La Mesa del Congreso ha rechazado este martes la petición cursada por Ciudadanos para que se actuara contra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por haber revelado información aportada por la recién cesada directora de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, durante su comparecencia de la semana pasada en el Congreso.

Esteban acudió a la Comisión de Gastos Reservados, que se reúne a puerta cerrada, para dar cuenta del espionaje a independentistas catalanes con el programa 'Pegasus' y, en opinión de Ciudadanos, Rufián incumplió la ley al revelar a los medios de comunicación algunas de los datos que aportó la entonces aún jefa de los espías.

Según han informado fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara, en el que PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, ha rechazado este martes la petición de la formación naranja que, entre otras cosas, solicitaba expulsar a Rufián de la Comisión de Gastos Reservados.

La candidata de la coalición 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, Inmaculada Nieto, ha querido desvincular este martes el proyecto "nítidamente andaluz" de dicha confluencia de partidos de izquierda respecto del proyecto de frente amplio que busca impulsar la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, así como ha lamentado la "testosterona de más" que, en su opinión, se da en algunas tertulias, al hilo de las críticas que el exlíder de Podemos Pablo Iglesias lanzó este lunes por la noche sobre el conflicto abierto entre Podemos e IU a propósito de la conformación de esta coalición.

En una entrevista en RNE, Inmaculada Nieto se ha pronunciado así acerca de la controversia abierta después de que la Junta Electoral de Andalucía no haya aceptado la inscripción de Podemos y Alianza Verde dentro de esa coalición de IU, Más País Andalucía, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz por registrarse fuera de plazo el pasado viernes por la noche.

La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha reconocido estar "muy preocupada con todo el proceso" que se está desarrollando, pero ha defendido que, como candidata, ella está "centrada en poner en pie la alternativa de gobierno a las derechas para Andalucía" que aspira a conformar esta coalición para poner los "intereses" de la ciudadanía "por delante de los líos internos".

Además, se ha declarado "convencida de que todo esto se va a resolver con bien" y, a la hora de conformar las listas, en las que habría que incorporar a representantes de Podemos y Alianza Verde para cumplir el acuerdo alcanzado el viernes, ha defendido que "hay que acomodar la voluntad del cumplimiento del acuerdo, que es inequívoca por todas las partes, con el cumplimiento de la ley", para "ir en candidaturas conjuntas".

Preguntada por las críticas de Iglesias en una tertulia de la Cadena SER sobre las disputas entre Podemos e IU a la hora de acordar esta confluencia, Nieto ha señalado que "en las tertulias hay un poquito de testosterona de más", y ella cree que "no hay que entrar en esos enredos", porque "todo eso es lo que a la gente le echa para atrás de la política".

Frente a eso, ha defendido que "hay que ponerse a hablar de lo que está pasando en Andalucía", y que esta coalición es "un proyecto nítidamente andaluz" conformado por "seis organizaciones" que van a "ser capaces de resolver esos líos", desde la premisa de que "lo importante", que era "el acuerdo político, ya está adoptado", y que en esta comunidad autónoma "era muy necesario".

"Ahora hay que trabajar sobre él, y en eso estoy yo, en temas como la incertidumbre del futuro laboral de la gente joven, la situación de la sanidad o la educación, sin entreternos en dimes y diretes que no aportan nada", ha reflexionado la candidata.

En esa línea, ha llamado a que "todos" sus compañeros "se centren en lo que estoy centrada yo, en dar propuestas políticas claras y solventes para resolver los problemas que tiene Andalucía, que son muchos", y en que haya "una coalición Por Andalucía potente para representar sus intereses e impedir que reeditemos un gobierno de derecha que ha tomado decisiones que nos han causado mucho daño a los trabajadores".

También ha apuntado que tras 'Por Andalucía' va a haber una "música coral" en cuanto a los candidatos, de forma que "todos y todas vamos a tener el mismo protagonismo", y tras apuntar que no sabe si tendría "visos de prosperar" un posible recurso ante la Junta Electoral Central contra la decisión de la JEA de no validar la inclusión de Podemos y Alianza Verde en la coalición, ha insistido en que sus "compañeros" de la confluencia, de "todas la organizaciones, ya están trabajando para darle acomodo dentro de la ley a nuestra voluntad política de ir juntas a las elecciones".

De igual modo, Nieto ha defendido que en Andalucía la situación de las izquierdas a la izquierda del PSOE es "mejor" que en otros territorios "en la medida en que aquí hemos adoptado un acuerdo para ir juntos" a unas elecciones, algo que, "lamentablemente, desde hace varios años no se ha podido conseguir" en otros lugares, y es "una noticia tener en cuenta", según ha valorado.

PROYECTO DE YOLANDA DÍAZ

Durante la entrevista, Inmaculada Nieto ha insistido en querer desmarcar la coalición 'Por Andalucía' respecto del "proceso político y social que va a abrir la vicepresidenta" segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que "no es lo que hemos hecho en Andalucía", porque la también ministra de Trabajo "está hablando de un proceso más amplio, con escucha, con implicación activa, social y con otros actores" al margen de los implicados en la coalición andaluza.

"Su proceso de escucha es, por así decir, algo más a fuego lento", ha añadido Nieto en relación al proyecto de Díaz, del que ha augurado que "va a ser algo de mucha mayor envergadura, con mucha más implicación social y acorde a lo que esperamos todos que consiga, que es la Presidencia del Gobierno de España", una meta para la que cree que tiene el "poderío" suficiente y que a ella le haría "mucha ilusión" que lograra.

En esa línea, la representante de IU se ha declarado "convencida" de que Díaz "lo hará muy bien" cuando inicie su proceso, "anclándolo a gente que haya hecho ya esa reflexión de orillar broncas, recelos, insultos, agravios, y que se haya puesto en positivo a abrir un futuro mejor a nuestra gente".

Inmaculada Nieto ha dicho percibir a la vicepresidenta segunda "con tremenda admiración y respeto político", y ha aplaudido el "papel extraordinario" que, como ministra de Trabajo, está teniendo para mejorar la situación laboral de la comunidad autónoma, según ha opinado.

En todo caso, la candidata de 'Por Andalucía' ha reiterado que "no debemos achicar o buscarle paralelismos" al proyecto de Yolanda Díaz "con procesos autonómicos que responden a otras claves y a otras coyunturas", aunque la vicepresidenta esté "por supuesto pendiente" de lo que ocurra en Andalucía con esta nueva coalición y "se alegrará mucho" de los posibles "buenos resultados" que obtenga esta candidatura.

El Grupo Municipal Socialista de Madrid arranca este martes una campaña de escucha ciudadana que girará por los distritos para que la ciudadanía les cuente qué necesidades tienen y en qué servicios públicos invertirían los 6 millones de euros que algunos se llevaron "pa la saca", en referencia a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina en el caso mascarillas.

Un panel rojo, color corporativo de los socialistas, en el que se puede leer 'Pa' la saca de los madrileños. 6 millones de euros' y un palet con billetes falsos de 10 euros hasta sumar la cantidad que se habría ido en comisiones son las señas de identidad de esta campaña de escucha ciudadana, presentada por la portavoz del PSOE municipal, Mar Espinar, en la Plaza de la Villa.

"El Grupo Municipal Socialista empieza hoy una campaña más de escucha activa. Queremos saber dónde quieren los madrileños que vayan estos 6 millones de euros que nos han robado mientras que el portavoz nacional que nunca quiso ser alcalde, José Luis Martínez-Almeida, les puso la alfombra roja para que entraran hasta la cocina del Ayuntamiento", ha explicado Espinar a la prensa.

Los socialistas tienen claro "que esos 6 millones hay que recuperarlos y materializarlos en servicios públicos para los madrileños", ha subrayado la portavoz.

"Hemos perdido la capacidad de expedir más de 11.000 Tarjetas Familias para personas que necesitan hacer su compra, con un importe de 593.000 euros; hemos perdido la capacidad para atender a más de 90.000 personas de forma individual que están sufriendo la soledad no deseada; hemos perdido la capacidad de habilitar 50 espacios Enredaderos para el ocio juvenil y adolescente; hemos perdido la atención a 14.800 familias con el Servicio de Ayuda a Domicilio", ha enumerado la socialista.

En el PSOE quieren que esos 6 millones vayan "pa la saca de los madrileños". "Iniciamos una escucha activa en todos los distritos para que nos digan las necesidades que tienen. Los vecinos saben las carencias que tienen en sus barrios y los políticos tenemos la obligación de hacerles la vida más fácil, de ejecutar un presupuesto que facilite el día a día de los ciudadanos", ha defendido.

El vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia andaluza, Juan Marín, ha manifestado este martes que el presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, "sabe que no va a poder gobernar en solitario" tras las elecciones autonómicas del 19 de junio y que sus opciones son o Cs o la "extrema derecha" de Vox, que es la "que no quiere".

En una entrevista con TVE, Juan Marín ha señalado que todos sabemos que Moreno no va a poder "gobernar en solitario" y que su opción para que haya estabilidad y Andalucía siga creciendo y liderando la creación de empleo es Ciudadanos.

"Él sabe perfectamente qué es lo que tiene que decidir", ha dicho Marín del presidente de la Junta y se ha mostrado convencido de que los andaluces quieren que Cs "siga cuatro años más en Gobierno andaluz". Así, ha indicado que Cs aspira a que se reedite el actual acuerdo de gobierno con el PP-A, porque está claro que Andalucía no va a seguir creciendo si Ciudadanos "no está" en el Ejecutivo autonómico.

Al mismo tiempo, ha denunciado que el Partido Popular en España pretende "blanquear a la extrema derecha" de Vox con los acuerdos que se han alcanzado en las comunidades de Madrid y de Castilla y León.

Ha criticado que el mensaje de Vox para la campaña andaluza sea que esta comunidad es el "trampolín para la Moncloa". Según Marín, "Andalucía no es un campo de experimento ni de pruebas", sino una comunidad de ocho millones y medio de habitantes que ha logrado salir de la corrupción de la etapa del PSOE-A y que ahora lidera el crecimiento económico y del empleo.

Ha insistido en que Cs aspira a convencer a los ciudadanos de que es un partido necesario para que Andalucía siga creciendo y ha recomendado a otras formaciones que no vendan la "piel del oso antes de cazarlo, porque queda mucho partido".

Juan Marín ha expuesto que en la campaña electoral explicarán lo necesario que es Cs en Andalucía para que en esta tierra haya estabilidad y confianza. Ha confiado en que logren representación en las ocho provincias y conformar un nuevo Gobierno con el PP-A para los próximos cuatro años.

Ha dicho que un sólo escaño puede ser determinante en una votación como se pudo comprobar en el Congreso de los Diputados con la aprobación de la reforma laboral.

Respecto a la situación de la coalición de partidos de izquierda 'Por Andalucía', ha manifestado que es "esperpéntico el espectáculo que están dando", ya que están "enfrentados exclusivamente" por las subvenciones.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha abogado por que el Gobierno de Pedro Sánchez agote la legislatura, pero avisa al Ejecutivo de que su formación no le sostendrá "permanentemente" porque la alternativa sea "peor".

Además, sobre el espionaje a independentistas por Pegasus, ha considerado que hay aparatos que no van a dejar de "espiarles" para "defender la unidad del Estado", y cree que ahora el Gobierno Sánchez tiene la oportunidad de acabar con todo esto.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi ha recordado que siempre han sido partidarios de que se agote esta legislatura porque "hay razones suficientes", ya que "la alternativa es peor".

"En un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, de aumento de la extrema derecha, en el que el 43% de los franceses votan a Le Pen, dejar que en el Estado español esa posibilidad se consolide, es un grave problema para los trabajadores vascos y para el pueblo vasco. Es una razón poderosa, pero el Gobierno no puede entender que esa es la razón por la que vamos a sostener al Gobierno permanentemente porque esta no es una buena receta", ha dicho.

Según ha advertido, no por eso "van a sostenerle permanentemente porque esta no es una buena receta". Por ello, le ha emplazado a decidir "si quiere consolidar espacios de democratización, aceptar reivindicaciones sociales y económicas que tocan los privilegios de las castas económicas y oligárquicas, y si quiere dar una solución democrática a los problemas nacionales que tiene el Estado. Es la opción que tiene el Gobierno", ha concluido.

El abogado y la mujer del periodista Pablo González han lamentado este martes en el Parlamento de Navarra la falta de información casi tres meses después de su detención en Polonia por una acusación de presunto espionaje.

El letrado, Gonzalo Boye, y la mujer, Oihana Goiriena, han comparecido en el Parlamento de Navarra a petición de PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para informar sobre el arresto y la incomunicación del periodista vasco. A la sesión de trabajo no ha acudido Navarra Suma.

Gonzalo Boye ha expresado durante la sesión su "preocupación por la situación de Pablo, después de casi tres meses de detención y en la práctica incomunicación", toda vez que Oihana Goiriena "no ha podido hablar con su marido y yo como abogado no he podido hablar con él ni visitarle".

El abogado ha explicado que "inicialmente se nos explicó que era una acusación por espionaje y que había sido detenido por los servicios secretos polacos". "Hemos sabido de algunas incidencias procesales sin mayor información. En dos semanas se cumplen los tres meses de prisión provisional que inicialmente se acordaron y no sabemos si se van a prorrogar o no, seguimos sin saber el contenido de la acusación, ni cuál es la razón legal para que un abogado previamente designado por Pablo no le pueda visitar, ni cuál es la razón legal para que su propia familia no pueda comunicar directamente con él, porque no puede recibir ni cartas, ni llamadas, ni visitas", ha afirmado.

Gonzalo Boye ha asegurado que, "a excepción del cónsul español, el resto de autoridades españoles no parecen preocupadas por la situación de Pablo, sino que tampoco hacen grandes esfuerzos para restablecerle en unos derechos básicos, primero el de presunción de inocencia". "Las autoridades españolas deberían haber exigido a las polacas que se garantizase el acceso a la familia, a unas comunicaciones mínimas y también un acceso a un abogado de libre elección", ha afirmado.

Boye ha subrayado que "tres meses de incomunicación es una bestialidad porque puede ser utilizado, y no me cabe duda de que es la intención de las autoridades polacas, para intentar modificar la voluntad de Pablo González".

El abogado ha explicado que "las autoridades polacas nos pidieron una documentación, la tradujimos y la enviamos, y después nos pidieron más documentación y que fuera traducida por un traductor jurado". "Se les ha enviado y la respuesta ha sido el silencio", ha afirmado, para insistir en que no disponen de más información del caso. "Con el código penal polaco en la mano estamos hablando de una relevante pena de prisión que debería basarse en un proceso debido", ha dicho.

Sin embargo, ha asegurado que "aquí no han respetado una sola norma europea en materia de derechos fundamentales de trato a personas en prisión, no han respetado una sola de las normas de la carta de derechos fundamentales en materia de procesos con las debidas garantías".

Por su parte, Oihana Goiriena ha explicado que lleva "casi tres meses sin hablar con mi marido y él lleva casi tres meses sin hablar con su mujer y sus hijos". "No podemos hablar con él, sabemos que no le hacen llegar nuestras cartas, la incomunicación es prácticamente total y eso le puede afectar a su estado moral y anímico, y no me parece muy justo", ha señalado.

Goiriena ha señalado que el cónsul español "es el único medio de información semidirecta que tenemos, a través de él le hago llegar mensajes, pero solo le ha visitado dos veces y solo dos veces ha sabido de nosotros". "Lo que sabemos de él es muy poco, que está bien de salud, que está bien de ánimos, que está fuerte dentro de lo que cabe y nada más, no se nos puede decir nada más y eso es muy duro", ha afirmado.

En el turno de intervención de los grupos, la portavoz del PSN, Inma Jurío, ha asegurado que "la preocupación que expresan" el abogado y la mujer de Pablo González "es compartida por todos", pero ha señalado que, sin disponer de más información sobre el caso, "poco más podemos aportar nosotros, más que manifestar el deseo de que la situación se resuelva lo antes posible y de la forma más favorable a los intereses familiares y personales de cualquier persona que se encuentra detenida". Jurío ha afirmado que "el Estado español, a través de vías diplomáticas, si que ha realizado las actuaciones que debe realizar y muchas veces las vías diplomáticas pueden actuar de maneras que no son tan públicas". "No creo que ayudemos nada haciendo alegatos puramente políticos y criticando sin conocimiento determinadas situaciones que se pueden producir en otros países", ha añadido.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha "solidarizado" con la mujer de Pablo González y ha afirmado que "hasta la fecha Polonia no ha aportado pruebas que justifiquen esta detención". Además, ha considerado que hay una "actitud excesivamente tibia por parte de las autoridades españoles". "España no puede ser ni modélica ni ejemplarizante en calidad democrática, porque aquí también se cerraron periódicos, España ha sido condenada en diez ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por diferentes motivos", ha señalado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha sostenido que Pablo González "está sufriendo una grave vulneración de los derechos fundamentales como periodista y como ciudadano de la Unión Europea, es una situación de indefensión absoluta, no se están cumpliendo los estándares comunitarios en cuanto a la libertad de prensa". Tras ello, ha exigido al Gobierno de España que "se implique de manera seria para trabajar por la libertad de Pablo".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado "toda su solidaridad y apoyo ante lo que es un auténtico atropello, ya que Polonia está pasando por encima de toda la legislación internacional". "Se está produciendo una detención e incomunicación de una persona fuera de la legalidad. ¿Cómo se puede explicar que ni su familia ni la defensa puedan comunicarse con esta persona cuando aún no hay ninguna prueba de una acusación que en principio no se sostiene?", ha planteado.

Por último, el portavoz de Geroa Bai, Jabi Arakama, ha afirmado que Pablo González se encuentra en "unas condiciones durísimas que nadie tendría que sufrir, menos sin que las autoridades responsables aporten pruebas fehacientes de la necesidad de esa detención, ni siquiera han aportado en qué consiste la acusación, parece claro que no se están cumpliendo los derechos humanos relativos al detenido".

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha señalado este martes que ERC "tendría más credibilidad" si, además de exigir un diálogo con el Gobierno central, lo practicara en Cataluña porque se comprometió a ello "y no lo ha hecho".

Illa ha calificado de "pertinente" un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, porque "todo ejercicio de diálogo es necesario". "No veo otro camino para resolver los problemas de los ciudadanos", ha señalado en una entrevista en TVE.

Así, ha hecho hincapié en la necesidad de que se abra un diálogo. "Pido a ERC que se abra un diálogo entre catalanes. No nos exigen mucho, quieren un dialogo con el Gobierno de España, tendría más credibilidad si, además de exigirlo con el resto de España lo practican en Cataluña, cosa que no hacen", ha asegurado.

Preguntado acerca de si ve justificado el espionaje con Pegasus a independentistas, Illa ha mostrado su "convicción" de que está quedando acreditado que el Gobierno ha actuado dentro de los márgenes del Estado de derecho y que está haciendo un trabajo de "esclarecimiento" de lo que ha ocurrido.

En este sentido, sobre si ve adecuada la reacción de Esquerra, el que fuera ministro de Sanidad ha apuntado que comparte "el deseo de esclarecer los hechos", pero no "que se mezclen cosas". "Me parece que ERC en algunas cosas relevantes que mejorar cuestiones muy concretas de la vida de los ciudadanos no ha estado a la altura de lo que hay que estar", ha añadido.

Eso sí, el dirigente del PSC ha señalado que es un "error" que los independentistas estén reclamando la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en quien tiene "plena confianza", para reanudar la relación de confianza como socios del Ejecutivo.

Por último, ha pedido que a ERC que "aclare" el encuentro del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con un diplomático ruso el día antes de la Declaración Unilateral de la independencia en octubre de 2017. "Este es un hecho que convendría aclarar y qué grado de conocimiento tenían los socios del Govern al respecto", ha zanjado.

El candidato a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha arrancado su discurso de investidura pidiendo el apoyo haciendo gala de la "experiencia, responsabilidad y esperanza". "Pido la confianza de la cámara en la que reside la voluntad popular de los gallegos", ha proclamado.

En los primeros compases de su intervención, el todavía vicepresidente primero en funciones, Alfonso Rueda, ha citado a todos los expresidentes autonómicos, desde Albor y Fraga pasando por Laxe y Touriño, hasta llegar a Alberto Núñez Feijóo, presente en su escaño del gobierno en el hemiciclo, desde el que le dará el relevo a su número dos durante 13 años.

"Quiero ser presidente de la Xunta para ahondar en los aciertos que tuvo nuestra tierra en estos 40 años y para tratar de mejorar aquello aún puede hacerse mejor", ha apuntado Rueda, quien tiene entre sus propósitos que Galicia siga siendo "referente de normalidad excepcional", con un gobierno de mayoría absoluta.

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, no descarta que pueda haber elecciones generales antes de Navidad, aunque no quiere que esto ocurra, y espera que la legislatura concluya para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda cumplir lo pactado con los jeltzales. Además, ha insistido en que el Ejecutivo "está jugando con fuego", y le ha advertido de que "ojito con andar amenazando blandiendo el espantajo de que 'lo de enfrente es peor'" porque no dispone de mayoría absoluta. "Es una torpeza", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, Atutxa se ha referido al caso Pegasus y a la reclamaciones de responsabilidades que se están realizando, para considerar que "hay que identificar quiénes dan esas órdenes" de espionaje "y en qué lo justifican". "Pegasus investiga toda tu vida, todo tu entorno. Es muy grave", ha apuntado.

La dirigente del PNV ha señalado que preferiría que el actual Ejecutivo "pudiera seguir trabajando y ojalá trabajara conjuntamente como un solo Gobierno". "No sé si como dos o tres partidos, o dos partidos más una ministra". No estoy segura de quién compone este Gobierno", ha añadido.

A su juicio, "es muy democrático llamar a las urnas, pero también lo es cumplir legislaturas para poder cumplir compromisos". En este sentido, ha recordado los que tiene asumidos el Gobierno del Estado con el PNV.

"¿Habrá elecciones antes de Navidad? ¿Habrá que esperar a ver qué pasa con las andaluzas?. Yo no descartaría nada en este momento, también lo digo. No las quiero, también lo digo", ha insistido.

ERC

Sobre las complicadas relaciones del Ejecutivo con ERC por el espionaje a independentistas por Pegasus, la presidenta del BBB del PNV ha señalado que Oriol Junqueras, con sus últimas manifestaciones, "parecía que daba pie a que pudiera haber un punto de inflexión para volver a encontrarse". "Sería muy importante, pero en esto también tiene que ayudar el Gobierno español", ha añadido.

Por ello, ha mostrado su deseo de que "nadie lo encone" como para que "hagan peligrar la legislatura", y ha aludido, asimismo, a la falta de unidad dentro del propio Ejecutivo central. "Ahora hay un claro posicionamiento del Gobierno en ir dilatando algunas propuestas que tenía que hacer en sede parlamentaria de leyes, etc. Hay poco diligencia en este sentido", ha apuntado.

Itxaso Atutxa cree que para Cataluña también es importante que este Ejecutivo se mantenga porque "la alternativa es peor". "Pero nosotros también lo dijimos hace un par de semanas y no era una frase vacía: Sánchez está jugando con fuego y no vale estar todo el día blandiendo este espantajo de que 'lo de enfrente es peor y ya sabéis lo que viene'", ha dicho.

En esta línea, ha avisado: "¡Ojito con andar amenazando en ese sentido! Es verdad que lo de enfrente puede ser peor, pero está actuando como si tuviera mayoría absoluta y, además, con mucha displicencia. Eso en política, cuando los necesitas, porque no tienes mayoría suficiente, es una torpeza", ha concluido.

El teléfono móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también fue infectado con el 'software' Pegasus en junio de 2021, según ha informado la Cadena Ser. El ataque se produjo en las mismas fechas que el sufrido en el terminal de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y un mes después del acometido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno tiene previsto informar este martes tras el Consejo de Ministros sobre el chequeo a los teléfonos móviles de los miembros del Gobierno encargado al Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI, cuya labor de Inteligencia está siendo cuestionada desde hace días por los partidos independentistas.

El ataque con Pegasus a Grande-Marlaska coincide en el tiempo con el confirmado de forma oficial a Sánchez y Margarita Robles. En mayo y junio de 2021 el Gobierno gestionó la crisis por la entrada de miles de migrantes a Ceuta y también comunicó los indultos a los políticos catalanes por el referéndum del 1-O.

Por el momento, según la Ser --que confirma la información adelantada días atrás por El País-- se desconoce los datos a los que tuvieron acceso con el ataque con el programa israelí Pegasus. En cambio, sí que han detallado que el volumen robado a Grande-Marlaska fue en torno a 10 megas, similar a la cantidad de información que robaron del móvil de la titular de Defensa.

Los terminales de los miembros del Gobierno han sido analizados y este martes el Ejecutivo va a dar a conocer los informes del análisis que ha llevado a cabo el Centro Criptológico Nacional. Alguno de los ministros consultados ha explicado que ya les han devuelto el teléfono, pero sin un informe concreto sobre su situación, aunque en algún caso sí se les ha informado sobre si había estado infectado con 'spyware' o no.

Marlaska es el tercer miembro del Gobierno afectado por el espionaje de Pegasus, a la espera de los resultados del análisis del resto de móviles de ministros que han sido chequeados en profundidad desde hace poco más de una semana, después de que el Ejecutivo informara del espionaje de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró que darían cuenta de los resultados una vez completado el examen de todos los dispositivos. La portavoz del Ejecutivo también admitió que, si bien han cumplido con los protocolos de seguridad, el escándalo por el presunto espionaje a líderes independentistas que desveló la plataforma Citizen Lab propició la investigación de los teléfonos móviles del presidente y la titular de Defensa.

Castilla-La Mancha ha derogado oficialmente este martes, a través de un Decreto, las medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que quedaban en vigor, dejando sin efecto el Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, que era el que actualmente contemplaba las medidas en vigor.

Según ha publicado este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), únicamente será obligatorio el uso de las mascarillas en los centros, servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes, con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su habitación, así como en los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas.

También en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros y en los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean compartidos por núcleos de convivientes.

Asimismo, estas normas no serán exigibles a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el usode la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización y, de igual forma, en el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El Pleno del Congreso, en su sesión de este martes 10 de mayo, debate la toma en consideración de una propuesta de ley del PSOE para modificar del Código Penal y que, de forma temporal, se agraven las penas por delito de trata de seres humanos en contextos de guerra, aprovechando el éxodo de mujeres desplazadas por la guerra en Ucrania.

El texto de la norma plantea una modificación del artículo 177 bis del Código Penal, que establece penas de entre cinco y ocho años de prisión a los reos de trata de seres humanos que se produzca en territorio español.

Su objetivo, según el texto de la iniciativa, es incorporar entre los agravantes para la pena superior en grado (una horquilla de ocho años y un día hasta doce años de cárcel) aquellos casos en los que "la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano iniciada el 24 de febrero de 2022 por tropas de la Federación Rusa".

Los socialistas ven "procedente" esta propuesta ante la situación bélica que está sufriendo el país ucraniano en donde, según apuntan, especialmente mujeres y niños se "exponen a situaciones de extrema vulnerabilidad".

El principal partido en el Gobierno ha registrado esta propuesta de ley en el Congreso mientras el Ejecutivo prepara una ley integral contra la trata que, según han explicado en varias ocasiones, tienen intención de aprobar en esta legislatura y que está generando nuevas desavenencias entre los socios del Gobierno.

El pasado mes de febrero el Ministerio de Justicia anunció que iba a encargar un texto sobre este tema cuando el Ministerio de Igualdad ya había comenzado en marzo de 2021, según anunció el departamento de Irene Montero, sus trabajos para elaborar la misma norma.

Ahora, el Congreso deberá decidir si admite a trámite el texto del PSOE para agravar, de forma temporal, las penas por delito de trata durante la guerra en Ucrania.

Tres hombres han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional de Málaga por, presuntamente, agredir sexualmente a una mujer en la zona de la Malagueta de la capital malagueña, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos sucedieron del domingo al lunes cuando la sala del 091 de la Policía Nacional de Málaga recibió la llamada de un testigo, quien avisó de que una mujer estaba siendo agredida sexualmente en la zona de La Malagueta.

Los agentes se desplazaron al lugar y sorprendieron a los tres hombres junto a la víctima, que fue liberada por los policías nacionales. Además, la mujer se percató de que también le habían robado el bolso.

Los policías arrestaron a los tres hombres por su presunta implicación en los delitos de robo con violencia y agresión sexual, activando el protocolo fijado para estos casos.

La investigación continúa en marcha para establecer cómo sucedieron los hechos. Según ha adelantado este martes diario SUR, al parecer la mujer había estado tomando unas cervezas con una pareja en un bar de La Malagueta pero cuando esta se marchó se quedó sola.

Entonces, se le acercó un hombre con el que estuvo charlando y cuando ella quiso irse él se ofreció a acompañarla dando un paseo por la playa, según el diario. En un momento dado, supuestamente él se abalanzó sobre la víctima, que al parecer estaba ebria, y aparecieron los otros dos hombres.

El Pleno del Congreso debatirá este martes la propuesta del PP de reactivar proyecto del gasoducto Midcat con Francia, 'resucitado' a partir de la crisis energética desencadenada con la invasión rusa de Ucrania.

Se trata de una proposición no de ley dirigida a acelerar este proyecto y el resto de infraestructuras gasísticas, como la regasificadora de El Musel (Gijón), para la que piden intensificar los trabajos dirigidos a su puesta en funcionamiento.

Con esta iniciativa, el PP llama al Gobierno a aumentar la capacidad de aprovisionamiento, almacenamiento, regasificación y transporte del sistema gasístico, con especial atención a las interconexiones con los países vecinos --Francia, Portugal, Marruecos y Argelia--.

ACORTAR LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

Asimismo, reclaman relanzar con carácter urgente y con simplificación de trámites el proyecto STEP-Midcat, promoviendo las modificaciones normativas nacionales y, en su caso, europeas, para acortar los plazos de ejecución y puesta en marcha del proyecto.

En su propuesta, los 'populares' elevan el sistema gasístico español como "solución" a la crisis energética y a la dependencia del gas ruso, por lo que piden "corregir los errores" que, a su juicio, se han producido por la "obsesión ideológica y animadversión" al gas por parte de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La primera fuerza de la oposición destaca en su exposición de motivos cómo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desautorizado públicamente a su vicepresidenta al respaldar una "aceleración y fortalecimiento de las interconexiones", lo que consideran en el PP una "clara alusión al proyecto" STEP-Midcat.

LA UE LO DEJÓ FUERA

Preguntado por este proyecto, el Gobierno ha venido recordando que este proyecto gasístico ha quedado fuera de las infraestructuras estratégicas a financiar por parte de la Unión Europea por el rechazo de los reguladores español y francés en relación a un análisis coste-beneficio.

Un argumento repetido por el Ejecutivo en una respuesta registrada recientemente en el Congreso a diputados del PP que preguntaban la posible reactivación de este gasoducto. En ella, el Gobierno reconocía que estudiaba junto con las autoridades europeas y el resto de socios la viabilidad de impulsar nuevas interconexiones gasíticas pero ponía una serie de condiciones para apostar por ellas.

Concretamente, la viabilidad futura de esta infraestructura y el acuerdo comunitario para rentabilizarla más allá de la actual crisis energética, su compatibilidad con el transporte de gases de origen renovable, incluido el hidrógeno verde y su financiación europea para que no sean ni el consumidor ni el contribuyente español el que sufrague la interconexión.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el exconseller y vicepresidente de Junts, Jordi Turull, se enfrentarán para liderar Junts si no hay un acuerdo 'in extremis' antes de este martes a las 16.00 horas, cuando termina el plazo en el que se pueden presentar candidaturas.

Junts celebrará su congreso en dos partes tras la renuncia del expresidente de la Generalitat y líder de la formación, Carles Puigdemont, y del secretario general, Jordi Sànchez, a revalidar sus cargos: el 4 de junio se escogerá a la nueva dirección en Argelès-sur-Mer (Francia), y en julio habrá otra jornada que servirá para aprobar la ponencia política y organizativa.

Sin descartar aún el acuerdo, Borràs y Turull no han logrado de momento acercar suficientemente las posiciones y podrían formalizar candidaturas por separado a la secretaría general de Junts, mostrando así una imagen de división que muchas familias del partido quieren evitar.

De hecho, fuentes consultadas han explicado que la noche del lunes estaban ya configurando sus equipos y llamando a las personas que podrían integrar sus respectivas ejecutivas.

Los que quieran presentarse al congreso pueden hacerlo a la presidencia, con el nombre de cuatro vicepresidencias; a la secretaría general, junto con la secretaría de Organización y la de Finanzas, y al resto de la dirección, integrada por 18 personas.

Aunque gran parte de los sectores de Junts aseguran trabajar por una candidatura conjunta, la realidad es que no se ponen de acuerdo en qué posición debe ocupar cada uno ni en el poder ejecutivo que deben ostentar.

En un principio, se barajaba la posibilidad de que Borràs asumiera la presidencia y Turull la secretaría general, pero la presidencia de Junts es de carácter institucional y representativa, y el entorno de Borràs considera que el apoyo que tiene su figura entre las bases no se traduce luego en puestos de decisión.

"El cargo institucional que tengo es el segundo más importante de país y el de mayor rango en Junts. Parece lógico y la militancia considera que es de justicia que los liderazgos por los que ha apostado también tengan algo que decir", dijo ella el domingo a La Vanguardia.

Así, una de las opciones que se ha contemplado para dar más poder político y ejecutivo a la presidencia es una reforma de los estatutos a través de la ponencia organizativa, que se tendría que hacer 'a posteriori' en la segunda parte del congreso de Junts, en julio.

Sin embargo, cercanos a Borràs han advertido de la dificultad de esta operación y no la recomiendan, teniendo en cuenta que se tendría que hacer un mes después de haber elegido a la nueva dirección.

Sí podría haber acuerdo entre ambos a la hora de presentar una candidatura unitaria entre los dos equipos a la presidencia del partido, y podrían buscar el perfil "de exconsellers en el exilio como Toni Comín, Lluís Puig e incluso el de Josep Rull", aseguran otras fuentes.

POSIBLES INTEGRANTES

Mientras que Borràs entró en Junts como independiente y cuenta con el apoyo de las bases, Turull tiene el de cuadros del partido que proceden de su etapa en CDC y el de los más cercanos al aún secretario general, Jordi Sànchez.

Así, en el equipo de la presidenta del Parlament podría acompañarle Jaume Alonso-Cuevillas en la secretaría de Organización, y otros nombres fieles a su figura como Francesc de Dalmases; Aurora Madaula; Esther Vallès; Montse Girbau; Cristina Casol y probablemente también Aleix Sarri, entre otros, según apuntan fuentes consultadas por Europa Press.

Por su parte, Turull cuenta con el apoyo de muchos de los que firmaron un manifiesto la semana pasada que expresaba el apoyo a Borràs como futura presidenta de Junts y del exconseller como secretario general, y que avalaron consellers y dirigentes de Junts.

No lo firmaron el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró; la consellera de Universidades, Gemma Geis; los vicepresidentes del partido Elsa Artadi y Josep Rius, y las personas cercanas a Borràs.

Entre las personas de Turull que podrían integrar la nueva dirección suena el de Joan Ramon Casals y está la incógnita de qué hará la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que, pese a no firmar el manifiesto, es afín a Turull pero también mantiene buena relación con Borràs.

El pleno del Parlament votará esta semana si pide la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por sus declaraciones "reconociendo y justificando" el espionaje al independentismo a raíz del caso Pegasus.

Se trata de un punto de una moción de ERC que el pleno debatirá este jueves, y que también exige la "máxima información y transparencia a las autoridades competentes" del Gobierno y llevar el caso ante el Parlamento Europeo.

Los grupos se pronunciarán sobre esas peticiones después de que la directora del CNI, Paz Esteban, revelara la semana pasada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados que una veintena de independentistas fueron espiados con orden judicial, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su etapa como vicepresidente.

Además, el Parlament deberá votar si pide al Govern "congelar todas las relaciones institucionales" con el Gobierno hasta que se aclaren los hechos, en otra moción sobre el espionaje presentada por Junts, a la espera de que si el jefe del Ejecutivo catalán se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedo Sánchez, para abordar el caso.

SESIÓN DE CONTROL

El pleno durará tres días y arrancará este martes por la tarde con interpelaciones de los grupos parlamentarios al Govern sobre servicios básicos en el mundo rural (PSC-Units), las consecuencias de las políticas de acción climática (Vox), el sistema ferroviario (CUP) y el balance tras "un año de mal gobierno" (Cs), entre otras.

La sesión se retomará el miércoles por la mañana con la sesión de control a los consellers y a Aragonès, cuando los grupos preguntarán al Govern sobre la "ruptura" de las relaciones con los sindicatos educativos y las próximas huelgas del sector, las leyes sobre vivienda o las indemnizaciones para los agentes que abatieron a los yihadistas autores del 17A, entre otros asuntos.

Otro de los temas que previsiblemente protagonizará el pleno será el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordena a la Generalitat ejecutar la sentencia sobre el 25% de castellano en la aulas.

De nuevo, en el pleno de esta semana no figura la reforma de la Ley de Política Lingüística sobre el catalán en la escuela --que pactaron ERC, PSC y comuns, y de la que luego se descolgó Junts--, después de que los grupos pospusieran una vez más su debate la semana pasada.

Tras el auto del TSJC, el PSC ha sostenido que esta orden es el "resultado" de la posición de Junts, que condiciona su apoyo a que genere consenso entre la comunidad educativa y las entidades de defensa de la lengua, mientras que los comuns han insistido en reactivar el acuerdo y ERC espera que se apruebe la iniciativa lo antes posible.

PLENO MONOGRÁFICO SOBRE JUVENTUD

Tras la sesión de control, el pleno celebrará el miércoles un debate monográfico sobre juventud y emancipación juvenil --a petición de PSC, ERC, Junts, la CUP y los comuns-- en el que intervendrán el presidente de la Generalitat y los grupos parlamentarios.

Las propuestas de resolución presentadas por los grupos a raíz de este debate monográfico se votarán el jueves por la tarde, una vez los grupos hayan analizado durante la sesión las causas y consecuencias de la "falta de acceso a la vivienda" y la situación socioeconómica de los jóvenes catalanes.

ESTADÍSTICA Y CRIPTOMONEDAS

El pleno también votará el Proyecto de Ley del Plan estadístico de Catalunya 2023-2028 y de modificación de la Ley de estadística, que presentará el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró.

Además, se debatirán y votarán mociones sobre la gestión de las residencias de ancianos, las políticas sobre infancia, la Formación Profesional (FP) y la agenda rural, y el Govern deberá responder a una interpelación sobre la necesidad de abordar el fenómeno de las criptomonedas a instancia de los comuns.