La Junta de Andalucía ha anunciado este martes que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) contará por primera vez con una unidad específica de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del decreto que modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración de la Junta de Andalucía y que permitirá la ampliación de la plantilla del IAM en 15 profesionales.

En febrero de 2019, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, concentró las principales competencias de su departamento para "la erradicación" de las violencias machistas en el IAM, con el propósito de "unificar" la atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género, según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota.

Asimismo, la Junta ha asegurado que, ahora, con la creación de esta unidad específica, se busca "reforzar y mejorar" la asistencia, servicios y programas para hacer frente a esta grave vulneración de los derechos de las mujeres.

En el decreto aprobado se establece que para el adecuado ejercicio de las competencias atribuidas al IAM resulta "necesario" crear una unidad administrativa dedicada a la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género, con la correspondiente dotación de nueve puestos de trabajo.

Además, la Junta ha señalado que se refuerzan las áreas jurídica y de documentación con dos puestos de trabajo y se incrementan en cuatro los puestos de nivel básico en el área de la gestión administrativa general.

En los Centros Provinciales de la Mujer en Granada y Sevilla se fortalece la atención a la ciudadanía con tres puestos de trabajo adscritos a personal funcionario y se suprimen tres puestos adscritos a personal laboral que se encuentran desocupados. En total, la plantilla presupuestaria de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al IAM se amplía en 15 puestos de trabajo.

AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL IAM

En este sentido, la Junta ha destacado que se debe tener en cuenta que el Decreto 572/2019, de 1 de octubre, por el que se modifica el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, amplía el ámbito competencial atribuido al IAM, al que corresponde ahora el ejercicio de las competencias en materia de promoción de la colaboración, a través de los instrumentos jurídicos adecuados, con las corporaciones locales y las diputaciones provinciales, para proporcionar asistencia social integral a las mujeres víctimas de la violencia de género.

La asistencia se realiza en materia de sensibilización social y la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer, y en materia de planificación, elaboración, desarrollo, coordinación, promoción de iniciativas e impulso de las actuaciones y planes de violencia de género.

El Gobierno andaluz ha indicado que esta ampliación de la plantilla se suma a la llevada a cabo en el primer trimestre de 2020, cuando se incorporaron a servicios centrales y a los ocho centros provinciales del IAM un total de 36 personas en los departamentos psicológico y jurídico y en el área administrativa.

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER

La Junta ha señalado que la lucha contra la violencia de género "se ha convertido en una de sus prioridades". Por ello, desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Igualdad ha reforzado todos los servicios esenciales en la atención integral de las mujeres, tanto a nivel presupuestario como de personal.

Así, la administración ha destacado que el teléfono 900 200 999 ha multiplicado por diez su presupuesto --pasando de 103.000 euros a superar el millón de euros-- y el personal ha pasado de 12 a 19 personas.

También los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) han recibido una inversión récord de 33 millones para la asistencia a las mujeres, especialmente en el ámbito rural.

Por su parte, los recursos de acogida contarán los próximos cuatro años con un presupuesto de 27 millones, lo que supone un aumento anual del 7%. Gracias a esta inversión, la Junta ha indicado que se ha contratado a 92 profesionales más.

Además, la administración ha asegurado que se han garantizado y afianzado los programas de atención psicológica dirigida a chicas jóvenes, hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género y a familiares de mujeres asesinadas con un aumento presupuestario de casi el doble de financiación.

En esta línea, el presupuesto del IAM ha crecido en casi 1,3 millones (1.297.693) pasando de 42.900.000 en 2018 a 44.197.693 euros en 2021, lo que supone un aumento del 3% desde el inicio de la legislatura.

TREINTA Y CINCO MIL CONSULTAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

Andalucía ha dado respuesta en el primer semestre de 2021 a un total de 35.556 consultas sobre violencia de género a través del IAM, lo que supone 10.289 consultas más que en el mismo periodo de 2020 y un incremento del 40,72%.

El trabajo realizado en los Centros Provinciales de la Mujer, los Centros Municipales de Información a la Mujer y el Teléfono de Atención a las Mujeres (900 200 999) ha permitido atender una media de 197 consultas diarias sobre violencia contra la mujer frente a las 140 de hace un año, según ha contabilizado la Junta. A este dato, se suma la atención a cerca de 74.000 mujeres (73.696), lo que supone una media de 409 al día y un aumento del 21,12%.

El coordinador de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, apoya la idea de crear una comisión de investigación en las Cortes regionales sobre el incendio que arrasó 22.000 hectáreas en la provincia de Ávila, pero también ha pedido a la Junta un plan especial de recuperación para los afectados y otras "medidas inmediatas" para agricultores y ganaderos afectados con el fin de "garantizar" el suministro de agua a los pueblos.

Tras visitar la zona del incendio junto a la secretaria de Horizonte Verde y Revitalización del Medio Rural de Podemos, Irene de Miguel, ha culpado del fuego a "la inacción, la desidia y la incapacidad de la Junta, que deja que un coche arda durante casi 40 minutos", porque el incendio fue causado por un vehículo que se prendió en la carretera Nacional 502.

Fernández ha dicho que el dispositivo contra incendios es "insuficiente", a la vez que ha asegurado que si hubiese habido parques de bomberos se habría extinguido "de forma mucho más rauda y con mayor celeridad", y ha echado en falta que no se trabaje en invierno para desbrozar los montes de la Comunidad.

DEPURAR RESPONSABILIDADES

Por otra parte, Podemos ha manifestado su apoyo a la propuesta de Por Ávila para crear una comisión de investigación en las Cortes para "depurar las hipotéticas responsabilidades políticas" que, según ha afirmado, "seguro" que se produjeron.

Fernández también ha abogado por recuperar el "Plan 42", dedicado a la prevención de incendios, "sobre todo en invierno", así como el aumento del operativo.

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha avisado este martes al presidente catalán, Pere Aragonés, de que hablar de la independencia con un horizonte de 2030 "no es el camino" para lograr el reencuentro que propone el Gobierno en la mesa de diálogo.

Aragonés también ha pedido que el presidente Pedro Sánchez estuviera en la mesa de diálogo que se reunirá en la semana del 13 de septiembre, pero la Portavoz del Ejecutivo no ha aclarado este extremo y ha recordado que ya estuvo en la primera reunión que se celebró en febrero de 2020, antes de que estallara la pandemia.

A este respecto, Rodríguez se ha limitado a decir que el Gobierno está trabajando para concretar la agenda y los equipos de una reunión que está prevista para la tercera semana de septiembre, tal y como acordaron Sánchez y Aragonés en su encuentro bilateral de finales de junio.

Eso sí, la portavoz no ha querido pasar por alto las declaraciones que realizó este lunes Aragonés sobre sus pretensiones para celebrar un referéndum independentista antes de los juegos de invierno de 2030 que Cataluña pretende organizar. Así, ha querido dejar claro que el Gobierno nunca va a aceptar esa demanda.

"Hemos escuchado a Aragonés hablar de la independencia en un horizonte de 2030, éste no es el camino del diálogo, del reencuentro, no es la forma que queremos transitar en las relaciones con Cataluña", ha precisado la Portavoz del Ejecutivo, quien a renglón seguido ha recordado que la Unión Europea "no reconoce la desintegración de los territorios, ni la Constitución española".

Es más, ha insistido en que "ninguna Constitución reconoce la desintegración de los territorios", y ha añadido en que el compromiso del Ejecutivo es avanzar en "un camino de recuperación de la normalidad", porque "yéndole bien a Cataluña, le irá bien a toda España".

"Es el camino en que estamos trabajando, y la disposición que llevamos para sentarnos a una mesa que ha de ser de diálogo y de solucionar problemas importantes que demanda la sociedad catalana", ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en que el Gobierno tiene "toda" la disposición al dialogo, pero con la firme convicción de que "el camino no es indicar el horizonte para la independencia". "Ha quedado claro que esa no es la vía que quiere el Gobierno de España", ha zanjado.

La Policía Nacional y la Policía Local de Valladolid han detenido ayer a tres individuos por un delito de robo con violencia sobre una persona a la que arrebataron la cartera y el reloj a punta de pistola y tras infligirle un corte en un brazo con una navaja, según informaron fuentes policiales.

Los detenidos son J.A.C.L, de 47 años y con 13 antecedentes policiales, mayoritariamente por delitos contra el patrimonio; M.J.R.D, de 30 y con una detención anterior; y M.C.S, también de 30 y sin antecedentes, a los que se imputan un delito de robo con violencia y lesiones.

Los agentes se encontraban realizando labores del servicio y fueron comisionados por el CIMACC 091 a un parque del barrio de la Rondilla debido a que un sujeto había sido agredido por tres individuos y objeto de un robo.

Al llegar al lugar de los hechos, la víctima manifestó a los agentes que tres individuos le abordaron en la zona ajardinada y mientras uno de ellos le amenazó con un arma para que le diese dinero, otro le causó un corte ligero en el antebrazo con una navaja tipo mariposa.

Seguidamente, los asaltantes le propinaron varios golpes por el cuerpo y huyeron del lugar, habiéndole sustraído su cartera con 50 euros y el reloj que portaba.

Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local realizaron batidas por la zona inmediatamente y localizaron y detuvieron a uno de los implicados en los hechos.

Posteriormente, los investigadores de Policía Nacional realizaron diversas gestiones que culminaron este lunes con la identificación y posterior detención de los otros dos encartados. Se les ha intervenido el arma detonadora con la que presuntamente amenazaron a la víctima y munición. A los detenidos se les ocuparon una pistola detonadora, un cargador y cartuchos.

La víctima fue trasladada al hospital para ser atendida de un corte ligero en el antebrazo izquierdo y de un traumatismo costal.

La detención ha sido llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valladolid.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes una "fase intensa de trabajo" en el Gobierno autonómico que permita recuperar la actividad económica, el PIB y el empleo tras la pandemia y lograr en 2022 los niveles previos a la pandemia de la COVID-19.

Así lo ha defendido en una rueda de prensa en la que ha también se ha marcado como objetivo lograr unos niveles de paro, deuda y déficit inferiores a la media española.

Tras recordar que la Comunidad ya se sitúa en el 97 por ciento de la ocupación que tenía al inicio de la crisis sanitaria, con tres meses seguidos de descenso interanual del desempleo que espera que sean cuatro una vez se conozcan los datos de agosto, Fernández Mañueco se ha referido a los datos "espectaculares" que viene registrando el turismo rural en Castilla y León en lo que va de año y que podrían continuar en lo que resta de ejercicio.

"Entre todos vamos a conseguir que en Castilla y León se viva mucho mejor que antes", ha vaticinado el presidente, quien se ha mostrado "orgulloso" del esfuerzo "ímprobo" realizado en estos casi dos años de pandemia por parte de la sociedad castellanoleonesa, así como "satisfecho" con el trabajo llevado a cabo por su Gobierno, que permita que ahora la región pueda "mirar al futuro con esperanza".

"Hemos demostrado todos que hemos estado a la altura de las exigencias que nos han puesto", ha defendido Fernández Mañueco, quien ha ensalzado la labor del personal sanitario, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, docentes trabajadores del campo y de la industria agroalimentaria y la distribución.

PACTO CON CS

En cuanto al cumplimiento de los cien puntos del acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos, Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado que trabaja para alcanzarlos todos en lo que resta de legislatura, aunque ha recordado que en estos dos años se han logrado "muchos más" que no estaban en ese pacto "de mínimos" entre las dos formaciones.

El presidente de la Junta ha subrayado que se trata de un paco "muy útil" y que está "vivo" y que ambas partes siguen trabajando con la agenda marcara para que todos estos puntos sean "impulsados y empujados" en la segunda mitad del mandato.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado "optimista" y "ambicioso" en esta cuestión una vez superado lo peor de la pandemia y en un momento en el que, como ha recodado, cerca del 90 por ciento de la población vacunable en estos momentos --los mayores de doce años-- "ya tiene al menos una dosis" de la vacuna contra la COVID inoculada y "se observa un descenso tanto de la incidencia como de la hospitalización".

La portavoz de Podemos, María Marín, ha exigido al presidente murciano, Fernando López Miras, que "dé la cara en la Asamblea Regional por la crisis del Mar Menor".

A su juicio, "no puede justificar la acción de los gobiernos de su partido, tras años llamando alarmistas, catastrofistas y hasta antimurcianos a quienes advertían del desastre ambiental que vive la mayor laguna salada de Europa".

La Asamblea Regional retomará este miércoles, 1 de septiembre, su actividad ordinaria. El curso parlamentario comenzará con una "notable ausencia", la del presidente regional Fernando López Miras.

A pesar de que desde Podemos se solicitó su comparecencia, "los grupos que defienden al gobierno del Partido Popular vetaron la petición, evitando así que tenga que pronunciarse o responder a las preguntas de los diferentes partidos políticos presentes en la cámara".

Marín ha denunciado que López Miras "sigue escondido y sin dar explicaciones, a pesar de que la Región de Murcia atraviesa la crisis ambiental más grave que ha vivido en su historia reciente".

La diputada ha recordado que hace dos semanas, cuando el Mar Menor comenzó a arrojar miles de cadáveres de animales a las orillas, desde su formación exigieron al presidente autonómico que "suspendiese las vacaciones de los diputados y pusiese en marcha el trabajo en la Asamblea Regional, algo a lo que también se negaron desde los grupos del gobierno".

Para Marín, "es lamentable la imagen de un presidente que se esconde detrás de uno de sus consejeros, esperando pasar desapercibido, como si el desastre del Mar Menor no fuese con él".

La diputada ha señalado que la responsabilidad del máximo dirigente de una Comunidad "es también rendir cuentas ante los ciudadanos de su Región, escuchar a los grupos parlamentarios y debatir cuáles son las mejores estrategias para solucionar el problema".

Se trata, asegura la portavoz, de "ponerse a trabajar para defender los intereses de una mayoría social que no está dispuesta a ver cómo siguen destrozando un entorno natural único, que es además patrimonio sentimental de todos los ciudadanos y ciudadanas", algo para lo que López Miras "no está capacitado".

Por último, para la diputada de Podemos, el presidente regional "demostrará de nuevo con su ausencia en la tribuna que no puede justificar la acción de su partido y de sus gobiernos".

Marín ha señalado que en la Cámara también se ha dicho "en multitud de ocasiones que no se tenían las competencias para cortar los vertidos al Mar Menor, cuando hoy todo el mundo ya ha visto que era mentira y que sólo hacía falta que el Gobierno regional diese la orden, como sucedió la semana pasada tras años de descontrol".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado este martes al PP de falta de madurez y de violar la ley y la Constitución al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, ha denunciado que la condición que ha puesto ahora el líder de los 'populares' de que se renueve ya el sistema de elección para que pase a manos de los jueces no es más que una "excusa", que el Gobierno no está dispuesto a asumir.

En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Bolaños ha alertado de la "gravedad" de que el PP mantenga bloqueada la renovación del máximo órgano judicial desde hace 1.000 días con "mil excusas diferentes" y manteniendo siempre una "falta de voluntad absoluta".

Lo ha afirmado justo después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya avisado al Gobierno de que "abandone toda esperanza" de renovar el CGPJ. A juicio de Bolaños, el PP demuestra con esta actitud "nulo sentido de Estado y muy poca madurez".

A este respecto, ha incidido en que con su negativa, el principal partido de la oposición está incumpliendo una ley de hace 35 años que se ha venido respetando durante los distintos gobiernos y también la Constitución.

SI QUIEREN CAMBIAR LA LEY, "DEBERÍAN TENER MAYORÍA"

"Ahora dicen que esa ley no les gusta y que por eso no la cumplen. Son 1.000 días en los que el PP no cumple la Constitución y la ley con el argumento de que quieren cambiarla, un argumento legítimo pero deberían tener mayoría para hacerlo", ha avisado.

En este punto, ha reafirmado que la postura del Gobierno ante esta actitud es la de "tender la mano nuevamente para llegar a un acuerdo cuanto antes". "Hay que renovar ya", ha urgido, antes de avisar de que ya está empezando a haber "problemas de nombramientos".

Precisamente, Casado ha avisado este lunes al Gobierno de que "abandone toda esperanza" de renovar el CGPJ. "No vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial, y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces", ha recalcado.

Sobre esta condición, fuentes gubernamentales reafirman que el Gobierno no tiene totalmente descartado impulsar esa reforma de la ley del poder judicial para que sean los jueces los que elijan a todos sus representantes, e insisten en que la pelota está en el tejado del PP.

El manifiesto del minuto de silencio del mes de agosto en el Ayuntamiento de Talavera de La reina ha recordado a los menores, víctimas directas de la violencia de género.

Así, se ha destacado que "si en los casos de divorcio o separaciones conflictivas los menores se ven afectados de forma negativa, en los casos donde existe violencia de género estos efectos negativos se multiplican".

En este acto han estado presentes los concejales Flora Bellón, Montserrat Muro, María Jesús Pérez, Daniel Tito, Nuria Sánchez y Sergio Gutiérrez, así como concejales del Grupo Popular, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Centro de la Mujer de Talavera y ciudadanos a título particular.

La lectura ha sido realizada por María Jesús Gómez, una de las integrantes que forma parte del Consejo Local de la Mujer.

Por ello, "hay que ser muy cuidadosos" y dedicar recursos y profesionales especializados para "evitar que sigan sufriendo los efectos negativos" de la violencia que "su padre ejerce hacia su madre y que pueden generarle secuela que arrastrarán hasta su vida adulta".

Así, los menores están reconocidos como víctimas directas de dicho maltrato y, por tanto, "requieren asistencia y protección integral, derecho a ser protegidos, informados y escuchados", se indica en el manifiesto.

Para ello, "tenemos que entender que su derecho a tener una vida normalizada y libre de violencia, una infancia feliz, está por encima del derecho de su padre".

De este modo, se ha recordado que "un buen padre cuida, protege, comparte responsabilidades, educa en la no violencia, empatiza con los sentimientos de sus hijos e hijas y prioriza el bienestar de ellos sobre el propio".

Finalmente, se ha dado cuenta de las seis mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas durante este mes de agosto, a lo que ha seguido un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El Lehendakari, Iñigo Urkukllu, confía en que Euskadi reciba las nueve competencias pendientes de transferir, sobre las que ya se ha establecido interlocución entre los Gobiernos español y Vasco tras la remodelación en el Ejecutivo central. Además, ha asegurado que el autogobierno vasco "merece ser actualizado y profundizado" pero ha puntualizado que corresponde a los grupos parlamentarios "continuar o no con los trabajos" realizados hasta el momento .

Tras el Consejo de Gobierno celebrado en San Sebastián, Urkullu ha asegurado que tiene "esperanza" en que, tras la "reciente" remodelación del Consejo de Ministros por parte de Pedro Sánchez, "se cumpla el cronograma aprobado por el propio Gobierno español en orden a la transferencia de las materias pendientes".

El Lehendakari ha afirmado que existe "una comunicación, un hilo directo", entre la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendia, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García.

Además, ha recordado que quedan nueve materias para cumplimentar este año, según recoge el cronograma aprobado con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Y mantengo esta la esperanza ante la interlocución que ya se ha establecido entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco", ha reiterado.

NUEVO ESTATUS

Iñigo Urkullu también se ha referido al nuevo estatus pendiente de acordar en Euskadi. En este sentido, ha apuntado que el primer "propósito" de su Ejecutivo es "la defensa del autogobierno reconocido, la defensa en la reivindicación del cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía", así como "la defensa ante la erosión competencial, a partir de la defensa, la profundización en el autogobierno, y la profundización en base a una actualización".

En su opinión, 41 años después de haber sido aprobado el Estatuto de Autonomía y ante "una sociedad absolutamente diferente, en un contexto político totalmente diferente", el autogobierno vasco reconocido "merece ser actualizado y profundizado".

No obstante, ha recordado que esta labor corresponde a los grupos parlamentarios vascos y, tras un años de legislatura, "existió una ponencia de autogobierno en legislaturas anteriores". "Corresponde, por lo tanto, a los grupos parlamentarios, trabajar por lo que pueda ser un acuerdo amplio en base a un consenso sobre un nuevo Estatus", ha concluido.

Preguntado por si la actualización del autogobierno vasco es un objetivo que pretende cumplir en esta legislatura, ha afirmado que lo que mantiene en su agenda es "el programa de Gobierno". "Y lo que cuenta en el programa de Gobierno, pactado entre el PNV y el PSE-EE es la defensa del autogobierno reconocido y la profundización y actualización de nuestro autogobierno", ha dicho.

Según ha insistido, corresponde a los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco "continuar o no con los trabajos que hasta el momento han hecho".

Unicef España ha anunciado este martes la aprobación de una ayuda inicial por valor de 200.000 euros para contribuir al trabajo que la entidad está realizando en Haití para atender las necesidades más urgentes de los niños y sus familias víctimas del violento terremoto del pasado 14 de agosto.

"No nos olvidamos de Haití. Las necesidades de los niños y sus familias son enormes", ha señalado el presidente de Unicef España, Gustavo Suárez, quien ha explicado que estas personas han sufrido "en las últimas semanas mucha violencia, escasez y el impacto de dos grandes desastres naturales", como son el "potentísimo terremoto" y "las lluvias torrenciales del huracán Grace".

Suárez ha indicado que, "pese a las dificultades de acceso y los problemas en las comunicaciones" la ONG está trabajando para que todos los menores y sus familias "tengan cobijo, alimentos, protección" y que "puedan empezar la escuela lo antes posible".

Según ha informado Unicef España hay 1,2 millones de personas damnificadas por el terremoto, de las que casi la mitad (unos 540.000) son niños y niñas. Además, unas 53.000 viviendas quedaron destruidas y numerosas infraestructuras sufrieron daños severos, como hospitales, escuelas, sistemas de agua y carreteras.

AYUDA ENVIADA

Hasta ahora, la ONG ha distribuido suministros de emergencia previamente preposicionados, como botiquines, artículos de higiene, colchones, mantas y lonas, para unas 30.000 personas en Les Cayes; y los primeros cargamentos aéreos llegaron en los últimos días aPuerto Príncipe con 40 toneladas de suministros médicos y de agua, saneamiento e higiene, suficientes para atender las necesidades de unos 23.350 niños y sus familias durante los próximos tres meses.

Esta ayuda de la entidad incluía medicamentos, equipo quirúrgico, suplementos nutricionales, más de medio millón de mascarillas, 15 tiendas de campaña para servir de postas sanitarias, más de 65.000 tabletas potabilizadoras de agua, tanques de agua y kits de higiene familiar con jabón y materiales de higiene menstrual, ha explicado Unicef España.

Según sus cálculos, se necesitará unos 15 millones de dólares (12,7 millones de euros) para responder a las necesidades más urgentes de unas 650.000 personas, de las que 260.000 son niños y niñas, durante un período de ocho semanas.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha reactivado este martes los acercamientos de presos de ETA al trasladar, tras un mes sin anuncios en esta materia de la política penitenciaria, a siete condenados por terrorismo, seis de ellos directos a cárceles del País Vasco. Con estos, ya son 66 los etarras que han ido a prisiones vascas por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el pasado 1 de julio ya no queda ningún preso de ETA al sur de las cárceles de Madrid debido a una política de traslados aplicada por el Ministerio del Interior, con el rechazo de algunos colectivos de víctimas, entre ellas la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se queja de la falta de colaboración con la Justicia y relaciona estos anuncios con el pacto de "presos por presupuestos" entre el Gobierno y EH Bildu.

CÓCTELES MOLOTOV Y DEPÓSITO DE ARMAS

Entre los siete últimos traslados consta el de Asier Rodríguez López, que deja el Centro Penitenciario de Soria por la prisión de Basauri (Vizcaya). La Audiencia Nacional le condenó a 22 años y medio de cárcel por el ataque con cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete (Vizcaya) el 5 de agosto de 2001.

Del Centro Penitenciario de Zaragoza a la prisión de Basauri irá también José Ángel Lerín Sánchez. Fue condenado a 17 años de prisión por la colocación en enero de 2005 de una mochila-bomba en el hotel Port Denia (Alicante), cuya explosión provocó cinco heridos y a 26 años de prisión por formar parte del 'comando Urederra de ETA', desarticulado en abril de 2007 en pleno alto el fuego permanente. Ha cumplido 13 años de condena de los 25 que tendrá que cumplir.

Guillermo Merino Bilbao abandonará el Centro Penitenciario de Zaragoza para ir a Bilbao. Fue condenado a 49 años de cárcel por pertenencia a banda armada, depósito de armas, falsificación documental, dos tentativas de asesinato, robo con violencia y detención ilegal.

Jon Etxeberría Oiarbide cambiará el Centro Penitenciario de El Dueso por el de Álava. Fue condenado en 2019 a nueve años de prisión por un delito de depósito de armas y explosivos por la furgoneta de ETA interceptada en 2017 en Óbidos (Portugal). Ha cumplido tres años de condena del total de nueve a los que fue condenado.

Ibai Aguinaga Guinea, por su parte, dejará el Centro Penitenciario de El Dueso por la prisión de Bilbao. Fue condenado a 21 años de prisión en 2012 por pertenencia a banda armada, depósito de armas y explosivos y falsificación documental.

ASESINATO DE ERTZAINA Y SECUESTRO DE DELCLAUX

Manuel Miner Villanueva irá del Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia) al de El Dueso (Cantabria). En 2003 la Audiencia Nacional le condenó a 97 años de prisión como responsable del asesinato del agente de la Erzaintza Iñaki Totorika Vega.

También fue condenado en 2006 a 253 años de prisión por el atentado contra el estadio Santiago Bernabéu, en el que resultaron heridas 22 personas por la explosión de un coche bomba el 1 de mayo de 2002, y a 20 años por atentar con un coche-bomba contra un edificio de Repsol ubicado en el madrileño Paseo de la Castellana la noche del 22 de abril de 2002, produciendo cuantiosos daños materiales.

Finalmente, Iosu Ordoñez Fernández irá Álava desde su actual Centro Penitenciario de Topas (Salamanca). En 2007 fue condenado a 17 años y medio de prisión por participar en el secuestro el 11 de noviembre de 1996 del industrial vasco Cosme Delclaux, quien permaneció retenido durante 232 días en el mismo zulo en el que estuvo encerrado el empresario José María Aldaya, ubicado en una nave industrial en Irún (Guipúzcoa).

UN MES SIN COMUNICAR TRASLADOS

El último traslado de la institución dependiente del Ministerio del Interior se comunicó el pasado 28 de julio, incluyendo entonces cuatro acercamientos, entre ellos el de Iurgi Garitagoitia Salegui --del Centro Penitenciario Madrid V al de Logroño--, condenado por asesinar al empresario Ignacio Uría.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó de "especialmente ofensivo" que Prisiones hablara del compromiso de Garitagoitia Salegui para atenuar el dolor de las víctimas cuando en febrero se negó a contestar a las preguntas del fiscal y de la propia AVT en el juicio por el asesinato de Uría. También recordó que tenía causas pendientes con la justicia, "sin que haya colaborado en ninguna".

Según los datos recopilados por la AVT, desde la llegada a la Moncloa en 2018 de Pedro Sánchez, se han aprobado 263 traslados que se corresponden a 202 etarras. Al País Vasco han ido 66 condenados y a Navarra otros 14. En total, 109 tenían delitos de sangre, que se corresponde a 97 presos con 296 víctimas en 216 atentados.

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha dicho que la mesa de diálogo --que se debe reunir la semana del 13 de septiembre-- y la negociación de los presupuestos de la Generalitat son "dos oportunidades para enderezar el rumbo de Cataluña y del Govern" este otoño.

En una rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, Cid ha añadido que "hará falta ver qué voluntad tiene ERC de hacer avanzar Cataluña o seguir instalada en esta dinámica de Govern resignado, parado y desbordado".

Con respecto al primer punto, el portavoz ha lamentado que "cada día hay informaciones contradictorias", ya que, ha observado, existe la propuesta de Junts y la del presidente Aragonès, que no dista mucho de la suya --en sus palabras-- porque no pone fechas inmediatas sino que se remite al 2030 y pide una votación.

Cid ha explicado que la líder de los comuns, Jéssica Albiach, dará una conferencia el próximo 8 de septiembre con las líneas maestras de su propuesta, que pasa por avanzar en la desjudicialización del conflicto político y en el autogobierno, negociar un nuevo sistema de financiación y el reconocimiento nacional de Catalunya, que sea avalado y votado por la ciudadanía.

En referencia a los presupuestos, el portavoz morado ha avisado de que tienen disposición a hablar pero se van "alejando cada vez más de un Govern que está planteando propuestas antiguas e insostenibles más que de futuro".

Ha enumerado sus frenos a un visto bueno a las cuentas: "La apuesta de la recuperación económica basada en proyectos como la ampliación del Aeropuerto, los Juegos Olímpicos de invierno y el Hard Rock hacen más difícil nuestro apoyo", si bien ha recordado que se emplazaron a hablar con el Govern a principios de septiembre.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

Concretamente sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, Cid ha criticado que "ERC hace malabares" con su posición, ha asegurado que la ciudadanía todavía no sabe qué piensa el partido de Aragonès, y que da la sensación de que han externalizado su posición a Junts y al vicepresidente Puigneró, en sus palabras.

"Si ERC comparte con nosotros la posición clara de rechazo, estaremos encantados de trabajar conjuntamente para evitar una propuesta antigua e insostenible", ha asegurado.

En el mismo sentido, se ha mostrado confiado en que ERC avalará el pleno monográfico en el Parlament sobre la cuestión que han propuesto, "si no tienen nada que esconder y quieren fijar su posición y los pros y contras que plantea de la propuesta de Aena".

"Quizás así salimos de los acuerdos secretos y de espaldas al conjunto de fuerzas parlamentarias en Madrid y podemos tener un debate con luz y taquígrafos", ha enfatizado.

La ciudad de Santiago de Compostela acoge el contenedor más grande del mundo, con una capacidad "50 veces mayor que el resto de iglús convencionales" con el objetivo de concienciar a "adultos y jóvenes" de la importancia de reciclar.

De este modo, el contenedor, que oficialmente se estrena este martes, está situado en la zona conocida como la Residencia, en el Campus Sur, y ha sido presentado la mañana de este martes por el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo; la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; y el director de marketing de Ecovidrio, Borja Martiarena.

Además, en los alrededores del contenedor se ha habilitado una zona para realizar talleres infantiles que enseñen a los más pequeños el proceso de reciclado.

Se trata de una iniciativa de la entidad Ecovidrio y se coloca en la capital gallega por ser la meta de la Vuelta Ciclista este año, coicidiendo con el Xacobeo 21-22.

VUELTA SOSTENIBLE

En lo que respecta a La Vuelta, el director de marketing de Ecovidrio ha asegurado que su lema este año es "hacer la vuelta más sostenible" y es por eso que, durante todas las etapas de la ruta, ponen "recursos" para lograrlo.

En concreto, han habilitado tres áreas donde los ciclistas puedan dejar sus bidones y geles, además de reciclar la botella de cava que se entrega al ganador de cada etapa como premio, entre otras.

RECOGIDA SELECTIVA "ESENCIAL"

Por su parte, el alcalde de Santiago ha calificado a la recogida selectiva de basura como un aspecto "esencial" y ha destacado que en Santiago, la recogida selectiva que "mejor funciona" es la de vidrio.

También ha aludido al proyecto del 'quinto contenedor'-- la instalación de un nuevo contenedor marrón para el tratamiento individualizado de biorresiduos, junto a un sistema de sensores para que los contenedores no sobrepasen el 75% de su capacidad-- y ha asegurado que "empezará en unos meses".

A este respecto, la conselleira de Medio Ambiente ha destacado que "reciclar supone vivir mejor" y ha fijado como meta que, en 2021, cada gallego recicle, de media, más de 21 kilogramos de vidrio.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha insistido este martes en que el Ejecutivo de Pere Aragonès no contempla que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda a la mesa de diálogo, y ha asegurado que todavía no hay un orden del día cerrado para este encuentro pero que se está trabajando en eso y como fecha apunta a partir de mitad de la semana.

En rueda de prensa después del primer Consejo Ejecutivo tras el verano, ha dicho que en este Consell no se ha abordado la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, aunque "las conversaciones y el trabajo en torno a esto son permanentes" por parte de todos los miembros del Govern.

Plaja ha asegurado que no le consta que se haya avanzado que Sánchez no acudirá al encuentro en ninguna de las conversaciones y contactos entre Generalitat y Gobierno para cerrar el orden del día, y ha insistido en que no se contempla que no acuda, como dijo este lunes Aragonès.

"Es un encuentro realmente importante, que es el pistoletazo de salida de una nueva etapa, esperemos, entre el Gobierno catalán y español", según Plaja, y ha añadido que el Govern defenderá la amnistía y la autodeterminación en el encuentro, que se celebrará en Barcelona.

Preguntada por si está decidida la delegación de la Generalitat, Plaja ha remarcado que serán representantes del Govern y que se cerrará en los próximos días o semanas, y sobre la fecha ha respondido que hay conversaciones para fijar el día, pero "todo hace prever en estos momentos que será a partir de mitad de semana".

ACORD NACIONAL PER L'AMNISTIA

Ha remarcado que la Generalitat quiere hablar de amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo, aunque el Gobierno central rechace estas opciones: "Por este Govern no quedará luchar y trabajar para conseguir lo que hemos venido diciendo desde el principio, que es la amnistía y la autodeterminación", objetivos innegociables para el Govern, ha dicho.

Sobre las conversaciones para convocar el Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació que promueve el Govern, Plaja ha asegurado que está previsto intensificar los encuentros con partidos y entidades a partir de esta semana, para que "vaya sumando gente en paralelo de la mesa de negociación".

Sobre si el Govern acudirá a la manifestación de entidades de la Diada, ha asegurado que el Ejecutivo de Aragonès decidirá su "grado de participación" una vez se conozcan todos los detalles de la movilización, que será tan emblemática como la de los últimos años, según ella.

Y preguntada por los Presupuestos catalanes, Plaja ha contestado que el asunto es una prioridad para el Govern de Aragonès y que "se está trabajando" en este sentido.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, interceptaron y detuvieron este pasado lunes al conductor de un camión como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y hacerlo, además, de forma temeraria, mientras circulaba por la N-523 (Cáceres y Badajoz).

La actuación tuvo lugar cuando la Guardia Civil fue alertada, mediante llamadas telefónicas, acerca de la conducción anómala de un conductor que circulaba con un vehículo articulado por la carretera N-523 (Cáceres-Badajoz), haciéndolo a velocidad excesiva e invadiendo el sentido contrario, obligando a los vehículos que circulaban por él a apartarse para evitar ser embestidos.

Por ello, agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres acudieron de inmediato al lugar del aviso, localizando e interceptando al camión en el kilómetro 9 de mencionada carretera. Se trataba de un vehículo articulado con placas de matrícula portuguesas, el cual iba conducido por un hombre de nacionalidad ucraniana.

Tras efectuar las comprobaciones necesarias, los agentes confirmaron que el conductor circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, al arrojar, en las dos pruebas que se le practicaron, tasas de 0,55 y 0,57 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, respectivamente.

Del mismo modo, el análisis y estudio que los agentes efectuaron al tacógrafo del camión permitieron detectar, además, sendas infracciones por minoración del descanso diario en la conducción y por exceso de velocidad, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Como consecuencia de los hechos relatados se procedió a la detención del conductor, como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y hacerlo, además, de forma temeraria, siendo puesto a disposición judicial, tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes.

Al identificar a los alertantes, se pudo comprobar que se trataba de personal militar, perteneciente al Acuartelamiento de Bótoa (Badajoz), quienes con sus llamadas a la Central 062 de la Guardia Civil, informaron de las acciones y la posición del vehículo implicado, facilitando así su detención, quienes además se personaron en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres para prestarse como testigos de la conducción irregular y temeraria.

Con su intervención, además de conocer la comisión de un delito, se pudo lograr la identificación y posterior detención del supuesto autor, demostrando así su "responsabilidad, profesionalidad y buen hacer", permitiendo la rápida inmovilización de un vehículo pesado que constituía un "importante riesgo, no solo para su propio conductor, sino para el resto de usuarios de la vía".

El Gobierno ha apelado nuevamente a la necesidad de discreción por motivos de seguridad para no entrar en detalles sobre las gestiones que está realizando para poder seguir sacando de Afganistán a antiguos colaboradores y sus familias, ahora que Estados Unidos ha completado su retirada del país y el aeropuerto de Kabul está en manos de los talibán.

"Se está trabajando con todos nuestros aliados y socios para buscar nuevas vías de evacuación de los colaboradores afganos", se ha limitado a señalar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

Como ya hiciera la víspera el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su comparecencia para hablar de Afganistán en el Congreso, Bolaños ha subrayado que dada la "dificultad" actual tras la marcha de Estados Unidos y "por cuestiones de seguridad" es preferible "no dar muchos más detalles".

"La prudencia y la discreción son útiles" en circunstancias como estas, ha sostenido el ministro de la Presidencia, que se ha encargado de coordinar el grupo de trabajo en el Gobierno encargado de la evacuación de afganos, incidiendo en que esto ha sido "clave" en todo el operativo y por tanto se ha optado por informar solo cuando hay "resultados concretos".

"Tenemos que seguir sacando colaboradores afganos de allí" y "salvándoles la vida y eso se hace con discreción", se ha excusado Bolaños. El Gobierno no ha querido precisar en ningún momento, tras dar por concluida el viernes la primera fase de evacuación, cuántos antiguos colaboradores y sus familias se han quedado en Afganistán.

Albares también dijo el lunes que se está trabajando con muchos países para buscar vías para poder sacar de Afganistán a estas personas y de hecho un centenar de países, entre ellos España, anunciaron el domingo que tenían "garantías" de los talibán de que aquellos que cuenten con documentos y permisos que avalen su marcha podrán salir del país. El ministro de Exteriores dejó claro que el Gobierno mantiene su compromiso de "no dejar a nadie atrás".

Por otra parte, fuentes de Exteriores han confirmado que entre los más de 170 fallecidos en el atentado del jueves pasado contra el aeropuerto de Kabul había un afgano que figuraba en el listado español para su eventual evacuación.

Según las fuentes, se trata del hijo de 21 años de una mujer que en su día trabajó para una empresa que trabajaba para la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobado este martes, 31 de agosto, en Consejo de Ministros en primera lectura, lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación.

La nueva Ley pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, entre otras cuestiones, y forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, cuya implantación pretende que sea "gradual".

Esta reforma del sistema universitario se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.

La aprobación de la LOSU iría encaminada a lograr el objetivo número tres: garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador, según constaba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español enviado a Bruselas a principios de mayo.

UN 55% DE FUNCIONARIOS Y TEMPORALIDAD DEL 20%

Con el objetivo de acabar con la "situación estructural de precariedad" en las universidades, se establecen tres niveles de progresión en la carrera académica (incorporación, consolidación y promoción), se reduce la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, pasando del 40% en la antigua Ley (LOU) al 20%, y se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.

Asimismo, se establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para profesorado asociado con título de Doctor y con una relación contractual previa mínima de 5 años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesorado asociado.

También se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor, destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de 5 cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de Doctor y se introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

La norma impulsa también los doctorados industriales, la formación permanente a lo largo de la vida, así como el reconocimiento y las pasarelas con los estudios de Formación Profesional Superior para "ayudar desde las universidades a nuestra sociedad y economía en la búsqueda de un empleo estable y de calidad".

IGUALDAD Y EQUIDAD

Por otro lado, la LOSU otorga relevancia a la producción y transferencia del conocimiento estableciendo que todas las universidades dediquen como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación, asegurando una reserva de plaza del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores, promocionando el liderazgo de los jóvenes investigadores, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.

Asimismo, con el ánimo de aumentar el grado de internacionalización del sistema universitario español, la LOSU insta a fomentar alianzas interuniversitarias para el desarrollo de títulos y programas conjuntos con universidades extranjeras así como doctorados de cotutela internacional, garantiza la movilidad nacional e internacional del profesorado universitario, del estudiantado y del personal de administración y servicios a través del refuerzo de programas como el Erasmus+, y modifica la figura actual del profesor visitante e introduce una nueva de profesorado distinguido para atraer talento a la universidad.

La Ley incorpora también diferentes medidas que ponen énfasis en esa equidad, tanto por razones de género como por otras razones. Entre estas medidas, se encuentran la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, los planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo o un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios.

También incluye acciones positivas en concursos de selección, una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, medidas de conciliación, corrección de los usos del tiempo, impacto de género del presupuesto universitario, e impulso de proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades.

CAMBIO EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE RECTOR

La Ley establece también dos sistemas de elección de un rector. El primero de ellos es la elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria (en la forma en que se establezca en los Estatutos de la universidad), como ya establecía la LOU.

El segundo sistema es la elección mediante un órgano específico (que podrá determinar la universidad a través de sus Estatutos), órgano que estará formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio, según recoge el texto.

Otra novedad es que ya no hará falta el requisito de ser funcionario en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad para acceder al cargo de rector, sino simplemente ser funcionario y reunir los siguientes requisitos: tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.

70 REUNIONES PARA ELABORAR LA LEY

"Nuestras universidades todavía se rigen por una Ley Orgánica de hace 20 años; en estas dos décadas ha habido cambios profundos en el mundo, en nuestra sociedad, y dos graves crisis económicas que han golpeado extraordinariamente a las universidades públicas", ha comenzado afirmando el ministro de Universidades, Manuel Castells, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tal y como ha destacado, la LOSU "respeta escrupulosamente las competencias autonómicas", así como "la autonomía de las universidades establecida en el art 27.10 de la Constitución Española".

El ministro ha resaltado también el proceso de consulta llevado a cabo durante el último año para elaborar la Ley. Según ha subrayado, este proceso de consulta ha supuesto la realización de 70 reuniones con órganos colegiados como la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo Estatal de Estudiantes, o el Consejo de Universidades, agentes sociales como los diferentes sindicatos mayoritarios y la CEOE y CEPIME, CRUE Universidades Españolas, los grupos parlamentarios y otros agentes de la comunidad universitaria.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que España "aceptará la responsabilidad individual que le corresponda" dentro de la Unión Europea para acoger a refugiados afganos que huyan de su país, al tiempo que ha instado a seguir avanzando para acordar un pacto común europeo de migración y asilo.

"España aceptará la responsabilidad individual que le corresponda dentro de la UE", ha expresado en declaraciones a los medios en Bruselas antes de participar en la reunión extraordinaria de ministros del Interior de los Veintisiete, en la que tratarán de fijar una posición común hacia la crisis afgana.

El titular español de Interior, que no ha dado cifras concretas de acogida, ha defendido que en la fase de evacuación de Afganistán "ha quedado clara cuál es la postura de España", basada en la responsabilidad, la solidaridad, la humanidad y la dimensión exterior. "Nuestro compromiso es evidente y real", ha subrayado, después de recordar también que España ha actuado como centro de recepción de afganos que trabajaron para las instituciones europeas.

Grande-Marlaska ha destacado también que "estamos hablando de derechos y libertades fundamentales" y ha incidido en el caso específico de "mujeres, niñas y niños". A su juicio, está "bastante claro" y es "difícil de discutir" que la política europea está basada en la "protección de derechos y de las libertades", así como en "dar protección a quien lo necesita".

En la misma línea, el ministro ha señalado que la reunión quedará claro la necesidad de "seguir tomando las medidas necesarias y precisas para proteger al conjunto de ciudadanos y ciudadanas afganas en una situación absolutamente compleja", así como a los países vecinos que puedan verse más afectados por los movimientos migratorios.

Sin embargo, ha apostillado que "no es una cuestión solo de la UE" y ha enfatizado que "la comunidad internacional tiene que dar una respuesta coordinada y eficaz". "Siempre que hablamos de derechos humanos y libertades fundamentales necesariamente tiene que ser la comunidad internacional", ha argumentado.

UN PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO

Por otro lado, el ministro del Interior ha asegurado que este es "un momento oportuno" para "volver a poner encima de la mesa la necesidad de concluir" un elemento "esencial" para el bloque como es el Pacto europeo de Asilo y Migración.

En su opinión, la UE debe "ser consciente" de la importancia de "mantener la coordinación", hablar con "una única voz" y tener una "cohesión decidida y firme" en "desafíos tan importantes" como el de asistir a personas "susceptibles de ser protegidas internacionalmente" y de desarrollar una política contra la migración irregular.

Así, ha defendido que el pacto migratorio europeo tiene que ser "una realidad efectiva" para "garantizar principios tan básicos como son la responsabilidad compartida, la solidaridad, la humanidad y el elemento esencial que es la dimensión exterior", así como la "cooperación y colaboración con países de origen y tránsito".

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebra este jueves, día 2, el juicio contra un hombre acusado de amenazas, abusos sexuales, vejaciones, revelación de secretos y delitos contra la integridad moral, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El Ministerio Fiscal solicita penas que suman 20 años y ocho meses de cárcel para el hombre, acusado de maltratar a su pareja sentimental, abusar de la hija de ella y amenazar a la madre de la primera para que abandonase el domicilio.

En su escrito de calificación, sostiene que el encausado mantuvo una relación sentimental con la mujer, residiendo en el domicilio familiar sito en A Coruña junto a la hija, menor de edad, y la abuela, desde octubre de 2018.

El acusado, tras pasar unos 15 días de iniciar la convivencia, empezó a controlar los horarios de la pareja, "decidiendo la hora en que tenía que comer o acostarse, impidiéndole mantener conversaciones con amigos, quedar con ellos o con familiares, aislándola de su entorno habitual, especialmente de su familia".

"Solo quería que se relacionase con él, criticaba su forma de vestir y cuando se enfadaba rompía objetos, daba golpes, la insultaba", añade el Ministerio Público, que relata que también controlaba el teléfono de la víctima que tenía una actitud de "sometimiento".

A ello, suma comportamientos violentos hacia ella tanto en 2019 como en 2020. Por otra parte, indica que también controlaba el móvil de la hija de la mujer, a la que insultaba y a la que, añade el fiscal, le realizó tocamientos después de iniciar la convivencia en el domicilio familiar.

Asimismo, explica que mantenía una "conducta vejatoria, amenazante y agresiva" con la madre de su pareja y abuela de la menor con el fin de que abandonase el domicilio familiar.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha firmado un escrito junto a otras mujeres del partido en el que piden a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que rectifique sus declaraciones sobre la situación de las mujeres en Afganistán y en España, por considerar que suponen una "ofensa" a las afganas y una "caricaturización" de la democracia española.

Critican, concretamente, la comparación "tan frívola como inadmisible" que, a su juicio, hizo la ministra y dirigente de Unidas Podemos este lunes durante una entrevista. Montero señaló que "todas las culturas y religiones" tienen formas de "oprimir a las mujeres" y de "disciplinar su cuerpo" con "diferentes niveles de dureza", algo que "pasa en Afganistán, con el derecho al acceso a un empleo, a la educación o a la salud, pero también pasa en España con tasas intolerables de asesinatos por violencia machista".

La ministra añadió que no se trata de "hacer una especie de competición o de ranking para ver quién es más machista", sino que el objetivo debe ser construir alianzas feministas entre "los proyectos de resistencia y emancipación" de las diferentes culturas y países "para acabar con el patriarcado".

"FRIVOLIZA LOS ATROPELLOS DEL RÉGIMEN TALIBÁN"

Arrimadas ha dicho, a través de un mensaje en Twitter, que "las palabras de Irene Montero comparando el horror que sufren las mujeres afganas con la situación en España son una barbaridad". "Frivoliza los atropellos del régimen talibán y mancha el nombre de nuestro país", ha agregado.

En el escrito firmado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; la secretaria general de Cs, Marina Bravo; y las diputadas de la formación naranja en el Congreso, Sara Giménez, María Carmen Martínez y María Muñoz, se solicita "una rectificación inmediata" a la ministra de Igualdad, "cuyo puesto de responsabilidad convierte sus palabras en una afirmación intolerable por parte de cualquier gobierno democrático y verdaderamente consternado por el drama en Afganistán".

Consideran que las mujeres españolas solo pueden sentir "repudio" y "consternación" ante la "lista de atropellos" a los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán y celebran que, tras la toma del poder por los talibán, algunas de ellas hayan sido evacuadas del país por las fuerzas internacionales durante su retirada, permitiéndoles "huir de un futuro que las condena a una nefasta existencia".

Las firmantes del texto denuncian las "vejaciones, humillaciones, prohibiciones y violaciones de derechos" a las que se enfrenta la población femenina en el país centroasiático y enumeran algunas de las "normas radicales" que los talibán quieren imponer, como la prohibición de trabajar, el veto a su escolarización, la obligación de llevar burka, el deber de ir acompañadas por un hombre en los espacios públicos, no poder reír en público ni hablar con hombres que no sean su marido o no poder practicar deporte.

"Conscientes de que la vida bajo el régimen talibán es una cárcel para ellas, no comprendemos las afirmaciones recientes" de Irene Montero, que "ha equiparado la situación de la mujer en nuestro país con la de quienes hoy viven amenazadas, encerradas y coartadas de toda libertad", indican las mujeres de Ciudadanos.

Tras advertir de que es "una ofensa para todas ellas establecer una relación de comparación entre su sufrimiento y las cotas de igualdad alcanzadas" en España, acusan a la dirigente de Podemos de intentar "diluir el dolor" de las afganas "mediante la caricaturización de la democracia española como un país opresor para las mujeres".

UNA COMPARACIÓN "FRÍVOLA E INADMISIBLE"

Aunque admiten que en España "queda un importante trecho de camino a recorrer para la plena igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", rechazan, por "respeto al sufrimiento de las mujeres afganas", la "comparación tan frívola como inadmisible" realizada por Montero.

"Por fortuna, ninguna de nosotras conocemos el horror al que están sometidas hoy las mujeres afganas bajo el régimen talibán" porque "somos profundamente afortunadas de haber nacido o vivir en España", destacan.

El escrito difundido por Ciudadanos también ha sido suscrito por sus tres eurodiputadas --Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís y Soraya Rodríguez--; las consejeras autonómicas Rocío Ruiz, Rocío Blanco, Verónica Casado y Ana Carlota Amigo; la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masía; las vicealcaldesas de Zaragoza, Alicante y Salamanca, Sara Fernández, María Carmen Sánchez y Ana Suárez Otero, respectivamente; las diputadas autonómicas Ruth Merino, Susana Fernández y Anna Grau y la diputada provincial Gema Gómez.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apelado, una vez más "a la prudencia" y ha insistido en que "mantener en vigor determinadas medidas" preventivas que "a nadie gusta plantear" dada su "incidencia en determinados sectores", sirve "también para dar una señal" de que se mantiene la pandemia y "sigue existiendo un virus mutante y criminal".

En la rueda de prensa tras el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo Vasco, celebrado este martes en el Palacio Miramar de San Sebastián, Urkullu ha incidido en que el uso de la mascarilla es "absolutamente necesario y pertinente" y ha recordado que las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de Covid-19 tienen el "único objetivo" de "preservar la salud individual y colectiva".

Así, ha señalado que, desde julio del pasado año existe una situación de emergencia sanitaria en Euskadi y, desde el Gobierno Vasco se está "procediendo a un equilibrio entre las medidas que intenten ese objetivo prioritario, que es el de la preservación de la salud individual y colectiva junto con la actividad más o menos normalizada posible en cada momento".

"Ese es el planteamiento que tenemos, y en adelante ojalá pronto se den pronto circunstancias que nos hagan aliviar las medidas preventivas que hasta ahora hemos implantado, de manera acordada por la representación de todas las instituciones vascas", ha afirmado.

En este sentido, ha deseado que "se pueda llegar a los objetivos planteados en las próximas semanas y para los próximos meses", llegando a "estar por debajo de 60 casos por cien mil habitantes", una circunstancia de la que Euskadi estuvo muy cerca en junio, con 99 casos". "Estamos hoy en 327 casos", ha añadido.

En este contexto, ha afirmado "con prudencia" que "la tendencia descendente" sí se da en los casos de incidencia acumulada, pero no así en la presión sanitaria, como "tampoco es tan acusada esa tendencia descendente" en el índice de peproductividad, auqnue la ocupación de las camas UCI ahora es "más moderada".

Por ello, ha apelado, una vez más "a la prudencia" y ha insistido en que "mantener en vigor determinadas medidas" preventivas, que "a nadie nos gusta plantear" dada su "incidencia en determinados sectores", se hace "también para dar una señal de que seguimos en pandemia, de que sigue existiendo un virus mutante, criminal, que mata a la gente".

Así ha pedido ser "conscientes" de que las medidas preventivas "tienen la finalidad de la preservación de la salud individual y colectiva" y ha abogado también a "la autorresponsablidad y autoexigencia" ante esas medidas, que "cada uno sabremos cómo estamos cumpliendo".

Preguntado por los periodistas sobre una fecha de posible fin de la situación de emergencia sanitaria en Euskadi, Urkullu ha subrayado que "el mundo sigue sufriendo pandemia" y ha esperado que "ojalá" se pueda dar "mediante el avance proceso de vacunación global, no solo de población diana hoy", es decir de los mayores de 12 años.

Urkullu ha recordado que Euskadi está cerca 86% de la vacunación de la población diana y "vamos avanzando", pero eso no ha de evitar "mantener las medidas preventivas básicas".

MASCARILLA

Urkullu ha recordado que cuando se aprobó la Ley vasca antipandemia y se planteó el uso obligatorio de la mascarillas "se caricaturizaba", pero "ante un virus de transmisión aérea su uso es absolutamente necesario y pertinente", así como mantener la "distancia personal e intentar no participar en concentraciones de personas, sobre todo si no se guardan medidas preventivas y protocolos".

"Ojalá pronto en próximas semanas podamos plantear la posibilidad de gestionar el virus o la pandemia de otra manera que no sea emergencia sanitaria y con una intervención más endémica, que no pandémica", ha afirmado.

La diputada socialista de Murcia Carmina Fernández ha acusado al presidente de la comunidad, el 'popular' Fernando López Miras, de "mentir" y "engañar" a la ciudadanía sobre el Mar Menor "para proteger a sus amigos y por un puñado de votos, manipulando a la ciudadanía y ocultando la verdadera situación de la laguna", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Fernández ha indicado que "los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente tardaron menos de 24 horas en comprobar que la muerte de peces en el Mar Menor era consecuencia de un nuevo episodio de anoxia, mientras López Miras y su Gobierno seguían negándolo días después y buscando excusas para no reconocer una realidad que han estado negando durante meses".

Así, ha señalado que el PP achacó la aparición de peces muertos a una subida de las temperaturas "a sabiendas de que mentían". "Ya estamos acostumbrados a este tipo de actitud del PP, y ejemplos hemos tenido en la historia reciente de que miente para ocultar lo que no le conviene, tratando de manipular a todos, con tal de no perder votos y proteger los intereses de unos pocos", ha dicho al respecto.

La parlamentaria socialista ha asegurado que "la realidad se hace evidente y la recuperación del Mar Menor no puede depender del contador de votos del PP, ni de los beneficios de unos pocos", por lo que ha instado al Gobierno regional a que "se ponga a trabajar en las soluciones que de verdad recuperarán la laguna".

"Ya sabemos, aunque el Partido Popular no quiera reconocerlo, que el estado del Mar Menor se debe a las prácticas de la agroindustria intensiva que el ha consentido durante 26 años sin ningún control", ha añadido, tras lo que ha insistido en que la reversión "no pasa por soluciones que posibiliten que la industria siga produciendo, sino por el control de los regadíos, la sanción a los que están dañando al Mar Menor, la restitución los regadíos ilegales y el cumplimiento de la Ley que aprobaron hace más de un año".

Así, ha exigido al Gobierno regional "que escuche a la comunidad científica que va más allá de los asesores de cabecera". "No se deben volver a tomar decisiones ni a proponer parches de espaldas a una comunidad científica regional cuyos análisis y conclusiones son muy similares y concluyentes", ha precisado.

Finalmente, ha remarcado que "afortunadamente la ciudadanía ya no se deja engañar y ha salido a la calle a abrazar al Mar Menor y a decirle a López Miras que saben quiénes son los responsables de este ecocidio y pedirle que pare las agresiones, se deje de fotos debajo de puentes escondidos y de echarle la culpa a otros"

"Lamentablemente, y mientras no dejen de proteger a unos pocos, el principal problema del Mar Menor será el PP. El Mar Menor y la Región de Murcia no merecen este gobierno mentiroso, desleal y manipulador que solo gobierna y protege a un puñado de amigos", ha concluido.