El último giro del Tribunal Supremo con la ley de nietos deja sin derecho al voto a miles de personas. Su Sala Tercera ha convertido una medida cautelar en una privación colectiva del sufragio, según denuncian juristas y el PSOE. Todo ha ocurrido en medio de un pulso cada vez más tenso entre el Gobierno y los tribunales.
Hablamos de un colectivo enorme: unos dos millones y medio de personas están en vías de obtener la nacionalidad española. Muchas de ellas viven en Argentina, México, Cuba o Venezuela y han seguido con inquietud las últimas sesiones del Congreso para saber si podrán votar en las próximas elecciones.
Qué ha decidido el Supremo con la ley de nietos
La ley de nietos es el nombre con el que se conoce a las disposiciones de la Ley de Memoria Democrática que permiten a los descendientes de exiliados solicitar la nacionalidad española. Desde su entrada en vigor, cientos de miles de personas han iniciado el trámite, un goteo que ha convertido la norma en uno de los asuntos más sensibles de la política migratoria y de memoria.
El giro del Supremo llega en pleno choque institucional. La Sala Tercera y el Tribunal Constitucional han cruzado posiciones sobre cómo debe aplicarse la norma. En la práctica, la resolución suspende el sufragio de un grupo entero de solicitantes hasta que se aclare el fondo del asunto, algo que los críticos califican de privación colectiva de un derecho fundamental.
Una medida cautelar, conviene recordarlo, es una decisión provisional que un tribunal adopta para evitar daños mientras estudia el caso. El problema, según quienes denuncian el giro, es que aquí esa cautela se ha aplicado a colectivos enteros y no a casos individuales.
Mientras el criterio judicial no se aclare, quien tramita la nacionalidad no sabrá si podrá votar en la próxima cita electoral.
El pulso entre el Gobierno, los jueces y los partidos
La controversia ha dividido incluso a la administración electoral. La Junta Electoral se ha partido en dos a la hora de interpretar la ley, con criterios distintos según el órgano consultado, una situación que varias fuentes resumen con una palabra: caos.
En el Congreso, Sumar ha intentado blindar la norma con una enmienda para esquivar al Supremo, una maniobra que sus detractores llaman 'enmienda pirata'. El PSOE habla abiertamente de privación del derecho al voto. El PP, señalan las crónicas parlamentarias, plantea dudas sobre el sistema electoral y arrastra al propio tribunal a la refriega.
El exministro Josep Borrell ha puesto sobre la mesa un matiz que otras democracias ya aplican: separar la nacionalidad del derecho a voto, de modo que adquirir un pasaporte no otorgue automáticamente el sufragio. La idea no es nueva, pero choca con cómo está redactada hoy la ley española.
Qué dicen los precedentes y qué toca seguir ahora
No es la primera vez que una norma de memoria democrática acaba en los tribunales. La ley de 2007 ya generó años de litigios sobre su aplicación, aunque entonces el foco eran las exhumaciones y las indemnizaciones. El patrón se repite: una ley aprobada por el Parlamento que termina interpretada, y a veces corregida, en los juzgados.
Quienes defienden la resolución del Supremo sostienen que los tribunales solo aplican la legalidad vigente y que un trámite migratorio no puede ampliarse por decreto. Quienes la critican, entre ellos buena parte de la doctrina y varios grupos parlamentarios, consideran que una medida provisional no puede traducirse en la pérdida masiva de un derecho fundamental.
El desenlace depende ahora de dos frentes. Por un lado, el Tribunal Constitucional, que podría revisar el criterio y unificar doctrina. Por otro, el Congreso, donde las enmiendas a la ley siguen su tramitación y donde se decidirá si se blinda el texto para impedir nuevos giros judiciales. Mientras tanto, millones de personas con la carpeta de la nacionalidad sobre la mesa seguirán sin saber si su nombre aparecerá en el censo electoral.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha convertido una medida cautelar en una privación colectiva del derecho al voto de quienes tramitan la nacionalidad por la ley de nietos.
- Por qué te importa: Si estás en proceso de obtener la nacionalidad española, tu derecho a votar queda en el aire hasta que se aclare el criterio judicial.
- A quién afecta: A unos dos millones y medio de personas en vías de nacionalización, sobre todo descendientes de exiliados en América.
- Hacia dónde vamos: El Constitucional y el Congreso tienen la última palabra; las enmiendas para blindar la ley siguen su curso.
