La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha fijado para última hora de este martes, después del Pleno, la comparecencia del ministro del ramo, José Manuel Albares, para informar sobre la posición española ante la crisis de Ucrania.

El pasado fin de semana, ante el incremento de la tensión entre la OTAN y Rusia, el jefe de la Diplomacia española solicitó acudir a la Cámara, anticipando que, por motivos de agenda sólo podría hacerlo este martes.

Este lunes Albares se encuentra en Bruselas en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que precisamente trata la situación en Ucrania y de cuyas conclusiones dará cuenta a la Cámara; y el miércoles acompañará al Rey a la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y no regresará a España hasta el viernes por la tarde.

Pero el Congreso ya tenia fijada su agenda del martes, que arranca a las diez de la mañana con una reunión de la Diputación Permanente, que se prolongará hasta el mediodía, y a las cuatro de la tarde está fijado el inicio de un Pleno extraordinario para la convocatoria de tres decretos leyes.

COMO PRONTO A LAS OCHO DE LA TARDE

Así las cosas, la comisión de Asuntos Exteriores, que preside el socialista Pau Marí Klose, se reunirá a las ocho de la tarde, o bien cuando termine el Pleno si aún continúa a esa hora, para recibir a Albares.

El Gobierno viene defendiendo que es el momento del diálogo y la diplomacia para facilitar la desescalada con Rusia, que ha exigido a la OTAN que no se siga extendiendo hacia el Este y que no incorpore a Ucrania.

Eso sí, Albares ha dejado claro que el Ejecutivo estará junto a sus aliados también para la disuasión, llegado el caso, y que está preparado ante cualquier eventualidad.

De su lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que «Rusia no le puede decir a ningún país lo que puede hacer» y ha asegurado que la OTAN va a «defender a cualquier país que quiera entrar» en la organización.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha asegurado este lunes que su «apuesta» para conseguir «una frontera que funcione de manera eficaz y adecuada en lo que concierne al tránsito de personas por ella» es eliminar la excepcionalidad que en el Tratado de Schengen permite a los marroquíes residentes en la región de Tetuán acceder a la ciudad española sin visado, aunque ha admitido que puede haber otras «alternativas» como su «revisión» sin llegar a suprimirla del todo.

«El tema de Schengen debe formar parte de un posicionamiento estratégico e integral para sentar las bases de un futuro de seguridad, estabilidad y progreso: nuestra apuesta es la eliminación de la actual excepción porque creemos que sería una medida eficaz, pero no descartamos que pueda haber otras», ha advertido Vivas, que sobre este asunto espera que se tome una decisión «de la mano del Gobierno de la Nación y del de Melilla» y con el mayor grado posible de «acuerdo entre las fuerzas políticas y los agentes sociales».

Tras permanecer en cuarentena después de ser diagnosticado positivo de la COVID-19, el líder del Ejecutivo autonómico ha comparecido en rueda de prensa para marcar los siete «desafíos» que se ha marcado para 2022, «retos» de los que ha advertido que dependerá el futuro de Ceuta «durante décadas».

Vivas ha pedido «unidad» para seguir combatiendo la pandemia con test gratuitos y vacunas, elaborar el Plan Estratégico Integral que el Estado ha encargado a Tragsa para Ceuta y Melilla, aprobar el nuevo PGOU, ejecutar el Presupuesto anual de la Ciudad, atraer inversiones, respaldar al tejido empresarial local y «transmitir confianza» en un futuro «de seguridad, estabilidad y progreso».

«El pasado fue el año más difícil de nuestra historia reciente, pero Ceuta sigue en pie gracias a la unidad, la lealtad institucional, el respeto y el sentido de Estado, los principios y valores intangibles que impregnan nuestra Constitución; y a la madurez y entereza de la sociedad ceutí. Ahora afrontamos 2022», ha contextualizado, «con posibilidades y ganas de salir adelante con nuevos bríos, fuerza y el horizonte despejado».

«Este va a ser –ha advertido– un año decisivo y determinante para Ceuta de cara a las próximas décadas y debemos aspirar a ver culminados objetivos y retos determinantes para el presente y porvenir de nuestra ciudad». En ese sentido ha incidido en la importancia de que el Plan Estratégico Integral auspiciado por el Estado aborde cuestiones «trascendentales» para la ciudad como su encaje en el espacio Schengen, su integración o en la Unión Aduanera europea o su acceso a un estatus «similar al de las regiones ultraperiféricas» en la UE.

También se ha comprometido a mantener activo el dispositivo que ofrece a la población hacerse pruebas de detección rápida de la enfermedad del coronavirus gratis y a promocionar la vacunación combatiendo el «negacionismo irresponsable» como herramientas más útiles frente a la pandemia.

El presidente de Ceuta ha asegurado que «antes de abril» someterá a la consideración de la Asamblea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha prometido elaborar «informes periódicos y transparentes» sobre el grado de ejecución de los Presupuestos de la administración local para 2022, que con un montante «histórico» de casi 400 millones de euros han sido aprobados por toda la Corporación salvo Vox.

En el ámbito económico Vivas ha añadido que es preciso «mantener y si es posible intensificar los esfuerzos para atraer inversiones», así como «seguir apoyando al tejido productivo local, a nuestras empresas, pymes y autónomos de forma coordinada con los agentes económicos y sociales».

Para terminar, ha subrayado que «es fundamental transmitir confianza». «No se trata de negar la realidad o las dificultades, que existen, sino de reconocer también las fortalezas: resulta evidente que en 2021 se ha confirmado que la defensa de nuestra españolidad está garantizada por el Estado con independencia del Gobierno de la Nación; que tenemos un apoyo explícito e inequívoco de la UE y que el sentimiento de pertenencia a España es compartido con independencia de credo o raza».

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha señalado este lunes en que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Vivienda no es vinculante pero que la ley saldrá adelante con «total garantía y seguridad jurídica».

Así, ha indicado que el Gobierno «estudiará» el informe y determinará «lo que tiene que hacer o no». En este sentido, ha afirmado que aún no conoce el contenido pero se remite a lo que el Gobierno ha dicho, que lo estudiará y que este es preceptivo pero no vinculante.

Este lunes el CGPJ ha afeado al Gobierno que «limite» la competencia de las comunidades autónomas en el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y le ha recordado que la vivienda es una materia de titularidad autonómica.

Sicilia ha querido ser preciso al respecto y ha corregido una de las preguntas que le han realizado al respecto. «No he dicho que respetará, he dicho que estudiará el informe, que no es vinculante y que el Gobierno determinará lo que tiene que hacer o no», ha afirmado.

EL GOBIERNO CUMPLIRÁ SU COMPROMISO

Además, ha subrayado que lo que tiene claro el Ejecutivo es que hará de la vivienda un derecho «efectivo y real» para que los jóvenes puedan tener derecho a emanciparse y los ciudadanos que ahora no pueden tener una vivienda y anhelan tenerla lo consigan, «gracias a esta ley y al Plan de Vivienda» que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros.

En esta misma línea ha defendido que este conjunto de normas contempla ayudas a los más jóvenes, a las familias vulnerables y también a las víctimas de violencia de género, para que puedan acceder de forma rápida a una vivienda y salir del «infierno» de los malos tratos. Así, ha indicado que el compromiso del Gobierno pasa por hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado de Bienestar. «Estoy convencido de que lo va a cumplir», ha indicado.

Finalmente, ha asegurado que la ley saldrá «con total garantía y seguridad jurídica» porque el Gobierno se caracteriza por hacer leyes «escrupulosamente respetuosas» con el resto del ordenamiento jurídico.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña ha absuelto a un acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, que tiene reconocida una discapacidad intelectual del 68%, en un aparcamiento próximo al estadio de San Lázaro, en Santiago.

Así, la Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Santiago, considera que la prueba practicada por unos hechos ocurridos en noviembre de 2017 no permite acreditar «de un modo indubitado» la participación del investigado en los hechos. Fiscalía pedía 11 años y 9 meses de prisión, así como que el acusado no pudiese comunicarse durante ese tiempo con la menor.

El fallo considera probado que el 17 de noviembre de 2017, sobre las 17,00, horas el acusado recogió en su vehículo a la menor en la estación de autobuses de Santiago. Ambos se desplazaron hasta las inmediaciones del estadio de San Lázaro, pero «no ha resultado acreditado» que el individuo realizase un intento de agresión sexual.

«A la vista de la prueba practicada durante el acto de la vista oral, se concluye que no existe prueba de cargo de suficiente entidad para enervar la presunción de inocencia, que ampara a toda persona acusada en un procedimiento penal», sostiene el juez.

Aunque los peritos acreditaron en el juicio que el relato de la supuesta víctima era «muy probablemente creíble», la Sala considera que su declaración se ha caracterizado por una falta de explicación con relación a datos clave, pues no recordaba, por ejemplo, cómo conoció alacusado, si llegó a sacar o no el pene del pantalón o cómo había llegado desde el aparcamiento del estadio a la estación de autobuses». «Pero sí que es cierto que declaró con claridad que él le cogió por la nuca, con una mano» y le dijo que le hiciese una felación, «hizo fuerza hacia abajo y ella se escapó», agrega el fallo.

Con todo, la Audiencia Provincial observa que la joven «incurrió en ambigüedades, generalidades y vaguedades». «No recordando muchos de los datos que se le preguntaban».

Por su parte, el acusado confirmó que había quedado con la menor tras iniciar su contacto por redes sociales y sin conocerla de antes. Sostuvo que se trataba de un cita de «contenido sexual» y que fue ella la que le dijo que quería hacerle una felación. El día que fueron al aparcamiento, asegura que ella le hizo un chupetón en el cuello, se quedó callada y la llevó a la estación de buses de nuevo. Posteriormente, ella le bloqueó el teléfono y él borró las conversaciones de Whastsapp.

Durante el juicio, una amiga de la menor indicó que esta «fantaseaba, se inventaba cosas, como si las hubiese vivido», indica el fallo.

Por todo ello, el juez concluye que «no existe prueba de cargo de suficiente» y se procede a absolver al acusado. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Rafael Redondo, el socio de José Manuel Villarejo, ha negado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga tres piezas separadas de ‘Tándem’ cualquier ilegalidad en la investigación que CENYT –el grupo empresarial del ahora comisario jubilado– llevó a cabo en ‘Iron’ para un despacho de abogados, atribuyendo las frases comprometedoras que quedaron registradas en las grabaciones que hacía el propio Villarejo a los excesos verbales de éste como parte de sus «labores de marketing».

Redondo ha comparecido como acusado por presuntos de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad en documento mercantil y extorsión en grado de conspiración por su supuesta intervención en las labores de espionaje que CENYT habría ejecutado en los proyectos ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a 102 años de cárcel.

En esta decimocuarta sesión, el interrogatorio a Redondo se ha centrado en ‘Iron’, un trabajo que CENYT desarrolló entre 2013 y 2014 para el bufete Herrero&Asociados para investigar a otro despacho de abogados, Balder, porque sospechaba que le había robado la base de datos y con miras a emprender acciones legales que finalmente cristalizaron en una denuncia penal.

El acusado se ha definido como un mero «empleado de CENYT» cuya labor se habría limitado a la de «abogado de empresa» y «director jurídico» de Stuart&McKenzie, el bufete del grupo empresarial. «Yo tengo mi trabajo y mi función, y no me salgo de ahí», ha dicho al responder a las preguntas del fiscal César de Rivas.

En el caso concreto, ha aseverado que su papel en el proyecto ‘Iron’ fue únicamente el de preparar la denuncia y dirigir el procedimiento judicial que desencadenó la misma, rechazando expresamente que participara en la obtención de datos reservados o que llegaran a sus manos.

«MÁS ILEGAL QUE UNA PATATA»

De Rivas le ha enfrentado a comentarios realizados por Villarejo en las reuniones con miembros de Herrero&Asociados a las que Redondo asistió, recordando uno en el que el comisario hablaba de un documento tributario –el modelo 347– cuya obtención «es más ilegal que una patata».

«Es un comentario que hizo que a lo mejor ahora, sacado de contexto, no resulta apropiado», ha admitido, para enmarcarlo a continuación en una «charla de comercial» de Villarejo con los clientes.

En este punto, el representante del Ministerio Público ha querido saber por qué no advirtió a Villarejo sobre lo que estaba diciendo, a lo que Redondo ha contestado que, si bien eran «tonterías», «nunca» se le habría ocurrido. A las reuniones con los clientes, «voy para acompañarle, darle apoyo en las labores de marketing, para dar la impresión de una empresa más sólida, pero no estoy para discutirle», ha zanjado.

En la misma línea se ha pronunciado Redondo cuando De Rivas le ha cuestionado sobre palabras específicas de Villarejo que sugerirían que la denuncia iba a tener un trato preferente por parte de la Policía Nacional debido a su influencia personal en el cuerpo de seguridad y que obtendrían información de manera ilegal que luego intentarían conseguir por vías legales durante el procedimiento judicial.

«FANFARRONERÍA» O «MARKETING»

«Villarejo ya ha explicado que, a veces, para vender una imagen de empresa o unas capacidades que él mismo ha reconocido que no tenía, pues (hacía) lo que otras personas han llamado fanfarronería o él lo llamaba marketing», ha justificado.

Así, ha enfatizado que hay frases como la mencionada por el fiscal que ha escuchado «infinidad» de veces de boca de Villarejo, pero que no se correspondían con la «realidad» del trabajo de CENYT. «Lo importante es el trabajo que se realizaba día a día, y en el trabajo que he hecho día a día durante muchísimos años no había esas cosas», ha recalcado.

Igualmente, ha indicado que era un «discurso frecuente» de Villarejo que contara que había sido comisario, si bien ha defendido que siempre dejaba claro a los clientes que ya no estaba en activo. Según Redondo, les decía que cuando empezó a trabajar por su cuenta hizo uso del ‘modus operandi’ de la Policía, pero que con el tiempo había desarrollado su propio método.

Redondo también se ha desvinculado de los archivos mostrados por De Rivas que evidenciarían irregularidades, como acceso a bases de datos restringidas. Ha renegado en particular de una presentación que CENYT habría hecho a Herrero&Asociados en su primera reunión para exponer los servicios que podían prestar. «Acabo de ver una fotito de Einstein, es que esto no puede ser nuestro», ha resuelto.

A este respecto, ha subrayado que su defensa ha impugnado las conversaciones grabadas y los papeles intervenidos durante los registros policiales, que constituyen uno de los ejes probatorios de estas tres piezas y del conjunto de ‘Tándem’, agarrándose a la tesis de Villarejo de que o bien han sido manipulados o bien han sido «sembrados» debido a su guerra personal con Asuntos Internos y el CNI.

UN TRABAJO «AMPARADO» POR EL CNI

Antes de Redondo han comparecido los detectives privados de ‘Pintor’, un trabajo por el que CENYT habría asumido la tarea de investigar al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado, el ex juez Francisco Javier Urquía, por encargo de los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para resolver un conflicto por una deuda fiscal.

Villarejo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 109 años de cárcel, sostuvo que ‘Iron’ no llegó a ser un trabajo profesional de CENYT, sino que a modo de «favor personal» para los Muñoz Támara, que pertenecían a su círculo de amistades, se limitó a ponerlos en contacto con la detective privada Nuria Morales.

Morales ha relatado que conoció personalmente a Villarejo en una reunión celebrada en 2017 en la sede de CENYT, en la Torre Picasso de Madrid, donde le pidió que se ocupara de un trabajo que era «un favor a unos amigos suyos». Hasta ese momento, solo conocía al comisario «de oídas» porque era una «referencia» de la «investigación privada» en España.

En esa primera reunión, Morales ha afirmado que Villarejo se le presentó como un «agente encubierto» que usaba CENYT como «una empresa tapadera que realiza investigaciones para el Estado». El hecho de que no hubiera contrato, que le pagara en efectivo y que «casi no se habló» la llevó a pensar que ‘Pintor’ era un trabajo para Policía y CNI. «Y yo, sabiendo que era un tema legal, que estaba legitimada, no quería preguntar más», ha confesado.

Tanto Elisa Gabán, otra investigadora privada, como Juan Manuel León Leiva, entonces estudiante de criminología, han coincidido en que Morales les subcontrató para que la ayudaran con ‘Pintor’ manifestándoles que eran un trabajo «amparado» por las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado.

UN FALSO DETECTOR DE HUMO

Leiva, a quien el tribunal ordenó detener el pasado jueves para asegurar que hoy estuviera presente, ha reconocido que colocó una cámara que simulaba un detector de humo para grabar a Urquía en los baños de un pub de Marbella, haciendo hincapié en que lo hizo convencido de que colaboraba con las fuerzas de la ley.

Morales, por su parte, ha esgrimido que el objetivo de ese vídeo era determinar si Urquía se dedicaba a intercambios «peligrosos» usando el falso techo del baño, apostillando que no lograron obtener una imagen explícita por lo que no incluyeron la grabación en su informe final, aunque sí se lo entregó a Villarejo en un ‘pendrive’ aparte.

Galán, en cambio, ha declarado que la orden era captar «algo comprometedor» de Urquía, que en esa secuencia parece consumir cocaína, según ha aflorado en el juicio. «Me desvinculé totalmente porque no me sentía nada cómoda con esa petición», ha expuesto.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha mostrado convencido este lunes de que Alfonso Fernández Mañueco logrará formar un gobierno «estable en solitario» tras las elecciones del 13 de febrero y ha invitado a los demás partidos políticos a aclarar que van a hacer el día de la investidura porque si van a «torpedear» un Gobierno del PP, los ciudadanos «tienen derecho a saberlo», en alusión a Vox.

García Egea, que ha realizado una visita la empresa EuroTrack en Segovia, ha hecho hincapié en que Castilla y León «necesita» un Gobierno estable que ofrezca «certidumbre», y ha precisado que ya ha habido «suficientes experimentos de gobiernos de coalición».

Dicho esto, se ha referido al Gobierno de España como ejemplo de cómo un Gobierno de coalición «puede generar más problemas que soluciones». Así, ha asegurado que «no hay día» que no haya una nueva crisis de Gobierno, y se ha citado las diferencias de Nadia Calviño con Yolanda Díaz, después Luis Planas y Alberto Garzón y «ahora» entre los socios del Gobierno centra por la situación de Ucrania.

Por ello, García Egea ha reclamado un «apoyo masivo» para el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al Partido Popular porque tal y como ha dicho: «Ya se ha visto lo que pasa si se vota a otras opciones: incertidumbre, caos y crisis».

ANDALUCÍA Y VOX

El ‘número dos del PP se ha querido dirigir a los demás partidos políticos y les ha invitado a que «se manifestaran sobre qué van a hacer, el día de la investidura, con sus votos, ya que, si van a torpedear el gobierno de Mañueco, los ciudadanos tienen derecho a saberlo».

En esta línea, el número dos del Partido Popular ha afirmado que «muchos andaluces se habrían replanteado el voto de saber que Vox y PSOE iban a hacer pinza para impedir que los presupuestos salieran adelante».

Por otro lado, García Egea ha criticado que, pese a que los fondos europeos están llegando mayoritariamente a ayuntamientos gobernados por el PSOE, en el caso de la ciudad de Segovia no se ha hecho realidad un solo proyecto.

Por eso, ha denunciado el «poco peso» que tienen esta provincia y Castilla y León para el Gobierno de Sánchez. «Ni siquiera son capaces de adjudicarles proyectos a esta tierra que tantas oportunidades necesita y merece», ha subrayado.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha avisado este lunes a la Generalitat catalana que debe cumplir la sentencia que obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo de Catalunya: «Estamos en un Estado de derecho y en un Estado de derecho se respeta la ley, la Constitución y las sentencias».

Lo ha dicho en rueda de prensa preguntada por esta cuestión, tras mantener una reunión con la consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, en el marco de los encuentros que está realizando la ministra con los responsables de justicia de las comunidades autónomas.

Ha explicado que desconoce si la Generalitat hará alegaciones o procederá a la ejecución de la sentencia, y ha asegurado que «el Gobierno está comprometido con las lenguas oficiales», que ha recalcado que nunca pueden entenderse como un instrumento para enfrentar.

«Las sentencias tienen que cumplirse, otra cosa son las alegaciones que se hagan en el trámite de ejecución y yo no puedo adelantar ni pronunciarme sobre escenarios que todavía no se han producido», ha expresado.

Ha recalcado que las lenguas «tienen que ser un elemento de la cultura de los distintos territorios, del país, y así también lo entiende la Constitución», y ha subrayado que el Gobierno es muy sensible a las cuestiones de las lenguas oficiales, en sus palabras.

La consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Lourdes Ciuró, ha replicado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que la sentencia que obliga a un 25% de la enseñanza en castellano en Cataluña «no tiene ningún sentido».

En rueda de prensa tras mantener ambas una reunión en la Conselleria de Justicia y preguntada por esta cuestión, Ciuró ha respondido así a las declaraciones de la ministra en las que ha avisado al Govern de que debe cumplir con la sentencia.

«La implementación de la inmersión es un modelo de éxito, nunca ha ido sobre porcentajes, siempre sobre competencias de los estudiantes, por lo tanto no tienen ningún sentido que ahora se haga una aplicación de esos porcentajes», ha subrayado.

Ha recalcado que la sentencia dictamina «un hecho que ya se produce, que es la competencia de los alumnos en las dos lenguas oficiales del Estado» y ha insistido en que la inmersión es fruto de un pacto amplísimo en el Parlament, en sus palabras.

Así, Ciuró ha defendido que el modelo de inmersión lingüística en Cataluña es «de éxito» y que garantiza la competencia de los alumnos en catalán y en castellano y en igualdad de condiciones.

«Entrar en la cuestión de la lengua es entrar a politizar una vez más una cuestión que es pacífica, que es una norma de convivencia y que ha representado un progreso para la ciudadanía de Cataluña», ha concluido.

Ciudadanos ha redactado una declaración institucional con la que persigue que el Congreso exprese su apoyo a la sociedad ucraniana frente a las «hostilidades» de Rusia y traslade la necesidad de seguir apostando por el diálogo entre Estados Unidos, la Federación Rusa y la UE para evitar el estallido de un conflicto armado.

Así lo señala en el texto de esa declaración que el partido que lidera Inés Arrimadas ha remitido a todas las fuerzas con representación en el Congreso con la intención de que pueda ser leído en el Pleno extraordinario previsto para este martes. Este tipo de declaraciones deben contar con el plácet de todos los grupos parlamentarios.

TODOS DEBEN ESTAR «A LA ALTURA»

«Todos los partidos deben estar a la altura para que España envíe un mensaje firme y unánime ante esta amenaza para la soberanía y los derechos de una parte de Europa», ha apuntado en este sentido el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Bal.

En el texto, Cs comienza sugiriendo que el Congreso reitere su condena a la invasión de los territorios ucranianos perpetrada por la Federación Rusa en 2014 así como la necesidad de cumplir con los Acuerdos de Minsk para alcanzar la paz en la región y cesar la ocupación rusa en Ucrania.

Y, a renglón seguido, reseña las acciones «hostiles» llevadas a cabo en los últimos días por la Federación Rusa contra Ucrania que hacen temer que acaben con una operación de «falsa bandera» que sirva al Ejecutivo ruso «como justificación de cara al público para llevar a cabo una invasión militar abierta de nuevo en territorio ucraniano».

Así las cosas, Ciudadanos quiere que el Congreso exprese su solidaridad con el pueblo ucraniano frente a esta situación, recordando la necesidad de «seguir apostando por el diálogo a tres partes» entre Estados Unidos, la Federación Rusa y la Unión Europea, así como las conversaciones en el marco del Formato de Normandía.

Y APOYO AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

«Todas las medidas disponibles para facilitar el diálogo y alcanzar el objetivo de evitar un enfrentamiento abierto de carácter militar, que ponga en peligro tanto la integridad territorial de Ucrania como la estabilidad de Europa, deben ser tenidas en cuenta», subraya.

Además, los ‘naranjas’ buscan que la Cámara exprese su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez en estas gestiones y que anime a cumplir con «el deber moral» de defender la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos ucranianos «frente a cualquier tipo de agresión u ofensiva externa por parte de terceros países».

«Como representantes del pueblo español, extendemos la solidaridad de la sociedad española y su compromiso con la paz al pueblo ucraniano, deseando una pronta solución a estos episodios de tensión geopolítica que ponen en peligro nuestra propia seguridad», concluye.

El presunto violador en serie de Gipuzkoa ha confesado que abusó sexualmente de una mujer el 13 de julio 2019 en Beasain, aunque ha asegurado que no lo recuerda porque, por aquel entonces y desde 2010, consumía «mucha droga y alcohol».

El procesado así lo ha admitido en el primer día del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa en la primera declaración que ha prestado en todo el proceso. Fue detenido el 19 de julio de 2019 en Lazkao tras la violación de Beasain seis días antes.

La investigación permitió detener a este sospechoso, supuestamente vinculado con numerosos delitos sexuales en Gipuzkoa desde 2012, y ésta es la primera vista oral de las violaciones que se le atribuyen.

El encausado, de origen rumano, padre de dos hijas de 13 y 5 años y que trabaja en una empresa de mantenimiento que creó junto a su exmujer, de la que se separó cuando fue detenido, aunque habían vivido una temporada separados, ha relatado que desde 2007 a raíz de la muerte de su padre y el suicidio de su tío padecía «depresión e insomnio» y, por ello, se inició en el consumo de sustancias estupefacientes. «Caí en la droga y el alcohol y cada vez consumía más», ha afirmado.

Según ha indicado, acudió a su médico de cabecera que le recetó ansiolíticos. «Varias veces no recordaba lo que había hecho, estuve nueve años consumiendo drogas abusivamente», ha asegurado, pero en su estancia en prisión supuestamente se ha recuperado de su adicción y ha recibido terapia, gracias a lo cual ha dicho ir «recordando cosas».

También ha relatado que el 13 de julio 2019 se encontraba trabajando en el turno de noche para para una subcontrata en Usurbil y que llegó tarde a su puesto, porque había estado consumiendo alcohol y drogas. Al parecer, antes de que finalizara su turno, a las seis de la mañana, se marchó porque «estaba mal» y, además, le ofrecieron «comprar droga más barata» en Beasain donde consumió una «droga nueva». «Era imposible recordar» lo que ocurrió, ha afirmado.

«Hace poco he empezado a recordar», ha apuntado. Según ha señalado conocía a la víctima porque trabajaba en la misma panadería que su sobrina y también porque su hermano, al que ha acusado de matar a «un familiar» suyo, lo hacía en la empresa de su exmujer. Al parecer la vió el primer día de trabajo de su sobrina a la que él acompañó porque no sabía español, pero no entablaron conversación, y sí lo hizo con la hermana de la víctima.

El acusado, a continuación, a preguntas de su abogado, ya que ha rehusado contestar a las de la acusación particular y a las de la acusación popular, esta última ejercida por la asociación Clara Campoamor, ha confesado los hechos de los que se le acusan. «Sí, lo confieso. Qué puedo decir, no me acuerdo, pero confieso. No puedo engañar a la justicia, ni a los exámenes», ha afirmado.

«No puedo negarlo. Lo reconozco», ha insistido, cuando el letrado le ha preguntado por las pruebas (el sémen encontrado en la víctima y sus huellas). El acusado ha indicado que acudió a buscar al hermano de la víctima a su domicilio, en el que ella vivía también con su cuñada y sobrinos, que estaban de vacaciones en Rumanía en ese momento.

«COMO UNA MIERDA»

El presunto violador ha reconocido que se ha «sentido muy mal, como una mierda». «Estoy más que arrepentido, lo siento mucho», ha afirmado, para añadir que «ella no tenía nada de culpa, ni nada que ver con esta historia». Además, ha asegurado que no tiene dinero con el que indemnizarla pero ha jurado «indemnizar hasta el último céntimo de o que le ponga el fiscal», cuando trabaje.

Por su parte, la víctima, que ha declarado a través de un circuito cerrado, ha recordado como el día de los hechos al ir a salir de casa para ir a trabajar, sobre las dos de la madrugada, «un hombre con un trapo grande muy mojado se abalanzó encima». «Estaba detrás, cogiéndome con su brazo por el abdomen y no podía hacer mucha cosa», ha señalado.

La mujer, también de origen rumano, ha explicado que chilló para alertar a los vecinos, pero el olor del trapo «era muy fuerte» y no podía respirar. «Le pedí que me dejara en español, no sabía en qué idioma hablar, hasta que perdí el sentido», ha relatado. «Intenté escapar pero el líquido no me dejaba», ha afirmado. También intentó tirarse al suelo pero él seguía sujetándola «fuertemente». «Era más fuerte que yo», ha reconocido.

Según ha contado, cuando despertó estaba en el cuarto de su hermano y sólo vió «unas botas negras». Se movió y el agresor le volvió a poner el trapo mojado en la cara. «No recuerdo nada, no vi nada», ha señalado. Se despertó una segunda vez y sintió que le quitaban los calcetines, pero tampoco pudo moverse y volvió a perder el conocimiento. Una tercera vez se despertó al escuchar que le llamaban por teléfono. «Estaba sola en la habitación, con los pantalones bajados enganchados a una pierna, tenía camiseta, sujetador y bragas», ha detallado.

La víctima ha explicado que cogió el teléfono y era su compañero de trabajo al que intentó explicar lo ocurrido pero «tenía la boca hinchada y no podía hablar». «Había mucha sangre en el suelo», ha apuntado la víctima. «Le dije que un hombre me violó y me pasó a mi compañera porque no me entendía, empezamos a hablar en rumano y le conté que alguien me había violado», ha detallado.

«Ella creo que llamó a mi exjefe y a la ertzaina», ha indicado, para añadir que vomitó «mucho» y de nuevo se quedó «inconsciente». «Después llegaron los médicos y me dijeron que no me durmiera hasta estar en el hospital», ha relatado.

Según ha señalado, aunque no vió en ningún momento al agresor, que no pronunció ninguna palabra, sintió que «era más alto» que ella y «con un abrigo gordo o barriga, un hombre bien hecho». La víctima ha explicado que «de día está mejor que antes», pero tíene «días muy malos, que no me soporto ni a mí misma». «A veces pienso que si me hubiera dormido, no hubiera pasado», ha relatado.

«VIDA DESTROZADA»

Además, ha confesado que no es capaz de salir sola a la calle de noche y cuando cierra los ojos piensa «que hay un hombre ahí». «Esta noche me pasó, mi mente no lo puede evitar», ha añadido, al tiempo que ha lamentado sentirse «una carga» para su familia, ya que no puede estar sola. También ha recordado que tras la agresión tuvo «la cara lesionada, como quemada». «Mi cuñada me dijo que fuera al dermatólogo, pero no me importaba mi cara, mi vida estaba destrozada», ha lamentado.

Asimismo, ha contado que ya no puede trabajar de noche, volver a su empleo, que le «encantaba». «Hago algunas cosas, con mi cuñada, limpiezas o así pero no puedo regresar a mi trabajo». «No tengo amigos. Me siento mal, no me puedo integrar. Pienso que me van a atacar», ha reiterado.

Por su parte, la hermana y el hermano de la víctima, muy afectado y al que el acusado ha querido dirigirse pidiéndole la jueza que guardara silencio, han afirmado también que la víctima «no puede estar sola». «Antes tenía amigos, una vida normal, ahora no, no tiene nada», ha denunciado su hermano. Respecto al acusado, el hermano de la víctima ha indicado que era su «jefe», con el que trabajó unos dos años, y «nunca» lo vió «muy borracho o que no recordara cosas».

La exmujer del acusado, al que conoció en 2007 y con el que llevaba «13 años», ha señalado que tiene dos hijas y «una empresa», por lo que «no estaba todo el día encima» de lo que hacía su exmarido, del que desconoce si consumía drogas o tomaba alguna medicación. Sí que ha reconocido que era «agresivo, con cambios de humor».

Finalmente, la sobrina del acusado ha afirmado que tiene buena relación con su tío, que «no se olvidaba de nada, no tenía lagunas» y al que no ve «capaz» de cometer el delito del que se le acusa. El juicio seguirá este martes con la declaración de varios testigos y dos agentes de la Ertzaintza.

La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de «liderar la reacción antidemocrática» al Gobierno de coalición con su propuesta de dictamen crítico a la futura Ley de Vivienda.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa sobre la propuesta de informe del órgano judicial, en el que advierte al Ejecutivo de que esta normativa entra en competencias que son propias de las comunidades autónomas.

En su opinión, este nuevo pronunciamiento pone de manifiesto que el CGPJ «caducado» ejerce de «oposición» al Gobierno y le molesta «enormemente» que se den pasos en favor de proteger el derecho a la vivienda y regular el precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas.

También ha reiterado que el Poder Judicial se extralimita en sus funciones y ve paradójico que aluda a el choque competencial con las autonomías, cuando precisamente la ley catalana de vivienda, que ya desplegaba dicha regulación, fue recurrida precisamente porque no había norma estatal que amparara esta cuestión.

«Ahora cuando se aprueba un marco estatal que pueda regular el alquiler se dice que el Gobierno se ha extralimitado», ha enfatizado Serra para insistir en que este dictamen es una «excusa» para tratar de «impedir» este avance que supone una normativa que, por «primera vez en la democracia», pone freno a la «especulación» inmobiliaria y a los fondos «buitre».

A su vez, la dirigente de la formación morada ha desgranado que la normativa debe aprobarse pronto, sin cambios y sin más retrasos en esta Ley, por mucho que el CGPJ lo intente, al ser «necesaria».

IU

Por su parte, la portavoz de IU, Sira Rego, ha subrayado que no valoran positivamente este informe, pues desde el Gobierno se está haciendo un trabajo para mejorar el marco de convivencia de la gente, donde la vivienda es un derecho garantizado.

«Los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo colectivo por garantizar los derechos (…) Seguiremos trabajando para garantizar la vivienda como un derecho en este país para todo el mundo», ha razonado.

La escritora Jimina Sabadú disecciona en ‘La conquista de Tinder’ (Turner) el funcionamiento de una red social predominante en la sociedad actual a la hora de buscar relaciones y que, al entender de la autora, ha terminado por crear un «mercantilismo del amor».

«Hay esa idea de que somos tantos que, al final, se trata casi de elegir un producto: terminas asociando a las personas con bienes de consumo», ha señalado en una entrevista la periodista, quien decidió escribir este libro a raíz de su experiencia personal en la citada red durante varios años.

Precisamente, Sabadú no considera haber tenido un paso agradable por Tinder y, de hecho, espera no tener que volver a usarlo –a día de hoy, está con pareja estable–. «Francamente, me volvería doler porque es como una adicción: cuando ves la posibilidad de conocer tanta gente, piensas que va a ser algo muy guay», ha explicado.

No obstante, de lo esperado al resultado final hay un trecho –«al final, lo que uno se encuentra son fotocopias de otra gente»– y, en el libro, la propia autora hace una distinción entre «estafadores y estafados». También habla del perfil de los «encadenadores de citas» tanto de género masculino como del femenino.

Y, de todos estos encuentros que surgen a diario, prefiere centrarse en el rechazo u olvido que salen de todos ellos –lo más habitual–, dando lugar a la «herida narcisista» que sufren por igual hombres y mujeres.

«Es honda y grave y sus consecuencias también lo son. Se habla mucho de ella en los textos psiquiátricos, pero llegará un día, estoy segura, en la que se hablará de la herida narcisista que causan los golpes pequeños, pero dolorosos y continuados, que causan este tipo de citas», ha apuntado en el libro.

En ‘La conquista de Tinder’ se recuerda que no solo esta red social, sino muchas otras como Badoo o Pure, surgen como negocio y «siempre han buscado la manera de que se pague». «Por ejemplo, en Tinder hay un máximo de 50 ‘likes’ cada 12 horas y, si quieres dar más, toca pagar: lo gratis no existe y menos si hay una urgencia», ha señalado.

A todo esto, añaden «otra perversión»: la distancia de «poder hacer lo que uno quiera sin que se le vea». «Es como la pregunta de si matarías a alguien por un millón de dólares y no supieras a quién. Esto es igual, puedes dejar de hablar con alguien si pulsas un botón, olvidando que hay otra persona al lado», ha lamentado.

En cualquier caso, Sabadú no quiere «demonizar» a estas redes pues, al igual que Internet, el problema «es lo que hay detrás de ellas». «A mí en un momento dado me dio la vida, porque sin ellas habría estado más sola que la una. Pero se trata de hacer un llamamiento para tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti», ha indicado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este lunes, con respecto a la proposición de Ley de PP, Cs y Vox, para revisar el plan forestal de la Corona Norte de Doñana (Huelva), que hay «hechos constatables» de una «situación de sobreexplotación» en el Parque Natural y ha recordado que hay una sentencia del Tribunal de la Unión Europea (UE) con el mandato de preservar Doñana que el Gobierno «tiene que cumplir», por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía «que sea igual de serio y de riguroso».

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Sevilla, donde al mismo tiempo ha destacado que hay «una realidad» de la que son «conscientes» tanto en el PSOE como en el Ejecutivo, ya que «hay personas que tienen tierras en estos momentos, que las están sometiendo a cultivo», pero que actualmente «no reúnen las condiciones de poder optar a hacerlas de una forma oficial con una concesión de agua». Por lo que ha calificado la situación de «tema complejo y complicado».

«El Gobierno tiene que cumplir con su obligación de preservar el Espacio Natural y nunca se renuncia a estudiar si hay posibilidades de regularizar hectáreas, analizando y estudiando cómo, pero siempre preservando y nunca poniendo en riesgo Doñana y su marca», ha manifestado antes de recordar que Junta, gobernada por el PSOE, regularizó «en su momento» más de 2.000 hectáreas «que sí se pudieron regularizar».

Por esto, ha pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía que sea «igual de serio y de riguroso». «No puede ser que a un tiempo de las elecciones como una medida estrictamente política y mediando engaño, pretendan decir que va a solucionarlo llevando una Proposición de Ley, en lugar de hacer un proyecto de Ley y tramitarlo como tal, diciendo lo que quiere hacer» y «no a través del Parlamento para que diga que hay que tramitar la Ley».

«Esto es jugar con el interés y es querer engañar a la gente y hay que tener mucho cuidado con eso en estos momentos, porque hay personas que están pasando una situación difícil y complicada por las hectáreas de las que estamos hablando que no están regularizadas», ha añadido.

En este punto, ha señalado que el secretario general del PSOE-A y candidato a la Junta, Juan Espadas, «ha sido muy claro» y «ha puesto sobre la mesa sentarse con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y hablar de manera seria con todos los elementos y con todas las posibilidades, si es que las hay para valorarlas, pero tal como se ha planteado ahora mismo es una barbaridad porque no hay fondo, se habla de la tierra y no se habla del agua», ha manifestado antes de añadir que Moreno «tendrá que decir cómo va a preservar Doñana y a la misma vez va a propiciar que esas tierras puedan tener derecho a agua».

Fernández ha recordado asimismo que el Plan de la Corona Norte se desarrolló en 2014 «para amortiguar la situación de riesgo» en Doñana, al tiempo que ha manifestado que el tema «medioambiental y agrícola es muy sensible», por lo que «hay que tener cuidado» porque «hay una sentencia, advertencias de la UE y la marca Doñana».