Más de 700 funcionarios de las distintas administraciones públicas españolas optan cada año por salir del país para realizar una experiencia como cooperantes en el exterior en el marco de la llamada cooperación técnica pública, según los datos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

En general, según explica este organismo de la cooperación española encargado de la movilización de personas de nuestras administraciones públicas al exterior, realizan normalmente actividades de intercambio de experiencias con sus administraciones homólogas en el marco de proyectos de acompañamiento de reformas de políticas públicas. Según la FIIAPP, se trata de un tipo de cooperación «en alza».

«No hay un perfil único, se movilizan tanto hombres como mujeres, de entre 30 y 60 años, siempre con una inquietud internacional», ha explicado en un comunicado Sara Ruiz, del departamento de Recursos Humanos de la FIIAPP. «A nivel de competencias, los idiomas son muy importantes, pero, sobre todo, es necesaria la capacidad de escucha, de adaptarse a otros entornos y culturas y el respeto absoluto por la diversidad», ha añadido.

CUERPOS DE SEGURIDAD, JUECES Y FISCALES, LOS QUE MÁS SE MOVILIZAN

Entre los sectores públicos más movilizados con la cooperación internacional están los profesionales de Policía y Guardia Civil, que contribuyen al entrenamiento y la elaboración de planes de seguridad en algunos de los puntos calientes del planeta, como el Sahel, o jueces y fiscales, que contribuyen a diseñar estrategias y protocolos para, por ejemplo, la cooperación judicial contra el crimen organizado o contra delitos internacionales.

«Pero necesitamos que otras administraciones públicas, centrales y descentralizadas, apuesten también por la cooperación internacional y compartan esta visión de la acción exterior española, alentando y facilitando la movilidad de sus profesionales», ha advertido la secretaria general de la FIIAPP, Inma Zamora.

En su opinión, «ser cooperante va más allá de la irrenunciable ayuda humanitaria o la atención a situaciones de emergencia y vulnerabilidad para mejorar la vida de algunas personas o grupos».

«Si se mejoran los sistemas públicos, se puede mejorar la vida de todos los ciudadanos de un país; con ese espíritu, cada vez son más los profesionales que, desde nuestras instituciones públicas quieren cooperar para fortalecer las de otros países», ha explicado.

Juan Carlos da Silva, juez a cargo de un proyecto de formación de jueces y fiscales en Turquía, tiene claro que «para ser cooperante hay que estar dispuesto a salir de tu zona de confort y querer aportar algo al mundo».

Según este magistrado, quienes quieran ser cooperantes públicos deben de tener algo que poder aportar a otro país, apertura mental, flexibilidad y capacidad de reaccionar ante situaciones inesperadas, humildad, «porque los resultados son de muchos y suelen verse en el medio y largo plazo», y entusiasmo «por lo que estás haciendo por otro país, por lo que traes de vuelta al tuyo y por lo que esta experiencia reportará a tu desarrollo profesional».

ORGULLO POR LOS ÉXITOS OBTENIDOS

Por su parte, Daniel Torres, policía nacional y experto en análisis de Inteligencia, está trabajando con la Policía Nacional de Níger para combatir la trata de personas y reconoce que es un «orgullo» formar parte del equipo que trabaja en ello. «El conocimiento técnico que estamos intercambiando ha permitido liberar a numerosas mujeres, incluidas menores, que se encontraban ejerciendo la prostitución en contra de su voluntad y en condiciones inhumanas», explica.

También la fiscal María Luisa García, que trata de aunar esfuerzos de las fiscalías de Albania y estados miembros de la UE en la lucha contra el crimen organizado, pone en valor lo que a nivel personal supone participar en proyectos de este tipo.

«Supone un continuo aprendizaje tanto en lo personal como en lo profesional y una continua superación de nuevos obstáculos» además de conllevar «una mayor amplitud de miras» y de permitir conocer otros sistemas y «aprender que no existe una única forma de conseguir un objetivo». «Esto permite analizar esas diferencias y traer de vuelta a la función pública en España todo aquello diferente que puede permitir una mejora de nuestro propio sistema», resalta.

La FIIAPP trabaja en 122 países –principalmente en América Latina, Sahel, Mediterráneo y Asia Central– con un equipo de 320 personas en proyectos orientados al cumplimiento de la Agenda 2030 en torno a ocho áreas temáticas: políticas sociales y derechos, economía verde, seguridad y lucha contra el crimen organizado, políticas de fomento y comunicaciones, justicia y transparencia, modernización de las administraciones públicas, economía y finanzas públicas y migración y movilidad.

La Reina Letizia ha inaugurado el curso escolar 2021-2022 en el colegio de Infantil y Primaria ‘Odón de Buen’ del municipio zaragozano de Zuera, donde ha conocido las metodologías educativas innovadoras que aplica este centro y ha paseado por su patio multisensorial.

Ha estado acompañada de la ministra de Educación, Pilar Alegría, del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y del alcalde de Zuera, Luis Zubieta, entre otras autoridades, y también ha visitado el Instituto de Educación Secundaria ‘Gallicum’, donde ha mantenido una reunión con la comunidad educativa de ambos centros.

La Reina Letizia ha generado gran expectación en esta localidad de unos 8.300 habitantes, donde ha sido recibida con aplausos por sus habitantes tanto a la llegada al colegio, como al IES. Algunos habitantes de la localidad se han concentrado también por las inmediaciones del patio del colegio, desde donde han contemplado la visita al mismo y la han ovacionado.

La reina ha llegado al colegio sobre las 11.40 horas y tras saludar a las autoridades, entre las que también se encontraba el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha descubierto una placa conmemorativa de la inauguración del curso escolar en este centro, para, después, hacer un recorrido por el patio, donde ha estado rodeada en todo momento por los alumnos, quienes le han recibido muy ilusionados y quienes le han explicado las diferentes zonas del patio.

En concreto, ha conocido la geoesfera, ha seguido por el denominado camino del río para llegar hasta una plataforma donde se ha sentado un momento con varios escolares, la ministra de Educación, el presidente de Aragón y el alcalde. En esta zona, el patio tiene forma de un pez, en honor a Odón de Buen, el naturalista que da nombre al colegio, que es originario de esta localidad y es considerado fundador de la oceanografía española.

Después, ha conocido la zona de Infantil, en concreto, el ámbito de psicomotricidad y zona de estimulación multisensorial, y la de Primaria, con sus zonas de taller y la biblioteca, donde ha habido una actividad de cuentacuentos.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Antes de la visita, la directora del colegio, Elena Vela, ha explicado a los medios de comunicación que este centro, que cuenta con 463 alumnos, implementa metodologías activas, aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos y talleres creativos, entre los que se encuentran los de comunicación, con una sala de radio, así como de cocina, entre otras cosas.

En Infantil, se aplica el proyecto ‘El cuerpo en la escuela’, que desarrolla las habilidades motrices básicas a través de espacios y herramientas destinados a este fin. Además, ha expuesto Vela, «tenemos un patio naturalizado, que es el resultado de la implicación de toda la comunidad educativa» y existe una comisión de biblioteca «que es el motor que dinamiza las actividades de convivencia del centro».

«Formamos una gran comunidad» y éste «es el lugar perfecto para inaugurar el curso». «Estamos contentos de que lo haya elegido» la reina, «es un orgullo», ha apostillado Vela.

Ha reconocido que los alumnos estaban «nerviosos», pero también «ilusionados» por esta visita, y ha contado que en la reunión que han mantenido después en el IES ‘Gallicum’ le han transmitido sus «inquietudes» para este curso 2021-2022, en el que las restricciones a que ha obligado la pandemia del coronavirus «se suavizan un poco, pero no se puede bajar la guardia», ha dicho la directora.

ÚNICO COLEGIO PÚBLICO DE ZUERA

Éste es el único colegio público de la localidad, que posee otros dos centros concertados. Las instalaciones actuales se inauguraron el pasado mes de diciembre, aunque oficialmente en mayo. El alcalde, Luis Zubieta, ha contado a los medios de comunicación que el edificio anterior «se había quedado obsoleto, era del año 1929 y lo inauguró Primo de Rivera».

«Lo cuidábamos mucho», ha añadido, pero no ofrecía las posibilidades del actual, financiado por el Gobierno de Aragón, «en el que se han aplicado los últimos métodos tecnológicos y educativos innovadores», con un patio multidisciplinar en el que también ha colaborado el Ayuntamiento, un colegio que va a permitir «dar acomodo a los escolares de la localidad», que van a tener durante años «un marco espléndido para formarse».

El alcalde ha comentado que éste es un día «histórico» para Zuera, municipio que hasta ahora no había sido visitado por ningún rey o reina de España. «Estamos encantados» y «muy orgullosos» de que se de inicio oficial al curso escolar para todo España en esta localidad.

Ha apuntado que el Consistorio ha hecho un bando especial para animar a los zufariense a recibir «con mucho cariño» a la Reina Letizia, «dentro de las posibilidades del coronavirus y las medidas de seguridad».

IES GALLICUM

Su Majestad la Reina Letizia ha realizado a pie parte del recorrido entre el colegio y el IES ‘Gallicum’ –río Gállego en latín, masa de agua que atraviesa la localidad–, que ha aprovechado para saludar a la población que se ha concentrado por el recorrido.

Ha llegado al IES sobre las 12.15 horas, se ha realizado una fotografía de grupo con los alumnos, a quienes les ha expresado que son afortunados por poder recibir esta educación, les ha animado a disfrutar del curso y se ha interesado por si les gustaba leer.

Después, ha mantenido una reunión con representantes de la comunidad educativa de ambos centros, donde han intervenido miembros del equipo directivo, de los docentes, de las asociaciones de madres y padres, así como alumnos.

La jornada ha incluido la visita del aula de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la sala de profesorado, con el saludo a la Corporación Municipal zufariense, la firma en el libro de oro y la entrega de regalos.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha coincidido con su homólogo valenciano, Ximo Puig, en el diagnóstico de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y le ha ofrecido «complicidad» para alcanzar soluciones a corto plazo, pero mantiene su prioridad en la mesa de negociación bilateral con el Gobierno de España y no en un espacio multilateral.

Aragonés ha sido recibido este miércoles por Puig en el Palau de la Generalitat valenciana para mantener la primera reunión oficial de la que han salido «absolutamente satisfechos» porque ha servido para «tejer puentes» de colaboración en interés de los ciudadanos. Así, entre los asuntos tratados, han abordado la situación financiera de las dos comunidades y la reforma del sistema de financiación que, para Puig, es «irrenunciable» y por ello este martes había mostrado su confianza en que Cataluña «participe en el espacio multilateral» de negociación.

El presidente catalán ha insistido en numerosas ocasiones ante los medios de comunicación que entiende «la necesidad de mejora» de la financiación de la Comunitat Valenciana porque está «infrafinanciada», así como Cataluña sufre «un déficit fiscal crónico» que está «institucionalizado».

Sin embargo, ha recalcado que Cataluña está «muy focalizada» en la negociación bilateral con el Gobierno de España que está iniciando y que deben «respetar el horizonte político» marcado por las mayorías surgidas en los parlamentos de cada territorio. «Está claro que desde un punto de vista estructural y de horizonte político priorizamos la mesa de negociación», ha recalcado.

No obstante, sí que se ha mostrado su «complicidad» a soluciones a corto plazo que hagan frente a los efectos de la infrafinanciación o al ‘dumping’ fiscal, como la petición al Gobierno de extensión al próximo año de los fondos covid.

Preguntado por si su conseller de Hacienda, Jaume Gro, participaría en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar una nueva LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), ha descartado pronunciarse porque «no hay una propuesta de reforma encima de la mesa».

Aragonés ha insistido en que a los foros y reuniones «donde haya información relevante iremos a defender los intereses de Cataluña», pero, por el momento, el Gobierno no ha planteado el cambio del modelo y ve «muchas dificultades» para que pueda hacerlo por «la polaridad» política que existe en la actualidad.

Además, ha insistido en que, a diferencia de hace 20 años, «la prioridad» de Cataluña «para avanzar en estas dificultades es avanzar sobre un referéndum» sobre su independencia. Así ha recordado que en el pasado participaron en «muchas ocasiones», lo que les ha llevado a «sumar razones para la independencia».

MADRID

Del mismo modo, ha señalado que comparte «claramente» con Puig su análisis sobre el efecto de capitalidad de Madrid y, en ese sentido, ha defendido que si en Europa «se reclama unas normas mínimas» contra el «dumping» fiscal, también las debe haber en España. Por ello, ha señalado que las iniciativas concentradas para limitar la competencia desleal y los efectos negativos de un modelo centralista contarán con su «complicidad».

Al respecto, Puig ha comentado que «como muy bien» ha explicado Aragonés tienen «proyectos diferentes», pero «de lo que se trata es de ir sumando y coincidiendo». En ese sentido, ha vuelto a mostrarse en contra de los «frentismos» porque «así no se superará» la infrafinanciación sino en «busca de una alianza plural» para una reforma estructural que garantice la singularidad de los territorios y la igualdad social, con independencia de donde se resida sin «perjudicar» a ninguna comunidad.

Puig ha recordado las reuniones que ya ha mantenido con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, o la que mantendrá el próximo día 21 con su homólogo andaluz, Juanma Moreno, para tratar de solucionar la financiación desde «la racionalidad».

«No puede haber tantas velocidades cuando hay un problema, el ascensor territorial está paralizado y hay comunidades muchos años por debajo de la renta per cápita y hay un motor que está gripado, que es el motor público por no tener financiación suficiente», ha insistido.

Por contra, ha señalado que hay otras comunidades que tienen una actividad económica, empresarial y pública muy alta porque se ven beneficiados». «Esto es lo que no puede ser, para que haya una integración debe haber un respeto a las posibilidades de prosperidad de cada sociedad y esta es una cuestión crucial también para entender el modelo de Estado».

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recriminado al PP que quiera perpetrar una «anomalía democrática» con sus planteamientos sobre Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha tildado de «fútil» el diálogo con los populares.

Además, ha insistido en que la mejor fórmula de desbloqueo es reformar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, para habilitar una mayoría absoluta suscrita por la mitad de los grupos de la cámara.

No obstante y pese a que insistirán a su socio de coalición para convencerle, el parlamentario de la formación morada ha admitido que el PSOE no quiere transitar esa «senda» y, la única opción que ven factible, aunque no sea la idónea, es la dimisión de los vocales del CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes.

En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha señalado que el PP está planteado cosas «fuera del marco democrático» tras escuchar a su portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, demandar un pacto «únicamente» entre populares y socialistas, en el que «no participe ningún grupo parlamentario».

LO QUE PIDE EL PP ES «ANÓMALO»

«Esto es anómalo», ha especificado Echenique para recordar que en anteriores renovaciones sí hubo representantes propuestos por otras fuerzas, como IU y PNV. De esta forma, ha acusado al PP de incurrir en una «anomalía democrática» el querer «vetar» a casi otros los grupos parlamentarios.

En cuanto al planteamiento que reclama el principal partido de la oposición para pasar a un sistema en el que los jueces elijan directamente a sus representantes en el CGPJ, el portavoz de Unidas Podemos ha opinado que esa vía no se ajusta a la separación de poderes.

Y es que, como ha argumentado, el CGPJ «no dicta sentencias» sino que es un «órgano de gobierno», es decir, «político», y la Constitución establece que los poderes emanan del pueblo. Por tanto, interpreta esta condición como una nueva «excusa» del PP para mantener el bloqueo, pues esta formación ostentó en el pasado mayoría absoluta y no acometió la elección directa por parte de los magistrados, aunque pudo.

En consecuencia, Echenique ha concluido que esa fórmula es «impracticable» y que toda España sabe por qué el PP no quiere renovar el CGPJ pese a que lleva más de 1.000 días con mandato caducado. «Tiene que ver con sus juicios de corrupción, es absolutamente obvio», ha remachado.

SI TODO ESTÁ BLOQUEADO, SOLO QUEDA LA RENUNCIA DE LESMES

De esta forma, ha considerado que la vía de diálogo con el PP supone seguir en el bloqueo y ha reivindicado que la opción «más sensata» es habilitar la posibilidad de elección por mayoría absoluta con la firma obligatoria de la mitad de los grupos. Un planteamiento que «garantiza» la pluralidad del CGPJ y que desbloquearía la renovación, pues el sistema de mayoría calificada solo tenía sentido en la época del «bipartidismo».

Al respecto, ha recordado que ya en el anterior periodo de sesiones llegaron a registrar una proposición de ley en este aspecto, pero ha reconocido que luego el PSOE desistió de ella. Por tanto, insistirán para convencerle.

Eso sí, ha admitido que si estas dos vías están bloqueadas, solo queda una para facilitar el cambio: la dimisión de Lesmes y el actual CGPJ con «más de 1.000 días sin legitimidad democrática».

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre a 11 años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja desde que esta tenía 5 años y hasta 2019.

La sentencia condena al hombre por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años y le prohíbe aproximarse a ella a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse con la misma durante un tiempo superior en 6 años al de la duración de la pena de prisión impuesta.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado deberá indemnizar a los representantes legales de la menor con 12.000 euros por daños morales y secuelas.

La sentencia establece como probado que el acusado convivió durante unos 15 años con su pareja sentimental y también con la hija biológica de la mujer desde que la menor tenía 3 años, con la que, desde que tenía 5 años y hasta 2019, mantuvo frecuentes episodios de naturaleza sexual.

Dichos episodios solían producirse cuando su madre no estaba en la casa o cuando esta se iba a dormir, y tenían por escenario la cama matrimonial o el sofá del salón, y también cuando iban a la playa sin que les acompañase su madre, en el interior del coche y en el trastero de una de las casas.

Tales hechos se sucedieron hasta el mes de junio de 2019, en que, por causa de ser Testigos de Jehová y querer bautizarse por tal rito, convinieron en que no volverían a suceder. No obstante, en enero de 2020, el acusado volvió a requerir a la hija de su pareja con el pretexto de que conocía algo importante que la afectaba, en concreto unas fotos íntimas de la misma.

Esto llevó a la menor, que ya no quería que se repitiera, a contarlo que sucedía a una amiga del centro escolar al que asistía y finalmente a parte del profesorado del mismo, provocando así la denuncia de los hechos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles el «caos jurídico» que provoca «la falta de una legislación específica a nivel estatal», por lo que ha vuelto a lamentar que España no cuente «todavía» con una ley de pandemias.

En la rueda de prensa en la que se han dado cuenta de las últimas decisiones tomadas por el comité clínico que asesora a la Xunta en materia covid, el titular del Ejecutivo autonómico ha señalado que, pese a la buena evolución de la situación epidemiológica en Galicia, quedan todavía «flecos» que deberían «abordarse a nivel estatal con una posición común», por lo que ha abogado por «una estrategia de vacunación concreta, clara y precisa».

Respecto al proceso de vacunación, Feijóo ha indicado que todavía existen numerosas «incertidumbres» como la evolución de la variante delta, «con la que se contagia a día de hoy el 90% de los casos», posibles nuevas variantes que puedan ser «más contagiosas» y «que ningún especialista descarta» y la «ventana» abierta al contagio que dejan las vacunas puesto que, «aunque son la única solución de momento, no protegen al 100%».

A este respecto, el presidente autonómico se ha preguntado qué ocurrirá con ese «3, 4 o 5% de la población» –con especial hincapié en sanitarios y personas en contacto con la 3º edad– que no se quiere vacunar y que supone un porcentaje «apreciable».

«¿Qué hacemos con los menores de 12 años?; ¿qué va a pasar con una posible 3º dosis? Y ¿para qué queremos vamos a utilizar el certificado covid?», ha añadido Feijóo.

Sobre este último tema, el titular del Gobierno gallego ha insistido en si sólo funcionará para «volar». «¿Estamos vacunando a 47 millones de españoles sólo para volar? Esa no puede ser la respuesta pero parece que aquí sí lo es», ha remarcado Feijóo.

CERTIFICADO COVID EN LA UE

Sobre la conveniencia y utilidad de este recurso, el presidente de la Xunta se ha remitido a los países vecinos de la Unión Europea, «que lo piden con un porcentaje de población inmunizada menor, lo que supone una mayor limitación».

«¿Están equivocados todos nuestros vecinos europeos y sólo nosotros estamos acertados?», ha remarcado Feijóo, que ha calificado el vacío legal en cuanto a la gestión de la pandemia de covid de «caos jurídico» como consecuencia de «una falta de legislación específica». «No como ocurre en otros países europeos», ha incidido el titular de la Xunta.

Por el momento, el certificado covid de la comunidad sigue sin vigor, tras suspender el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia su validez, pese al posterior recurso del Gobierno autónómico que, como ha asegurado el propio presidente de la Xunta, sigue a la espera de la resolución del Supremo.

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado este miércoles la condena de su partido a todas las agresiones que se producen en España y ha denunciado los «efectos» de la inmigración ilegal para la seguridad en las calles.

«Los gays saben que pueden pasear más tranquilamente por las calles de Varsovia o de Budapest que por las de Molenbeek (barrio de Bruselas) o algunas del centro de Madrid», ha sostenido en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Espinosa de los Monteros ha censurado que se vincule a Vox con las agresiones y ha anunciado que la formación denunciará a todo aquel que lo haga, ya sea a través de redes sociales, en medios de comunicación o sean políticos.

En cualquier caso, ha avisado de que el partido no cambiará su discurso. «No vamos a dejar de decir que gracias a las élites izquierdistas que han llenado las calles de inmigrantes ha subido nivel de inseguridad», ha sostenido.

Y ha apoyado su afirmación en datos aportados por el Gobierno a través de una pregunta parlamentaria. Según ha apuntado Espinosa de los Monteros, el Ejecutivo trasladó a Vox que el 42 por ciento de las agresiones sexuales de 2020 fueron cometidas por extranjeros. «Si los inmigrantes suponen el 10% de la población y cometen el 42% de las agresiones sexuales, podemos decir que cometen cuatro veces más delitos en proporción a su tamaño», ha sostenido.

En este contexto, ha subrayado que su partido condena todas las agresiones, con independencia del sexo u orientación sexual de la víctima y también de la condición del agresor. Y ha pedido –como formación «de la ley y el orden»– un endurecimiento del Código Penal para el castigo de estos delitos. Además, ha denunciado que no sea así para «otros partidos o medios de comunicación«, a los que ha acusado de «callar» si el agresor es inmigrante ilegal o de ideología de izquierdas.

Espinosa de los Monteros también ha negado que Vox promueva el odio y defendido que ocurre precisamente lo contrario y ellos son víctimas de un odio hacia «todo aquel que no se doblega ante el rodillo del consenso progre».

TRIBUNALES

«Esto se va a acabar. Buscaremos los recursos que necesitemos para llevar a los tribunales a cualquiera que pretenda vincular a Vox con actos violentos», ha garantizado.

El portavoz parlamentario de Vox cree que su partido es víctima de esta situación porque quienes les atacan saben que les van a votar a ellos «muchos homosexuales que viven en barrios que han llenado de inmigrantes ilegales o de inmigrantes musulmanes van a votar a Vox».

Y además, ha defendido que los primeros interesados en denunciar esta situación y acabar con ella son los inmigrantes que residen y trabajan legalmente en España, ya que es «tremendamente injusto» para ellos que «otros les den mal nombre».

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha trasladado este miércoles a los integrantes del Ministerio Público la información necesaria para facilitar la aplicación en los diferentes procedimientos del protocolo creado para combatir el discurso de odio ilegal en línea. Esta comunicación, realizada a través de la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, tiene encaje en la labor del departamento dirigido por Dolores Delgado como Punto Nacional de Contacto.

Según la nota de prensa emitida por la FGE, el protocolo fue suscrito el pasado mes de febrero por la propia fiscalía, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por las secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales y Migraciones, y por el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y por prestadores de servicios de alojamiento de datos.

El objetivo es impulsar el acuerdo interinstitucional que busca la colaboración en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia suscrito el 19 de septiembre de 2018. Según explican desde la FGE, ellos asumen un papel protagonista en la lucha contra el discurso del odio en red como Punto Nacional de Contacto, encargándose específicamente de tramitar el traslado a los prestadores de servicios de alojamiento de las resoluciones judiciales que se dicten sobre la retirada o bloqueo en el entorno digital de aquellos contenidos ilegales.

Ese traslado, apuntan, se realiza a través de un canal preferente que será gestionado por la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, para garantizar así «su ágil y efectivo cumplimiento y para la debida protección de las víctimas y personas vulnerables».

Asimismo, desde la Fiscalía General del Estado reiteran en al nota su «compromiso y total implicación para perseguir, combatir y erradicar los delitos de odio y discriminación, unas conductas que atentan gravemente contra los elementos estructurales y vertebradores del orden constitucional, del sistema de derechos y libertades y de la propia dignidad humana».

Este impulso de la FGE llega después de que se hayan producido diversas agresiones homófobas en el país, la última el pasado domingo cuando un grupo de encapuchados agredió brutalmente a un joven. Fuentes policiales indican que esa investigación la está llevando la Policía Judicial de comisaría centro y la Brigada Provincial de Información, concretamente el equipo de delitos de odio.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dejado claro este miércoles que, aun en el caso de que el Gobierno se aviniera a cambiar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial como plantea el PP, su partido sólo apoyaría su renovación si ésta fuera fruto de un pacto en exclusiva entre el PP y PSOE.

Así lo ha explicado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha criticado al presidente del Gobierno, por desdeñar la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, para que ambos se reúnan para hablar de esa reforma legislativa que defiende el primer partido de la oposición.

«No podemos entender que tardara media hora en dar un no como respuesta», ha dicho, quejándose de que la única respuesta que ha recibido su partido es la negativa de la portavoz del Gobierno ante la oferta de Casado y los «insultos» e «improperios» que les sigue dedicando Sánchez.

Según Gamarra, en una «democracia sana tiene que existir relación entre presidente del Gobierno y líder de la oposición» pero remarcando que, en este caso, es Sánchez el que «rompe todos los puentes» porque cada vez que se le tiende la mano, no quiere hablar.

«No podemos entender que el PSOE, salvo que haya dejado de ser el PSOE, rechace una propuesta que camina en el sentido que pide la UE de más independencia judicial», ha incidido, subrayando que sólo si cambia de posición «encontrará» al PP en este asunto.

Tras rechazar comentar la idea de que todos los vocales del CGPJ dimitan en bloque para forzar la renovación alegando que el PP defiende la «separación de poderes», Gamarra ha dejado claro que aunque ahora la prioridad de su partido sea reformar la ley para que a todos los vocales los elijan los jueces, aunque se cambiara, cualquier acuerdo para la renovación tendría que surgir de un pacto entre los dos grandes partidos.

«La modificación que se plantea tiene la voluntad política de avanzar en la separación de poderes, la independencia y la no politización. Luego avanzaremos en la renovación en base a esos principios y eso no puede derivar en una renovación politizada», ha dicho la portavoz ‘popular’.

A su juicio, eso debe afectar sólo a los dos partidos mayoritarios. «No se trata de abrir un cupo para que Podemos ponga a quien quiera», ha abundado, recalcando que sólo un acuerdo entre ‘populares’ y socialista garantiza «la separación de poderes».

¿EL GOBIERNO MÁS RADICAL?

«España tiene el Gobierno más radical de Europa y de la democracia española, con ministros comunistas y socios secesionistas y batasunos. Es Sánchez el que lleva mil días atacando la independencia judicial, la separación de poderes y bloqueando su mandato constitucional y europeo», ha escrito en su cuenta de Twitter el propio Casado en respuesta a las últimas acusaciones del presidente del Gobierno.

También Gamarra ha acusado al Ejecutivo de coalición de ser el «Gobierno más radical de Europa», una afirmación que, ante las preguntas de los informadores sobre si el Gobierno español es más radical que, por ejemplo, el húngaro, ha matizado después.

«Si es el primero, el segundo o el tercero, podemos discutirlo pero me parece triste para mi país», ha apuntado, explicando que la acusación de radicalidad tiene su base en la presencia de «comunistas» en el Gobierno y en los partidos en los que éste apoya para gobernar.

CONTROL Y DEBATE DE LA NACIÓN

Por otra parte, Gamarra ha reprochado a Sánchez que haya acudido este martes a una reunión interna del PSOE en el Congreso para dar un discurso «para mayor gloria de su Gobierno» que no ha sido otra cosa que «mitin antiPP», pero que no haya querido que la Cámara celebrarse en esta jornada sesión de control al Gobierno ni haya convocado aún el Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde 2015.

«¿A qué tiene miedo? Le invitamos a que lo convoque para que, frente a la crispación que ha buscado hoy, se vean dos proyectos alternativos el de un Gobierno que no es capaz de adoptar medidas y el de un partido dispuesto a liderar el futuro de España», ha dicho.

La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente influyen al menos en un 60% en la decisión de compra de los españoles, según las conclusiones del estudio ‘Radiografía del consumidor responsable 2021’, realizado por el Observatorio de Consumo y Sostenibilidad de Jealsa a más de 1.000 consumidores españoles.

El estudio añade que, para el 13% de la población encuestada, ambos factores influyen al 100%; para un 45% de los encuestados entre un 60 y un 80%; para el 26% entre un 30 y un 50% y solamente para un 16% influye menos de un 20%.

En ese sentido, que las empresas cuenten con programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con los que gestionar y evaluar el impacto que su actividad tiene en su entorno, son iniciativas bien acogidas por los españoles ya que para el 79% de los encuestados es importante o muy importante que las empresas cuenten con sus propios programas de RSC, según el estudio.

Además de la importancia que la sostenibilidad y el medio ambiente tienen para los españoles, el documento también constata el alto nivel de concienciación respecto al consumo responsable de gran parte de la población.

Así, el 78% de los encuestados ha dejado de comprar algún producto por falta de transparencia en su envase como pueden ser la ausencia de información nutricional o el origen de sus ingredientes. Por otro lado, se revela que el 52% de los encuestados estaría dispuesto a consumir únicamente productos que certifiquen la procedencia sostenible de las materias primas empleadas.

Dentro del sector de las conservas, este aspecto se convierte en una de las claves de su consumo, ya que para 8 de cada 10 españoles es importante que la materia prima de sus conservas provenga de pesca sostenible certificada. Además, dentro de este porcentaje un 27% lo encuentra un factor muy importante.

Por otro lado, la utilización de sistemas de economía circular que contribuyan a luchar contra el cambio climático va ganando protagonismo entre los consumidores españoles. Así, a pesar de que se trata de un concepto novedoso (el 43% afirma conocer en qué consiste frente a un 57% de los españoles que confiesa desconocer el concepto), el 93% de los españoles valora positiva o muy positivamente que las empresas aprovechen la totalidad de sus materias primas y eviten así generar desperdicio, frente a un 7% que se muestra indiferente al respecto.

En cuanto al uso de materiales reciclables, un 66% de los encuestados cree totalmente que las empresas deberían facilitar y fomentar el empleo de materiales reciclables en los envases de sus productos, seguido por un 32% que opina que debería de hacerse de forma paulatina y de un 2% que cree que esa es una problemática que atañe al consumidor y no a las empresas.

Los consumidores españoles «están cada vez más concienciados con la sostenibilidad y la necesidad de generar un impacto positivo en el entorno tanto social como medioambiental, y es algo que debemos valorar de forma muy positiva», ha asegurado la directora de marketing y e-commerce de Jealsa, Sandra Alvarellos.

También ha apostado por la necesidad de facilitar a los consumidores «el acceso a un consumo responsable a través de nuestros diferentes productos y servicios», en alusión a la gama de conservas sostenibles de Rianxeira, con atunes que cuentan con el sello azul de MSC, su envase con etiqueta limpia o el empleo de la cantidad justa de aceite ecológico o agua mineral.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este miércoles que la mesa de diálogo es un éxito del independentismo «más allá del quién, del qué y del cómo».

En declaraciones a los medios en Cardona (Barcelona), donde el grupo parlamentario republicano ha celebrado una jornada de trabajo para encarar el curso político, ha sostenido que la reunión de la mesa de diálogo prevista para la semana que viene es una ventana de oportunidad para avanzar hacia la solución del conflicto catalán y ha asegurado que ERC se siente «fuerte» para afrontar una negociación con el Gobierno central.

Preguntada por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará o no en este encuentro, Vilalta ha insistido en que no contemplan que no esté: «No entenderíamos ninguna otra realidad», ya que cree que esta reunión supone el recomienzo de la mesa de diálogo y que ambos gobiernos se comprometieron a participar al máximo nivel.

La portavoz republicana ha lamentado que el «ruido ambiental no ayuda», pero ha subrayado que los dos gobiernos están trabajando para acabar de concretar la fecha, las delegaciones y el orden del día, que cree que debe ser claro para que se pueda hablar de todo.

También ha reclamado a Junts ir con toda la fortaleza a esta mesa de diálogo porque, según ella, no van solos, sino que cuentan con los «consensos de país, que pasan por poder votar y por que se acabe la represión contra el independentismo».

Así, ha apuntado que la manifestación de la Diada de este sábado es una nueva posibilidad para demostrar que «el independentismo sigue fuerte, sigue vivo», y ha llamado a la movilización para canalizarla para la mesa de diálogo y reclamar al Gobierno central que hay que resolver el conflicto democráticamente.

Preguntada por si hay que convocar una mesa de diálogo entre partidos catalanes, como reclama el PSC, Vilalta ha replicado que el conflicto es «entre Cataluña y el Estado, no es un conflicto entre catalanes», y ha argumentado que las cuestiones que se pueden debatir entre las formaciones en Cataluña ya lo pueden hacer en el Parlament.

«No hace falta ni inventarnos otros instrumentos ni gobiernos alternativos. Lo que es necesario es resolver el conflicto político entre el Govern de Catalunya y el Gobierno del Estado», ha zanjado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha exigido este miércoles al presidente regional, Emiliano García-Page, que «no se ponga de perfil» y ayude, de manera inmediata, a los vecinos, agricultores y alcaldes que han «perdido todo» por la tromba de agua y pedrisco que ha afectado a toda la región, y en especial, a las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Toledo.

Así se ha pronunciado Merino en rueda de prensa, donde ha avanzado que este jueves, en el pleno de la Cortes, el PP va a solicitar al Gobierno autonómico que ponga encima de la mesa todas las ayudas económicas necesarias y con carácter urgente para que los perjudicados puedan volver cuanto antes a recuperar la normalidad, según han informado los ‘populares’ en nota de prensa.

En este sentido, ha lamentado las recientes declaraciones del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, en las que afirma, según los ‘populares’, que la Junta de Comunidades ha pedido al Gobierno central que adopte medidas legales para paliar los daños causados por la DANA y que, por lo tanto, «agota todas las posibilidades que permite el sistema nacional y con esta petición, Page cumple».

Unas palabras que Merino ha calificado de «irresponsables y elocuentes», ya que demuestran una clara falta de «humanidad» e «insensibilidad» por parte del Gobierno regional hacia todos los que han sufrido importantes pérdidas tras la DANA y las tormentas de agua y granizo.

«No se puede tener tanta falta de humanidad y ser tan insensible y egoísta. Han vuelto de vacaciones y no quieren ponerse a trabajar», ha reprocahdo. Ante esta situación, la dirigente ‘popular’ ha insistido en que el PP autonómico va a exigir al Ejecutivo castellanomanchego que las ayudas lleguen «con carácter urgente» a todos los afectados.

Asimismo, ha pedido a García-Page que tenga «humanidad» y se ponga en la piel de los afectados, puesto que «la solución no pasa solo por ponerse un chaleco del 112 y esperar a que Sánchez lo arregle».

Además de esto, ha recalcado que el presidente de los ‘populares’ en la Comunidad Autónoma, Paco Núñez, tendió su mano al Gobierno regional, desde el primer momento, para que de manera urgente llegaran ayudas a vecinos, alcaldes, agricultores, negocios y comercios que han sufrido daños.

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha denunciado este miércoles que las condiciones que ha puesto ahora el PP sobre la mesa para sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son más que «chantajes» y «vetos».

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, al ser preguntado por la petición que ha vuelto a hacer la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, de que se excluya a Unidas Podemos de las negociaciones.

«Los que quieren que haya un debate sobre el modelo de elección empiezan vetando y ayer, condicionando, en un chantaje», ha criticado, en alusión también a la condición que puso el líder del PP, Pablo Casado, de que se empiece a reformar ya el sistema de elección de los vocales –para que los elijan los jueces–, como paso previo a acordar la renovación.

Según Sicilia, estas propuestas no son «condiciones» sino «un «chantaje». «Cuando un se sienta a la mesa y pone como condiciones que se cumplan sus pretensiones, eso no es llegar a acuerdos, es chantajear y hoy, vetos. Esa es la actitud totalmente antidemocrática que tiene el PP», ha sentenciado.

Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento a los ‘populares’ para que se avengan a acabar con el «bloqueo» de esta institución y empiecen este nuevo curso con «diálogo», y no con «bronca» y «crispación».

«Ya vale de excusas, señorías del PP. Se le acaban las excusas y no podemos seguir bloqueando instituciones fundamentales de nuestro país, como el CGPJ durante más de 1.000 días. Les pido al PP y a Casado que dejen de ser insumisos de la Constitución», ha reclamado.

El enfermero del Hospital 12 de Octubre que recibió el pasado 15 de julio una brutal agresión en el Metro de Madrid ha constatado ante el juez que instruye el caso la pérdida total de la visión del ojo derecho al afectarle el impacto a la órbita y al seno nasal, lo que podría modificar la calificación jurídica por la que se investiga al joven agresor.

«Me rompió la cara y me reventó el ojo con algo, pero no fue ni con un móvil ni con un puñetazo», ha señalado el afectado a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha acudido testificar junto a sus dos abogados. También han declarado ante el juez de Instrucción número 46 de Madrid varios testigos de los hechos.

El sanitario asegura sentirse «bien» física y anímicamente tras dos meses de los hechos a pesar de haber sufrido un daño irreparable. «No veo y tengo la cara rota. He perdido la visión total de un ojo», se ha lamentado.

Ante el juez ha relatado lo que vivió tras recriminar al joven investigado por la agresión que se pusiera la mascarilla cuando estaban en el vagón del metro, a la altura de la estación Alto del Arenal.

«Me sacudió y me defendí pero cuando me despisté, me dio con algo en la cara que no sé qué es», ha reseñado. Sospecha que pudo ser un puño americano por la gravedad de las lesiones. Meses después ya sabe por los medios y la propia causa que su agresor es «un pieza».

Su abogado ha explicado que los hechos se investigan por lesiones del artículo 149, que conlleva una pena de hasta doce años de cárcel.

«Queremos saber con qué objeto punzante le agredió porque la calificación sería más gravosa. Tuvo la intención de matar. De hecho, al irse le dijo de forma textual; Presos te mueras. No sabemos aún su versión pero las imágenes de los hechos hablan por sí mismas», ha subrayado el letrado.

Si se determina que la agresión se produjo con un puño americano, como sospecha el abogado de la acusación particular, la calificación jurídica podría variar a intento de homicidio, penado con hasta quince años de prisión.

El abogado ha apuntado que su cliente está «bien» dentro de sus circunstancias teniendo en cuenta que ha sufrido la pérdida de la visión de un ojo, algo que afronta «con la entereza de un enfermero convertido en héroe».

EL AGRESOR, UN JOVEN DE 19 AÑOS

Al agresor, un joven colombiano de 19 años que cumple prisión provisional desde entonces, se le investiga por la supuesta comisión de un delito de lesiones agravadas. El pasado 21 de julio, el instructor ordenó su ingreso en prisión. La calificación jurídica puede variar en función del alcance de las lesiones en un ojo.

El joven de 19 años fue detenido en un domicilio de Villaverde cuando se dirigía a su casa a recoger enseres personales con el objetivo probable, según la Policía Nacional, de ocultarse en otro lugar.

Para intentar eludir su arresto, el presunto agresor se había cambiado el color de pelo e incluso ocultaba los aros de las orejas para evitar ser reconocido.

El Papa ha denunciado este miércoles 8 de septiembre que todavía hoy «hay esclavitud de la mujer», durante la audiencia general de este miércoles que ha presidido ante decenas de fieles en el Aula Pablo VI del Vaticano.

«Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres», ha denunciado Francisco que, sin embargo ha subrayado que hombres y mujeres tienen «la misma dignidad».

«La igualdad en Cristo supera la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una igualdad entre hombre y mujer entonces revolucionaria y que hay necesidad de reafirmar también hoy», ha s

El Pontífice también ha hecho hincapié en que «millones de personas no tienen derecho a comer, a la educación y a trabajar». Durante la alocución, el Papa ha recordado que este día la iglesia católica celebra la Natividad de la Virgen María. «Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a redescubrir la belleza de ser hijos de Dios y, superando las diferencias y los conflictos, nos ayude a vivir como hermanos», ha dicho.

Por otro lado, Francisco ha recordado la grave situación humanitaria de Etiopía que está viviendo, según distintos analistas, una desintegración del país con la guerra fratricida que enfrenta a las tropas gubernamentales con las milicias del Frente Popular de Liberación de Tigray, que tienen como objetivo Addis Abeba. La situación preocupa al Pontífice, que ha hecho un llamamiento por la paz en el país africano.

«El próximo 11 de septiembre se celebrará el Año Nuevo en Etiopía. Extiendo mi más cálido y afectuoso saludo al pueblo etíope, especialmente a aquellos que están sufriendo como consecuencia del conflicto en curso y la grave situación humanitaria que ha provocado. Que este sea un tiempo de fraternidad y solidaridad en el que escuchemos el deseo común de paz», ha concluido.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha archivado la querella presentada por el partido político Vox contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la que acusaban de un delito de odio por haber calificado a dicha formación en un mitin de la campaña electoral de Madrid, celebrado el pasado 25 de abril en Collado Villalba, como ‘nazis a cara descubierta’.

El alto tribunal destaca en un auto que «podrá entenderse que tales expresiones son contrarias al debido respeto que deben depararse los distintos partidos políticos en confrontación electoral, pero no son constitutivas de un delito de odio».

La resolución, ponencia de Julián Sánchez Melgar, repasa su jurisprudencia sobre el delito de odio y destaca que dicho delito «tiene como esencia el incitar públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del grupo o contra una persona determinada, pero atacada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

«Es decir, se trata de comportamientos que tienen como sujetos pasivos a tales grupos, que están caracterizados por su raza, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad ideología, religión o creencias. Tales grupos no son, en línea de principio, partidos políticos, constituidos legalmente, que se encuentran en liza electoral en un debate público, en el contexto de unas elecciones democráticas», añaden los magistrados.

ACOMODO EN DELITOS CONTRA EL HONOR

La Sala explica que «el delito de odio defiende a esas minorías sociales, citadas en el texto del precepto comentado, pero no a otros colectivos, como es el caso de los partidos políticos, cuyo acomodo más natural se residencia en los delitos contra el honor, siempre que concurran sus requisitos, muy matizados por nuestra jurisprudencia en el contexto de campañas electorales y con el amparo, en otras ocasiones, de la prerrogativa parlamentaria de la inviolabilidad».

Por ello, entienden los magistrados que las expresiones referidas por Belarra señalando que Vox había hecho ‘publicidad filofascista’ y que acaban ‘siendo evidentemente lo que son, unos nazis, pero ya a cara descubierta’, «no integra el delito de odio que ha sido denunciado, pues tal delito se refiere a minorías sociales protegidas por tales elementos ya analizados, como sus características raciales, comportamientos antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha llamado a la acción y liderazgo de las ciudades españolas para acelerar la transformación hacia la neutralidad climática y ser más sostenibles y habitables.

Ribera ha participado este miércoles en el acto de presentación de la iniciativa citiES 2030, ‘Las ciudades españolas ante el reto de la neutralidad climática’, que se ha celebrado en el Senado.

Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), busca situar a España en la vanguardia de la acción climática dando un papel protagonista a las urbes como principales agentes de cambio en el proceso de transformación hacia un modelo de desarrollo que esté dentro de los límites ambientales.

Durante la jornada, la vicepresidenta ha resaltado la importancia de avanzar a «un ritmo eficaz, justo y rápido» para «responder con urgencia a la emergencia climática». «La transformación verde, digital y local nos permitirá responder rápidamente a los desafíos ambientales», ha señalado.

En el acto han participado también el presidente del Senado, Ander Gil, las ministras de Transportes, Movilidad Urbana, Raquel Sánchez; de Ciencia e Innovación, Diana Morant; y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, así como alcaldes de distintos municipios, entre ellos los regidores de las cuatro mayores ciudades de España (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla).

La iniciativa citiES 2030 pretende acelerar el cumplimiento del Acuerdo de París y la Agenda 2030. Con este objetivo, las principales capitales españolas se han comprometido a avanzar en la neutralidad en las emisiones de aquí a 2030, para lo que cada uno de estos Ayuntamientos ha firmado un precontrato climático con el MITECO para acelerar la implementación de soluciones con impacto social, económico y medioambiental, aglutinando el esfuerzo público y privado para la transformación urbana.

«Las ciudades deben ser líderes y tener un papel clave en la acción climática», ha apuntado Ribera, quien ha animado al resto de ciudades españolas, grandes, medianas y pequeñas, a sumarse a esta iniciativa que permite construir un espacio de colaboración para lograr espacios urbanos más limpios, resilientes y habitables.

La vicepresidenta ha apuntado algunas de las actuaciones en las que centrar esa acción, como el impulso a los techos solares; recuperar las calles centrales de las ciudades en beneficio de los vecinos; el beneficio social y el ahorro en la economía familiar que supone la rehabilitación energética de viviendas, o pueblos con comunidades energéticas locales que pueden ofrecer soluciones beneficiosas.

«LA TIERRA ES NUESTRO ÚTERO Y PLACENTA»

Por su parte, el presidente del Senado, Ander Gil, ha coincidido en afirmar que «es crucial» que se actúe desde al ámbito local. «Las políticas se ejecutan ahí, en nuestros pueblos y ciudades son fundamentales para cambiar nuestro modelo productivo hacia uno más sostenible, más justo y equitativo», ha afirmado.

Mientras, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha subrayado que «nuestro país merece la pena» y «nuestro planeta merece la pena». «Estamos en el útero materno de la Tierra y la Tierra también es nuestro útero y nuestra placenta», ha indicado Belarra, que insta a fijar objetivos ambiciosos para poder tener una «convivencia pacífica con la Tierra».

Durante su intervención, Belarra ha querido hacer un «alegato contra los discursos negacionistas». «Ese tiempo quedó atrás, nadie puede quedarse fuera de la lucha contra el cambio climático y la emergencia climática, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos», ha dicho.

URBES COMPROMETIDAS CON LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

Tras la firma de hoy, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla se han convertido en las primeras ciudades comprometidas con la neutralidad climática. En la jornada han intervenido los alcaldes de estas cuatro ciudades, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; y el de Sevilla, Juan Espadas, quienes han compartido sus experiencias en una mesa redonda, excepto Almeida, que finalmente no ha asistido.

Para la consecución de sus objetivos climáticos, estas cuatro ciudades se comprometen a promover formas innovadoras de colaboración entre ciudades, actores y sectores clave, a través de iniciativas con capacidad para transformar las ciudades y acelerar la transición energética y ecológica. Mediante procesos de co-creación entre los actores involucrados, la gestión de carteras de proyectos transformadores y la generación de economías de escala entre ciudades de España, citiES 2030 busca acelerar el cambio de las urbes que forman parte de la iniciativa.

Este programa se enmarca dentro del proyecto de investigación ‘Horizonte Europa’ promovido por la Comisión Europea y que impulsa cinco misiones. Una de ellas es la misión ‘100 ciudades climáticamente neutrales en Europa antes de 2030, por y para la ciudadanía’, que pretende apoyar la transformación de esas ciudades y constituirse tanto en un elemento catalizador del Pacto Verde Europeo como en una prueba de que es posible la neutralidad climática en Europa antes del 2050.

Durante el acto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha avisado de que «la situación es crítica», por lo que ha alertado de que, si los regidores no son «contundentes a corto plazo», no se podrá evitar «el precipicio y el suicidio colectivo» que supone el «desastre» climático. «Vamos a fracasar como generación», ha advertido.

Mientras, el regidor de Sevilla, Juan Espadas, ha puesto el foco en la importancia de dejar de «perder el tiempo» en «negociar objetivos» y ha instado a plantearse cómo hacerlo. Espadas reconoce que transformar el modelo energético de las ciudades supone una «obra hercúlea» y que «el problema número 1 es el transporte». Y ha admitido también que las ciudades grandes son las que tienen más responsabilidad en esta transformación que las más pequeñas.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha centrado su discurso en el sistema agroalimentario, que tal y como ha señalado, aporta entre el 25% y el 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, defiende su apuesta por la «producción agroecológica», en concreto de la Huerta de Valencia y de la dieta mediterránea. «No voy a decir si hay que comer chuletones o no, pero hay que apostar por una dieta más basada en cereales, por una dieta mediterránea, sostenible y de proximidad», ha señalado.

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a «una posible responsabilidad» del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la ‘Operación Kitchen’, reprochando que el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas «se quiere delimitar artificialmente en el ámbito del Ministerio de Interior», según señala en el recurso formulado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada de ‘Tándem’.

Los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano hablan de esa delimitación artificial porque, a su juicio, aunque las pesquisas reflejan con «contundencia y solidez» que la ‘Operación Kitchen’ se habría desarrollado por parte de la cúpula policial con «conocimiento y protección» del Ministerio de Interior, «esto no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP, no constituyan el objeto del procedimiento».

Esta hipótesis, indican los fiscales en su escrito, no está «vacía de soporte indiciario». En este sentido, subrayan que en el curso de las actuaciones han aparecido «elementos que confluirían en una posible responsabilidad del presidente del Gobierno» de entonces, Mariano Rajoy.

Entre esos «elementos» mencionan los números de teléfono aportados por el comisario José Manuel Villarejo, desde los que dice que se mensajeaba con Rajoy sobre la ‘Kitchen’, y las grabaciones de conversaciones en las que se alude a ‘El Asturiano’ como la persona a la que se reportaba sobre este supuesto operativo ilegal.

Por ello, el Ministerio Público cree que resulta «imprescindible» dilucidar «si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental».

«No se puede concluir que se hayan perfilado todos los elementos del complejo hecho punible, ni tampoco que se haya determinado la participación en el mismo de todos los partícipes, en unos casos, ante los evidentes indicios de la participación de personas hasta la fecha no investigadas; en otros casos, ante la necesidad de concretar el alcance de la participación en los hechos de personas que ya ostentan la condición procesal de investigadas», sostienen De Rivas y Serrano.

COSPEDAL Y SU MARIDO

Defienden que los avances en la investigación han puesto de manifiesto que «por encima de la cúpula policial y de los máximos responsables del Ministerio de Interior otras personas habrían participado activamente en el desarrollo» de la ‘Kitchen’, refiriéndose a dirigentes del PP que estarían al tanto del operativo ilegal, entre los que cuenta a la ex secretaria general de los ‘populares’ María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

«Que de forma paralela a esta tutela de la ilícita operación policial por parte de los máximos responsables del Ministerio de Interior la ‘Operación Kitchen’ fuera también conocida, promovida, por la secretaria general del PP, el partido gubernamental en aquellas fechas, junto con su esposo, no es una mera hipótesis plausible desde una mera lógica de los hechos, sino que descansa en varios de los elementos indiciarios recabados durante la instrucción», afirman.

Por ello, entienden que «resulta prematuro el sobreseimiento de las actuaciones respecto de estos dos investigados, que encarnarían la ‘conexión política ajena al Ministerio de Interior’ de la ‘Operación Kitchen'», y solicitan reabrir las pesquisas judiciales para ambos, que llegaron a estar imputados ante las sospechas de García-Castellón de que su intervención fue «decisiva» para captar al entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía.

De Rivas y Serrano ven «incomprensible» que el juez haya optado por no procesar al matrimonio, a pesar de los indicios que –según Anticorrupción– reflejan que la pareja tomó la iniciativa de reunirse con Villarejo en varias ocasiones por la información que el comisario les había dado sobre la implicación e inminente detención de algunos de los principales implicados en la ‘Gürtel’, en concreto de Francisco Correa y Arturo González Panero, a raíz del chivatazo atribuido al ex jefe de la UDEF José Luis Olivera.

En opinión de los fiscales, las declaraciones en sede judicial de Cospedal y su marido el pasado mes de junio no solo «no resultan creíbles», sino «abiertamente contradictorias» con las manifestaciones de José Luis Ortiz –ex jefe de Gabinete de ella–, con los mensajes de texto del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y con las conversaciones entre Villarejo y el propio López del Hierro.

«ROTUNDA NEGATIVA» A INVESTIGAR LA TRAMA POLÍTICA

Los fiscales reconocen, no obstante, que «de este interés al conocimiento y patrocinio político de la ‘Operación Kitchen’ hay, efectivamente, un trecho que no está indiciariamente soportado con la rotundidad que reflejan los indicios obtenidos acerca de la trama policial y en el ámbito del Ministerio de Interior», de ahí su empeño en continuar con las pesquisas.

«Pero lo que parece es que ese paso no se quiere dar», lamentan para añadir: «Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación».

Fiscalía llega a hablar de «cierre en falso» de la instrucción y de «prisas injustificadas», reclamando a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que revoque el auto del pasado 29 de julio para prorrogar seis meses las investigaciones.

LAS OTRAS ‘KITCHEN’: EL FALSO CURA Y LA CÁRCEL

Anticorrupción esgrime que aún es necesario practicar algunas diligencias para «cerrar el círculo de todos los responsables de la ‘Operación Kitchen'». Así, insiste en citar como imputado al ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, argumentando que de lo hasta ahora investigado se deduce que habría tenido «una participación no meramente circunstancial sino de carácter específicamente directivo».

También busca imputar al que fuera ‘número dos’ de la UCAO Mariano Hervás, porque era quien estaba al mando –aunque de forma interina– de esta unidad policial cuando comenzaron las vigilancias a los Bárcenas, en julio de 2013, «por lo que no cabe considerar que pudiera haber actuado en función de la obediencia debida y sin conocimiento del carácter ilícito de los seguimientos».

Asimismo, Fiscalía considera fundamental seguir indagando si la ‘Kitchen’ fue más allá de esos seguimientos policiales y del trabajo de Ríos –apodado ‘K2’ por la trama– y Bárcenas fue espiado también durante su estancia en prisión provisional por otros internos, razón por la cual quiere profundizar en las pesquisas sobre su antiguo compañero de presidio Isidro Sánchez.

Por los mismos motivos, los fiscales quieren volver a investigar a Enrique Olivares, el ‘falso cura’ que asaltó la casa de los Bárcenas en octubre de 2013, en «pleno desarrollo» de la ‘Kitchen’, para determinar si era parte de la misma, dado que tenía idénticos objetivos: «el apoderamiento del material documental que pudiera encontrarse en poder del anterior tesorero del PP».

Por otro lado, demanda reactivar la hasta ahora infructuosa búsqueda del material robado a Bárcenas. En dicho auto, el juez concluyó que la ‘Kitchen’ tuvo éxito pero estimó que no merecía la pena persistir en recuperar la documentación sustraída. Los fiscales opinan que una nueva declaración del inspector José Ángel Fuentes Gago podría impulsar esta línea de investigación. Y se basan en uno de los apuntes que figuran en las últimas agendas conocidas de Villarejo: «Lo que le quitaron a LB esta en el despacho de GAGO».

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha manifestado la necesidad de implantar una «nueva política forestal, de prevención y de apuesta por el rural», para lo que ha pedido «un acuerdo de país». Así se ha expresado este miércoles en su visita al Ayuntamiento de Ribas de Sil, acompañado del alcalde, Miguel Sotuela, después del gran fuego forestal que ha afectado al municipio.

«No puede ser que cada verano tengamos este tipo de incendios que se salen de control», ha afirmado Gonzalo Caballero a la par que ha subrayado que la principal política contra incendios fue, «una vez más, la lluvia».

El mandatario del PSdeG ha instado a retomar los «grandes acuerdos» que se intentaron después de los incendios del otoño del 2017. «Es necesario que ahora se lleven a cabo», ha apuntado.

Caballero ha criticado que la Xunta «haga recaer» las responsabilidades en los ayuntamientos de la Galicia rural, «que no pueden hacer frente a ellas». «En el Parlamento vamos a seguir tendiendo la mano a un gran acuerdo», ha dejado claro.

Igualmente, ha reclamado además un cambio en la política laboral de los brigadistas con el objetivo de darles «mayor estabilidad». Así, Gonzalo Caballero ha agradecido el trabajo de estos profesionales, de militares y todas las personas que lucharon contra el fuego, como los del Ayuntamiento de Ribas de Sil.

PROBLEMAS CON LAS COMUNICACIONES Y EL AGUA

Por su parte, el regidor ha comentado que la situación «está más o menos controlada», aunque los helicópteros continúan echando agua en «puntos muy concretos» sin riesgo para las casas.

Miguel Sotuela ha calificado el fuego de «apoteósico» y, a título personal, ha asegurado que el fuego «ha sido intencionado».

«Estamos preocupados por la lentitud que están teniendo las empresas por arreglar esto», ha lamentado el alcalde, pues se queja de «que toda la comarca está sin teléfono. «En el Ayuntamiento no podemos firmar ningún papel digital por la ausencia de Internet», explica.

Además de la ausencia de comunicaciones, también han ardido algunas canalizaciones que portaban agua de la traída a los núcleos de Rairos, A Cabarca, Vilario o As Fontes.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al presidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonès que paralicen el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat porque, a su juicio, es un despropósito y contradictorio con la emergencia climática que se vive en la actualidad.

En declaraciones a los medios a su llegada al acto de inauguración de la jornada ‘Cities 2030. Las ciudades españolas ante el reto de la neutralidad climática’, organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Senado, Colau ha criticado que no se pueden hacer «acciones contradictorias» a las que se les pide a los ciudadanos ni a las que se están firmando en el mencionado acto.

Este acto, al que han acudido el presidente del Senado, Ander Gil, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y alcaldes de varios municipios, busca precisamente reconocer y apoyar el esfuerzo que numerosos municipios están realizando para avanzar hacia proyectos de sostenibilidad urbana y neutralidad climática.

Por ello, la alcaldesa de Barcelona ha considerado que la ampliación del aeropuerto que se acordó entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña con una inversión de 1.700 millones de euros es una «contradicción» y un «modelo del pasado» dada la «situación de emergencia climática» que se vive.

«Me parece un despropósito absoluto y le he pedido al presidente Aragonès que deshaga este acuerdo y se lo pido a la ministra de transportes», ha manifestado.

En la misma línea, ha criticado que se le esté exigiendo a la ciudadanía que «no use el coche» o que «generen menos residuos» y a la vez se haga un planteamiento de ampliación del aeropuerto que, a su juicio, es «del siglo pasado» y «acelera el cambio climático».

En su opinión, este proyecto supone «destrozar un territorio» –haciendo referncia a La Ricarda–, que «tiene la máxima protección en materia ambiental de la Unión Europea». «Debería ser ilegal», ha incidido.

Asimismo, ha subrayado su voluntad para «actuar juntos» y «frenar el cambio climático» apostando pr una «economía de futuro» como la movilidad sotenible como la ferroviaria eliminando «trayectos aéreos cortos» como, asegura, ya ha llevado a cabo el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Los diputados de los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional PP, VOX y Cs tildan de «escándalo» que PSOE prepare una enmienda para cambiar el Estatuto de Autonomía en el Congreso, tras la aprobación por unanimidad en la Asamblea Regional. Además, han advertido que los socialistas deberían apoyarse en Bildu, ERC, además de en Podemos, para sacarla adelante.

Así lo han expuesto tras la Junta de Portavoces celebrada en el parlamento murciano. Las declaraciones provienen tras conocerse que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso podría presentar una enmienda para combatir el transfuguismo.

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha dejado claro que de momento «no hay nada» y ha pedido «esperar a ver qué pasa». Sí que es cierto, ha detallado, que están estudiando «varias posibilidades», ya que el periodo de presentación de enmiendas acababa hoy en el Congreso, pero «ninguna concreta». Martínez ha advertido que «si planteásemos algo, intentaríamos buscar el consenso que hay en la Asamblea Regional» y que esto sería para «mejorar el Estatuto de Autonomía».

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha advertido que de hacerse así, sería «lo más grave ocurrido en toda la historia democrática de la Región de Murcia» a lo que ha añadido que de llevarse a cabo este hecho quedaría constatado que «nuestro futuro no lo decidimos nosotros, lo deciden los socialistas con sus socios Bildu y ERC». El ‘popular’ también considera que esta acción se lleva a cabo «por venganza de PSOE y Podemos por la derrota de la moción de censura». «Perpetrarán una traición a todos los ciudadanos de la Región», ha añadido.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea Regional, Francisco Álvarez, ha alertado de que con esta intención se empieza «con mal pie el nuevo curso político». Ha criticado al PSOE por «querer cambiar el consenso y la unanimidad alcanzados en esta Cámara hace apenas dos años» y alerta de que es un «menosprecio a la voluntad de los murcianos». Para él, el PSOE está «buscando atajos» en vez de reformar la ley Electoral «que es lo que haría si tuviera intención regeneradora y de transparencia».

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, considera que detrás de este movimiento político hay un «golpe a la esencia propia de la Constitución y del sistema representativo. Se pretende que el diputado sea el aparato de los partidos, que no sea nadie y que se vea obligado a votar lo que dice el partido. Es un bofetón a la Región de Murcia que se va a pagar muy caro», ha advertido refiriéndose al PSOE.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, por su parte, también se ha mostrado partidaria a apoyar medidas dirigidas a combatir el transfuguismo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles, ante la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que va a iniciar una ronda de contactos con presidentes autonómicos, no solo de su partido sino también del PP, para tomar posición en relación a la financiación.

«Hay que llevar a presupuesto a las estrategias que han dominado la política española en los últimos meses, como el despoblamiento para nivelar servicios públicos y financieros», ha defendido el titular del Gobierno castellanomanchego en la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido con Arrimadas, con quien mantiene un encuentro en Toledo.

«En vista de que hay comunidades autónomas, y es legítimo, como Andalucía y Valencia, que se unen para hablar financiación per cápita, vamos a iniciar una ronda de contactos con presidentes de comunidades autónomas a efectos de sumar esfuerzos de manera transversal», ha dicho García-Page, que ha añadido que estos encuentros pretenden refrescar «acuerdos firmados en Zaragoza», en alusión al encuentro que mantuvo en 2018 junto a sus homólogos de Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia y La Rioja para fijar una postura común de cara a la negociación de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica.

García-Page también ha defendido que la mayoría de las comunidades autónomas responden a un criterio de financiación que tiene que ver con estrategias de asentamiento de población, de dispersión de población, de costes de servicios públicos y de ahí la necesidad de iniciar esta ronda de contactos a efectos de sumar esfuerzos.

Tras admitir que estas cuestiones se han visto reflejadas en casi todos los acuerdos de financiación que ha habido en la democracia, ha dicho, no obstante, que «no pueden quedar al margen, ni mucho menos en una vía secundaria en estos momentos».

«Lo hacemos de buenas, es legítimo hablar entre todas las comunidades autónomas. Agradezco y mucho que la presidenta de Ciudadanos quiera escuchar y atender las opiniones del Gobierno de Castilla-La Mancha y me brindo a seguir en un escenario de colaboración, siempre en favor de construir puentes de entendimiento, por mucho que cueste», ha concluido.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este miércoles que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez acuda a la reunión de la mesa de diálogo prevista para la semana que viene con «la máxima implicación institucional», como asegura que irá el Govern.

Lo ha dicho en rueda de prensa en Valencia después de reunirse con el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, al ser preguntado por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar en el encuentro, y ha defendido que reunión de la semana que viene es «muy importante».

«Por lo tanto, vamos a tener desde el Govern de Cataluña la máxima implicación. Y como es una cuestión sumamente importante y por la relevancia de esta cuestión, evidentemente contamos con la máxima implicación institucional del Gobierno de España», ha subrayado.

Aragonès ha recordado que las dos partes de la mesa se comprometieron a encontrar una solución democrática que fuera validada por la ciudadanía de Cataluña votando, lo que ve «suficientemente importante como para que haya la máxima implicación» de ambos gobiernos.

«No entendemos desde el Govern que este recomenzar el proceso de negociación no se haga con la implicación al máximo nivel. Estoy convencido que todo el mundo sabrá estar a la altura de la responsabilidad. Lo que tenemos entre manos es suficientemente importante y tenemos la responsabilidad de encontrarle salidas y sin más dilaciones».

«TODA LA DETERMINACIÓN»

Además, ha apuntado que las delegaciones las escogerá cada gobierno y ha advertido de que el Govern irá con «toda la determinación y ambición para encontrar una solución», que para el Ejecutivo catalán pasa por la amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Ha insistido en que, según él, esta reunión supone volver a comenzar la mesa de diálogo tras el parón provocado por la pandemia y por el cambio de Govern, ha augurado que supondrá una negociación compleja, pero que no hay «alternativa», y ha defendido que se deberá establecer un calendario y desarrollar las propuestas de cada parte.

«Es importante volver a los elementos básicos que dan inicio a esta negociación. Concretar en el calendario también como vamos desgranando y desarrollando las cuestiones que están detrás de las posiciones de cada parte. La posición del gobierno de Cataluña es conocida, la del Gobierno del Estado también. Una negociación debe avanzar conociendo las razones y desarrollando los intereses que están detrás de las posiciones de cada parte», ha añadido.

Al ser preguntado por las críticas de Junts al diálogo, el presidente catalán ha señalado que el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts apuesta por la mesa de diálogo, de manera que confía en que la parte catalana afrontará la negociación con unidad: «No me entraría en la cabeza que nadie desde la parte catalana quisiera restarle importancia».

FONDOS EUROPEOS

Sobre los fondos europeos, Aragonès ha defendido que la Generalitat ha presentado proyectos suficientes, ha explicado que está en conversaciones con el Gobierno para conseguir los «máximos recursos» y ha rechazado que se pueda utilizar este asunto políticamente.

«No me entraría en la cabeza que se pudieran utilizar los fondos europeos como moneda de cambio para no se qué. No me consta que sea así», ha zanjado.

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha negado que en la escuela vasca se genere «odio a lo español», tal y como ha mantenido el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, al que ha respondido que el «ejemplo» que ofrecen determinados partidos y dirigentes políticos no es precisamente «el más adecuado» para afianzar los valores de «respeto y convivencia» en los que se trabaja en los centros educativos de Euskadi.

Bildarratz, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz con motivo del inicio del curso escolar, se ha referido de esta forma a las críticas lanzadas este miércoles por Oyarzabal al sistema educativo vasco.

El dirigente del Partido Popular ha afirmado, en una entrevista en Radio Euskadi, que la escuela vasca genera «un clima de odio a todo lo que tenga que ver con lo español».

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Bildarratz ha respondido a Oyarzabal que lo que hace la escuela vasca es «trabajar día a día» para inculcar a los alumnos valores como el «respeto» y la «convivencia», y para formar en la superación de «diferencias y conflictos».

El consejero ha subrayado que en todos los centros de enseñanza de Euskadi existen «multitud de programas» dirigidos a estos objetivos, y que el personal docente está totalmente implicado en esta labor.

No obstante, ha recordado que los alumnos apenas pasan un ocho o un doce por ciento de su tiempo en los colegios, y que el resto de la jornada permanecen fuera de ellos. De esa forma, se ha preguntado cuál es el «modelo» de conducta y de valores que se ofrece a los jóvenes desde ámbitos ajenos al educativo.

Bildarratz se ha preguntado si «algunos» partidos y dirigentes políticos son, precisamente, el modelo «más adecuado y apto» para servir como «ejemplo» y para afianzar entre los jóvenes los valores que se les transmiten desde la escuela.

EXIGENCIA A OYARZABAL

El responsable autonómico de Educación ha afirmado que los alumnos «están el tiempo que están» con los docentes, y ha subrayado que fuera de los centros existen en ocasiones «una serie de modelos que no ayudan en nada a afirmar lo que se trabaja» en los colegios. «Se nos pide muchas veces a los centros y profesionales educativos cosas que fuera es más complicado de hacer», ha añadido.

El consejero ha rechazado, por todo ello, que en los centros educativos de Euskadi se genere «odio» y ha reclamado a Oyarzabal que «demuestre» sus acusaciones.

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, ha cargado contra los que culpan a su partido de fomentar e incentivar las últimas agresiones homófobas. «Son unos miserables y unos cínicos porque nosotros somos la única fuerza política en España que denuncia todo tipo de violencia», ha manifestado, poniendo el foco en las agresiones que, asegura, sufren sus políticos.

«Tenemos candidatos como nuestro presidente de Vox en Lérida al que le han pintarrajeado su casa con una horca y le han amenazado con ahorcarle», ha denunciado Ortega Smith, que ha aprovechado para criticar las «amenazas de muerte» lanzadas en televisión. «Tenemos que aguantar a esa desgraciada que salió en el programa de Rufián diciendo que a los de Vox había que matarlos», ha espetado en referencia a las palabras de la youtuber Esty Quesada.

«Ante el cinismo, la mentira y la demagogia vamos a responder con la claridad, llamándoles mentirosos y sinvergüenzas», ha sentenciado el secretario general de la formación verde a su salida de la Catedral de Albacete, tras su visita a la Virgen de Los Llanos.

INSISTE EN SU CONDENA HACIA CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA

Ortega Smith ha condenado las últimas agresiones homófobas, señalando que su partido es el «único» que «sin hacer cálculos políticos ni demagogia condena y denuncia cualquier tipo de ataque, ya sea con cariz xenófobo, homófobo o político».

«Cualquier ataque contra un hombre o una mujer, contra un nacional o contra un extranjero, contra un homosexual o un heterosexual, tendrá siempre nuestra más profunda condena, nuestra denuncia hacia los agresores y nuestra denuncia pública», ha aseverado.

Una denuncia pública que, lamenta, «muchas veces es ocultada por los medios, que solo hablan de un tipo de violencia». «Hay que denunciar cuando es agredida una mujer, pero no menos cuando lo es un hombre», ha abundado el secretario general de Vox, haciendo hincapié en denunciar también la procedencia de los agresores. «Cuando los que agreden no son de nacionalidad española y son de nacionalidad magrebí hay que denunciarlo con la misma fuerza y hay que decir que son inmigrantes extranjeros que han entrado de manera ilegal y que encima vienen a cometer delitos», ha comentado.

VOX DEFENDERÁ LA GANADERÍA Y LA TAUROMAQUIA POR EL «FUTURO» DE ALBACETE

Ortega Smith ha aprovechado para celebrar el día de la matrona de la capital, acompañado del diputado nacional de VOX por Albacete, Rafa Lomana, y la presidenta provincial, Paloma de Castro.

«Es un honor estar en la fiesta grande de la Feria de Albacete, una feria histórica, de varios siglos, que comenzó en el mundo agrícola y ganadero, en esa España rural de la que tanto se han olvidado durante tantos años», ha señalado.

El secretario de Vox ha asegurado que su partido apoyará «ese mundo rural, esa ganadería, agricultura, caza y tauromaquia, para todos esos albaceteños que no quieren abandonar su provincia, que quieren seguir creyendo en Albacete, porque no puede estar olvidada ni incomunicada», y ha celebrado el «impulso» de las últimas encuestas, donde, asegura, «uno de cada cuatro albaceteños apoya nuestro proyecto».