El Bloque Nacionalista Galego, junto con ERC y Bildu, ha registrado un escrito solicitando que el Congreso retome la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario del Alvia que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, y en el que fallecieron 80 personas y 52 resultaron heridas
Estas formaciones consideran que «tras las nuevas informaciones» relacionadas con aquel suceso es preciso que el Congreso reabra su investigación con el fin de «esclarecer la cadena de responsabilidades» y adoptar medidas para evitar que se repitan situaciones similares.
El Congreso ya constituyó una comisión de investigación sobre este accidente en 2018, pero sus trabajos se quedaron a medias por la convocatoria de la elecciones de abril de 2019 y nunca se retomaron, a diferencia de lo que sí ocurrió, por ejemplo, con la relativa al accidente de Spanair en Barajas en 2008, que aprobó sus conclusiones el pasado mes de mayo.
JUICIO EN 2022
En su iniciativa, estas formaciones indican que, ocho años después de la catástrofe, aún quedan «muchos cabos sueltos» sobre las causas y responsabilidades de la misma y recalcan que, pese a las múltiples investigaciones realizadas «hay evidentes sombras en los procedimientos de las pesquisas».
Así, señalan que la instrucción judicial se cerró el pasado mes de abril, dejando imputados únicamente al jefe de seguridad de ADIF y al maquinista del convoy accidentado, y que el juicio está previsto para mediados de 2022.
También en abril, asociaciones de víctimas presentaron una demanda contra el Ministerio de Transportes y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por la negativa de ésta última a realizar una investigación independiente como la que se ha demandado desde distintas instancias europeas como la propia Comisión, el Parlamento y la Agencia Ferroviaria.
PROCEDIMIENTO CONTRA ESPAÑA
En este contexto, los promotores de la iniciativa apuntan que diversas denuncias llevaron, en enero de 2019, a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria que todavía sigue abierto.
Respecto a la comisión que ya se creó en el Congreso, recalcan que muchos de los comparecientes arrojaron «serias dudas» relativas a las «responsabilidades cruzadas entre diferentes agentes implicados, tanto políticos como técnicos, incluso desde la licitación y ejecución de las obras la línea.
Además, recuerdan que «también quedó en entredicho la gestión del propio accidente y las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo posteriormente, como la puesta en marcha de nuevas medidas para asegurar la línea y los propios convoyes que circulan por ella ante posibles futuros accidentes».
Con esta situación, y especialmente tras la negativa de la CIAF a abrir una investigación independiente, BNG, ERC y Bildu, piden que se retomen las pesquisas en sede parlamentaria «para poder arrojar las conclusiones que esclarezcan la cadena de responsabilidades y recomendaciones de medidas a llevar a cabo para evitar otro accidente y para exigir el cumplimiento de las diversas directivas y reglamentos afectados».
