Ciudadanos ha celebrado que la instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad contable en los gastos de las ‘embajadas’ catalanas en el exterior aprecie indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados, asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), para afianzar los 5,4 millones de euros que el tribunal les reclama.

«Gran noticia: se aleja la impunidad para el bolsillo de los condenados separatistas. Esta decisión y la denuncia de Cs en la Fiscalía estrechan el cerco», ha dicho en un mensaje en Twitter el vicesecretario general de la formación naranja y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.

Entre quienes se acogieron al fondo del ICF, están los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, que fue condenado por el Tribunal Supremo en el juicio por el proceso independentista de 2017 en Cataluña.

LAS INSTITUCIONES FUNCIONAN AUNQUE SÁNCHEZ «BUSQUE DESLEGITIMARLAS»

Bal se ha congratulado de que en España «el Estado de derecho funciona», aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «busque deslegitimar a las instituciones que cumplen su función constitucional», en referencia al Tribunal de Cuentas.

En el mismo sentido se ha pronunciado el líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, que ha subrayado que «los avales del Govern para librar a los condenados de la malversación son ilegales» y, «por más que el separatismo intente evitarlo, en España las instituciones funcionan y quien la hace la paga».

Además, Carrizosa se ha mostrado convencido de que también la Fiscalía investigará este asunto tras la denuncia que Cs presentó el viernes pasado ante la Fiscalía contra la Junta de Gobierno del ICF y contra el Ejecutivo catalán.

Ante las dudas «sobre suficiencia y legalidad» que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF, se ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

Concretamente, se pregunta a los servicios jurídicos del Estado si estos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, ya que se asumen por la propia Administración autonómica perjudicada.

Esto es precisamente lo que argumenta Cs para concluir que los avales del Instituto Catalán de Finanzas son ilegales y «un disparate absoluto». Según indicó Bal la semana pasada, «es impensable e imposible que la propia Administración autonómica que resulta lesionada por el uso de unos fondos para cometer delitos pueda avalar el daño que esas personas han cometido contra ella misma».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Universidades, el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

Este Real Decreto, de carácter retroactivo, hará que las universidades, ya sean públicas o privadas y de modalidad presencial, virtual o híbrida, tengan que adaptarse a los requerimientos establecidos para todo el sistema universitario.

Entre estos nuevos requisitos, destacan que las Universidades deberán disponer de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de Grado, 6 títulos oficiales de Máster y 2 programas oficiales de Doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Otro de los requisitos de este Real Decreto es que el estudiantado de Grado y Dobles Grados tendrá que representar, como mínimo, el 50% del total del estudiantado oficial de la Universidad.

En el caso de que el porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el conjunto de Másteres oficiales sea superior al 50% del total del estudiantado oficial, se establece en un 35% el límite mínimo de estudiantes de Grado y Dobles Grados oficiales con relación al total del estudiantado oficial.

Asimismo, los estudiantes matriculados en formación continua no podrán superar en dos veces el número de estudiantes matriculados en títulos oficiales.

Del mismo modo, las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a un programa o programas propios de investigación y se establece una cifra mínima de publicaciones científicas y/o patentes, así como de proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional que deberán solicitar y obtener.

Con respecto al personal docente e investigador (PDI) que imparta docencia en las universidades, se exige que esté compuesto por un 50% de Doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de Grado y para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de Máster. Además, aquellos con contrato laboral temporal no podrán exceder del 40% de la plantilla docente.

También, a partir de ahora, las universidades deberán tener sistemas internos de garantía de calidad y, en este sentido, los Másteres de formación permanente deberán contar con el informe favorable previo de dicho sistema interno.

Las universidades y centros universitarios que, en el momento de entrada en vigor de este Real Decreto cuenten con su respectiva autorización, dispondrán de hasta 5 años desde dicha entrada en vigor para que puedan adaptarse a los requisitos docentes, de investigación, de personal docente e investigador (PDI), de personal de administración y servicios (PAS) y de instalaciones establecidos.

DOS UNIVERSIDADES, EXIMIDAS DE CUMPLIR LOS REQUISITOS

Estos requisitos son de aplicación a todas las universidades. Sin embargo, la Disposición adicional primera exime de cumplir algunos de ellos a dos universidades por su «especificidad académica»: la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) –Organismo Autónomo del Ministerio de Universidades– y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) –especializada en enseñanza de posgrado–.

Estas dos universidades no tendrán que adaptarse a los requisitos de oferta mínima, ni de alumnado, así como de actividad investigadora y transferencia de conocimiento ni de personal docente e investigador.

CASI NINGUNA CUMPLE ACTUALMENTE LOS REQUISITOS

Según un estudio publicado el pasado mes de marzo por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), 69 universidades, el 85% del total que hay en España, incumplen actualmente los requisitos establecidos en el nuevo Real Decreto. Las 9 que sí los cumplen son todas públicas.

Estas son: la de Almería (UAL), la de Córdoba (UCO), la de Granada (UGR), la de Jaén (UJA), la de La Laguna (ULL), la de León (ULE), la de Oviedo (UNIOVI) y la Politécnica de Cartagena (UPCT). Además, según el estudio, posiblemente cumplirían los requisitos la Politécnica de Madrid (UPM) y las privadas de Loyola y Pontificia de Salamanca (UPSA).

Según datos del Ministerio de Universidades, el Sistema Universitario Español (SUE) lo conformaron en el curso 2019-2020 un total de 83 universidades con actividad, 50 de ellas públicas y 33 privadas.

REQUISITOS PARA «PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR»

Según afirmó el ministro de Universidades, Manuel Castells, estos requisitos no garantizan la enseñanza de calidad en las universidades, sino que simplemente «garantiza» que una universidad sea, de verdad, una universidad. «Es casi protección del consumidor. A usted no le pueden vender un título universitario de una cosa que no es una universidad», indicó.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se opuso al requisito de que las universidades tengan que ofertar titulaciones en tres de las cinco ramas de conocimiento, alegando que esta medida «no está vinculada con una mayor calidad del servicio universitario».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «llame al orden» al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para que acuda a la Conferencia de Presidentes que se celebra el 30 de junio en Salamanca. Además, ha subrayado que el Gobierno no puede pretender que ese foro se convierta en un «Aló Presidente» y «una foto con mucha pompa» pero «nada más».

En declaraciones a los medios en su visita al municipio zaragozanode La Almunia de Doña Godina, Montesinos ha asegurado que la Conferencia de Presidentes carece de orden del día y de reuniones preparatorias, algo que, según ha dicho, ha despertado «el clamor y la indignación» de distintos presidentes autonómicos, no solo del PP.

El dirigente del PP lo ha achacado a que el jefe del Ejecutivo está centrado solo en la «propagada». «Quiere devolvernos a esos ‘Aló Presidente’, en los que Sánchez hablaba mucho pero no coordinaba nada con las comunidades autónomas», ha afirmado, para recalcar que ese foro no puede convertirse en «una foto con mucha pompa y nada más».

Montesinos ha recordado las declaraciones de Sánchez en el pasado hablando de cogobernanza y le ha preguntado por qué ahora «no habla con los presidentes autonómicos». «¿Por qué no colabora? ¿Por qué no coordina?», ha reiterado, para exigirle deje de «echar balones fuera» y «mirar para otro lado».

«ACUERDOS OCULTOS Y SECRETOS CON SÁNCHEZ»

Además, Montesinos ha reclamado a Sánchez que exija a Aragonés que acuda a esa cita. «¿Qué es eso de que no vaya?», se ha preguntado, para subrayar que el presidente del Gobierno debería llamar «al orden a su socio preferente».

El responsable de Comunicación del PP ha indicado que dar «plantón» al resto de comunidades sería una «falta de respeto» a sus homólogos que «no se debe aceptar. Es más, ha dicho que esa ausencia de Aragonés «rompe la igualdad de todos los españoles y la solidaridad nacional».

A su entender, el presidente de la Generalitat actúa así porque «sabe que tiene una línea directa, bilateral y acuerdos ocultos y secretos con Sánchez, que no ha explicado a los españoles». «Menos España multinivel y más llamar al orden al presidente catalán», ha abundado.

LA PRESENCIA DE URKULLU, TAMBIÉN EN EL AIRE

Al ser preguntado por el hecho de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, tampoco haya confirmado si irá a la Conferencia de Presidentes, Montesinos ha señalado que «la responsabilidad es de Pedro Sánchez» porque es quien convoca esa reunión. «Sánchez ha hecho una dejación de funciones tremenda, porque no hay reuniones preparatorias ni orden del día», ha agregado.

Dicho esto, ha insistido en que «la responsabilidad es de Sánchez» y ha añadido que si hay presidentes que no creen «en la solidaridad nacional y la igualdad de todos los españoles, será Sánchez el que deberá hablar con ellos».

A renglón seguido, ha denunciado que Sánchez esté llegando a acuerdos con partidos que tienen «como objetivo romper la igualdad de los españoles y la soberanía nacional». «El PP va a ser el pegamento de la España constitucional y vamos a reivindicar y fortalecer las instituciones ante un presidente que lo que hace permanentemente es erosionarlas cuando no le gustan lo que dicen», ha manifestado.

DICE QUE SÁNCHEZ SOLO PISA LA CALLE EN ESTADOS UNIDOS

Por otra parte, Montesinos ha recalcado que el jefe del Ejecutivo solo pisa la calle en Nueva York y Los Ángeles, porque al llegar a España» se encierra en Moncloa». «Hace muchos meses que los españoles no han visto a Sánchez pisar la calle, porque si lo hiciera se daría cuenta de que tiene un pie fuera de Moncloa», ha declarado.

Finalmente, ha afirmado que los españoles ya no se creen «las mentiras y la gestión ineficiente» de Sánchez, y le ha emplazado de nuevo a convocar elecciones, en un momento en el que, según ha destacado, las encuestas coinciden en que Pablo Casado será presidente del Gobierno.

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido este martes en el que el Trasvase Tajo-Segura es «irrenunciable» y que el Consell, aunque esperará a conocer cuál es el acuerdo «concreto» que se alcanza en el Ministerio al respecto, está estudiando jurídicamente esta cuestión: «Vamos a presentar todo tipo de alegaciones».

Así se ha pronunciado Puig en Alicante, donde ha señalado que el gobierno autonómico mantendrá «el diálogo con el Ministerio» y que se trabajará «conjuntamente» con los regantes y con todas las instituciones «que quieran trabajar en la misma dirección».

«Vamos a trabajar basándonos en la misma premisa, la única vía de solución es el diálogo, y a través del diálogo tenemos que garantizar lo que es absolutamente irrenunciable como es el derecho de los regantes, de los agricultores y la capacidad de la Comunitat Valenciana de mirar hacia el futuro con fortaleza», ha indicado.

Asimismo, ha matizado que «eso tiene que ser con agua suficiente, de calidad y a un precio asequible». «Tenemos una cuestión clara respecto a esta cuestión, el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable, ha sido un esfuerzo de muchos años y ha sido una inversión muy productiva que está generando mucha riqueza a miles y miles de familias y, por tanto, es una riqueza de la que no podemos prescindir en absoluto», ha agregado.

Igualmente, Puig ha sostenido que «en cualquier caso» lo que se quiere es «garantizar agua para siempre» y que a partir de esta situación «también somos conscientes del cambio climático y de las repercusiones que existen», por lo que la Generalitat no tiene «una posición cerrada respecto a nada».

«Lo que tenemos es que garantizar agua de calidad y al mismo precio, a un precio sostenible que permita el desarrollo de la agricultura y de nuestro regadío, porque si no no será posible mantener la huerta más importante de Europa», ha agregado.

Pamplona acogerá el próximo Congreso Estatal de Mentoría Social, que se celebrará entre el 4 y el 6 de mayo de 2022, auspiciado por la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. El encuentro, que recibirá a las principales expertas en esta metodología de intervención, tendrá como objetivo avanzar en la construcción de una respuesta, a través de la implicación ciudadana y el voluntariado, ante la creciente desigualdad social.

Se espera la participación de unos 300 asistentes, con representación de comunidades autónomas españolas, universidades y representantes públicos tanto autonómicos como estatales.

El anuncio del papel organizador de Navarra se ha realizado esta semana, durante la clausura de una Jornada Virtual de Mentoría e Inclusión Social, organizada por la Coordinadora de Mentoría Social, la red de organizaciones que desarrollan proyectos de mentoría dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Esta coordinadora será la responsable de organizar el congreso estatal que se celebrará en mayo en Pamplona, en estrecha coordinación con el Gobierno de Navarra, a través de la mencionada Dirección General de Políticas Migratorias.

PREPROGRAMA

El Congreso Estatal de Mentoría 2022 será el primero que se celebre en España. Parte de la necesidad de implicar a la ciudadanía en la respuesta a la situación de crisis; y de crear espacios de encuentro entre la universidad, la administración y el tercer sector, ha señalado el Ejecutivo.

El preprograma de las tres jornadas de congreso con el que actualmente se trabaja incluye espacio para diferentes ponencias plenarias, así como 45 espacios de ‘workshops’ y mesas redondas. También se establece una cena de ‘networking’ y la visita a proyectos en activo como una muestra de buenas prácticas en la materia; y, además, se prevé el reconocimiento, a través de diversos premios, para diversos proyectos de mentoría social.

El Congreso se dirige tanto al tercer sector como a responsables políticos, y también a personal universitario y de la administración; así como a profesionales de campos como la educación, el trabajo social o la psicología.

LA MENTORÍA SOCIAL, UNA APUESTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

El programa Kideak, puesto en marcha este año por el Gobierno de Navarra, incluye entre sus principios el empleo de la mentoría social. Esta metodología se aplica, dentro de este recurso complementario para jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra, para promover el desarrollo integral de estas personas que cuentan con entre 18 y 23 años.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha decidido todavía si asistirá el próximo viernes a la reunión de Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará en Salamanca y en la que se hablará de la pandemia de la covid-19 y de los fondos europeos, pero cree que esta convocatoria «no cumple con el reglamento ni las funciones» que tiene atribuidas.

Además, entre otras consideraciones que estudia para decidir si finalmente participará en el encuentro, se encuentran los compromisos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adquirido con el Ejecutivo vasco, que están vinculados a su contribución a la estabilidad.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en Vitoria tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha recordado que la invitación a la cumbre se hace directamente a los presidentes autonómicos y, por lo tanto, como es «indelegable», es el propio Iñigo Urkullu el que debe decidir exclusivamente si irá.

Zupiria ha explicado que el Lehendakari analiza una serie de consideraciones, entre ellas, la de que la reunión de Conferencias de Presidentes no está prevista en la Constitución y, por tanto, es un órgano de cooperación.

En este sentido, ha recordado que el primer encuentro de este foro se celebró en 1990 cuando era presidente del Gobierno Felipe González, «ha tenido altibajos, y momentos de aparición y de desaparición». «Es un órgano que no existe en el entramado jurídico institucional del Estado español, cuya existencia no se contempla ni en la Constitución ni en los estatutos de autonomía y, por lo tanto, es un órgano de cooperación de nueva creación», ha indicado.

Esta es una primera reflexión que el Lehendakari está valorando. La segunda «tiene que ver con su propia naturaleza», ya que Iñigo Urkullu analiza que la Conferencia de Presidentes «está definida como un órgano de cooperación que, a lo largo del tiempo, en muchas ocasiones sin presencia de Lehendakaris vascos, ha ido adoptando una serie de acuerdos sobre su funcionamiento».

En todo caso, Urkullu «constata que las reuniones que se están celebrando» en ese foro, al igual que la próxima reunión del viernes, «no cumple ni el reglamento ni las funciones que tiene atribuidas este órgano».

SIN REUNIONES PREPARATORIAS

«Por ejemplo, el reglamento de la Conferencia de Presidentes habla de unas reuniones preparatorias, en las que se establece el orden del día y se van adoptando diferentes propuestas para su correcto funcionamiento, y esto es algo que no ha sucedido, ni en todas las conferencias de presidentes que se celebraron en la primavera del año pasado, ni en las que se produjeron en julio y octubre del año pasado, ni en esta ocasión de cara a la reunión del próximo viernes», ha precisado Bingen Zupiria.

Asimismo, ha explicado que el Lehendakari «también está valorando el funcionamiento que han tenido estas reuniones a lo largo del tiempo, los temas que han sido tratados en ellos y el funcionamiento institucional posterior a estas reuniones».

LEALTAD INSTITUCIONAL

«También es un elemento de valoración la forma en que, en paralelo a esta Conferencia de Presidentes, se están desarrollando las relaciones entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco, que, más allá de su compromiso de lealtad institucional, están basados también en una serie de compromisos que deben ser desarrollados en el tiempo», ha indicado.

En este sentido, Iñigo Urkullu considera que, por parte de las instituciones vascas, especialmente del Gobierno y de él mismo, «ha habido un compromiso con la estabilidad institucional, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en el Estado español», y que está «vinculado a los compromisos que tienen que ver con un desarrollo armónico de las relaciones institucionales y también con una mejoría de las condiciones de la vida de los ciudadanos».

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha advertido que la «incidencia acumulada, aunque no hay que menospreciarla, puede llevar a engaño» en la interpretación de la situación epidemiológica actual en Baleares.

Según ha explicado la presidenta Armengol este martes en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Cs, Patricia Guasp, sobre las acciones del Govern para frenar contagios y evitar sus consecuencias, «esta ola es diferente a las anteriores, porque se cuenta con un instrumento clave, la vacunación».

«Una vacunación, por cierto, que va muy bien en toda España, lo que debería de ser motivo de cierto orgullo, porque es el país de toda Europa que más está vacunando. Aquí, en Baleares, se está vacunando, además, de forma masiva a las personas más jóvenes, a las que se ha abierto recientemente la vacunación», ha destacado.

Además, ha querido poner en valor que «el Ejecutivo autonómico ha tomado medidas contra las aglomeraciones y el ocio nocturno, focos ambos de contagios». Y, además, ha añadido, «se han mantenido los controles en puertos y aeropuertos».

En esta línea, ha planteado que «aunque hay más incidencia, debido a una mayor movilidad, tanto de residentes como de turistas, porque hay que recordar que está habiendo temporada, también debe tenerse en cuenta la capacidad hospitalaria de Baleares», a la hora de tomar las decisiones y analizar la situación epidemiológica del archipiélago.

De este modo, ha advertido que «aunque no se puede menospreciar la incidencia acumulada esta puede llevar a ciertos engaños, porque mide los positivos por residentes, es decir, los turistas que visitan las Islas no se contabilizan». Por ello, ha incidido, «la incidencia acumulada es más elevada de lo que en realidad es».

«Es importante hacer pedagogía en este sentido», ha asegurado, «porque algunos intentar tergiversar la información», cuando, ha añadido, «lo cierto es que se ha hecho un buen trabajo y que Baleares tiene potencial para poder tirar adelante».

GUASP: «QUIEREN QUE CAIGAMOS EN LA AUTOCOMPLACENCIA»

Pese a las explicaciones de la presidenta balear, la portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha lamentado que, desde el último plenario, «los contagios en Baleares se han multiplicado por 32, hay cerca de 300 personas hospitalizadas en planta y 46 en UCI y se ha registrado la primera muerte en residencias desde febrero».

«Esta es una situación preocupante, que se suma al mazazo por el impacto negativo que todas estas cifras han tenido sobre la temporada turística, con Reino Unido incluyendo a Baleares en su lista ámbar y a Alemania declarando a toda España, incluida Baleares, zona de alto riesgo», ha señalado Guasp, quien ha hecho hincapié en que «no se puede hablar, como ha hecho el conseller Negueruela de mala noticia, sino que hay que calificarlo de lo que es, un golpe muy duro».

«Mientras quieren que caigamos en la complacencia, porque esta temporada estival esta siendo mejor que la anterior la Federación Hotelera habla de una ralentización de reservas del 30%», ha lamentado la portavoz de Cs, quien se ha preguntado «dónde está el plan B para garantizar la temporada».

Para Guasp, «el Govern sigue instalado en la falta de autocrítica e improvisación». Y, por ello, ha pedido «coherencia a la hora de aprobar medidas restrictivas porque «pese a coincidir en que la salud pública debe ser la prioridad, las restricciones de derechos han de hacerse con un máximo de garantías y ser la última opción». Además, ha reclamado mayor «inversión en personal para el Centro Covid y los rastreadores y desatascar la atención primaria, entre otras. «Es fundamental no lanzar un mensaje alarmista pero si de control», ha asegurado Guasp.

Frente a estas palabras, Armengol ha respondido que «el Govern nunca ha hablado de complacencia y siempre ha reconocido que esta es una situación complicada y difícil, que se ha de gestionar desde el pacto y el acuerdo, poniendo en valor Baleares y no criticando al archipiélago en el exterior».

«La programación de AENA sigue en marcha, siguen llegando turistas y se protege a los ciudadanos», ha destacado la presidenta balear, quien ha vuelto a hacer un «llamamiento a la vacunación, que es la salvación de esta Comunidad Autónoma».

Este martes ha arrancado en Tomelloso el juicio en el que acude como investigado el director de la residencia de mayores Fundación Elder de Tomelloso, José Manuel Sampedro Lara, que se enfrenta a posibles delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro derivados de su gestión al frente del centro sociosanitario en los primeros meses de la pandemia.

El abogado de las ocho familias denunciantes, Miguel Polo, ha señalado en declaraciones a los medios antes de arrancar la declaración de Sampedro que la denuncia vino motivada por el hecho de que esta residencia «no adoptó ninguna medida de protección» para proteger a sus residentes.

«La respuesta que queremos obtener es por qué en esta residencia no se adoptó ningún protocolo para proteger a sus usuarios cuando otras residencias sí lo estaban haciendo», ha señalado, apuntando que en la residencia de mayores más próxima a Elder sólo murieron ocho personas, mientras que en este centro los fallecidos se elevaron a 75.

«JAVI, SÁCAME DE AQUÍ QUE ME MATAN»

El portavoz de las familias denunciantes, Francisco Javier Moreno, ha relatado su experiencia después de que su padre nonagenario falleciera en el mes de marzo del pasado año.

«Llamé el día 6 de marzo, me dijeron que mi padre tenía fiebre y tos, cuatro días después me dicen que ya come, y el día 27 me hacen una videollamada y mi padre era sólo piel y huesos. Me dijo: ‘Javi, sácame de aquí, que me matan’. Y esas fueron sus últimas palabras», ha afirmado.

LOS TRABAJADORES APOYAN A SAMPEDRO

La actual gobernanta de la residencia y portavoz de los trabajadores, de su lado, ha querido salir en defensa de la gestión del imputado. «La pandemia no es culpa de nadie, hay que apoyarle. Sabemos que las familias lo están pasando más, pero si hay que buscar culpables hay que remontarse más atrás», ha dicho.

Según su testimonio, la actuación mantenida en el centro durante los peores meses de la pandemia fue la correcta. «En toda España ha sido igual, no podíamos hacer otra cosa. La residencia es una residencia, y si algún familiar se pone malo, se va al hospital, la culpa no es nuestra», ha reiterado.

En las puertas del juzgado, familiares de las víctimas y trabajadores han protagonizado un encontronazo a cuenta de la responsabilidad o no de la gestión de la dirección del centro durante los primeros meses de pandemia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto por el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) canario vetó que se pudiera imponer el ‘toque de queda’ entre las 0.30 y las 6 horas de la isla de Tenerife, o subsidiriamente, en los municipios de dicha isla con una tasa superior de incidencia COVID superior a 100 casos por 100.000 habitantes.

Considera que el TSJ canario adoptó su decisión de forma razonada, y coincide con éste en que carece de justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta a la vista de las circunstancias concurrentes en la isla de Tenerife. Por ello concluye que dicha medida restrictiva no era proporcional.

El Supremo se refiere a su reciente sentencia en la que avaló el confinamiento del municipio de Peal de Becerro (Jaén), y destaca que en ese caso la tasa de incidencia era más de diez veces superior al planteado ahora, y además se destacó la alta presencia de asintomáticos y el porcentaje de vacunación, entre otras razones que hacían ineficaces otras medidas diferentes a la adoptada.

Sin embargo, en primer lugar, el Supremo indica que en esa localidad de Jaén se trataba de un cierre perimetral y no de un ‘toque de queda’, «que exige una mayor justificación sobre que las medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública».

Además, coincide con la Sala de instancia en la ‘poca claridad’ en el planteamiento de la pretensión del Gobierno canario «cuando la petición principal era la autorización del ‘toque de queda’ en toda la isla de Tenerife pese a que las cifras aportadas respecto a los distintos municipios identificados no son homogéneas».

RECHAZA QUE HAYA CONTRADICCIONES

Asimismo, el Supremo rechaza que exista contradicción entre el pronunciamiento del Tribunal canario y el realizado por los tribunales superiores de Valencia, Cataluña y Cantabria, ya que el Gobierno canario no acreditado que las circunstancias de Tenerife sean coincidentes con las examinadas por esos otros tribunales.

A este respecto, el Supremo afirma en el auto que ha dado a conocer este martes que esas otras administraciones autonómicas «fundamentaron su pretensión de ratificación de las medidas con apoyo en los datos de la alta incidencia del número de contagiados y de su presión en el sistema sanitario, lo que la Sala de Canarias echa de menos en este caso».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha advertido este martes de una «avalancha» en los órganos judiciales relacionada con la pandemia del Covid-19, principalmente relacionadas con sus repercusiones económicas, que se sumará al incremento en los tiempos de respuesta que ya se viene arrastrando desde hace tiempo.

«No cabe ninguna duda de que en los próximos meses se producirá un incremento del ingreso de asuntos en los órganos judiciales. Todo lo que ha generado la pandemia en términos de perjuicio económico, empresarial y ya no digamos personal, va a tener un impacto indudable en lo que es la llamada a la justicia», ha explicado durante el acto de presentación de la Memoria de actividad correspondiente al año 2020.

Un impacto, ha explicado, que se verá especialmente en la jurisdicción Penal y Mercantil, que van a sufrir «la mayor sobrecarga de asuntos», que se unirá además al incremento que se arrastra desde hace años en cuanto a los tiempos de respuesta judiciales.

«Tenemos unas posibilidades en desarrollo que tenderán a aminorar el impacto de esta avalancha de asuntos», ha tranquilizado al respecto, recordando que el desarrollo ya en marcha de herramientas digitales e informáticas para la tramitación y resolución de asuntos judiciales.

Ello sumado al «problema de base» que se arrastra sobre la «desproporción» entre la «abismal sobrecarga de trabajo» y «el número que alcanza la plantilla que sirve», que además se ve «perjudicada» por el surgimiento de «nuevos fenómenos de litigiosidad en masa» relacionados con el sector bancario o el transporte aéreo.

En este sentido, ha defendido como «absolutamente imprescindible» un aumento de plantilla «para desatascar» la fase de resolución donde se produce el cuello de botella de la tramitación de los asuntos judiciales.

Según los datos facilitados en la Memora anual del órgano, el Ministerio de Justicia designó para Madrid en 2020 la creación de tres nuevas plazas de juez. Un número que el presidente del TSJM ha calificado de «insuficiente, testimonial y distanciado de las necesidades contrastadas de crecimiento» de la planta judicial, que establece en 145 para «órganos judiciales y 32 para plazas de magistrados».

«Cada vez que he ido a una Conferencia de esta naturaleza –de Presidentes autonómicos– y se ha destacado las ausencias habituales, en unos casos de Cataluña y otros del País Vasco, he sentido que es una falta de respeto para quienes cumplimos con nuestras funciones como representantes en las distintas comunidades autónomas». Con estas palabras ha respondido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a la decisión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, no va a asistir al encuentro.

En este contexto, este viernes los dirigentes de las comunidades autónomas de España se encontrarán en Salamanca, con la posibilidad de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, tampoco acuda y bajo las críticas de algunos presidentes regionales del PP que han valorado esta conferencia como una reunión sin agenda, falta de debate previo sobre los temas a tratar y que puede quedarse en «una foto bonita».

A esto último, Lambán ha sostenido que es «muy respetuoso» con todos los presidentes autonómicos, «sobre todo», con aquellos que cumplen con sus funciones, «con lealtad al Gobierno y a la Constitución» y que «cuando son convocado por el presidente del Gobierno de España acuden a las convocatorias».

«REEQULIBRAR ESPAÑA»

Lambán ha comentado que en la Conferencia de Presidentes irá «a defender a Aragón, la economía aragonesa» y los 326 proyectos presentados para optar a los fondos europeos.

Ha subrayado, asimismo, su intención de trasladar a sus homólogos que estos fondos son una oportunidad «de oro» para reequilibrar España, para atender a aquellas zonas que han sido menos prioritarias para el Estado.

«Se trataría de que los fondos no se trasladasen exclusivamente a las grandes empresas, sino que si queremos que lleguen hasta el último rincón, han de capilarizarse y, por pequeño que sea un proyecto desde el punto de vista económico, ha de ser atendido si de verdad tiene calidad y se ajusta a las prioridades marcadas por la Unión Europea», ha apuntado.

La Ley vasca de Memoria Histórica y Democrática, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno para su tramitación parlamentaria, incluye un régimen sancionador para las infracciones que se cometan contra ella y cuyas multas pueden alcanzar los 150.000 euros en caso de ser muy graves. Entre las graves, se establecen las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y los actos de exaltación del golpe militar de 1936 y del franquismo, que pueden ser sancionados hasta con 10.000 euros.

Este anteproyecto de norma propone un día anual en Euskadi de homenaje a las víctimas mortales de la contienda civil y de la dictadura, y el desarrollo de herramientas didácticas para la inserción de la Memoria Histórica en el curriculum vasco.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha comparecido en rueda de prensa para comunicar la aprobación en Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley vasca de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

Esta norma regulará las políticas públicas para la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, aunque no supone el inicio de la actuación pública e institucional en esta materia en la Comunidad Autónoma Vasca, que lleva una trayectoria «de décadas como referencia en memoria histórica y democrática» y, con ella, se quiere «reforzar y dotar de marco normativo» a estas actuaciones.

Se trata, según ha apuntado la consejera, de «un nuevo paso que consolida normativamente las políticas públicas de memoria», y promueve y amplía el volumen de actuaciones.

Esta norma tiene un doble objetivo: el de promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; y el de fomentar «principios y valores éticos y democráticos».

Beatriz Artolazabal ha destacado que este proyecto «mira al pasado, pero, sobre todo, mira al futuro de Euskadi con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y la no repetición», que, a su vez, son «patrimonio democrático de todos».

PRINCIPIOS

Por ello, la Ley se fundamenta en los principios de «verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición», así como en «los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.

En especial, pone en valor «el derecho a la verdad que asiste a toda la sociedad, y en especial, a las víctimas que tienen derecho a conocer lo sucedido en la Guerra Civil y la Dictadura». Para ello, se promueven actuaciones como el informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978 o el censo de víctimas mortales durante la Guerra Civil. Se trata de dos actuaciones que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ya ha abordado.

La primera fase del informe, relativa a las víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo y, su correspondiente censo de víctimas, está ya en funcionamiento y puede ser consultado por las familias y la comunidad investigadora.

Respecto al derecho a la justicia, teniendo en cuenta que es competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia, detalla en su capítulo III el impulso y colaboración que se tendrá con la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales en la puesta en conocimiento de la existencia de indicios delictivos como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones.

El proyecto regula el derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, para lo que prevé valorar la pertinencia y viabilidad de indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado por esta Administración y, en su caso, proceder a su implementación.

DÍA ANUAL DE HOMENAJE

Por otro lado, propone un reconocimiento individual a las víctimas mortales y establecer un día anual para el homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura. También plantea el desarrollo de herramientas didácticas para la inserción de la Memoria Histórica en el currículum vasco.

Se prevé complementar esta tarea con otro tipo de actividades como visitas a espacios, itinerarios o exposiciones dirigidos al alumnado, para de esta manera, garantizar su conocimiento sobre lo ocurrido en Euskadi en ese periodo. También se propone crear un espacio expositivo en la sede de Gogora y consolidar su Centro de Documentación.

Corresponderá al Instituto de la Memoria actuar para la localización e identificación de los desaparecidos en la Guerra Civil, algo que ya realiza Gobierno Vasco y Gogora. Desde 2003, se han recuperado los restos de un total de 110 víctimas, 108 hombres y dos mujeres.

RESTOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

La Ley promueve acciones para recuperar el máximo número de personas desaparecidas, y el inicio de gestiones necesarias para recuperar los restos inhumados en el Valle de los Caídos que sean solicitados por sus familiares.

La simbología contraria a la Memoria Histórica también se regula en este anteproyecto. Aunque la mayoría de los elementos, distinciones y honores institucionales han sido retirados a lo largo de los últimos años, sigue habiendo algunos vestigios que plantea que «desaparezcan definitivamente».

La norma establece el término Documento de la Memoria Histórica de Euskadi, con todos los fondos documentales y testimonios orales de interés. Además, recoge la necesidad de acometer actuaciones para recuperar esos documentos y, en especial, los incautados durante la Guerra Civil y la dictadura.

En este sentido, aborda lugares, itinerarios y espacios de memoria histórica. Se creará un Catálogo de los lugares, itinerarios y espacios, y se determinará el régimen de protección y conservación.

Además, realiza un reconocimiento al movimiento asociativo por su labor en la recuperación de la Memoria Histórica de Euskadi y en la defensa de las víctimas. A su vez, establece la creación de una comisión asesora de Entidades de Memoria Histórica como órgano consultivo y de participación.

SANCIONES

El Proyecto de Ley contiene un apartado de régimen sancionador en el que se establecen infracciones muy graves, graves y leves, y sus correspondientes sanciones. Estas se traducen en multas que van desde los 10.000 hasta los 150.000 euros en el caso de las infracciones muy graves; de 2.000 hasta 10.000 euros para las graves, y de 200 a 2.000 euros para las infracciones leves.

Las infracciones muy graves serían la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, y la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad. Entre las graves, destacan las relativas a la no comunicación de hallazgos de restos humanos; las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura.

Artolazabal ha reivindicado que «la memoria no puede ni deber ser instrumento de división y de confrontación». «La memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas son y han de ser patrimonio de todos», ha aseverado.