El candidato a la presidencia del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha comprometido la segunda bajada de impuestos «más grande» realizada por un gobierno autonómico «en 40 años» con la reducción del IRPF, el impuesto del Patrimonio, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como por el mantenimiento de la apuesta por el modelo de Impuestos Cero en el Rural.

Así lo ha asegurado durante la presentación de su candidatura ante la Junta Directiva del PP de Pontevedra, donde ha considerado que «es el momento de bajar impuestos para impulsar la recuperación económica».

Según Núñez Feijóo, el principal reto que la sociedad gallega tiene por delante es volver a recuperarse, «reactivar la economía postpandémica». Y para ello, ha asegurado, «es necesario crecer y crear empleo», lo cual, en su opinión, implica necesariamente «bajar los impuestos».

Para reactivar la economía, ha señalado Feijóo, «es necesario reactivar el consumo. Y para reactivar el consumo, ha añadido, es imprescindible reducir los impuestos que lo gravan. «Reactivando el consumo, reactivaremos el empleo, empezará a funcionar la rueda virtuosa de la economía y comenzaremos a acelerar el crecimiento económico de Galicia».

PORQUE LA ECONOMÍA LO PERMITE

«Otros políticos anuncian bajadas de impuestos cuando llegan las elecciones. Nosotros nos comprometemos a hacerlo cuando llevamos un año de legislatura», ha indicado el candidato a la presidencia de los populares gallegos.

Feijóo ha adelantado que su gobierno reducirá el IRPF, el impuesto de Patrimonio, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y que mantendrá su apuesta por el modelo de Impuestos Cero en el Rural. Todo ello, ha señalado, supondrá, después de la de 2016, «la bajada de impuestos más grande que nunca hizo un Gobierno autonómico en 40 años».

El líder popular ha asegurado que está en condiciones de asumir estas medidas «porque ahora la economía lo permite y porque ahora la economía lo necesita».

Tras ello, ha dicho que Galicia ha demostrado que «es posible mantener al mismo tiempo el rigor al cuadrar las cuentas, la mejora de los servicios públicos y una presión fiscal entre las más bajas de España».

En ese sentido, ha destacado que las rebajas fiscales acometidas en el último lustro permitieron ahorrar a los gallegos más de 1.000 millones de euros, señalando que fueron cuatro los colectivos prioritarios en los que se centró esta bajada: menoresde 36 años, personas con discapacidad, familias numerosas y habitantes del rural.

PRIMER ACTO EN 15 MESES

Alberto Núñez Feijóo ha participado en Vilagarcía en la Junta Directiva provincial del PP de Pontevedra, donde ha presentado el proyecto de su candidatura al 17º Congreso autonómico de PPdG. El presidente de la Xunta y líder del PPdeG ha iniciado su discurso recordando que el de Vilagarcía era el «primer acto del partido con público después de 15 meses».

También ha reconocido que «este está siendo un congreso diferente». En primer lugar, porque se desarrolla respetando normas de seguridad, como la distancia física o el uso de la mascarilla. Pero, sobre todo, porque es un congreso de «reactivación, de actualización y de ilusión».

ACTUALIZACIÓN IDEOLÓGICA

También ha llegado a definir el candidato a la presidencia del PPdG la cita congresual de los populares gallegos como un «congreso de actualización ideológica». Un congreso para aportar ideas que se correspondan con el primer tercio del siglo XXI y de integrar en el partido a personas que no forman parte de la vida orgánica delPartido Popular de Galicia.

Núñez Feijóo ha sostenido al presentar su candidatura que, a pesar de lo satisfactorio del balance de los últimos años, no se presentó por lo que ha hecho sino por lo que «queda por hacer. «Por lo que queda por construir y por el camino que queda por recorrer», ha afirmado.

UNA TRIPULACIÓN PARA UN CAPITÁN

El presidente del Partido Popular en Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el primero en hacer uso de la palabra durante la Junta Directiva.

Rueda ha ensalzado a Núñez Feijóo como el «magnifico capitán» que Galicia necesita «para seguir navegando en la tormenta». «Como ya lo tenemos, lo único que necesitamos es que él siga queriendo ser el capitán. Y como sigue queriendo serlo: presidente, aquí tienes tu tripulación», ha manifestado en referencia a la junta directiva del PP pontevedrés.

En su discurso de presentación Alfonso Rueda ha definido al Partido Popular como un «partido de calle» al que le gustan «los abrazos y las reuniones». Y se ha congratulado de que «por fin, después de un año podemos juntarnos» y, aunque con las restricciones que imponen las normas sanitarias, «celebrar este congreso».

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, ha insistido este martes en que la discriminación contra las mujeres es «estructural» y que «no es solo cosa de las mujeres transformar esa realidad», por lo que, según ha dicho, llevan meses trabajando desde el Ejecutivo para sacar adelante «proyectos normativos relativos a la igualdad efectiva» como el de la ‘ley del solo sí es sí’.

En el marco de la cumbre internacional sobre el Estado de Derecho organizada por la World Jurist Association y la World Law Foundation, el titular de Justicia ha asegurado que aunque todavía queda mucho por hacer, el Gobierno ha aprobado «leyes pioneras» de las que Ruth Bader Ginsburg «estaría orgullosa», en referencia a la juez estadounidense fallecida el año pasado a quien se le ha rendido tributo en los actos de este lunes y martes en la Casa América.

Campo ha sacado pecho del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ‘ley del solo sí es sí’, «cuyo objetivo es la erradicación de todas las violencias sexuales». «Nos sentimos orgullosos de estos avances», ha dicho.

Este martes el Gobierno ha aprobado definitivamente en el Consejo de Ministros la normativa que castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, que aúna todos los delitos sexuales en uno solo de agresión y que penaliza a los proxenetas, entre otras medidas.

El objetivo de esta ley, según ha indicado el Ministerio de Igualdad, es dar a las víctimas una respuesta más amplia y acorde a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales, desde las más leves, a las más graves, incluyendo, además, un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima, así como el uso de armas o medios peligrosos, entre otros.

El ministro ha reconocido que las leyes, los planes y las herramientas con las que hoy cuenta la sociedad «no cayeron del cielo» y que «todo ello se forjó y se sigue construyendo gracias a la lucha de miles de mujeres».

TRIBUTO A RUTH BADER GINSBURG

El papel de las mujeres en la Justicia ha sido el tema central de estas jornadas, que han rendido un homenaje a la fallecida jueza norteamericana Ruth Bader Ginsburg, y que han reunido a instituciones, empresas y personalidades del ámbito de la Justicia, la política y la diplomacia de todo el mundo, y que han contado con la presencia del Rey Felipe VI.

El ministro ha dado las gracias al equipo organizador de este evento, la World Jurist Association, y su presidente, Javier Cremades, «por su labor imprescindible para difundir los valores del Derecho y crear una extensa red de juristas que día a día luchamos por la democracia, la libertad y la igualdad». También ha agradecido a la Casa Real su implicación en este tipo de actos.

En la clausura de las jornadas, antesala del XXVII World Law Congress que este año se celebrará en Colombia los días 2 y 3 de diciembre, también han participado el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González; la presidenta del Consejo General de Abogados de España, Victoria Ortega; y el expresidente de la World Jurist Association, Lucio Ghia, entre otros.

La Policía Nacional ha detenido a tres vecinos de A Coruña, dos hombres y una mujer de entre 20 y 25 años, como presuntos autores de la paliza mortal al joven Samuel Luiz en la madrugada del sábado. Los tres son de nacionalidad española y, además, gallegos, según confirman fuentes oficiales.

Los arrestos se produjeron «a lo largo de la mañana» y «las primeras horas de la tarde» de este martes, según explicó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en declaraciones difundidas a los medios.

La investigación «continúa abierta» hasta «el total esclarecimiento de los hechos», tal y como informó la Policía Nacional a través de su Twitter. Precisamente por eso, no se descartan más detenciones «en las próximas horas», concluye el mensaje.

Han sido las pruebas testificales practicadas en los últimos días y el visionado de imágenes captadas por móviles, cámaras de la Policía Nacional y de entidades privadas situadas en la zona de la agresión, ocurrida en la Avenida de Buenos Aires, las que han permitido identificar a los implicados y realizar las primeras detenciones.

AL MENOS 15 PERSONAS DECLARARON

Hasta el momento, al menos 15 personas se habían pasado por el cuartel de Lonzas, en A Coruña, para prestar declaración por este crimen. Por ahora, fuentes oficiales todavía no confirman si se trata de un ataque homófobo, algo que se dirimirá la investigación, tal y como insiste la Delegación del Gobierno.

Sin embargo, la amiga de Samuel que se encontraba en el lugar de los hechos denuncia que durante la agresión, si bien se inició por un malentendido con un teléfono móvil –quien le propinó el primer puñetazo pensaba que le estaban grabando–, se produjeron expresiones homófobas.

Además, dos de los testigos presenciales –Marco y Pablo Barrón–, que han comparecido este mismo martes ante la prensa en el lugar de los hechos, han apuntado a un grupo de unos 12 jóvenes como posibles participantes en la paliza.

«TRABAJO RIGUROSO» DE LA POLICÍA

Tras las tres primeras detenciones, el delegado del Gobierno en Galicia ha aprovechado para agradecer el «trabajo riguroso» realizado en las últimas jornadas por la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura de Galicia, ya que «desde el primer momento» trabajaron «con el único fin de llevar ante la justicia a los autores» de este crimen.

Así, Miñones ha vuelto a apelar a «la responsabilidad y a la prudencia» para dejar trabajar a la Policía Nacional en la resolución de este caso: «Se lo debemos a nuestra sociedad y se lo debemos sobre todo a la familia de Samuel».

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha organizado este martes el seminario de reflexión académica ‘Retos y oportunidades de Colombia en el s. XXI’, en el que han participado diversas personalidades del país sudamericano, integrantes del Consejo Asesor de UNIR Colombia, quienes han pedido mejorar la calidad de la educación para romper barreras sociales, económicas y políticas.

Una de ellas, Cecilia María Vélez, exministra de Educación colombiana (2002-2010) y presidenta del Consejo, ha afirmado que los jóvenes de su país «demandan mayor educación de calidad y salir de situaciones de pobreza» con urgencia. «Colombia es un país resiliente, que puede salir adelante», ha manifestado.

Además de Vélez, en el evento (transmitido de manera telemática desde España), han estado presentes como panelistas Moisés Wasserman, intelectual y exrector de la Universidad Nacional de Colombia (2006-2012); Gonzalo Arboleda, presidente de Colombia Excelente, y exsecretario general del Ministerio de Educación (1984-1986); y Juan Luis Mejía, exministro de Cultura (1999-2000) y exrector de la Universidad EAFIT, de Medellín (2004-2020).

También han intervenido Carlos Raúl Yepes, empresario y expresidente de Bancolombia (2011-2016), y Roberto Pombo, exdirector del diario El Tiempo (2009 – 2021). Todos ellos son miembros del Consejo Asesor de UNIR Colombia, que se encuentra estos días de visita en España.

«NECESITAMOS FORTALECER LOS SERVICIOS SOCIALES»

Vélez ha señalado que «Colombia está atravesando una situación complicada, agudizada por el COVID-19. La economía de nuestro país está muy ligada a las materias primas y el problema del desempleo es estructural, aunque principalmente impacta en los jóvenes. Por ello, necesitamos fortalecer los servicios sociales para enfrentar este escenario. Inevitablemente, el estancamiento de la economía de Colombia ha generado mayor exclusión social».

Acto seguido, Juan Luis Mejía se ha referido a los efectos de la pandemia: «Nos ha hecho retroceder el país entre 10 y 20 años. Será una década perdida y sufrimos un gran problema de déficit fiscal para fortalecer los servicios sociales que enfrenten el desempleo. Pero también atravesamos grandes transformaciones, Una de ellas es el cambio demográfico: nuestro país está envejeciendo».

En materia educativa, ha destacado que se advierte «la carencia de una visión holística de la educación. Entre los principales retos, nos hace falta incorporar una visión integral, y dejar de interpretar la educación por compartimentos».

Por su parte, Carlos Yepes ha señalado que «los problemas por la pandemia son globales, de todos. El empresariado debe realizar una reflexión muy profunda sobre su rol en la sociedad colombiana. ¿Cómo pueden hacer los empresarios para que, a través de las universidades, conecten mejor con la sociedad? Una sociedad como la nuestra muy pocas veces pone al ciudadano en el centro. Y esta es una inmensa oportunidad. Hay una nueva ciudadanía, y a ese nuevo ciudadano hay que cuidarlo».

En su turno, Gonzalo Arboleda ha manifestado que «Colombia ha tenido muchos éxitos durante los últimos años, pero esta pandemia nos desnudó y puso en evidencia las brechas que padecemos. Entre otras, necesitamos educación de calidad, pertinente y equitativa para todos los ciudadanos. Además, necesitamos empleo formal y bien remunerado. Y se hace evidente la falta de buenos medios de comunicación, y también servicios culturales y de recreación necesarios para tener una sociedad sana. Asimismo, ha enfatizado que debe atacarse «la corrupción creciente y las practicas clientelistas, además de la deficiente gestión del Estado».

«UNA CLASE MEDIA CON EXTRAORDINARIA FRAGILIDAD»

Durante su intervención, Moisés Wasserman ha señalado que -hasta la llegada de la pandemia-, el gran reto del Colombia era «construir una cultura y una economía basada en el conocimiento. En este término se incluían la innovación, tecnología, conocimiento de la biodiversidad y otros desafíos. Pero nos llegó la tormenta perfecta de la pandemia. Nuestra clase media tiene extraordinaria fragilidad. En una situación en la que se hundió la economía, el impacto fue enorme».

Ha agregado que «esta pandemia acelerará de una manera positiva algunos procesos, como las metodologías virtuales en la educación y en el trabajo, y posiblemente reconfigurará las ciudades. Pero también hay aspectos negativos. Nos vimos en un torbellino de mala información, tendenciosa, y creció el sentimiento de desconfianza de todos contra todos. La equidad debe jugar un papel central en la educación.

A los retos que teníamos se suman ahora los de restauración y recuperación de la sociedad. Depende de cómo emprendamos la restauración podremos saber si se trata del principio de un gran cambio».

Roberto Pombo, quien también forma parte del consejo asesor de UNIR Colombia, ha manifestado: «El futuro y los retos de Colombia hay que leerlos a través de la protesta social. El nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. La gente no se siente representada en los organismos ni en los partidos políticos. El Congreso ya no representa a la sociedad. Si no se genera esto en las instituciones de representación democrática, la situación se traslada a la calle. Hay que crear un espacio para que la gente se sienta representada. Debe haber una reforma estructural para conseguir este objetivo».

Manuel Herrera, catedrático de Sociología y director ejecutivo de Relaciones Internacionales del Grupo Proeduca, ha moderado el debate y destacado la calidad de los ponentes: «Son personalidades de renombre que han abordado los retos de la Colombia del siglo XXI. Tenemos profundos lazos de cultura, de tradición y de historia con este país y con Latinoamérica. Llevar la formación online de calidad a la región, donde la educación no acabe nunca, es una de las misiones de UNIR».

Finalmente, Rafael Puyol, presidente de UNIR, ha resumido las exposiciones de todos, que él denominó las «cuatro ‘D’ y las dos ‘E'»: «Entre los retos destacan la diversidad generacional, la digitalización que ha venido para quedarse (y que plantea cuestiones como la necesidad de formar a los docentes para que puedan transmitir sus saberes), la demografía (que planteará temas complejos en el futuro) y la democracia: Colombia necesita una mejora en la calidad democrática». Concluyó que «la educación es un ascensor social de primera categoría, y que Colombia requiere empleo de calidad, bien remunerado».

SOBRE UNIR

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 40 grados oficiales y más de 120 postgrados que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los 48.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la ‘Operación Kitchen’ que los ‘pendrives’ en los que guardaba las grabaciones que demostrarían que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy conocía la existencia de la ‘caja b’ se debieron extraviar, pero desconoce si esa pérdida se produjo en la sede de Génova 13 o en el estudio de restauración de su mujer en la calle General Díaz-Porlier.

Según los audios de la declaración, los ‘pendrives’ que contenían la grabación de Rajoy y una con el ex secretario general del PP Javier Arenas fueron trasladados junto a otra documentación después de que los abogados del PP le apremiasen a acometer la mudanza.

Bárcenas criticó las prisas en el traslado, puesto que en ese momento se encontraba de viaje en Canadá. «Les digo que estoy fuera y que quiero estar pendiente», explicó, asegurando que el abogado del PP Alberto Durán no quiso que el extesorero estuviera «presente» en la recogida.

El que fuera senador del PP señaló que fue su chófer, Sergio Ríos, el encargado de acudir junto a otra persona a la sede del PP para recoger las cajas con la información, siendo éstas trasladadas al estudio de restauración de su mujer, situado en la calle General Díaz-Porlier.

En esas cajas, además de dos ‘pendrives’ y varios teléfonos móviles, habría «material delicado» que, según Bárcenas, «no debería circular». «Sería algo parecido al pago de las facturas de Unifica por la remodelación de la sede de Génova 13», señaló.

En concreto, en esos documentos habría «muchos datos vinculados a la financiación de campañas electorales de una forma paralela a la caja B, siempre sin carácter finalista». «Eran aportaciones de señores que se aplicaban a la campaña electoral», apuntó el extesorero.

NO PROTEGIÓ LA INFORMACIÓN PORQUE IBA A USARLA CONTRA EL PARTIDO

Entre los archivos, además de pagos de imprentas y ‘mailing’ electoral, había según Bárcenas información sobre la financiación de las elecciones gallegas que Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, habría entregado al predecesor de Bárcenas, Álvaro Lapuerta.

Bárcenas no se dio cuenta de que echaba en falta parte de su documentación hasta enero de 2015, cuando salió de prisión, lo que le llevó a pensar que los responsables de la sustracción pertenecían al PP. «Lo que pienso es que antes de que la documentación salga del PP alguien ha retirado todo lo que le ha parecido que no debía estar en mi poder», reconoció.

No sería hasta más tarde cuando el propio Bárcenas contempló la posibilidad de que las grabaciones hubieran sido extraídas en el estudio de su mujer y no en Génova 13. El extesorero barajó esa opción tras mantener una conversación con un periodista que le habló de una «operación de espionaje» a la que el propio Bárcenas quitó «importancia».

Bárcenas reconoció que si no protegió de forma especial esos archivos fue porque, «a pesar de que la relación» con la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, era «pésima», todavía mantenía una «buena relación» con Arenas y con Rajoy.

«Yo no estaba en esos momentos por dar ninguna documentación ni por perjudicar a nadie», aseguró, incidiendo en que a pesar de que «personalmente» pudiera tener «un contencioso» con Cospedal, su intención no era «perjudicar al partido».

A preguntas del juez, el extesorero del PP se ha referido a la distensión en las relaciones con la formación en el año 2013, después de que un abogado del partido le ofreciese una cantidad de 500.000 euros «en concepto de indemnización» a cambio de que no se publicase más información comprometedora para la formación.

FLEXIBILIZACIÓN PENITENCIARIA Y «VIS A VIS ADICIONALES»

Bárcenas, que rechazó esa primera oferta, explicó que Javier Sánchez Lázaro y un sacerdote, Francisco Santos, actuaron de intermedarios con el PP. Fue cuando se le ofreció la posibilidad de recibir un «trato penitenciario suavizado» que incluía «vis a vis adicionales» cuando el extesorero decidió dar un «paso» en la mejora de las relaciones con los ‘populares’.

Fue entonces cuando Bárcenas, tras conocer a Isidro, un preso colombiano que «tenia vinculaciones con un partido» en su país «homologable al PP», decidió eliminar de la nube las grabaciones que comprometían a Rajoy y a Arenas.

De esta forma, el extesotero acordó con Isidro el pago de 4.000 euros, facilitándole «dos notas con una serie de indicaciones», entre las que se incluían las «claves de acceso al correo electrónico en la nube».

A preguntas del juez sobre la disparidad en las cifras económicas del encargo, Bárcenas instó al magistrado a preguntar a su chófer, que fue el encargado de entregarle la cantidad al interno, el encargado de eliminar unos archivos que marcaban el «comienzo de una amistad con mucho recorrido», y que empezaba a materializarse con el incremento de vis a vis.

Sin embargo, esa mejora en sus condiciones apenas duraría tres meses, cuando Bárcenas y el PP regresaron a la «situación de partida». «En un momento determinado en esta operación de búsqueda de documentos y audios parece que los responsables del PP tienen la certeza de que los audios y la documentación no existen y se suspenden los vis a vis», explicó el extesorero.

Fue el propio Sánchez Lázaro el que habría trasladado a Bárcenas la postura del partido. «Tienen claro que los audios no existen y que la documentación la tienen controlada, que no querían seguir con ningún tipo de acuerdo. Ese es el resumen», señaló Bárcenas.

Preguntado por la Abogacía del Estado sobre su creencia de que el entonces ministro del Interior estaría detrás del endurecimiento de sus condiciones en prisión, Bárcenas señaló que hay «un montón de operaciones a lo largo del tiempo que» le hacen «pensar que efectivamente» se le estaba «persiguiendo». «Tengo que añadir que indiciariamente», matizó.

ROSALÍA ENTRA EN CONTRADICCIONES

El mismo día que su marido, Rosalía Iglesias también declaró ante el juez y las partes para ser preguntada por el supuesto robo de material en el estudio de Díaz-Porlier. Según explicó, fue consciente de que faltaban cajas y documentos, ubicados en altillos y en un banco hueco, y relató que en la mudanza participó tanto Sergio Ríos como otra persona. «Entonces dice que antes había y luego ya no había», le inquiere el juez para conocer si sufrió un robo, a lo que responde que «ésa es la realidad».

Por otro lado, sobre el episodio de la contratación del preso de origen colombiano, si bien al juez le ha dicho que ella no supo nada de que su marido ordenara pagar una cantidad a esa persona, posteriormente a preguntas del fiscal ha reconocido que Bárcenas le dijo que le habían engañado y que había perdido dinero. Este cambio declarativo le valió ser abroncada por el juez, que no se explicaba el por qué del cambio de versión.

Sobre las grabaciones de Rajoy y de Arenas, indicó que supo de su existencia por su marido desde el principio aunque dijo desconocer dónde estaban guardadas. Lo que sí resaltó es que no le gustaba que su marido tuviera confianza con el empresario Javier Sánchez Lázaro, que le sorprendía que se apoyara en él, y que no le gustaba que presumiera de saberlo absolutamente todo».

Otra de las personas que mencionó en su declaración, fue la del abogado Javier Gómez de Liaño, a quien, sostiene, entregaron dos o tres teléfonos y un Ipad. Además, dijo que en uno de eso terminales salía el mensaje de Rajoy en el que le conminaba a Bárcenas a ser fuerte. «De ahí es de donde sale el WhatsApp del señor Rajoy diciéndole ‘Luis sé fuerte'», recordó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continua este miércoles su gira por los países bálticos, primero, con varios encuentros con autoridades estonias, y después, con su segunda parada del viaje, en Letonia, donde entre otras cosas visitará a las tropas españolas destacados en misión de la OTAN, con el cometido de ejercer la disuasión para evitar potenciales conflictos en esta zona.

Tras verse este martes con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, Sánchez comenzará su agenda este miércoles con una reunión con la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, con la que tendrá ocasión de recorrer la exposición ‘Zuloaga, el alma de España’, organizada con motivo del centenario del establecimiento de relaciones en el Mikkeli Museum. Después se entrevistará con el presidente del Parlamento, Jüri Ratas.

LETONIA, SEGUNDA PARADA

A continuación viajará a Letonia, donde junto a su primer ministro, Arturs Krisjanis Karins, realizará una ofrenda floral en el Monumento a la Libertad construido en honor a los soldados caídos en la guerra de independencia.

Junto a este, Sánchez visitará a los 300 soldados españoles destacados en la base de Adazi en el marco de la operación ‘Presencia Avanzada Reforzada’ de la OTAN, cuyo principal cometido es ejercer la disuasión para evitar potenciales conflictos en esta zona.

Ya de vuelta en Riga, está previsto el encuentro bilateral entre ambos jefes de Gobierno, a lo que seguirá una cena. En este caso, tendrá lugar en el Museo Nacional de Arte Letón, que ha cedido parte de su colección textil para una exposición en Museo Nacional de Artes Decorativas, en Madrid, con motivo del centenario.

El jueves, la jornada arrancará con un encuentro con la presidenta del Parlamento, Inara Murniece, tras lo cual Sánchez se desplazará a Lituania, última parada de su periplo.

VISITA A TROPAS EN LITUANIA

Aquí la visita arrancará en la base de Siauliai donde siete aviones Eurofighter españoles están desplegados hasta el 31 de agosto en la misión de Policía Aérea del Báltico, también de la Alianza Atlántica. Dicha misión se inició en 2004 tras la entrada de los países bálticos en la OTAN y desde 2006 España ha participado en ocho ocasiones, según explica Defensa en su web.

Antes de trasladarse a Vilnius, Sánchez mantendrá un encuentro en la misma base con el presidente lituano, Gitanas Nauseda. Ya en la capital, se reunirá con la primera ministra del país, Ingrida Simonyte, con la que hay previsto un almuerzo y una rueda de prensa.

La agenda en este país se completa con un recorrido por el centro de la capital así como con un encuentro con el presidente de la Federación Lituana de Baloncesto, Arvydas Sabonis, quien fuera jugador del Real Madrid, y con la principal líder opositora de Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, a quien no pudo recibir durante su visita a Madrid hace unos meses porque estaba de cuarentena por COVID-19.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado este martes la actuación policial contra «unos mínimos violentos», comparándolo con los cientos de personas que protestaron de forma pacífica en diferentes ciudades por la muerte violenta de Samuel, el joven de 24 años de A Coruña.

Según Grande-Marlaska, en las protestas «absolutamente pacíficas» lo que se puso de manifiesto es que la sociedad española está «preocupada por los últimos acontecimientos con agresiones e incidentes que ponen en tela de juicio los valores democráticos y la diversidad».

En declaraciones a la prensa tras presentar los nuevos drones de la DGT para la campaña de verano, el ministro ha insistido que lo ocurrido en Madrid fueron unos «pocos hechos violentos» que obligaron a una actuación policial que respalda el Gobierno, remitiéndose a lo manifestado por la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros de este martes.

«Tenemos que quedarnos con esa sociedad que con, una forma pacífica, dijo que estamos todos para defender los valores democráticos», ha repetido Grande-Marlaska.

NUEVOS DRONES PARA TRÁFICO

Grande-Marlaska ha participado este martes en la presentación de los 39 drones de vigilancia –28 más que en 2020– que tendrán su base en las unidades de medios aéreos y en los sectores de tráfico de la Guardia Civil para apoyar la acción de los doce helicópteros de tráfico.

«Cuando vean un pájaro volar, puede ser un dron de la DGT», ha señalado el director de la DGT, Pere Navarro, después de que el ministro del Interior pusiera en valor la necesidad de utilizar todos los medios tecnológicos para prevenir conductas irresponsables en la carretera y también para supervisar en tiempo real el estado de las vías.

«La palabra cazar no me gusta, en materia de seguridad vial estamos para prevenir», ha comentado el ministro al ser preguntado por unas sanciones que, ha dicho, es importante que se apliquen en aquellas conductas «manifiestamente insolidarias que ponen en riesgo vidas».

La Delegación del Gobierno en Madrid ha recordado este martes a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, que acabar con los delitos de odio requiere de la colaboración de todas las instituciones de la Comunidad, lo que incluye también el trabajo desde la Cámara autonómica.

El departamento que dirige Mercedes González ha respondido así en una carta a la portavoz regional de Más Madrid por sus críticas sobre la desproporción en las cargas policiales registradas este lunes tras la manifestación de condena por la muerte de Samuel en A Coruña tras recibir una paliza el pasado sábado.

Entre otras cosas, Mónica García ha pedido a la delegada del Gobierno una reunión así como su próxima comparecencia en la Cámara regional por las «desproporcionadas» cargas policiales. «No podemos pedir que las agresiones LGTBI se denuncien en la Policía y tener una Policía que nos ha dejado las imágenes de ayer en la retina», ha señalado.

La Delegación del Gobierno en Madrid ya ha lamentado «profundamente» que la concentración «fuese empañada por unos incidentes que nada tienen que ver con el grito sano de Madrid contra la homofobia» y ha anunciado que analizará las imágenes para detectar si la actuación policial fue o no desproporcionada, como han denunciado algunos manifestantes y líderes políticos.

En la carta dirigida a Mónica García, la delegada del Gobierno recuerda esta condena y el «firme compromiso por el análisis y esclarecimiento» de lo sucedido. «Hechos que no deben ni pueden empañar lo verdaderamente importante: la respuesta de Madrid, el rechazo contundente a la par que sereno, de más de 4.000 personas en la Puerta del Sol de la capital, clamando contra la LGTBIfobia», ha recordado en la misiva.

En cualquier caso, Mercedes González ha defendido que desde las instituciones que radican en la Comunidad se debe de hacer «un enorme esfuerzo para luchar contra esa lacra». «Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a esta Delegación pasando por su ámbito: la Asamblea de Madrid», ha apostillado.

En esta línea, le recuerda el anuncio realizado por la Delegación del Gobierno para la creación de una Oficina contra los Delitos de Odio, en la que espera contar con el tejido social de la región, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid. «Todos juntos, mano a mano, para luchar contra los delitos de odio. Confío que, como miembro la cámara autonómica, podamos reunirnos y trabajar en esa línea para hacer de esta Comunidad un lugar más libre», ha explicado.

En cualquier caso, Mercedes González se muestra convencida en la carta –«no me cabe duda», dice– de que comparte con la portavoz de Más Madrid el compromiso de lucha para acabar con este tipo de actos. «En una sociedad que se dice libre nadie debería temer por ser. Porque en casos como el que nos acontece de lo que estamos hablando es precisamente de eso: de ser, de existir en libertad», le recuerda.

Las víctimas de agresiones sexuales podrán arrepentirse de renunciar a su indemnización económica si los efectos del delito son más graves de lo previsto, según recoge el texto de la Ley Orgánica de Garantías de las Libertades Sexuales que, además, apunta que es una situación «habitual» en este tipo de casos.

El texto, aprobado este martes por el Gobierno y que pasará ahora al trámite parlamentario, señala como uno de los puntos más novedosos en la reforma que incluye de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), esta posibilidad de revocación de la renuncia a la acción civil, aunque esta deberá producirse siempre antes del trámite de calificación del delito.

Fuentes de Justicia han explicado que esta medida ya se practica en algunos tribunales, pero no se había apuntalado en ninguna norma como ahora, por eso, lo consideran un avance. Desde Igualdad señalan, en este sentido, la importancia de esta posibilidad ya que, han indicado, muchas víctimas rechazan la indemnización por vergüenza y miedo a que las señalan como mujeres que solo buscan dinero.

Esto ocurre en mayor medida cuando el agresor es conocido de la mujer víctima, han indicado las mismas fuentes.

Los departamentos que dirigen Irene Montero y Juan Carlos Campo han señalado también otro cambio en la LeCrim que permitirá, reclamar la retirada de contenido ilícito en Internet en fases muy iniciales del proceso, para mayor protección de la víctima.

En concreto, se permite, en la instrucción de delitos cometidos a través de Internet del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, que el Juzgado acuerde como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero, según recoge la Ley de ‘solo sí es sí.

CONTACTO CON MENORES POR NUEVAS TECNOLOGÍAS

El texto, incluye otras medidas en relación a las agresiones sexuales realizadas a través de nuevas tecnologías y, especialmente, en lo que tiene que ver con menores de edad.

En concreto, incluye penas de entre 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses para quienes a través de Internet, del teléfono o de cualquierotra tecnología contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el fin de cometer actos de carácter, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento y sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos.

Además, las penas se impondrán en su mitad superior cuando elacercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación oengaño.

También se establecen penas de entre 6 meses y 2 años quienes utilicen Internet, teléfono u otras tecnologías para contactar con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor.

UN COMPLEMENTO A LA LEY DEL MENOR

La Ley de ‘solo sí es sí’ regula también los delitos sexuales contra los menores, en general, con penas reguladas de forma similar a las agresiones contra las mujeres, aunque en su caso se diferencia sobre si el consentimiento del menor es o no coactivo, lo que agravaría más el delito.

Con estos artículos, según han indicado las fuentes de ambos ministerios, se pretende complementar a la recién aprobada Ley de Protección de la Infancia contra la Violencia. Igualdad y Justicia han explicado que la Ley de ‘solo sí es sí’ busca reforzar la protección de los niños que sufren una violencia tan oculta como la sexual que, además, tiene el mismo origen, el patriarcado, que la que se ejerce contra la mujer.

Otra norma que Igualdad quiere incluir dentro de este grupo de normas complementarias, según han indicado las fuentes, es la Ley contra la Trata que ya prepara el departamento de Irene Montero.

Las fuentes de este ministerio han explicado que el objetivo es tratar este delito con componente de género y enfoque feminista.

La Ley de ‘solo sí es sí’ incluye también medidas contra la trata con fines de explotación sexual, como la recuperación de la tercería locativa, por la cual se penaliza al proxeneta. Fuentes de Igualdad reconocen que el debate sobre la prostitución está en el movimiento feminista y también en el propio Ministerio –Montero ha hecho pública su postura abolicionista– pero apuntan que esta postura no tiene fisuras en cuanto a la situación que viven las víctimas de este tipo de trata y de que consiste en una forma de violencia contra la mujer.

Es por eso, que se ha legislado para que estas mujeres cuenten con herramientas para poder abandonar la situación de violencia en la que viven.

El ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera admitió ante el juez que investiga la ‘Operación Kitchen’ que los informes redactados por el inspector principal de ‘Gürtel’, Manuel Morocho, se revisaban a fondo, incluso a veces en «mesa redonda», porque «afectaban a personas importantes», si bien ha calificado de rigor lo que su antiguo subordinado describió como presiones para que dejara de indagar en la trama de corrupción.

Olivera compareció como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado 28 de junio, pocos días después de que lo hiciera Morocho, en calidad de testigo, para desmontar la versión que este último ofreció al instructor dejándole «un panorama desolador» –en palabras del propio juez–, según el audio de la declaración.

Morocho aseguró al titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que sus informes sobre ‘Gürtel’, investigación que en ese momento aglutinaba todo lo relativo a los famosos ‘papeles’ del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, eran objeto de continuas modificaciones por parte de los mandos policiales, especificando que le llegaron a pedir que quitara nombres como los del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy o el del empresario Ignacio López del Hierro.

Olivera reconoció al juez que Morocho tenía que enseñar sus dosieres a su jefe inmediato, que era el de sección, quien a su vez se lo mostraba al jefe de brigada y éste a él, como máximo responsable de la UDEF. «Y yo, en ocasiones, al comisario general» de Policía Judicial, completó. «A veces nos reuníamos incluso en una mesa redonda y veíamos el informe», añadió.

Todo ello, explicó, porque «los informes que se hacían en ese momento eran muy delicados, afectaban a personas importantes y con mucha trascendencia social». Informe que salía, informe que los medios de comunicación, unos de una ideología y otros de otra, lo utilizaban siempre a su favor y en contra de su opositor. Y nosotros, en medio», ilustró.

Sin embargo, matizó que ese análisis con lupa de los textos buscaba determinar si había hecho las comprobaciones necesarias. Morochó, expuso Olivera, se solía escudar en que «era una cosa indiciaria» y él le tenía que recordar que «lo que se referencia en un informe hay que tenerlo totalmente acreditado, pero acreditado bien, porque si luego cometes errores te estás cargando no solo ese sino lo que has hecho y lo que puedas hacer después, vas a perder credibilidad».

A este respecto, comentó que siendo jefe de la UDEF, cuando ésta comenzaba su andadura y «no daba abasto» para atender las peticiones de jueces y fiscales de «toda España», se cometió «un fallo tremendo» –«Una barbaridad, se habían duplicado cifras»– y él tuvo que dar la cara ante la juez del caso sin haber mirado el informe en cuestión. «Y dije: ‘No me pasa más, yo me los leo todos'», narró.

Interrogado directamente por el juez sobre si presionó a Morocho con esas revisiones, Olivera lo negó tajantemente. «Podría ser corregir o decirle que ampliara o que mirara más cuestiones, completar, pero presionar, lo que es la palabra presionar, no. Completar, ampliar, revisar, eso sí», precisó.

Pese a ello, sostuvo, «la mayoría de los informes salían como él decía, porque era difícil convencerlo». Así, el comisario retrató a Moroccho como «una persona muy difícil en el trato con estos temas porque no da nunca su brazo a torcer, él se cree siempre en posesión de la verdad absoluta, y eso en un cuerpo jerarquizado (la Policía Nacional) es difícil».

LA LLAMADA DEL MINISTRO, UNA «FANTASÍA»

No obstante, entre ambos había «buen trato». Prueba de ello, de acuerdo con Olivera, es una reunión que tuvieron en junio de 2013 en una cafetería de Madrid de la que ambos han vuelto a dar versiones contradictorias.

Morocho dijo que Olivera le pidió reunirse para ofrecerle un puesto importante en Lisboa, uno de tantos en embajadas y hasta en la ONU que le habrían propuesto para apartarlo de ‘Gürtel’. El inspector aseveró que, en un momento dado, el que fuera su superior recibió una llamada de teléfono de alguien al que identificó como el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Al parecer, éste quería saber si finalmente había aceptado irse a la capital portuguesa, algo que rechazó.

Olivera, en cambio, indicó que ya fuera de la UDEF, siendo jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), Morocho le contactó para interesarse por una vacante en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Narcotráfico (MAOC), con sede en Lisboa. No sabe si alguien le ofreció el puesto o se enteró de que estaba libre, «esas cosas circulan», señaló al juez.

El ex jefe de la UDEF elucubró que Morocho habría acudido a él porque, como máximo responsable del CICO, ese cargo en la MAOC dependía «funcionalmente» de él, aunque subrayó que no podía recomendar ni vetar a nadie, solo «darle el ‘placet'» o frenarlo si no cumplía los requisitos exigidos: un policía de escala ejecutiva con inglés, «nada más».

El encuentro habría girado en torno a ese posible destino. «No me llamó», enfatizó Olivera al ser preguntado por García-Castellón si hubo tal conversación telefónica con Fernández Díaz, al que dijo conocer solamente de una jura de comisarios y, lejanamente, porque su padre fue conductor del padre del ex dirigente ‘popular’ durante los años 60 en momentos puntuales. En esas fechas, junio de 2013, ni siquiera tenía el número del ministro. Lo consiguió en 2014, puntualizó.

«Quien me llamó fue mi mujer», aclaró Olivera. Morocho y él estaban en una cafetería «muy próxima» a su casa, se había hecho tarde, casi de noche, y su esposa, que había trabajado con el inspector, les sugirió que fueran a la vivienda para continuar los tres con la reunión. «Ahí estuvimos hasta más de la una de la mañana y ni llamó el ministro ni yo llamé al ministro», ha incidido.

«¿Entonces, lo que dice el señor Morocho no tiene que ver con la realidad?», le planteó García-Castellón, a lo que Olivera contestó que no, para apostillar que «esto es una ilusión, una fantasía», del inspector, reiterando que «es muy narcisista». «¿Se pensaba que era tan importante como para que el ministro se preocupara por él?», deslizó.

TRASFONDO POLÍTICO

Sin embargo, Olivera sí coincidió con Morocho en la medida en que describió presiones hacia ambos. «Éramos la ‘bestia negra’ en aquel momento, no les interesaba que estuviéramos allí porque habíamos hecho operaciones contra el PP», concluyó.

Según Olivera, desde que cambió el Gobierno en diciembre de 2011 «eran todo pegas, todo presión», y le intentaron cesar varias veces hasta que finalmente abandonó la UDEF en julio de 2012. «Me quitan», recalcó. En los años siguientes mantuvo el contacto con Morocho porque «sabía que la siguiente cabeza que iban a cortar era la de él». De hecho, cree que enviaron temporalmente a Morocho a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para «tenerlo entretenido».

Sobre la ‘Operación Kitchen’, un presunto espionaje montado en julio de 2013 contra Bárcenas desde el Ministerio de Interior para evitar que la documentación comprometedora que tuviera del PP o sus dirigentes llegara a la Justicia, Olivera dijo no saber nada. Únicamente, concretó, que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le comentó que le habían encargado rastrear el dinero del ex tesorero en el extranjero.

El juez le advirtió de que, en lo tocante a ‘Kitchen’, las grabaciones que hizo Villarejo de conversaciones con él y otros personajes de la trama «contradicen casi todo lo que ha dicho», por lo que le instó a escucharlas, avanzado ya que, tras ello, le volvería a llamar para ahondar en el interrogatorio. «A su disposición», replicó Olivera.

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, ha subrayado este miércoles que las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, asegurando que en la Eurocopa va con Inglaterra evidencian que «el rechazo a lo español lleva al nacionalismo al ridículo». «Pero en el reparto de fondos europeos irá con España, ¿verdad?», se ha preguntado con ironía.

De esta forma ha respondido a las manifestaciones de Ortuzar, quien, en una entrevista en Onda Vasca, ha revelado que en la Eurocopa que se está celebrando estos días va con Inglaterra porque, como «buen Athleticzale», le gusta el fútbol inglés.

Ésa ha sido su respuesta al ser preguntado por el partido que disputará esta noche España contra Italia, añadiendo que él va con Inglaterra «toda su vida», un día antes de la segunda semifinal entre Inglaterra y Dinamarca en la Eurocopa.

Interrogado después por el papel de jugadores vascos en la selección como Simón, Oyarzabal o Azpilicueta, Ortuzar ha destacado la buena selección vasca que se conformaría con estos jugadores. «A lo mejor eso es lo que pasa que, si nos dejan, quedamos por delante de la Roja y esto sería un lío», ha bromeado.

FERNÁNDEZ: «TIENE MÁS PINTA DE ‘ESPAÑOLAZO’ QUE TORRA Y YO»

Ante sus declaraciones, la responsable de Organización del PP se ha preguntado si el PNV también elegirá a los ingleses cuando se trata de repartir el dinero de los fondos europeos que recibirá España tras la crisis del coronavirus.

«Pero en el reparto de fondos europeos irá con España, ¿verdad? El rechazo a lo español lleva al nacionalismo al ridículo», ha proclamado Beltrán en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, ha afirmado que con el PNV la Eurocopa «adquiere una nueva dimensión». «Por cada paradón de Unai Simón a Ortuzar le da un tirón y cada golazo de Oyarzábal le duele a Urkullu como un tortazo», ha enfatizado.

También el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, se ha hecho eco de esas declaraciones de Ortuzar y ha expresado su sorpresa por las mismas. «Pero si este tiene más pinta de ‘españolazo’ que Torra y yo juntos…», ha exclamado en la misma red social.

Cs: «SON MUY COSMOPOLITAS DESDE HACE TIEMPO»

Desde Ciudadanos, el diputado y miembro del Comité Permanente del partido naranja, Guillermo Díaz, también ha criticado las declaraciones del PNV asegurando que en esa formación «son muy cosmopolitas desde hace tiempo».

«Ya en la Guerra Civil pactaron con los fascistas italianos entregar Bilbao sin pegar un tiro a cambio de ser bien tratados», ha indicado Díaz en el mismo mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Ciudadanos denunciará ante la Comisión Europea la creación de un fondo de 10 millones de euros por parte del Gobierno de Cataluña para cubrir las fianzas de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas reclama a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

A través de un mensaje en Twitter, el eurodiputado Jordi Cañas ha avanzado que llevará a Bruselas este asunto para advertir de que «una administración pública europea ha creado un fondo ad hoc para pagar las fianzas de políticos acusados de malversación de dinero público», ofreciendo «la fórmula perfecta para los corruptos y los delincuentes».

El eurodiputado y miembro del Comité Permanente de Cs considera «una burla» que «acciones personales delictivas sean cubiertas por dinero público» y sostiene que la creación de este fondo constituye «una nueva malversación de dinero público que el Tribunal de Cuentas y la propia Fiscalía deben investigar».

Para Cañas, esta decisión del Ejecutivo de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya se debe a que «los delincuentes se envalentonan ante la impunidad y la complicidad» que, a su juicio, ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual le parece «desolador».

«Impunidad por los indultos» concedidos a los condenados por el proceso independentista de 2017 y «complicidad» de Sánchez «para quitar las ‘piedras en el camino’ que permitan a los condenados evitar devolver al erario público el dinero malversado», ha señalado.

CIUDADANOS ACUDIRÁ A LA JUSTICIA SI ES NECESARIO

A través del fondo constituido este martes, la Generalitat se ofrece como «contraaval» del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos del Govern, como es el caso de las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas por el supuesto uso fraudulento, para la internacionalización del ‘procés’, de recursos asignados a políticas de acción exterior de Cataluña.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha explicado que el objetivo es «únicamente velar para proteger el derecho a la presunción de inocencia de cualquier funcionario público» y que quienes al final reciban una sentencia judicial firme que declare que sus actuaciones fueron ilícitas –una vez agotadas las instancias judiciales internacionales– deberán devolver el aval que les ofreció la Generalitat.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Nacho Martín Blanco, ha avisado de que, «si es necesario», el partido recurrirá a la Justicia en el caso de que la Generalitat pague las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.

LOS CATALANES SUFREN UNA «DOBLE IMPOSICIÓN»

El líder de Cs en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, ha dicho que la formación naranja actuará porque «nació para defender a las personas ante los abusos del nacionalismo». En su opinión, no se puede aceptar que quienes han malversado dinero público y se autodenominan «represaliados» pretendan ahora que «los contribuyentes vuelvan a pagar con un nuevo atropello».

Para la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, esto que hacen los gobernantes independentistas con los catalanes se puede denominar «la doble imposición». «Como si no tuviesen bastante con ser los españoles con los impuestos más altos», ha lamentado.

Por su parte, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, ha criticado que el Ejecutivo autonómico, para «rescatar económicamente y encubrir a sus políticos», lo haga «despilfarrando y malversando el dinero de todos los catalanes en su negocio procesista» y, en cambio, no mostrara «la misma urgencia ni interés en salvar a los comercios para que pudiesen hacer frente a la crisis» del coronavirus.