La Consejería de Educación de la Generalitat ha notificado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "qué acciones desarrollará respecto a los usos lingüísticos en el sistema educativo catalán", ha informado en un comunicado.

Este viernes termina el plazo de dos meses pasado el cual se puede pedir la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC que fija un 25 por ciento de castellano en las aulas catalanas.

En la comunicación, se enumeran distintas iniciativas: la primera es la proposición de ley del PSC-Units, ERC, Junts y comuns para modificar la Ley de Política Lingüística y mantener el catalán como vehicular en el sistema educativo, incluyendo al castellano como lengua de aprendizaje, registrada ayer jueves, si bien Junts se ha descolgado del acuerdo.

En segundo lugar, se comunica que, como anunció el consejero Josep Gonzàlez-Cambray el pasado martes, se han iniciado los trámites para un desarrollo normativo del régimen lingüístico del sistema educativo "de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo", y catalán y castellano estarán contemplados en los proyectos de cada centro. Un planteamiento que de facto deja en manos de los centros la cantidad que impartirán de cada lengua.

En último término se informa al TSJC de que se ha encargado a la Universidad de Barcelona (UB) una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros porque los últimos estudios "señalan un descenso progresivo" del uso del catalán, incluso el informe del Síndic de Greuges.

La madrugada del próximo sábado al domingo, 27 de marzo, a las 02.00 horas serán las 03.00 horas y tras adelantar una hora los relojes, dará comienzo el horario de verano, que se extenderá hasta el último fin de semana de octubre, cuando el reloj volverá al horario de invierno.

Con el cambio de hora se cumple con la Directiva Europea 2000/84/CE que sigue afectando, sin excepción, a todos los estados miembros de la Unión Europea. Las primeras disposiciones del horario de verano se adoptaron en Europa en 1980 y con la aprobación en el año 2000 de esta directiva comunitaria se fijó el inicio del horario de verano el último domingo de marzo y su finalización en la madrugada del último domingo de octubre.

Si bien, en el conjunto de la UE en el año 2018 se planteó la propuesta de eliminar el cambio de hora y se inició un proceso que si bien consideraba suprimir este cambio en 2019, los entonces Veintiocho consideraron que la iniciativa era prematura y se aplazó la decisión hasta el año 2021.

En España, en 2019 el Consejo de Ministros del 22 de marzo, la entonces portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, adelantó que España mantendría su huso horario y el cambio de hora estacional mientras reflexionaba hasta el año 2021.

El cambio horario forma parte de la Directiva Europea 2000/84CE que afecta a todos los Estados miembro de la Unión Europea con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar por la tarde. Por tanto, el cambio es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la UE, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora.

La Comisión Europea considera que el consumo de energía no es el único aspecto positivo sino también subraya otros impactos sobre sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo, los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.

El cambio de hora se remonta a la década de los 70, con la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad en iluminación.

Desde 1981 se aplica como directiva que se renovaba cada cuatro años hasta la aprobación de la Novena Directiva, del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, en enero de 2001, que establece el cambio con carácter indefinido.

De este modo, en esta ocasión, con España bajo el estado de alarma, los ciudadanos confinados en sus casas a partir del domingo cuando salgan a aplaudir al balcón a las 20.00 para agradecer la labor de quienes están luchando en primera línea contra el coronavirus lo harán aún con sol.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado Ander Gil, participarán los próximos lunes y martes en la Conferencia de presidentes y presidentas de parlamentos de la Unión Europea, que se celebra en Liubliana (Eslovenia).

En esta reunión interparlamentaria del más alto nivel, se compartirán puntos de vista y debatirán sobre el papel de los parlamentos en situaciones de emergencia, como las creadas por la pandemia de la COVID19 o por la actual situación tras la invasión rusa de Ucrania, así como sobre el fortalecimiento de la posición de la Unión Europea como garante de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en el mundo.

La cumbre la inaugurarán el lunes el presidente de la Asamblea Nacional de la República de Eslovenia, Igor Zorcic; el presidente del Consejo Nacional de la República de Eslovenia, Alojz Kovsca; el presidente de la República de Eslovenia, Borut Pahor, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Durante esa jornada Batet participará en un debate titulado 'El papel de los parlamentos en las políticas de emergencia: construir resiliencia para una gobernanza democrática", junto al presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Roberto Fico, y el mariscal del Senado de la República de Polonia, Tomasz Grodzki. Gil también tiene previsto intervenir en esa primera sesión.

El martes tendrá lugar el debate 'La Unión Europea como garante de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región (y más allá)', se aprobarán las conclusiones de la conferencia y la clausura correrá a cargo del presidente de la Asamblea Nacional de la República de Eslovenia y el presidente del Consejo Nacional de la República de Eslovenia.

A lo largo de estas dos jornadas, Meritxell Batet, aprovechára también para mantener bilaterales con algunos de sus homólogos como el del país anfitrión, Igor Zorcic; el presidente del Parlamento de Croacia, Gordan Jandrokovic; la presidenta de la Dieta de Polonia, Elzbieta Witek, y la presidenta del Bundestag alemán, Bärbel Bas.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado este viernes en Avilés (Asturias) que espera que el futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "asuma su responsabilidad" en una "cuestión de Estado" como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Espero que cuando el señor Feijóo asuma esa responsabilidad, el segundo paso que dé, porque el primero fue dar por bueno el acuerdo de gobierno entre el PP y la extrema derecha de Vox en Castilla y León, sea un acuerdo de estado tan necesario como la renovación de un órgano que lleva tres años bloqueado", ha indicado.

Llop, en declaraciones a los medios tras presidir la Conferencia Sectorial de Justicia, ha calificado de "necesario" que Feijóo "entienda que es una cuestión de estado que afecta muy negativamente a la imagen de nuestro país y a nuestro prestigio institucional".

Así, ha recordado los informes negativos hacia España de instituciones internaciones por la no renovación de este órgano tras el "bloqueo" del "señor Casado durante estos tres años que ha ostentado el liderazgo de su partido".

"Es imprescindible de una vez por todas que se renueve desde el legislativo y que desde el Ejecutivo abramos todas las líneas de diálogo para que se haga cuanto antes", ha indicado Llop, que ha recordado que la no renovación del Poder Judicial "impacta de manera negativa en la ciudadanía y en el sistema judicial", aunque, ha recordado, el Ministerio está trabajando para paliar ese impacto negativa, con medidas como el refuerzo con letrados.

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI) ha fletado un trailer cargado de solidaridad de la profesión médica española e insumos sanitarios sale hoy desde Segovia hasta la frontera entre Polonia y Ucrania.

Este envío, realizado en colaboración con la empresa Drylock Technologies, se ha llevado a cabo en coordinación con la Fundación 'Doctors for Doctors' que desde la frontera transmite a las distintas organizaciones las necesidades detectadas en terreno.

De esta forma, la FCOMCI colabora con la Cámara Suprema de Médicos y Dentistas de Polonia y su Fundación 'Doctors for Doctors', para el envío de material y suministros sanitarios destinado a los centros sanitarios más afectados en Ucrania por la invasión de Rusia.

Se trata de un primer envío de una serie de trailer que se gestionarán en función de las necesidades que desde la Fundación 'Doctors for Doctors' trasladen a la fundación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

Desde el inicio de la invasión esta fundación trabaja para organizar el transporte y logística del material sanitario que más se necesita en los hospitales y puestos de socorro de las regiones más afectadas de Ucrania.

Desde dicha fundación se está en contacto permanente con la profesión médica ucraniana para poder aportar la ayuda más necesaria y eficaz en todo momento. Actualmente se están entregando estos suministros en hospitales de Lvov, desde donde se distribuyen a otras partes del país.

Material de vendaje (vendas, kits estériles, algodón, tiritas, vendas elásticas); antisépticos- clorhexidina, alcohol, yodo, Betadine; analgésicos, antiinflamatorios y soluciones; jeringas; antibióticos; productos para terapia de infusión y sustitutos de sangre; medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, antihipertensivos; medicamentos antivirales y fármacos y medicamentos antiespasmódicos, son los materiales que los médicos y médicas de Ucrania están pidiendo al resto de compañeros de Europa en la actualidad.

En la salida del trailer han estado presentes el tesorero de la FCOMCI, Enrique Guilabert; el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada; la coordinadora técnica de la FCOMCI, Sonia Agudo; y el director de Drylock Technologies, Miguel Ángel González.

Desde el inicio de la guerra CGCOM ha rechazado la terrible invasión por parte de Rusia a Ucrania y ha trasladado esta iniciativa apoyada por la Asociación Médica Mundial a todos los colegios de médicos de España.

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha confiado este viernes en que, en esta nueva etapa de relaciones entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos, se recupere la Operación Paso del Estrecho (OPE) y se normalice el tráfico marítimo de personas y mercancías.

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), ha indicado que el nuevo periodo en las relaciones con Marruecos supone, sin duda, "una buena noticia" porque con ese país vecino nos unen lazos históricos e intereses comunes, y en la comarca del Campo de Gibraltar y, en Algeciras, de manera particular, saben bien lo que es poder mantener unas buenas relaciones con el Reino alauita.

Ha confiado en que esta nueva etapa de relaciones positivas y en armonía con Marruecos suponga la posibilidad de recuperar la Operación Paso del Estrecho y poder normalizar el tráfico marítimo no sólo de mercancías, sino también de persona.

Según han expuesto Sicilia, en torno a un millón de personas se mueve anualmente con esa operación del Estrecho, sólo desde el puerto de Algeciras, en cuyo entorno hay trece agencias de viaje, con cerca de 100 trabajadores, y cuya principal actividad es ese tráfico de personas entre el municipio algecireño y el Reino de Marruecos. Lamentablemente, según el portavoz socialista, esas agencias han vivido momentos complicados, con la actividad prácticamente parada, porque el tráfico marítimo no estaba normalizado entre Algeciras y el país vecino.

Ha insistido en que es una buena noticia que haya buenas relaciones con el Reino de Marruecos porque van a favorecer que "podamos avanzar en seguridad" y a la hora de afrontar mejor los tráficos migratorios y la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que puede suponer una garantía para que haya buenos acuerdos en materia de pesca.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno central quiera "utilizar el dinero de todos" para dar ayudas que frenen los paros de los transportistas en vez de bajar los impuestos.

En declaraciones a los periodistas, tras un acto en Brunete, la dirigente madrileña ha sostenido que esto le recuerda a lo que sucedió durante la pandemia "que se pretendía cerrar todo" y "pararlo todo" y luego a través de "supuestas ayudas" intentar "minimizar los daños".

"Habrá que ver cómo son las ayudas, cuándo llegan, qué utilidad tienen... No se trata tanto de subvencionar sino de permitir que los ciudadanos que trabajan honradamente cada mañana no tengan que pagar tantos impuestos", ha sostenido.

Así, ha insistido en que se trata de que "todo el mundo pueda recaudar en base a su trabajo" e ir en la línea de la política "que están aplicando otros países", de rebajas fiscales o de hacerse cargo de según qué gastos. En este punto, ha recordado que en la Comunidad de Madrid las tarifas del agua o del transporte están congeladas.

Para Ayuso, este tipo de medidas son "más eficaces porque son sostenibles en el tiempo". En este sentido, ha insistido en preguntar cuántas ayudas y subvenciones va a estar dando el Gobierno y ha considerado que esto es, además, "una forma de utilizar el dinero de todos los ciudadanos para paliar esto".

No obstante, ha manifestado que espera que todas las huelgas "paren los antes posible porque hace falta que el país recupere la normalidad". "Estamos en una situación que no nos gusta a nadie, por mucho que erosione al Gobierno, a mí esto no me satisface ni me tranquiliza", ha trasladado.

La presidenta madrileña ha defendido que ella piensa "en el bien de todos" y cree que "lo mejor sería que esto acabara ya" pero considera "con una ayuda y una subvención directa todo el rato, todo el tiempo, no se va a solucionar un problema que es endémico, que es que no se pueden pagar tantos impuestos".

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha dado por hecho este viernes que tendrá que comparecer como testigo en la demanda formulada por Corinna Larsen contra el rey emérito en Reino Unido por el supuesto acoso sufrido, al tiempo que se ha mostrado dispuesto a "decir la verdad" sobre los "encargos" que habría recibido del CNI contra la ex amante de Juan Carlos I.

Así lo ha manifestado a su salida de la Audiencia Nacional, a donde ha acudido a declarar por primera vez como imputado por la pieza 28 de la macrocausa 'Tándem', donde se investiga si durante su estancia en prisión provisional en la cárcel madrileña de Estremera ofreció parte de la información sensible que manejaba al mejor postor.

"He recibido unas extrañas insinuaciones, espero que no sea de a ver qué voy a declarar, que voy de testigo en Londres en la causa contra la señora Larsen", ha dicho Villarejo a la prensa a su salida de la sede judicial.

"Tendré que decir la verdad y, si digo la verdad, ¿qué va a pasar?. Porque he tenido esa sensación, ya lo he dicho ahí en sede judicial, ¿qué quieren que diga, quieren que mienta y que no diga los encargos que recibí del CNI contra la señora Larsen?", ha planteado.

Así, Villarejo se ha mostrado dispuesto a "colaborar con la Justicia española e internacional", incidiendo en que va a llegar "hasta el final", a pesar del "show" que denuncia que se ha montado en torno a su figura y a la macrocausa que protagoniza.

"ORIGEN ESPURIO"

Con el mismo término se ha referido a la pieza 28 por la que ha comparecido este viernes. Ha reiterado que tiene un "origen espurio" porque, según sostiene, se habría ideado solamente para propiciar los registros de 2020 con los que se incautaron las agendas personales que no se encontraron en los de noviembre de 2017.

"Para conseguir mis diarios y para que justificaran el estar un año más" en prisión provisional, ha aseverado, reiterando asimismo que, pese al supuesto riesgo de fuga que se alegó en su momento, no ha huido a ningún lado.

Además, ha vuelto a apuntar al que fuera dueño de la extinta agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, como supuesto instrumento de la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol para "montar esta historia".

"El origen es tan espurio como que han contratado a un detective, le han pagado 900.000 euros el despacho de abogados de los Pujol, para montar esta historia", ha enfatizado.

De acuerdo con Villarejo, fue el propio detective quien haciéndose pasar por abogado contactó con uno de los presos que habrían participado en la trama de venta de información confidencial. "Él es el que le ofrece dinero" al reo, ha afirmado.

El comisario jubilado ha llamado la atención sobre el hecho de que, "teniendo intervenidas todas las comunicaciones", "no hay ni una prueba" en su contra ni en la de su mujer, Gemá Alcalá, también imputada por esta pieza 28. "Me parece impresentable", ha zanjado.

El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, ha advertido este viernes que los colegios madrileños pueden empezar a sufrir problemas con los menús escolares debido al paro de transportistas y ha acusado al Gobierno central haber "actuado muy tarde" y dejar que la situación "se pudra".

En declaraciones a los medios antes de asistir a la entrega de los Premios Fermina Orduña, el consejero ha recordado que las obras de catorce grandes centros educativos de la Comunidad se han visto paralizadas por la situación de desabastecimiento de materiales de construcción, especialmente hormigón y acero, que sufre el sector y ahora se podría sumar el servicio de menús escolares.

"No son todavía problemas graves pero hay problemas con la leche. Los adjudicatarios de los contratos lo están resolviendo. No nos llega todavía preocupación pero si esto sigue podría haber problemas más importantes", ha recalcado.

A ello se une la paralización de obras de centros escolares que afectaría a casi 5.000 plazas escolares y con una inversión de casi 60 millones de euros en juego. "Necesitamos esos colegios para escolarizar a los alumnos en septiembre y están absolutamente paradas por la falta de hormigón y por la falta de acero", ha explicado Ossorio.

En este sentido, ha explicado que se trata de siete institutos, cinco colegios, un centro rural agrupado y un CEIPSO, así como otras tres obras menores de adaptación de centros que siguen adelante porque no necesitan hormigón. "Los necesitamos en septiembre para la escolarización y estamos preocupados", ha apostillado.

En cualquier caso, ha indicado que la Comunidad espera que esto se resuelva lo antes posible y desde el Gobierno regional harán todo lo posible para acabar esas obras en plazo.

EL GOBIERNO HA DEJADO QUE SE PUDRA

En esta línea, ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "actuado muy tarde" y, en esta línea, ha recordado que el IPC se había "desbocado" hasta el 6,7% incluso antes de la guerra en Ucrania. "Debería haber actuado hace tiempo; reunirse con todos los sectores y buscar soluciones al problema que estamos teniendo", ha indicado para recordar que el resto de países europeos ha bajado los impuestos y que, por tanto, "hay recorrido".

"Tenemos un Gobierno que está absolutamente paralizado y lo mejor que podría hacer es dimitir y que haya otro Gobierno en España que sepa de verdad resolver los problemas. Ha dejado que esto se pudriese y que estemos con estos problemas cuando tendría que haberse sentado a negociar con todos los sectores", ha subrayado.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha agradecido este viernes la contribución de España a la Alianza Atlántica, donde juega un "rol muy importante" como aliado "muy fuerte" frente a los desafíos de la guerra en Ucrania o las misiones en el Este europeo.

España colabora en la "defensa colectiva" de la OTAN de "muchas formas, con muchísimas capacidades, fuerza y presencia", ha asegurado Stoltenberg en una entrevista en La Sexta.

Stoltenberg ha puesto de relieve el papel de España en la región del Mar Báltico y ha destacado el respaldo activo del Gobierno de Pedro Sánchez. "Son un apoyo muy fuerte para la OTAN", ha indicado.

España forma parte del Battle Group de Letonia, que se ubica en la base de Adazi, al norte de Riga. Está liderado por Canadá y en este dispositivo se integran militares de otras siete naciones: Albania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Montenegro y Polonia.

Respecto a la cumbre de la Alianza que albergará España en junio en Madrid, Stoltenberg se ha mostrado deseoso de que llegue: "Todos los aliados estamos, la verdad, deseando acudir a esta cumbre".

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) acoge este viernes la visita de Su Majestad, el Rey Felipe VI, dentro de los actos de la conmemoración del V Centenario de la Vuelta al Mundo. Para recibirlo, cientos de sanluqueños han abarrotado la Plaza del Cabildo desde horas antes de la hora prevista de llegada del monarca ante una fuerte presencia policial.

Sanlúcar ha amanecido con decenas de agentes de la Policía Nacional en sus calles y en las zonas cercanas a los lugares que Felipe VI visita en la localidad gaditana.

A su llegada a la Plaza del Cabildo, donde ha visitado el edificio que acogió el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, los aplausos y los vítores se han sucedido entre la multitud, que han ovacionado, igualmente, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Tras alcanzar la puerta del antiguo ayuntamiento, en el primero de los tres actos previstos para este viernes, Felipe VI ha saludado a los representantes de las entidades del V Centenario de la Vuelta al Mundo.

Además, durante la visita del Rey a la Plaza del Cabildo, una visita prevista inicialmente para el mes de febrero y que se tuvo que posponer por motivos sanitarios, se han escuchado reproches al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la gente ha pedido al monarca "que lo eche".

También está previsto que Felipe VI se desplace hasta las Bodegas Barbadillo, con motivo de su bicentenario. Allí mantendrá un encuentro con la familia Barbadillo y el Consejo de Administración, para posteriormente realizar una visita a la bodega y sus trabajadores.

Ya por la tarde, el Rey estará el Puerto de Bonanza, donde se descubrirá una placa conmemorativa de su visita. Allí, se reunirá con la Cofradía de Pescadores y, posteriormente, visitará la Nao Victoria y a su tripulación.

La Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción hacerse cargo de las diligencias abiertas por el contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia y que estaba vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Fue el pasado 23 de febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción decretó que abría diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas.

Este viernes, ha trascendido que la Fiscalía Europea se ha dirigido al departamento que dirige Alejandro Luzón porque considera que con ese contrato se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos.

Fuentes fiscales resaltan que desde la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell, se ha pedido así avocar las diligencias a un procedimiento que se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos 'Feder' europeos y por tanto tienen competencia en esa materia.

Las fuentes fiscales consultadas indican que Anticorrupción ante esa petición no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya habido malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.

Así, entienden que desde la Fiscalía Europea pueden abrir el procedimiento por malversación, algo en lo que no puede entrar el Ministerio Público español, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado que no ven indicios porque las mascarillas se pagaron y se entregaron.

Sin embargo, que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.

Así, estas fuentes señalan que desde Anticorrupción se han negado a facilitar estas diligencias a la Fiscalía Europea y han planteado un conflicto de competencias que debe resolver ahora la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.

Los líderes de la Unión Europea se han abierto este viernes a un compromiso para rebajar el precio de la luz en Europa, antes de un debate en el que España reclamará decisiones en firme para atajar la escalada del precio de la luz.

La segunda jornada de la cumbre europea en Bruselas estará marcada por el debate sobre los precios de la energía. Los Veintisiete comparten el diagnóstico sobre el problema que representa, pero genera más dudas las posibles implicaciones de propuestas como fijar un límite a los precios.

Así las cosas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha llegado a la reunión recalcando que los líderes quieren hacer "todo los posible" para frenar la escalada de precios, que ha atribuido a la guerra en Ucrania.

Sin decantarse por una medida concreta, Michel ha asegurado que el Consejo Europeo "reafirmará la unidad para afrontar temas como almacenaje de gas, las compras conjuntas de energía y el aumento de los precios".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este jueves que la UE debe tener en cuenta la "particularidad" de la península Ibérica en materia energética y aceptar que España y Portugal puedan adoptar medidas inmediatas para limitar el precio de la electricidad aunque el resto no actúen.

Sánchez subrayó que la península es "una isla energética" y tiene una interconexión "mínima con el mercado energético europeo por debajo del 3%" e incidió en que estas "particularidades específicas y concretas" hacen que el alza del precio del gas les perjudique más.

En Moncloa confían en que haya un acuerdo en este sentido, aunque reconocen que todavía hay países reticentes, como Alemania o Países Bajos, si bien creen que si Berlín termina por dar su visto bueno otros países podrían seguirle, por lo que el presidente, y también otros miembros del Ejecutivo, están haciendo todos los esfuerzos posibles en este sentido.

BÉLGICA PIDE ACTUAR YA

Uno de los países que apoya a España en sus peticiones es Bélgica, cuyo primer ministro, Alexander De Croo, ha instado a sus colegas a acordar "medidas extraordinarias" y ha esgrimido que los precios actuales "son demasiado altos y no tienen nada que ver con la realidad".

"Creo que deberíamos intervenir. Sabemos que intervenir en el mercado no es fácil pero estamos en una guerra y en esta situación hay que tomar medidas extraordinarias", ha conminado.

A su vez, el primer ministro letón, Krisjanis Karins, ha confiado en acercar posturas con países como España y Portugal. "Estoy seguro de que vamos a empezar quizás con distintos enfoques, pero nos uniremos. Hemos estado fantásticos a la hora de acordar conclusiones conjuntas", ha indicado.

Con respecto a intervenir el mercado, el dirigente letón ha admitido que las medidas sobre la energía son "complicadas", porque son cuestiones "muy técnicas", pero "absolutamente realizables".

Para el presidente búlgaro, Kiril Petkov, el bloque europeo debe hablar "con una sola voz" en el tema energético y se ha mostrado a favor de que la UE use su "poder de mercado" para lograr rebajar los precios. "La unidad hace la fuerza y nos dará precios más bajos de la energía y liberará a los ciudadanos de la gran inflación", ha subrayado.

También se ha mostrado constructivo el primer ministro eslovaco, Eduard Heger, que ha dicho que ve posible llegar a un acuerdo en este tema. "La razón por la que los precios son altos es Vladimir Putin", ha insistido, asegurando que los líderes europeos buscarán formas de paliar los efectos de la guerra sobre los ciudadanos.

Por su lado, la primera ministra finlandesa, Mara Sannin, se ha mostrado "abierta a todo tipo de soluciones que puedan ayudar en la actual crisis energética" y ha confiado en que del encuentro de este viernes saldrán "sugerencias concretas" que tendrá que materializar la Comisión.

"En este momento creo que es muy importante que no cerremos ninguna puerta, que lo analicemos con cuidado y veamos qué tipo de efectos podrían tener estos elementos", ha añadido, subrayando que es prioritario que la UE corte "cuanto antes" su dependencia de las energías fósiles procedentes de Rusia.

Las organizaciones del gran consumo han exigido a la Plataforma Nacional en Defensa del Sector Transporte que desconvoque de "forma inmediata" los paros que están paralizando España tras el acuerdo anunciado entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera en el que se recogen las principales reivindicaciones del sector.

"Hacemos un llamamiento a la desconvocatoria inmediata de un paro que ya no tiene ningún sentido y que, cada día que pasa, incrementa sus costes en términos económicos y de empleo para toda la cadena y, en especial, para otros sectores que también acusan los efectos de la actual coyuntura (sector primario, industria, comercio, hostelería)", han asegurado en un comunicado.

De esta forma, la cadena de valor del gran consumo ha reiterado que tras el acuerdo alcanzado después de 14 horas de negociación, "ya no hay ningún argumento que justifique continuar con el paro del transporte".

Las organizaciones han recordado que las ayudas aprobadas, que contemplan la subvención de 20 céntimos por litro de gasoil a los transportistas y suponen una aportación global de en torno a los 1.000 millones de euros, son superiores a las adoptadas en otros países europeos.

De esta forma, señalan que el acuerdo permite afrontar con "garantías un contexto de la máxima complejidad y atajar los problemas coyunturales que han afectado especialmente a un sector clave para la cadena de suministro, al conjunto de la economía y a los consumidores.

Las organizaciones del gran consumo consideran que estas medidas, junto con algunas de las que ya habían quedado recogidas en el Real Decreto Ley aprobado a principios de mes, contribuirán a impulsar un modelo económicamente sostenible para toda la cadena de transporte, así como a la viabilidad de los distintos modelos de negocio de un sector claramente atomizado.

Sin embargo, han reconocido que tras el acuerdo se abre un periodo en el que todas las partes de la cadena deberán seguir trabajando, desde un modelo de colaboración, para mejorar también las cuestiones más estructurales del sector.

Galicia registra 23.680 casos activos de Covid-19, que suponen un millar más que la jornada anterior, tras detectarse otros 2.169 contagios, que no bajan de los 2.000 diarios desde el pasado 16 de marzo; mientras que 448 pacientes siguen hospitalizados en el conjunto de la Comunidad gallega. Por su parte, la tasa de positividad desciende a un 13 por ciento.

Según los datos actualizados este viernes por la Consellería de Sanidade, con registros hasta las 18,00 horas del jueves, descienden a 21 las personas ingresadas en UCI por la Covid-19 en Galicia --dos menos-- y aumentan a 427 las hospitalizadas en unidades convencionales --dos más--, mientras que 22.232 pacientes se encuentran en seguimiento en su domicilio. Hace una semana --el viernes 18 de marzo-- había 386 hospitalizados, 24 de ellos en críticos.

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria se alivia en dos de las siete: Lugo y Santiago-Barbanza; aumenta en tres: Ourense, Vigo y Ferrol; y se mantiene en las de A Coruña-Cee y Pontevedra-O Salnés.

En el área de Santiago y Barbanza descienden a cinco los pacientes ingresados por la Covid en UCI --dos menos-- y se mantiene 80 en otras unidades; mientras que en la de Lugo, si bien aumentan a dos los críticos --uno más--, descienden a 38 los hospitalizados en otras unidades --seis menos--.

Por su parte, en la de Vigo descienden a dos los pacientes Covid en UCI --uno menos--, pero suben a 62 los ingresados en otras unidades --cuatro más--; mientras que en la de Ourense ascienden a cinco los críticos --uno más-- y siguen 64 en otras unidades.

El área de Ferrol continúa como la única de Galicia sin pacientes Covid en UCI y registra 43 en otras unidades --tres más--; mientras que en la de A Coruña y Cee bajan a cinco los críticos --uno menos-- y suben a 97 los de otras unidades --uno más--.

Y el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés se mantiene sin cambios con respecto a la jornada anterior, con dos pacientes hospitalizados por la Covid en UCI y 43 en otras unidades.

CASOS EN AUMENTO

A unos días de la entrada en vigor de la nueva estrategia de vigilancia y control de la Covid-19 que suprime los aislamientos a los positivos asintomáticos --desde el lunes 28 de marzo--, los casos activos siguen en ascenso por cuarta jornada consecutiva en el conjunto de Galicia hasta los 23.680, que constituyen 1.031 más que el día anterior al haber más contagios (2.169) que altas (1.134), a lo que se suman cuatro nuevas víctimas mortales. Hace una semana --el viernes 18 de marzo-- había 20.984 infecciones activas.

El aumento de casos es generalizado en las siete áreas sanitarias gallegas, con la de Vigo al frente (+226), seguida de la de A Coruña y Cee (+202), Santiago y Barbanza (+157), Ourense (+139), Pontevedra y O Salnés (+114), Ferrol (+95) y Lugo (+91).

Por tanto, con más infecciones activas se mantiene el área de A Coruña y Cee, con 4.974; seguida de la de Vigo, con 4.458; Santiago y Barbanza, con 3.904; Lugo, con 2.817; Ourense, con 2.682; Pontevedra y O Salnés, con 2.510; y a la cola continúa la de Ferrol, con 2.232.

Según el último informe actualizado por el Ministerio de Sanidad este pasado martes 22 de marzo, la incidencia acumulada a 14 días en Galicia se sitúa a 903,49 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional se reduce a 436,54.

MÁS DE 2.000 CONTAGIOS

Desde el pasado miércoles 16 de marzo los nuevos contagios superan en el conjunto de Galicia los 2.000 diarios, tras registrarse otros 2.169, que implican 388 menos que los 2.557 de este jueves; después de los 2.249 del miércoles y los 2.290 de este martes. Esta semana arrancó con 2.865 nuevos casos abiertos en las últimas 24 horas. Hace una semana, el 18 de marzo, se registraron 2.153.

De este modo, los contagiados ascienden en Galicia a 542.176, de los cuales 126.036 corresponden al área de Vigo; 113.320, a la de A Coruña y Cee; 85.648, a la de Santiago y Barbanza; 65.034 a la de Ourense; 62.334, a la de Pontevedra y O Salnés; 57.369 a la de Lugo; y 31.641, a la de Ferrol.

En la jornada de este pasado jueves se realizaron 2.968 PCR, lo que sitúa en 3.769.842 las pruebas de este tipo hechas desde el inicio de esta pandemia en Galicia, y 3.438 test de antígenos, que elevan a 1.605.478 los hechos en la Comunidad gallega, lo que supone 6.406 entre ambas, 440 menos que el día anterior.

En cuanto a la tasa de positividad --número de PCR positivas por cada 100 realizadas-- ha descendido al 13,61 por ciento, tras repuntar al 15,9% el jueves; después de situarse en el 11,94% el miércoles, en el 11,27% el martes y haber comenzado esta semana con una caída al 9,92%. Por tanto, sigue por encima del 5% que marca la OMS para dar por controlada la pandemia.

FALLECIDOS Y CURADOS

Por su parte, las personas fallecidas por la Covid-19 desde el inicio de esta pandemia ascienden a 3.194 tras haber notificado este viernes la Consellería de Sanidade otras cuatro víctimas, todas con patologías previas.

Los cuatro óbitos se registraron el pasado 23 de marzo y dos de ellos, hombres de 88 y 77 años, fallecieron en el área sanitaria de Vigo; mientras que una mujer de 94 años murió en la de Pontevedra y O Salnés; y otro varón de 92 años, en la de Santiago y Barbanza, según los datos trasladados por Sanidade.

Mientras, 515.358 personas se han curado de la Covid-19 desde el inicio de esta crisis sanitaria, tras haber recibido el alta otras 1.134 en la última jornada en el conjunto de la Comunidad gallega.

Cataluña ha registrado hasta este viernes 2.495.859 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --2.412.269 con una prueba PCR o test de antígenos--, 2.899 casos más que en el recuento del jueves, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

El total de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 26.867, 15 más que en el recuento anterior: son 16.976 en hospital o centro sanitario, 4.735 en residencia, 1.358 en domicilio y 3.798 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, hay 861 personas hospitalizadas, 55 menos que en el último recuento.

Un total de 94 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, tres menos que en el último recuento: 59 necesitan ventilación invasiva (intubación), 9 requieren oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), y 26, apoyo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja a 0,92 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 10,72%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 556,34 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 43,14 años.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el jueves se situaba en 514 y 24 horas después está en 494.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.491.079 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 6.363.739 ya tienen la pauta completa, y hay 3.294.098 inmunizados con tercera dosis.

En porcentajes, el 81,7% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 79,5% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sostenido este viernes que lo "lógico" es que la diputada canaria que abandona el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para pasar al Mixto deje su acta porque "el transfuguismo es un fraude".

"Yo creo que lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral y con un programa electoral y abandona el grupo parlamentario y a su partido es que deje el acta", ha enfatizado en una entrevista en TVE, tras la decisión de Pita, que se ha mostrado muy crítica con la formación 'morada'.

Montero ha cuestionado la decisión de la parlamentaria canaria de pasar al grupo Mixto en la Cámara Baja y piensa que "por coherencia" tiene que permitir "que se cumpla la volutad popular de los ciudadanos canarios".

Unidas Podemos pierde con este dos escaños en el Congreso y pasan de 35 a 33 diputados, después de que el pasado mes de octubre fuera inhabilitado Alberto Rodríguez. Así, sobre el caso del exdiputado también canario, la ministra ha señalado que "fue una situación muy grave para la democracia de España, no solo para el grupo parlamentario de UP".

"Es un daño para la democracia que se pueda hurtar y secuestrar el escaño a un diputado y, precisamente, por eso Alberto siempre ha tenido todo nuestro apoyo", ha deslizado, al tiempo que ha puesto de relieve que la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se haya "jugado" un proceso judicial por defender a Rodríguez frente a la inhabilitación, que ha calificado de "atropello".