Si crees que los líos judiciales solo salpican a los políticos, espera a leer esto: la Fiscalía General del Estado está en el punto de mira del juez Pedraz por su presunta implicación en una trama para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). Las conversaciones intervenidas a la exmilitante socialista Leire Díez revelan que hubo una ‘pata fiscal’ que dio instrucciones para buscar fallos en las investigaciones policiales y así sabotear causas que afectaban al entorno del Gobierno. Te contamos lo que ha encontrado la investigación hasta ahora.
El sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO incluye la transcripción de una reunión del 10 de diciembre de 2024, interceptada por la UCO, en la que la propia Díez explica que fue ‘la pata de la fiscalía’ la que le dijo que ‘para ayudar en la causa judicial, hay que ver dónde están los fallos en la causa policial’. La conversación, mantenida con otros imputados como el abogado Jacobo Teijelo y el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, detalla una estrategia para desmontar investigaciones desde su origen.
‘Empezamos a desmontar desde abajo [...] yo necesito saber dónde están los errores abajo, necesito el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué’, dice Díez en la grabación. Añade que la ‘pata intermedia que es la fiscal’ le dio una orden clara: ‘vete y busca que aquí hay irregularidades Leire’. Este pasaje sitúa a la Fiscalía como instigadora de una búsqueda activa de defectos policiales, una maniobra que los investigadores de la UCO consideran clave para entender el propósito del grupo.
Los indicios que apuntan a la Fiscalía
La investigación, que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, no se queda en las palabras de Leire Díez. El instructor ha reclamado información a la Fiscalía General sobre posibles visitas de los implicados a su sede en la época de Álvaro García Ortiz. Quiere saber si Díez, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, o el empresario Javier Pérez Dolset pisaron las dependencias fiscales. También ha pedido el número total de denuncias presentadas por Koldo García entre enero y junio de 2025 y qué trámite se les dio.
Los agentes vinculan estas peticiones con conversaciones posteriores. Por ejemplo, cuando el abogado Teijelo menciona a un condenado por fraude de hidrocarburos y Díez responde: ‘Coño. Ya tenemos vía libre para que tú y yo nos vayamos a ver al FGE con este tema’. En otra comunicación, Teijelo pregunta si alguien ha ofrecido a otro condenado ir a Fiscalía, y Díez contesta que su compañera Leticia de la Hoz podría haberlo sugerido, aunque ‘aún tiene mucho que aprender a ser discreta’.
Cómo operaba la trama para desacreditar a la UCO
La estrategia que aflora en las reuniones no era solo recopilar causas. Buscaba generar una ‘conexión de antijuridicidad’ que, en palabras de Teijelo, ‘se transmite aguas abajo a todo lo demás’. Si se lograba anular una investigación menor sin relevancia política, el descrédito afectaba a todas las causas conectadas. El objetivo final, según la transcripción, era que ‘la culpa no la va a tener el juez’, sino la policía. El propio capitán Yepes asiente: ‘Claro, dirán estos cabrones me han engañado’.
Teijelo remató la reunión con una frase demoledora: ‘El prestigio de la UCO se les va a tomar por culo’. El plan pasaba por encontrar irregularidades suficientes para que ‘lo para todo la guardia civil’, como resumió Leire Díez, sin que la autoría recayera en jueces o fiscales. La maniobra pretendía sembrar dudas sobre la solvencia de la UCO y, con ello, tumbar varios procesos judiciales a la vez.
La investigación apunta a que se intentó utilizar a la Fiscalía para detectar fallos y desprestigiar a la policía judicial, una operación que amenaza la separación de poderes.
El debate de fondo y el precedente que preocupa
Las revelaciones tocan un nervio sensible: la independencia del Ministerio Público. Ya en 2024 hubo polémica por el nombramiento de Álvaro García Ortiz, muy cercano al Gobierno, y por el manejo de algunas causas sensibles, como la del fiscal general sobre el ‘caso de los ERE’ o la imputación de cargos socialistas. Ahora, la aparición de una posible colaboración directa entre una exmilitante del PSOE y la cúpula fiscal añade combustible al debate sobre la politización de la justicia.
Desde la defensa de los imputados se ha insistido en que las conversaciones son ‘meras especulaciones’ y que nunca se materializó ninguna visita ni presión ilegal. Sin embargo, las fuentes consultadas recuerdan que la Audiencia Nacional ya investiga una causa paralela por presuntos pagos del PSOE a la trama; si se confirma que la Fiscalía facilitó el sabotaje, el escándalo podría tener consecuencias institucionales de primer orden. La Asociación de Fiscales ya ha pedido explicaciones y la oposición ha registrado varias iniciativas parlamentarias.
Mientras, el juez Pedraz sigue ampliando las diligencias. El próximo paso será analizar la documentación que llegue de la Fiscalía sobre las denuncias de Koldo García y los registros de visitas. Lo que está en juego es mucho más que un caso concreto: se dirime si el órgano encargado de velar por la legalidad pudo ponerse al servicio de una estrategia de descrédito contra la propia policía judicial.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Pedraz investiga la presunta relación entre la Fiscalía General y la trama de Leire Díez para desacreditar a la UCO en causas sensibles.
- Por qué te importa: Afecta a la confianza en el Ministerio Público y a la separación de poderes; si se demuestra, sería un escándalo institucional de gran calado.
- A quién afecta: A la Fiscalía General, al Gobierno por su conexión con la exmilitante socialista, y a los agentes de la UCO cuya profesionalidad se pone en duda.
- Hacia dónde vamos: El juez espera informes de la Fiscalía sobre visitas y denuncias; las conclusiones podrían derivar en imputaciones y un debate político intenso.
