El PP, Ciudadanos y el PNV rechazan en el Congreso las propuestas aprobadas por PSOE y Unidas Podemos, junto con sus aliados de Más País y Bildu, para mejorar el funcionamiento de los órganos reguladores y las autoridades independientes puesto que consideran que, en el fondo, lo que buscan es cuestionar su «legitimidad», «intervenir» en sus actuaciones e incluso «desmantelar su independencia».
Los órganos afectados por estas recomendaciones son la Agencia de Protección de Datos (AEPD), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Para intentar que esas recetas no lleguen a votarse en el Pleno del Congreso, estas tres formaciones han presentado sendos votos particulares al informe que las contiene y ya que fue avalado hace dos semanas por la subcomisión de Calidad Democrática del Congreso.
El texto se somete este miércoles a su primer debate público en la comisión que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón y ahí se votarán, asimismo, los votos particulares, a los que ha tenido acceso. También Vox ha registrado su propia alternativa pero, en su caso, ha optado por incluir las enmiendas más importantes que defendió, sin éxito, en la subcomisión.
SE CUESTIONA SU LEGITIMIDAD
Desde el PP se congratularon de haber logrado ‘modular’ en parte el borrador original, que fue fruto de un acuerdo entre el PSOE y Más País. De hecho, los ‘populares’ comparten los puntos que abogan por incrementar el control del Congreso sobre las autoridades independientes, de modo que todos sus responsables deban comparecer antes de ser nombrados y después hacerlo con más frecuencia que ahora.
Sin embargo, el PP descalifica el grueso del informe en su voto particular y, como el resto de grupos que lo rechazan, denuncia que se cuestione la legitimidad de estos órganos. En concreto, los ‘populares’ alertan de que esas recomendaciones buscan su intervención por parte del Gobierno y de que el texto incluye contradicciones flagrantes e incluso cuestiones incompatibles con el Derecho de la Unión Europea, un punto que también resalta el PNV.
«Adolece de tintes claramente intervencionistas y antiliberales que pretenden el absurdo jurídico de negar legitimidad, intervenir y limitar estas instituciones», argumenta el PP, que llega a hablar de «barbaridades jurídicas» y propuestas propias de «regímenes autocráticos».
SOMETIMIENTO A INTERESES PARTIDISTAS
Términos similares utiliza Ciudadanos en su voto particular, donde lamenta que las conclusiones de la subcomisión vayan «directa y abiertamente en contra» del que era su objetivo y que, lejos de recoger ideas para reforzar la independencia y imparcialidad de las autoridades independientes, lo que hacen es abrir «la puerta a su efectivo desmantelamiento», a la «politización de su actividad» y a su «sometimiento a los intereses partidistas» del Gobierno de turno.
El PNV y Ciudadanos se muestran especialmente en contra de la propuesta de que, «en colaboración con representantes de toda la ciudadanía» (lo que interpretan como el Congreso) se deberán establecer, con carácter semestral o anual, una especie de «mandatos marco» para «orientar» las decisiones de las autoridades independientes, «excluyendo en todo caso de dichas orientaciones a las decisiones de carácter técnico».
CONTRAVIENE EL DERECHO COMUNITARIO
Los nacionalistas vascos llegan a avisar en su voto particular de que el propio letrado de la Comisión de Calidad Democrática ya advirtió de que esa recomendación supondría una «incompatibilidad manifiesta» con el Derecho de la Unión Europea que «blinda la autonomía y competencias de las administraciones independientes de injerencia por parte de los distintos poderes de los Estados miembros en los ámbitos materiales objeto de regulación por la UE».
«El Ejecutivo anhela el control de tales organismos y para evitarlo sólo está esta subcomisión», proclama Vox antes de certificar el «fracaso» de los trabajos que ha coordinado Errejón, en esta materia y de defender que «la asignación de fines y objetivos de las administraciones independientes debe ser nítida y no quedar al arbitrio de intereses políticos partidistas».
En cualquier caso, la previsión es que los grupos que conforman el Gobierno de coalición y los partidos que ya avalaron el informe en la subcomisión unan sus votos para rechazar estos cuatro votos particulares el miércoles. Así las cosas, todo indica que las recetas que tienen el apoyo de la mayoría serán definitivamente aprobadas por el Pleno del Congreso ya después de Semana Santa.
En principio, de las recomendaciones queda fuera el Banco de España. El informe resalta que el supervisor tiene su propia singularidad, pero se aprobó una enmienda de Más País que abría la puerta a que se le aplicaran también las recomendaciones de criterios y buenas prácticas que se plantean para los demás.
Inicialmente los socialistas plantearon unificar en una normativa general el sistema de elección, de modo que los responsables de todos los órganos surgieran de una convocatoria pública convocada por el Gobierno, como ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPDE). Sin embargo, el PSOE se autoenmendó y finalmente se suprimió del borrador esa unificación legislativa que había contado con la oposición del PP.
Así, el informe apuesta por que siga siendo el Gobierno el que promueva a los candidatos. Pero también demanda que se afinen más los «requisitos específicos» que se exigen para cada puesto.
COMISIÓN NOMBRAMIENTOS
Aunque la idea es que el Gobierno continúe proponiendo los candidatos, se aboga por reforzar el papel del Congreso en el proceso de su elección. En concreto, con la creación de un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos, pero «reforzada». En la actualidad, con carácter general es la comisión parlamentaria del ramo correspondiente la que examina a los aspirantes y así debe seguir siendo en opinión de formaciones como el PP, Cs y el PNV.
La Comisión de Nombramientos reforzada que defienden PSOE, Unidas Podemos y Más País, debería tener capacidad de hacer comparecencias más parecidas a las de sistemas democráticos, como Estados Unidos, «donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección».
Además, el texto recoge que la aprobación del informe de idoneidad de los candidatos se «exija mayoría cualificada» y que éste no pueda salir adelante «en ningún caso» con «el voto afirmativo de un único grupo parlamentario».
