Maestra abre la puerta a que las familias denuncien el bilingüismo fallido y elitista que ha convertido el Inglés en lengua vehicular", han sostenido desde el sindicato y han defendido que quizá esta sea la única parte "salvable" de la Ley Maestra si supone el "cese inmediato" del programa bilingüe en la región.

El director general de Imserso del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Luis Barriga Martín, que ha participado en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga este jueves, ha afirmado que España "va a necesitar hasta 2040 unos 290.000 profesionales más en el sector de los cuidados" y ha abogado por "prestigiar" ese entorno laboral para hacerlo "más atractivo".

En este sentido, ha reconocido que la mejora de las condiciones laborales debe estar incorporada en el Plan de Choque a la Dependencia, que recoge medidas concretas a ejecutar a corto plazo con las comunidades autónomas. "Si la financiación va destinada a proveedores, algunos de ellos privados, una parte de esas cuantías deben destinarse a mejoras salariales, además hay que atajar los problemas de temporalidad y de parcialidad en los contratos", ha sentenciado.

Barriga considera que ha habido una reactivación a la atención de la dependencia, tras el freno que supusieron los recortes desde 2012. Y para contrarrestar esta situación, ha explicado que este año la asignación se ha incrementado en 600 millones de euros, por lo que se ha pasado de 1.400 a 2.000 millones por parte de la Administración General del Estado. Con el compromiso de que en los próximos dos años haya otro aumento de 600 millones más en cada ejercicio sólo en la inversión estatal", ha confirmado.

Respecto a las acciones de mejora, ha destacado la decisión de que las listas de espera, tanto en el proceso de valoración como en la percepción de servicios a la ciudadanía, deben acortarse. Sobre este punto, ha considerado que "no podemos tener a cientos de miles de personas dependientes y a sus familias haciendo de cuidadores informales, es una situación que no nos podemos seguir permitiendo".

No obstante, ha reconocido que no se va a solucionar en seis meses o un año, ya que es mucho lo acumulado. "La dirección está clarísima y las comunidades están siendo muy valientes y estamos ahora monitorizando qué va a ocurrir con las listas de espera", ha puntualizado.

La exministra María Luisa Carcedo, que ha participado en el Curso de Verano 'Los servicios sociales ante la crisis social', ha afirmado que no se puede desear a los conciudadanos que no acaben su vida con una muerte digna y ha reclamado a los detractores de la Ley de Eutanasia que dejen a un lado sus prejuicios y creencias personales y se coloquen en el lugar de los que sufren este proceso y que se acompañen en todas sus decisiones.

"En la eutanasia decide la persona afectada, cuando no es capaz ya de seguir sufriendo, y es realmente inhumano hacerles morir en una situación que es para ellos un auténtico calvario y algunas enfermedades producen unas torturas para poder morir", ha sentenciado.

Carcedo ha manifestado que las instituciones públicas son quienes deben garantizar la universalidad de los derechos del bienestar, que están protegidos por la Constitución; por tanto, deben asegurar que esos derechos sean efectivos. "Debemos sustraer que los servicios que necesita una persona dependan de su poder adquisitivo y se los compre según su capacidad económica", ha indicado.

En relación con la pandemia, la exministra ha explicado que el virus no sólo atacó al ser biológico sino también al ser social, "a nuestra forma de convivir"; y los servicios sociales, singularmente los municipales, han jugado un papel "imprescindible para que las personas no quedaran aisladas y no les faltaran los suministros o atenciones básicas".

Asimismo, ha destacado entre las medidas sociales aprobadas por el Gobierno el ingreso mínimo vital, "una nueva dimensión del estado de bienestar, la última red de protección social y que se está construyendo en un momento complicado y difícil, pero avanza de forma progresiva y va dirigida a la población más vulnerable".

Por otro lado, ha hecho mención a la Ley de la Protección de la Infancia frente a la violencia, sobre la que ha comentado que se trata de una realidad "que debemos ser capaces de aflorar y poner en la agenda pública, en el conocimiento y en la preocupación de la ciudadanía porque solamente entre el diez y el 15 por ciento de los casos que están sucediendo se denuncian o se conocen".

"Hay una espesa capa de silencio cómplice de la ciudadanía para que esta realidad siga oculta, porque quien agrede a los niños generalmente es su entorno", ha señalado.

RONDA

En la tercera jornada de la oferta estival de la UMA en Ronda ha tenido lugar la inauguración del curso 'Reto demográfico y despoblación. Nuevas oportunidades en la sociedad digital', en el que ha participado Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha apuntado la "bajísima fecundidad" que no rejuvenece la población como síntoma que evidencia la despoblación.

"Al menos durante los próximos 30 o 40 años, en este país, aunque nos fueran bien las cosas, moriría mucha más gente de la que nace", ha dicho, aunque no ha mostrado preocupación por las cifras absolutas, sino por la "capacidad de producir nacimientos" que no está a "la altura de nuestros deseos" ya que las personas jóvenes no reúnen "las condiciones necesarias para ser padres".

A pesar de que el término "despoblación" ya estaba presente en el ámbito académico, ha explicado, "está entrando fuerte en la agenda política de la sociedad española, lanzando todo tipo de iniciativas", sobre todo desde la creación de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. Para el catedrático hay pueblos que han conseguido volver a crecer gracias al turismo o la agricultura, pero son "una minoría" porque hay muchos otros que no tienen los mismos activos.

"La política puede ayudar, pero al final la iniciativa popular o privada hace que los pueblos se revitalicen", ha especificado para que este impulso social continúe siendo rentable en el futuro. En este contexto, ha destacado como ejemplo a las políticas de empleo agrícola en Andalucía, "una de las comunidades menos afectadas por la despoblación".

A pesar de ello, Esteve ha indicado que la despoblación es "totalmente irreversible" en algunas zonas del país porque los periodos necesarios "son muy largos" para una recuperación demográfica; "incluso con una fecundidad alta podría llevar setenta u ochenta años".

En este sentido ha dicho que "deberían replicarse los flujos inmigratorios en el orden de magnitud de la llegada de personas inmigrantes de la primera década del siglo XXI" y que por "cada mil habitantes deberían llegar quince nuevas personas cada año. "Hay un margen de renovación pequeñito y no aprovecharlo sería sintomático de que no vamos por buen camino", ha aclarado.

Ronda también ha acogido una clase magistral a cargo de la escritora de ensayos de historia y maestra, Elvira Roca, sobre la construcción de la 'España exótica" y sus consecuencias'. "No solemos repasar las consecuencias que tiene el exotismo, que se vende bien turísticamente, pero por el que también se paga un precio", ha afirmado.

En su ponencia ha tratado la construcción de esta "idea exótica" durante el Romanticismo, que sobrevivió en siglos posteriores, y del "mito rondeño" que no es separable del fabricado en la industria turística andaluza.

Roca ha sostenido que España "autofabricó" gran parte de ese exotismo, asumido para "obtener visibilidad", satisfacer a los viajeros y "bajo una inocencia" de conseguir una diferenciación que contraste con el resto de Europa. En consecuencia, según la autora, acabaron convirtiéndose en los "elementos típicos" cuando "en realidad son puro fake" y no tienen "nada de auténtico".

En este sentido, le parece "muy grave" la aceptación social y el estilo exótico de convivir en occidente y ha recordado la campaña 'Spain is different', el eslogan utilizado durante el franquismo, con Manuel Fraga de ministro de Turismo, para "atraer a un occidental que ya estaba convencido de que España era exótica".

El 80 por ciento de los contagiados en las islas Canarias durante la última semana tiene menos de 45 años, según ha informado este jueves la Consejería de Sanidad, que añade que los grupos etarios que presentan actualmente la mayor incidencia acumulada (IA) a siete días son los de 15 a 29 años.

En concreto, desde el 30 de junio ambos grupos de edad --de 15 a 19 y los de 20 a 29 años-- han superado los umbrales de riesgo muy alto, situados a día de hoy en 306 y 234,8 casos por 100.000 habitantes, si bien en los últimos cuatro días también del grupo de 30 a 39 años ha avanzado hacia el riesgo muy alto.

Aquí, Sanidad ha resaltado que esto implica además que cuatro de cada cinco contagiados por COVID-19 en los últimos siete días son menores de 45 años.

Por islas, la incidencia acumulada registrada en estos grupos es especialmente alta en Tenerife, donde el grupo de 20 a 29 años se sitúa en 347,45 casos por 100.000 habitantes; una realidad que sucede también en Fuerteventura con 270,43 casos por 100.000 habitantes en ese rango de edad y en Gran Canaria con 155,77 casos por 100.000 habitantes.

Lanzarote presenta desde hace dos días riesgo alto en este grupo etario con 80,83 casos por 100.000 habitantes, mientras que el Hierro registra un riesgo muy alto pero ha de tener otro tipo de consideraciones por su reducida población y porque su incidencia se ha incrementado por un brote que está acotado.

En cuanto a la incidencia en el resto de grupos etarios, es destacable la situación de Tenerife en el que todos los grupos hasta los 49 años están en riesgo muy alto, mientras que Gran Canaria tiene en riesgo alto al grupo de 10 a 19 y al de 30 a 39 años y en Fuerteventura en muy alto al grupo de 10 a 19 años.

VARIANTE DELTA

Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública informa que la variante Delta se ha incrementado sensiblemente en la última semana en ambas islas capitalinas, situándose actualmente en Tenerife en el 23,2 por ciento y en Gran Canaria en el 41 por ciento, con datos aún por validar.

Al respecto, hay indicios de que esta variante es más contagiosa y que la infección por Delta puede ser ligeramente más grave, pero no está teniendo una evasión inmunitaria --no hay reinfecciones y no afecta a los vacunados--.

El profesor y sacerdote de la Orden de Frailes Menores (OFM) Franciscanos condenado a 20 años de prisión, en sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de diciembre pasado ahora confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por abusar sexualmente de forma continuada de cuatro alumnas menores de edad a las que impartía clases de Religión en 3º y 4º de Primaria en un colegio de Córdoba, ha tomado la "decisión personal de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), al que todo ciudadano tiene derecho".

Así lo ha dado a conocer este jueves en su web, la Provincia de la Inmaculada Concepción de la citada OFM Franciscanos, la cual, una vez publicado el fallo del TSJA, ante el que la citada orden había recurrido la sentencia condenatoria de la Audiencia cordobesa, ha señalado que "el hermano encausado", un "religioso franciscano que trabajaba hace siete años en la parroquia aneja al Colegio Santa María de Guadalupe de Córdoba", ha tenido, "de continuo, el seguimiento, consejo y discernimiento adecuado, así como la asistencia letrada y las prestaciones de la entidad, como habría tenido cualquier miembro de una familia".

En este sentido, ahora tiene "también el respeto que merece su decisión personal de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al que todo ciudadano tiene derecho", añadiendo la orden que les "duele hondamente la confusión y el dolor que los hechos juzgados han generado en la ciudadanía, lo mismo que en la comunidad educativa y en los hermanos de la esta institución".

PIDEN PERDÓN

En cualquier caso, en la orden siguen "a disposición de las víctimas y sus familiares, a quienes pedimos perdón; lamentamos, sin paliativos, el daño que los hechos hayan causado y reiteramos, una vez más, nuestra firme voluntad de trabajar a favor de la protección de menores".

Su objetivo es seguir "previniendo y denunciando cualquier abuso sexual, de autoridad o de cualquier otra conducta punible, ejercidos o no por el personal de nuestros centros escolares y parroquias, sea sacerdote, religioso o seglar, como obliga y sanciona nuestro protocolo de prevencioón y actuación contra estos abusos y el derecho propio".

SENTENCIA DEL TSJA

Por lo que se refiere al fallo de la Sección de Apelación Penal del TSJA, ahora recurrido ante el TS, ha cofirmado integramente la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba que condenó al religioso como autor de cuatro delitos continuados de abuso sexual sobre personas menores de 13 años con prevalimiento de su condición de profesor de las víctimas y le impuso, por cada delito, cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores.

Asimismo, la Audiencia de Córdoba condenó al profesor a indemnizar con un total de 16.000 euros a las cuatro víctimas, mientras que lo absolvió de un delito de abuso sexual puntual sobre una de sus alumnas y de otro delito de abuso sexual continuado sobre otra menor, dado que, según la Audiencia, en estos dos casos "no ha quedado acreditado tras la prueba practicada que realizara sobre ellas tocamientos de significación sexual".

La Audiencia consideró probado que el acusado impartió clases desde el comienzo del curso 2012/2013 como profesor en un colegio de Córdoba y, al menos hasta 2014, fue párroco de una parroquia, señalando que, cuando las menores afectadas estaban cursando tercero y cuarto de Primaria, el investigado las "sometió a tocamientos" en el interior del aula.

Además, la Audiencia relata en la sentencia, confirmada por el TSJA y ahora recurrida ante el TS, que en el curso escolar 2014/2015 y cuando una de las víctimas asistía a un campamento organizado por el propio colegio en el mismo centro escolar, el acusado, que en esas fechas ya no les daba clase, pero era párroco de una parroquia, le pidió tanto a ésta menor como a otra compañera que "fueran con él a su despacho con la excusa de recoger chucherías para los niños".

Una vez allí, supuestamente abusó sexualmente de una de ellas, unos hechos que la joven puso en conocimiento de sus padres, quienes a su vez remitieron una carta al director del colegio, fechada el 2 de diciembre de 2014, tras lo que el procesado fue trasladado a otra población.

Al cabo del tiempo, y cuando iban a organizar una fiesta en el colegio ya en el año 2019 con ocasión de la graduación de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), "se comentó la posibilidad" de invitar a la misma al condenado, ante lo cual ésta última menor "revivió con ansiedad lo ocurrido" y, ya el 30 de mayo, reveló lo acontecido a unos agentes de la Policía Local, dando lugar a las investigaciones que iniciaron este procedimiento.

Un 50 por ciento de los españoles consideran que la independencia del sistema judicial es mala o muy mala, algo que atribuyen a las presiones políticas y económicas, siendo España uno de los Estados miembros de la Unión Europea con peor percepción de su justicia.

Según muestra el barómetro anual europeo, entre los ciudadanos de la UE solo croatas, eslovacos, polacos, búlgaros e italianos confían menos en la independencia judicial que los españoles. En el polo opuesto se encuentran Austria, Finlandia y Alemania donde más de un 80 por ciento de sus ciudadanos creen en la independencia de sus jueces y tribunales.

A esto se suma que cada vez menos españoles, un 38 por ciento, valoran positivamente la independencia del sistema, un retroceso de seis puntos con respecto al año anterior.

En términos generales, un 54 por ciento de los ciudadanos de la UE consideran la independencia del sistema de justicia en su país como buena o bastante buena, mientras que un 35 por ciento la percibe como mala o muy mala.

LOS ESPAÑOLES APUNTAN A PRESIONES POLÍTICA Y ECONÓMICAS

Los españoles con una percepción negativa apuntan a las presiones políticas, un 79 por ciento, y a intereses económicos, 75 por ciento, mientras que no atribuyen tanto la falta de independencia a los propios jueces, 57 por ciento, algo que en general sí achacan los ciudadanos de la UE, 63 por ciento.

Con respecto a los parámetros de eficacia y rapidez de la Justicia, España se encuentra a la cola de la UE en número de jueces por cada 100.000 habitantes con solo 11,5, un ratio muy inferior al del bloque, mientras que en lentitud de la justicia también está entre los peores con 274 días de media para resolver litigios civiles, comerciales y administrativos.

En la presentación de la encuesta, que acompaña al indicador de la Justicia en la UE, el comisario del ramo, Didier Reynders, ha señalado que la tendencia sobre percepción ciudadana se mantiene estable, aunque en aquellos Estados miembros en los que ya había una percepción negativa sigue habiéndola e incluso se ha deteriorado más.

Entre los retos de futuro, el comisario belga ha puesto la digitalización como uno de los elementos a mejorar, resaltando que durante la pandemia de coronavirus casi todos los países de la UE implementaron sistema de videoconferencia y los funcionarios de justicia pudieron trabajar en remoto.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, valorado positivamente que Reino Unido haya decidido que, a partir del 19 de julio, los más de 30 millones de británicos que han recibido la doble pauta de la vacuna no tengan que hacer cuarentena al regresar de destinos que se encuentran en la lista ámbar, como es el caso del archipiélago.

Esta decisión, ha matizado, supondrá un impulso a las reservas de viajes hacia las islas pero, "siempre y cuando, éstas permanezcan en la lista ámbar y no pasen a la roja en la próxima revisión del semáforo Covid" que realiza de forma periódica el Gobierno de Boris Johnson.

En concreto, esta revisión está prevista para la próxima semana y el Global Travel Task Force define en su protocolo para evaluar destinos de viaje la incidencia acumulada, el avance de la vacunación, la capacidad asistencial, la presencia de nuevas variantes, la capacidad para detectar variantes, el número de pruebas realizadas y el índice de positividad, según ha informado la Consejería canaria de Turismo en nota de prensa.

Por ello, Castilla ha subrayado la necesidad de mantener "todos los parámetros bajo control en las islas para no dar al traste "con esta incipiente apertura.

CONVENCIDA DE QUE LOS BRITÁNICOS REGRESARÁN

La consejera canaria de Turismo también se ha mostrado convencida de que los británicos regresarán a las islas si no deben guardar cuarentena a su regreso, apuntando que Canarias acaparó en el año 2019 un 7 por ciento de las vacaciones de los británicos.

De todos modos, ha puntualizó que aún seguirá siendo necesario la realización de, al menos, dos pruebas PCR para los vacunados que viajen a destinos en ámbar, lo que ha admitido "supone un sobre coste económico adicional muy desincentivador, sobre todo en temporada de verano, cuando el tamaño del grupo es más grande por el predominio del turismo familiar".

Por ello, ha señalado que aunque se trata de una "gran noticia" para el sector que puede "derivar en un incremento de las reservas de viajes hacia Canarias", ha apuntado que "ante todo debe primar la prudencia porque la pandemia sigue presente" y se debe seguir "trabajando para mantener la reputación de las islas como un destino seguro".

"NO SE DEBEN DAR PASOS ATRÁS" EN LA ARMONIZACIÓN DE MEDIDAS

Por otro lado, Castilla se ha referido a la recomendación hecha por Francia en la que se desaconsejan los viajes a España y Portugal, apuntando que la situación de la pandemia "es distinta ahora" a épocas anteriores "en las que no existía o no estaba tan generalizada la vacunación", por lo que entiende que "no se deben dar pasos atrás en los avances ya conseguidos en cuanto a la armonización de medidas en Europa de cara a la movilidad de las personas para reactivar la actividad turística y la economía en condiciones de seguridad" como por ejemplo, dijo, el certificado Covid digital de la UE.

"Este certificado fue una decisión de los estados miembros para poder viajar con libertad entre países dado que demuestra que el titular ha recibido la pauta completa de la vacuna, ha pasado la enfermedad o aporta una prueba PCR negativa, por lo que no creo que sea una buena medida establecer nuevas restricciones, vetos o recomendaciones que estigmaticen a un país en el seno de la UE", apostilló.

De todos modos, ha admitido que es "ciertamente muy preocupante" la incidencia que se está registrando no sólo en Canarias, sino también en España y otros países de la Unión Europea, por lo que hizo un llamamiento a extremar las precauciones y no bajar la guardia.

Añadió que actualmente se tienen "más mecanismos para minimizar riesgos y se puede hacer compatible cierta" actividad económica con los actuales niveles de incidencia, sobre todo, en el segmento de población vacunada.

En relación con ello, ha recordado que Canarias es la única comunidad que cuenta con un decreto en el que se establecen unas condiciones preliminares estrictas para acceder a los alojamientos turísticos regulados en condiciones de seguridad mediante la certificación de que se ha sido vacunado o se cuenta con una prueba negativa de diagnóstico de Covid.

Al respecto, ha explicado que a través de la empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias se está dirigiendo a los principales operadores turísticos europeos un comunicado para matizar las informaciones en las que se estigmatiza a España por su alta incidencia epidemiológica para que lo puedan hacer llegar a sus clientes y "cuenten con datos completos de la realidad canaria y que no retrocedan en su decisión de viajar a las islas".

Así, Turismo de Canarias recuerda que el Gobierno regional mantiene un "estricto protocolo" de seguimiento de la incidencia del Covid-19 en las ocho islas desde el inicio de la pandemia con el que se permite activar quirúrgicamente medidas de control en cada municipio para determinar desde el número máximo de personas que pueden reunirse en espacios públicos y privados hasta el control de horarios de restaurantes y otros servicios.

La incidencia acumulada en Canarias ha aumentado "ligeramente", situándose por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, si bien defiende que el archipiélago se ha mantenido durante toda la pandemia en torno a los 50 casos "gracias a la estricta aplicación de las máximas medidas de seguridad y control".

CONTROL EN LA LLEGADA

Castilla también ha resaltado que la situación geográfica de las islas ha resultado "esencial", ya que en todo momento se ha podido controlar la llegada de turistas en sus aeropuertos.

En este sentido, desde Turismo de Canarias se ha recordado a los turoperadores que el archipiélago cuenta con "estrictas condiciones" previas para acceder a alojamientos turísticos regulados, tales como la obligación de presentar una prueba negativa de Covid en las 72 horas previas a la llegada a las islas o un documento oficial que indique que han sido completamente vacunados dentro de los ocho meses anteriores a su viaje o que han recibido al menos una dosis de la vacuna en los últimos cuatro meses y al menos 15 días antes del viaje.

En cuanto al proceso de vacunación en Canarias, destaca el "buen ritmo" que lleva, ya que actualmente el 40 por ciento de la población tiene las dos dosis suministradas y el 60 por ciento cuenta al menos con una dosis.

Respecto a la cobertura sanitaria, además de contar con una sanidad pública que cumple con los estándares europeos, Canarias firmó el año pasado un acuerdo con la aseguradora AXA para reforzar la seguridad durante la pandemia, ofreciendo un seguro destinado a los turistas que no supieran que estaban infectados por Covid-19 cuando se embarcaron en su viaje o a aquellos que se hayan contagiado durante su estancia en las islas.

En este caso, la póliza incluye gastos médicos, repatriación y una extensión de la estancia en Canarias para que los visitantes puedan completar el periodo de cuarentena de 15 días.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este jueves el nivel de seguridad en España en una visita a las instalaciones de la Comisaría General de Policía Judicial, que logró en 2020 la desarticulación total o parcial de 224 grupos organizados y la detención o imputación de casi 2.600 personas.

Grande-Marlaska ha ensalzado la labor del comisario principal Rafael Pérez --que sustituyó en septiembre de 2020 a Eloy Quirós-- al frente de 986 agentes de Policía Judicial, "centro de élite en la investigación del crimen organizado". "La tecnología, la formación y vuestra dedicación están haciendo posible un país cada día más seguro para nuestros ciudadanos", ha señalado.

Según Interior, el titular de la cartera ha puesto en valor las cifras de actuaciones durante 2020, un año marcado por la pandemia de Covid-19 pero que "no ha impedido continuar con una labor incansable y eficaz que ha dado un año más importantes resultados operativos".

CIBERDELINCUENCIA, FUGITIVOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En el ámbito de la ciberdelincuencia, el pasado año también llevaron a cabo 4.500 investigaciones, de las cuales el 61% obtuvieron resultados y culminaron con la detención de 1.732 personas. Entre 2018 y 2021, la Comisaría General de Policía Judicial detuvo a 1.503 los fugitivos y los detenidos por violencia de género, doméstica o sexual superaron los 166.000.

El ministro, acompañado del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, así como otros mandos policiales, ha visitado este jueves la sede de esta comisaría general a la que le corresponde principalmente la investigación y persecución de las actividades delictivas.

Grande-Marlaska ha recorrido las instalaciones de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado y de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, así como las oficinas de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, entre otras.

OPERACIONES MÁS RECIENTES

El Ministerio del Interior ha destacado algunas de las operaciones recientes de la Comisaría General de Policial, como la desarrollada en abril contra una de las mayores organizaciones dedicada al tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, a través del transporte de hachís en 'narcolanchas' desde Marruecos hasta nuestras costas o la incautación de un pesquero en alta mar, al este de Canarias, con 15 toneladas de hachís a bordo.

A primeros de año, la Policía Nacional destapó una estafa de más de siete millones de euros en monedas virtuales en la que se detuvo a cuatro personas que, a través de una sociedad inexistente, gestionaban inversiones de bitcoin. En mayo, otra operación descubrió un fraude intracomunitario de IVA en el sector de la informática de más de 26 millones de euros realizado entre 2017 y 2020.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 284 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas, aunque no se ha registrado ninguna muerte a causa de la COVID-19.

Por provincias, Toledo ha registrado 123 casos, Ciudad Real 49, Albacete 42, Cuenca 38 y Ciudad Real 32, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 197.864. Por provincias, Toledo registra 73.312 casos, Ciudad Real 47.866, Albacete 29.744, Guadalajara 27.081 y Cuenca 19.861.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 42. Por provincias, Toledo tiene 19 de estos pacientes (15 en el Hospital de Toledo y 4 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 10 (3 en el Hospital de Ciudad Real, 2 en el Hospital Mancha Centro, 2 en el Hospital de Valdepeñas, 1 en el Hospital de Puertollano, 1 en el Hospital de Tomelloso y 1 en el Hospital de Manzanares), Guadalajara 8 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 4 (2 en el Hospital de Albacete, 1 en el Hospital de Hellín y 1 en el Hospital de Almansa) y Cuenca 1 (ingresado en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 15. Por provincias, Toledo tiene 6 de estos pacientes, Albacete 3, Guadalajara 3, Ciudad Real 2 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.071. Por provincias, Toledo registra 2.285 fallecidos, Ciudad Real 1.731, Albacete 886, Guadalajara 628 y Cuenca 541.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Ocho centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los ocho centros, cinco están en la provincia de Toledo, dos en Ciudad Real y uno en Albacete. Los residentes con caso confirmado son 18.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.050.

Más de cinco millones de muertes adicionales al año pueden atribuirse a las temperaturas anormales de frío y calor, según un estudio internacional pionero en el mundo dirigido por la Universidad de Monash (Australia).

El estudio, publicado en la revista científica 'The Lancet Planetary Health', descubrió que las muertes relacionadas con las temperaturas cálidas aumentaron en todas las regiones entre 2000 y 2019, lo que indica que el calentamiento global debido al cambio climático empeorará esta cifra de mortalidad en el futuro.

El equipo internacional de investigación analizó los datos de mortalidad y temperatura en todo el mundo desde 2000 hasta 2019, un periodo en el que las temperaturas globales aumentaron 0,26C por década.

El estudio, el primero en vincular definitivamente las temperaturas por encima y por debajo de las óptimas (correspondientes a las temperaturas mínimas de mortalidad) con los aumentos anuales de mortalidad, descubrió que el 9,43 por ciento de las muertes mundiales podían atribuirse a las temperaturas frías y cálidas. Esto equivale a un exceso de 74 muertes por cada 100.000 personas, y la mayoría de las muertes se deben a la exposición al frío.

Los datos revelan diferencias geográficas en el impacto de las temperaturas no óptimas en la mortalidad, siendo Europa del Este y el África subsahariana los que presentan las mayores tasas de exceso de mortalidad relacionadas con el frío y el calor.

Es importante destacar que las muertes relacionadas con el frío disminuyeron un 0,51 por ciento entre 2000 y 2019, mientras que las relacionadas con el calor aumentaron un 0,21 por ciento, lo que supuso una reducción de la mortalidad neta debida a las temperaturas frías y cálidas.

El mayor descenso de la mortalidad neta se produjo en el sudeste asiático, mientras que hubo un aumento temporal en el sur de Asia y en Europa.

El profesor Yuming Guo, de la Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash, señala que esto demuestra que el calentamiento global puede "reducir ligeramente el número de muertes relacionadas con la temperatura, en gran parte debido a la disminución de la mortalidad relacionada con el frío, sin embargo, a largo plazo se espera que el cambio climático aumente la carga de mortalidad porque la mortalidad relacionada con el calor seguiría aumentando".

Los datos de mortalidad de este innovador estudio son significativamente más altos que los del segundo estudio más grande publicado en 2015, que se basó en 74 millones de muertes en 13 países/regiones y estimó que el 7,7 po ciento de las muertes estaban relacionadas con las temperaturas frías y calientes.

De las muertes mundiales atribuidas al frío y el calor anormales, el estudio descubrió que más de la mitad se produjeron en Asia, sobre todo en el este y el sur del continente; Europa tiene la mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 personas debido a la exposición al calor; y en el África subsahariana se registraron las mayores tasas de mortalidad por cada 100.000 personas debido a la exposición al frío.

El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde este jueves, con los votos a favor de todos los grupos --PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Vox-- salvo Unidas Podemos por Andalucía, que se ha abstenido, a la proposición de ley planteada por el Grupo Socialista y a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil.

La proposición ha incorporado una enmienda 'in voce' que ha contado con el respaldo de todos los grupos y la abstención de los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía. Tras su aprobación, el Parlamento designará para su tramitación ante el Congreso de los Diputados a tres ponentes para cuya selección los grupos tendrán hasta las 14,00 horas del próximo martes, 13 de julio, de plazo, según ha anunciado la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet.

La proposición de ley consta de un artículo único de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; en concreto, de su artículo 15, así como de una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En virtud de esta iniciativa, se plantea que el artículo 15 de la citada ley establezca que "las Administraciones públicas garantizarán una oferta suficiente de plazas para responder a la demanda en el primer ciclo de educación infantil, promoviendo para ello un incremento progresivo de la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos en el primer ciclo".

"Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones públicas y entidades privadas", añade el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación según la redacción planteada por esta iniciativa del Parlamento andaluz.

De igual modo, la proposición aprobada en el Parlamento andaluz acuerda que la ley estatal de educación establezca que "el primer y segundo ciclo de educación infantil serán gratuitos", así como que disponga que, "a fin de atender las demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán y financiarán una oferta suficiente de plazas, incluido el comedor escolar, y el total de plazas autorizadas, tanto en centros públicos como privados, y en el segundo ciclo las Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su programación educativa".

"Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos, si bien el primer ciclo sólo podrá ofrecerse en centros exclusivos de educación infantil, que deberán además abarcar dicho primer ciclo completo", abunda también el texto que plantea la proposición de ley a tramitar ante el Congreso, que igualmente plantea que "estos centros deberán incluir en su proyecto educativo la propuesta pedagógica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 14 y deberán contar con el personal cualificado en los términos recogidos en el artículo 92".

La proposición de ley planteada por el Grupo Socialista también contempla una disposición adicional única según la cual "el Estado transferirá a las comunidades autónomas el crédito suficiente para garantizar la gratuidad del servicio de atención socioeducativa, incluido el comedor escolar, de los niños y niñas matriculados en el primer ciclo de la educación infantil, tanto en centros públicos como en privados".

También, una disposición final primera, por la que "se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la presente ley".

IMPORTANCIA DEL PRIMER CICLO DE INFANTIL

En representación del grupo proponente, la parlamentaria del PSOE-A Beatriz Rubiño ha defendido la importancia "fundamental" del primer ciclo de Educación Intantil, destinado a la atención social y educativa de los niños menores de tres años, "base e inicio de todo el proceso educativo".

Ha subrayado además que este ciclo educativo constituye "un elemento básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña socialmente desfavorecido, potenciando la igualdad de oportunidades educativas y la socialización, del mismo modo que se erige en factor esencial en la prevención de las dificultades de aprendizaje y del fracaso escolar".

Desde el Grupo Socialista han defendido que la escolarización de la primera infancia, además de aportar beneficios en cuanto a la atención y formación para los menores, constituye "una medida de gran relevancia para el conjunto de la sociedad", ya que la escolarización a una edad temprana "estimula las habilidades cognitivas de los niños y niñas y favorece el rendimiento escolar posterior".

Actualmente, según advierte la exposición de motivos de esta iniciativa, en España existe una "enorme brecha" entre la oferta de plazas públicas y privadas en centros de educación infantil y el volumen real y potencial de niños escolarizados.

Añade que La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, "reconoce los aspectos positivos de la educación infantil y la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso al sistema educativo, sin que la implantación del ciclo de esta etapa haya tenido el impacto deseado en la escolarización de los niños y niñas de esta edad, lo que implica importantes desigualdades en cuanto al acceso, condicionado por la situación socioeconómica de las familias", de ahí que, "para compensar las citadas desigualdades en cuanto al acceso al primer ciclo de educación infantil, se estima procedente modificar el artículo 15" de la citada ley estatal, "en el sentido de que posibilite la gratuidad a los niños y niñas que se matriculen en el mismo".

Los forenses consideran "creíble" el relato de los menores que acusan de abusos sexuales a un cura de los Salesianos juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra por hechos supuestamente sucedidos en un campamento de verano.

En la tercera sesión del juicio contra Segundo C.V., el sacerdote del colegio Salesianos de Vigo acusado de abusar sexualmente de varios menores de 16 años la Fiscalía ha modificado la acusación en uno de los casos de abuso eliminando la consideración de "continuado" y ha retirado los cargos respecto a uno de los menores con lo que la petición de condenas se refiere a cinco chicos.

Durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Pontevedra, este jueves la defensa del sacerdote llamó a declarar a numerosos jóvenes, aunque la mayoría de ellos no había participado en el campamento de verano organizado por el colegio María Auxiliadora de la congregación de los Salesianos, a través de la asociación juvenil Abertal.

Sí que habían acudido otros años como alumnos o como monitores pero nada pudieron aportar en relación a los hechos que se juzgan. Su declaración se limitó a reiterar que la relación del procesado con todos ellos era "cordial" y "estrecha".

Tres de los testigos de la defensa que sí participaron en el campamento del verano de 2019 aclararon que ellos no eran amigos de las víctimas y que estaban en otra habitación distinta. Uno de ellos explicó ante el tribunal que "recuerdo que un día unos chicos estaban muy mal, llorando, y que juntaron las camas" aunque en aquel momento no sabía lo que había sucedido.

Los letrados de la defensa también citaron a dos curas salesianos pero que no fueron a ese campamento, así como a padres de otros alumnos y familiares del acusado que hablaron en favor de éste.

"RELACIÓN DE CONFIANZA"

También comparecieron ante la sala por videoconferencia los peritos psicólogos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que evaluaron a las víctimas y que destacaron que su testimonio es "creíble" y que en él no detectaron "ninguna motivación espúrea, al contrario tenían una relación de confianza con la persona investigada".

Como consecuencia de estos hechos, los psicólogos apreciaron que algunos de los jóvenes sufrieron de trastorno de estrés postraumático o sintomatología de trastorno psicológico adaptativo de grado menos grave, con problemas de sueño (pesadillas), pensamientos recurrentes, recuerdos angustiosos, involuntarios e intrusivos del suceso, bajo rendimiento escolar, síntomas depresivos, sentimiento de estigmatización y desconfianza, alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso.

A ello sumaron comportamiento irritable y arrebatos de furia, hipervigilancia, problemas de concentración, por lo que algunos de ellos precisaron terapia psicológica a fin de poder entender, integrar y resolver la situación que sufrieron para que no le afectase a su desarrollo.

En sus conclusiones han destacado que "son indicadores propios de haber vivido una experiencia traumática en todos los casos". También negaron que el relato de los menores sea fruto de una "sugestión" como planteó la defensa del acusado. En el mismo sentido se manifestó una psicóloga que trató a los menores. En el caso de dos de los chicos se aportó un "test de credibilidad", una prueba que no se practicó con el resto de niños "para evitarles una victimización secundaria".

La defensa aportó la pericial de un psicólogo que evaluó al sacerdote, un informe de parte que se incorporó este martes a la causa y que sostiene que el cura "no tiene el perfil propio de un abusador". Los letrados de la acusación señalaron que este informe estaba incompleto algo que reconoció su autor.

El próximo lunes a las 11,30 horas la Sección Cuarta de la Audiencia acogerá la lectura de los informes de las partes, con lo que el juicio quedará previsiblemente visto para sentencia.

El cambio climático aumentará la mortalidad atribuible a las temperaturas en Europa si no se aplican medidas severas de mitigación, según ha avisado un nuevo trabajo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación 'La Caixa'.

Según esta investigación, publicada en The Lancet Planetary Health , el descenso en las muertes atribuibles a las temperaturas bajas no compensará el incremento cada vez mayor previsto en la mortalidad asociada al calor .

Tras analizar los datos de mortalidad y de temperatura registrados entre 1998 y 2012 en 16 países europeos, el equipo científico concluyó que más de un siete por ciento del total de las muertes registradas en este periodo son atribuibles a la temperatura. Las temperaturas frías tuvieron un impacto sobre la mortalidad hasta diez veces superior al de las cálidas.

Sin embargo, las proyecciones realizadas mediante modelos epidemiológicos indican que, en caso de no introducir medidas de mitigación efectivas de manera inmediata, la tendencia podría revertirse a mediados del presente siglo , dando lugar a un rápido aumento de la mortalidad atribuible al calor.

Usando como referencia los datos del periodo 1998-2012, el equipo combinó cuatro modelos climáticos para realizar proyecciones hasta finales del presente siglo bajo tres escenarios distintos en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Todos los modelos indican un aumento progresivo de las temperaturas y, en consecuencia, un descenso de la mortalidad atribuible al frío y un incremento de las muertes atribuibles al calor. La diferencia entre los escenarios planteados está en el ritmo al que se produce el aumento de las muertes asociadas al calor", ha explicado la investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio, Èrica Martínez.

Los datos, prosigue, apuntan a una estabilización e incluso un descenso de las cifras totales de mortalidad atribuible a las temperaturas en los próximos años, seguida de un incremento muy pronunciado, que podría producirse a partir de la mitad del siglo o hacia el final del mismo, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por su parte, el investigador Marcos Quijal, que comparte la primera autoría del estudio, ha informado de que en las últimas décadas, el calentamiento en Europa se ha producido a un ritmo más rápido que en cualquier otro continente.

"La incidencia de este fenómeno es desigual, ya que los países del Mediterráneo se muestran más vulnerables que el resto. Nuestros modelos, además, prevén un aumento desproporcionado de la mortalidad atribuible al calor en los países del arco Mediterráneo, debido a un ascenso significativo de las temperaturas en los meses de verano y a esa mayor vulnerabilidad al calor", ha dicho.

Las proyecciones indican un aumento muy notable de las muertes como consecuencia del calor extremo, hasta el punto de que, en el escenario de emisiones más altas sin adaptación, estas llegarían a sobrepasar la mortalidad atribuible al frío.

"Nuestros resultados confirman la urgencia de adoptar medidas de mitigación de carácter global , ya que si solo se adoptan en países o regiones específicas no resultarán efectivas. Además, un factor que resultará determinante y que no hemos introducido en nuestros modelos es nuestra capacidad de adaptación a los nuevos escenarios, que ya está contribuyendo a reducir nuestra vulnerabilidad frente a las temperaturas", ha zanjado el investigador de ISGlobal y último autor del estudio, Joan Ballester.

La comunidad autónoma de Extremadura continúa con su ritmo ascendente de nuevos positivos al sumar 297 nuevos casos en las últimas 24 horas.

De esta forma, la incidencia sigue subiendo y alcanza los 207,27 a los 14 días y 141,52 a siete días, frente a los 186,38 y 132,90, respectivamente, de este pasado miércoles.

En el plano positivo, una jornada más no se ha registrado ningún fallecimiento por Covid-19 en la región, y en los hospitales hay una persona menos, para un total de 20, tres de ellas en las en UCI, cifra que no varía. Asimismo, se han dado 87 altas, lo que equivale a un total de 76.615.

Además, se notifican siete brotes, dos de ellos en Badajoz, con 6 y 3 casos y 13 y 2 contactos, respectivamente, y uno en Guadiana, con 4 casos y 10 contactos; en Almendralejo, con 8 casos y 25 contactos; en Cáceres, con 3 casos y 10 contactos; en Trujillo, con 3 casos y 10 contactos; y en Valle de la Serena, con 4 casos y 24 contactos. Y se cierran dos brotes, uno de Llerena y otro de Jerez de los Caballeros.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, Badajoz notifica 109 casos positivos. Tiene 11 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 311 fallecidos y ha dado 21.532 altas; y Cáceres registra 31 casos positivos. Tiene cinco pacientes ingresados, ninguno de ellos en UCI. Acumula 470 fallecidos y ha dado 13.364 altas.

El área de Mérida registra 38 casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado por Covid-19. Acumula 237 fallecidos y ha dado 13.757 altas; mientras que Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 20 casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado. Acumula 238 víctimas mortales y ha dado 9.778 altas.

Plasencia registra 63 casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, los dos en UCI. Ha registrado un total de 199 fallecidos y ha dado 6.113 altas; y Navalmoral de la Mata notifica seis casos positivos. No tiene pacientes ingresados por covid-19, y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.607 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra nueve casos positivos. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 123 fallecidos y ha dado 6.032 altas; y Coria registra 21 casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado por covid-19. Registra un total de 82 personas fallecidas y se han dado 2.432 altas.

El agua y el trasvase Tajo-Segura han vuelto a protagonizar un enfrentamiento entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la oposición liderada por el PP. La diputada 'popular', Ana Guarinos, ha calificado de "fracaso, traición, decepción y fraude" la política en materia de agua de Emiliano García-Page, que es el presidente "más trasvasista de la historia", mientras que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que "una de las mayores traiciones que ha habido en esta tierra" en materia hídrica "la cometió María Dolores de Cospedal".

Este nuevo rifirrafe se ha producido en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que debate sobre la situación del río Tajo a petición del PSOE. Guarinos ha criticado que García-Page, cada vez que tiene un problema político, utiliza el agua como "arma arrojadiza para intentar desviar la atención", ya que "vive más cómodo en la confrontación entre personas y territorios que en la solución de los problemas que los castellanomanchegos tienen en materia de agua".

Para la parlamentaria 'popular', la aportación de los socialistas a la defensa del río Tajo se resume en 0 hectómetros cúbicos de reserva estratégica en cabecera en los embalses de Entrepeñas y Buendía; 0 m3/segundo de caudal mínimo circulante por Toledo; y 0 m3/segundo de caudal mínimo circulante por Talavera de la Reina.

Además, con el nuevo borrador de Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo "seguimos igual", ha sentenciado. Así, Guarinos ha señalado que "decepción, frustración o fraude" fueron las palabras que más se usaron en la última reunión de la Mesa Regional del Agua y son las que "mejor resumen la sensación que hay en Castilla-La Mancha entre los interesados y las que mejor definen el trabajo mal hecho desde el Gobierno de Page en materia de agua".

Mientras tanto el consejero de Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no utiliza el agua "como arma arrojadiza", no está más cómodo en la confrontación y no ha traicionado a nadie, tal y como dice el PP. "Hemos sido absolutamente coherentes desde el año 2015. No nos hemos opuesto a los trasvases para consumo humano en el Levante. Hemos mantenido la coherencia más absoluta, la que ustedes no han tenido".

Así, ha señalado que "una de las mayores traiciones que ha habido en esta tierra la cometió Cospedal". "Los 400 hectómetros cúbicos son una de las mayores indecencias que se han cometido en la política en Castilla-La Mancha", ha defendido el titular de Agua de la región.

A diferencia de la oposición, el consejero ha afirmado que él sí que está satisfecho de los avances alcanzados en materia de agua, aunque ha reconocido que son "insuficientes" y que hay tiempo para mejorar. Además, ha apuntado que los trasvases, "por mucho que el PP insista", no han sido mayores con el PSOE gobernando.

ALEGRARSE POR LO CONSEGUIDO

Dicho esto, ha pedido a PP y Ciudadanos que se alegren por lo conseguido. "La gente está esperando que ustedes se alegren porque queremos alegrarnos todos juntos de algo que hacemos todos juntos por todos nosotros. Parece que lo único que les importa es llevar la contraria", ha sostenido Francisco Martínez Arroyo.

A Ciudadanos, que previamente se había quejado de que en la última reunión de la mesa del agua el consejero "no salió bien parado", Martínez Arroyo le ha dicho que "cuando uno arriesga e incluye a todos en el foro, les da la palabra, no corta a nadie, y pretende llegar a un acuerdo, creo que merece, al menos, ese reconocimiento".

Según ha defendido, "no hay una región en España que haya puesto en marcha una mesa del agua democrática, transparente y participativa, en la que cada uno expresa sus opiniones".

Por parte de Ciudadanos ha tomado la palabra Elena Jaime, quien ha pedido impulsar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, previo diálogo con las comunidades autónomas y con los diferentes agentes económicos y sociales, que garantice los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca en el marco de una planificación nacional.

También ha solicitado que se vuelva a convocar una mesa del agua para que todos los agentes implicados hagan las alegaciones que vean convenientes al plan hidrológico. Asimismo, ha exigido que no se politice la mesa del agua, una herramienta que, a su juicio, debe servir para trabajar. "Dejen de utilizar el Tajo tanto los unos como los otros, necesitamos el agua para regar y para que nuestros ecosistemas perduren y necesitamos el agua para vivir".

"No podemos tener una visión cortoplacista y electoralista de este tema. Tengamos altura de miras, miremos al futuro de nuestros ríos, de nuestros hijos y miremos al futuro de Castilla-La Mancha", ha recalcado la diputada de la formación naranja.

AZNAR Y RAJOY, LOS MÁS TRASVASISTAS

Por parte del PSOE, el diputado Francisco Pérez Torrecilla ha indicado que el gobierno más trasvasista no es el gobierno del PSOE. "De ninguna de las maneras", ha sentenciado. Los datos "reales" --ha aseverado-- dicen que "el presidente más trasvasista es Aznar, con 589 hectómetros cúbicos trasvasados en el año 2000, y el siguiente más trasvasista es Rajoy, con un segundo récord de 487 hm3 trasvasados en el año 2014".

También ha tomado la palabra el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, quien ha lamentado que ni Guarinos ni Jaime hayan dicho cuál es su posición frente al trasvase y, sin embargo, el PSOE "siempre ha manifestado su deseo de que ese trasvase llegue un día a su fin". "Lo que no nos valen son engaños ni memorándum, que lo que hacía es retener agua en cabecera para trasvasar más", ha denunciado el dirigente socialista.

Trabajadores y empresarios del ocio han escenificado un botellón a las puertas de Les Corts para protestar contra las restricciones "desproporcionadas" del sector y la desescalada "caótica" en la que, según han afirmado, se les ha convertido en "chivo expiatorio".

El acto ha coincidido con la sesión de control de Les Corts, antes de la celebración de la mesa intertepartamental COVID donde se han aprobado las nuevas medidas contra el coronavirus, que incluyen el cierre del ocio nocturno.

Durante la protesta, convocada por la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH), el sector ha denunciado que "desde las administraciones públicas se les vuelva a señalar y a convertir en el chivo expiatorio por la falta de organización y relajación del Gobierno valenciano desde que finalizó el toque de queda el pasado 7 de junio".

Los empresarios han pedido al Consell que asuma su responsabilidad por la "caótica" planificación durante el proceso de desescalada para frenar "los desmanes que se han producido en calles, plazas y playas, con botellones multitudinarios, y en fiestas clandestinas y no cargue la culpa a los pubs y discotecas que tienen activados todos los mecanismos y protocolos para que el riesgo de contagio sea el mínimo posible", ha indicado la CEOH en un comunicado.

La patronal ha recordado que ya advirtió que "esta situación de ocio descontrolado y no reglado en la calle iba a producirse y que no se han tomado las medidas de prevención, control y seguridad necesarias que el propio sector viene reclamando".

No obstante, desde la CEOH han reprochado al Consell que "una y otra vez" haya hecho "oídos sordos" a las propuestas del sector, "resistiéndose a aplicar protocolos científicos y tecnológicos para garantizar, más todavía, la seguridad en los establecimientos reglados de ocio y de hostelería; e incluso campañas de concienciación y de prevención dirigidas a público y empresarios".

La Coordinadora ha lamentado que "hasta el momento han hecho todo lo contrario: limitarse a adoptar medidas cortoplacistas, cargando el peso de éstas contra la actividad de los locales de ocio". "Una situación que ahora está en manos del Gobierno del Botànic poder revertir, ya que frenar, de nuevo, la actividad empresarial del sector del ocio no es la solución", ha sostenido.

Más bien, ha subrayado, es una "mera cortina de humo ante su incapacidad para gestionar y atajar de raíz el descontrolado repunte de casos de contagios juveniles, manteniendo el orden en la vía pública, combatiendo el botellón y todo tipo de concentraciones multitudinarias que son un auténtico factor de riesgo para el contagio, en estos momentos, entre los más jóvenes".

COMPENSACIONES ECONÓMICAS

Los empresarios han insistido en que la desescalada "se ha hecho sin medir las graves consecuencias que todo ello supone para los cerca de 1.100 locales de ocio que han logrado sobrevivir a la crisis y que no tienen ya capacidad de resistencia para soportar nuevas restricciones".

Por eso, durante la protesta han vuelto a reclamar, con carácter inmediato, un tercer plan de ayudas económicas directas, que no deje fuera a ninguna empresa y que compensen las pérdidas económicas hasta que recuperen su actividad al 100%.

Asimismo, también han reclamado poner sobre la mesa la implantación del Certificado Digital COVID de la Unión Europea, poder utilizar la realización de test de antígenos o los carnets de vacunación, que permitiría recuperar la actividad de los locales, con total garantía sanitaria, en vez de limitarla.

La CEOH considera que "es el momento de exigir ayudas económicas para un sector que ha perdido entre 250.000 y 450.000 euros durante estos 16 meses y que apenas ha recibido ayudas, ya que estas no cubren ni el 6% de las pérdidas acumuladas". Unas ayudas económicas que "deben proteger también a los trabajadores que acaban de sacar de los ERTE y que han quedado sin ninguna cobertura".

"FALSEDADES" EN LAS AYUDAS

Por otra parte, la CEOH ha criticado "los anuncios tramposos y las falsedades" de Ximo Puig en la interdepartamental, anunciando un plan de ayudas de 4,8 millones para el ocio nocturno, "que ya fueron comunicadas hace un mes, después del ridículo que supuso que las primeras ayudas comprometidas para el sector, el pasado mes de noviembre, no alcanzaron al 100% de los establecimientos por el error de cálculo del Consell sobre el número de pymes existentes".

"Es lamentable que ahora las venda como si formaran parte de un nuevo paquete de ayudas, mintiendo clamorosamente a las pymes a las que obliga a volver a cerrar", ha censurado, antes de añadir que las cifras son "claramente ridículas e insuficientes para compensar el daño y el sacrificio impuesto a los locales de ocio".

La CEOH ha lamentado "volver a escuchar que los contagios se producen en el ocio reglado y en el irregular, criminalizando la actividad de unas empresas que llevan siendo víctimas después de 16 meses del abandono de la Generalitat".

La Coordinadora "no renuncia a ningún tipo de medida judicial ni de movilización para responder a esta nueva injusticia, sobre la que daremos puntual información a los medios de comunicación conforme se produzcan novedades".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su reacción ante el debate sobre el consumo excesivo de carne al afear que "más que al punto, el compromiso verde del Gobierno está poco hecho".

A través de Twitter, Errejón aludía así a las declaraciones realizadas por Sánchez, quien ha mostrado un claro respaldo al consumo de carne y, con ello, a la postura que defiende el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, frente a la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que recomendó reducir el consumo de carne.

"Sobre esta polémica, lo diré en términos muy personales: A mi, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Lituania, en el marco de su gira báltica, junto a la primera ministra, Ingrida Simonyte.

Tras apuntar con ironía a que, después de estas palabras del presidente, "el compromiso verde del Gobierno está poco echo", Errejón también ha deslizado también un mensaje implítico a Garzón al subrayar que "el ecologismo tiene que seducir mas que regañar".

"Necesitamos una gran transformación de nuestra forma de estar en el planeta para que la vida sea sostenible y no se puede hacer por decreto", ha defendido el diputado de Más País.

Eso sí, ha dejado claro que "el negacionismo y su humor chusco hacen perder un tiempo precioso", en relación a las reacciones que ha suscitado la campaña iniciada ayer por el titular de Consumo.

Para Errejón, la transición ecológica "sólo es posible si va acompañada de justicia social", pues de lo contrario "generará rechazo". Siendo importante, hay que poner el foco menos en el consumidor individual, con poco poder real de elección (menos cuanta menor renta) y mucho más en las regulaciones industriales", ha zanjado.

Ante las palabras de Sánchez, Garzón ha dicho que no esperaba la respuesta del presidente del Gobierno y ha asegurado que, en cualquier caso, no va a abandonar su empeño en que se reduzca el consumo de carne para "salvar miles de vidas".

Las Comunidades Autónomas han vuelto a anunciar, un día más, nuevas restricciones ante el incremento de la incidencia acumulada en España y, en este contexto, la Comunidad Valenciana ha decidido volver a cerrar el ocio nocturno, adelantar media hora el cierre de la hostelería y reducir el aforo de los espectáculos masivos, así como pedir al Tribunal Superior de Justicia un toque de queda selectivo por municipios con alta incidencia --de 1.00 a 6.00 horas-- y la limitación de las reuniones a diez personas en todos los espacios.

De este modo, la región presidida por Ximo Puig se suma a Cataluña, que también cerrará el interior del ocio nocturno, y a Cantabria, que ha decretado el cierre del ocio nocturno en varios municipios, entre ellos Santander.

En cualquier caso, el Gobierno central finalmente decidió ayer no plantear nuevas medidas, como así lo proponía la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad, y defiende que las Comunidades Autónomas aún tienen margen para seguir restringiendo sin tener que recurrir a un nuevo documento en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Así, a las 16.00 horas de este jueves 8 de julio, este es el posicionamiento de las CCAA que se han pronunciado sobre la adopción de nuevas medidas:

ANDALUCÍA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que ahora hay que ser muy prudentes para no llegar al punto de cerrar el ocio nocturno en agosto. En cualquier caso, han pedido ratificación previa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para restringir la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial en el municipio jiennense de Peal de Becerro.

ARAGÓN

Aragón volverá el viernes al nivel 2 de alerta sanitaria por lo que, en cuanto al sector de la hostelería, los aforos el interior se reducirán al 50% y el horario de cierre se establecerá en las 23.00 horas. El ocio nocturno, cuyos aforos en el interior también serán del 50%, se podrá prolongar hasta las 00.30 horas, si bien solo se podrá permitir la entrada de nuevos clientes hasta las 00.00 horas. Las mesas podrán ser de 6 personas en el interior y de 10 en el exterior y se vuelve a suprimir el servicio de barra.

BALEARES

El Ejecutivo balear aprobó una extensión de las limitaciones de aforos de bares y restaurantes de Magaluf, en Mallorca, y Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, con el objetivo de contener la pandemia de la COVID-19.

CANTABRIA

El 'semáforo Covid' situará esta semana a 36 municipios de Cantabria en nivel 2 (riesgo medio), por lo que se cerrarán en estas localidades los locales de ocio nocturno y se seguirán las restricciones de aforo para este nivel. Además, el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que haber retirado la obligatoriedad de llevar la mascarilla al aire libre es una medida que "ha sido un poco precipitada".

CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León, que había propuesto al Gobierno central aplicar un toque de queda general, ha aprobado este jueves el cierre del ocio nocturno a las 2 de la madrugada, eliminar el consumo en barra en estos locales, que tendrán un aforo de un tercio y no podrán utilizar sus pistas de bailes, además de limitar a diez la ocupación en mesa y, por otro lado, cierra las peñas.

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha descartado "a día de hoy" tomar nuevas restricciones frente al coronavirus porque la incidencia en la región está "a mucha distancia" de otras comunidades autónomas que están adoptando este tipo de decisiones.

CATALUÑA

Cataluña vuelve a cerrar el ocio de nocturno a partir de este fin de semana en espacios cerrados e impone restricciones en acontecimientos que se celebren al aire libre ante la alta propagación de las nuevas variantes del coronavirus.

EXTREMADURA

La Junta de Extremadura, que ha decidido a lo largo de esta semana cerrar perimetralmente los municipios de Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo tras el aval de la Justicia, ha señalado que adoptaría medidas más restrictivas en función de la "presencia grave de la enfermedad y de la incidencia" en la región.

EUSKADI

El Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidida por el propio Lehendakari, ha decidido añadir a las medidas actualmente en vigor, la prohibición de botellones y "no fiestas" y cerrará antes las actividades comerciales, sociales y culturales si se mantiene la actual tendencia o se produce un incremento de la presión hospitalaria. En cualquier caso, Urkullu aconseja utilizar la mascarilla en todo momento.

GALICIA

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que Galicia mantendrá abierto el ocio nocturno, pero ahora obligará a realizar test PCR, que será gratis en los covid-auto, a las personas que quieran a acudir a algún local de las ciudades con nivel alto de restricciones. El test será 48 horas antes.

La otra medida es que la Xunta pedirá a los ayuntamientos que precinten playas y parques en horario nocturno para evitar los botellones.

LA RIOJA

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado que la región continuará en el Nivel 2 del Plan de Medidas, tras la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno. Para ello, se han basado, como es habitual, en la evolución de la pandemia por COVID-19, los indicadores epidemiológicos y de situación hospitalaria.

MADRID

La Comunidad de Madrid descarta "nuevas restricciones". Eso sí, El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que el Gobierno regional prondrá en marcha este mismo miércoles una campaña de concienciacion dirigida a los más jóvenes". "El planteamiento es no tocar las medidas que hemos planteado sobre las restricciones que tomamos hace ya más de un mes", ha resaltado Escudero.

MURCIA

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que este jueves por la tarde se reunirá el Comité Covid para estudiar nuevas medidas ante el aumento de la incidencia del coronavirus y la negativa del Ministerio de Sanidad a establecer una hoja de ruta común para todo el país.

NAVARRA

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha decidido aprobar por el procedimiento de urgencia una orden foral para adelantar el cierre de las discotecas y de los bares especiales debido al incremento de casos de Covid-19 en los últimos días.

La nueva orden foral entró en vigor este miércoles, con vigencia de quince días, y supone que las discotecas y los bares especiales deben cerrar a la 1 de la madrugada. Hasta ahora, las discotecas podían cerrar a las 4 y los bares especiales a las 2.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana ha decidido volver a cerrar el ocio nocturno ante la "explosión de contagios" entre los jóvenes, adelantar media hora el cierre de la hostelería y reducir el aforo de los espectáculos masivos, así como pedir al TSJCV un toque de queda selectivo por municipios con alta incidencia --de 1 a 6 horas-- y la limitación de las reuniones a diez personas en todos los espacios.

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado con dos votos particulares fijar plazo para ejecutar la limpieza definitiva de las 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).

La sala ha decidido desestimar tras más de un mes de deliberación el recurso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción tras incorporar al procedimiento el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) que fue aprobado en 2010 y que el Consejo de Ministros desclasificó con condiciones en noviembre de 2020.

La Audiencia Nacional ha mantenido blindado en los últimos meses el contenido del plan objeto del pleito para "garantizar su confidencialidad" ya que su desclasificación se hizo "a los únicos efectos" de resolver el pleito.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de 16 de febrero de 2017, que daba respuesta a los recurrentes en relación con su petición de clausura de la instalación nuclear de Palomares.

La sala, según ha informado en un comunicado, rechaza la demanda por su "incorrecta articulación" y porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "no es el órgano competente al que debían dirigirse".

La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideran que el CSN debía haber culminado el proyecto de rehabilitación y dar un plazo razonable para ello.

EL CSN NO TIENE LABORES EJECUTIVAS NI MATERIALES

En su sentencia, la Sección Séptima explica que las funciones del CSN son de inspección, asesoramiento y sancionadoras, "pero que no tiene labores ejecutivas ni materiales que permitieran a esta Sala dictar sentencia que le obligue a llevar a cabo lo que pretende la parte recurrente".

"Las competencias ejecutivas no se residencian en el CSN sino en la Administración del Estado y en los organismos que de ella dependen", según mantiene.

La sentencia señala que la parte recurrente tiene "la obligación de señalar las pretensiones que se deduzcan, una obligación que en este caso apenas se ha cumplido, una vez que ha variado y cambiado sus pretensiones en cuatro escritos presentados".

Añade que debe darse una "oportuna armonización "entre lo que se pide, los argumentos de la demanda y lo que consta en el expediente administrativo.

Por ello, considera que aun realizando previamente un notable esfuerzo de concreción de los diversos súplicos formulados por la parte recurrente en sus diversos escritos de alegaciones, "no podría dictar nunca la sentencia condenatoria que se pretende".

"Ello pues el presente recurso no se ha dirigido contra la Administración del Estado sino contra un ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado, que tiene personalidad jurídica diferenciada y patrimonio propio e independiente de los del Estado", remarca.

El tribunal concluye que el suplico de la demanda solicita que se lleven a cabo determinadas tareas como fijar un plazo y realizar las tareas de desinfección que "no corresponden al CSN", por lo que sostiene que si se llegara a dictar la sentencia que pretende la recurrente "sería plenamente inejecutable".

VOTO PARTICULAR FAVORABLE A QUE EL CSN CULMINE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO RAZONABLE

En un voto particular, dos de los magistrados de la sala entienden que la demanda debió estimarse en parte, encomendando al CSN, en el ejercicio de su condición de organismo regulador independiente único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, "el impulso de la culminación del proyecto de rehabilitación".

Posteriormente, según añade, de los trabajos para el mantenimiento de las tierras contaminadas, "fijando a tales efectos un plazo razonable para la ejecución de estos cometidos y el cese de una situación que la población de Palomares lleva soportando más de 55 años".

Estos magistrados defienden, a diferencia de la mayoría del tribunal, que el CSN es la autoridad competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para impulsar la adopción de medidas efectivas de intervención en el área contaminada.

CONTROL DE LA COMISIÓN EUROPEA

España deberá informar a finales de este año a la Comisión Europea de los "progresos" alcanzados respecto al plan de limpieza "definitivo" por el que se debe "eliminar" el suelo contaminado para su "deposito de forma segura" en un almacenamiento "a largo plazo".

La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra "para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico" en especial en las zonas 2,3 y 6 "teniendo en cuenta la muy larga vida media" de los "contaminantes" allí presentes.

Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba "una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año".

La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado "ninguna" de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían "toda actividad paralizada" respecto a esta situación a la espera de un "acuerdo vinculante" con EEUU.

España sostiene que para "la solución final" al "problema" del área bajo vigilancia radiológica es "primordial" el acuerdo con EEUU ya que "no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza".

CONTAMINACIÓN EN 72 MUESTRAS RECOGIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2020

Mientras, el CSN ha reanudado la medición de plutonio en el área bajo vigilancia radiológica ambiental con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis que dieron como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.

Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y, hasta noviembre, se recogieron y trataron 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.

El informe preceptivo remitido a la CE por el regulador atómico español concluyó que estos 107 análisis dieron como resultado la identificación de "72 emisores alfa", si bien precisó que solo se había completado la medición de 25 para "determinar" la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.

En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, prevé la "recogida y análisis anual" de muestras de carne de conejo en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo tras caer de un bombardero estadounidense en 1966.