El PSOE se enfrentará esta semana en el Congreso a la votación de una iniciativa promovida por Unidas Podemos, su socio en el Gobierno, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, dos de sus aliados parlamentarios, sobre el cambio de posición en torno al Sáhara Occidental, que han denostado y que urgen a rectificar.
Los tres partidos registraron hace una semana una proposición no de ley en el Congreso a raíz de la carta que el presidente, Pedro Sánchez, envió al Rey de Marruecos en la que aceptaba la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental que el vecino del sur presentó ante la ONU en 2007 como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa».
Un giro en la posición histórica que España venía manteniendo sobre su antigua colonia que Sánchez niega y que todas las fuerzas parlamentarias han criticado, como así quedó evidenciado durante su comparecencia, el pasado miércoles, en el Pleno del Congreso para explicar, entre otras cuestiones, del Sáhara Occidental.
LOS GRUPOS DEBERÁN RETRATARSE
Con esta iniciativa, que se debatirá el martes, Unidas Podemos, ERC y Bildu buscan que el PSOE –donde hay algunas voces críticas– y los grupos parlamentarios de centro y la derecha se retraten sobre el fondo de la cuestión y desautoricen el giro dado por Sánchez al avalar el plan de autonomía propuesto por Marruecos.
En concreto, el texto persigue que el Congreso ratifique su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en esa región, y que lo haga con «el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado de manera constructiva y conforme al Derecho Internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y mutuamente aceptable en el Sáhara».
Ésta será la primera votación sobre este contencioso tras el cambio de opinión del Gobierno, un ‘bandazo’ que sus socios critican en la iniciativa. Dicen no entender que Sánchez haya tomado una decisión de este calibre sin «consultarla ni compartirla» con ninguno de los grupos del Congreso, «contraviniendo el consenso mayoritario de la Cámara».
EL CONGRESO NO PUEDE ESTAR AL MARGEN
«Una decisión de tal calado político que, además de suponer un cambio en la posición histórica mantenida hasta ahora, podría desencadenar consecuencias diplomáticas con el propio Sáhara Occidental, Argelia y Marruecos no puede ser adoptada de espaldas a la voluntad mayoritaria del Congreso», argumentan.
Además de criticar la falta de «transparencia» con la que se ha conducido el Ejecutivo en un tema de «tal trascendencia política y social», Unidas Podemos, ERC y Bildu avisan en su proposición de las posibles consecuencias que este giro podría acarrear en el ámbito económico y energético.
«La vía política de resolución del conflicto entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos basada en las diversas resoluciones de la ONU que abogan por una solución dialogada y satisfactoria para las partes impulsada por la MINURSO cuenta a día de hoy con el aval de las instituciones internacionales y europeas, así como de la mayoría social y política representada en esta Cámara», reza la iniciativa.
Pero no será esta la única ocasión en la que se hable esta semana sobre el Sáhara en el Congreso. El miércoles, Navarra Suma y Nueva Canarias insistirán con este asunto en el Pleno de control al Gobierno, con preguntas al presidente y a su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Albares canceló este jueves el viaje previsto a Marruecos, donde acudirá más adelante acompañando a Sánchez.
En concreto, el diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero, uno de los expulsados de UPN, pretende que el presidente aclare al Congreso si «tiene previsto una remodelación del Gobierno ante las discrepancias en el seno del mismo como consecuencia del cambio pro marroquí en el Sáhara y el aumento en gasto en armamento militar».
De su lado, el representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quiere que el jefe de la diplomacia española explique «por qué considera el Gobierno que su cambio de posición respecto al Sáhara no vulnera la legalidad internacional». Tanto Sánchez como Albares sostienen que la postura actual del Ejecutivo respeta las resoluciones de Naciones Unidas.
