El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que la decisión de si concede los indultos a los presos independentistas la tomará guiándose por los valores «constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana», y no por «venganza» ni «revancha», y ha pedido «mirar al futuro».

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras el Consejo Europeo, tras señalar que en todo caso todavía hay que esperar a que el Tribunal Supremo emita su informe preceptivo, y a que el Ministerio de Justicia construya después los once expedientes de los condenados por el procés.

Eso sí, el presidente ya ha avanzado que cuando llegue el momento de tomar esa decisión, lo «más importante» para él va a ser que se respeten los valore constitucionales, entre los que no está «la revancha ni la venganza», pero «sí la concordia, el entendimiento, el diálogo, el respeto a las leyes, la Constitución y la legalidad, donde siempre se ha movido el Gobierno de España», ha afirmado.

Además, ha aprovechado para recriminar al PP su falta de apoyo ante esta cuestión, y que lo utilice de «excusa» para no renovar el Consejo General del Pode Judicial (CGPJ), a pesar de que él sí apoyo al gobierno de Mariano Rajoy cuando tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución tras el referéndum ilegal de 2017 por el que los políticos independentistas fueron condenados.

«MIRAR AL FUTURO» Y «CONSTRUIR CONVIVENCIA»

«Ojalá yo tuviera la lealtad que tuvo el PSOE con Rajoy en momentos muy desgarradores, cuando se puso en cuestión la integridad territorial», ha manifestado, al tiempo que ha puesto de manifiesto la necesidad de «mirar al futuro, aprender de los errores», y no quedar atrapados «en la revancha».

Sánchez ha vuelto a pedir mirar al futuro al ser preguntado sobre las declaraciones que realizó en octubre de 2019, defendiendo el cumplimiento «íntegro» de las sentencias de los condenados por el procés.

«Insisto, es muy importante mirar al futuro, aprender de los errores, y en la Constitución no está la revancha, está el diálogo, la vocación que debemos tener todos por restañar fracturas y construir convivencia. Es lo que va a hacer el Gobierno de España», ha asegurado.

En todo caso, ha señalado que primero hay que esperar al informe del Supremo y también ha garantizado que el Gobierno va a estudiar cada caso, porque «cada uno de ellos tiene su realidad y sus circunstancias». «Y vamos a analizar todas y cada una de ellas», ha afirmado.

«Lo más importante para mí es que, pese a que hay otros partidos que defienden otras tesis, entre los valores constitucionales no se encuentra la revancha», ha enfatizado.

RECHAZA LAS «EXCUSAS» DEL PP PARA BLOQUEAR EL CGPJ

Preguntado directamente sobre el aviso que ya ha realizado el PP de que recurrirá los indultos, y el previsible bloqueo que permanecerá en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sánchez ha tachado de «excusas» los planteamientos del partido de Pablo Casado.

«Yo creo que estamos ante una estrategia de bloqueo absoluto a cualquier renovación, y de no reconocimiento a que hay una mayoría parlamentaria diferente», ha denunciado.

Además, ha criticado que lo que sí que no tiene sentido es que el CGPJ sea el reflejo de una mayoría parlamentaria que ya no existe y que no solo es historia, sino «prehistoria». «Lo que tiene que hacer el PP es cumplir con la Constitución», ha emplazado.

«¿Qué tiene que ver eso con la decisión que vaya a tomar el Gobierno de España sobre una u otra cuestión? ¿No será que están de nuevo buscando alguna excusa para no cumplir con sus obligaciones constitucionales?», se ha preguntado.

Por otro lado, sobre la reforma del Código Penal que prepara el gobierno, y sobre si va a incluir en ella la penalización de los referéndum ilegales, Sánchez no ha concretado, y se ha limitado ha afirmar que la crisis de 2017 en Cataluña dejó varias «lecciones», como que el Código Penal es «ajeno» a lo que dictan para ese tipo de delitos otras democracias consolidadas.

A este respecto, el Gobierno ya había anunciado públicamente su intención de rebajar la tipificación actual de los delitos de sedición, por los que fueron condenados los independentistas. En todo caso, el presidente ha afirmado que el debate que se puede propiciar en las Cortes es cómo se actualiza el Código Penal en estos delitos, sin aclarar a cuáles se refería.

El presidente de Crue Universidades y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha pedido una reforma en profundidad de la ley de Universidades para dotarla del marco legal que necesita para ser competitiva en Europa y para contribuir a la recuperación del país.

«Con una ley consensuada, con visión de futuro y que dote a las universidades de la flexibilidad y financiación que necesitan, las universidades pueden ocupar el lugar que por su verdadero potencial les corresponde en la reconstrucción económica de España», ha asegurado durante su intervención en la XXI Junta General de Accionistas de Universia, dirigida por la presidenta de Banco Santander y Universia, Ana Botín, y que ha contado con la participación de casi 70 rectores.

Durante el acto, Gómez Villamandos ha destacado el papel de la investigación básica que se hace en las universidades y de las personas que se han formado en los campus españoles y que han desarrollado en sus laboratorios pruebas PCR, test de anticuerpos, mascarillas y vacunas con las que afrontar la pandemia con solvencia.

El presidente de Crue ha subrayado que la Universidad ha vuelto a poner de manifiesto que es «un referente a la hora de albergar y formar profesionales con una formidable capacidad de adaptación y respuesta ante escenarios inciertos» y también una institución «con un profundo compromiso social», como demostró, según ha dicho, al poner todo su material, laboratorios y expertos a disposición de las autoridades en la fase más dura de la emergencia sanitaria.

El también rector de Córdoba ha puesto en valor el esfuerzo realizado durante los más de 12 meses de pandemia para evitar el colapso del sistema universitario y ha repasado las principales actuaciones llevadas a cabo por las universidades españolas para mantener su actividad durante todo este tiempo.

En este sentido, ha recalcado cómo las universidades tuvieron que trasladar en apenas 24 horas su docencia a un formato en remoto, inicialmente, y a un modelo híbrido, después. Y, también, el trabajo realizado para evitar que nadie quedase excluido por la situación de emergencia mediante ayudas económicas a estudiantes y préstamos de ordenadores y soluciones de conectividad para paliar la brecha digital.

Gómez Villamandos ha agradecido la ayuda recibida por parte de instituciones locales, autonómicas y nacionales y, especialmente, del banco Santander. En este punto, ha subrayado la creación conjunta del Fondo Supera Covid-19 (en el que ha participado también el CSIC), que ha permitido destinar 8,5 millones de euros a proyectos de colaboración para hacer frente a los desafíos del coronavirus mediante tres líneas de financiación: proyectos de investigación aplicada, proyectos de impacto y rentabilidad social y fortalecimiento de la capacidad TIC del Sistema Universitario.

ESPAÑA, UNDÉCIMA POTENCIA EN INVESTIGACIÓN

Por último, el presidente de los rectores ha recordado que «de las 15 mayores economías del mundo, solo Reino Unido y Australia tienen más universidades en el Top 1.000 por millón de habitantes que España», que es la undécima potencia mundial en investigación y uno de los sistemas universitarios más equitativos del mundo. «Y todo esto, después de haber sufrido un recorte en la financiación pública de las universidades de más de un 20% entre 2008 y 2020», añade. Así pues, ha sentenciado: «Somos uno de los mejores de Europa, pero uno de los peor financiados».

El rector ha cerrado su discurso pidiendo confianza en las universidades para que estas puedan ocupar su puesto en la vanguardia del desarrollo y del progreso.

Por su parte, la presidenta de Banco Santander y Universia, Ana Botín, ha reclamado el papel de las universidades «para construir el país competitivo, inclusivo y sostenible que queremos» y ha llamado a la colaboración entre gobiernos, administraciones públicas, organismos internacionales, universidades y sector privado para «transformar la sociedad a través del conocimiento».

En su opinión, las universidades están obligadas a dar respuesta a los nuevos retos y necesidades que plantean las empresas, pero, además, «todos los sectores económicos, incluyendo el financiero, tienen que reinventarse», desde empresas grandes, medianas y pequeñas a personas, desde estudiantes a ciudadanos de 50 años.

Ana Botín ha insistido en que de lo que hoy se haga «dependerá el futuro del país y de las nuevas generaciones» y en que es prioritario reducir la brecha digital y destinar recursos a atender a los colectivos más vulnerables. «Las universidades tienen que contribuir activamente a acelerar la digitalización de la economía«, ha apuntado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que recibirá al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el Palacio de La Moncloa por respeto y cortesía institucional y después se pondrá en marcha la mesa de diálogo con Cataluña.

Pedro Sánchez ha realizado estas afirmaciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas, tras su participación en el Consejo Europeo Extraordinario en el que se han abordado diversos asuntos, entre otros, la crisis con Marruecos.

El jefe del Ejecutivo ha dejado claro que recibirá a Aragonés en Moncloa como lo hace con todos los presidentes autonómicos, «por que son las buenas formas institucionales».

«Cuando un parlamento autonómico nombra un presidente, el presidente del Gobierno lo recibe en el Palacio de la Moncloa», ha recordado y ha señalado que lo ha hecho igualmente con Íñigo Urkullu cuando fue nombrado por el Parlamento vasco y con Núñez Feijóo después de ser reelegido. Si bien, sobre este último ha precisado que lo recibió más tarde debido a la pandemia y las restricciones de movilidad. Y también lo hará, según ha avanzado, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando sea reelegida por la Asamblea de Madrid.

«Evidentemente, al señor Aragonés, como presidente de la Generalitat, que felicité en público y en privado, le recibiré en el Palacio de la Moncloa como corresponde», ha remachado al tiempo que ha pedido no especular con que si va a haber una reunión antes o después.

Al hilo de esto, ha argumentado: «La reunión es de obligado cumplimiento y de respeto institucional que nos debemos entre los distintos presidentes y presidentas y Gobiernos y parlamentos autonómicos. En fin, cortesía institucional».

MESA DE DIÁLOGO

Y en cuanto a la Mesa de Diálogo con Cataluña, ha recordado que la última reunión se produjo hace 15 meses y que no ha habido más debido a la pandemia y por la «inestabilidad política e institucional a lo largo de demasiados meses que se materializó el 14 de febrero y la Constitución de un Gobierno antes del 26 de mayo, la elección en este caso del presidente de Cataluña».

Pero una vez que ya se ha constituido un Gobierno en Cataluña, ha precisado después de celebrar la reunión entre ambos presidentes, Aragonés y él, «lógicamente pondremos en marcha la mesa de diálogo».

«Tenemos una mesa de diálogo, tenemos la obligación de propiciar el reencuentro entre catalanes y también entre catalanes y el resto de compatriotas por tanto vamos propiciar cuando sea posible, celebrar esa mesa de diálogo», ha recalcado.

En opinión de Sánchez, un «acierto» de la pasada Legislatura en Cataluña fue tener una mesa de diálogo en el Parlamento catalán entre los distintos partidos políticos. En este sentido, ha argumentado que «al igual que se tiene que producir un diálogo entre ambos gobiernos, el de Cataluña y el de España, también tiene que producirse un diálogo entre las fuerzas políticas catalanas».

De hecho, ha recordado que hay otras muchas personas en Cataluña que no piensan ni comparten el proyecto independentista y por tanto, considera que todos aquellos que abogan y demandan diálogo, «también lo tienen que practicar en sus propias sedes, en sus propios parlamentos con los que no piensan ni comparten su hoja de ruta independentista».

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 11 años de cárcel a un hombre como autor de un delito de allanamiento de morada, en concurso con un delito de agresión sexual y otro de lesiones, tras engañar a su vecina para entrar en su casa, agredirla sexualmente y golpearle la cabeza repetidamente contra el suelo.

El tribunal provincial ha considerado probado que, en la madrugada del 8 de septiembre de 2018, el acusado se presentó en casa de una vecina, en Tomiño (Pontevedra) y llamó a la puerta haciéndose pasar por una mujer para engañarla y que le abriese.

La víctima, creyendo que llamaba su vecina y que necesitaba ayuda, abrió la puerta y, al ver a un hombre con la cabeza cubierta por una capucha, la cara tapada y guantes, trató de volver a cerrarla. Sin embargo, el acusado se abalanzó sobre ella y la agarró con fuerza por los brazos.

Según la sentencia, el hombre la tiró al suelo y, pese a la resistencia de la mujer, le realizó tocamientos en los pechos y en la vagina, por debajo del pijama que llevaba puesto. A continuación, le agarró la cabeza y la golpeó varias veces contra el suelo, marchándose después y dejándola tirada y herida.

RESTOS BIOLÓGICOS

La víctima, cuyo testimonio es convincente para la Audiencia, no pudo identificar en ese momento a su agresor, ya que no logró quitarle la capucha, aunque afirmó que sospechaba del acusado (por su estatura y complexión), al que conocía porque vivía cerca con sus padres, e incluso había estado realizando trabajos de desbroce en su finca.

El procesado, por su parte, negó los hechos en la vista oral, y aseguró que esa noche no había salido de casa, porque se encontraba mal (padece lupus), una declaración que fue corroborada por sus padres, que comparecieron en el juicio como testigos.

No obstante, para el tribunal no hay dudas acerca de la autoría de los hechos, ya que se recogieron muestras biológicas en una mancha de sangre en la vivienda de la víctima, así como bajo sus uñas y en la cinturilla de su pijama, que se corresponden con el perfil genético del acusado.

DELITOS Y CONDENA

Por todo esto, la Audiencia de Pontevedra ha considerado al acusado autor de un delito de allanamiento de morada, en concurso con un delito de agresión sexual y otro de lesiones, y con la circunstancia agravante de disfraz.

Así, lo ha condenado a la pena de 11 años de prisión y ha acordado imponerle la prohibición de comunicarse o acercarse a la mujer durante un período de 5 años tras su salida de la cárcel. También deberá indemnizarla en 300 euros por las lesiones.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha celebrado, este martes, la reunión anual de la Comisión Mixta de Seguimiento del Acuerdo de Encomienda de Funciones firmado entre el organismo regulador y el Govern, en el que ha celebrado «los resultados satisfactorios» de Baleares pese a la pandemia.

Según ha explicado el CSN en una nota de prensa, este acuerdo, alcanzado en 1985, se refiere a las funciones de inspección y control de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, en los ámbitos de la investigación, el diagnóstico y/o los tratamientos médicos y los usos industriales de fuentes y equipos radiactivos, así como en las instalaciones que utilizan aparatos de rayos X, junto con la inspección de transportes de material radiactivo.

A la jornada, celebrada telemáticamente, han asistido por parte de la comunidad autónoma el director general de Política Industrial, Antoni Morro Gomila, y el jefe de sección de Seguridad Nuclear, Joan Antoni Llauger Rosselló. La delegación del CSN ha estado conformada por su secretario general, Manuel Rodríguez Martí, y el subdirector de Protección Radiológica Operacional, Javier Zarzuela Jiménez, entre otros miembros.

El encuentro ha comenzado con el análisis de las principales actividades llevadas a cabo por la comunidad autónoma a lo largo de 2020: 13 inspecciones a instalaciones radiactivas, frente a las nueve planificadas; 18, de las 30 planificadas, a instalaciones de rayos X de radiodiagnóstico médico; y una evaluación de autorización expresa de una instalación radiactiva, que se resolvió en plazo.

Dadas las circunstancias generadas por la actual pandemia de coronavirus, Baleares no pudo llevar a cabo el 100% de las inspecciones planificadas a rayos X de radiodiagnóstico médico, si bien, el número de inspecciones a instalaciones radiactivas superó el planificado.

En cuanto a la planificación de las actividades para el presente año –esta se ajusta a los criterios propuestos por el CSN– se prevén realizar 11 inspecciones a instalaciones radiactivas, 30 a rayos X de radiodiagnóstico médico y dos evaluaciones de solicitudes de modificaciones de instalaciones radiactivas.

Respecto al transporte de material radiactivo, el pasado año se realizó una inspección a la recepción de un transporte de radiofármacos en un centro sanitario. Teniendo en cuenta los tipos de transporte que tuvieron lugar en la comunidad autónoma, se considera que el trabajo se ajusta a los criterios de planificación revisados en 2020 debido a la pandemia.

Para el presente año están previstas realizarse dos inspecciones, un número que puede variar en función de los tipos de transportes que finalmente transcurran por la comunidad autónoma, y que se ajusta a los criterios generales transmitidos por el CSN.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 30 años por tener en condiciones insalubres y totalmente desatendida su abuela de 88, con la que convivía, y que tenía la cadera rota desde un tiempo que no pudo precisar, cortes en la cara y moraduras en los ojos de diferentes fechas.

Se da la circunstancia de que la nieta había sido detenida y condenada anteriormente por maltratar a sus dos hijos de corta edad, unos hechos por los que pasó más de un año en prisión. Los menores se encuentran tutelados por la Generalitat Valenciana, según ha informado la Policía en un comunicado.

La detenida fue localizada en su vivienda al tener una búsqueda de un juzgado. Una vez allí, los agentes observaron el estado de la anciana e inmediatamente solicitaron la asistencia médica para que atendieran a la mujer dado su delicado estado físico y mental, por lo que terminó ingresada de urgencias en el hospital.

En la exploración, los médicos comunicaron a los agentes que la anciana tenía la cadera rota, que no era una lesión reciente y que también tenía cortes en la cara y moraduras en los ojos de diferentes fechas.

La investigación policial de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer desveló que la anciana sufría de manera habitual moratones visibles y que cuando los allegados preguntaban a la nieta por ellos, siempre contestaba que se había caído.

También comprobaron que durante los últimos años la mujer había presenciado tentativas de suicidio y episodios repetitivos de malos tratos entre su nieta y la pareja de esta última, que incumplía las órdenes judiciales de alejamiento dictadas contra ella y convivía en el domicilio.

Además, la nieta impedía que nadie visitara a su abuela, ya que cuando lo hacían le llamaban la atención por no cambiarle de pañales cuando estaban sucios, además de las «pésimas condiciones» en las que se encontraba la vivienda, las heridas visibles que presentaba, así como úlceras en la cadera y en el costado, o el deterioro cognitivo que avanzaba «aceleradamente».

Todos los allegados expresaron miedo a las posibles represalias que pudiera cometer la ahora detenida si la denunciaban pero admitieron que «era común escuchar gritos y llantos provenientes del domicilio» y que las condiciones higiénicas eran lamentables dado el hedor que desprendía la vivienda.

Igualmente, los testigos han explicado que también eran conocedores de que la detenida se gastaba todo el dinero de su abuela a «su antojo».

Tras la intervención policial, la anciana se encuentra ingresada en el hospital en situación estable recuperándose de las lesiones sufridas debido a la falta de atención necesaria durante un largo periodo de tiempo. La detenida ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma localidad.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, abordar la protección del derecho a la vivienda con «valor, y unidad, y no como si fuese un problema de orden público», tras la participación de la Brimo (Brigada Móvil) de los Mossos en el desahucio de este martes en el Poble Sec de Barcelona.

En rueda de prensa en el Parlament, ha urgido a Aragonès a ponerse al lado de la gente, prohibir la participación de la empresa ‘Desokupa’ en los desahucios, y seguir el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que «ha creado una unidad antidesahucios con la que se han parado hasta el 95% de desahucios de familias vulnerables».

Albiach ha señalado que en el desahucio de este martes los tres convivientes tenían un informe de vulnerabilidad desde abril, y que «cuando existe este informe no se puede ejecutar ningún desahucio, por lo que se ha ejecutado con la oposición de los vecinos pero también con la del Ayuntamiento de Barcelona».

«Se ha tratado de una decisión política del conseller Sàmper, que se va igual que llegó: poniendo a los Mossos al servicio de los fondos buitre y también siendo serviles con empresas que tienen intereses tan oscuros y que son casi una mafia como ‘Desokupa'», ha añadido.

Ha solicitado al Govern que refuerce los pisos de alquiler social, así como los de la mesa de emergencia social, y reprocha a Aragonès que entre las nuevas consellerias que se han creado no haya una específica dedicada a vivienda: «Es por temas así que no hemos podido investir a este Govern».

GOVERN DE «DOS CARAS»

Albiach ha querido felicitar a Aragonès tras su investidura, le ha confirmado que los comuns le tienden su mano para aprobar acuerdos en todas las cuestiones que hagan avanzar a Cataluña, pero le afea los nombramientos del nuevo Govern, que para ella son la «constatación de un Ejecutivo que tiene dos caras».

Ha celebrado los nombres de Tània Verge como consellera de Feminismos e Igualdad o el de Josep Maria Argimon al frente de Salud porque –como dice– son expertos en sus materias; en cambio ha criticado el nombramiento de Jaume Giró para Economía y el de Jordi Puigneró como vicepresidente y conseller de Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana.

«Vemos cómo quién tendrá la llave de la caja es un exalto cargo vinculado a intereses de la banca como el señor Giró; y la vicepresidencia parece que está hecha expresamente para Puigneró«, y ha lamentado que cargos que a su juicio son más importantes –como vicepresidencia, presidencia o Economía– estén en manos de hombres y no de mujeres

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha llamado al Govern a «alinear desobediencias» y explorar mecanismos que combinen la acción institucional y la de la calle para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña, tras el desahucio del bloque Llavors de la calle Lleida de Barcelona este martes por la mañana.

«Si hay que desobedecer, se desobedece», ha asegurado Estrada en rueda de prensa, donde ha criticado que el Tribunal Constitucional (TC) haya tumbado alguna iniciativa aprobada por el Parlament en favor del derecho a la vivienda y que el Gobierno central no legisle en este sentido.

«El Estado no solo no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda, sino que es incapaz de permitir que otros lo podamos hacer. Ni hace ni deja hacer», ha censurado la diputada anticapitalista, que ha pedido que los desahucios se traten como un problema de emergencia habitacional y no de orden público.

La diputada ‘cupaire’ también ha asegurado que este martes ha habido un «despliegue desproporcionado» de los Mossos d’Esquadra, que han enviado a la Brigada Móvil (Brimo), y han acusado al cuerpo policial de trabajar en connivencia y codo con codo con la empresa ‘Desokupa’, que ha calificado de mafia y de paramilitar.

Preguntada por si sabía que la Brimo ha actuado por requerimiento judicial, Estrada ha respondido que son conscientes de que ha sido así, pero ha insistido en que se trata de un problema social: «No tiene sentido que no nos confrontemos. Pensamos que hay que ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora».

EXPROPIACIÓN

Ha propuesto que se utilicen los «miles de pisos vacíos, desocupados en las ciudades» que son propiedad de bancos y fondos de inversión para alquileres sociales, y ha apuntado que deberían expropiarse.

Sobre si confían en que el nuevo Govern cumplirá lo acordado entre ERC y la CUP en materia de desahucios, la diputada ha dicho que no les queda otra que creer que así será y ha exigido al Govern que lo implemente, ya que considera que ya llevan tres meses de negociaciones a los que se suman cuatro años «de parálisis y retrocesos».

«Es evidente que el nuevo Govern no está en funcionamiento, pero eso no puede ser excusa», ha asegurado la diputada anticapitalista, que ha subrayado que cuando el Ejecutivo comience a funcionar la CUP lo fiscalizará desde el minuto uno, y ha pedido que las declaraciones de buenas intenciones de la investidura se traduzcan en hechos.

CRÍTICA A JAUME GIRÓ

Estrada ha celebrado que el nuevo Ejecutivo catalán sea paritario, pero ha lamentado «que solo se exprese en forma numérica», y ha criticado que tanto los cargos de presidente y vicepresidente y las Consellerias con más presupuestos estén en manos de hombres.

También ha explicado que les inquieta que el futuro conseller de Economía «tenga la trayectoria que tiene, al frente de la Caixa y Repsol», en referencia a Jaume Giró, y que la próxima consellera de Justicia –en referencia a Lourdes Cuiró– impulsase la ley de desahucios exprés en el Congreso, junto con PP, Cs y PSOE, según Estrada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes la respuesta «extremadamente rápida» y «coordinada» del Gobierno de España ante la crisis migratoria y diplomática que tuvo lugar en Ceuta la pasada semana.

Grande-Marlaska ha contestado así, durante el Pleno del Senado, a las críticas del senador ‘popular’ y expresidente de Melilla, Juan José Imbroda, quien ha culpado al Ejecutivo de esta «invasión» desde Marruecos.

Según Imbroda, desde «abajo», en referencia al país africano, se «ve muy bien la falta de firmeza» del equipo de Pedro Sánchez que, a su juicio, es «débil» y no sirve «para resolver los problemas de Estado de España», con una «incoherencia» total en su comportamiento.

Así, ha señalado el discurso de Sánchez en noviembre defendiendo un referéndum en el Sáhara, mientras las ministra de Exteriores, Arancha González Laya, defendía que no; ha criticado la «soberbia» del presidente por «no ir a ver al Rey de Marruecos»; o el desmantelamiento en 2018 de la zona comercial de Melilla.

AUMENTO DE LOS EFECTIVOS

«Eso se lee ahí abajo, se leen las debilidades», ha insistido el senador del PP, antes de criticar también la decisión del Ejecutivo de acoger al líder del Frente Polisario en España «sin decir nada a Marruecos.

Para el ministro, lo ocurrido la pasada semana en Ceuta fue un «acontecimiento extraordinario y excepcional» para el que el Gobierno tuvo una respuesta «extraordinariamente rápida», aumentando en «400 efectivos» los cuerpos y fuerzas de seguridad en la zona –300 policías nacionales y 100 guardias civiles– «el mismo día» en el que se registraron los hechos.

Además, ha explicado, se coordinó, bajo el liderato de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a todos los ministerios implicados y «se mantuvo contacto con las autoridades marroquíes para revertir lo ocurrido». También se trabajó, según ha indicado el titular de Interior, con los presidentes de las ciudades autónomas, las delegadas de Gobierno y de las diputaciones.

A su juicio, la labor fue «tan contundente y eficaz» y se realizó con «la lealtad y firmeza necesaria» para que «en menos de 48 horas» esa cooperación permitiera «la devolución de 6.000 personas» al país africano.

REPROCHES AL PP

Grande-Marlaska ha criticado las palabras de Imbroda sobre «un socio tan especial como es el Reino de Marruecos» y le ha reprochado que durante la crisis de Ceuta compartiera en Twitter una «master class de relaciones con Marruecos» y «un meme sobre el presidente del Gobierno». «Qué gran aportación para el partido de la oposición y que pretende ser Gobierno», ha declarado.

El ministro ha criticado también el doble discurso de los de Pablo Casado en este tema que, a su juicio se basa en «compartir discurso con Vox», por una parte, y por otra, hacer «responsable» al Ejecutivo de la situación.

Imbroda por su parte ha defendido la posición del PP en este tema. «El PP está al lado del Gobierno», ha asegurado, para apuntar que, lo que «no puede evitar» su formación es decirle «los errores» que, a su juicio, «han propiciado esta crisis» y en los que, ha señalado, coincide la UE.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ ha citado para este miércoles en calidad de investigado, en el marco de la pieza separada en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario José Manuel Villarejo, al que fuera jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI) Constancio Riaño por un presunto delito de revelación de secretos.

En una providencia del Juzgado Central de Instrucción número 6, se le citaba en un principio para el 24 de marzo. Si bien en esa momento no se pudo celebrar, sí que declararon como imputados otros dos policías, José María Serrano Ydigoras y Manuel Novoa Martínez. Ahora, dos meses más tarde vuelve a ser citado, según fuentes jurídicas.

Riaño ya confirmó en 2019 en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos privados de terceros al ‘clan’ del comisario Villarejo por orden del entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el también investigado en la causa Enrique García Castaño. En concreto declaró por esas búsquedas en bases policiales al margen del cauce oficial y para el encargo del bufete de abogados Herrero y Asociados –pieza número 2 de la macrocausa denominada ‘Iron’–.

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicita para este ex inspector de Policía Nacional 50 años de prisión por su implicación en ‘Iron’. Así, será juzgado junto a Villarejo y otros encausados a partir del 13 de octubre en la vista oral que acumula tres piezas separadas (Iron, Land y Pintor).

LOS POLICÍAS NO SABÍAN QUE TRABAJABAN PARA VILLAREJO

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo declararon hasta cuatro mandos policiales ya, investigados también por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho. Todos coincidieron en afirmar que no sabían que la información que extraían de programas policiales iba destinada al comisario Villarejo.

Según fuentes jurídicas presentes en su declaración, sostuvieron que ellos sólo extraían información que les demandaban sus superiores por escrito, y que esas órdenes no eran verbales. Apuntaron que pensaban que se trataba de asuntos normales de la Policía.

En un auto con fecha de 22 de febrero el magistrado que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado imputaba a estos policías, un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales. A la par, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que aportara la identificación de la persona que desde una concreta dirección IP ubicada en la Comisaría General de Información (CGI) en marzo de 2015 realizó una consulta sobre personas de interés policial con el dato ‘Smolnikov’ en los ficheros y aplicaciones Argos, Atlas Sidenpol y Objetos.

El magistrado recordaba que en los encargos realizados por el comisario se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias. Subrayaba que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporaban «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».

RIAÑO Y LOS FAVORES AL ‘PATRIOTA’ BILLY EL NIÑO

A esa primera vez que se le citó en marzo, y que se aplazó a petición del propio Riaño y del ex jefe de Riesgos del BBVA Antonio Béjar, le siguió una segunda en abril. En esa ocasión fue el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, quien pidió que la cita se retrasase porque le coincidía con un acto de conciliación entre el comisario y el que fuera vicepresidente del Gobierno de Anar, Rodrigo Rato.

La defensa de Riaño también pidió el aplazamiento de la comparecencia del ex inspector porque su abogada ya tenñia señalada con antelación para ese mismo día de abril un juicio en Málaga.

Durante la declaración ante el juez de Constancio Riaño de septiembre de 2019, salió a relucir otro asunto que no forma parte de la causa ‘Tandem’. Dado que en marzo de ese mismo año García Castaño declaró en la Audiencia Nacional que Riaño proporcionaba datos privados a terceros a la ligera y refirió en concreto que había estado dando información sensible a Antonio González Pacheco –hoy ya fallecido–, conocido como ‘Billy el Niño’, a quien reclamaba la justicia argentina por delitos de lesa humanidad durante su paso por la Brigada Político Social en la dictadura franquista.

Preguntado por esta afirmación, Riaño, si bien en principio negó tal irregularidad, acabó diciendo que le proporcionó desde la identificación de las matrículas de coches que le seguían hasta listados de llamadas telefónicas o identificación de sus titulares, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Es más, según fuentes presentes en esa declaración, le explicó al juez y los fiscales que lo hizo por la seguridad personal de ‘Billy el Niño’, ya que Riaño consideraba que era un patriota y que estaba siendo sometido a una persecución que no merecía azuzada por grupos políticos de izquierda.

La Audiencia Nacional juzgará desde mañana miércoles a un hombre que se sometió a «un intenso proceso de autoadoctrinamiento» por Internet hasta llegar a jurar lealtad a Estado Islámico y definirse en redes sociales como un «soldado» de la organización yihadista, incluso grabó un vídeo frente a un recinto ferial de Málaga diciendo que iba a «explotar» allí. Por ello, la Fiscalía le acusa de delitos de terrorismo por los que pide una condena de hasta 8 años de cárcel.

El acusado es Mohamed Louarti, nacido en Marruecos y residente en Málaga, para el que el Ministerio Público reclama dicha pena por un delito de integración en organización terrorista; o, subsidiariamente y con carácter alternativo, una condena de 6 años de prisión por un delito de captación y adoctrinamiento terrorista; o, también subsidiariamente y con carácter alternativo, una de 4 años por adoctrinamiento terrorista pasivo.

Louarti, «al menos desde el año 2013 y después de una estancia en Bélgica, tras instalarse en nuestro país comenzó a pasar por un intenso proceso de autoadoctrinamiento a través de Internet en materia de terrorismo yihadista, para acabar integrándose en la organización criminal DAESH», según el escrito de acusación del Ministerio Público.

En este sentido, ha recordado que «DAESH se sirve, para el cumplimiento de sus objetivos, de estrategias operativas y propagandísticas que, fuera de zona de conflicto, son desarrolladas por miembros descentralizados de la organización». De esta forma, ha indicado, «su ámbito de actuación es universal, porque sus integrantes se encuentran en todos los rincones del mundo, interactuando a través de Internet y de las redes sociales».

En el caso de Louarti, habría experimentado «una evolución progresiva en sus creencias religiosas que le llevó desde una visión ultraortodoxa del islam hasta una total adhesión ideológica a los postulados de la organización terroristas, adhesión que exteriorizaba de forma explícita tanto en sus redes sociales como a sus más cercanos, a quienes intentaba hacer partícipes de su visión rigorista del islam y de la necesidad de llevar a cabo la yihad armada, que él ya estaba determinado a desarrollar».

PARA FORMARSE Y FORMAR EN LA YIHAD

Louarti, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, comenzó buscando contenido yihadista en Internet, «con ánimo de formarse en los postulados del DAESH y de poder a su vez formar a otros». Accedía incluso a «contenidos cerrados de estructuras mediáticas del DAESH a los que no es posible acceder sin que alguien afín a dicha organización le haya enseñado cómo» y a materiales que solo se pueden ver con permiso previo.

Su actividad se proyectaba a través de diversas redes sociales y grupos de mensajería instantánea, si bien el Ministerio Fiscal destaca el perfil de Facebook que se creó bajo el nombre de ‘Anwar Andalusi’ tras los atentados de Barcelona de 2017, donde mostraba un «claro posicionamiento en favor de las acciones y postulados del DAESH, alabando a sus autores y justificando sus actividades, incitando a los verdaderos creyentes a hacer la yihad».

Además de consumir y propagar el material yihadista que encontraba, se hacía eco de la «campaña de victimización de la comunidad musulmana» que, según señala el Ministerio Público, tiene como objetivo posicionar a esta comunidad en contra de otras. A este fin, por ejemplo, publicó vídeos de mujeres subsaharianas ejecutadas junto a sus hijos.

«OBEDIENCIA ABSOLUTA» A AL BAGDHADI

En este proceso paulatino, hizo búsquedas en la sección de productos militares de Amazon, guardó capturas de un rifle de francotirador –«Necesito esto en la próxima actualización», escribió en un comentario–, y colgó una foto en Facebook donde aparece sentado al volante de un coche con «un cuchillo de grandes dimensiones» y el texto: «Hermanos, os hemos venido con el degüello. Permanece y se expande. Viva la religión de la verdad».

También guardó en sus dispositivos imágenes de Rivotril, «un medicamento conocido por su consumo con hachís que se convierte en una droga llamada ‘karkubi’, la cual provoca en los que la consumen sobreexcitación y agresividad, de modo similar a los efectos que causa la llamada droga de los yihadistas o ‘captagon’, de cuyo consumo se hacen eco combatientes de Estado Islámico en zona de conflicto.

Contaba asimismo con una carpeta denominada ‘Mañana, cuando (yo) muera’, donde recogía extractos de poesías que versan sobre la despedida de la muerte. Hasta se grabó un vídeo de siete segundos en el que aparece delante del recinto ferial San Luis de Sabanillas, en Málaga, diciendo: «Vamos a explotar aquí, si Dios quiere», un archivo que envió a un primo suyo al que meses después dijo por WhatsApp: «Por Alá que me reventaré».

El punto álgido llegó el 4 de enero de 2019 cuando en su perfil de Facebook hizo público un juramento de lealtad a Estado Islámico, algo que se entiende como «paso previo para alcanzar el paraíso a través del martirio», apunta el Ministerio Fiscal. «Yo le he jurado pleitesía al califa de los musulmanes, Abú Bakr al Baghdadi, en la obediencia absoluta», escribió. «Yo soy un soldado del Estado», aseveró.

Ante este «alto grado de radicalización», se puso en marcha una operación policial que condujo a su detención el 15 de enero de 2019, quedando en prisión provisional, aunque desde el pasado 24 de febrero está en libertad provisional. En su casa se encontraron tres teléfonos móviles, tres tarjetas SIM, un cuchillo de grandes dimensiones y 500 bolas de ‘airsoft’.

El Departamento de Trabajo y Empleo, dirigido por la socialista Idoia Mendia, considera «inasumible, desde el punto de vista de los contenidos y del concepto de autogobierno», la propuesta para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi realizada por el Ministerio de José Luis Escrivá, al considerar que el traspaso debe ser «integral».

Fuentes de esta Consejería han señalado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la hora de hacer su planteamiento, rechazado por el Ejecutivo vasco, realiza una interpretación de «encomienda de gestión» de lo establecido en la Disposición Adicional 5ª del Real Decreto 20/2000 de prórroga del estado de alarma en el que se establece el IMV, tras el acuerdo suscrito por el PNV en mayo de ese año.

«Más allá de lo que se firmara en ese momento, para el Departamento de Trabajo y Empleo, y entendemos que para el conjunto del Ejecutivo vasco, la transferencia tiene que ser íntegra, como todas las demás, por nuestro propio concepto de autogobierno y porque, en el despliegue de las competencias, se tienen que facilitar las cosas a la ciudadanía, que no tiene que ir de una ventanilla a otra cuando le corresponde un derecho», han afirmado.

La propia vicelehendakari segunda en diciembre del pasado año, a través de una reunión telemática con José Luis Escrivá, le transmitió que la transferencia a Euskadi tenía que ser «íntegra». Idoia Mendia trasladó el contenido de la conversación mantenida con Escrivá al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que «compartía plenamente la visión» de la consejera, y desde entonces, trabajaba en coordinación con el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno en esta materia.

La consejería de Trabajo y Empleo ha querido dejar «claro» que la transferencia del Ingreso Mínimo Vital debe hacerse de forma «íntegra», tal como está reflejado en el anteproyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

En todo caso, ha recordado que el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ya trabaja en una propuesta alternativa a la del Ministerio, y ha apuntado que ahora se debe encauzar a través de las conversaciones negociadoras.

Además, ha apuntado que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, con motivo de la reunión que se celebró de la Comisión Mixta de Transferencias que se celebró en Bilbao el pasado 15 de mayo para traspasar a Euskadi un paquete de cuatro materias, entre ellas la gestión de Prisiones, señaló que no se esperaba cerrar el Ingreso Mínimo Vital antes de otoño.

El Gobierno andaluz ha insistido este martes en que su objetivo es aprobar un presupuesto de la comunidad para 2022, el último año de la legislatura, y se ha mostrado convencido de que el «sentido común y de la responsabilidad y de anteponer a Andalucía por encima de otros intereses va a seguir liderando todas las decisiones» que tomen las tres fuerzas del cambio, «incluido Vox».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha indicado que el Gobierno andaluz no descarta «ni mucho menos poder aprobar un presupuesto para 2022» y que, en este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha instado este martes al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, a seguir trabajando en la estrategia de contar con un presupuesto andaluz para el año 2022, lo que supondría «cerrar la legislatura de forma redonda».

A su juicio, «no es el momento de defender la camiseta de un equipo o de partido político, sino de defender los intereses de los ciudadanos y de anteponer los intereses de Andalucía: Es la hora, ahora más que nunca, de tener sentido de estado». Bendodo ha hecho alusión de esta manera a las reticencias de Vox a apoyar unos presupuestos para 2022 y su distanciamiento con la Junta tras conocerse que a Andalucía llegarán trece menores migrantes procedentes de Ceuta.

Asimismo, el consejero ha querido dejar claro que cuanto «más zarandeen a este Gobierno, más se robustece». Ha señalado que la primera estrategia «de desestabilización» de este Gobierno la realizó el PSOE-A «rodeando de forma antidemocrática el Parlamento de Andalucía, antes de su constitución» y luego han llegado otras «estrategias de desestabilización», como la manifestación de Vox el pasado domingo en las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla.

«Cada uno está en su derecho de hacer lo que considere oportuno, pero mientras uno están en la estrategia del adelanto electoral y otros están en las guerras internas, el Gobierno está en la vacunación y en la recuperación del empleo», según ha indicado el consejero de la Presidencia, quien ha garantizado que el Gobierno andaluz es «sólido y fuerte, contra viento y marea y contra rodeos del Parlamento y manifestaciones».

En clara referencia a Vox, ha indicado que los socios parlamentarios del Ejecutivo «tienen que entender que los ciudadanos han entendido que se han convertido en una herramienta útil para la estabilidad y el cambio y que no deben abandonar esa estrategia».

Ha insistido en que el objetivo del Gobierno es aprobar el Presupuesto para 2022 en «tiempo y forma, agotar la legislatura y convocar las elecciones cuando tocan, que es a final del año 2022».

«No es el momento de mirarse a sí mismo, sino de mirar a Andalucía. Los andaluces hoy quieren que los que gobernamos estemos en los importante, que ahora mismo es vacunar y recuperar el empleo perdido con motivo de la pandemia. Ni adelantos electorales ni peleas internas», ha sentenciado.

Bendodo ha indicado que, sin duda, durante los dos años y medio de legislatura se han producido «vaivenes, ya sea por los socios parlamentarios o por los grupos de la oposición, pero seguimos mirando adelante y seguimos avanzando y el Gobierno es estable y tiene vocación de terminar la legislatura».

Sobre la posibilidad de que no se aprueben unos Presupuestos para 2022, ha recalcado que se va a trabajar para que salgan adelante, hablando con «todos los partidos» de la Cámara, pero que si no fuera posible, existe la alternativa de prorrogar los del presente ejercicio.

La ONG SEO/BirdLife ha puesto en marcha una campaña de captación de donaciones para recaudar fondos con los que salvar a los vencejos, especie declarada Ave del Año 2021 de la organización, por el declive que sufre la especie.

Las donaciones, a través de Donorbox, se destinarán a cuidar pollos de vencejo huérfanos en el centro de recuperación de aves Brinzal de Madrid, además de apoyar acciones de conservación y sensibilización de Grupos Locales y delegaciones de SEO/BirdLife, para lo que el objetivo de la campaña es alcanzar al menos 24.000 euros.

En los meses de junio y julio miles de crías de vencejo llega a los centros de recuperación, como el de Brinzal, ya que cada primavera, miles de pollitos se lanzan a descubrir la vida fuera del nido y en algunas ocasiones, este salto se produce de forma prematura, especialmente durante las cada vez más frecuentes olas de calor.

En los centros de recuperación de fauna silvestre, los pollos son cuidados hasta que están suficientemente desarrollados para su liberación en el medio natural. En determinadas épocas del año estos centros se desbordan y no pueden atender a todos lo animales que llegan a sus instalaciones.

En Brinzal, este año resultará especialmente complicado poder atender a todos los vencejos, debido a los daños causados en el centro por la borrasca Filomena el pasado mes de enero. Por ello SEO/BirdLife y Brinzal se han unido para lanzar esta campaña de donaciones.

La mayor parte del dinero recaudado irá destinado íntegramente a Brinzal, que podrá atender con ello a alrededor de 1.000 pollos de vencejo que llegan a sus instalaciones cada temporada si se logra el objetivo de 24.000 euros de recaudación.

Con la recaudación se pretende contratar a profesionales para cuidar y dar de comer a los pollos los siete días a la semana, 12 horas al día, coordinar un grupo de voluntarios y adquirir la comida y los materiales fungibles necesarios. Todo ello en colaboración con el Centro de Recuperación de Aves Silvestres de la Comunidad de Madrid.

El resto de donaciones permitirán apoyar proyectos y acciones de conservación de vencejos de los Grupos Locales y delegaciones de SEO/BirdLife, como la instalación de cajas nido de vencejos, campañas de sensibilización, edición de materiales divulgativos o la realización de inventarios de colonias.

El vencejo común es la única especie europea que habita zonas relativamente frías. Los pollos han desarrollado la capacidad de entrar en un estado similar a una hibernación que les permite superar fenómenos meteorológicos adversos sin la necesidad de comer. En origen rupícola, actualmente cría casi de forma exclusiva en zonas urbanas.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha estimado plenamente un recurso del PP de Andalucía contra una decisión adoptada en 2019 por la juez María Núñez Bolaños al frente del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, reclamando a dicho partido una fianza de 12.000 euros para continuar como parte personada en una pieza separada de la investigación relativa a la gestión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En un auto emitido el pasado 11 de mayo, la Sección Primera de la Audiencia aborda un recurso de apelación del PP de Andalucía, contra un auto emitido el pasado mes de mayo de 2019 por la juez María Núñez Bolaños como titular de dicha instancia, solicitando al partido una fianza de 12.000 euros en una pieza derivada de la división de investigación relativa a las subvenciones autonómicas gestionadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Mientras el PP-A ya figuraba personado en las actuaciones iniciales y también en esta pieza separada en cuestión, la juez consideraba que el PP andaluz «está legitimado para personarse, pero tiene la obligación de prestar fianza, pues como acusador popular debe constituir fianza para responder de las resultas del juicio».

A su entender, «el hecho de que la causa esté iniciada no justifica la no prestación de fianza a la acusación popular, dado que puede ser exigida en cualquier fase del procedimiento».

EL RECURSO DEL PP

Frente a ello, el PP formuló un recurso de apelación alegando «la improcedencia de la fianza señalada al no haberse exigido ni en el momento de su personación en las diligencias previas 174/2011, de las que dimanan las presentes actuaciones, ni en otros procedimientos, entendiendo que tampoco sería exigible al encontrarse ya iniciada la causa».

Tras interponer el PP andaluz un recurso de apelación contra dicha decisión de la juez Bolaños, la Sección Primera de la Audiencia ha expuesto, visto dicho recurso, que «la acusación popular ya estaba personada en la causa principal de la que dimana las presentes diligencias previas y, si bien se centra la investigación en los mismos hechos que dio origen la causa, se concreta a unos determinados hechos que se desgajan del principal, por lo que el procedimiento está iniciado y ya estaba personada la acusación popular tanto en la causa principal como en las presentes diligencias, por lo que se estima, en esas condiciones, innecesaria la exigencia de fianza para responder de las resultas del juicio».

«NO SE PUEDE SOSTENER QUE SE IMPONGA UNA FIANZA»

Esgrimiendo el pronunciamiento previo del Tribunal Supremo, la Sección Primera de la Audiencia considera así que «no se puede sostener que se imponga una fianza cuando no se ha exigido fianza en las distintas piezas abiertas, como consecuencia de la división de las originales diligencias 174/2011, cuando ya estaba personada como acusación popular la apelante y ya estaban iniciadas» las actuales actuaciones en las que se impone la mencionada fianza de 12.000 euros.

Así, la Sección Primera de la Audiencia estima plenamente el recurso de apelación del PP andaluz contra el mencionado auto de la juez Núñez Bolaños, dejando «sin efecto la necesidad de prestación de fianza para el ejercicio de la presente acción popular del recurrente».

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este martes que Vox tiene derecho a celebrar un acto político en Ceuta, siempre que sea legal, «sin ser molestado o perturbado», independientemente de las ideas que defienda.

Así se ha pronunciado Bal, en rueda de prensa en la Cámara Baja, un día después de que los altercados del lunes en Ceuta, al término de la concentración en la que unas 400 personas protestaron contra la presencia en la ciudad autónoma del líder de Vox, Santiago Abascal. Varias personas intentaron asaltar el Parador La Muralla, donde se alojaba Abascal, por el aparcamiento, tras lo cual la Policía cargó con material antidisturbios y esta acción fue respondida con pedradas.

Abascal, que hizo unas declaraciones a los periodistas dentro del hotel, no pudo celebrar ni el mitin prohibido por la autoridad gubernativa con respaldo judicial ni la rueda de prensa al aire libre que había convocado después, debido a la presencia de cientos de personas, en su inmensa mayoría ceutíes de confesión musulmana, que le increpaban llamándole «racista» y le instaban a irse de la ciudad.

El portavoz parlamentario de Cs ha subrayado que cualquier partido debe poder realizar un acto «con absoluta libertad», siempre que sea legal, «en el ejercicio de su derecho de participación política». «Nosotros siempre vamos a condenar cualquier tipo de obstáculo que se ponga» a ese derecho, aunque «discrepemos en cuanto a las ideas» del partido en cuestión, ha manifestado.

ES VOX QUIEN DECIDE SI EL ACTO ES OPORTUNO O NO

Cuando le han preguntado si considera, como otros grupos parlamentarios, que Abascal fue a Ceuta a alimentar la confrontación, tras la entrada irregular de miles de inmigrantes desde Marruecos en los días anteriores, y que su presencia allí no era oportuna, Bal ha respondido que «eso lo tiene que decidir Vox».

Bal sostiene que se puede «opinar sobre la oportunidad de ir a lanzar determinados mensajes a determinados lugares», pero «eso es derecho de participación política».

Hay que «permitir que cada uno expresemos libremente nuestras opiniones aunque no coincidan con las de otra opción política», en vez de entrar en la «batalla de unos contra otros» dentro del actual escenario de «polarización», ha defendido.

Por último, Bal ha recordado que políticos de Ciudadanos han recibido amenazas de muerte por celebrar un mitin en el País Vasco y que en un municipio de Cataluña se limpiaron las calles con lejía después de que participaran en un acto.

A continuación, ha señalado que una persona como él, que se define como «liberal» y que cree firmemente en «el Estado de Derecho y los valores democráticos», no puede más que defender el derecho de participación de cualquier partido político en los asuntos públicos «como tenga a bien, en condiciones de paz, de tranquilidad, y sin ser molestado o perturbado».

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado este martes al nuevo Ejecutivo de Cataluña a pedir que se retome lo antes posible la mesa de diálogo, y ha reconocido que es posible que antes se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado, no obstante, que ambas citas las tiene que solicitar el Govern, y ha desvinculado por completo esta agenda del diálogo de la tramitación de los indultos.

No obstante, fuentes del Ejecutivo reconocen que siguen viendo a Junts reticente a la hora de retomar esa mesa de diálogo, como ya lo fue a la hora de ponerla en marcha hace más de un año. Por ello, confían en que ERC logre de nuevo convencer a sus socios de gobierno, y se pueda fijar ya la segunda reunión de este órgano.

De momento, las fuentes consultadas explican que Sánchez y Aragonés ya se han puesto en contacto, tal y como señaló también este lunes el nuevo presidente catalán, y ahora en Moncloa esperan a que éste solicite formalmente ser recibido por Sánchez y la reactivación de la mesa de diálogo.

VEN AL ARAGONÉS DISPUESTOS AL «REENCUENTRO»

En todo caso, la portavoz del Gobierno ha afirmado en la rueda de prensa que lo importante no es quién llame antes sino que se retome el diálogo, y ha destacado el «mensaje de llamamiento al reencuentro» que, a su juicio, ha trasladado el nuevo presidente catalán, al margen de la «simbología» independentista que ha rodeado su investidura.

«Nuestro interés es que esa mesa de diálogo se reúna a la mayor brevedad posible con independencia de la reunión bilateral que se pueda mantener de forma obligada o de cortesía cuando un presidente ha tenido un nuevo nombramiento», ha afirmado Montero tras el Consejo de Ministros.

A este respecto, Montero ha reconocido que más allá de la cuestión protocolaria, es más fácil que se reúnan antes los dos presidentes, por una cuestión de cuadrar sus agendas. «Pero el Gobierno está con la mano tendida por supuesto», ha insistido, antes de lamentar que «ya se ha perdido mucho tiempo».

«La situación necesita un cauce para que se pueda producir», ha recalcado, tras señalar que el Gobierno siempre ha manifestado su intención de volver a sentarse con Cataluña cuanto antes. «Lo importante es retomar nuestra agenda, y eso pasa por la convocatoria de la mesa», ha ahondado.