Premios Rei Jaume I han considerado que la cumbre del clima de Glasgow, la llamada COP26, ha «desilusionado mucho» no tanto por haberse quedado «corta» en «el qué, sino en el cómo», por no aclarar las actuaciones para frenar «un cambio climático que ya está aquí». Al respecto, señalan que, para hacer frente a este desafío, «no se trata solo de poner más dinero, sino de usarlo con más sesera» por parte de los Gobiernos, y también de que los ciudadanos estén dispuestos a realizar «sacrificios».

Los seis galardonados en la edición de este año han ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa a la ceremonia de entrega del próximo viernes, que estará presidida por el Rey Felipe VI. Este año, el Premio Rei Jaume I Investigación Básica 2021 ha sido para Licia Verde; Economía, para Antonio Cabrales; Investigación Médica 2021, que ha recaído en Eduard Batlle; Protección del Medio Ambiente, para Fernando Valladares; Nuevas Tecnologías, que ha ganado Nuria Oliver, y al Emprendedor, a Benito Jiménez.

Al respecto, el premio Protección del Medio Ambiente, Fernando Valladares, ha considerado que la cumbre de Glasgow ha «desilusionado mucho», pero no tanto porque «las ambiciones se hayan quedado cortas», que lo han hecho, sino porque «es más importante el cómo, el tener pájaro en mano» y no se ha aclarado.

Así, se ha referido a que se ha mantenido el objetivo de la cumbre de París de hace seis años de limitar el calentamiento global a 1,5°C, pero requiere marcar cómo conseguirlo. «Al igual que cuando en la Cumbre del G-20 los líderes mundiales se abrazan y dicen que van a reflotar la economía y reducir las emisiones, si no te dicen cómo, es solo un milagro», ha refutado. Lo mismo ocurre, ha apuntado, con los objetivos de detener la reforestación o reducir en 2030 un 30% las emisiones del gas metano cuando hay muchos países que ni saben lo que emiten.

Por ello, exige «medidas concretas» para hacer frente al cambio climático, que «no es una cosa cultural sino que ya está aquí» y ya supone «una sangría» en vidas humanas: medio millón de muertes directas anuales y de forma indirecta decenas de millones, «varias veces las que está causando la pandemia».

Además, ha criticado que se «han dejado demasiadas cosas a los países para que improvisen cuando unos tienen más voluntad que otros» y «de nada sirve que los países se organicen si no hay un consenso, que incluya a los grandes contaminantes, porque la velocidad la marca los países que van más despacio».

Fernando Valladares ha reivindicado «el maridaje perfecto entre ciencia y activismo», la primera para «orientar y marcar objetivos» y la segunda para «empujar» a llevarlos a cabo. Asimismo, pide «valentía» para «abordar las causas últimas» del cambio climático, «el modelo de relación con la naturaleza, que es lo que está en cuestión y de lo que nadie habla».

Además, en el plano nacional, reclama una mayor unidad de acción entre los distintos ministerios: «No se trata de poner más dinero, sino usarlo con más sesara , que es un producto humano en peligro de extinción».

Por su parte, el Premio Jaime I Economía, Antonio Cabrales, cree que «no se puede echar la culpa solo a los políticos si nosotros mismos no estamos dispuestos a sacrificar nada» ya que frenar el cambo climático también depende de las acciones concretas.

Así, apunta a que los españoles estamos muy concienciados en reducir emisiones, pero pocos están dispuestos a pagar un 20% en energía para conseguirlo, como se vio en la revuelta de los chalecos amarillos de Francia que protestaban por una subida de los precios de los carburantes a causa de los impuestos ecológicos.

INVESTIGACIÓN A LARGO PLAZO

Asimismo, los premiados de este año han defendido la necesidad y la utilidad de las investigaciones a largo en plazo, y no solo de la investigación aplicada, porque en muchas ocasiones tienen además consecuencias en otras áreas.

Así, el Premio Rei Jaume I Investigación Básica 2021, Licia Verde, pionera en las técnicas de análisis para extraer información precisa sobre la física que gobierna el Universo, ha defendido que el estudio del cosmos también tiene su aplicación práctica como la translación de la tecnología óptica que se emplea para el estudio de las galaxias a las cámaras de los móviles.

Asimismo, el Premio Investigación Médica 2021, Eduard Batlle, ha apuntado que muchos de los grandes avances en medicina son consecuencia de investigaciones no relacionadas y, en ese sentido, ha apuntado que en la rapidez de las vacunas contra la covid han influido estudios previos de coronavirus en murciélagos y de trabajos sobre moléculas de ARNm.

Por ello, exhorta a los Gobiernos a que no presionen tanto en una investigación aplicada, ya que en momentos de urgencia es necesaria, pero «hay que investigar mucho ya que hay muchas cosas que no entendemos y es difícil predecir el futuro».

Precisamente, la premio Nuevas Tecnologías, Nuria Oliver, ha resaltado que cuando estalló la pandemia sintió «la obligación moral» de poner sus estudios de métodos de Inteligencia Artificial al servicio de la Generalitat para que «los tomadores de decisiones» pudieran actuar «bien informados en la evidencia» y ha resaltado que su equipo se ha sentido «muy respaldado».

De igual modo, el Premio Emprendedor, Benito Jiménez, ha apuntado que una empresa que solo piense a corto plazo «tendrá problemas» a largo plazo y así ha apostado por la I+D+i también en el sector privado, que redunda en beneficio público. Para ello, se requiere incentivos de las administraciones, voluntad de los empresarios y disponibilidad del talento.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que esta vez el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) autorice la posibilidad de exigir en Euskadi el ‘pasaporte covid’ porque es una medida «razonable».

No obstante, cree que debería haberse establecido en todo el Estado y se ha preguntado de qué sirve pedir en la Comunidad Autónoma Vasca este certificado sanitario si, después, existe movilidad con otras autonomías limítrofes en las que no se solicita.

En una entrevista concedida a Antena3, Ortuzar se ha referido al incremento de contagios por la covid-19 y de la tasa de incidencia acumulada en Euskadi, y ha señalado que los vascos «están mucho en la calle, son mucho de socializar», y tienen «mucho contacto». «Es verdad que, a pesar de que tenemos la tasa más alta de vacunación del Estado, tenemos también en este momento una tasa muy alta de contagiados», ha admitido.

En todo caso, ha considerado que «lo que intranquiliza o tranquiliza no es tanto la tasa de contagiados», sino los ingresos hospitalarios y, sobre todo, en las UCIs. El líder jeltzale ha destacado que, en cuanto a ingresos en hospitales y en Unidades de Cuidados Intensivos, Euskadi «está por debajo de la media del Estado». A su juicio, esto puede deberse a que en la Comunidad Autónoma Vasca se hacen más pruebas que en otras zonas.

PASAPORTE COVID

En cuanto a la pretensión de implantar el ‘pasaporte covid’ en Euskadi, ha dicho que espera que en esta ocasión el TSJPV avale esta medida solicitada por el Gobierno Vasco porque es «bastante razonable».

Tras recordar que el tribunal vasco ha rechazado, en otras ocasiones, otras restricciones decretadas por el Ejecutivo, ha dicho que hay «algún juez negacionista» en la Comunidad Autónoma, pero confía en que esta vez la Sala de lo Contencioso-administrativo respalde la exigencia del certificado sanitario porque está en práctica en Galicia con «buenos resultados».

En todo caso, considera que se tendría que haber hecho «un esfuerzo» para establecer esta medida en todos el Estado. «¿De qué sirve que nosotros lo pidamos en Euskadi si, luego, en la comunidad de al lado, donde pueden ir nuestros vecinos, no van a pedirlo?», ha preguntado.

El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha señalado la necesidad de adoptar «estrategias con visión de futuro» y dejar a un lado «los enfoques miopes» por el «imperativo moral y humanitario» que supone la eliminación global de las armas nucleares.

«Es evidente la necesidad de adoptar estrategias con visión de futuro, evitando enfoques miopes y estrechos de miras para abordar los problemas y las cuestiones de desarme», ha señalado el purpurado en un videomensaje que ha sido emitido en las sesiones de debate con el título ‘¿La conversión nuclear? ¡Vale la pena!’, un evento organizado en la ciudad de Asís. La iniciativa ha sido promovida por la organización ‘Civilización del Amor’, cuyo objetivo es la eliminación efectiva de los arsenales nucleares y su conversión en iniciativas de paz.

Para Parolin, se debería promover en la comunidad internacional la reflexión sobre «una ética multilateral y cooperativa de la paz y la seguridad» que vaya más allá «del miedo y el aislacionismo que impregnan muchos debates actuales». Del mismo modo, ha defendido el «multilateralismo» que tiene como centro el diálogo y la cooperación «responsable, honesta y coherente» entre todos los miembros de la familia de naciones como el único medio de promoción de una cultura de la vida y de la paz.

Parolin ha instado a la comunidad internacional a reconsiderar el «concepto de seguridad» que, según ha señalado, «debe basarse en la justicia, en el desarrollo humano integral, en el respeto a los derechos humanos, en el cuidado de la creación, en la promoción de la educación y la sanidad, en el diálogo y la solidaridad, en definitiva: en el bien común buscado con voluntad sincera y aplicado con determinación».

También ha recordado que en enero se celebrará la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, que ha definido como «un momento crucial para la comunidad internacional». En este sentido, ha invitado a las potencias nucleares a «demostrar claramente su capacidad para comprender los retos actuales, abordarlos y resolverlos».

El secretario de Estado del Vaticano ha reiterado la idea de que los recursos económicos que «se desperdician en armas, especialmente en armas nucleares» podrían destinarse a prioridades más importantes, para garantizar la seguridad de las personas. «Qué decisión tan valiente sería utilizar el dinero que se gasta en armas y otros gastos militares para crear un fondo mundial que elimine el hambre de una vez por todas y contribuya al desarrollo de los países más pobres», ha concluido.

El Pleno del Senado ha aprobado con el voto en contra de Vox y la abstención del PP la reforma legal de varias leyes para dejar de considerar «cosas» a los animales, que a partir de ahora serán atendidos en accidentes y ya no serán considerados como bienes inmuebles de modo que en casos de separación o divorcio el juez tendrá que decidir sobre su custodia.

Así, la Cámara Alta da luz verde al proyecto de ley para modificar el régimen jurídico de los animales en la Ley Hipotecaria, el Código Civil y la Ley de enjuiciamiento civil.

La iniciativa presentada por el Grupo Socialista pasa a considerar «seres sintientes» a los animales, en vez de cosas o bienes como hasta ahora. Esta modificación permitirá situaciones como por ejemplo que en un accidente de tráfico queden desatendidos ya que hasta ahora no hay obligación de cuidarlos.

En concreto, la proposición señala que los animales pasan a ser reconocidos en su «naturaleza de seres vivos dotados de sensibilidad, es decir, de «seres sintientes».

La senadora socialista que ha defendido la propuesta, Elena Diego, ha celebrado que la modificación supone un «cambio necesario y demandado» por la sociedad española. «Los animales no pueden ser considerados como cosas en nuestro ordenamiento jurídico sino como lo que son, seres vivos con sensibilidad», ha explicado la senadora socialista por Salamanca.

Con la nueva norma se responderá a las crecientes situaciones de divorcios y separaciones de parejas, que tras una ruptura desean seguir compartiendo su vida con su mascota. La Ley garantiza la protección del animal, frente al sufrimiento de alejarlo de su hogar y de su vida compartida hasta ese momento.

«El texto recoge cómo se reparten los tiempos y las cargas de las mascotas en las rupturas familiares, ya sean matrimonios o parejas de hecho, y si no se ponen de acuerdo las parejas, lo decidirá el juez», ha subrayado la senadora socialista por La Rioja, Victoria de Pablo.

En torno a 30.000 de las 100.000 parejas que se divorcian al año en España cuentan con una mascota, por lo que De Pablo considera que «urgía definir la relación de los animales con los humanos en el ámbito familiar y especialmente en momentos de ruptura».

Con la ley se evitarán también situaciones como en los accidentes de tráfico, de modo que los animales tenían la misma consideración que una maleta y no exista obligación de atenderlos y no podrán ser embargados.

El PSOE ha manifestado que la norma «responde también a la sensibilidad y el compromiso creciente de la sociedad española, contraria a tratar a los animales de compañía como meras cosas, y, por supuesto, a su maltrato».

TAMBIÉN PAREJAS DE HECHO

La proposición de Ley ha incorporado varias enmiendas al texto que llegó del Congreso de los Diputados. Entre ellas una que además incorpora a las parejas de hecho en el articulado referido a la protección de las mascotas en caso de separación de los convivientes. «Cualquiera que tenga una mascota sabe que no es una cosa», ha agregado la senadora Victoria de Pablo.

Durante el debate parlamentario Vox ha expresado su rechazo al proyecto de ley porque considera que da categoría de derecho a los animales que, sin embargo no tienen deberes y ha afeado al PSOE de defender más los derechos de estos que de las personas. Así, se ha referido al aborto y ha mostrado su oposición frontal a un texto que considera cargado de ideología animalista.

En su intervención posterior, la senadora Diego ha calificado de «despreciable» que el senador de Vox haya comparado los derechos de las mujeres con los de los animales. «El derecho de las mujeres a abortar dentro de la legalidad es algo que ustedes no van a quitarnos», ha apostillado.

Por su parte, el grupo parlamentario popular se ha abstenido por estar de acuerdo en el fondo de la defensa del bienestar animal y como «defensor de la descosificación de los animales», pero se opone a algunas cuestiones técnicas del proyecto.

La española Juana Ruiz, detenida el pasado mes de abril por las autoridades israelíes en Cisjordania, ha sido condenada este miércoles a 13 meses de cárcel y una multa de unos 14.000 euros por un tribunal militar israelí conforme al acuerdo alcanzado la semana pasada entre defensa y acusación.

Así lo ha confirmado su abogado, Avigdor Feldman, quien ha precisado que su cliente «comparecerá en unos días ante una junta de libertad condicional, la cual podría reducir un tercio la condena».

De ser así, ha aclarado, Ruiz «podría salir en libertad en dos semanas» pero de lo contrario su liberación no se produciría previsiblemente hasta marzo de 2022.

Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC), fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén.

Contra la española se presentaron inicialmente cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC, organización a la que Israel considera ilegal, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones. Finalmente, en virtud del acuerdo con el fiscal, solo se han mantenido dos de ellos, por trabajar para una organización ilegal y por haber introducido dinero con falsas pretensiones.

VINCULACIÓN CON EL FPLP

Las autoridades israelíes vinculan a HWC con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización terrorista, y aseguran que la ONG para la que trabajaba Ruiz desvía fondos para financiar las actividades terroristas de este grupo.

Además, el acuerdo con la acusación sirvió de argumento al Gobierno israelí para reafirmarse en su denuncia de que otras seis ONG ilegalizadas hace unas semanas financian las actividades del FPLF, al que tanto la UE como Estados Unidos considera una organización terrorista.

En este sentido, el abogado de Ruiz había presentado un escrito ante el tribunal para desmentir la «declaración falsa» hecha por los ministros de Defensa, Benny Gantz, y el de Exteriores, Yair Lapid, quienes reivindicaron que con su acuerdo con la fiscalía, la española había confesado financiar al FPLP.

«La admisión de culpabilidad es una prueba más de que una organización terrorista cínica y asesina ha establecido una red de mentiras y fraude que opera bajo la guisa de organizaciones humanitarias para conducir el flujo de fondos terroristas, engañando deliberadamente a las organizaciones y gobiernos donantes», sostuvo Lapid en el comunicado conjunto.

Este miércoles, la juez del caso ha dado la razón a Feldman, ratificando que los hechos de los que se habla en los antecedentes del acta de acusación «no se atribuyen a la propia acusada» que «ni tenía conocimiento ni participó en su ejecución», según ha relatado el abogado.

El acta de acusación enmendada consta de dos partes, una de contexto y otra referida propiamente a la acusada. En la primera se menciona expresamente al FPLP y a que financia sus actividades mediante organizaciones civiles que controla, citándose expresamente a las seis declaradas como ilegales por el Ministerio de Defensa israelí el pasado 22 de octubre.

En la parte relativa a la acusada, no hay ninguna mención a que esta «conociera ninguna actividad del FPLP en Cisjordania», sino que simplemente se la acusa de «transferir dinero a un territorio ocupado y se afirma explícitamente que la acusada no conocía que el dinero transferido era trasladado al FPLP», esgrimió el letrado en su escrito solicitando al tribunal que ratificara este extremo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante la Sala Segunda del órgano judicial un informe por el que solicita la inadmisión de la querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de alzamiento de bienes al recibir en 2011 un piso de sus padres en calidad de donación.

En un escrito de 26 de octubre, el fiscal Javier Zaragoza ha pedido que se acuerde la inadmisión y «el archivo de las actuaciones» ante la «manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados».

La Asociación Libre de Abogados acusa a Díaz Ayuso de presuntamente aceptar la donación efectuada por sus padres de la que era su vivienda familiar para evitar que el inmueble pudiera ser objeto de reclamación por su condición de deudores de la entidad Avalmadrid, empresa pública que había concedido en febrero de 2011 un crédito aval por importe de 400.000 euros de Infortécnica SL, del que eran socios sus papás.

La querella, va dirigida contra nueve personas, entre ellas la presidenta regional, su hermano y su madre por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal, un delito que acarrea penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

ALA sostiene que Díaz Ayuso «actuó de manera activa» para la obtención de información «privilegiada y confidencial« respecto a terceros, adelantándose de esta forma a las transmisiones del resto de socios, que perfeccionan el presunto delito de alzamiento de bienes.

Para el Ministerio Público «resulta obvio» que en el presente caso no concurre indicio fundado alguno que soporte la presunta participación de Díaz Ayuso en el hecho delictivo objeto de la querella.

La Fiscalía ha subrayado que la dirigente «ni tuvo relación o participación alguna en la actividad de la sociedad Infortécnica SL, ni se benefició en modo alguno del crédito-aval concedido por Avalmadrid a esta sociedad, ni puede ser considerada deudora en relación con el impago de ese crédito (lo que excluye la posibilidad de ser considerada autora material del delito».

LO ESTUDIARÍA EL SUPREMO SI LO ENVÍA UN JUEZ ORDINARIO

En este sentido, el fiscal Zaragoza ha explicado que para fijar con carácter indiciario la presunta participación intencional de la ahora presidenta madrileña en el hecho delictivo que se relata –aunque sea a título de cooperadora necesaria– «sería necesario, en primer término, que por los órganos naturales de la jurisdicción ordinaria se depurara y se investigara la realidad del hecho punible y las responsabilidades de los autores del mismo».

Así, ha señalado que, «únicamente» en el caso de que en el curso de esa previa investigación judicial se aportaran a la causa penal «elementos indiciarios inequívocamente incriminatorios» de la «intervención dolosa e intencional» de Díaz Ayuso en el delito de frustración de la ejecución mencionado, «podría plantearse -vía exposición razonada del juez de instrucción ordinario- la exigencia de responsabilidades ante el órgano judicial competente por razón del aforamiento».

«En síntesis, la querella debe ser rechazada respecto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid al no concurrir indicios de que haya participado presuntamente en la comisión de hecho delictivo alguno, careciendo de competencia este tribunal respecto a los restantes querellados», ha señalado el representante de la Fiscalía.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

La presidenta madrileña siempre ha negado que mediara para beneficiar a su entorno. Ya en el pasado, Más Madrid interpuso una denuncia ante las sospechas de irregularidades en la concesión del crédito.

Según la denuncia del partido, el crédito se concedió con una garantía hipotecaria sobre una finca situada en Sotillos de la Adrada (Ávila) y con el aval solidario de los socios de la propia empresa.

En noviembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia que interpuso Más Madrid. No apreció indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias.

El caso sobre las presuntas irregularidades en las operaciones de préstamo realizadas por Avalmadrid llegó también a la Asamblea de Madrid en una comisión de investigación registrada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. La comisión concluyó que hubo «irregularidades» en el préstamo que la entidad concedió en 2011 a MC Infortécnica.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que finalmente suprime el margen de 20 kilómetros hora (km/h) adicionales para adelantar en carreteras convencionales como defendía el PSOE, cuya enmienda en este sentido se ha aprobado con 137 votos a favor, 112 en contra y 5 abstenciones.

El conjunto del proyecto de Ley no ha contado con el respaldo de PP, Vox y Ciudadanos, tres formaciones que se han abstenido. El texto será remitido de nuevo al Congreso para que ratifique los cambios introducidos en la Cámara Alta.

El Senado ha dado así el visto bueno a la enmienda socialista que argumenta que «no tiene sentido mantener esta excepción que no existe en ningún país de nuestro entorno» y que su mantenimiento «invita a los adelantamientos por lo que va contra la seguridad vial». «La maniobra de adelantamiento es una de las más peligrosas que debe realizar cualquier conductor, debido a la probabilidad de ocurrencia de colisiones frontales», añade.

Esta medida ha sido una de las más controvertidas durante la tramitación de la reforma en el Congreso. Entonces, el Gobierno propuso la eliminación de ese margen de 20 km/h, pero la Comisión de Interior de la Cámara Baja rechazó dicha propuesta al aprobar una enmienda presentada por el BNG, por un sólo voto de diferencia (19 votos a favor y 18 en contra).

Durante el debate, el senador socialista, Raúl Díaz Marín, ha defendido la supresión de los 20 km/hora para adelantar para reducir el riesgo al mínimo, que es «lo único que persigue». «¿Se fían de FESVIAL o de Forocoches?», ha preguntado a la derecha para asegurar que con esta medida se pretendió en su momento garantizar la fluidez del tráfico.

«¿Se han preguntado cuántas vidas se pueden salvar con esta medida?», ha añadido su compañera de filas Paloma Hernández, para negar que sea una medida con fin.

Sin embargo, Desde el PP, Raúl Díaz Marín, ha criticado ha criticado la supresión de los 20 km/hora para adelantar. «Ha dicho que está avalada por un grupo de expertos, como sean los mismos expertos que asesoraron a Fernando Simón con el covid, la verdad que estamos en buenas manos», ha ironizado. Díaz Marín también ha lamentado que se ha querido tramitar la norma «con demasiada cerelidad» y ha advertido de que la futura norma no contentará a nadie. También

En la misma línea, desde Vox, la senadora Yolanda Melero, cuyo grupo se ha abstenido, ha señalado que muchas de las novedades que introduce la ley pero se ha opuesto a la supresión del límite de 20 kilómetros para adelantar en carreteras secundarias. «Tiene un afán recaudatorio desmesurado y desordenada voluntad de prohibir porque restringe libertad sin mejorar para el interés general. Es el valor superior que damos a la vida humana. No hay conducción segura y eficiente sin velocidad adecuada, el adelantamiento es esencial para que los vehículos circulen a una velocidad adecuada», ha dicho.

Melero también ha criticado la eliminación a la mención de las autoescuelas online que también se ha producido durante el paso del texto por el Senado, pero en un trámite anterior al pleno. De hecho, este miércoles se encontraban en el hemiciclo siguiendo el debate representantes de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que se oponían a que la ley mencionara expresamente la formación online.

También desde Ciudadanos, que se han abstenido en la votación final, Miguel Sánchez López, ha lamentado la supresión de la mención a las autoescuelas online. Por el contrario, Almudena Otaola, de PNV, ha defendido las autoescuelas presenciales porque, a su juicio, una sucursal sin un local físico merma la apuesta por mantener vivos los barrios y ciudades.

Finalmente, Xabier Castellana, por ERC, se ha felicitado de las once enmiendas transaccionales pactadas y considera que el texto permite avanzar en un «tráfico más pacificado, más seguro y más humano, que permitirá que la autonomía municipal haga la sintonía fina».

PRINCIPALES CAMBIOS

El proyecto de ley, que modifica la Ley de Tráfico de 2015, tiene como objetivo el agravamiento de las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante o el mal uso de los elementos de seguridad y protección del vehículo.

Entre las novedades que incluye esta reforma normativa destacan la penalización con seis puntos del carnet conducir sujetando el móvil con la mano; con cuatro no utilizar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil (sillitas infantiles), casco y otros elementos de protección; así como se establece la obligatoriedad del casco para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes.

La nueva ley también sustituye la infracción grave consistente en «utilizar» mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de «llevar en el vehículo» esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción.

El presidente y director de ‘El Español’, Pedro J. Ramírez, publica este miércoles 17 de noviembre ‘Palabra de director’, la primera parte de sus memorias, con el sello de Editorial Planeta. «Es una larga carta de amor al periodismo y ojalá que sirva para contagiar el virus a muchos de los que lo lean», ha afirmado.

En una rueda de prensa celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para presentar el libro, que ya va por su segunda edición, el periodista cree que el periodismo es «un virus que se está contagiando constantemente». «No hay más que mirar a los ojos a las personas más jóvenes que están con nosotros en las redacciones para reconocer esa pasión esa llama que nunca se va a apagar», ha declarado.

Aunque reconoce que el periodismo tiene «problemas como profesión, como modelo de negocio, como sector empresarial», Pedro J. Ramírez defiende que «la demanda de la sociedad del buen periodismo sigue estando ahí». Así, ha declarado que «este libro, de alguna manera, es el preámbulo de cosas que sucedieron después, pero va a ser también el preámbulo del retorno de una nueva edad de oro de los periódicos y el periodismo».

Pedro J. Ramírez expone en este libro de más de 600 páginas la historia de España desde la Transición, abordando sucesos políticos, hablando sobre sus protagonistas, mentiras y verdades destapadas sobre el 23-F, los GAL, las campañas electorales de los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, juegos de los partidos, los atentados del 11-M, y conversaciones con dirigentes de ETA, empresarios o políticos.

Preguntado por las razones detrás del título del libro, ‘Palabra de director’, Pedro J. Ramírez ha contestado que cuando le nombraron director a los 28 años pensó que «iba a ser para un rato» y, en cambio, «más de las dos terceras partes» de su vida adulta «han transcurrido dirigiendo periódicos».

«Refundé uno de ellos, Diario 16, y he fundado los dos siguientes como sistema de autoempleo porque no me hubieran contratado en ningún otro tal y como estaban ya las cosas», ha relatado el periodista, que defiende que «el director tiene que tener palabra», hacia su equipo y hacia la sociedad.

En su intervención, Pedro J. Ramírez ha afirmado que «sin idealismo no hay buen periodismo» y que el «peor enemigo» de este es la rutina. «Lo que menos me gusta de un periodista es que se vuelva escéptico, que pierda la ilusión», ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que «una y otra vez» hay que volver a ilusionarse y dejarse sorprender por la vida, que es la «materia» del trabajo periodístico. Así ha explicado el sentido de la dedicatoria del libro, dirigida a Cruz Sánchez.

Respecto a sus mayores satisfacciones y decepciones, Pedro J. Ramírez ha indicado que en el libro «se cuentan cosas muy notables» de la historia de España en las que él y los periódicos que dirigía han tenido protagonismo. En este punto, ha destacado que publicó en exclusiva el contenido del sumario del 23-F o la entrevista con Luis Roldán.

En este sentido, Pedro J. Ramírez ha asegurado que en estas cuatro décadas también ha habido «decepciones» y ha apuntado que «la averiguación de gran parte de la verdad que permanece oculta en relación con los atentados del 11-M sigue siendo una asignatura pendiente».

El director de ‘El Español’, cuyos referentes periodísticos son el exeditor de ‘The Washington Post’ Ben Bradlee e Indro Montanelli (‘Corriere della Sera’), ha confesado que lo ha pasado «muy mal dos veces» en su vida profesional.

Como ha apuntado, la primera de ellas, cuando en 1997 fue «víctima de aquel infame montaje del vídeo». «Lo pasé extraordinariamente mal hasta el día en que descubrimos lo que había ocurrido», ha afirmado Pedro J. Ramírez, quien ha afirmado que fue «una auténtica felicidad descubrir que había sido un grupo de personas muy cercanas a Felipe González y al grupo de personas que montaron los GAL».

El segundo peor momento de su carrera que el periodista ha puesto sobre la mesa es «cuando falló la tecnología un día y otro día en el lanzamiento de ‘El Español'». «Prefiero veinte montajes como el del vídeo», ha subrayado.

«Yo soy feliz, por lo menos un rato, todos y cada uno de los días que comparto con mis compañeros la tarea de incorporar, seleccionar y sintetizar las noticias», ha asegurado al ser preguntado sobre si se ha planteado renunciar a la dirección de un medio. Pedro J. Ramírez tampoco ha barajado retirarse del periodismo porque es «una manera de vivir»: «Un periodista de verdad no se jubila nunca, jamás».

En el apartado dedicado a los agradecimientos, Pedro J. Ramírez ha destacado a Rafael Borràs, su primer editor en 1977; a sus colegas periodistas, que «han contribuido a modelar la historia de España ejerciendo la función social de control del poder que es propia de la prensa en una sociedad democrática».

Ha mencionado, en concreto, a Julio Fuentes, de cuyo asesinato en Afganistán se cumplen 20 años el viernes; a Julio Anguita Parrado, fallecido tras ser alcanzado por un misil en Bagdad, Irak; y a José Luis López de Lacalle. Junto a ellos, el periodista ha dedicado su último libro a «todos los co-protagonistas», como son Melchor Miralles, Casimiro García-Abadillo, Fernando Múgica, Fernando Lázaro, Alberto Prieto, entre otros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y las cotizaciones sociales, «cuando no son pactadas con agentes sociales», son «especialmente nocivas para los mayores de 50 años, los dueños de pymes y los más vulnerables».

Así lo ha apuntado en la clausura del tercer encuentro anual Generación Savia, organizado por la Fundación Endesa y la Fundación máshumano. En ella, ha advertido sobre la situación económica de España tras el Covid, que tiene «la mayor tasa de paro de toda Europa» y la mayor «destrucción económica» a raíz del virus.

Entiende, además, que no se está «poniendo el acento» en las medidas que podrían «invertir esta tendencia», sino que se están discutiendo «políticamente otras cuestiones».

La dirigente autonómica ha asegurado que en España cada vez más se «ataca la experiencia» y se «desprecia el empleo» por parte de aquellos que «no lo crean» y no se valora a las personas mayores que «quieren que se cuente con ellas y no que se ocupen de ellas».

«IMPUESTOS AL TRABAJO MUY ELEVADOS» QUE EXPULSAN TALENTO SÉNIOR

Cree Ayuso que en España hay unos «impuestos al trabajo muy elevados» que generan grandes trabas a la contratación y ha añadido que los «cierres masivos e indiscriminados, sea cual sea el motivo» son el camino a la «expulsión» del mercado laboral de los que llevan «toda la vida trabajando por sus negocios, el «talento sénior».

«Cerrar un negocio es muy fácil, pero es muy difícil volver a abrirlo», ha continuado la líder regional, quien entiende que desde la política se tiene que tener conciencia del poder que tienen las administraciones y ser respetuosos, porque «el sector público no puede arremeter contra el privado sin pretexto».

Al hilo, ha destacado que en la Comunidad de Madrid hay «casi 1 millón de personas» de más de 50 años que quieren «continuar aportando», pero que el paro en este grupo de edad ha «crecido en toda España», pero ha puntualizado que la tasa de desempleo en la región se sitúa en un 13,3%, «medio punto por debajo de la media de España».

ACOMPAÑAR Y NO TUTELAR

Ayuso considera que hay que animar a emprender y acompañar desde las administraciones en ese camino, pero «no tutelarlos». Al respecto, ha destacado algunos de los aspectos en políticas de empleo que recogen los Presupuestos regionales para 2022, que aún están negociando para su aprobación, como el incentivo a la contratación del «talento sénior altamente cualificado» o las ayudas para el mantenimiento de estos puestos de trabajo.

«Madrid ofrece igualdad de oportunidades y es un gran lugar para el talento sénior. No nos apoyamos en determinadas causas para pedir más presupuesto para políticas que no benefician a nadie o solo a unos pocos», ha concluido la dirigente autonómica.

Los niños, niñas y adolescentes españoles pedirán esta semana ante el Ministerio de Derechos Sociales que se les escuche, que se tenga en cuenta su opinión, más formación a los profesores en prevención contra la violencia hacia la infancia, asegurar el acceso a la electricidad y la calefacción de las familias vulnerables o conexión gratuita a Internet.

Estas son algunas de las conclusiones y propuestas se recogen en el informe ‘Nuestra voz, nuestros derechos’, que ha presentado este miércoles la Plataforma de Infancia –red que integra a 74 organizaciones de infancia–, con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia, que se celebra el próximo sábado 20 de noviembre.

El estudio, que recoge las voces de 4.394 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años de 14 comunidades autónomas, será presentado por una representación de estos menores, el próximo viernes 19 de noviembre, en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

«A la Convención sobre los Derechos del Niño no se le da importancia en los colegios e institutos. Yo pienso que se le debe dar», explica César, de 16 años, uno de los más de 4.000 menores participantes.

«A veces no nos escuchan o no nos creen, lo que provoca desconfianza a la hora de contarlo o denunciar», explican los niños, niñas y adolescentes sobre la violencia ejercida contra la infancia y adolescencia. «Estad atentos si gritamos, si no hablamos, si estamos solos en el recreo, si no vamos al colegio muy a menudo», señalan.

Ante esta violencia proponen, entre otras cosas, hablar con ellos y sobre este tema, escucharles y apoyarles, introducir formación en valores, resolución de conflictos y comunicación no violenta en los centros educativos y en las familias; y dar formación en temas de prevención, detección y protección a policías, educadores y profesores.

Según precisa la Plataforma de Infancia, citando datos del Ministerio del Interior, en 2020, se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente. De ellas, 5.685 fueron denuncias por delitos contra la libertad sexual, la mayoría contra niñas, que siguen representando el 50% sobre el total; y 5.851 denuncias fueron por violencia en el ámbito familiar, siendo las más afectadas las adolescentes entre 14 y 17 años.

«Estas cifras, son solo una pequeña parte de la realidad, ya que la violencia suele permanecer oculta y se han de superar muchos obstáculos para que llegue a denunciarse», ha señalado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

NO TODOS TENEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES

Además, los chicos y chicas que han participado en el proceso son conscientes de las desigualdades que existen entre ellos. «No todos tenemos las mismas oportunidades socioeconómicas, ya sea por el lugar donde vivimos o el nivel económico de la familia que nos impide tener las necesidades básicas escolares cubiertas», señalan.

Por ello, proponen más becas, préstamo de materiales escolares, acceso a conexión a Internet gratuita para las familias vulnerables y clases más prácticas. «Tendría que haber cosas de más práctica, más experimentación, de más dejar la curiosidad de los niños», señala Daniel, de 17 años.

Según señala la Plataforma de Infancia, los datos sobre la inversión en educación en España «corroboran» la percepción de los chicos y chicas pues España destinó a educación el 4,26% del PIB en 2019, por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea (4,7% del PIB en 2019).

Además, las ONG de infancia precisan que, en España, los costos indirectos de la enseñanza obligatoria, como los libros de texto, el transporte y las comidas escolares, «dificultan el acceso a la educación». En el curso 2029/2020 cada hogar gastó de media 1.177 euros por estudiante. Además, un 82% de las familias señala que ha tenido que aumentar su gasto educativo a causa de la pandemia.

Los menores tienen claro que todos son iguales y tienen derechos, pero son conscientes de que «no todos y todas disfrutan de ellos». «Para el pleno desarrollo de un niño o una niña es indispensable que se cumplan, no se puede permitir que algún niño o niña no pueda disfrutarlos. Son muy importantes para crecer en las mejores condiciones», señalan.

En este sentido, proponen, entre otras medidas, revisar las leyes para asegurar que son igualitarias e integradoras para los colectivos vulnerables, reducir el precio de los bienes de primera necesidad o incluir especialistas sobre discapacidad en los centros educativos.

TENEMOS SOBREPESO Y ESTAMOS MÁS TRISTES

Además, los chicos y chicas aseguran que tienen derecho a una vida saludable aunque reconocen que «es difícil mantener una dieta equilibrada si no hay dinero para comprar». También señalan que la pandemia por la COVID-19 les ha afectado mucho a nivel físico, mental y emocional. «La pandemia ha provocado que tengamos sobrepeso, estamos más tristes, dormimos peor, comemos peor y nos relacionamos peor», afirman.

Frente a esta situación, proponen aumentar las ayudas a las familias más vulnerables, asegurar el acceso a la electricidad, la calefacción, el agua caliente, limitar y regular el acceso de menores de edad a la comida no saludable, y más médicos y psicólogos para niños y niñas.

«Con un 27,4%, España es el tercer país de la Unión Europea con una mayor tasa de pobreza infantil, solamente superada por Rumanía y Bulgaria», ha explicado Ibarra, al tiempo que ha precisado que «en España la pobreza energética alcanza a un 16,7% de los hogares y se eleva por encima de la media en los hogares con hijos».

Además, ha avisado de que el impacto de la Covid-19 en muchos hogares vulnerables «ha producido un mayor deterioro de las condiciones socioeconómicas, lo que aumentará la desigualdad».

Otro tema que les parece importante a los niños y niñas es su derecho a la participación infantil. «No nos sentimos escuchados por las personas adultas ya que no toman en cuenta nuestra opinión, deciden sin consultarnos», protestan. Además, observan que por el hecho de ser menores de 18 años, no se les suele pedir consultar y cuando dan su opinión, no siempre se les toma en serio.

Por ello, proponen mayor difusión e información sobre participación y sobre las organizaciones donde poder participar, asegurando que llega a toda la infancia, incluyendo la más vulnerable.

El Congreso de los Diputados ha pedido este miércoles aumentar el control parlamentario a las exportaciones de material de defensa de la industria española, así como reforzar los mecanismos de vigilancia en los países de destino.

Las exportaciones del materia de defensa y doble uso deben recibir autorización de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), liderada por la Secretaría de Estado de Comercio, que elabora un informe anual que después presenta ante el Congreso de los Diputados.

Los grupos parlamentarios han aprobado este miércoles en la Comisión de Defensa el dictamen respecto al último informe disponible, el del año 2020, cuando las ventas de armamento sumaron 3.622,4 millones, un 10,4 por ciento menos que en 2019.

Varias de las propuestas aprobadas piden reforzar la relación entre la JIMDDU y el Parlamento mediante reuniones periódicas o mayor detalle sobre los expedientes autorizados y los denegados en los informes anuales.

Además, ponen el foco en el procedimiento de verificación ‘ex post’ aprobado el pasado año que permite a la JIMDDU controlar el uso de las armas exportadas en los países de destino para asegurar el cumplimiento de la legislación. Los partidos han pedido aumentar la información sobre los casos en los que se aplica este mecanismo de control, así como aquellos en los que no haya sido posible por negativa del país comprador.

La Comisión de Defensa ha rechazado así la petición de Vox que iba en sentido contrario para eliminar este filtro. Su diputado Manuel Maestre ha recordado la delicada situación que atraviesa el tejido industrial español y ha avisado de que este mecanismo puede convertirse en «una traba» para las ventas. «Es necesario un marco fiable y facilitador», ha abogado.

Sin embargo, el diputado del PP Jesús Postigo ha defendido la necesidad de compatibilizar el respeto a los derechos humanos con un fomento y apoyo a la industria de defensa, algo que a su juicio no es incompatible.

También la portavoz del PSOE, Begoña Nasarre, ha sostenido que la industria de defensa es una parte «muy importante» de la economía española y de «una gran sensibilidad política», por lo que requiere de «la máxima transparencia y rigurosidad» en su regulación.

La Comisión ha aprobado también propuestas para retomar la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, pero ha rechazado peticiones de Unidas Podemos y de ERC para hacer públicas las actas de la JIMDDU, así como otras para reforzar los controles de exportación.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha calificado este miércoles de «absoluto escándalo» el uso que desde el Gobierno central quieren hacer del indulto concedido a Juana Rivas.

«Esta señora ha sido condenada por un delito y sigue estando condenada por un delito muy grave que es secuestrar a sus hijos y privarle a su padre de la patria potestad», ha señalado el consejero madrileño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por los periodistas por esta cuestión.

López ha puesto el foco en que lo que se ha hecho es «un perdón parcial» por parte de «un Gobierno muy acostumbrado a no respetar al Poder Judicial, un perdón parcial pero sigue existiendo el delito». «Sigue existiendo el reproche penal de una persona que priva de sus hijos a su padre», ha recalcado.

Para el titular de Justicia, es «absolutamente deleznable» que una ministra del Gobierno de España (Irene Montero) entienda «que esto es la reparación de una situación jurídica injusta». Así, López ha insistido en que «el delito se ha cometido, la pena sigue existiendo» aunque se haya reducido «a la mitad».

Además, ha censurado el «mensaje que se manda a todos aquellos padres o madres» de que se crean que tienen «el derecho de poder privar de la custodia de sus hijos al otro progenitor». «No se puede permitir que desde el Gobierno de España un ministro o una ministra vuelva otra vez a cuestionar al Poder Judicial», ha dicho.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, espera poder contar con el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para poder implantar en Euskadi el ‘pasaporte covid’ al creer que es una medida «ajustada y proporcionada» para frenar la expansión de la covid-19.

El Gobierno Vasco formalizará a lo largo de este miércoles la petición de autorización al TSJPV para la exigencia del ‘certificado sanitario’ en determinadas actividades vinculadas al ocio nocturno o la restauración.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas tras la inauguración en Bilbao de la escultura ‘Almas de hierro-Burdin Arimak’, en homenaje de la enfermería de Bizkaia, ha asegurado que tienen la esperanza de contar con la aprobación del TSJPV al denominado ‘pasaporte covid’, aunque ha precisado que también en otras ocasiones la han tenido, pese a que, finalmente, el tribunal vasco no les ha respaldado.

En este caso, ha señalado que vuelven a recurrir al TSJPV porque consideran que, en la actual situación de pandemia, con un aumento de contagio y de la incidencia, medidas como el ‘certificado sanitario’ serán «efectivas».

Para poder implantar esta medida, es necesario, según ha apuntado, contar con el aval de la Sala de lo Contencioso-administrativo para que no se reproduzcan situaciones como las vividas en el pasado, cuando se han impugnado medidas decretadas por el Gobierno Vasco y se ha fallado en contra de ellas.

El Lehendakari ha asegurado que las restricciones que se han establecido en cada momento «son ajustadas y proporcionadas». «En este sentido, espero contar con el aval de la Sala de lo Contencioso-administrativo», ha reiterado.

VACUNACIÓN

Preguntado por si comparte con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la opción de obligar a vacunar a toda la población, Iñigo Urkullu ha recordado que en Euskadi más del 90% de la población diana «tiene la pauta completa de vacunación», situación por la que hay que «felicitarse».

Asimismo, ha subrayado que la mayoría del personal sanitario también se ha inoculado el antídoto. Por ello, cree que es «necesario y suficiente» realizar una llamada a la ciudadanía a ser consciente de que no solo debe preservar la salud individual, sino la salud colectiva.

«El gesto de vacunación es beneficioso individualmente para cada uno de nosotros, pero también es un gesto de solidaridad con el resto de la población. Creo que, en este sentido, es una apelación a la responsabilidad suficiente», ha manifestado.

EVENTOS

El Lehendakari señalado, además, que los municipios, con quienes mantienen «un diálogo permanente», son los que tienen que adoptar decisiones sobre los eventos que se realicen en su ámbito territorial.

En este sentido, ha indicado que se ha contado, desde el principio de la pandemia, con el plan Bizi Berri, que establecía la metodología de trabajo y los límites que marcarían las pautas de actuación de las instituciones vascas, y en este momento de «vigilancia sanitaria»,

«Afortunadamente, no estamos en situación de emergencia sanitaria, en la que se funcionaba con un Plan de Protección Civil (LABI). Estamos en situación de vigilancia sanitaria y, por tanto, las medidas se comparten con el marco institucional en su arquitectura completa, desde el Gobierno a diputaciones y ayuntamientos, pero cada uno es el responsable de gestionar su ámbito competencial», ha explicado.

«ERRADICACIÓN COMPLETA»

En su discurso durante la inauguración de la escultura dedicada a la enfermería de Bizkaia, Iñigo Urkullu ha destacado que la pandemia de la covid-19 «está siendo un gran reto» que «todavía no ha terminado», y ha apelado a «mantener el compromiso para conseguir su control y erradicación completa».

«Vuestra labor está siendo esencial: atendiendo a las personas, en la red de vigilancia o en el despliegue de la vacunación masiva, con unos resultados excelentes», ha dicho a los representantes de la Enfermería de Bizkaia.

El presidente del Gobierno Vasco ha instado a toda la sociedad a «no bajar la guardia». «No debemos volver atrás. Seguimos en vigilancia sanitaria. Este acto es un buen momento para recordar que la autoprotección sigue siendo necesaria, para recordar que la vacunación es prevención y es solidaridad», ha añadido.

A su juicio, cumplir las normas es la garantía para preservar la salud personal y la salud pública, y «representa un alivio en la carga de trabajo de la atención primaria y los hospitales». «La sociedad os necesita, tal y como os vemos en esta escultura, con ‘alma y hierro’:voluntad y compromiso de hierro; y el alma que representa la vocación de atender a cada persona con cercanía y humanidad», ha enfatizado.

Urkullu ha asegurado que, «si algo define el trabajo de enfermeros, enfermeras y matronas, es la cercanía a las personas, su capacidad de adaptación y el compromiso con los valores que la sociedad reconoce».

A su juicio, su aportación a la comunidad es «de gran valor», ya que «cuidan, enseñan a cuidarse y a cuidar a otras personas». «En una sociedad cada vez más necesitada de cuidados, con el reto del envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas, con más personas mayores que viven solas, necesitamos profesionales que respondan con capacidad y cercanía, con conocimiento y humanidad», ha aseverado.

Por ello, ha dicho que la sociedad les necesita, tal como se les ve en la escultura colocada en el parterre del parque de Botica Vieja de Bilbao, con alma y hierro, voluntad y compromiso de hierro».

«EJEMPLO DE SOLIDARIDAD»

También ha intervenido durante el acto el alcalde de Bilbao, que ha recordado que «el cuidado es la esencia de la enfermería», que supone un vocación de servicio a las personas», y ha destacado la labor que ha realizado este colectivo a lo largo de la pandemia del coronavirus. En este sentido, ha destacado que ha sido «ejemplo de solidaridad profesionalizada».

Para Juan Mari Aburto, este reconocimiento a través de la escultura de Jesús Lizaso, «va más allá de de medallas y reconocimientos oficiales» porque «está vinculado al agradecimiento de las instituciones y representantes de la sociedad con el día a día de todos los bilbainos del presente y del futuro que transiten por este rincón de Botica Vieja».

Al acto, que ha tenido como anfitriona a la presidenta del Colegio de Enfermería de Vizcaya, María José García Etxaniz, también han asistido la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, el presidente del Consejo General de Enfermería, el presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, la subdirectora de Enfermería de Osakidetza, varios presidentes de colegios profesionales sanitarios, los gerentes de los hospitales de Vizcaya y diversas personalidades de la sanidad vasca, entre otros.

El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han exhibido este miércoles buena sintonía y entendimiento en el encuentro que han celebrado en el Congreso de los Diputados. «La gestión en Castilla y León funciona», ha subrayado el presidente de los ‘populares’.

Esta ‘foto’ de Casado y Mañueco –la reunión se ha celebrado en el despacho del jefe de la oposición en el Congreso– se produce en medio del pulso interno abierto entre la dirección nacional del PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el control del Partido Popular en Madrid.

«LA GESTIÓN EN CASTILLA Y LEÓN FUNCIONA»

«La gestión en Castilla y León funciona: bajada de impuestos, calidad educativa y refuerzo para la sanidad y dependencia», ha manifestado Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Casado ha dicho que Mañueco y él coinciden en reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez «apoyo para la agricultura y la ganadería, la industria del motor y la digitalización rural para combatir la despoblación».

Antes de esta reunión, el presidente de Castilla y León ha asistido al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha señalado que los afiliados son los que tienen que decidir quién preside el PP de Madrid. Dicho esto, ha defendido que en cualquier lugar se apueste por la «unidad» y se deje que «los afiliados se expresen con libertad».

Así se ha pronunciado cuando se le ha preguntado si cree que Ayuso debería ser presidenta del PP de Madrid y si comparte la reflexión del «gen caníbal» en el partido al que alude la escritora Carmen Posadas. «Sobre el gen caníbal, no lo he visto y no creo que exista», ha manifestado.

Antes de verse con Casado, Mañueco ha estado acompañado en este desayuno informativo en Madrid por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

CASADO PONE A ITALIA COMO «EJEMPLO A SEGUIR»

La reunión con Mañueco se ha producido en el despacho que Casado tiene en el Congreso porque el jefe de la oposición ha asistido antes a la recepción de las Cortes al presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Casado ha subrayado que la bajada de impuestos y las reformas estructurales pactadas por el primer ministro italiano, Mario Draghi, con la oposición «consiguen que Italia crezca más que España por primera vez en 10 años y tenga la mitad de inflación». «Un ejemplo a seguir», ha manifestado.

Trabajadores forestales han reclamado a las administraciones que establezcan medidas «urgentes» para afrontar la ‘sexta generación’ de incendios forestales que provocan emergencia ciudadana y social así como para mejorar sus condiciones laborales.

Durante la presentación del informe ‘Incendios Forestales de España 2021’, el responsable del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT, Ángel Rubio, y la secretaria de Local y Autonómica, Joana Mor, han informado que hasta octubre de 2021 el balance es de 7.835 siniestros, de los que 5.227 fueron conatos y 2.608, incendios forestales. En total, la superficie afectada es de 85.959 hectáreas, una cifra bastante más elevada que en 2020.

Los bomberos lamentan que el sistema descentralizado, que deja las competencias de incendios forestales en manos de las comunidades autónomas, hacen que cada una diseñe un plan para su territorio distinto, de modo que hay sistemas públicos, mixtos o totalmente externalizados a empresas privadas.

«Este es uno de los graves problemas que afronta el colectivo: la heterogeneidad», ha afirmado Ángel Rubio, que ve «imprescindible» que el Gobierno establezca herramientas legales que acaben con las diferencias que tienen estos sectores entre los diferentes territorios.

De ese modo, urge a la aprobación de Leyes Básicas de regulación para cada uno de los colectivos, que actualmente se llevan trabajando desde hace más de un lustro.

Por su parte, Mor ha denunciado la desigualdad en los distintos dispositivos de Bomberos Forestales que son «totalmente desiguales» y «abren la brecha en las condiciones laborales, sociales y económicas dependiendo de la comunidad a la que se pertenezca».

A su juicio, en «muchos puntos» hay una falta clara de regulación que abocan a la temporalidad, situando esta cerca del 24 por ciento y muchos territorios que cuentan con más de un 30 por ciento y otros con el 17 por ciento.

«La prevención es la que evita las catástrofes», defiende Mor que recuerda que UGT ha pedido la coordinación de los medios de extinción, una ley básica de agentes forestales que es «un compromiso del Gobierno que no puede esperar».

«El trabajo no puede ser sinónimo de muerte, cada vez son más frecuentes los accidentes por falta de efectivos técnicos, nos resulta intolerable», ha subrayado.

Por otro lado, Rubio ha puesto sobre la mesa la «elevada siniestralidad» que es «otra cuestión de vital importancia» que se resolvería de acuerdo con el sindicato otorgando los coeficientes Reductores y Edad de jubilación anticipada tal como estipula el Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, que el único sindicato que lo tiene reclamado es UGT, y nada menos que desde el año 2014.

A su juicio, ello frenaría «de una vez por todas» tener personal por encima de 60 años en la primera línea de fuego o realizando trabajos preventivos en las «complicadas zonas de trabajo y en las durísimas condiciones climatológicas que se realiza».

El ‘expresident’ de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su «persecución judicial» en los últimos 12 años, tras el archivo de la novena causa de las diez abiertas contra él, y ha afirmado que sigue a disposición del partido para desarrollar todo su «potencial».

«Seguiré en el PP hasta que me muera», ha dicho en una rueda de prensa en un hotel de València convocada por el sobreseimiento provisional de las actuaciones por el contrato por el que la Generalitat asumió en julio de 2011 –en sustitución de Bancaja– la condición de avalista de Valmor, empresa que organizaba la celebración de la Fórmula 1 en la ciudad.

Esta era la última causa que seguía abierta por presuntas irregularidades en torno a la carrera, con lo que le queda una de las seis separadas del caso Gürtel por los contratos menores que la Generalitat adjudicó a Orange Market.

Camps se ha mostrado satisfecho y feliz por el archivo de la F1 y ha asegurado que esta competición en València fue «un éxito rotundo y absoluto», para preguntarse «por qué los gobiernos de izquierda siguen apostando por la Fórmula 1 en Barcelona» y reiterar que el Ayuntamiento de València debe cobrar a los promotores del PAI del Grao por la construcción del circuito.

En la comparecencia, junto a su abogado del despacho donde trabaja, ha avanzado un recurso extraordinario ante el TSJUE para denunciar lo que entiende como una «persecución judicial» desde 2009, un recurso que se centrará en la causa que le queda pendiente de Gürtel.

Camps augura que este proceso pendiente se alargará hasta las elecciones de 2023 y ha subrayado que, desde la conocida como ‘causa de los trajes’, en la que fue juzgado y le absolvió un jurado popular, la resolución de los casos que le afectan siempre coincide con unos comicios.

ACUSA A PUIG DE PERSEGUIRLE

Durante su intervención de más de hora y media ha hecho un repaso de su periplo judicial desde los trajes, que ha insistido en que pagó, y ha apuntado a Fiscalía Anticorrupción y al jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, como responsables de «una estrategia política de persecución a Francisco Camps».

A Puig le ha acusado de utilizar en la oposición los abogados del grupo socialista y después a la Abogacía de la Generalitat, además de exigirle que pague 800.000 euros por costas judiciales. «No ha pasado nunca en la historia de un presidente de la Generalitat: está obsesionado», ha criticado.

También se ha quejado de los años de «escraches, investigaciones, testimonios y registros policiales» y de los intentos de vincular estas causas con una presunta financiación irregular del PP, así como de los exjueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y José de la Mata. Y ha acusado a Anticorrupción de realizar una instrucción «sumarísima» para intentar mantenerlo como «imputado permanente».

«Se han roto todas las reglas. Llevo 11 años en los juzgados diciendo lo mismo y siempre me han dado la razón», ha recalcado, para asegurar que fueron años «muy duros» y siguen siéndolos y que afronta lo que le queda «con deportividad» porque quiere «pelear hasta el final».

«UNO ES POLÍTICO HASTA QUE SE MUERE»

Al margen de los tribunales, Camps ha hecho hincapié en que «nunca» ha dejado ni dejará la política porque «uno es político desde que nace hasta que se muere» y él no ha «hecho otra cosa» en su vida., Por eso ha prometido que seguirá en el PP hasta que se «muera», ha destacado que en 2022 cumple 40 años en el partido y se ha puesto a su disposición: «Me encantaría tener un cargo donde desarrollar todo el potencial que creo que tengo.

Tras recordar que ganó tres veces por mayoría absoluta, algo que ve difícil ahora por la fragmentación política, ha sostenido que la dirección del PP es consciente de su oferta «general y permanente» y que él se mantiene «sereno y fuerte».

Camps se ha mostrado «encantado» de sus ocho años al frente de la Generalitat, mientras ha criticado que el gobierno actual del Botànic ha aumentado la deuda y «confiscado dos hospitales» por la reversión a gestión pública de los departamentos de La Ribera y Torrevieja.

«PODRÍA HACER UN BUEN PAPEL COMO ALCALDE»

Sobre la Alcaldía de València, ha augurado que en 2023 la ganará el PP, «probablemente con Vox», y ha defendido que «cualquier candidato» tendrá su apoyo, aunque él piensa que puede «hacer un buen papel como candidato y como alcalde». Ha añadido además que la gente le para «constantemente» por la calle y que él «no haría nunca nada en contra del PP».

Sobre trato del PP hacia él, Camps ha afirmado que «siempre» le han tratado bien aunque «ahora el cambio radical es que es público» y por eso decidió asistir a la reciente Convención Nacional en la plaza de toros de València.

La dirección nacional del PP ha rechazado este miércoles «alimentar» la polémica con la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo a raíz de las críticas que recoge en su libro ‘Políticamente indeseable’ y ha hecho hincapié en que el partido debe centrarse en hablar de lo que «preocupa» a la gente».

«Todos los demás temas, si no los vemos, es porque no nos preocupan», ha zanjado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Javier Maroto ante las preguntas de los medios en el desayuno informativo con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por el foro Nueva Economía.

A su llegada a ese acto, el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha evitado comentar las críticas que le ha dirigido Álvarez de Toledo –de practicar «mobbing, bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y los medios–, y se ha limitado a contestar a la periodista que le ha interpelado: «Me parecen lo mismo que a usted».

MONTESINOS: «NO VOY A ALIMENTAR ESTA CUESTIÓN»

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que él no iba a «participar» ni «alimentar esta cuestión» y ha subrayado que la posición del partido ha quedado «muy clara»: «estamos a los problemas de los españoles, que cada día son más».

Al ser preguntado si coincide con Mañueco en aconsejar a Álvarez de Toledo «un poquito de desescalada verbal», Montesinos ha señalado que el PP está centrado «en lo importante, que son los problemas de los españoles» y no les van a «distraer»

El Grupo Popular ha activado el procedimiento interno y no descarta sancionarla, después de que la propia Álvarez de Toledo haya reconocido que votó en blanco en la votación de los candidatos pactados al Tribunal Constitucional, rompiendo por lo tanto la disciplina de voto.

«Se va a hacer lo que se hace en estos casos, ni más ni menos, se van a seguir los métodos establecidos por el Grupo Popular», ha agregado Montesinos, que ha subrayado que el PP está articulando «la alternativa que España necesita». «Hoy los españoles pide cambio político y quieren que Pablo Casado sea presidente del Gobierno y en eso está la dirección del PP», ha resaltado.

MAROTO: «SÁNCHEZ SE ESTÁ CARGANDO LA ECONOMÍA Y NO TIENE ESCRÚPULOS»

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, al ser preguntado expresamente por las declaraciones de Álvarez de Toledo. Según ha subrayado, el partido quiere hablar de las «cosas importantes» como el «impuesto al empleo» que «quiere imponer» Pedro Sánchez, que llevará a que «todas las familias trabajadoras de España tengan una rebajar en su nómina todos los meses».

En este punto, ha resaltado que las «preocupaciones» de los españoles en este momento pasan «por el crecimiento económico y por evitar estas atrocidades de Sánchez», quien «se está cargando la economía y no tiene escrúpulos porque es el que más miente de todos los presidentes en la historia de nuestra democracia».

Maroto tampoco ha querido hablar de la crisis interna abierta en el PP de Madrid alegando que «es un asunto que se ha contestado permanentemente y ya está todo dicho». Además, ha dicho que los problemas que tienen los madrileños son «muy similares y parecidos a los del resto de España y tienen que ver con la presión fiscal a la que está sometiendo Sánchez a todos». «Esas cosas son las que preocupan al PP de Madrid, igual que a la dirección nacional», ha zanjado.

AYUSO VE EN ÁLVAREZ DE TOLEDO LOS «VALORES DEL PP»

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado hablar de las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo –que ha acusado al secretario general del PP de hacerle ‘bullying’– y se ha limitado a decir que son «opiniones personales».

Eso sí, Ayuso ha defendido que Álvarez de Toledo «siempre ha representado los valores del PP». Este apoyo se produce en plena batalla interna por el control del PP de Madrid, un pulso en el que la presidenta madrileña y la dirección nacional han visualizado sus diferencias.

Precisamente en su libro Álvarez de Toledo critica que la dirección nacional del PP vaya «ahora» contra la presidenta madrileña, a la que describe como la persona que en las elecciones del 4 de mayo «vapuleó» a Pedro Sánchez, «echó de la política» a Pablo Iglesias, «reagrupó el voto del centroderecha, convirtió la desmoralización provocada por las elecciones catalanas en esperanza y dio al PP de Casado la oportunidad de ser una alternativa».

«¿Cómo no va a presidir Ayuso el Partido Popular de Madrid? ¿Por qué va a ser precisamente ella la excepción entre los barones territoriales? Pero eso es el sentido común», asegura Álvarez de Toledo en ‘Políticamente indeseable’ (Ediciones B), que saldrá a la venta este 18 de noviembre.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha abogado por articular «fórmulas» para que se vacune toda la población, «voluntariamente, si se puede, y sino obligatoriamente». «Si se toman medidas restrictivas a su libertad de movimiento, acabarán haciéndolo», ha considerado.

Así lo ha manifestado Revilla este miércoles a preguntas de la prensa, después de que ayer pidiera que se obligue a vacunar a todo el mundo «por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar».

«Acabará haciéndolo el mundo, es de pura lógica, porque si tenemos todavía cinco millones permanentemente sin vacunar no acabaremos con los contagios», ha considerado el presidente cántabro, que ha señalado que hay países que están tomando «medidas muy duras» con la población que no se quiere vacunar. «Oiga, pues quédese usted en casa», ha dicho.

Para Revilla, se trata de un principio de «egoísmo» para los que debieran de vacunarse y de «solidaridad» con los demás. «Todos debemos pensar en los demás, caprichitos no, y menos con la sanidad», ha defendido.

Asimismo, ha señalado que desde el primer momento ha sido «contundente» con este tema: «La vacuna es la solución, no hay otra»; y ha indicado que al Gobierno de España le «falta» haber hecho una legislación para que «se nos garantizara la vacuna y que la vacuna fuera obligatoria», como ocurre con el caso del pago de impuestos: «La mayoría de la gente no paga impuestos a gusto, que los paguen».

«Hay leyes que habría que haber hecho cuando surgió la pandemia para garantizar cosas que yo también anuncié que iban a tener problemas de interpretación judicial», ha apuntado Revilla, que ha puesto como ejemplo el pasaporte Covid.

Según ha destacado, las leyes «las hacemos los políticos» y el Ejecutivo central ha tenido un año para poder «ponerse de acuerdo» y «haber hecho algo que no nos llevara a una situación como esta».

«Creo que se puede hacer, más allá de que algún tribunal lo pudiera echar atrás. Creo que unos pocos no pueden poner en riesgo a la gran mayoría», ha reiterado Revilla.

Asimismo, el presidente ha apuntado que hay otros cinco millones de niños que no se han vacunado, a quienes ha propuesto vacunar «cuanto antes», así como dar la tercera dosis «rápidamente» a los mayores.

Revilla ha hecho estas declaraciones en el Gobierno tras mantener un encuentro con la Asociación Costa Quebrada con motivo de su candidatura a la Red de Geoparques de la UNESCO.

El líder de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, ha reafirmado este miércoles el escrito de confesión que remitió a la Fiscalía Anticorrupción y ha descrito a preguntas del Ministerio Público la dinámica de adjudicaciones irregulares seguida en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dirigido en ésa época por Arturo González Panero, conocido como ‘El Albondiguilla’. «Yo hacía de lobby y, si conseguíamos la adjudicación, me aportaban la comisión correspondiente», ha detallado.

Correa, para el que la Fiscalía pide 76 años y siete meses de prisión, ha sido el primero de los acusados en declarar en el juicio que se sigue por los movimientos de la trama en el municipio madrileño. En la sesión de este miércoles, ha explicado que él era el encargado de canalizar el amaño de contratos con empresas consideradas amigas y de entregar el dinero a Panero. Este último, por su parte, se haría cargo de canalizar los pagos a los implicados en la trama.

«Salía a concurso una obra en el Ayuntamiento y yo, por mi relación con algunos empresarios, me contactaban y me decían estoy interesado. Yo, por la relación que tenía con ellos hacía de lobby y, si conseguíamos la adjudicación, me aportaban la comisión correspondiente», ha detallado.

En ese trámite, Correa trataba de forma directa con el por entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda Tomás Martín Morales y con ‘El Albondiguilla’ para «intentar que la adjudicación fuera directa» al empresario que era el candidato que él mismo había ofrecido. «Si estaba dentro de las cualidades se adjudicaba, me aportaban el dinero y yo lo llevaba al Ayuntamiento», ha añadido.

En el marco del interrogatorio, la abogada del Estado Rosa María Seoane le ha preguntado por el destino de los fondos conseguidos. El líder de la Gürtel ha indicado que «no los repatriaba».

En respuesta a la representación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha negado haber intervenido en la planificación de pliegos por parte de las empresas candidatas a las adjudicaciones. Así, ha insistido en que él solo recibía llamadas para hacer «el lobby».

En este sentido, ha negado haber mediado para fijar el monto de los contratos y ha subrayado que «los precios los fijaba el Ayuntamiento». Preguntado si sabía cómo el alcalde González Panero se aseguraba de que el contrato fuera adjudicado, ha asegurado desconocer el «procedimiento interno».

DICE QUE LE SOLÍAN LLAMAR LAS EMPRESAS «GRANDES»

Ante la insistencia de la representación de la Empresa Municipal de Servicios sobre los detalles del entramado societario de la Gürtel, Correa ha aseverado en que todos esos «temas» los delegó «siempre» en Ramón Blanco Balín o en Pablo Crespo. «Yo lanzaba los proyectos y me dedicada a otro tema. Los detalles societarios nunca he entrado en ello. No es que no quiera contestar, es que no lo sé», ha señalado.

Preguntado por el resto de acusaciones sobre si en algún momento llegó a propiciar la necesidad de licitar un concurso teniendo previamente un cliente, Correa ha sido tajante: «Nunca jamás». «Al revés, cuando salía un concurso me solían llamar las empresas, sobre todo las grandes, no lo voy a comentar aquí», ha dicho, aunque ha llegado a señalar una llamada del expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis Del Rivero.

Al respecto ha precisado que él seleccionaba a las empresas que le llamaban. «En el caso que he puesto antes de la parcela de Boadilla, me llamó Luis del Rivero, y yo se la ofrecí a (José Luis) Ulibarri. Nunca he tenido dos candidatos. Me parecía amoral», ha dicho.

Asimismo, a lo largo de la declaración, varias de las acusaciones se han interesado en saber si se destinaron fondos a alguna campaña del PP de Boadilla. «A lo mejor pongo campaña de Boadilla y no era para Boadilla, sino para otras cosas. No lo sé. A lo mejor me lo quedaba yo y decía ‘pon campaña», ha indicado.

A preguntas de su abogado sobre si durante el tiempo que mantuvo relación con las autoridades del consistorio, alguno le solicitó que el dinero pudiese ir al PP, al margen de campaña, Correa ha dicho que no.

SU RELACIÓN CON EL RESTO DE ACUSADOS

La fiscal Concepción Nicolás también ha preguntado a Correa cómo llegó a conocer a los cargos públicos con los que desarrolló esta serie de operaciones. «Al alcalde me lo presentó Guillermo Ortega (exalcalde de Majadahonda) porque fueron compañeros de colegio. (Panero) era ya alcalde», ha explicado.

En esta línea, el líder de la ‘Gürtel’ ha señalado que conoció a Martín Morales antes de que éste «estuviera en Boadilla» porque tenían «amigos comunes». A ambos les unía, ha explicado, que tenían «buena relación con el PP» de Madrid, lo que les llevó a coincidir en «actos y eventos».

Ese círculo personal llevó a que Correa, como ha detallado, llegase a influir en el nombramiento de Alfonso Bosch como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). «Estaba en la Asamblea de Madrid, se quedó fuera de las listas y dije a ver si te puedes colocar en alguno de los municipios. Como tenía buena relación con Panero y Tomás, tenían un hueco y lo metieron ahí», ha asegurado.

PIDE QUE LE DEJEN DISFRUTAR DE SUS PERMISOS PENITENCIARIOS

Al cierre de casi 50 minutos de interrogatorio, el líder de la Gürtel ha pedido se le permita disfrutar de sus permisos. «Me gustaría que enviaran ustedes al centro penitenciario que ya puedo disfrutar de permisos», ha señalado una vez que el tribunal le dijera que «tiene derecho a ausentarse del juicio hasta la última palabra».

Correa ha asegurado que estaba dispuesto a firmar este mismo miércoles su voluntad de renunciar a la última palabra, pero el presidente del tribunal le ha explicado que es un acto «personalísimo» que debe hacerse cuando termine el juicio.

A raíz de la petición de Correa, el tribunal ha avisado al resto de acusados que se encuentran «en la misma situación» que la Audiencia Nacional «va a remitir una comunicación» diciendo que ya no se requiere de su disponibilidad. Por lo tanto, ha remarcado que «no hay inconveniente para que disfruten sus permisos penitenciarios». Ha precisado, sin embargo, que «eso lo debe decidir Instituciones Penitenciarias».

El cabecilla de la trama ha insistido en que él hubiese «sacrificado dos días» de sus permisos si hubiese acudido al juicio por su propio pie. «Y le garantizo que hubiera venido, porque a estas alturas le garantizo que no voy a evadir tal compromiso con la Justicia. He asistido a todos los juicios y asistiré a todos los juicios. Puede estar tranquilo», ha dicho tras lamentar el hecho de que finalmente acudió con custodia policial.