El Lehendakari, Iñigo Urkullu, espera poder contar con el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para poder implantar en Euskadi el 'pasaporte covid' al creer que es una medida "ajustada y proporcionada" para frenar la expansión de la covid-19.

El Gobierno Vasco formalizará a lo largo de este miércoles la petición de autorización al TSJPV para la exigencia del 'certificado sanitario' en determinadas actividades vinculadas al ocio nocturno o la restauración.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas tras la inauguración en Bilbao de la escultura 'Almas de hierro-Burdin Arimak', en homenaje de la enfermería de Bizkaia, ha asegurado que tienen la esperanza de contar con la aprobación del TSJPV al denominado 'pasaporte covid', aunque ha precisado que también en otras ocasiones la han tenido, pese a que, finalmente, el tribunal vasco no les ha respaldado.

En este caso, ha señalado que vuelven a recurrir al TSJPV porque consideran que, en la actual situación de pandemia, con un aumento de contagio y de la incidencia, medidas como el 'certificado sanitario' serán "efectivas".

Para poder implantar esta medida, es necesario, según ha apuntado, contar con el aval de la Sala de lo Contencioso-administrativo para que no se reproduzcan situaciones como las vividas en el pasado, cuando se han impugnado medidas decretadas por el Gobierno Vasco y se ha fallado en contra de ellas.

El Lehendakari ha asegurado que las restricciones que se han establecido en cada momento "son ajustadas y proporcionadas". "En este sentido, espero contar con el aval de la Sala de lo Contencioso-administrativo", ha reiterado.

VACUNACIÓN

Preguntado por si comparte con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la opción de obligar a vacunar a toda la población, Iñigo Urkullu ha recordado que en Euskadi más del 90% de la población diana "tiene la pauta completa de vacunación", situación por la que hay que "felicitarse".

Asimismo, ha subrayado que la mayoría del personal sanitario también se ha inoculado el antídoto. Por ello, cree que es "necesario y suficiente" realizar una llamada a la ciudadanía a ser consciente de que no solo debe preservar la salud individual, sino la salud colectiva.

"El gesto de vacunación es beneficioso individualmente para cada uno de nosotros, pero también es un gesto de solidaridad con el resto de la población. Creo que, en este sentido, es una apelación a la responsabilidad suficiente", ha manifestado.

EVENTOS

El Lehendakari señalado, además, que los municipios, con quienes mantienen "un diálogo permanente", son los que tienen que adoptar decisiones sobre los eventos que se realicen en su ámbito territorial.

En este sentido, ha indicado que se ha contado, desde el principio de la pandemia, con el plan Bizi Berri, que establecía la metodología de trabajo y los límites que marcarían las pautas de actuación de las instituciones vascas, y en este momento de "vigilancia sanitaria",

"Afortunadamente, no estamos en situación de emergencia sanitaria, en la que se funcionaba con un Plan de Protección Civil (LABI). Estamos en situación de vigilancia sanitaria y, por tanto, las medidas se comparten con el marco institucional en su arquitectura completa, desde el Gobierno a diputaciones y ayuntamientos, pero cada uno es el responsable de gestionar su ámbito competencial", ha explicado.

"ERRADICACIÓN COMPLETA"

En su discurso durante la inauguración de la escultura dedicada a la enfermería de Bizkaia, Iñigo Urkullu ha destacado que la pandemia de la covid-19 "está siendo un gran reto" que "todavía no ha terminado", y ha apelado a "mantener el compromiso para conseguir su control y erradicación completa".

"Vuestra labor está siendo esencial: atendiendo a las personas, en la red de vigilancia o en el despliegue de la vacunación masiva, con unos resultados excelentes", ha dicho a los representantes de la Enfermería de Bizkaia.

El presidente del Gobierno Vasco ha instado a toda la sociedad a "no bajar la guardia". "No debemos volver atrás. Seguimos en vigilancia sanitaria. Este acto es un buen momento para recordar que la autoprotección sigue siendo necesaria, para recordar que la vacunación es prevención y es solidaridad", ha añadido.

A su juicio, cumplir las normas es la garantía para preservar la salud personal y la salud pública, y "representa un alivio en la carga de trabajo de la atención primaria y los hospitales". "La sociedad os necesita, tal y como os vemos en esta escultura, con 'alma y hierro':voluntad y compromiso de hierro; y el alma que representa la vocación de atender a cada persona con cercanía y humanidad", ha enfatizado.

Urkullu ha asegurado que, "si algo define el trabajo de enfermeros, enfermeras y matronas, es la cercanía a las personas, su capacidad de adaptación y el compromiso con los valores que la sociedad reconoce".

A su juicio, su aportación a la comunidad es "de gran valor", ya que "cuidan, enseñan a cuidarse y a cuidar a otras personas". "En una sociedad cada vez más necesitada de cuidados, con el reto del envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas, con más personas mayores que viven solas, necesitamos profesionales que respondan con capacidad y cercanía, con conocimiento y humanidad", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que la sociedad les necesita, tal como se les ve en la escultura colocada en el parterre del parque de Botica Vieja de Bilbao, con alma y hierro, voluntad y compromiso de hierro".

"EJEMPLO DE SOLIDARIDAD"

También ha intervenido durante el acto el alcalde de Bilbao, que ha recordado que "el cuidado es la esencia de la enfermería", que supone un vocación de servicio a las personas", y ha destacado la labor que ha realizado este colectivo a lo largo de la pandemia del coronavirus. En este sentido, ha destacado que ha sido "ejemplo de solidaridad profesionalizada".

Para Juan Mari Aburto, este reconocimiento a través de la escultura de Jesús Lizaso, "va más allá de de medallas y reconocimientos oficiales" porque "está vinculado al agradecimiento de las instituciones y representantes de la sociedad con el día a día de todos los bilbainos del presente y del futuro que transiten por este rincón de Botica Vieja".

Al acto, que ha tenido como anfitriona a la presidenta del Colegio de Enfermería de Vizcaya, María José García Etxaniz, también han asistido la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, el presidente del Consejo General de Enfermería, el presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, la subdirectora de Enfermería de Osakidetza, varios presidentes de colegios profesionales sanitarios, los gerentes de los hospitales de Vizcaya y diversas personalidades de la sanidad vasca, entre otros.

El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exhibido este miércoles buena sintonía y entendimiento en el encuentro que han celebrado en el Congreso de los Diputados. "La gestión en Castilla y León funciona", ha subrayado el presidente de los 'populares'.

Esta 'foto' de Casado y Mañueco --la reunión se ha celebrado en el despacho del jefe de la oposición en el Congreso-- se produce en medio del pulso interno abierto entre la dirección nacional del PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el control del Partido Popular en Madrid.

"LA GESTIÓN EN CASTILLA Y LEÓN FUNCIONA"

"La gestión en Castilla y León funciona: bajada de impuestos, calidad educativa y refuerzo para la sanidad y dependencia", ha manifestado Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Casado ha dicho que Mañueco y él coinciden en reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez "apoyo para la agricultura y la ganadería, la industria del motor y la digitalización rural para combatir la despoblación".

Antes de esta reunión, el presidente de Castilla y León ha asistido al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha señalado que los afiliados son los que tienen que decidir quién preside el PP de Madrid. Dicho esto, ha defendido que en cualquier lugar se apueste por la "unidad" y se deje que "los afiliados se expresen con libertad".

Así se ha pronunciado cuando se le ha preguntado si cree que Ayuso debería ser presidenta del PP de Madrid y si comparte la reflexión del "gen caníbal" en el partido al que alude la escritora Carmen Posadas. "Sobre el gen caníbal, no lo he visto y no creo que exista", ha manifestado.

Antes de verse con Casado, Mañueco ha estado acompañado en este desayuno informativo en Madrid por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

CASADO PONE A ITALIA COMO "EJEMPLO A SEGUIR"

La reunión con Mañueco se ha producido en el despacho que Casado tiene en el Congreso porque el jefe de la oposición ha asistido antes a la recepción de las Cortes al presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Casado ha subrayado que la bajada de impuestos y las reformas estructurales pactadas por el primer ministro italiano, Mario Draghi, con la oposición "consiguen que Italia crezca más que España por primera vez en 10 años y tenga la mitad de inflación". "Un ejemplo a seguir", ha manifestado.

Trabajadores forestales han reclamado a las administraciones que establezcan medidas "urgentes" para afrontar la 'sexta generación' de incendios forestales que provocan emergencia ciudadana y social así como para mejorar sus condiciones laborales.

Durante la presentación del informe 'Incendios Forestales de España 2021', el responsable del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT, Ángel Rubio, y la secretaria de Local y Autonómica, Joana Mor, han informado que hasta octubre de 2021 el balance es de 7.835 siniestros, de los que 5.227 fueron conatos y 2.608, incendios forestales. En total, la superficie afectada es de 85.959 hectáreas, una cifra bastante más elevada que en 2020.

Los bomberos lamentan que el sistema descentralizado, que deja las competencias de incendios forestales en manos de las comunidades autónomas, hacen que cada una diseñe un plan para su territorio distinto, de modo que hay sistemas públicos, mixtos o totalmente externalizados a empresas privadas.

"Este es uno de los graves problemas que afronta el colectivo: la heterogeneidad", ha afirmado Ángel Rubio, que ve "imprescindible" que el Gobierno establezca herramientas legales que acaben con las diferencias que tienen estos sectores entre los diferentes territorios.

De ese modo, urge a la aprobación de Leyes Básicas de regulación para cada uno de los colectivos, que actualmente se llevan trabajando desde hace más de un lustro.

Por su parte, Mor ha denunciado la desigualdad en los distintos dispositivos de Bomberos Forestales que son "totalmente desiguales" y "abren la brecha en las condiciones laborales, sociales y económicas dependiendo de la comunidad a la que se pertenezca".

A su juicio, en "muchos puntos" hay una falta clara de regulación que abocan a la temporalidad, situando esta cerca del 24 por ciento y muchos territorios que cuentan con más de un 30 por ciento y otros con el 17 por ciento.

"La prevención es la que evita las catástrofes", defiende Mor que recuerda que UGT ha pedido la coordinación de los medios de extinción, una ley básica de agentes forestales que es "un compromiso del Gobierno que no puede esperar".

"El trabajo no puede ser sinónimo de muerte, cada vez son más frecuentes los accidentes por falta de efectivos técnicos, nos resulta intolerable", ha subrayado.

Por otro lado, Rubio ha puesto sobre la mesa la "elevada siniestralidad" que es "otra cuestión de vital importancia" que se resolvería de acuerdo con el sindicato otorgando los coeficientes Reductores y Edad de jubilación anticipada tal como estipula el Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, que el único sindicato que lo tiene reclamado es UGT, y nada menos que desde el año 2014.

A su juicio, ello frenaría "de una vez por todas" tener personal por encima de 60 años en la primera línea de fuego o realizando trabajos preventivos en las "complicadas zonas de trabajo y en las durísimas condiciones climatológicas que se realiza".

El 'expresident' de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su "persecución judicial" en los últimos 12 años, tras el archivo de la novena causa de las diez abiertas contra él, y ha afirmado que sigue a disposición del partido para desarrollar todo su "potencial".

"Seguiré en el PP hasta que me muera", ha dicho en una rueda de prensa en un hotel de València convocada por el sobreseimiento provisional de las actuaciones por el contrato por el que la Generalitat asumió en julio de 2011 --en sustitución de Bancaja-- la condición de avalista de Valmor, empresa que organizaba la celebración de la Fórmula 1 en la ciudad.

Esta era la última causa que seguía abierta por presuntas irregularidades en torno a la carrera, con lo que le queda una de las seis separadas del caso Gürtel por los contratos menores que la Generalitat adjudicó a Orange Market.

Camps se ha mostrado satisfecho y feliz por el archivo de la F1 y ha asegurado que esta competición en València fue "un éxito rotundo y absoluto", para preguntarse "por qué los gobiernos de izquierda siguen apostando por la Fórmula 1 en Barcelona" y reiterar que el Ayuntamiento de València debe cobrar a los promotores del PAI del Grao por la construcción del circuito.

En la comparecencia, junto a su abogado del despacho donde trabaja, ha avanzado un recurso extraordinario ante el TSJUE para denunciar lo que entiende como una "persecución judicial" desde 2009, un recurso que se centrará en la causa que le queda pendiente de Gürtel.

Camps augura que este proceso pendiente se alargará hasta las elecciones de 2023 y ha subrayado que, desde la conocida como 'causa de los trajes', en la que fue juzgado y le absolvió un jurado popular, la resolución de los casos que le afectan siempre coincide con unos comicios.

ACUSA A PUIG DE PERSEGUIRLE

Durante su intervención de más de hora y media ha hecho un repaso de su periplo judicial desde los trajes, que ha insistido en que pagó, y ha apuntado a Fiscalía Anticorrupción y al jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, como responsables de "una estrategia política de persecución a Francisco Camps".

A Puig le ha acusado de utilizar en la oposición los abogados del grupo socialista y después a la Abogacía de la Generalitat, además de exigirle que pague 800.000 euros por costas judiciales. "No ha pasado nunca en la historia de un presidente de la Generalitat: está obsesionado", ha criticado.

También se ha quejado de los años de "escraches, investigaciones, testimonios y registros policiales" y de los intentos de vincular estas causas con una presunta financiación irregular del PP, así como de los exjueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y José de la Mata. Y ha acusado a Anticorrupción de realizar una instrucción "sumarísima" para intentar mantenerlo como "imputado permanente".

"Se han roto todas las reglas. Llevo 11 años en los juzgados diciendo lo mismo y siempre me han dado la razón", ha recalcado, para asegurar que fueron años "muy duros" y siguen siéndolos y que afronta lo que le queda "con deportividad" porque quiere "pelear hasta el final".

"UNO ES POLÍTICO HASTA QUE SE MUERE"

Al margen de los tribunales, Camps ha hecho hincapié en que "nunca" ha dejado ni dejará la política porque "uno es político desde que nace hasta que se muere" y él no ha "hecho otra cosa" en su vida., Por eso ha prometido que seguirá en el PP hasta que se "muera", ha destacado que en 2022 cumple 40 años en el partido y se ha puesto a su disposición: "Me encantaría tener un cargo donde desarrollar todo el potencial que creo que tengo.

Tras recordar que ganó tres veces por mayoría absoluta, algo que ve difícil ahora por la fragmentación política, ha sostenido que la dirección del PP es consciente de su oferta "general y permanente" y que él se mantiene "sereno y fuerte".

Camps se ha mostrado "encantado" de sus ocho años al frente de la Generalitat, mientras ha criticado que el gobierno actual del Botànic ha aumentado la deuda y "confiscado dos hospitales" por la reversión a gestión pública de los departamentos de La Ribera y Torrevieja.

"PODRÍA HACER UN BUEN PAPEL COMO ALCALDE"

Sobre la Alcaldía de València, ha augurado que en 2023 la ganará el PP, "probablemente con Vox", y ha defendido que "cualquier candidato" tendrá su apoyo, aunque él piensa que puede "hacer un buen papel como candidato y como alcalde". Ha añadido además que la gente le para "constantemente" por la calle y que él "no haría nunca nada en contra del PP".

Sobre trato del PP hacia él, Camps ha afirmado que "siempre" le han tratado bien aunque "ahora el cambio radical es que es público" y por eso decidió asistir a la reciente Convención Nacional en la plaza de toros de València.

La consellera de Salud del Govern balear, Patricia Gómez, cree que las medidas actuales contra el COVID "tendrían que ser suficientes", "si se cumplen", para evitar un aumento de las restricciones en Baleares.

Así se ha expresado Gómez a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, en la que ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos a cumplir con las medidas. Como ejemplo, ha mencionado que hay personas que no llevan correctamente la mascarilla, o que se la quitan nada más entrar a un restaurante aunque no estén consumiendo.

"Las medidas deberían ser suficientes, pero ahora bien, se tienen que cumplir", ha insistido, preguntada por cuestiones como una ampliación de la exigencia del certificado COVID a la restauración o restricciones a los no vacunados como en Austria. Según Gómez, si la población no se relaja con las medidas, no tendría por qué producirse un incremento importante de casos.

Con todo, la consellera ha razonado que el hecho de estar vacunados puede haber dado lugar a "que haya una conciencia de riesgo inferior", pero no obstante ha apuntado que España está "en una situación privilegiada en cuanto a vacunas", y que aunque se registra un aumento de la incidencia "no es comparable a otros países del entorno".

Sobre la propuesta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para que la vacunación contra el COVID sea obligatoria, Gómez ha considerado que una medida de este tipo contravendría las leyes españolas. En cualquier caso, ha apuntado que es un debate de ámbito más jurídico que sanitario.

La dirección nacional del PP ha rechazado este miércoles "alimentar" la polémica con la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo a raíz de las críticas que recoge en su libro 'Políticamente indeseable' y ha hecho hincapié en que el partido debe centrarse en hablar de lo que "preocupa" a la gente".

"Todos los demás temas, si no los vemos, es porque no nos preocupan", ha zanjado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Javier Maroto ante las preguntas de los medios en el desayuno informativo con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por el foro Nueva Economía.

A su llegada a ese acto, el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha evitado comentar las críticas que le ha dirigido Álvarez de Toledo --de practicar "mobbing, bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y los medios--, y se ha limitado a contestar a la periodista que le ha interpelado: "Me parecen lo mismo que a usted".

MONTESINOS: "NO VOY A ALIMENTAR ESTA CUESTIÓN"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que él no iba a "participar" ni "alimentar esta cuestión" y ha subrayado que la posición del partido ha quedado "muy clara": "estamos a los problemas de los españoles, que cada día son más".

Al ser preguntado si coincide con Mañueco en aconsejar a Álvarez de Toledo "un poquito de desescalada verbal", Montesinos ha señalado que el PP está centrado "en lo importante, que son los problemas de los españoles" y no les van a "distraer"

El Grupo Popular ha activado el procedimiento interno y no descarta sancionarla, después de que la propia Álvarez de Toledo haya reconocido que votó en blanco en la votación de los candidatos pactados al Tribunal Constitucional, rompiendo por lo tanto la disciplina de voto.

"Se va a hacer lo que se hace en estos casos, ni más ni menos, se van a seguir los métodos establecidos por el Grupo Popular", ha agregado Montesinos, que ha subrayado que el PP está articulando "la alternativa que España necesita". "Hoy los españoles pide cambio político y quieren que Pablo Casado sea presidente del Gobierno y en eso está la dirección del PP", ha resaltado.

MAROTO: "SÁNCHEZ SE ESTÁ CARGANDO LA ECONOMÍA Y NO TIENE ESCRÚPULOS"

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, al ser preguntado expresamente por las declaraciones de Álvarez de Toledo. Según ha subrayado, el partido quiere hablar de las "cosas importantes" como el "impuesto al empleo" que "quiere imponer" Pedro Sánchez, que llevará a que "todas las familias trabajadoras de España tengan una rebajar en su nómina todos los meses".

En este punto, ha resaltado que las "preocupaciones" de los españoles en este momento pasan "por el crecimiento económico y por evitar estas atrocidades de Sánchez", quien "se está cargando la economía y no tiene escrúpulos porque es el que más miente de todos los presidentes en la historia de nuestra democracia".

Maroto tampoco ha querido hablar de la crisis interna abierta en el PP de Madrid alegando que "es un asunto que se ha contestado permanentemente y ya está todo dicho". Además, ha dicho que los problemas que tienen los madrileños son "muy similares y parecidos a los del resto de España y tienen que ver con la presión fiscal a la que está sometiendo Sánchez a todos". "Esas cosas son las que preocupan al PP de Madrid, igual que a la dirección nacional", ha zanjado.

AYUSO VE EN ÁLVAREZ DE TOLEDO LOS "VALORES DEL PP"

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado hablar de las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo --que ha acusado al secretario general del PP de hacerle 'bullying'-- y se ha limitado a decir que son "opiniones personales".

Eso sí, Ayuso ha defendido que Álvarez de Toledo "siempre ha representado los valores del PP". Este apoyo se produce en plena batalla interna por el control del PP de Madrid, un pulso en el que la presidenta madrileña y la dirección nacional han visualizado sus diferencias.

Precisamente en su libro Álvarez de Toledo critica que la dirección nacional del PP vaya "ahora" contra la presidenta madrileña, a la que describe como la persona que en las elecciones del 4 de mayo "vapuleó" a Pedro Sánchez, "echó de la política" a Pablo Iglesias, "reagrupó el voto del centroderecha, convirtió la desmoralización provocada por las elecciones catalanas en esperanza y dio al PP de Casado la oportunidad de ser una alternativa".

"¿Cómo no va a presidir Ayuso el Partido Popular de Madrid? ¿Por qué va a ser precisamente ella la excepción entre los barones territoriales? Pero eso es el sentido común", asegura Álvarez de Toledo en 'Políticamente indeseable' (Ediciones B), que saldrá a la venta este 18 de noviembre.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha abogado por articular "fórmulas" para que se vacune toda la población, "voluntariamente, si se puede, y sino obligatoriamente". "Si se toman medidas restrictivas a su libertad de movimiento, acabarán haciéndolo", ha considerado.

Así lo ha manifestado Revilla este miércoles a preguntas de la prensa, después de que ayer pidiera que se obligue a vacunar a todo el mundo "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar".

"Acabará haciéndolo el mundo, es de pura lógica, porque si tenemos todavía cinco millones permanentemente sin vacunar no acabaremos con los contagios", ha considerado el presidente cántabro, que ha señalado que hay países que están tomando "medidas muy duras" con la población que no se quiere vacunar. "Oiga, pues quédese usted en casa", ha dicho.

Para Revilla, se trata de un principio de "egoísmo" para los que debieran de vacunarse y de "solidaridad" con los demás. "Todos debemos pensar en los demás, caprichitos no, y menos con la sanidad", ha defendido.

Asimismo, ha señalado que desde el primer momento ha sido "contundente" con este tema: "La vacuna es la solución, no hay otra"; y ha indicado que al Gobierno de España le "falta" haber hecho una legislación para que "se nos garantizara la vacuna y que la vacuna fuera obligatoria", como ocurre con el caso del pago de impuestos: "La mayoría de la gente no paga impuestos a gusto, que los paguen".

"Hay leyes que habría que haber hecho cuando surgió la pandemia para garantizar cosas que yo también anuncié que iban a tener problemas de interpretación judicial", ha apuntado Revilla, que ha puesto como ejemplo el pasaporte Covid.

Según ha destacado, las leyes "las hacemos los políticos" y el Ejecutivo central ha tenido un año para poder "ponerse de acuerdo" y "haber hecho algo que no nos llevara a una situación como esta".

"Creo que se puede hacer, más allá de que algún tribunal lo pudiera echar atrás. Creo que unos pocos no pueden poner en riesgo a la gran mayoría", ha reiterado Revilla.

Asimismo, el presidente ha apuntado que hay otros cinco millones de niños que no se han vacunado, a quienes ha propuesto vacunar "cuanto antes", así como dar la tercera dosis "rápidamente" a los mayores.

Revilla ha hecho estas declaraciones en el Gobierno tras mantener un encuentro con la Asociación Costa Quebrada con motivo de su candidatura a la Red de Geoparques de la UNESCO.

La comunidad autónoma de Extremadura realizará la evaluación extraordinaria de 1º de Bachillerato, ya desde este curso, en junio, igual que era hasta ahora la de 2º de Bachillerato.

Así se recoge en el decreto que la Consejería de Educación ya ha comenzado a tramitar, y que regulará los aspectos relativos a la promoción y evaluación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, tras la aprobación, este pasado martes por el Consejo de Ministros, del real decreto que regula la evaluación y la promoción en los distintos niveles de enseñanza.

Según ha señalado el secretario general de Educación de la Junta de Extremadura, Francisco Javier Amaya, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, el paso de la evaluación extraordinaria de 1º de Bachillerato al mes de junio se ha decidido "en coherencia con la LOMLOE" y en base a los datos de porcentajes de aprobados de septiembre.

En este sentido, Francisco Javier Amaya ha señalado que el porcentaje de alumnado con alguna materia suspensa en 1º de Bachillerato que promociona en la evaluación ordinaria era del 82 por ciento, mientras que en la extraordinaria de septiembre se ha alcanzado el 87 por ciento.

Es decir, solo un 5 por ciento de alumnos ha promocionado en septiembre, un porcentaje que llega al 13 por ciento en la convocatoria extraordinaria de 2º de Bachillerato, que se celebra en el mes de junio, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, el 25 por ciento de los estudiantes de 1º de Bachillerato que tenía una materia suspensa no se presentaba en septiembre y el 22 por ciento que se presentaba a alguna materia, no aprobaba ninguna, mientras que cuando tenía solo una materia suspensa, menos del 50 por ciento la aprobaba en septiembre.

De esta forma, Bachillerato es la única etapa en la que se mantiene la diferenciación entre evaluación ordinaria y extraordinaria, mientras que en el resto de las etapas habrá una evaluación única y será en el mes de junio.

EVALUACIÓN "INTEGRADORA"

En su intervención, el secretario general de Educación ha valorado que el nuevo real decreto educativo permitirá "una evaluación integradora, formativa y continua", donde la repetición de curso será "aún más excepcional" y que la recuperación se llevará a cabo durante el curso escolar.

Para el secretario general, "no tenía sentido mantener la recuperación fuera del sistema", ya que posponer la evaluación extraordinaria a septiembre "perjudica a las clases sociales más desfavorecidas que, normalmente, no tienen recursos para pagar clases de apoyo que permitirán recuperar la materia".

Así, ha señalado que este real decreto aprobado este pasado miércoles es "normativa básica" y, por tanto, de "obligado cumplimiento" por parte de las comunidades autónomas, que deberán desarrollarlo en un decreto autonómico.

NOVEDADES

En cuanto a las novedades que introduce este real decreto en la evaluación de las diferentes etapas, el secretario general de Educación ha explicado que en Primaria se podrá repetir curso una vez en cada etapa, como hasta ahora, pero solo podrá ser en los segundos cursos de cada ciclo. Es decir, en 2º, 4º y 6º curso.

En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, desaparece la evaluación extraordinaria y habrá una única en junio, de tal forma que "promocionarán los alumnos que tengan dos materias suspensas, de manera automática", o aquellos que, según la junta de evaluación o el equipo docente -independientemente de las materias suspensas-, podrían promocionar de curso si se garantiza la posibilidad de éxito o recuperación de las materias suspensas", ha aclarado Francisco Javier Amaya.

"La titulación en ESO en ningún caso estará supeditada al número de materias suspensas", ha añadido el secretario general, quien ha explicado que será la junta de evaluación la que considerará el grado de consecución de las competencias claves o de los objetivos para obtener el título.

Ha añadido que al título de ESO se podrá acceder por tres vías, como son la modalidad ordinaria, un grado profesional básico, o mediante los programas de diversificación curricular, que garantizarán el título si el alumnado ha alcanzado las competencias clave.

En el caso de Bachillerato, el alumno podrá titular con una materia suspensa siempre que cumpla con una serie de criterios, como que no haya habido abandono por parte del estudiante, que alcance una nota media de 5 y que la madurez y la actitud del mismo sea positiva y de aprendizaje continuo.

Sobre la excepcionalidad de la repetición, el secretario general de Educación ha afirmado que se pretende reducir el abandono escolar, ya que está demostrado que las repeticiones de curso no han ayudado a los estudiantes a avanzar, sino que ha conllevado un aumento del abandono escolar temprano, que en Extremadura se sitúa en un 18,4 por ciento.

El líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, ha reafirmado este miércoles el escrito de confesión que remitió a la Fiscalía Anticorrupción y ha descrito a preguntas del Ministerio Público la dinámica de adjudicaciones irregulares seguida en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dirigido en ésa época por Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla'. "Yo hacía de lobby y, si conseguíamos la adjudicación, me aportaban la comisión correspondiente", ha detallado.

Correa, para el que la Fiscalía pide 76 años y siete meses de prisión, ha sido el primero de los acusados en declarar en el juicio que se sigue por los movimientos de la trama en el municipio madrileño. En la sesión de este miércoles, ha explicado que él era el encargado de canalizar el amaño de contratos con empresas consideradas amigas y de entregar el dinero a Panero. Este último, por su parte, se haría cargo de canalizar los pagos a los implicados en la trama.

"Salía a concurso una obra en el Ayuntamiento y yo, por mi relación con algunos empresarios, me contactaban y me decían estoy interesado. Yo, por la relación que tenía con ellos hacía de lobby y, si conseguíamos la adjudicación, me aportaban la comisión correspondiente", ha detallado.

En ese trámite, Correa trataba de forma directa con el por entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda Tomás Martín Morales y con 'El Albondiguilla' para "intentar que la adjudicación fuera directa" al empresario que era el candidato que él mismo había ofrecido. "Si estaba dentro de las cualidades se adjudicaba, me aportaban el dinero y yo lo llevaba al Ayuntamiento", ha añadido.

En el marco del interrogatorio, la abogada del Estado Rosa María Seoane le ha preguntado por el destino de los fondos conseguidos. El líder de la Gürtel ha indicado que "no los repatriaba".

En respuesta a la representación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha negado haber intervenido en la planificación de pliegos por parte de las empresas candidatas a las adjudicaciones. Así, ha insistido en que él solo recibía llamadas para hacer "el lobby".

En este sentido, ha negado haber mediado para fijar el monto de los contratos y ha subrayado que "los precios los fijaba el Ayuntamiento". Preguntado si sabía cómo el alcalde González Panero se aseguraba de que el contrato fuera adjudicado, ha asegurado desconocer el "procedimiento interno".

DICE QUE LE SOLÍAN LLAMAR LAS EMPRESAS "GRANDES"

Ante la insistencia de la representación de la Empresa Municipal de Servicios sobre los detalles del entramado societario de la Gürtel, Correa ha aseverado en que todos esos "temas" los delegó "siempre" en Ramón Blanco Balín o en Pablo Crespo. "Yo lanzaba los proyectos y me dedicada a otro tema. Los detalles societarios nunca he entrado en ello. No es que no quiera contestar, es que no lo sé", ha señalado.

Preguntado por el resto de acusaciones sobre si en algún momento llegó a propiciar la necesidad de licitar un concurso teniendo previamente un cliente, Correa ha sido tajante: "Nunca jamás". "Al revés, cuando salía un concurso me solían llamar las empresas, sobre todo las grandes, no lo voy a comentar aquí", ha dicho, aunque ha llegado a señalar una llamada del expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis Del Rivero.

Al respecto ha precisado que él seleccionaba a las empresas que le llamaban. "En el caso que he puesto antes de la parcela de Boadilla, me llamó Luis del Rivero, y yo se la ofrecí a (José Luis) Ulibarri. Nunca he tenido dos candidatos. Me parecía amoral", ha dicho.

Asimismo, a lo largo de la declaración, varias de las acusaciones se han interesado en saber si se destinaron fondos a alguna campaña del PP de Boadilla. "A lo mejor pongo campaña de Boadilla y no era para Boadilla, sino para otras cosas. No lo sé. A lo mejor me lo quedaba yo y decía 'pon campaña", ha indicado.

A preguntas de su abogado sobre si durante el tiempo que mantuvo relación con las autoridades del consistorio, alguno le solicitó que el dinero pudiese ir al PP, al margen de campaña, Correa ha dicho que no.

SU RELACIÓN CON EL RESTO DE ACUSADOS

La fiscal Concepción Nicolás también ha preguntado a Correa cómo llegó a conocer a los cargos públicos con los que desarrolló esta serie de operaciones. "Al alcalde me lo presentó Guillermo Ortega (exalcalde de Majadahonda) porque fueron compañeros de colegio. (Panero) era ya alcalde", ha explicado.

En esta línea, el líder de la 'Gürtel' ha señalado que conoció a Martín Morales antes de que éste "estuviera en Boadilla" porque tenían "amigos comunes". A ambos les unía, ha explicado, que tenían "buena relación con el PP" de Madrid, lo que les llevó a coincidir en "actos y eventos".

Ese círculo personal llevó a que Correa, como ha detallado, llegase a influir en el nombramiento de Alfonso Bosch como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). "Estaba en la Asamblea de Madrid, se quedó fuera de las listas y dije a ver si te puedes colocar en alguno de los municipios. Como tenía buena relación con Panero y Tomás, tenían un hueco y lo metieron ahí", ha asegurado.

PIDE QUE LE DEJEN DISFRUTAR DE SUS PERMISOS PENITENCIARIOS

Al cierre de casi 50 minutos de interrogatorio, el líder de la Gürtel ha pedido se le permita disfrutar de sus permisos. "Me gustaría que enviaran ustedes al centro penitenciario que ya puedo disfrutar de permisos", ha señalado una vez que el tribunal le dijera que "tiene derecho a ausentarse del juicio hasta la última palabra".

Correa ha asegurado que estaba dispuesto a firmar este mismo miércoles su voluntad de renunciar a la última palabra, pero el presidente del tribunal le ha explicado que es un acto "personalísimo" que debe hacerse cuando termine el juicio.

A raíz de la petición de Correa, el tribunal ha avisado al resto de acusados que se encuentran "en la misma situación" que la Audiencia Nacional "va a remitir una comunicación" diciendo que ya no se requiere de su disponibilidad. Por lo tanto, ha remarcado que "no hay inconveniente para que disfruten sus permisos penitenciarios". Ha precisado, sin embargo, que "eso lo debe decidir Instituciones Penitenciarias".

El cabecilla de la trama ha insistido en que él hubiese "sacrificado dos días" de sus permisos si hubiese acudido al juicio por su propio pie. "Y le garantizo que hubiera venido, porque a estas alturas le garantizo que no voy a evadir tal compromiso con la Justicia. He asistido a todos los juicios y asistiré a todos los juicios. Puede estar tranquilo", ha dicho tras lamentar el hecho de que finalmente acudió con custodia policial.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de 16 años de prisión que impuso el pasado mes de junio la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas a unos padres por abusar sexualmente y maltratar física y psicológicamente a su hija de manera continuada cuando tenía tres años de edad.

De esta manera, la Sala de Lo Penal ha desestimado los recursos presentados por la representación de los condenados y ratifica el fallo que establece a cada uno de los progenitores tres años de cárcel por un delito de malos tratos habituales, un año de prisión por un delito continuado de maltrato de obra y doce años por un delito continuado de abusos sexuales a menores de 16 años.

La Sala ha considerado probado que entre enero y mayo de 2016, la niña, que entonces tenía tres años, fue objeto de reiterados malos tratos físicos y psicológicos por parte de su madre en el domicilio familiar ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, quien le propinaba numerosas agresiones tanto físicas como verbales con insultos y amenazas.

En este sentido, alrededor de las 07.15 horas del 26 de mayo, la progenitora estuvo al menos doce minutos golpeando e insultado a su hija, quien lloraba desconsolada, unos hechos de los que el padre era consciente y que, más allá de decir a la mujer que no pegara a la menor, no hizo nada por evitar.

Por otro lado, el fallo asegura que los padres bañaban a la niña solamente una vez por semana y que consumían crack y hachís en la habitación donde por la noche dormía su hija.

En cuanto al abuso sexual, el padre lo llevó a cabo en un número que no se ha podido precisar, si bien la madre era conocedora también de estos hechos e incluso llegó a estar presente en alguna ocasión.

Finalmente, también se ha probado que los progenitores mantenían relaciones sexuales delante de la pequeña, que estaba en su cuna la misma habitación.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado este miércoles que se respeten los derechos de los inmigrantes y refugiados que han quedado atrapados como "rehenes" en la "trampa para personas" que constituye en estos momentos la frontera entre Bielorrusia y Polonia por el "pulso" entre ambos países.

A través de un comunicado, la asociación judicial ha denunciado que "Europa está viviendo en sus fronteras del este otro episodio de utilización de personas vulnerables como arma de conflicto entre países".

"Las personas refugiadas y migrantes que se encuentran atrapadas a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia son víctimas de la utilización que hacen de ellos las autoridades bielorrusas como estrategia de una escalada en la crisis con la UE y también de la respuesta de militarización y establecimiento de una zona de seguridad en la frontera, impuesta por el Gobierno de Polonia", ha resumido.

La consecuencia, ha lamentado, es que "una vez más" se han creado "espacios opacos y sin derechos donde no tienen acceso ni los observadores internacionales ni los medios de comunicación", lo que ha propiciado que en esta crisis "los primeros derrotados" sean los migrantes, "muchos de ellos niños y niñas de muy corta edad.

JJpD ha recordado que "la respuesta de Polonia, como miembro de la UE, solo puede basarse en el respeto a las exigencias básicas del derecho de asilo y de la protección internacional contenidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE", las cuales "prohíben las expulsiones colectivas y garantizan el principio de no devolución a estados no seguros".

Así, ha exigido, en primer lugar, "que se garantice la atención humanitaria urgente a las personas migrantes y refugiadas, proporcionándoles alimentos, agua, ropa, asistencia médica y refugio provisional, para evitar que se siga incrementando el número de enfermos y muertes que ya se están produciendo en estos momentos".

EXIGE QUE SEAN TRATADOS CON "DIGNIDAD"

Ha reclamado igualmente "que se identifique a los menores de edad, dotándoles de la protección necesaria e impidiendo su expulsión", enfatizando en este sentido que la Convención de Derechos del Niño prohíbe echar a "los menores que gozan de un estatuto jurídico de protección", independientemente de su nacionalidad y de cómo hayan entrado al país.

También ha instado a asegurar "el control judicial de la legalidad de las detenciones que se practiquen dentro de las fronteras europeas, tanto de los plazos como de los derechos que asisten a las personas detenidas".

En concreto, ha demandado que "se tramiten los expedientes personalizados de cada una de las personas detenidas dentro de las fronteras europeas, aplicando los parámetros legales comunitarios que prohíben las expulsiones colectivas y garantizan la no devolución a países no seguros, sin recurrir a criterios de excepcionalidad y emergencia".

Y que, en todo caso, "se garantice el derecho a la asistencia letrada y de intérprete, recogidos en el Convenio de Ginebra sobre Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de Nueva York de 1967".

Asimismo, ve necesario "que se levante el veto y se permita la entrada a periodistas y medios de comunicación en la denominada zona de emergencia para garantizar la información sobre la situación actual".

"Consideramos imprescindible y urgente que las personas atrapadas en este conflicto en una de las fronteras de la UE sean tratadas con dignidad", ha indicado JJpD, ratificando al mismo tiempo su compromiso "con los Derechos Humanos, con las personas más vulnerables y con la proscripción de tratos inhumanos y degradantes".

Andalucía ha administrado hasta este martes 16 de noviembre un total de 13.585.670 dosis de la vacuna contra la Covid-19 --37.087 más en 24 horas--, y un total 6.803.075 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa --2.672 más en 24 horas--, mientras 6.916.553 ya tienen al menos una dosis. Además, 630.296 andaluces ya han recibido las tres dosis.

Según indica el parte de la Junta de Andalucía, con estas cifras la región tiene al 80,3% de la población con la pauta vacunal completa, y al 91,2% de los mayores de 12 años, mientras que el 81,7% de la población y el 92,8% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis.

De las 7.451.975 personas incluidas en la población diana, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consolidado a enero 2020 y confirmados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ya se han vacunado con una dosis 6.916.553 andaluces, por lo que todavía faltan 535.422 personas por inocular en la región.

En base a los datos del Plan Estratégico de Vacunación de la Consejería, el cien por cien de los andaluces mayores de 60 años cuentan con las dos dosis de la vacuna. En cuanto al resto de grupos de edad, el grupo de las personas de 50 a 59 años se encuentra al 95,8% en relación a la pauta vacunal completa; de 40 a 49 años, el 89,9% la tiene completa; de 30 a 39 años, el 80,6% ha recibido las dos dosis; de 20 a 29 años, el 81,3% tiene la pauta completa; de 12 a 19 años, el 87,5% ha completado la pauta.

Por provincias, en Sevilla se han administrado 3.148.264, mientras que 1.587.307 personas han completado ya la pauta de la vacuna, así como en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 2.579.751 y las personas con ambas inyecciones ya inoculadas son 1.281.340.

En Cádiz son 2.021.990 las vacunas administradas y las personas con la pauta completa suman 1.009.719; en Granada, 1.483.543 las administradas y 748.064 las personas con la pauta completa; y en Córdoba, 1.314.751 las dosis administradas y 647.772 las personas con la pauta completa de la vacuna.

El total de dosis administradas en Almería es de 1.158.527 y 581.407 personas han completado la pauta; en Jaén es 1.050.611, con 521.710 personas con la pauta completa, y en Huelva, 834.233 son las dosis administradas y 425.756 los inmunizados.

Con respecto a las terceras dosis provincializadas, en Sevilla se han administrado 130.199 terceras vacunas de las que 112.501 se han inoculado a personas mayores de 70 años, mientras que en Málaga se han administrado 110.046 de las que 95.666 son a andaluces mayores de dicha edad.

En Cádiz son 87.074 las terceras vacunas administradas y las personas mayores de 70 con ella suman 73.882; en Granada, 76.214 las administradas y 68.565 las personas mayores de 70; y en Córdoba, 74.583 las terceras dosis administradas y 66.204 las personas mayores de dicha edad.

El total de terceras dosis administradas en Jaén es de 62.483 y 55.365 personas mayores de 70 años ya cuentan con ella; en Almería son 49.301, con 41.123 personas mayores, y en Huelva, 40.396 son las terceras dosis administradas y 33.995 los mayores reforzados.

Peritos judiciales han afirmado que las obras de Gerardo Rueda que compró el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) en 2004 y 2006 eran copias y no contaban con la autorización del artista para ser reproducidas. Esta es la conclusión a la que han llegado cinco expertos que han analizado las esculturas, expedientes y documentación sobre las adquisiciones, frente a otro perito que discrepa.

Los peritos se han pronunciado así en su declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra la exdirectora del IVAM Consuelo Ciscar, el ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda, por la pieza 2 del caso IVAM, relativa a un presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda.

La pieza principal del procedimiento, centrada en presuntas irregularidades de Ciscar para promocionar la carrera artística de su hijo, Rafael Blasco, conocido como 'Rablaci', acabó en septiembre con una conformidad: Ciscar reconoció que malversó y aceptó la pena de un año y medio de cárcel --frente a los 12 que le pedían--.

En la pieza de Rueda, la Fiscalía reclama para Ciscar la pena de seis años de prisión y multa de 144.000 euros por un delito continuado de prevaricación administrativa, de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Para Lledó pide cinco años y seis meses de cárcel y multa de 63.000 euros; y para Rueda, cinco años por un delito continuado de malversación. Además, solicita una indemnización para el IVAM de 3.456.876 euros.

Cinco de los seis peritos que han comparecido ante el tribunal, todos ellos con experiencia y especialización en obras de arte, han coincidido en que las esculturas que adquirió el IVAM eran una copia: "Son obras exnovo, copias, interpretaciones", han dicho en base a la ley y a los códigos deontológicos internacionales aprobados por la profesión.

Así, entienden que las obras compradas podrían enmarcarse en obra póstuma con interpretación, en la que existe un sobremolde y se cambia el tamaño o los materiales. No consideran que sean obras póstumas originales --cuando existe un molde-- ni póstumas de reproducción --se usa un sobremolde y se mantiene tamaño y materiales--.

Dos de las peritos han sido muy concluyentes: "Se trata de piezas reproducidas a raíz de otras piezas, de fotos. No hay ilustraciones o documentación previa, ni información del artista. Además, la escala cambia de las originales a las que no lo son. Esto desvirtúa mucho la obra de Rueda, que normalmente era pequeña. No se puede sostener que la obra sea original", han sentenciado.

También han dicho que en este caso no había informes artísticos ni de valor de la obra en el museo. "Hay una serie de documentación administrativa de la obra que entra y sale y del dinero que cuesta pero no de valoración de la obra. No hay informe, solo una ficha", han expuesto.

A los peritos no les constan tampoco expedientes sobre la voluntad del artista en relación con su obra: "Nos reafirmamos en la idea de que en las obras post mortem no había autorización del autor". Sobre este extremo discrepa un perito, que ha indicado que con unos documentos genéricos que obran en el procedimiento, para él sí hay autorización. A juicio del resto de peritos debe haber documentos más específicos.

Por otro lado, los peritos han afirmado que para que una institución pública adquiera este tipo de obras debe haber unos informes teóricos y económicos firmados y aprobados por el patronato y la junta de museos. En este caso del IVAM no encontraron ningún informe de estas características.

En relación con el precio de las obras, los peritos, en general, han afirmado que es difícil de definir, sobre todo porque se trata de piezas que vienen de fundición.

Además, los peritos han indicado que no existe obra de Rueda como la que adquirió el IVAM. Uno de ellos ha explicado que "la obra de Rueda era generalmente pequeña. Trabajaba con material metálico y lo importante es que él lo controlaba y decía cómo se debía cortar y fundir. Trabajaba en pequeñas dimensiones", ha dicho.

"NO SABÍA NI QUE EXISTÍAN"

Por otro lado, en la sesión de este miércoles también ha declarado un conservador del museo que firmó el acta de la comisión de adquisición de obras de Rueda pese a que no asistió a ninguna reunión ni se le informó de ningún extremo de esta operación. "Me hicieron firmar allí pero no participé en ninguna reunión", ha dicho.

"Me dijeron que era un acta en el que se proponía la compra de obras para el museo y que tenía que firmarlo. No ví con detalle el contenido", ha explicado. Ha señalado que fue su superiora, Raquel Gutiérrez, quien le indicó que debía firmar esa serie de actas de una comisión que no sabía ni que existía. También ha apuntado que no tenía indicios de que la adquisición fuera irregular.

Por último, ha declarado esta jornada el jefe del departamento de Informática del IVAM, que ha explicado al tribunal cómo funcionan las copias de seguridad en el museo: "Se hacen de forma automatizada con un programa de seguridad", ha dicho. También ha manifestado que la Policía se llevó, por orden judicial, diferentes copias de seguridad básicamente en formato de CD y DVD. Entre esas copias intervino, así mismo, una copia que pidió Ciscar en su momento.

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que para lograr un cambio político en esta autonomía "lo más importante" es sumar "todos". Así ha aludido a la reunión que mantendrá con la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y la posibilidad de consensuar una lista electoral autonómica conjunta entre ambas formaciones.

Mazón ha precisado que "no hay una lista planteada porque no hay unas elecciones planteadas", pero ha destacado la necesidad de "trabajar en la suma" para propiciar el "cambio que necesita la Comunitat Valenciana" y ha hablado de un "camino de brazos abiertos" iniciado entre "mucha gente" que "quiere acabar ya" con la "división" y el "ninguneo" en este territorio.

"Es cierto que no estamos en cálculos electorales porque no hay elecciones convocadas", pero "estamos preparados para el cambio", ha indicado el responsable 'popular' durante la visita que ha realizado a Burjassot (Valencia), preguntado por el encuentro con Arrimadas y la posibilidad de impulsar una lista electoral conjunta entre PP y Cs.

Carlos Mazón ha insistido en la "exigencia de cambio" y en los "vientos de cambio" en la Comunitat Valenciana y ha señalado que "es un camino que hay que trabajar y profundizar".

Asimismo, ha dicho que el PP es "un partido de centro", "un partido liberal" y "un punto de encuentro en la sociedad valenciana" y se ha referido a continuación al trabajo que desempeñan "muchos gobiernos" en esta autonomía, "como el de la Diputación de Alicante o el del Ayuntamiento de Alicante" para avanzar en "la bajada de impuestos, en la libertad educativa, en defender nuestro modelo turístico y en puntos de encuentro que tienen que ver con el cambio que necesita".

"Por tanto, vamos a trabajar en esa vía", ha aseverado, a la vez que ha destacado el trabajo que el PPCV desarrollará también para plantear "enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado". "Creo que es un camino interesante y un camino que tiene que ver con ese gran espacio de encuentro con el que vamos a ir trabajando, demostrándolo con hechos", ha agregado.

Mazón ha manifestado que "es un camino que ya hemos iniciado" porque "realmente, para que haya un cambio en la Comunitat Valenciana lo más importante es que sumemos todos". "Queremos seguir sumando todos, con nuestro trabajo de día a día", ha aseverado, tras lo que ha expuesto que "cuando lleguen las elecciones" se tomarán las decisiones "que tengamos que tomar".

El presidente del PPCV ha declarado que ese es "un camino de brazos abiertos, no entre dos partidos sino entre un gran espacio de mucha gente en la Comunitat Valenciana que quiere acabar ya con esta división y con este ninguneo que tenemos aquí".

Preguntado por si la lista en la que se piensa sería una candidatura autonómica y al mismo tiempo una lista que pudiese extenderse a los municipios, ha subrayado que "no hay una lista planteada porque no hay unas elecciones planteadas".

No obstante, Carlos Mazón ha insistido en la idea de "trabajar en la suma, en el encuentro, en el trabajo diario y en las propuestas de reivindicación del cambio" para la Comunitat. "Vamos a ir trabajando y viendo día a día. Cuando lleguen las elecciones, lo veremos", ha concluido.

La Rioja no ha registrado fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, en un día en el que ha aumentado ligeramente la presión asistencial al pasar de los 24 ingresados de ayer a los 26 de este jueves, 7 de ellos en la UCI. Además, nuestra comunidad autónoma sigue aumentando sus casos activos y roza los 300 (en concreto 299, 21 casos más que ayer).

Así las cosas, y desde el inicio de la pandemia, en La Rioja han fallecido 825 personas por la enfermedad, 324 de ellos residentes de centros de mayores en la comunidad autónoma.

En cuanto a la presión asistencial, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 16 personas ingresadas en planta (una menos que ayer) y siete en la UCI (uno más que hace 24 horas).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (20 a día de hoy, siete más que el martes), la UCI riojana tiene en total 27 pacientes y se encuentra al 62,79 por ciento (unos veinte puntos más que ayer).

La Fundación Hospital de Calahorra, por su parte, cuenta con tres personas hospitalizadas por COVID-19 (dos más que ayer) con dos ingresos y cero altas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada a 14 días, ésta se sitúa este miércoles en 115,66 casos por cada 100.000 habitantes y a 7 días en 71,58. Por su parte, la positividad se sitúa al 4,62 por ciento.

Finalmente, no se tiene actualización a día de hoy de las personas que se encuentran en cuarentena en la comunidad riojana. Los centros de mayores, por último, continúan sin registrar ningún contagio entre sus residentes.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de "llegar tarde" a la hora de aplicar nuevas medidas tras el repunte de los contagios en Euskadi. En su opinión, las propuestas sanitarias el Gobierno Vasco ante la actual situación son "fruto de la improvisación" y llegan cuando ya es la comunidad autónoma con los "peores" datos.

El líder de los populares vascos se ha referido en estos términos en una rueda de prensa en la sede del PP en Bilbao, donde ha repasado temas de la actualidad vasca como las negociaciones sobre los Presupuestos Vascos o la situación de la pandemia en la comunidad autóma.

En este sentido, Iturgaiz ha acusado al Ejecutivo de, con las nuevas medidas aprobadas, hacer pagar a "justos por pecadores y que los irresponsables encierren a los ciudadanos responsables que se vacunan y toman precauciones".

También, ha añadido, el Gobierno Vasco ha puesto la "diana" en la hostelería, ha remarcado, porque ha vuelto a señalar de forma "lamentable" a ese sector a la hora de fijar restricciones, cuando los hosteleros "están hartos de ser siempre los paganos de esta situación en Euskadi".

Toda esta respuesta, desde su perspectiva, parece, "una vez más, fruto de la improvisación porque siempre llegamos los últimos pero, mientras tanto, a Urkullu no se les escucha ninguna autocrítica" ha lamentado.

En ese sentido, ha criticado que el lehendakari pida ahora "sopitas" a su socio en el Gobierno de Madrid, Pedro Sánchez, y le "implore" actuaciones cuando Euskadi ya está con los peores datos.

En este punto ha apuntado que, otras comunidades autónomas, como Galicia, han tomado ya iniciativas mucho antes que nosotros sin tener los datos tan malos y, además, contando con seguridad jurídica", ha recalcado.

Iturgaiz ha afirmado entender que cualquier tipo de medidas en el sentido restrictivo, para que sean efectivas, deben tomarse siempre con "el paraguas de la seguridad jurídica", pero es que eso, otros, ya lo pidieron.

Mientras, ha proseguido, desde el gobierno, en Euskadi, "sólo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y Urkullu nos viene ahora a instar a Madrid, cuando es él el que llega el último y con los peores datos". "No le he oído hacer autocrítica en este tema y siempre está echando la culpa a los demás".

En esa misma dirección, en la de repartir "culpas", Iturgaiz ha encuadrado las recientes referencias del lehendakari al "dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid y a la defensa de su régimen fiscal por parte de los empresarios vascos, por entender que la comunidad madrileña ofrece mejores condiciones fiscales para la actividad empresarial actualmente que Euskadi.

En opinión de Iturgaiz, las valoraciones tanto a la Comunidad de Madrid, como a su presidenta o a la postura de los empresarios vascos en este debate fiscal son un ataque "gratuito" que se le ha vuelto "completamente en contra" a Urkullu, porque se ha demostrado que el concierto económico en manos de este Gobierno Vasco ahuyenta la inversión en vez de atraerla.

También sirve el concierto vasco, ha añadido, "para usarlo como castigo fiscal y subir impuestos a familias y que los empresarios tengan peores condiciones fiscales que otras comunidades que, por cierto no tienen un concierto propio", ha apuntado.

Desde su perspectiva, el lehendakari en esta polémica fiscal se ha metido en "un jardín laberíntico, atacando a los empresarios vascos, del que no sabe ahora cómo salir". Mejor haría, ha apostillado, "no buscando los enemigos fuera y haría mejor en ayudar a esos empresarios vascos a acceder a ayudas para crear empleo y tejer la economía vasca".

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que las medidas que se estaría planteando el Ejecutivo ante el aumento de casos de Covid-10, en su caso para implantarlas a partir de la semana próxima, "no afectarían al conjunto de la población, sino que nos centraríamos en aquella parte de la población que ofrece mayor riesgo de acabar desarrollando la enfermedad con gravedad, en ingreso; estaríamos hablando de la parte de la población que no está vacunada".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que el pasaporte Covid es una de las medidas que se está trabajando, "más eficaz porque diferencia claramente a aquella población que tiene la pauta completa -de vacunación- de la que no la tiene".

El consejero ha señalado que desde el Ejecutivo "se mantienen los contactos con sector hostelero y cultural para evaluar con ellos las mejores medidas para atajar la situación que tenemos" y ha añadido que "seguimos con el camino que hemos iniciado con los sectores que podrían verse más afectados, teniendo claro que nos queremos centrar en aquella parte de la población que genera riesgo para sí mismo y para el sistema sanitario".

Ha explicado el portavoz que "todo ello debe hacerse con el aval judicial" y que por tanto deben ser "medidas adecuadas, proporcionadas, ajustadas para tratar de atajar las causas". "Si no es esta semana, muy a principios de la semana que viene, podremos dar informaciones más concretas de las medidas", ha aseverado.

En el caso del certificado Covid, ha expuesto Remírez que "tenemos las experiencias que se han resuelto en otras CCAA como Baleares o Galicia, que nos orientan, si planteamos esa medida, cómo tiene que ser y en qué términos".

El consejero ha insistido en que, a la hora de tomar medidas, "tenemos que centrarnos en aquella parte de la población que tiene más riesgo de contraer la enfermedad con mayor gravedad, con ingreso hospitalario porque hay que poner el foco en la presión asistencial más que en el número de contagios".

Según ha expuesto, "Navarra es una comunidad muy proactiva a la hora de detectar, de hacer pruebas, y hacer seguimiento de los contactos, pero gracias a la vacunación tenemos que centrarnos más en la presión asistencial que en el número de contagios". "A partir de ahí, tomar medidas concretas, no genéricas para el conjunto de la población", ha comentado.

Sobre dónde barajaría el Gobierno implantar la solicitud del certificado Covid, el consejero ha indicado que "los espacios de riesgo están definidos, aquellos espacios cerrados, donde hay menor ventilación y donde es más difícil cumplir las medidas preventivas de distancia y mascarilla". "En cuanto hablamos de espacios más abiertos, los riesgos disminuyen", ha precisado, para comentar que se está trabajando con el sector a qué locales concretos afectaría.

MENORES DE 12 AÑOS

Remírez ha señalado, en la rueda de prensa, que hay un 10 por ciento de población de más de 12 años que no está vacunada y "ocupa el 60 por ciento de las camas UCI". "Por lo que insistimos en la importancia de la vacunación y seguimos haciendo un llamamiento a esa parte de la población que, pudiendo vacunarse, no se ha vacunado", ha manifestado, para valorar la respuesta de la ciudadanía llamada para la dosis de refuerzo, así como que no hay casos en las residencias de mayores.

Sobre el aumento de casos en menores de 12 años, el portavoz ha indicado que "son personas que afortunadamente no desarrollan la enfermedad, salvo que tengan patologías previas, con un grado de gravedad; sí que son transmisores". "Y la medida que está trabajando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es la vacunación del colectivo entre 5 y 12 años", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que son partidarios de que, en cuanto la EMA lo autorice, "pongamos en marcha esa vacunación para que no sean excesivamente transmisores". "Una persona vacunada transmite con mucho menos virulencia el virus que una no vacunada", ha subrayado Remírez.

Después de estos últimos meses vividos con la pandemia del coronavirus, hasta un 83 por ciento de la población cree que es conveniente realizar reformas en la sanidad española, según muestra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que ha publicado este miércoles los resultados del Barómetro de noviembre.

La encuesta, realizada entre del 2 al 11 de noviembre entre 3.779 entrevistas, muestra que el 95 por ciento de los que está a favor de la reforma apoya un aumento de las plantillas del personal sanitario en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en el mismo porcentaje, se muestran partidarios de dedicar más recursos económicos. Además, un 91 por ciento cree conveniente aumentar la coordinación entre las CCAA y el 84 por ciento apuesta por más instalaciones y recursos dedicados a prevenir y abordar las pandemias.

Aumentar las plantillas del personal sanitario es para el 62 por ciento muy urgente, mientras que un 33 por ciento señala que es bastante urgente; le sigue dedicar más recursos económicos, siendo muy urgente para el 51% y bastante urgente para el 43 por ciento; aumentar la coordinación entre las CCAA es muy urgente para el 47 y aumentar las instalaciones y los recursos dedicados a prevenir y abordar las pandemias los es para el 41 por ciento de la población.

En relación con la situación sanitaria generada por el coronavirus en España, el 73,5 por ciento sigue considerado que 'lo peor ha pasado ya', frente al 7 por ciento que afirma que 'se sigue en el peor momento' y el 8,7 por ciento que cree que 'lo peor está por llegar'.

Pensando en todos los efectos de la pandemia, el 33 por ciento mantiene que la crisis del coronavirus le preocupa 'mucho'; un 48 por ciento afirma que 'bastante', y el 14 señala que le preocupa 'poco o nada'. Sobre qué les preocupa más, los efectos salud o los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo. El 42,6 por ciento ve con preocupación como afecta la economía y el empleo, mientras que el 28,8 señala la salud.

Finalmente, tal como está evolucionando la situación del coronavirus en España, el 41 por ciento considera que no es necesario que se tomen medidas de control y aislamiento más exigentes, que se puede continuar como hasta ahora. Un 33 por ciento está a favor de ir relajando las medidas en vista de la evolución de la pandemia; y el 21,6 considera que habría que tomar medidas más exigentes.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que le condena a 35 años de cárcel --cumplirá 20 como máximo-- por abusar sexualmente de sus dos hijas y una sobrina segunda, de forma puntual, y al abono de una indemnización de 130.000 euros.

El hombre ha sido condenado por los delitos de abuso sexual continuado, abuso sexual sobre menores y abuso sexual sobre menores de 13 años y los hechos se produjeron en el municipio de La Victoria de Acentejo.

En uno de los casos, los hechos se produjeron entre 2001 y 2009, hasta que la hija tuvo doce años y aprovechando el régimen de visitas dado que el hombre se había separado de su mujer.

Los tocamientos y penetraciones se producían de forma regular los miércoles y los fines de semana en el coche, en una oficina que no se usaba y en la propia vivienda familiar, a lo que añadía la reproducción de videos pornográficos.

En todo momento, señala la sentencia hecha pública este miércoles, le decía a la menor que no podía contar nada a nadie, especialmente a su madre, y que era "un secreto" entre ellos.

Con su otra hija, nacida de un segundo matrimonio, tuvo un comportamiento similar, y fue sometida a tocamientos y penetraciones desde que tenía tres años, y cuando empezó a resistirse, la drogaba con benzodiazepinas.

Además, y en el año 2013, aprovechando que la hija de un primo pasó la noche en su casa, la besó en la boca y le realizó diversos tocamientos.

A raíz de estos hechos, la menor, de 10 años, presentaba un cuadro de sintomatología ansiosa y depresiva y baja autoestima.

Al condenado también se le impone la pena de libertad vigilada durante diez años y la prohibición de aproximarse a las víctimas a menos de 500 metros.

Airbnb ha anunciado que donará cinco euros por cada reserva que se realice para una estancia en Canarias entre el 3 y el 8 dediciembre procedentes de su comisión para ayudar a los afectados por la erupción del volcán de La Palma.

En un comunicado este miércoles, la empresa ha explicado que el dinero recaudado se destinará a un fondo gestionado por Cruz Roja Española para La Palma, que ayuda a proporcionar alojamiento, gestión logística, atención sanitaria de emergencia y apoyo psicológico a los afectados, así como tareas de búsqueda y rescate.

La voluntad es "apoyar y promover el retorno seguro de los viajes al resto de las islas" y apoyar a la recuperación de La Palma.

La directora general de Airbnb Marketing Services, Mónica Casañas, ha señalado que la empresa quiere poner su "parte para ayudar a los afectados" y ha señalado la reducción del turismo en las Canarias a causa de la erupción.

La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, ha asegurado que "las islas Canarias son un destino seguro y la mejor manera de apoyar a La Palma" es ayudar a reactivar su economía a través del turismo.

El consejero de Turismo del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, también ha hecho hincapié en que la región es un destino seguro y ha señalado que el "sector turístico será fundamental en la recuperación de La Palma en el futuro, pero también en el presente".

Por su parte, fuentes del Cabildo han recordado que la erupción afecta a menos del 10% de su territorio y que se "mantiene un ritmo normal de vida en la mayor parte de la isla".

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido "responsabilidad" a las administraciones públicas, "especialmente" las autonómicas, de cara al nuevo decreto nacional sobre evaluación, toda vez que el evaluativo "no es el único elemento que tiene que ver con el éxito del sistema educativo".

"Al revés, tenemos que apostar por la bajada de las ratios, porque las niñas y niños y los jóvenes tengan los apoyos necesarios para poder tener una carrera educativa exitosa", ha añadido Belarra, quien ha subrayado que esto "se hace poniendo más profesores y profesoras, se hace apostando por la escuela pública, se hace apostando por las escuelas infantiles".

Así, a preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa en Mérida sobre críticas vertidas por el PP al decreto sobre evaluación educativa aprobado este pasado martes en Consejo de Ministros, ha destacado que el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo "muy importante" para "revertir" la situación que había generado la LOMCE y que estaba generando "consecuencias nefastas" para el sistema educativo, y ha considerado una "buena noticia" el citado decreto.

En concreto, ha subrayado que este decreto es una "buena noticia" porque "realmente pone el foco en apoyar a los estudiantes, en eliminar todas las barreras que se les estaba poniendo para que las personas y especialmente los y las jóvenes puedan desarrollar en plenitud su carrera educativa".

"En lo que nos tenemos que concentrar, y es el mensaje que quiero mandar a todas las administraciones públicas, especialmente las autonómicas que son las que tienen muchas competencias en materia de educación, y es que la evaluación no es el único elemento que tiene que ver con el éxito del sistema educativo", ha incidido.

"Al revés, tenemos que apostar por la bajada de las ratios, porque las niñas y niños y los jóvenes tengan los apoyos necesarios para poder tener una carrera educativa exitosa... y eso se hace poniendo más profesores y profesoras, se hace apostando por la escuela pública, se hace apostando por las escuelas infantiles como hicimos ayer en el Consejo de Ministros", ha añadido a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la firma de Mérida de un convenio con la Junta de Extremadura sobre dependencia enmarcado en el Plan de Recuperación.

En esta línea, ha pedido "responsabilidad" a todas las administraciones públicas para lograr reducir una tasa de abandono escolar que España" no se puede permitir", y para de ese modo ponérselo "fácil" a los estudiantes que tienen las situaciones "más complicadas", como los que "no tienen conexión a Internet y no pueden hacer los deberes por ello" o "los niños y niñas que tienen que irse pronto a la cama porque sus padres no pueden poner la calefacción".

Ha defendido al respecto la importancia de trabajar par a que "todos esos niños con los entornos más desfavorecidos encuentren en las administraciones públicas personas y equipos que realmente les ayuden a tener una carrera, una trayectoria educativa exitosa".

La orden del Gobierno Vasco que insta a los municipios con una tasa de incidencia de covid superior a los 150 casos por 100.000 habitantes a "suspender o posponer temporalmente" las actividades en las que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas frente al coronavirus ha entrado en vigor este miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

La orden recoge las medidas anunciadas este pasado martes por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, frente al incremento del número de contagios por covid que se viene registrando en las últimas semanas en Euskadi, que ha situado la tasa de incidencia acumulada en 14 días en 196 casos por 100.000 habitantes.

Las medidas incluidas en esta nueva norma, que complementa una orden anterior del 6 de octubre en la que se levantaron la mayor parte de las medidas preventivas frente a la covid, serán de aplicación en aquellos municipios vascos en los que la incidencia acumulada es superior a los 150 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La web del Departamento de Salud divulgará dos veces por semana la relación de las tasas por municipio, en función de la cual se determinará qué localidades se ven afectadas por la orden.

Los municipios deberán de informar a la ciudadanía de la situación de la localidad y difundir las medidas preventivas que deben seguirse mientras se mantenga la situación de alta transmisión.

"RESPETO A LAS COMPETENCIAS"

Además de mantener las medidas que no se retiraron el pasado 6 de octubre (como el uso obligatorio de la mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad), la nueva orden establece otras directrices adicionales, "dentro del necesario respeto a las competencias de otras administraciones públicas y a las medidas que, en el ejercicio de tales competencias, estas adopten".

De esa forma, determina "suspender o posponer temporalmente, mientras se mantenga el municipio en situación de incidencia superior a los 150 casos por 100.000 habitantes, la celebración de todas aquellas actividades, independientemente de su ámbito, en las que las autoridades municipales prevean que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas previstas en el anexo de la Orden de 6 de octubre de 2021".

En la orden publicada este miércoles se precisa que "los eventos o actividades en los que resulta más difícil garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas básicas, especialmente el uso de la mascarilla, son aquellos en los que se contemple la ingesta de comidas o bebidas".

REFUERZO DE LA SEGURIDAD

En aquellos eventos que se organicen manteniendo las medidas preventivas, tanto en espacios interiores como al aire libre, el Gobierno Vasco indica que "conviene reforzar medidas de distanciamiento que eviten aglomeraciones y promuevan la dispersión del público".

De esa forma, indica que en estos casos "se procurará" aumentar el espacio destinado al público en aquellos lugares donde se prevean concentraciones; establecer pasillos de tránsito para facilitar el flujo ordenado de personas; y delimitar los espacios destinados a la venta y consumo de alimentos y bebidas.

Asimismo, señala que "cuando sea posible, se procurará organizar las actividades en el exterior", dado que --según recuerda-- "las actividades al aire libre son las más seguras", puesto que "el riesgo de contraer o transmitir la COVID-19 es mayor en espacios cerrados y con mucha gente".

En lo que respecta al control de las medidas y el régimen sancionador, la orden aclara que resultará de aplicación lo recogido en la Orden de 6 de octubre de 2021.

La norma publicada este miércoles incluye un anexo de 'Directrices dirigidas a la ciudadanía de municipios con elevada transmisión de covid-19'.

DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES

En este anexo se indica que en las localidades que se encuentren en esta situación, "además de las medidas preventivas generales, se precisa tomar medidas adicionales para reducir la transmisión" de la covid.

En el anexo se recuerda que "vacunarse es la mejor protección", ya que "se ha demostrado que las personas vacunadas que se contagian tienen síntomas más leves, y que se reducen los casos de hospitalización y de muerte".

Además, recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio "siempre" en espacios interiores de uso público, y en espacios al aire libre cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de un metro y medio. También se señala que en establecimientos y servicios de hostelería y restauración, el uso de la mascarilla es obligatorio, salvo en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas.

Por otra parte, se insiste en la conveniencia de la higiene frecuente de manos con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas, así como en la importancia de la ventilación de espacios interiores, algo especialmente relevante "cuando se tienen reuniones en espacios interiores con personas con las que no se convive".

ENCUENTROS SOCIALES EN EL EXTERIOR

El Departamento de Salud recomienda que los encuentros sociales sean en el exterior y que, en el caso de que sea imposible, se trate de "posponer" dichos encuentros. En el caso de que, pese a estas recomendaciones, se realicen encuentros sociales en interiores, el Gobierno insta a "asegurar la ventilación y el uso correcto de la mascarilla".

Otras de las directrices incluidas en este anexo son evitar las aglomeraciones de personas y que las personas con síntomas compatibles de covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria) o que sospechen haber tenido contacto estrecho de un caso positivo, "no deben participar en ninguna actividad ni evento social".

Estas personas --añade la orden-- "deberán aislarse, utilizar mascarilla quirúrgica y contactar con los servicios de salud y seguir sus indicaciones". Ante la aparición de síntomas compatibles con covid-19, se insta a contactar con un centro sanitario o al Consejo Sanitario en el teléfono 900203050.

El Departamento de Salud recuerda, asimismo, que el riesgo de contraer o transmitir el virus "aunque en menor grado, sigue existiendo incluso teniendo la pauta completa de vacunación". Por ese motivo, afirma que resulta "fundamental" que aun estando vacunado, se siga todas estas pautas preventivas