La petrolera estatal Petroecuador perforará 33 pozos este año, a través de contratos especiales con financiamiento, según ha informado el Gobierno del país latinoamericano en un comunicado.

Los contratos serán suscritos con los consorcios WayraEnergy en el campo Oso, el Bloque 7, el campo Yuralpa y el Bloque-21; por Shaya Ecuador en el campo Auca y el Bloque 61 y por Shushufindi en el campo del mismo nombre en el Bloque 57. Los activos están ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

En el campo Yuralpa se perforarán 10 pozos. En el caso de Auca, está planificada la perforación de 11 pozos, de los cuales siete son productores de petróleo y cuatro inyectores de agua. Con Shushufindi se sumarán 12 pozos más a desarrollar.

El gerente general de EP Petroecuador, Ítalo Cedeño, ha confirmado estas previsiones durante una visita a las instalaciones de los Bloques 61, 57 y 7, conjuntamente con funcionarios de la Gerencia de Exploración y Producción de Petroecuador, y representantes de las empresas, con la finalidad de constatar la normal operatividad y mantener reuniones con técnicos trabajan en estas localizaciones y en los consorcios de los campos más productivos del país, y también buscar acuerdos, en los casos en los que haya dificultades de trabajo con las comunidades vecinas a la operación.

Adicionalmente, Cedeño ha subrayado que uno de los ejes de su gestión será continuar con las campañas de perforación previstas para este año mediante la utilización de recursos propios y trabajar en un plan prioritario que permita incrementar de forma progresiva la producción petrolera a través de la incorporación de nuevas tecnologías y la inversión privada.

«Tenemos que aprovechar los precios altos del petróleo, para beneficiar a todos los ecuatorianos. Es nuestra obligación optimizar los campos», ha apostillado Cedeño.

Actualmente, Auca reporta una producción promedio diaria de 74.980 barriles (que representan el 20% de la producción total de EP Petroecuador), Shushufindi 58.807 barriles y Coca Payamino, 12.667 barriles de petróleo por día.

La espiral de tensión respecto de las posiciones de Rusia y el bloque occidental liderado por Estados Unidos con sus aliados de la OTAN sobre Ucrania, que deja abierta la puerta a todas las posibilidades, se traduce este lunes en fuertes caídas de la cotización del rublo frente al euro y el dólar y a una sesión teñida de rojo en la Bolsa de Moscú.

En concreto, el selectivo MOEX, denominado en rublos, experimentaba un descenso del 5,59% y cotizaba en los 3.247,15 puntos básicos, tras haber llegado a perder más de un 7% en la apertura, lo que supone que en lo que va de año cede casi un 15%.

Por su parte, el índice RTSi, denominado en dólares, caía un 7,20% y cotizaba en los 1.300,91 puntos básicos, lo que representa la pérdida de casi el 19% desde principios de año.

En cuanto a la cotización del rublo en los mercados de divisas, el euro y el dólar se fortalecían un 1,21% y un 1,57% respectivamente frente a la moneda rusa.

De este modo, la cotización del euro se revalorizaba hasta los 89,765 rublos, su cambio más alto desde junio de 2021, mientras que un dólar pasaba a equivaler a 79,40 rublos, el peor cruce de la moneda rusa desde finales de septiembre de 2020.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes 1.200 millones de euros en ayuda a Ucrania a través de un nuevo paquete de apoyo financiero que incluye subvenciones y préstamos de emergencia para que Kiev aborde «las necesidades financieras por el conflicto».

De su lado, la OTAN ha movilizado los últimos días medios militares, incluyendo fragatas y cazas de combate, para reforzar su presencia en el este de Europa en respuesta a la amenaza de Rusia sobre la seguridad de Ucrania, según ha informado la propia organización militar en un comunicado.

Las empresas exportadoras mejoraron en el cuarto trimestre de 2021 la percepción de la cartera de pedidos actual, mientras que se moderaron sus expectativas de evolución a tres y doce meses, según se desprende de la Encuesta de Coyuntura de la Exportación que publica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Este comportamiento ha dado lugar a un aumento del Indicador Sintético de Actividad Exportadora –ISAE–, que se sitúa en el cuarto trimestre del año en 10,8 puntos, frente a los 9,1 puntos registrados en el trimestre anterior.

Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, el indicador refleja el crecimiento de la actividad exportadora durante todo 2021, consolidando la recuperación del sector exterior y mostrando el buen posicionamiento de las empresas españolas en los mercados internacionales.

El aumento del ISAE ha sido resultado, fundamentalmente, de un crecimiento en la percepción del comportamiento de la cartera de pedidos actual –pasa a 8,3 puntos frente a los 2,5 del trimestre anterior–. Por el contrario, las expectativas de exportación a tres y doce meses descienden 5,7 y 2,5 puntos respectivamente con respecto al trimestre anterior y situándose en 7,8 y 24,6 puntos respectivamente.

Los dos factores más citados por su influencia positiva sobre la actividad exportadora son la evolución de la demanda externa (44%) y la competencia en calidad (22,3%).

De su lado, el precio de las materias primas y el precio del petróleo han sido los factores más mencionados por su influencia negativa, con porcentajes de 85,5% y el 72,9%, respectivamente.

CRECE LA PREVISIÓN DE CONTRATAR EN PRÓXIMOS MESES

La evolución de los indicadores relativos a la contratación de personal vinculado a la actividad exportadora muestra una mejora respecto al trimestre anterior, tanto en el indicador balance de la contratación en el trimestre, como en las previsiones a 3 y 12 meses, aumentando 2,8, 0,3 y 1,3 puntos, respectivamente, respecto al trimestre anterior, hasta situarse en: 3, 1,6 y 9 puntos, respectivamente.

En relación a los precios de exportación, aumenta el porcentaje de empresas que percibe un incremento de los mismos. Respecto a los márgenes de exportación, son más las empresas que perciben una reducción, que las que hacen referencia a un aumento de márgenes.

ALEMANIA Y FRANCIA, PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN

En relación con los destinos de exportación, el valor del indicador de balance de la cartera de pedidos en el cuarto trimestre de 2021 es positivo en la UE (7,2), zona euro (5,9) y Norteamérica (2,8). Mejora respecto al trimestre anterior en la zona euro (1,9 puntos) y disminuye en las demás regiones. Las expectativas de cartera de pedidos a tres meses siguen presentando un balance positivo en todas las áreas, oscilando entre el 2,3 (Oceanía) y el 12,7 (Norteamérica).

Los principales destinos de exportación para los próximos doce meses son Alemania (51,3%) y Francia (51,2%). A continuación, se sitúan Portugal (33,4%), Italia (29,4%), Reino Unido (27,2%) y EEUU (26,5%).

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista caerá este martes un 1,21% con respecto a este lunes, después de tres días al alza, aunque se mantendrá por encima de la cota de los 220 euros por megavatio hora (MWh).

En concreto, el ‘pool’ registrará este martes un precio medio de 224,24 euros/MWh, casi tres euros menos que los 227 euros/MWh de este lunes, según datos definitivos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este 25 de enero se dará entre las 21.00 horas y las 22.00 horas, con 256,36 euros/MWh, mientras que el mínimo, de 196,24 euros/MWh, se registrará entre las 04.00 horas y las 05.00 horas.

Con respecto a hace un año, el precio del ‘pool’ para este lunes será un 277% más caro que el que se registró el 25 de enero de 2021, de 59,42 euros/MWh.

Los precios del ‘pool’ repercuten directamente en la tarifa regulada –el denominado PVPC–, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos en este año.

2021, EL AÑO MÁS CARO

La luz cerró 2021 como el año más caro de la serie histórica, con un precio medio de 111,93 euros/MWh debido a la espiral alcista registrada en el ‘pool’ en el segundo semestre.

El mes de diciembre registró un precio medio mensual en el mercado mayorista eléctrico de 239,1 euros, el mensual más alto de la historia tras superar en más de 39 euros los 200 euros/MWh del pasado octubre.

El Gobierno ha ampliado hasta el 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.

En concreto, se han prorrogado hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo.

La multinacional neerlandesa Philips se anotó unos beneficios de 3.323 millones de euros en el conjunto de 2021, lo que supone multiplicar por 2,8 las ganancias contabilizadas durante el año anterior, según ha informado este lunes la firma al publicar su cuenta de resultados anual.

El incremento de la rentabilidad procede en gran medida de los negocios vendidos (pequeños electrodomésticos, iluminación y electrónica de consumo). Si solo se tienen en cuenta las divisiones que tienen continuidad, el beneficio neto fue de 612 millones, un 38,7% menos.

Entre enero y diciembre, la cifra de negocios se contrajo un 0,9%, hasta 17.156 millones de euros. Por segmentos de negocio, las ventas de equipo médico para diagnósticos y tratamientos alcanzaron los 8.635 millones de euros, un 5,6% más, mientras que el área de monitorización de pacientes y soluciones conectadas se contrajo un 17,5%, hasta 4.593 millones. De su lado, la división de salud personal se situó en 3.410 millones, un 7,5% más.

El coste de los productos vendidos ascendió a 9.988 millones, un 5,2% más, mientras que los gastos de venta se situaron en 4.258 millones, un 5% más, y los generales y administrativos en 599 millones, un 4,9% menos. La partida de investigación y desarrollo (I+D) se mantuvo prácticamente estable en 1.806 millones de euros.

Únicamente en el cuarto trimestre, el beneficio neto de Philips experimentó un descenso del 75%, hasta 151 millones, mientras que la facturación fue de 4.944 millones, un 5,6% menos.

Bankinter ha lanzado el servicio Excellence Management para la gestión discrecional y personalizada de carteras de activos destinado a los clientes de banca privada de la entidad, según ha informado en un comunicado.

En concreto, se trata de un servicio que la entidad ofrece a través de Bankinter Gestión de Activos y que cuenta con tres modalidades: Excellence Multiactivos, Excellence Selección y Excellence Selección Plus.

En la primera, el cliente podrá delegar totalmente la gestión de su cartera, que se personalizará en función de su perfil de riesgo y del tipo de activos que elija (fondos, ETF’s o fondos cotizados, o acciones), mientras que en Excellence Selección y Selección Plus, el inversor podrá participar en la definición de la política de inversión de sus carteras, dentro de la propuesta de valor que le presente la entidad.

Concretamente, en Excellence Selección, el cliente podrá personalizar su política de inversión, no solo por perfil de riesgo, sino también por ámbito geográfico y, asimismo, decidirá el grado de exposición a renta variable y a renta fija. Para ello, podrá escoger entre varias carteras de fondos de terceras gestoras internacionales elaboradas por la gestora del banco.

En Excellence Selección Plus se ofrecen mayores opciones de personalización, con lo que el cliente puede elegir otros activos diferentes a los fondos dentro de la propuesta que le haga llegar el área de banca privada. Entre ellos, figuran acciones, activos de renta fija o ETFs.

Para la elaboración de las carteras de fondos, Bankinter Gestión de Activos lleva a cabo una ‘due diligence’ de varios fondos, propios y de terceras gestoras, que tengan una trayectoria de al menos tres años y un volumen de más de 200 millones de euros, entre otros factores. De entre los fondos resultantes, la gestora selecciona los que tengan un mayor volumen y una liquidez del 20%, entre otros factores.

La entidad señala que las carteras estarán bajo la vigilancia constante de Bankinter Gestión de Activos. Para ello, cada semana un comité táctico decidirá, entre otras cuestiones, el peso de los sectores en la selección de carteras y, mensualmente, tendrá lugar la reunión del comité estratégico donde se analizarán y repasarán las decisiones de gestión más relevantes.

Bankinter destaca que este servicio ofrece, además, acceso a comisiones «más eficientes», ya que la gestión delegada permitiría el acceso a clases de fondos con costes más reducidos.

Por otro lado, señala que los clientes que tengan este servicio tendrá acceso a información de seguimiento de manera constante, con un informe donde se detallará, entre otros, la evolución de la rentabilidad, del patrimonio, la composición de la cartera o las operaciones realizadas.

Grandes empresas como Renfe, Correos, Iberdrola o Aedas Homes han mostrado su disponibilidad a llevar de la mano y acompañar a las pequeñas y medianas empresas españolas (pymes) en el proceso de descarbonización y hacia una economía más sostenible.

Así lo han manifestado durante el encuentro ‘Desarrollo sostenible y oportunidades de los territorios’ organizado por ‘Generación de Oportunidades’, un proyecto en colaboración con la consultora McKinsey & Company.

«El papel de los proveedores, que nos acompañen en la transición sostenible, es fundamental», señaló Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, empresa que realiza el 82% de sus compras a empresas locales, «muchas de ellas pymes».

Iberdrola se ha marcado como objetivo para los próximos años lograr que el 70% de sus proveedores cumplan sus mismos criterios de sostenibilidad.

Santamaría ha recalcado que la transición energética es una oportunidad que permitirá la creación de entre 250.000 y 350.000 empleos en la década actual.

Además, ha subrayado la capilaridad del sector, puesto que el 74% de las instalaciones de energías renovables se ubica en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Para David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes, el modelo de negocio de la mayoría de grandes compañías «se ha transformado radicalmente en los últimos veinte años», algo que debería servir para animar a las pequeñas y medianas empresas a apostar por la innovación y la transformación.

«Hoy en día solo hay dos tipos de empresas, las que innovan y las que desaparecen», afirmó Martínez.

En este sentido, apuesta por la transformación de la industria inmobiliaria desde un modelo puramente físico hacia una industria «más digitalizada, más sostenible y más eficiente», con el foco en impulsar la vivienda industrializada.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El presidente de Renfe, Isaías Taboas, expresó en el encuentro su convencimiento de que las empresas públicas deben ser relevantes, «aunque eso signifique tomar un camino diferente al que te llevaría el mercado y apostar a largo plazo».

El compromiso de la compañía pública con la sostenibilidad se manifiesta en una flota de trenes que son eléctricos en un 90% y en la búsqueda de soluciones innovadoras para evitar vehículos diésel en vías no electrificadas.

Sin embargo, Taboas advirtió que mantener servicios deficitarios no contribuye a la sostenibilidad.

«Un tren de 300 plazas que lleva siete pasajeros al día no es sostenible», subrayó el presidente de Renfe.

De su lado, Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, también manifestó el compromiso de su compañía con la movilidad sostenible y con la capilaridad.

«Tenemos la mayor flota de vehículos eléctricos para servicios de última milla en España», aseguró Serrano.

No obstante, destacó la necesidad de hacer pedagogía en los clientes, «porque muy poca gente es consciente de que el paquete que se entrega en última milla no es gratis ni económica ni medioambientalmente».

«No se trata de poner toda la responsabilidad sobre el consumidor, sino darle todos los datos para que sepa decidir», continuó el presidente de Correos, quien se preguntó «¿realmente es necesario que todo sea urgente y se entregue en 24 horas?».

‘Generación de Oportunidades’ es un proyecto creado en 2021, en colaboración con la consultora McKinsey & Company, para contribuir a que las empresas y la sociedad aprovechen las nuevas oportunidades de crecimiento que ofrece el escenario postpandémico.

El proyecto cuenta con la participación de Acerinox, Aedas Homes, Aena, Amazon Web Services, BBVA, Cepsa, Correos, Enagás, Endesa, Esade, Ferrovial, Grupo Red Eléctrica, GSK, Ikea, Inditex, Mapfre, Mercadona, Merlin Properties, Renfe, Santander y Telefónica.

La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica», por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución «corresponde a cada una de las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas». Afea al Ejecutivo que «limite» la competencia de las CCAA.

En el informe redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, se recalca que la actuación estatal se ha articulado «a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética».

Pero advierte de que mientras la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, la estatal «se vierte sobre esos otros aspectos». Por tal motivo, «el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas, puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, ‘la ley de vivienda’ o ‘del derecho a la vivienda'».

Afean que se dé «un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias». Y añade que «limita y dificulta» la competencia en materia de vivienda a las comunidades autónomas.

Indican en su informe, que ha sido remitido este mismo lunes a los vocales del CGPJ, que el derecho a una vivienda digna y adecuada, si bien se reconoce en la Constitución, no se «define». Y explican que la jurisprudencia constitucional ha precisado que, al estar encuadrado en el Capítulo III del Título I de la Carta Magna, «no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad.

El CGPJ lanza además en el informe un mensaje al Ejecutivo recordándole que «el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe». Apunta que el Gobierno en este aspecto «carece de toda capacidad de disposición» porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente.

Este nuevo borrador sobre el anteproyecto será debatido por el pleno ordinario del CGPJ que se celebrará este jueves 27 de enero. Llega después de que el pleno extraordinario del 14 echara por tierra la propuesta del vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE, que consideró la ley como un instrumento normativo adecuado para «consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda» que recoge la Constitución, pero matizaba que se daba una «falta de concreción» en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.

Ese trabajo del vocal progresista fue duramente criticado por una parte sustancial del pleno, alguno de los vocales señalaron que adolecía de «sesgo ideológico», y se aceptó esta nueva redacción que llegará al pleno de esta semana, algo que ha derivado en que el Ejecutivo ha tenido que postergar la aprobación de dicha ley. El informe actual, crítico como se esperaba y elaborado por dos vocales del ala conservadora, supone un nuevo punto de fricción entre el poder Ejecutivo y el Judicial, que continúa en funciones por falta de acuerdo entre los dos grandes partidos.

EL DERECHO SUBJETIVO

Ahora, el nuevo borrador indica en sus conclusiones sobre el anteproyecto que si bien el acceso a la vivienda es configurado por algunas leyes autonómicas como un derecho subjetivo, «ésa es una opción de política legislativa que no viene directamente impuesta por la norma constitucional», y advierte de que allí donde se ha establecido «implica una lógica tensión entre el repetido derecho y el de propiedad», algo que requiere «una delicada ponderación» en la proporcionalidad relativa a la «idoneidad, necesidad y razonabilidad».

Además, señalan los ponentes que el enunciado normativo del anteproyecto «es coincidente o muy próximo al empleado por las leyes y disposiciones autonómicas» o «consiste en constantes remisiones a estas y a los instrumentos (autonómicos) de ordenación del territorio o (municipales) de planeamiento urbanístico». «El resultado es la duplicación de lo que unos y otros contemplan», añaden, para luego sumar que «no cabe duda de que la superposición y redundancia normativas casan mal con la función del artículo 149.1.1º de la Constitución.

Por otro lado, los vocales añaden que el anteproyecto introduce una serie de modificaciones de la normativa civil arrendaticia, y advierten de que lo que pretende el Gobierno es generalizar con vocación de ser indefinidas las específicas soluciones con las que se trató de paliar coyunturalmente las consecuencias de la pandemia en el Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda de alquiler. Avisan de que esa medida ya se vio afectada por la declaración de inconstitucionalidad de la sentencia del Constitucional STC 14/2020 de 28 de enero.

ACCESO A LA VIVIENDA

Lamentan que su cariz jurídico-público lleve al anteproyecto «a obviar cuando no contradecir la regulación civil de las relaciones jurídicas de contenido patrimonial». Y apuntan que si bien es innegable que la atención a la dimensión social de la vivienda y la delimitación de la función social de la propiedad «requieren de normas administrativas que traten de solventar (…) los problemas de acceso y disfrute de la vivienda que se agudizan en determinados momentos», esa regulación «ha de articularse debidamente con el derecho codificado».

«Además, las normas de intervención de carácter excepcional y coyuntural no pueden desplazar a las generales y ordinarias con vocación de permanencia tal y como el anteproyecto hace. Desde ese punto de vista, es de destacar la aplicación de las categorías de la legislación sobre el suelo, al régimen del derecho de propiedad de la vivienda y a las relaciones contractuales comporta. Una equiparación que carece de la necesaria justificación y explicación», añaden.

El informe añade que la ley enuncia el derecho a la vivienda digna, pero no lo regula salvo con aspectos que abren la vía a la intervención administrativa, algo que genera «cierta distorsión» de categorías y conceptos asentados en el Derecho Civil sin razón suficiente, como el de ‘vivienda’, ‘infravivienda’ o ‘gastos y suministros básicos’.

En cuanto a lo que expone la norma sobre contención de precios del alquiler, indican que «tiene un alcance limitado y un farragoso contenido», y dicen que tras la pandemia quizás no resulte adecuada, por lo que se decantan, por «clara y efectiva», por la regulación de las limitaciones arrendaticias para los grandes tenedores del artículo 17.7 Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). «En todo caso, las competencias autonómicas a la hora de establecer el Índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado (…) condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal», apostillan.

Mapfre Economics, el servicio de estudios de la aseguradora, ha situado el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España en el 4,9% en 2021 y ha proyectado para 2022 un alza del 5,5%, siete décimas menos respecto a su anterior previsión.

Así se desprende del informe ‘Panorama Económico y Sectorial 2022’, presentado este lunes por los expertos de Mapfre Economics, en el que se advierte de que este crecimiento en 2022 dependerá de solucionar los costes energéticos, de la evolución de la pandemia, del regreso del turismo a niveles normales y del aprovechamiento de los fondos europeos. De cara a 2023, los expertos de Mapfre anticipan que la economía crecerá a un menor ritmo del 4,3%.

«Urge resolver el problema energético español si se pretende mantener la competitividad de industria y los servicios. La entrada de turistas también sigue a la mitad de lo habitual, por lo que nuevas preocupaciones por la variante ómicron no le sentarán nada bien a la economía«, han incidido los expertos.

Entre los factores que condicionan ese crecimiento destacan algunos que afectan a la economía mundial, como el alza de la inflación y los problemas en las cadenas de suministro, y que están teniendo especial incidencia por, por ejemplo, la relevancia que tiene el sector automovilístico en el PIB, cuando la producción de vehículos se encuentra a la mitad de su nivel pre-crisis, o el turismo, que se ha recuperado sólo parcialmente y sigue también a la mitad de los niveles habituales.

Y, aunque la inflación subyacente sigue en niveles razonables –en el 1,7%–, desde Mapfre han advertido de que la persistencia de la inflación vendrá determinada por efectos de segunda ronda mediante subidas de salarios y pensiones. «La subida de salarios, si no es moderada, restará competitividad a la economía de cara al futuro», han avisado.

El director de Análisis Macroeconómico y Financiero del Servicio de Estudios de Mapfre, Gonzalo de Cadenas-Santiago, ha explicado en rueda de presa que, no obstante, esta marcha de la inflación será persistente pero no permanente, anticipando que la tensión se extenderá hasta mediados de año.

ESPAÑA CRECERÁ MÁS QUE LA MEDIA DE LA EUROZONA

Para el conjunto de la Eurozona, Mapfre Economics espera un crecimiento del 3,9% para 2022 –frente al 4,3% del informe previo– y del 2,7% para 2023.

Con una inflación en la Eurozona que alcanzó el 5% en diciembre, con la subyacente manteniéndose al 2,6%, se prevé que se moderará en los próximos meses a medida que bajen los precios de la energía, aunque los expertos han matizado que con la OPEP sin voluntad de ampliar mucho la producción y con el mix energético europeo sin soluciones rápidas, es posible que la bajada sea lenta.

REFLEJO MACROECONÓMICO DE LA CRISIS DE UCRANIA

Entre los riesgos macrofinancieros que mayor severidad y probabilidad de acaecer en el crecimiento de España y del conjunto del mundo en estos momento, los expertos de Mapfre destacan la crisis geopolíitca por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En este sentido, Gonzalo de Cadenas-Santiago ha advertido de que la crisis va a tener consecuencias, no solamente en términos geopolíticos y de la movilización de la gobernanza global, sino también en términos económicos.

«Tendrá un efecto sobre precios a través de la energía y la incertidumbre financiera», ha advertido el experto, quien ha señalado que el conflicto supone un nuevo factor que se ha convertido en el riesgo más probable y con el impacto macroeconómico a corto plazo más importante.

IMPACTO EN EL SECTOR ASEGURADOR

El informe también incluye cómo afectan estas previsiones sobre la economía en el desempeño del sector asegurador. Pese a la desaceleración del crecimiento global, los expertos de Mapfre Economics consideran que la mayor sensibilidad al riesgo por parte de los agentes económicos provocada por la pandemia es un estímulo adicional en la demanda de aseguramiento, lo que sigue dibujando un panorama positivo en 2022 para el desarrollo del negocio asegurador.

«Los efectos negativos de la reapertura económica sobre la siniestralidad de algunos seguros como los de autos, vida o salud tienden a corregirse por lo que el panorama de la rentabilidad de las entidades aseguradoras continúa siendo favorable, a pesar del efecto que pueda tener el repunte de la inflación en el corto plazo», añaden.

En el caso concreto de España, la escasez de suministros seguirá ralentizando los niveles de producción en determinados sectores de actividad, como es el caso del automovilístico. No obstante, los economistas esperan que la situación mejore en los próximos meses, «lo que puede ayudar a recuperar el negocio de los seguros de autos que viene sufriendo esta situación y que puede estar generando una demanda embalsada que se traduciría en mayores crecimientos en esta línea de negocio cuando se normalice la situación de este sector».

En su opinión, las primas de los seguros de Vida ahorro y rentas vitalicias tradicionales todavía queden lejos de los niveles precrisis, pese a las medidas más restrictivas de política monetaria, mientras que el negocio de Vida riesgo puede verse beneficiado de una mayor sensibilidad al riesgo de fallecimiento de hogares y empresas a consecuencia de la pandemia.

La petrolera estadounidense Halliburton cerró 2021 con un beneficio neto atribuido de 1.457 millones de dólares (1.284 millones de euros), frente a los ‘números rojos’ de 2.945 millones de dólares (2.596 millones de euros) contabilizados por la compañía el año anterior, cuando asumió un impacto adverso de 3.800 millones de dólares (3.349 millones de euros) por la devaluación de activos.

La cifra de negocio de Halliburton en el conjunto del ejercicio 2021 alcanzó los 15.295 millones de dólares (13.481 millones de euros), un 5,9% más, incluyendo 4.277 millones de dólares (3.770 millones de euros), facturados en el cuarto trimestre, un 32% más.

Entre octubre y diciembre, la multinacional obtuvo un beneficio neto atribuido de 824 millones de dólares (726 millones de euros), frente a las pérdidas de 235 millones de dólares (207 millones de euros) del mismo periodo de 2020.

Asimismo, el consejo de administración de Halliburton ha declarado un dividendo de 0,12 dólares para el primer trimestre de 2022, frente al anterior pago de 0,045 dólares por acción.

«Estoy satisfecho con nuestra sólida ejecución en el cuarto trimestre y durante todo el año», comentó Jeff Miller, presidente y consejero delegado de Halliburton, destacando que la decisión de incrementar el dividendo trimestral demuestra la confianza en el negocio y la propuesta de valor de la compañía.

La Agencia Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos ha utilizado la comercialización de los sistemas de observación electrónica para flotas pesqueras de Satlink en el país, lo que los convierte en los primeros españoles en recibir ‘luz verde’ en el país.

La tecnológica española, de la que el fondo Ergon ha comprado recientemente una participación mayoritaria, cuenta con 250 instalaciones de este tipo en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, según un comunicado.

Tras la autorización, la solución podrá ser usada en la campaña de pesca de 2022 en los buques que operen en caladeros al Noreste del país.

El director de la división de Supervisión Electrónica de Satlink, Pablo Torralbo, ha destacado el bagaje de la tecnológica, con numerosos proyectos internacionales a sus espaldas, como gran baza para haber conseguido la aprobación estadounidense.

La solución tecnológica de Satlink, denominada SeaTube, está basada en un sistema de cámaras y sensores de alta definición que permiten monitorizar la actividad pesquera para comprobar el cumplimiento de las mejores prácticas de pesca y la actividad responsable a bordo.

La Plataforma de Finanzas Sostenibles, un grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea en esta materia, se ha mostrado contrario a la propuesta de Bruselas de considerar como sostenibles las inversiones en energía nuclear y gas natural, una clasificación que también rechazan de plano países como España.

«No existe certeza de una generación sostenible de electricidad a partir de la producción de gas, en línea con la Regulación de la Taxonomía», reza el informe sobre la postura del incluir el gas natural como fuente renovable, ante la propuesta de la Comisión de que este combustible fósil tenga un límite de emisiones más alto que otras tecnologías cuando se use para reemplazar fuentes de producción más contaminantes como el carbón.

Este grupo de expertos es un órgano consultivo al que debe atender el Ejecutivo comunitario antes de adoptar su propuesta definitiva, aunque la opinión de la plataforma es vinculante. Un portavoz comunitario ha dicho este mismo lunes que examinarán las conclusiones del informe y que la Comisión presentará su texto definitivo lo antes posible, sin aclarar el calendario con el que trabaja.

Respecto a la inclusión de la nuclear, el informe apunta a la «falta de criterios y mecanismos fiables» para incluir esta fuente energética en la taxonomía verde. Motivo por el que el estudio estima que no cumple con los criterios para ser incluida en la clasificación renovable ya que no trata adecuadamente el impacto ambiental de los residuos.

«La contribución de las instalaciones nucleares a los objetivos de mitigación del cambio climático es notable, pero es poco probable que presente una contribución sustancial para las nuevas instalaciones si entran en funcionamiento cerca de 2050 o más tarde», recoge el estudio del grupo de expertos de la Comisión Europea.

Antes de finalizar el año, la Comisión Europea emitió una propuesta para incluir la energía nuclear y el gas en la taxonomía verde, un sistema de clasificación que establece la lista de actividades económicas sostenibles en términos medioambientales. Una propuesta a la que España se ha opuesto.

La pasada semana, los ministros de Energía de España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo remitieron una carta a la Comisión Europea en rechazo de la propuesta de Bruselas de incluir el gas y la nuclear en la energía verde, fijando su posición de cara al consejo de Ministros de Energía y Medioambiente, que se celebró en Amiens a final de la pasada semana.

Enerside Energy tiene la intención de cotizar en el BME Growth a través de una ampliación de capital por importe de unos 40 millones de euros para financiar su plan de negocio, informó la compañía.

Así, el grupo se lanzaría a BME Growth, una plataforma que permite a las empresas en crecimiento acceder a los mercados de capitales mediante una oferta de suscripción de acciones ordinarias de nueva emisión.

En concreto, el desarrollador de proyectos renovables tiene la intención de solicitar la incorporación a negociación de todas sus acciones, incluidas las nuevas, en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity.

El consejero delegado y socio fundador de Enerside, Joatham Grange, indicó que la compañía «está preparada para dar el paso de salir al mercado, momento para el que nos hemos estado preparando desde hace tiempo».

«Hace año y medio que nos incorporamos al entorno PreMercado, en el segmento Growth, que está destinado a empresas con una trayectoria más amplia en todo este tipo de sectores y hemos avanzado en nuestro gobierno corporativo cumpliendo las recomendaciones de Buen Gobierno y la incorporación de consejeros independientes a nuestro consejo de administración», añadió.

El directivo destacó que hasta ahora el grupo se ha financiado «fundamentalmente» a partir de ampliaciones de capital privadas, pero la compañía ha llegado a «un momento muy maduro y necesita realizar inversiones más relevantes para llevar a cabo la construcción de sus proyectos IPP ‘ (productor independiente de electricidad)».

La operación estará dirigida por Alantra Equities Sociedad de Valores, como entidad coordinadora global y entidad colocadora (‘sole global coordinator’ y ‘joint bookrunner’), Renta 4 Banco y Andbank España, como entidades colocadoras (‘joint bookrunners’). Asimismo, Renta 4 Banco actuará como entidad agente de la oferta y como proveedor de liquidez (en adelante, indistintamente, las entidades colocadoras, o, respectivamente, la entidad agente o el proveedor de liquidez).

Los asesores del emisor son Renta 4 Corporate en su condición de asesor registrado, y Latham & Watkins LLP, como asesor en los aspectos legales de la oferta. El asesor legal de las entidades colocadoras es Linklaters.

Enerside, fundada en 2007, se dedica al desarrollo de instalaciones fotovoltaicas en España, Chile y Brasil para clientes. Actualmente, está construyendo 126 megavatios (MW) para terceros y también gestiona la operación y mantenimiento de 21 MW en parques solares para terceros, en su mayoría adjudicaciones de parques construidos por la compañía.

Asimismo, a finales del año pasado empezó la construcción de sus primeros parques PMGDs (Pequeños Medios de Generación Distribuida) en Chile, por un total de 26 MW.

UN ‘PIPELINE’ DE 4,5 GW.

Esta trayectoria le ha permitido desarrollar una importante cartera de proyectos propios para su venta o explotación directa como ‘IPP’. Así, la compañía cuenta con un ‘pipeline’ de 4,5 gigavatios (GW) en desarrollo, altamente cualificado y con un avanzado grado de madurez gracias a la alta visibilidad de sus proyectos.

Un total de 3 GW, el 70% de su actual cartera de proyectos en desarrollo, han alcanzado o alcanzarán durante 2022-2023, la fase ‘ready to build’ (RTB), es decir, se encuentran en fase finalista, en donde las licencias, autorizaciones, permisos medioambientales, los derechos sobre los terrenos necesarios para la construcción, operación y evacuación de la planta están ya asegurados. Además, cuenta con 3,4 GW más en oportunidades identificadas de crecimiento inorgánico.

Enerside tiene una estrategia de rotación de venta de activos que implicará vender una parte importante de su pipeline en fase de RTB y quedarse hasta 1 GW para operar como productor independiente de energía.

Además, el grupo tiene un avanzado grado de internacionalización y diversificación geográfica, con posicionamiento en los mercados de mayor futuro de la producción de energía fotovoltaica de Europa y Latinoamérica, como son España, Italia, Brasil y Chile.

VTEX, la plataforma brasileña de comercio digital para grandes empresas y minoristas, ha anunciado el nombramiento de Fernanda Weiden como nueva directora tecnológica del grupo (CTO, por sus siglas en inglés), según ha informado este lunes en un comunicado.

La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia y se ha especializado en el desarrollo de soluciones globales escalables con enfoque en la ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE, por sus siglas en inglés). Bajo su nueva dirección, se encargará de la organización tecnológica de la empresas, que integrará las disciplinas de ingeniería, producto y diseño.

Geraldo Thomaz, fundador y uno de los consejeros delegados de la compañía, ha destacado la carrera de la nueva directora de Tecnología y ha asegurado que se trata de la «persona adecuada» para su nuevo puesto.

Como CTO, Weiden unificará los equipos de Ingeniería, Producto y Diseño, y priorizará la fiabilidad de la plataforma y la escalabilidad de la solución. El objetivo de la reestructuración es centrarse más en el usuario final, en la estructura de ‘backoffice’ y en el ecosistema externo, como los ‘partners’ que desarrollan tiendas online para los clientes.

«Sigo a VTEX desde septiembre de 2020, cuando empecé a trabajar como consultora. Durante este período, vi una empresa latinoamericana que estaba revolucionando el mercado del comercio digital en todo el mundo y acepté el reto, encantada con todas las posibilidades de crecimiento que tenía por delante», ha destacado Fernanda.

La nueva directora tecnológica de la firma ha resaltado el talento, potencial y dedicación de la empresa para ofrecer productos y liderar nuevas soluciones.

«Mi función principal desde el primer día será nutrir los talentos que ya forman parte del equipo y atraer nuevos para construir un futuro extraordinario en el ecosistema del comercio digital», ha añadido Weiden.

Las oficinas móviles de CaixaBank han prestado servicio durante 2021 en 426 municipios de la España rural, un 77% de los cuales están considerados en riesgo de exclusión financiera y en los que residen unos 250.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La entidad bancaria ha explicado este lunes en un comunicado que este servicio permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales.

Las sucursales móviles de CaixaBank recorren 52.550 kilómetros de media al mes y en ellas se realizaron unas 220.000 operaciones en 2021; el pasado ejercicio, las utilizaron 20.000 usuarios, un 79% de los cuales son mayores de 60 años.

La entidad cuenta con un total de 17 oficinas móviles que ofrecen su servicio en once provincias de seis comunidades autónomas: Ávila, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Segovia, Toledo y Valencia.

De ellas, seis oficinas recorren localidades de Castilla y León, dos la Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha, y una la Comunidad de Madrid y Andalucía.

SERVICIO

En Segovia, las oficinas móviles de CaixaBank atienden a un total de 91 poblaciones y recorren una media mensual de 7.000 kilómetros; en Ávila, dan cobertura a 73 localidades gracias a un recorrido de 7.200 kilómetros, y en Burgos, en 39 municipios tras recorrer 3.950 kilómetros.

En Valencia, las oficinas móviles dan servicio en 35 localidades completando un itinerario de 4.000 kilómetros al mes y en Castellón, las poblaciones atendidas son 36 y los kilómetros recorridos son un total de 5.000.

En La Rioja, las dos oficinas móviles de la entidad recorren 8.300 kilómetros a lo largo del mes para dar cobertura a 57 pueblos. En Castilla-La Mancha, dan servicio en Ciudad Real, donde una oficina móvil realiza una ruta de 5.000 kilómetros para atender 13 poblaciones; en Guadalajara da cobertura a 17 localidades y una oficina móvil da servicio en dos municipios de Toledo.

La oficina móvil que atiende en Madrid permite realizar operaciones bancarias en 31 municipios en un recorrido de 3.100 kilómetros y la ruta en Granada presta servicio a la población de 32 localidades en riesgo de exclusión financiera en un recorrido de 3.500 kilómetros al mes.

Altamira doValue Group ha incorporado a su comité ejecutivo a Pedro Valle-Domingues como director de Crecimiento y a Marta Pérez Alcalde como directora de Gestión de Clientes, dos nombramientos a los que se suma el de Miguel Biel como jefe del gabinete del consejero delegado, director de Innovación y secretario del comité ejecutivo.

Según ha anunciado este lunes el servicer, los tres fichajes se enmarcan dentro de los objetivos del nuevo plan estratégico de la compañía, que será presentado al mercado en los próximos días con el objetivo de anticipar una nueva propuesta de valor diferencial para hacer frente a los retos del nuevo entorno de competencia y disrupción en la industria de los servicers.

Los ejes del nuevo plan estratégico serán la transformación, el crecimiento y la diversificación. La incorporación de Pedro Valle-Domingues como miembro del comité ejecutivo busca dar «un impulso muy potente» al área de crecimiento.

Pedro Valle-Domingues, director del área de Advisory en Hipogés desde 2016, asumirá sus nuevas responsabilidades el próximo 8 de febrero, con la misión de impulsar el crecimiento de nuevo negocio en todos los segmentos de clientes. Su objetivo central será la identificación y captación de nuevos clientes y el desarrollo de nuevos negocios, ampliando las actividades de crecimiento tanto con los clientes actuales como con los potenciales.

Por otro lado, Altamira doValue Group incorpora también a Marta Pérez Alcalde, procedente de Servihabitat, como la nueva directora de Gestión de Clientes y miembro del comité ejecutivo, con el objetivo de fortalecer la relación con los clientes. Pérez Alcalde liderará el equipo de Portfolio Managers de los diferentes segmentos de clientes de la compañía y gestionará directamente la relación con Santander.

Para impulsar la transformación e innovación, a partir del 1 de febrero se incorporará a la compañía Miguel Biel, hasta ahora director de Transformacion Agile de CaixaBank, como nuevo responsable del gabinete del consejero delegado y director de Innovación. Biel pasa a ser el secretario del comité ejecutivo y entra a formar parte del comité de dirección de Altamira doValue Group.

El consejero delegado de Altamira, Francesc Noguera, ha destacado que con estos fichajes la compañía demuestra que tiene «una gran propuesta de valor para atraer al mejor talento del mercado».

«Tenemos un proyecto en España con una visión industrial a largo plazo y el respaldo de nuestros accionistas, el grupo doValue y Banco Santander. Nuestro objetivo es seguir reforzándonos, crecer y captar nuevo negocio, generar nuevas y diferentes oportunidades y, en suma, liderar la transformación, innovación y crecimiento en la industria de los servicers españoles», ha señalado.

Cepsa y el Grupo Iberia han firmado una alianza para avanzar en la descarbonización del sector aéreo a través del desarrollo e investigación de combustibles de origen sostenible y otras alternativas energéticas, como el hidrógeno renovable y la electricidad, para fomentar la movilidad sostenible de aviones y de la flota de vehículos que les prestan servicios en aeropuertos, informaron ambas compañías.

En concreto, el acuerdo, que incluye tanto a Iberia como a Iberia Express, fija como prioridad el desarrollo de los combustibles de origen sostenible (SAF) para continuar avanzando hacia una industria cada vez más baja en carbono y contribuir así a la consecución de la Agenda 2030.

Cepsa se convierte así en un proveedor estratégico para el Grupo Iberia, que se asegura el acceso preferente a un combustible escaso (biojet), logrando así la aerolínea una ventaja competitiva tanto para clientes como para inversores, gracias a las mejores calificaciones en los índices de sostenibilidad.

El proyecto, que contempla la investigación y pruebas en vuelo con SAF, contribuye a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible número 7 (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna), 8 (Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo digno) y 13 (adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos).

REFERENTE EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de Cepsa de dar un giro verde a todos sus negocios y convertirse en un referente de la transición energética en el sector. Además, ambas compañías cuentan con una amplia experiencia en este ámbito.

El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, destacó que esta alianza muestra «la apuesta de la compañía por la sostenibilidad y la firme determinación de apoyar a sus clientes, dotándolos de soluciones viables que aceleren su transición energética».

«Como referente en el suministro de combustibles para el sector aéreo, compartimos con el Grupo Iberia el objetivo común de impulsar la descarbonización del transporte como herramienta de lucha contra el cambio climático», dijo.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, afirmó que para la descarbonización del sector aéreo es «imprescindible» el desarrollo, producción y distribución de los combustibles de origen sostenible «a precios asequibles y en cantidad suficiente para abastecer a las aerolíneas». «Confiamos en que este acuerdo con Cepsa contribuya a ese objetivo», añadió.

Mientras, el consejero delegado de Iberia Express, Carlos Gómez, subrayó que «es el momento de crear sinergias entre compañías que tienen un mismo objetivo, poder desarrollar nuestra actividad y nuestras operaciones minimizando el impacto ecológico». «Este acuerdo es un importante paso en este camino hacia un transporte aéreo más sostenible, en línea con nuestro compromiso conjunto con la descarbonización del sector», aseguró.

Como parte del Grupo IAG, Iberia e Iberia Express se han comprometido a lograr cero emisiones netas en 2050, y a operar un mínimo de un 10% de sus vuelos con combustibles de origen sostenible en 2030.

Este acuerdo entre Cepsa y el Grupo Iberia está en línea con el conjunto de medidas Fit for 55 de la Comisión Europea, que incluye una iniciativa legislativa denominada ‘RefuelEU Aviation’, que pretende impulsar la oferta y demanda de biocombustibles de aviación en la Unión Europea, alcanzando un uso del 2% en 2025, del 5% en 2030 y del 63% en 2050.