El 46 % de los perceptores del ingreso mínimo vital lo cobra cinco años después

Trabajo e Inclusión activan un proyecto piloto para mejorar la empleabilidad de los perceptores tras el aviso de la AIReF. El IMV acumula un gasto de 22.245 millones desde su creación.

El 46% de quienes cobran el ingreso mínimo vital lleva cinco años dentro de la prestación, según la AIReF. Y el Gobierno acaba de mover ficha.

Este lunes, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han puesto en marcha una mesa de trabajo para mejorar la empleabilidad de los perceptores. En la reunión participaron la Secretaría General de Inclusión, el INSS y el SEPE, según el Ministerio de Seguridad Social.

El proyecto piloto se integrará en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026, que reconoce por primera vez a los beneficiarios del IMV como colectivo prioritario.

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La AIReF publicó su Quinta Opinión sobre el IMV con un dato central: el 46% de los hogares que reciben la ayuda siguen cobrándola transcurridos 60 meses, es decir, cinco años. La media esconde una brecha relevante. La permanencia se dispara hasta casi el 57% entre quienes reciben una ayuda más alta en proporción a su renta garantizada, mientras que cae al 34% en los hogares con prestaciones de menor cuantía. Traducido: cuanto mayor es el peso del IMV en los ingresos mínimos de un hogar, menor es la probabilidad de salir de la prestación.

Qué dicen los datos de la AIReF

El propio organismo vincula la permanencia a un incentivo: cuanto mayor es la protección, mayor es el coste de oportunidad de volver al empleo. Según sus estimaciones, un incremento de 10 puntos en la ratio entre el IMV y la renta garantizada reduce un 13,4% la probabilidad de salir de la prestación. La Cuarta Opinión ya apuntaba en la misma dirección: cobrar la ayuda reduce un 12% la probabilidad de trabajar durante los primeros seis meses. Ese desincentivo sube al 23% entre quienes cobran importes superiores a la media, al 20% en hogares monoparentales y al 29% entre los menores de 30 años.

Qué va a hacer ahora el Gobierno

Ante estos datos, el Gobierno ha movido ficha. La Secretaría General de Inclusión, el INSS y el SEPE se reunieron para arrancar un proyecto piloto de mejora de la empleabilidad, integrado en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026. Una de las primeras tareas es trabajar en la interoperabilidad de los datos para delimitar la población objeto de estudio y diagnosticar sus necesidades. El foco llega más de seis años después de la creación de la ayuda, en junio de 2020.

El 46% de los hogares que reciben el IMV sigue dentro del programa cinco años después, una permanencia que la AIReF vincula al coste de dejar la ayuda.

El programa sigue ganando peso. En agosto, la Seguridad Social destinó casi 475 millones de euros al pago del IMV, con una nómina media de 502,8 euros mensuales por hogar. Esa cuantía llegó a 893.820 familias en las que viven 2,73 millones de personas, según la Seguridad Social.

El número de ayudas activas creció un 16,9% en un año, con 128.915 prestaciones más que en agosto de 2025, y 390.346 beneficiarios adicionales. Pese a este alcance, la tasa de non take-up se mantiene en un 52%.

Desde su puesta en marcha en junio de 2020 hasta agosto de 2026, las nóminas del IMV acumulan 22.245 millones de euros de gasto, según la Seguridad Social. Ese desembolso creciente es uno de los motivos por los que la empleabilidad de los perceptores vuelve a estar en el centro del debate.

El precedente que ya avisó de los incentivos

No es la primera vez que la AIReF llama la atención sobre esta relación. En su Cuarta Opinión ya avisó de que cobrar la ayuda reducía la probabilidad de trabajar durante los primeros seis meses, con diferencias por importe y perfil. Ahora el Gobierno responde con acompañamiento, no con un recorte: su apuesta consiste en mejorar la empleabilidad y activar a los beneficiarios sin tocar la prestación. Quienes critican el diseño del IMV piden más atención a los incentivos, mientras que el Ejecutivo subraya que el plan de empleo estatal trata a este colectivo como prioritario. El IMV nació en 2020 como red de protección para los hogares más vulnerables y ha ido ganando peso en el gasto social, lo que aumenta la presión para que las vías de inserción funcionen.

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El siguiente paso será técnico, pero relevante: los equipos de ambos ministerios continuarán celebrando reuniones de coordinación para cerrar la población del estudio y el diagnóstico de necesidades. No hay todavía calendario cerrado: el piloto arranca con datos y diagnóstico, y de ellos dependerá la letra pequeña de las medidas. Si el piloto se traduce en medidas concretas, se verá en el despliegue del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno a lo largo de 2026.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: Trabajo e Inclusión han activado una mesa con el INSS y el SEPE para mejorar la empleabilidad de los perceptores del IMV.
  • Por qué te importa: El 46% de los hogares sigue cobrando la ayuda cinco años después, según la AIReF, y el plan busca cambiar esa permanencia.
  • A quién afecta: A 893.820 familias (2,73 millones de personas) que reciben el IMV, con mayor foco en los perceptores con capacidad de trabajar.
  • Hacia dónde vamos: Los ministerios definirán la población de estudio y el diagnóstico antes de concretar medidas dentro del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026.