Banco Santander señala que la acción militar de Rusia contra Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea, entre otros, podrían requerir de incrementos de las provisiones para insolvencias del grupo bancario, así como una reducción en su capacidad de generar ingresos y resultados.
Así se recoge en el Documento de Registro Universal que el banco ha remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en el que avisa de los riesgos a los está expuesto, como el conflicto de Ucrania, la pandemia de Covid-19 u otros factores asociados a su propia actividad.
Cabe recordar que Santander ya incluyó el riesgo que el conflicto en Ucrania podría suponerle en una comunicación remitida a la SEC estadounidense a principios de marzo.
Ahora, en el nuevo Documento Universal de Registro, amplía la información y señala que la acción militar rusa «ha provocado una crisis humanitaria en Europa, además de volatilidad en los mercados bursátiles a nivel mundial y aumentos en los precios de la energía, el petróleo, el gas y otras materias primas».
Así, afirma que el conflicto podría llevar a nuevos aumentos de los precios de la energía que provoquen tensiones inflacionistas que conllevasen, a su vez, subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales.
Además, la guerra estaría «exacerbando» los problemas en la cadena de suministro, especialmente de aquellos clientes «más sensibles» al aumento de los precios de la energía.
El conflicto y sus efectos podrían provocar una desaceleración significativa en la economía global y afectar negativamente la capacidad de pago de algunos de los clientes del grupo, especialmente aquellos con más exposición al mercado ruso o ucraniano», agrega el documento.
Además, Santander cita a las sanciones de algunos países, como Estados Unidos, los Estados miembro de la Unión Europea (UE) o el Reino Unido, como respuesta a la agresión rusa contra Ucrania, que aumentan el riesgo operativo de la entidad.
En concreto, se han impuesto sanciones a Rusia y Bielorrusia como la congelación o bloqueo de activos, sanciones a los principales bancos rusos, al Banco Central Ruso, a determinadas empresas, a miembros del parlamento ruso y a ciertos miembros de la élite rusa y sus familias.
También se ha realizado la desconexión de determinados bancos rusos del sistema Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). «Este escenario de sanciones no tiene precedentes, evoluciona de forma rápida y aumenta la complejidad y el riesgo operativo del grupo», afirma Santander.
Igualmente, reconoce el riesgo de un incremento de ciberataques a empresas e instituciones, si bien afirma que todavía no ha observado un cambio significativo en la actividad de este tipo de ataques fuera de Rusia y Ucrania. Sin embargo, asegura que está monitorizando la situación «activamente».
La entidad sostiene, por tanto, que la situación puede tener «importantes consecuencias negativas» para las economías rusa y europea y podría reducir la capacidad del grupo para generar ingresos y resultados, «así como requerir incrementos de las provisiones para insolvencias».
Cabe destacar que, a finales de 2021, Santander tenía un fondo para insolvencias de 23.698 millones de euros, un 4% menos que en 2020, que representaba una cobertura total de activos deteriorados del 71%, cinco puntos porcentuales menos que el año anterior.
Durante el último trimestre del pasado ejercicio, había realizado unas dotaciones por insolvencias de 1.463 millones de euros, un 33% menos que en el trimestre anterior a euros constantes.
Sin embargo, el banco reconoce que el impacto que la guerra en Ucrania pueda tener en la situación financiera del grupo «depende de una serie de factores que están fuera de su control», en especial, la duración del conflicto.
Por último, afirma que no tiene presencia ni en Rusia ni en Ucrania y que su exposición directa a los mercados y activos rusos o ucranianos «no es material».
IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
Otro de los riesgos que señala el documento es el impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido sobre el negocio de Santander. Al respecto, afirma que, en caso de alargarse en el tiempo o la aparición de un brote de «cualquier otra enfermedad altamente contagiosa u emergencia sanitaria», podría tener un impacto «material y adverso» sobre el negocio, situación financiera, liquidez y resultados.
Además, afirma que los cambios provocados por la pandemia en la economía y en los mercados «requirieron seguimiento y ajustes de los modelos financieros» para cumplir con las guías y recomendaciones de los reguladores y supervisores, en concreto, para los modelos de pérdidas crediticias, que se complementaron con técnicas alternativas para «superar las potenciales limitaciones» de estos modelos «ante una crisis sin precedentes históricos».
«Estas técnicas, como los análisis colectivos, están sujetas en ocasiones a la aplicación de juicio experto e hipótesis. Si estas hipótesis resultaran estar muy desviadas de la realidad, las pérdidas crediticias podrían diferir de las estimadas, pudiendo surgir necesidades adicionales de provisiones para insolvencias», recoge la entidad en el documento.
Por último, Santander también reconoce riesgos derivados de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, por cambios regulatorios, así como por procedimientos legales y regulatorios como consecuencia de expedientes sancionadores, multas y sanciones.
Para estos últimos riesgos, Santander contaba con unas provisiones de 4.423 millones de euros a 31 de diciembre de 2021. De esta cantidad, 564 millones de euros eran para litigios de naturaleza fiscal; 328 millones para procesos laborales en Brasil; 1.104 millones para otros procesos de naturaleza legal.
Otros 745 millones son para compensación a clientes, que incluye, principalmente, el coste estimado de la subsanación de reclamaciones asociadas a la venta de seguros de protección de pagos en el Reino Unido, así como el impacto de las carteras de hipotecas en francos suizos en Polonia y el importe estimado de las cláusulas suelo de Banco Popular.
También cuenta con 36 millones en provisiones derivadas del marco normativo, principalmente las obligaciones de pago por aportaciones al Financial Services Compensation Scheme (FSCS) de Reino Unido y por impuestos (Bank Levy en UK y Banking tax en Polonia).
Por último, cuenta con 749 millones para gastos derivados de procesos de reestructuración efectuados por las distintas entidades del grupo y 897 millones para otros conceptos «que incluye provisiones muy atomizadas y poco significativas individualmente».
No obstante, la entidad afirma que «la incertidumbre» de estas demandas y procedimientos, incluyendo también las reclamaciones derivadas de la adquisición de Banco Popular, impide que se garanticen que las pérdidas derivadas de su resolución «no excedan las provisiones que el grupo tiene actualmente constituidas».
