El caso ático Ayuso acumula dos frentes abiertos: la subasta ha quedado desierta y nadie explica quién decidió la compra.
El inmueble es un ático de lujo en la calle Martínez Campos, en Chamberí. Costó 6,3 millones de euros de dinero público y lo compró Planifica Madrid, una empresa pública de la Comunidad. Traducido al bolsillo de los madrileños: más de un euro por cada residente adulto. La operación se cerró el 14 de abril. De las semanas previas a esa firma, cuando alguien planteó por primera vez que hacía falta el piso, no hay rastro documental.
Qué justifica el expediente y cuándo se escribió
El consejero de Presidencia y número dos del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, dio explicaciones en la Asamblea de Madrid el jueves 17 de septiembre. Compareció casi dos meses después de que estallara el caso y aseguró que lo hacía a petición propia, no por las solicitudes de Más Madrid y el PSOE. Su intervención fue, en buena parte, un ataque a la oposición y al Gobierno central.
Las justificaciones de la compra se publicaron en el Portal de Transparencia al acabar el pleno. La memoria del expediente da tres motivos: alojar a mandatarios extranjeros y visitas oficiales, cubrir las dependencias de la Real Casa de Correos mientras estaban en obras y ofrecer alojamiento temporal a altos cargos, como ocurrió en la pandemia. El problema es la fecha: el informe de la compra está fechado dos meses y medio después de la firma del 14 de abril.
Fuentes conocedoras de la operación han admitido que los primeros contactos entre el Ejecutivo y Planifica fueron orales e informales, y que no existe ningún correo que retrate ese momento inicial. Dicho de otro modo: la idea de comprar el ático salió de alguien de la administración y llegó a la empresa pública sin dejar huella. Quién fue esa persona no aparece en ningún documento público.
El expediente explica para qué se quería el ático, pero no quién lo pidió ni cuándo se tomó la decisión.
Las preguntas que se quedaron sin responder
La portavoz del PSOE, Mar Espinar, preguntó dos veces por el poder notarial del consejero delegado de Planifica, Pedro Corbalán: un documento que le permitía hacer compras con mínimas limitaciones y que firmó el propio García Martín. No obtuvo respuesta del consejero. Vox planteó una duda elemental: si el inmueble era tan necesario, por qué se decidió venderlo. Tampoco hubo explicación.
Quedó sin aclarar por qué la primera respuesta oficial, la que se incluyó en la exclusiva periodística, decía que el ático serviría de despacho de la presidenta por las obras de Sol, una versión distinta a la del expediente. Tampoco se abordó otra coincidencia: la dirección coincide con la calle donde vive la madre de Ayuso.
García Martín anunció que se querellará contra las portavoces de Más Madrid y del PSOE, no contra Vox, y que pedirá rectificaciones a TVE. Fuentes de su departamento precisaron después que la querella no incluirá a Pedro Sánchez, aunque el presidente haya dicho algo parecido, según esas mismas fuentes. La causa sigue su curso y el origen de la decisión, sin documentar.
Por qué el rastro documental es la pieza clave
La normativa de contratación pública exige justificar la necesidad del gasto antes de comprometer el dinero, no después. Ahí se sostienen casi todas las dudas: si el expediente arranca con un informe fechado dos meses y medio después de la compra, la secuencia administrativa queda invertida. El Gobierno madrileño defiende que la operación fue legal y que no hubo irregularidad. La oposición sostiene que esa falta de rastro previo impide descartar que la idea partiera de la presidenta o de su entorno.
La fiscalización de compras públicas suele mirar justo ahí: quién ordenó el gasto y con qué informe lo respaldó. La pelota está ahora en dos tejados. El jurídico, con la querella anunciada y una causa abierta. Y el político, con la subasta desierta: el ático sigue sin comprador y sin una explicación oficial de cómo llegó a manos de la Comunidad.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La subasta del ático comprado por la Comunidad de Madrid ha quedado desierta y el expediente no aclara quién ordenó la compra.
- Por qué te importa: Se pagaron 6,3 millones de euros públicos, más de un euro por cada residente adulto de la región, sin informe previo a la firma.
- A quién afecta: A los contribuyentes madrileños y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que afronta una querella anunciada y una causa judicial abierta.
- Hacia dónde vamos: El consejero ha anunciado querellas contra las portavoces de Más Madrid y el PSOE; el ático sigue sin comprador.
