La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrentará este jueves a las preguntas de los grupos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) sobre el contrato público, de compra de mascarillas, vinculado a su hermano en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

La dirigente madrileña no acude a la Cámara de Vallecas desde el jueves 17 de febrero, justo cuando estalló la crisis interna del PP. Tras la sesión de control de esa mañana, Ayuso se fue a la Puerta del Sol, donde se ubica la sede de la Presidencia de la Comunidad, y compareció para denunciar que desde su partido se la estaba acusando de corrupción sin pruebas.

La jefa del Ejecutivo autonómico defendió, tanto ese día como los siguientes, que su hermano sí cobró de la empresa Priviet Sportive, S.L, que fue adjudicataria de un contrato público durante la primera ola de la pandemia, pero aseguró que no fue por una comisión de intermediación sino por otras gestiones que realizó para la compañía. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos denunciaron este tema ante la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta no tuvo que acudir a la Asamblea de Madrid la semana siguiente dado que, como marca el Reglamento, no se celebran Plenos en los últimos siete días naturales de cada mes.

También la pasada semana se ausentó al participar ese mismo día en la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, que tuvo lugar en Marsella. La izquierda en bloque cargó contra los consejeros del Gobierno en dicha sesión plenaria y tachó de «lamentable» la ausencia de la presidenta, a quien, además, acusaron de «hacer la estrategia del avestruz».

Este jueves Ayuso sí estará en la Cámara autonómica y le espera una batería de preguntas de la oposición. En la sesión de control, que arrancará a las 10 horas, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, le planteará si el Gobierno regional pondrá en marcha una auditoria externa sobre los contratos de emergencia, y la de Más Madrid, Mónica García, preguntará por el contrato exacto vinculado a su hermano.

El PSOE, quien también sacará este tema a relucir, le pedirá una valoración política de la situación de la región. Se trata de la misma pregunta que le hará previamente la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

UCRANIA, TAMBIÉN PRESENTE EN LA ASAMBLEA

En otro orden de cosas, los consejeros del Gobierno regional tendrán que dar cuenta a los grupos parlamentarios sobre la ayuda a Ucrania y la acogida de refugiados, sobre diversas materias educativas y sobre la reforma fiscal que podría plantear el Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre otros temas.

Asimismo, también se debatirá la toma en consideración de una proposición de ley de Más Madrid que busca modificar la actual normativa de las Víctimas del Terrorismo y extender los derechos a cualquier víctima que hubiera sufrido atentado terrorista en la Comunidad de Madrid, aunque no esté empadronada en la región. Esta iniciativa pasó la toma en consideración en la pasada legislatura pero decayó con la convocatoria de elecciones.

Además, el Parlamento madrileño debatirá este jueves también varias Proposiciones No de Ley (PNL), entre las que se encuentran una del PSOE para impulsar una «ganadería sostenible»; otra de Vox para introducir un tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, y una de Más Madrid para introducir la obligatoriedad del acta de titularidad real de las empresas con las que contrata la Administración pública.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su apoyo al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de enviarle a juicio por presunta desobediencia cuando presidía el Parlament, por permitir debates en la Cámara catalana sobre monarquía y autodeterminación.

«Basta de persecución. Basta de represión, basta ya de esta causa general contra el independentismo, tan injusta como indigna. El debate parlamentario es el motor de una sociedad que se quiere libre y democrática. Todo el apoyo a Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado», ha afirmado este miércoles en un tuit.

En otro tuit, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado que «la única mesa que funciona es la de los tribunales: así dialogan», en alusión a la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno.

En otro apunte en Twitter el secretario tercero de la Mesa del Parlament y diputado de la CUP, Carles Riera, ha defendido la libertad de expresión y la soberanía del Parlament: «No son un delito, son un acto de coherencia democrática. Estamos en la Mesa garantizando que seguiremos debatiendo y decidiendo sobre nuestra autodeterminación y el rechazo a la monarquía».

Este mismo miércoles, Torrent ha lamentado la decisión del TSJC porque considera que la autodeterminación y la monarquía son debates presentes en la sociedad y que se deben poder tratar en el Parlament: «Nos llevan a juicio por defender la libertad de expresión y el derecho a la iniciativa parlamentaria. Querían que la Mesa se convirtiese en un órgano censor».

El Comité de Emergencia Español sigue apoyando a las personas huidas de Ucrania a través de las seis ONG que lo integran (Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) y ha logrado recaudar cerca de medio millón de euros, además de seguir llevando a cabo y planificando actuaciones especializadas para proteger y apoyar a las familias que escapan a los países vecinos de Ucrania.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya son más de dos millones las personas que han cruzado las fronteras de Ucrania a países como Polonia, Rumanía, Moldavia o Georgia, huyendo del conflicto armado.

Tras la activación del Comité de Emergencia Español y su llamada a la acción para colaborar de forma conjunta en la crisis humanitaria, ya se ha recaudado medio millón de euros que han sido dirigidos a las ONG del Comité, expertas en organizar respuestas en contextos de crisis y cubrir todas las necesidades que surgen en las emergencias, según avanzan en un comunicado. Algunas de ellas ya estaban trabajando en Ucrania y países limítrofes antes de comenzar esta crisis y están acostumbradas a trabajar en entornos de conflictos.

No obstante, ante la evolución del conflicto, el Comité de Emergencia Español sigue alertando a la ciudadanía de la necesidad de donaciones económicas, aportaciones que están siendo clave en la gestión de esta crisis mundial.

El Comité de Emergencia Español forma parte de la Emergency Appeal Alliance, una red que cuenta con la participación de los comités de emergencia de 13 países como Bélgica, Reino Unido, Holanda, Australia, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Irlanda, Japón, Canadá y España. Su objetivo es la unión de ONG, medios de comunicación y empresas, que bajo una misma voz, hacen un llamamiento común a la ayuda en emergencias humanitarias graves. Entre todas, han conseguido recaudar ya más de 200 millones de euros para atender las necesidades del conflicto en Ucrania.

La activación del Comité de Emergencia cuenta, además, con la colaboración de entidades como Allen&Overy, Allianz Partners, Be a Lyon, Bizum, CaixaBank, Cecabank, EDP Renovables, Exterior Plus, Fundación ProFuturo, Gigas, Hazloposible, Innoking, Migranodearena, Orange, Santillana, Trescom, y los grupos de comunicación Atresmedia, Prisa, RTVE, Unidad Editorial, Vocento y Diario.es.

«Estamos muy agradecidos con la respuesta de la ciudadanía y de las entidades colaboradoras en España», explica la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira. «Es la mejor forma de ayudar a las personas que están huyendo de sus hogares en busca de seguridad y de refugio ante los crecientes ataques, especialmente las personas más vulnerables, mujeres, mayores, niños y niñas. Las ONG miembros trabajan en las fronteras y dentro de Ucrania respondiendo a la enorme y creciente crisis humanitaria. Seguimos pidiendo ayuda económica porque, si la respuesta está siendo extraordinaria, también lo son las necesidades de la población ucraniana» ha añadido.

MATERIALES DE PRIMERA NECESIDAD, DOTACIONES SANITARIAS Y APOYO

Las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español ya han puesto en marcha planes de acción específicos, organizando las actuaciones precisas para cubrir todas las necesidades que están surgiendo en cada momento.

En el caso de Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha un Programa de Respuesta a Emergencias en Ucrania, Polonia y Rumanía para la protección de la infancia durante los desplazamientos. A través de este programa, la organización previene la separación familiar y ofrece apoyo psicológico y acompañamiento a las familias y a los niños y niñas que se encuentran solos. También están abasteciendo de materiales de primera necesidad, productos de higiene, alimentos, agua y medicinas.

Junto con las administraciones públicas ucranianas, Aldeas trabaja para dar respuesta a las necesidades de los 98.000 niños y niñas que permanecen en instituciones residenciales en Ucrania, tratando de evacuarlos y ponerlos a salvo. También han activado un plan de hibernación para aquellas familias que permanecen en las regiones de Brovary y Lugansk, con acopio de suministros y ayudas económicas para que puedan abastecerse al menos durante 15 días de todo lo necesario, además de ayuda psicológica por teléfono.

Desde Educo están trabajando en apoyar a los miles de niños, niñas y adolescentes de Ucrania que están sufriendo las consecuencias del conflicto, cubriendo sus necesidades más básicas, como comida, agua, productos de higiene o medicamentos. Además, se les está brindando apoyo psicoemocional. Desde los países vecinos se está monitorizando la situación de las familias que huyen para poder atenderlas en su búsqueda de refugio.

Se ha incorporado un equipo de refuerzo que permanece en la frontera con Rumanía para prestar sus servicios en esta crisis humanitaria, dotándolo de un almacén para el acopio de medicamentos y a la espera de que la situación se estabilice para establecer un corredor humanitario que facilite la entrada de la ayuda y la evacuación de la población civil.

Médicos del Mundo también trabaja para ampliar la atención de las necesidades de salud tanto de las personas desplazadas y en tránsito en Ucrania, como las estructuras y el personal sanitario.

Por su parte, Oxfam Intermón ha enviado equipos a Polonia, Moldavia y Rumanía para apoyar a organizaciones que trabajan en primera línea y, como organización humanitaria, pide el cese inmediato de las hostilidades y que se garantice la protección de civiles. También ha hecho un llamamiento a todos los estados miembros de la UE para que garanticen vías seguras y protección a todas las personas que huyen de la guerra, además de preparar sus sistemas de asilo y capacidad de recepción para responder a un aumento potencial de personas solicitantes.

Plan International, que ya cuenta con misiones en Polonia, Rumanía y Moldavia, reforzará los entornos seguros en los centros de personas refugiadas, garantizando que niñas, niños y adolescentes estén protegidos contra la violencia, el abuso, la trata con fines de explotación sexual o el abandono. Gracias a su experiencia, la ONG incluirá la perspectiva de género en su trabajo, y colaborará con organizaciones presentes para garantizar ayuda inmediata.

Asimismo, se apoyará a las organizaciones locales, ofreciendo atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes y personas cuidadoras, para ayudarles a recuperarse del impacto que está provocando esta guerra. Junto a sus socios, sensibilizarán a las personas refugiadas sobre los riesgos de la violencia por razón de género y les informarán sobre los apoyos disponibles. Además, facilitarán el acceso al aprendizaje y al ocio para proporcionar un espacio de protección y sensación de normalidad a los menores.

Por último, World Vision ha puesto en marcha una respuesta multi-país adaptada a las necesidades más urgentes de los refugiadas que cruzan las fronteras, desde la distribución de agua, alimentos, productos de higiene o calefactores para los puestos de descanso, hasta apoyo psicológico a niños y niñas a través de un grupo de 45 psicólogos de habla ucraniana. En Georgia, el equipo local ha llevado a cabo una evaluación rápida de las necesidades y ha prestado apoyo psicosocial y educativo a 50 niños y niñas afectados, con 39 psicólogos y trabajadores sociales.

El equipo de World Vision Rumanía ha entregado alimentos y artículos sanitarios a un hospital de 600 camas que sirve de refugio temporal para los niños desplazados y sus familias. La ayuda ha consistido en una cesta de alimentos, colchones, almohadas, ropa de cama y material de limpieza para atender a 300 familias durante dos semanas.

La plantilla de los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico e higiene industrial de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten España y Estados Unidos, ha celebrado una reunión en Madrid con Javier Salido Ortiz, director general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico del Ministerio de Exteriores; en demanda de una modificación del tratado bilateral entre ambos países que regula el funcionamiento de dicha instalación militar, para que sean incorporadas mejoras laborales para los empleados civiles.

Al encuentro han acudido además del comité de empresa, Jesús Gallego, secretario de Relaciones Internacionales de UGT; Manuel Jiménez, secretario general de FICA UGT-Andalucía, y Juan Antonio Vázquez, secretario de Política Industrial de FICA-UGT, exponiendo todos ellos la necesidad de denunciar y negociar el tratado bilateral de Defensa entre España y Estados Unidos y equiparar a la plantilla española de KBR, adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África correspondiente a los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico e higiene industrial de la base de Morón, con el personal laboral de la base aeronaval de Rota (Cádiz).

Además, la plantilla española de la base de Morón reclama garantizar «la paz social de las relaciones laborales» en KBR hasta la consecución de dicha reivindicación, valorando la «sensibilidad» mostrada por Salido Ortiz ante sus peticiones.

En noviembre de 2021, la plantilla protagonizaba una nueva concentración reclamando una actualización del tratado bilateral de defensa entre España y Estados Unidos que regula el funcionamiento de esta base. Y es que según manifestaba José Armando Rodríguez Ardila (UGT), presidente del comité de empresa, el documento «data de 1988» y ha quedado «anticuado en el ámbito laboral» al no ser el mismo abarcado por las tres enmiendas acordadas a lo largo de los años y pesar «varias reformas» de la legislación laboral española.

GARANTÍAS ANTE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

Así, demandaba una actualización del texto que implique «garantías jurídicas» para la plantilla de la base ante las sucesivas empresas estadounidenses encargadas del contrato de gestión de los servicios civiles de las instalaciones; impidiendo que las mismas se lucren a costa de despidos.

En paralelo, la protesta servía para reclamar que la decisión de Estados Unidos de trasladar desde esta base a Italia su contingente especial de reacción rápida en África no sea usada como «excusa» para nuevos despidos entre la plantilla española.

A tal efecto, recordemos que mediante una enmienda al convenio de cooperación entre Estados Unidos y España que regula el uso de la base de Morón, EEUU puede desplegar en estas instalaciones hasta un total de 36 aeronaves, 2.200 militares y 500 profesionales civiles; habilitando dicha enmienda al recinto como base permanente de la fuerza militar norteamericana de despliegue rápido en África.

«ESTAMOS TRANQUILOS»

Rodríguez Ardila insistía al respecto en que este traslado «no tiene por qué tener impacto» en la plantilla española de la base de Morón, razonando que si la llegada de los efectivos de la fuerza de reacción rápida en África allá por 2013 no se tradujo en la contratación de más personal civil para hacer frente a la situación, ahora «no tiene por qué haber» consecuencias negativas en materia de empleo.

En ese marco, el portavoz sindical recordaba recientemente que el incremento de la presencia estadounidense en esta base cuyos servicios civiles gestionan empresas seleccionadas por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África ha ido acompañado de una reducción paulatina del personal español adscrito a tales servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, ambulancia, higiene industrial o servicios postales.

LA PLANTILLA ESPAÑOLA

El comité de empresa de los mencionados servicios civiles, en ese sentido, lleva años denunciando insistentemente una supuesta estrategia predeterminada de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país.

No sobra recordar tampoco que KBR formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria entre 2010 y 2015 de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la base de Morón.

Y es que durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

Argelia ha trasladado al Gobierno su voluntad de intentar hacer llegar más gas a España y de ayudar en todo lo posible a Europa a hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, según han informado fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló el domingo con el mandatario argelino, Abdelmayid Tebune, quien reiteró no solo el compromiso de su país con garantizar el suministro a España sino también la voluntad de Argelia de ayudar en lo posible, como socio fiable en materia energética que quiere ser, a los europeos.

En este sentido, según las fuentes, Argelia ha trasladado que intentará hacer llegar más gas vía España y ambos gobiernos han acordado seguir trabajando estrechamente para ver cómo se puede materializar esto.

El Gobierno está convencido de que Argelia puede desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de proveedores alternativos de energía que está acometiendo en estos momentos la UE para reducir la dependencia del gas y el petróleo ruso.

Argelia es el tercer mayor proveedor de gas de Europa, a donde llegan el 83 por ciento de sus exportaciones, con España e Italia como principales países de destino –en 2021 sumaron el 65 por ciento del total–. El año pasado exportó al continente 55 bcm, frente a los 38,2 bcm de 2020.

SONATRACH QUIERE AYUDAR

El presidente de Sonatrach, Toufik Hakkar, aseguró recientemente, ya comenzado el conflicto en Ucrania, que la empresa estatal de hidrocarburos está dispuesta a ayudar a sus socios «en caso de situaciones difíciles» mediante el envío de más gas o de Gas Natural Licuado (GNL), aunque dejó claro que primero debe satisfacer el mercado nacional y los contratos con otros países.

No obstante, Hakkar ha apuntado a que la vía que parece a priori más sencilla sería a través de Italia. El gasoducto TransMed, que lleva el gas argelino a Italia, tiene una capacidad de 32 bcm anuales pero actualmente solo está canalizando 22 bcm, lo que dejaría teóricamente un margen de 10 bcm adicionales.

Por otra parte, Argelia también envía gas a Europa a través del gasoducto MedGaz hasta España. En este caso, cuenta con una capacidad de 8 bcm y la previsión es que pueda llegar hasta los 10 bcm, pero este nivel aún no se ha alcanzado.

El tercer gasoducto, Magreb-Europa, que hacía llegar a España gas argelino vía Marruecos, fue cerrado unilateralmente por Argel el pasado noviembre en el marco de la crisis diplomática con el reino alauí, con el que rompió relaciones diplomáticas en agosto, sin que por ahora parezca posible la reanudación del suministro por esta vía.

GESTIONES DE ESPAÑA E ITALIA

Así las cosas, tanto el Gobierno español como el italiano han intensificado los contactos con Argelia para explorar las opciones de aumentar el suministro. En el caso de Italia, su ministro de Exteriores, Luigi di Maio, viajó a Argel junto al presidente de ENI el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la guerra en Ucrania.

La situación de Italia es más complicada que la de España, puesto que este país tiene a Rusia como principal suministrador de gas, con el 45 por ciento del total, de ahí los esfuerzos del Gobierno de Mario Draghi de encontrar proveedores adicionales en caso de que Moscú decida de cortar el grifo a Europa.

Con todo, el Gobierno español viene reivindicando en los últimos días que está en una situación privilegiada para ayudar a hacer frente a esta crisis, sobre todo por su capacidad regasificadora del GNL, que representa alrededor de un tercio del total en Europa.

España ya ha puesto a disposición de sus socios esta capacidad a través de barcos metaneros o mediante gasoducto, si bien en este punto el Gobierno reconoce que la capacidad aquí es muy limitada en estos momentos.

INTERCONEXIONES ENERGÉTICAS

Por ello, en Moncloa celebran que la atención esté ahora puesta en la importancia de las interconexiones energéticas, algo en lo que España ha venido insistiendo desde hace mucho tiempo pero que países como Francia no veían prioritario, lo que explica que el gasoducto MidCat, que iba a hacer llegar gas a través de la frontera por Cataluña no se haya materializado.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, advirtió este martes de que para acometer la ampliación de Medgaz y su conexión con Francia a través de MidCat lo importante es que no termine en un «callejón sin salida». Así, previno de que esto tardaría cinco o seis años y es fundamental que haya una conexión adecuada del otro lado de la frontera.

Asimismo, el Gobierno sostiene que si el plan sigue adelante hay que hacerlo ya con vistas de futuro y que las tuberías sirvan no solo para transportar gas, sino también gas natural mezclado, gas renovable, biometano e incluso hidrógeno renovable.

Por otra parte, Ribera ha sostenido este miércoles que puesto que de lo que se está hablando ahora también es de solidaridad en el plano energético y de ayudar a los países del centro y el norte de Europa, más expuestos por su dependencia de Rusia, entonces el Gobierno considera que no debe ser «ni el contribuyente ni el consumidor de gas español» el que pague la factura de materializar la interconexión.

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victoria Alsina, ha negado que el Govern haya recibido ayudas de Rusia y ha defendido: «Cataluña no mira a Rusia, Cataluña mira a Europa, igual que lo hace el presidente Puigdemont».

Lo ha dicho este miércoles en el pleno del Parlament tras una interpelación del diputado Nacho Martín Blanco (Cs), que ha acusado al independentismo de tener vínculos con el Gobierno ruso, algo que Alsina ha negado.

«No sé si Rusia ha querido utilizar alguna vez a Cataluña para desestabilizar a la Unión Europea, pero le puedo decir que el Govern no está interesado en este tipo de ayudas», ha sostenido la consellera.

Blanco ha criticado el apoyo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al pueblo ucraniano cuando «hace unos años defendía las proclamaciones unilaterales de independencia de Donetsk, Lugansk y Crimea, y parecía que la integridad territorial de Ucrania le importaba poco cuando intentaba recabar el apoyo de Putin».

Alsina ha lamentado que con estas afirmaciones se pretende, según ella, desprestigiar al expresidente de la Generalitat, y ha querido reivindicar a Puigdemont como un «referente en la protección del derecho humanitario y de los derechos humanos».

Por último, la consellera ha insistido en que Cataluña quiere una Europa más fuerte, cohesionada y más capaz de responder frente a los retos globales, y ha definido a Rusia como «un país donde las libertades no son respetadas y donde la oposición política es encarcelada o incluso envenenada».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha formalizado este miércoles su candidatura a presidir el partido y ha presentado más de 55.000 avales, el mayor número de apoyos previos obtenidos por un candidato a la Presidencia del la formación y que están depositados en cajas en la sede nacional del partido.

Feijóo, que ha llegado puntual a Génova a las 17.00 horas como había anunciado, acompañado de su jefa de prensa, Mar Sánchez, portaba consigo una carpeta y ha revelado a los periodistas que ahí iban buena parte de los avales que ha recogido en Galicia. En su tierra cuenta con casi 5.700 apoyos.

En junio de 2018, en las primeras primarias del PP, el entonces candidato Pablo Casado entregó más de 5.000 avales tras postularse para suceder a Mariano Rajoy. Por su parte, María Dolores Cospedal, entonces secretaria general del PP, registró alrededor de 3.200 avales.

ALEXIA HERRANZ TAMBIÉN PRESENTA AVALES

Aparte de Feijóo también la militante trans del PP de Gandia Alexia Herranz ha afirmado este miércoles que ha presentado unos 120 avales para la candidatura a la presidencia del Partido Popular en diferentes sedes de todo el país.

En declaraciones a los medios en Valencia tras entregar en la sede del PPCV un total de 41 avales recogidos mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, Herranz ha indicado que en otras sedes del partido suma hasta 120 avales.

Expertos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), Universidad de Calcuta (India) y Universidad de Tsukuba (Japón) han desarrollado materiales inteligentes para la edificación que permiten elevar la temperatura de los edificios en invierno y reducirla en verano.

Según explica Laura Carlosena, profesora en la UPNA, «actualmente estamos fabricando materiales que permitan ese comportamiento dual sin que pierdan sus propiedades; los estamos probando en diferentes localidades y climas y esperamos tener resultados muy pronto».

Junto con Laura Carlosena, arquitecta y profesora en el departamento de Ingeniería de la UPNA, por parte de esta universidad han colaborado, en la fase de simulación a escala fotónica, Joaquín Sevilla Moroder, catedrático de Tecnología Electrónica, y Ángel Andueza Unanua, profesor contratado doctor de la misma área. El equipo que ha desarrollado estos materiales está formado además por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW, por sus siglas en inglés), Jadavpur y Calcuta (India) y Universidad de Tsukuba (Japón).

Según ha informado la UPNA en nota de prensa, la investigación se enmarca en el desarrollo de materiales de enfriamiento radiativo (relacionado con la radiación electromagnética). Carlosena ha explicado que es una fuente de refrigeración «que se conoce desde la antigüedad» (en Persia lo usaban para hacer hielo).

«Es un fenómeno que ocurre naturalmente durante la noche, cuando no hay radiación solar, y los objetos radian su calor al espacio. Durante el día la cosa se complica, ya que los materiales absorben el calor del sol y se contrarresta su capacidad de enfriarse. Por eso los materiales de enfriamiento radiativo buscan no absorber la radiación solar y enviar al máximo su calor fuera de la atmósfera, al espacio, incluso durante el día», ha indicado, tras señalar que «precisamente por esto son una solución ideal, ya que el calor no es expulsado directamente a la atmósfera, calentándola, sino que es radiado al espacio».

CALOR EN INVIERNO, FRÍO EN VERANO

Para combatir el calor han proliferado equipos de refrigeración, que, básicamente, expulsan al exterior el calor del interior de las viviendas, con lo que se eleva la temperatura de la calle. En los últimos años factores como el incremento del consumo de energías fósiles y otras fuentes no renovables, el aumento de la población mundial y la exigencia de mayor confort térmico en el interior de los edificios y la aparición creciente de olas de calor y eventos meteorológicos extremos han llevado a los investigadores a desarrollar materiales «innovadores».

La colaboración de Laura Carlosena surgió como resultado de sus estancias de doctorado en la UNSW en 2018 y 2020, donde trabajó con expertos en materiales inteligentes para la edificación. En un primer estudio desarrollaron unos materiales sencillos de enfriamiento radiativo que se enfriaban estando expuestos al sol. «Esos materiales los testamos en Sarriguren y tuvieron un buen comportamiento. Además, podían ser aplicados sobre materiales típicos en el mundo de la construcción como el aluminio», ha manifestado.

Posteriormente, dado que esos materiales siempre producen un descenso de temperatura, realizaron un segundo estudio para evaluar en qué medida penalizaría su uso durante el invierno a escala urbana. «Este aspecto es muy importante, sobre todo en climas templados que necesitan tanto calefacción en invierno como refrigeración en verano», ha añadido.

Finalmente, en su último trabajo, han analizado qué características podrían tener esos materiales para ser capaces tanto de enfriar como de calentar «y determinamos que, efectivamente, podríamos aplicarlos de manera que en invierno calienten la temperatura y en verano, la enfríen». En esta fase del trabajo y dado que quieren expandir los resultados a escala urbana para ver las posibles implicaciones, han participado también expertos de las citadas universidades indias y de Japón.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha suscrito con la Guardia Civil el Plan anual de control integral de actividades pesqueras para 2022 que contará con 4,7 millones de euros para reforzar el control y la vigilancia contra la pesca ilegal.

El plan incluye las líneas para actuar de forma coordinada en materia de vigilancia e inspección de la pesca marítima en aguas de la soberanía española y control de la comercialización de productos de la pesca a partir de su primera venta.

En la firma del acuerdo han participado la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

El plan forma parte del acuerdo marco entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio del Interior sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima de 2019.

En concreto, el plan busca evitar la presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, así como detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, al tiempo que se disuade a los pescadores de faenar en zonas o fondos prohibidos.

Además, el plan recoge las actuaciones a realizar por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil, para el seguimiento y control del cumplimiento de la normativa pesquera en tierra, respecto de las artes y capturas, la tenencia de especies con tallas inferiores a las reglamentarias o la verificación en cualquiera de los elementos que constituyen la cadena de distribución y comercialización.

La Guardia Civil operará con 7 patrulleras y 4 helicópteros cedidos por el MAPA, de acuerdo al Convenio marco suscrito en 2019. Por su parte, los inspectores de pesca marítima de la Secretaría General de Pesca embarcarán en estos medios aeronavales, para dirigir los objetivos de las misiones.

El Gobierno estima que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) representa alrededor de 26 millones de toneladas de pescado al año en todo el mundo, lo que equivale a más del 15 por ciento de la producción total anual de los productos pesqueros. Se trata de una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y la biodiversidad marina.

El expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha calificado de «escandaloso» que le juzguen por permitir debates en la Cámara catalana sobre monarquía y autodeterminación.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles después de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de enviarle a juicio por presunta desobediencia cuando presidía el Parlament.

«Hoy nos llevan a juicio por defender la libertad de expresión y el derecho a la iniciativa parlamentaria. Querían que la Mesa se convirtiese en un órgano censor», ha lamentado Torrent, que considera que la autodeterminación y la monarquía son debates presentes en la sociedad y que se deben poder tratar en el Parlament.

Ha criticado que «la misma Fiscalía que archiva las actuaciones del Rey emérito» sea la que le pida a él y a los exmiembros independentistas de la Mesa 20 meses de prisión por haber permitido el debate sobre la monarquía y la autodeterminación.

El expresidente de la Cámara catalana ha explicado que afrontarán el juicio con tranquilidad e irán a defender «que en el Parlament se debe poder hablar de todo».

Considera que no se les juzgará por el debate que permitieron, ya que, según él, en otros parlamentos del Estado se han planteado debates similares sin consecuencias jurídicas: «Lo que molesta es que pensemos lo que pensamos y que el Parlament se pronuncie políticamente en la línea de lo que quiere la ciudadanía».

El acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas que se deriven de estas deberán ser accesibles y comprensibles para las personas con discapacidad.

Así se ha acordado por unanimidad en el pleno del Senado, que ha aprobado una enmienda transaccional a la proposición que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.

La enmienda, suscrita por todos los grupos, especifica que la accesibilidad universal debe contemplarse en el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de éstas.

La accesibilidad universal, según especifica la norma en vigor, es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Aunque la norma actual ya establece que esa accesibilidad universal debe darse en la relaciones con las administraciones públicas, los senadores han querido señalar específicamente dentro de esas relaciones el acceso a las ayudas públicas y en sus resoluciones.

El proposición aprobada por la Cámara Alta tiene por objeto modificar la Ley General de Discapacidad para incluir la accesibilidad cognitiva que, entre otras medidas, implantará la lectura fácil en textos de interés general, como prospectos de medicamentos, documentos administrativos o judiciales.

En concreto, esta ley fomentará la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos de interés general a lectura fácil «en zonas urbanas y rurales y en otros ámbitos, como «productos y servicios, espacios públicos, transportes, normativas de edificación, administraciones públicas, patrimonio cultural y procesos de participación pública».

La norma remitida por el Congreso ha incorporado más modificaciones técnicas y definiciones a su paso por el Senado, por lo que deberá ser devuelta ahora a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

La iniciativa original fue impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y registrada por Ciudadanos en el Senado, que se inició el trámite parlamentario. Tras la primera fase de tramitación fue enviada el Congreso, en donde fue modificada y aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.

Mediaset España ha anunciado este miércoles el fichaje del periodista Diego Losada para su debut en el grupo como presentador de ‘En boca de todos’, un nuevo programa diario de actualidad en desarrollo para Cuatro.

Según ha dado a conocer el grupo de comunicación, el nuevo espacio, producido por Producciones Mandarina, perteneciente a Mediterráneo Mediaset España Group, se estrenará próximamente de lunes a viernes en directo.

Conducido por Diego Losada, ‘En boca de todos’ acercará a los espectadores las principales noticias sobre política y sociedad más comentadas del día, contextualizándolas a través de un equipo de expertos y colaboradores.

Licenciado en Periodismo, Máster en Periodismo de Televisión (URJC-TVE) y Máster en Comunicación Política y Empresarial (UCJC), Diego Losada (A Coruña, 1985) comenzó su andadura profesional en TVE en el año 2009, dentro del equipo de redacción de ‘La Noche en 24 horas’ y desde entonces ha ejercido como reportero y presentador de distintos formatos informativos de RTVE, entre ellos el Matinal del Telediario de La 1 durante tres años, ha apuntado la compañía.

Mediaset España ha añadido que en 2017 comenzó una nueva etapa en Telemadrid, donde presentó programas de entretenimiento y especiales. Un año después regresó a TVE para protagonizar una ascendente carrera en el ente público que le ha llevado a ponerse al frente de grandes formatos como ‘España Directo’, ‘La Mañana’ (del que fue subdirector y presentador), ‘Informe Semanal’, ‘La tarde en 24 horas’, ‘La Noche en 24 horas’ y, desde el pasado año y hasta la fecha, como presentador del Telediario de La 1 de Fin de Semana.

Losada, que en 2010 recibió el Premio de Periodismo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, combina su labor periodística con la docencia, la asesoría en comunicación y las colaboraciones en diferentes medios de comunicación. En su faceta más personal, es integrante de la banda de rock ‘Durden’.

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha ensalzado en la Cámara Alta la figura de San Francisco Javier con motivo de la conmemoración del IV centenario de la canonización del patrón de Navarra, de San Isidro Labrador, de Santa Teresa de Jesús y de San Ignacio de Loyola.

Así lo ha expresado en la sesión plenaria del Senado, en la que se debatía una moción del PP por la que se instaba al Gobierno considerar acontecimiento de excepcional interés público el IV centenario de la canonización de Santa Teresa.

El senador regionalista ha defendido que los cuatro santos españoles, canonizados por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, no representan solo a los cristianos españoles o del mundo, sino que transcienden mucho más allá. «Referirse a San Francisco Javier, San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola es hacerlo, por supuesto que sí, a referentes de espiritualidad y de evangelización, pero también de apertura a otras culturas, atención a los más necesitados, educación, formación, trabajo, compromiso y solidaridad», ha dicho.

Catalán ha explicado que Francisco de Javier, «el navarro más universal de todos los tiempos, dejó una impronta que todavía perdura no solo en su Navarra natal, de la que es patrón, sino en España y el mundo». «No olvidemos que es, entre otros, patrón de las misiones y del turismo», ha añadido, para afirmar que «quizás su figura es la que explica la cantidad de misioneros y cooperantes que salen de tierras navarras o la fuerte implantación de una sociedad navarra comprometida con los más vulnerables, y lo mismo podríamos observar de los otros tres santos».

En su intervención, Catalán también se ha referido a la «necesidad» de que las relaciones Iglesia-Estado «se asienten en el respeto y el reconocimiento mutuo». «Es así como se debe entender en un país aconfesional como es España», ha dicho. Sin embargo, ha afirmado que «eso no es óbice para que el Ejecutivo, independientemente de su ideología, tenga muy presente que es el Gobierno de todos los españoles, y es una realidad irrefutable que el cristianismo es la referencia confesional de nuestro país».

Según Catalán, desde esos principios y respetando la autonomía y la libertad religiosa, «algo fundamental en un estado democrático y de derecho», la colaboración Iglesia-Estado se debe desarrollar «en beneficio de todos». «Por ello, acontecimientos como la conmemoración del IV centenario de la canonización de cuatro santos españoles debe ser motivo de orgullo y satisfacción», ha asegurado.

Catalán ha indicado que éste es un evento de excepcional interés no solo religioso, sino también público, «y ahí tienen que colaborar, dentro de sus posibilidades, las administraciones públicas».

Save the Children ha pedido que no se produzcan devoluciones en caliente tras los últimos intentos de salto en la valla de Melilla y que se establezca un protocolo de detección de menores, al tiempo que ha mostrado su «preocupación» por las imágenes y videos publicados, «que reflejan la violencia ejercida durante las actuaciones en frontera, del pasado 2 de marzo».

«Pedimos que las operaciones en frontera se realicen con pleno respeto a los derechos humanos, con un protocolo de identificación de quienes necesiten especial protección y en particular de los niños y niñas migrantes y refugiados», detalla en un comunicado la directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children, Catalina Perazzo.

«Ahora mismo, el mundo está mirando a la terrible guerra de Ucrania y la Unión Europea está abriendo las puertas a todas estas personas, incluidos los niños y niñas, para que puedan ser acogidos como se merecen. En cambio, en el sur de Europa seguimos cerrando las puertas a los miles de niños y niñas que huyen de conflictos como los de Sudán del Sur o Malí y también necesitan protección», añade.

Según asegura la organización, tras el último salto, 40 menores han sido derivados a centros de acogida de menores, aunque cree que más niños cruzaron y no han sido identificados o se han quedado en situación de calle.

Así, asegura que muchos de estos niños, que proceden de distintos países en conflicto buscan alcanzar Europa para conseguir protección, según advierte la ONG. «Los menores que dejan sus países de origen huyen de guerras y conflictos, otros son perseguidos por su orientación sexual y explotados laboralmente», recuerda.

En Melilla, la organización atiende a familias con menores en el espacio amigable para la infancia del que dispone en la frontera de Beni Enzar. Además, trabaja con menores y adolescentes dentro de los centros de protección y con aquellos que se encuentran en situación de calle.

Igualmente, la ONG desarrolla diversos programas de apoyo psicosocial y de Transición a la Vida Adulta para menores residentes en los centros de protección Fuerte la Purísima y Gota de Leche. Su objetivo es apoyar a estos menores, promover su inclusión y prepararlos para la próxima etapa de emancipación una vez cumplan la mayoría de edad.

El policía español sorprendido por la invasión de Rusia cuando visitaba en Odesa a la familia de su mujer ucraniana ha conseguido viajar en coche hasta Moldavia, desde donde espera reiniciar su vuelta hasta España. «Vinimos dos y volvemos cuatro», ha explicado en un vídeo difundido en redes sociales en el que detalla que el viaje lo hicieron junto a una mujer y su hijo de seis años.

En el vídeo, difundido este miércoles por el sindicato policial JUPOL, José María M. indica que condujo durante casi seis horas para un trayecto de 110 kilómetros, desplazándose desde Odesa, al sur de Ucrania, hasta la capital de Moldavia, Chisináu.

Señala que la carretera estaba en mal estado, «bloqueadas algunas partes y con algún coche reventado por alguna explosión». También se cruzaron con controles militares. «Estamos aquí esperando para mañana iniciar el resto del viaje a casa», ha comentado, antes de dar las gracias por el ánimo e interés trasladado durante estos días desde España.

El agente es José María M., policía nacional destinado en la Jefatura de la Comunitat Valenciana. Tanto él como su mujer, Sandra, que es reservista con formación militar en Ucrania –lo que entiende que podría ponerla en peligro–, tenían un billete para volar de vuelta a España el 26 de febrero, sábado, pero la madrugada de dos días antes sus planes se truncaron drásticamente por la invasión militar ordenada por Rusia.

Hasta su viaje en un coche prestado para cruzar la frontera de Moldavia, este policía y su pareja se encontraban a refugio con familiares ucranianos en una vivienda en Odesa, una ciudad costera al sur de Ucrania, a unos 500 kilómetros de la capital, Kiev.

José María M. contactó el día 24 de febrero con la Embajada de España en Kiev y fue atendido por un funcionario, que les explicó que no podían ser evacuados del país porque no figuraba como residentes en Ucrania, un país al que llegaron como turistas el pasado 1 de febrero, cuando había «noticias contradictorias» sobre la intervención militar.

Varios Gobiernos autonómicos han planteado a lo largo de estos días que la Conferencia de Presidentes, que se celebra este domingo 13 de marzo en la isla de La Palma, aborde también el incremento de los costes energéticos, además de la situación de la guerra de Ucrania y otros puntos establecidos ya por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada que el Ejecutivo había decidido incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes del domingo la adopción de medidas por parte de las comunidades autónomas para paliar los efectos económicos provocados por la invasión rusa de Ucrania.

La intención del Ejecutivo es añadir este punto sobre las medidas económicas provocadas por la guerra de Ucrania al orden del día, que ya recogía temas muy concretos como la coordinación en materia de emergencias, el reparto de los fondos europeos, la pandemia o la reforma del Reglamento de la Conferencia de Presidentes.

Sin embargo, el incremento exponencial de los últimos días de los costes de la energía ha provocado que muchos Gobiernos autonómicos hayan manifestado públicamente su intención de llevar esta crisis energética a la Conferencia de Presidentes que se celebrará este domingo en la isla de La Palma.

CATALUÑA SUPEDITA SU PRESENCIA A ABORDAR ESTE ASUNTO

Es más, algún presidente autonómico, como es el caso del de Cataluña, Pere Aragonés, ha condicionado su asistencia a esta Conferencia de Presidentes a que se lleguen a pactos ante el aumento de los precios energéticos.

El mandatario autonómico de Cataluña descartó acudir a la Conferencia de Presidentes que se iba a celebrar a finales de febrero en La Palma, y que finalmente se canceló por el inicio de la guerra en Ucrania, aunque ahora se abre a asistir a este foro multilateral en el caso de que Sánchez acepte sus peticiones, que, además de la crisis energética, pasan por la coordinación de la acogida de refugiados ucranianos y un fondo para afrontar los gastos que supondrá la guerra.

En cualquier caso, otras CCAA, como es al menos el caso de Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia, plantearán en este foro multilateral que se aborde el incremento de estos costes energéticos de las últimas fechas.

PACTOS ENERGÉTICOS

Así, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, que además acude a esta Conferencia de Presidentes como previsible futuro líder del PP, ha solicitado al presidente del Gobierno que se incluyesen en el orden del día asuntos como la crisis energética, la ruptura de la cadena de suministros o la inflación, cuyos efectos notan cada día más los hogares españoles.

En el caso de la Junta de Extremadura, su presidente, Guillermo Fernández Vara, planteará en esta cita su «preocupación» por el incremento de los costes energéticos, y pedirá además a todas las CCAA «lealtad» y la «máxima colaboración» con el Gobierno central ante una guerra como la que se está librando en Ucrania.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, propondrá un plan de acción estratégico para «dar una respuesta inmediata» a la crisis energética agravada por la invasión de Ucrania por Rusia.

Desde Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que pedirá «personalmente» a Sánchez que «use todos los instrumentos a su alcance, con la máxima cooperación por parte de las comunidades, para ayudar al sector productivo» ante una inflación «galopante» como la actual.

La Policía Local de Sant Antoni ha detenido a un hombre por su presunta agresión a una dependienta de un supermercado. Le golpeó la cara con el puño, rompiéndole el tabique nasal, según ha informado el Ayuntamiento.

Los agentes se personaron en el lugar de los hechos y comprobaron la agresión con las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, pudiendo identificar al ahora detenido.

La mujer presentaba una herida sangrante en la nariz y un morado en la zona del ojo izquierdo, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Can Misses, donde confirmaron la fractura en el tabique.

Los agentes realizaron una patrulla por el municipio hasta localizar al agresor en una zona boscosa. El detenido se enfrentó a los agentes y, con una navaja, puso en peligro la integridad de los policías, lanzando el arma a uno de ellos sin lograr impactar contra él.

En ese momento, los otros efectivos pudieron reducir y detener al hombre que opuso resistencia activa con golpes contra los agentes.

La Policía Local procedió a la detención de esta persona por agresión y por un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia grave y lesiones.

Cerca de una veintena de organizaciones humanitarias han hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que actúe en la prevención de una tragedia humanitaria en Ucrania si no se da un alto el fuego con las garantías de seguridad pertinentes para evacuar a los civiles y llegar a las personas que necesitan asistencia humanitaria.

Las ONG, entre las que se encuentran Ayuda en Acción y Médicos del Mundo, piden «desesperadamente» la rápida puesta en marcha de corredores humanitarios que permitan el flujo de la ayuda, la evacuación segura de los civiles y la salida de los trabajadores humanitarios de los lugares en peligro.

«Aunque las agencias de ayuda hemos conseguido activar rápidamente la respuesta humanitaria con medicamentos que salvan vidas, alimentos y artículos no alimentarios, es imposible que los trabajadores y los voluntarios entreguen todo el material si no se da un alto el fuego y se garantiza la seguridad, condiciones que no se están dando en este momento en las zonas de acción militar activa y en sus alrededores», advierten.

Los datos de ACNUR muestran que desde el comienzo de la escalada militar hasta el 9 de marzo, más de dos millones de personas han huido de Ucrania hacia Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia, Eslovaquia y otros países. Al mismo tiempo, muchos civiles, entre ellos trabajadores humanitarios y médicos, siguen sin poder desplazarse y recorren largas distancias para buscar seguridad dentro del país o en los países vecinos.

Por eso, consideran que debe permitirse y facilitarse el paso «sin trabas» de la ayuda humanitaria para los civiles necesitados, «de manera imparcial y sin ninguna distinción ni discriminación», de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. El Cuarto Convenio de Ginebra exige a los Estados que «permitan el libre paso de todos los envíos de material médico y hospitalario» destinados a la población civil y «el libre paso de todos los envíos de alimentos esenciales, ropa y suplementos líquidos destinados a niños menores de quince años, madres y mujeres embarazadas».

Basándose en los resultados de la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y la Federación Rusa, celebrada el 3 de marzo, en la que las partes del conflicto llegaron a un entendimiento sobre la necesidad de garantizar corredores humanitarios conjuntos, instan a: un cese inmediato de las «hostilidades» y de los ataques contra civiles, objetos civiles e infraestructuras, especialmente en las zonas urbanas y densamente pobladas.

También instan a: un acceso humanitario seguro y sin obstáculos, incluso a través de las líneas de conflicto para que la asistencia humanitaria llegue a todos los necesitados, especialmente a los que se encuentran en situaciones vulnerables, respetando la independencia de las agencias humanitarias y la protección del personal y los voluntarios humanitarios.

Asimismo, piden que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumplan su mandato de garantizar la protección de los civiles y mantener la paz y la seguridad internacionales al margen de las disputas políticas y que respeten el derecho internacional humanitario y garanticen incondicionalmente el alto el fuego, así como la seguridad en las zonas de operaciones de combate para evacuar a los civiles y al personal humanitario y para llegar a las personas que necesitan asistencia humanitaria sin ninguna discriminación.

Por último, exigen que la comunidad internacional, especialmente las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), faciliten la puesta en marcha y la supervisión de corredores humanitarios sistemáticos que permitan el paso rápido de cargamentos y convoyes humanitarios, incluyendo el paso seguro de todos los civiles y trabajadores humanitarios; y que los países vecinos de Ucrania acojan por igual a todos los extranjeros y apátridas que huyen de Ucrania, independientemente de su nacionalidad, país de origen, origen religioso, orientación sexual o identidad de género, raza o etnia.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de 60 años como presunto autor de un delito de coacciones por acosar a una joven durante tres meses, a la que perseguía hasta su lugar de trabajo, al menos, dos o tres veces por semana.

Según han indicado este miércoles en nota de prensa, el 091 recibió una llamada este sábado que informaba de que una mujer se había refugiado en un bar de Plaza España porque un hombre la estaba siguiendo.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana se dirigió al lugar y localizó a la chica, que se encontraba temerosa y llorando, explicando a los agentes que sentía pavor por un varón que desde hacía meses la perseguía cuando se dirigía a su trabajo.

La mujer indicó además que siempre coge el bus en Alcudia y que el hombre también se sube y la busca con la mirada, para posteriormente situarse lo más próximo posible a ella, manteniendo la vista fija sobre la misma. La víctima relató que en una ocasión el detenido se tocó mientras sus genitales desde la parte exterior de los pantalones.

Asimismo, argumentó que el hombre siempre espera a que se baje ella primero para después seguirla, caminando muy cerca de ella, hasta su trabajo, teniendo la víctima que buscar rutas alternativas para intentar despistarle.

La joven facilitó a los agentes la descripción física del varón, que había abandonado la zona, por lo que no lograron localizarle. Posteriormente, recibieron una llamada de la víctima y de su compañera de trabajo informando de que el hombre había regresado al lugar.

La Policía Nacional logró finalmente interceptar al varón y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de coacciones por acoso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado abierta este miércoles la posibilidad de realizar nuevos envíos de armas a Ucrania para que haga frente a la invasión de Rusia, siempre en función de sus necesidades y de «las disponibilidades» de España.

A su llegada al Congreso para dar cuenta de la situación de Ucrania ante la Comisión de Defensa y repasar las misiones internacionales en las que participan las Fuerzas Armadas, Robles ha subrayado la «solidaridad» de España con Ucrania ante el ataque perpetrado por el presidente ruso, Vladimir Putin.

«Dentro de las disponibilidades, si Ucrania lo necesita, enviaremos el material que tengamos y que pueda ayudar a esa defensa heroica están haciendo los ucranianos», ha confirmado sobre la posibilidad de realizar nuevos envíos de material ofensivo.

El pasado fin de semana ya salieron de España cuatro aviones A-400M del Ejército del Aire cargado con material para entregar a la resistencia ucraniana. Se trató de un total de 1.370 lanzagranadas contracarro, 700.000 cartuchos de fusil y ametralladora, y ametralladoras ligeras, todos ellos propiedad del Ejército de Tierra.

En este marco, Robles ha insistido en su mensaje de apoyo a Ucrania y condena a la agresión de Rusia y ha pedido a todos los partidos que tengan sentido de Estado.

«Los ciudadanos nos están dando el ejemplo de solidaridad con el pueblo ucraniano y espero que todos los partidos utilicen las misma solidaridad», ha reclamado después de que el PP haya acusado al Gobierno de «usar la guerra» para justificar la subida de precios.

La ministra de Defensa ha reivindicado así la necesidad de unidad para hacer frente a Rusia, tanto dentro de España como internacional en el seno de la Unión Europea y la OTAN para hacer frente a unas actuaciones de Putin que cree que «claramente» violan el derecho internaciona y espera que tengan respuesta en los tribunales internacionales.

«Hoy todos somos Ucrania, el dolor de los ucranianos es nuestro dolor», ha proclamado recordando que Rusia es una potencia nuclear y esta «agresión» merece la condena de todos los actores internacionales. El pueblo ucraniano, con su defensa, ha dicho que no solo defiende su territorio sino «la libertad y la democracia» en el todo el mundo.

«Ucrania, su pueblo, Europa y todo el mundo están librando en Ucrania una lucha por un mundo pacífico, en convivencia, defendiendo los valores de libertad, pluralidad, democracia y el imperio de la ley que compartimos en la UE y la OTAN como única vía posible para la paz en el mundo –ha sostenido–. La amenaza e invasión brutal y unilateral es un ataque a estos valores».

Con ello, ha defendido que tanto la Unión Europea como la OTAN hicieron «todo el esfuerzo posible» por encontrar una solución diplomática y negociada al conflicto, pero Putin hizo caso omiso siguiendo una estrategia de «conquista» y ahora «tiene que pagar por ello».

En primer lugar, ha recordado las medidas adoptadas de carácter económico y político, una respuesta «nunca antes vista» para impedir a Putin continuar con la guerra y apoyar al pueblo ucraniano.