La comisión de expertos encargada de analizar las solicitudes de acceso a la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política del País Vasco --destinada a compensar a damnificados por actuaciones de funcionarios públicos o de grupos o personas "incontroladas"-- ha rechazado 460 peticiones de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y 50 de otras víctimas de ETA para acogerse a esta norma, al no cumplir los requisitos de acceso a la misma porque ya existe una Ley específica para damnificados por el terrorismo.
La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha reiterado este jueves, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, su rechazo a las "intolerables" vulneraciones de derechos humanos padecidas por los policías nacionales y los guardias civiles, así como por el resto de víctimas que padecieron el terrorismo de ETA.
No obstante, ha recordado que los damnificados por la violencia de la desaparecida banda ya cuentan desde 2008 con una ley vasca específica de reparación para víctimas del terrorismo.
De esa forma, ha destacado que la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política fue aprobada con el propósito "claro y meridiano" de reparar a las personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos efectuadas por "funcionarios públicos" o por ciudadanos particulares que contaran con "el apoyo o la aquiescencia del Estado o de instancias públicas", dado que, hasta la aprobación de esta ley, estas víctimas no contaban con ninguna norma que les reconociera y compensara.
La ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, aprobada el 28 de julio de 2016, afirma de forma literal que las vulneraciones de derechos humanos a las que se refieren las medidas en ella recogidas "deben haberse producido en un contexto de violencia de motivación política". Además, precisa que dichas acciones han debido llevarse a cabo por "personal funcionario público" o por "particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada".
Artolazabal ha explicado que los expertos que forman parte de la comisión de valoración que estudia las solicitudes de acogerse a las ayudas contempladas en esta norma --que pueden llegar hasta un máximo de 390.000 euros-- han concluido que las 460 peticiones de miembros de las FSE y las 50 de víctimas de ETA rechazadas "no cumplen los requisitos" acceder a las medidas de reparación contempladas en esta ley.
1.200 PETICIONES, 35 FAVORABLES
Hasta la fecha, la comisión de valoración de las solicitudes de acceso a las medidas recogidas en la Ley ha recibido 1.200 peticiones, de las que ya ha resuelto 563. Un total de 35 de esos 563 dictámenes se ha resuelto de forma favorable, mientras que el resto --las 460 solicitudes de miembros de las FSE y las 50 de víctimas de ETA-- se han desestimado.
La consejera ha explicado que, aunque estas personas hayan podido considerar que alguno de los artículos de esta ley les podía "amparar", el "espíritu" de la norma "es claro", y así ha sido interpretado por los miembros del grupo que estudia las peticiones, sobre el que ha afirmado que siempre se guía por criterios "empáticos y solidarios" hacia las víctimas.
"No cabe en esta interpretación de la Ley que sean recogidas las solicitudes de ambos colectivos", ha manifestado, tras lo que ha indicado que las solicitudes rechazadas no se referían a vulneraciones de derechos humanos derivadas de "un uso ilegítimo de la violencia estatal" ni tienen "nexo" alguno con actividades "de los poderes del Estado". "Padecieron la violencia de ETA, no la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha señalado.
En todo caso, la consejera ha reiterado su compromiso con todas las víctimas de ETA y, en el caso de los miembros de las FSE, ha recordado que el Gobierno ha elaborado un informe en el que se reconoce el "intolerable" sufrimiento que padecieron por causa de la organización terrorista.
LABOR "INDEPENDIENTE"
Por ese motivo, ha mostrado su esperanza de que las personas a las que se ha rechazado su solicitud "no se sientan molestas", puesto que --según ha recordado-- ya existe una ley específica de reparación y reconocimiento para quienes han padecido el terrorismo de ETA.
Artolazabal ha reivindicado, asimismo, la labor que ejerce de forma "independiente" la comisión de valoración de las peticiones, y ha pedido que se deje trabajar con "tranquilidad" a las personas "de reconocido prestigio" que integran este grupo.
Respecto al bajo número de solicitudes recibido para acogerse a las medidas contempladas en esta ley, ha considerado que puede deberse a que quienes padecieron las vulneraciones de derechos humanos contempladas en la norma no quieren "recordar su sufrimiento" para evitar una "revictimización".
